* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

** Los anexos al presente documento se encuentran disponibles en la página web del Comité.

Información suministrada por Colombia en relación con el seguimiento de las observaciones finales sobre su noveno informe periódico * , * *

[Fecha de recepción: 15 de marzo de 2021]

Recomendación No. 16 (a)

El Estado colombiano implementa el enfoque de género establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final), logrado con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Lo anterior, mediante la materialización de los 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación (PMI) como se definió en la política de “Paz con Legalidad” al inicio del mandato del Señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez. Así, además de contar con un gabinete paritario, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” por primera vez, un capítulo de género llamado: “Pacto para la equidad para las mujeres”.

A su vez, de la mano de la Alta Instancia de Género creada por el Gobierno Nacional, se impulsa la implementación del capítulo de género y sus indicadores por parte de las entidades responsables. Esta instancia sesionó en plenaria en 4 oportunidades durante 2019, y para el 2020 efectuó dos reuniones en marzo y septiembre. Igualmente, durante la vigencia 2020 se desarrollaron tres ciclos de jornadas de asistencia técnica en torno a la transversalización del enfoque de género en los planes y programas asociados con la implementación de los 51 indicadores de género del PMI. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), en coordinación con otras instancias institucionales hizo más de 70 sesiones de asistencia técnica con 14 de las entidades que hacen parte de la Alta Instancia de Género.

En materiade seguridad, se adoptó el Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIG-mujeres) que se propone garantizar un ambiente seguro para las mujeres que fungen como líderes y defienden los derechos humanos dentro del territorio colombiano y en su representación. El 12 febrero de 2020, el Ministerio del Interior hizo entrega del Plan de Acción del Programa Integral que garantiza su continuidad hasta el 2022 y que vincula a 28 entidades nacionales. Es de resaltar que, entre el 2016 y el 2018 la Defensoría del Pueblo acompañó las mesas de trabajo garantizando la participación de las organizaciones de mujeres, en especial en el Departamento del Putumayo y los Montes de María. En estos mismos lugares, la CPEM, impulsó una guía técnica sobre transversalización del enfoque de género como parte de los 32 planes de desarrollo departamentales, brindando asesoría a los Comités de Impulso de las mujeres en materia de género.

Igualmente, en el 2019 se hizo acompañamiento a la formulación e implementación del Plan de Acción, llegando a acuerdos entre las acciones propuestas por las organizaciones de mujeres y las entidades del Estado. Así, entre el 2019 y 2020, se desarrollaron 24 mesas de concertación entre entidades del Gobierno Nacional y Plataformas Nacionales de mujeres Lideresas y Defensoras de derechos humanos, en el marco del proceso de construcción del PIG-Mujeres.

En lo que concierne a la reintegración de las excombatientes de las FARC-EP, el enfoque de género se ha impulsado en la política de reincorporación promoviendo acciones en favor de las 2.964 mujeres que hacen parte de este proceso (24,7 % del total de personas en reincorporación). Al día de hoy, 1.633 mujeres con hijos/as y jefas de hogar exintegrantes de las FARC-EP se han vinculado a planes de formación académica y para el trabajo; y 1.259 se benefician de 1.638 proyectos productivos. Paralelo a esto, 504 excombatientes han accedido a formación virtual en economía del cuidado, primera infancia y autocuidado, y se han mejorado 15 espacios amigables de cuidado para la primera infancia.

En materia de seguridad, se ha puesto en marcha la estrategia estatal de seguridad para una población de 13.978 personas acreditadas, de las cuales 3.254 son mujeres, ubicadas en los antiguos Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación (ETCR) y en más de 579 municipios (más del 50 % del territorio nacional). Así, desde la Presidencia de la República se articulan acciones con 15 entidades estatales e instancias para la seguridad y protección a esta población, consolidando más de 50 acciones específicas para reforzar la seguridad de las excombatientes. Esta estrategia da cumplimiento a la acción de género 4.26 prevista en el documento CONPES 3931 del 22 de junio de 2018 que establece la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica (PNRSE) de reincorporación, formulada en el marco de un proceso concertado entre el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) componente FARC, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y la CPEC.

Debe destacarse la creación de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP),mediante Decreto 299 del 23 de febrero de 2017 como instancia de carácter permanente, en atención al punto 3.4.7.4.2 del Acuerdo Final para guiar la consecución del Programa de Protección especializada de Seguridad y Protección para las integrantes del nuevo partido FARC, así como para las antiguas integrantes de las FARC-EP que se encuentran en reincorporación, y sus familias. La misma se encarga de evaluar los casos de riesgo remitidos a la Unidad Nacional de Protección (UNP); y de pronunciarse sobre las medidas de seguridad que solicitan las personas en reincorporación, miembros del partido político FARC y los familiares de ambos.

Recomendación No. 16 (c)

La institucionalidad colombiana ha impulsado importantes políticas y acciones que contribuyen a fortalecer la presencia del Estado en zonas afectadas por el conflicto, a la luz de lo contenido en el Acuerdo Final.

Se destaca la Política Pública Sectorial de Transversalización del Enfoque de Género para el personal uniformado de la Fuerza Pública, adoptada en el 2018 por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), que tiene entre sus líneas de acción la prevención de la vulneración de derechos y formas de violencia basadas en género, al igual que la participación de las mujeres en la Fuerza Pública.

Asimismo, se encuentra la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, implementada desde febrero de 2019, y la incorporación por parte de la Policía Nacional del enfoque de prevención y protección a personas y comunidades en riesgo, a partir de su Plan Estratégico Institucional 2018‑2022 “Colombia Bicentenaria, seguridad con legalidad”. De esta manera, se implementa la Estrategia de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad (ESPOV), centrada en el desarrollo de acciones integrales para la prevención y protección de líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional a través del Cuerpo Élite en articulación con la Fiscalía General de la Nación (FGN), realiza una importante labor en materia de apoyo judicial para el esclarecimiento y desmantelamiento de estructuras que atentan contra la seguridad de esta población. Así, el MDN ha priorizado 23 grupos poblacionales con mayor demanda de acciones institucionales, dentro de las cuales se encuentra el programa “Líder Mujer” (Anexos, tabla 1).

Por otro lado, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), a través de la Unidad Básica de Carabineros (UBICAR) del MDN, presta servicio de policía en los 24 ETCR (Anexos, tabla 2). Las UBICAR están integradas por 827 Policías, quienes contribuyen a la convivencia y seguridad ciudadana al interior de los ETCR y en las 112 veredas aledañas a esa jurisdicción. Desde el 1º de enero de 2018 hasta el 14 de diciembre de 2020, se han desarrollado 10.725 intervenciones en el marco de los procesos misionales, beneficiando a 32.793 personas. A su vez, en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) se ha garantizado la seguridad de 790 mujeres que aún se encuentran allí, a través del mantenimiento de dispositivos de seguridad, presencia permanente, intervención de tropas y efectivos de policía en cada uno de esos espacios.

Ahora bien, a través de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) el Gobierno Nacional, mediante un proceso participativo con las comunidades, ha identificado las necesidades de desarrollo de la población y definido acciones integrales para la transformación de los territorios. La fase de planeación participativa de estos programas finalizó con 16 Planes de Acción para la Transformacional Regional (PATR), 14 de los cuales fueron firmados en el actual gobierno, que contienen 32.808 iniciativas (Ver anexos, Gráfica 1).

El proceso de formulación de los PDET logró que más de 65.000 mujeres aportaran a la construcción de 16 PDET. Para ello, la ART implementó herramientas de género, desarrolló grupos focales subregionales y diálogos preparatorios municipales, e impulsó la visibilidad de las mujeres dentro de los grupos motor para conocer sus necesidades específicas. (Anexos, tabla 3). En la vigencia 2020, con corte a 30 de noviembre, se logró activar la ruta de implementación de 508 iniciativas con etiqueta de género y mujer rural que corresponden al 11 % del total que quedaron plasmadas en el PATR. 1.481 iniciativas de este tipo (equivalente al 32 % del total con esta marcación) se han incluido en los planes de trabajo de las mesas de impulso, y 1.458 fueron incluidas en planes de desarrollo territorial. (Ver anexos, tabla 4).

Paralelamente, en materia de desarrollo rural integral se han beneficiado a más de 870.000 mujeres, lo que representa el 42,9 % del total de beneficiarios y se han formalizado y adjudicado 342.632,2 hectáreas de tierra a 20.798 mujeres, siendo estas el 42 % del total de los beneficiarios. También, a través del fondo de tierras, se han entregado 1.322,5 hectáreas a 775 mujeres, siendo estas el 53 % de los beneficiarios; y 3.234 viviendas nuevas a igual número de mujeres (45 % del total).

En el caso de las comunidades Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), a fin de empoderar a las mujeres de los Consejos Comunitarios en modelos de participación y planeación al interior de sus comunidades, durante el segundo semestre de 2020 se realizaron jornadas de asistencia técnica en Nariño, Cesar, Valle, Cauca y Chocó. A noviembre de 2020, se llegó a cerca de 250 mujeres, y se han realizado jornadas de acompañamiento sobre el enfoque diferencial de género para las mujeres del Departamento de la Guajira. En lo que respecta a los procesos de caracterización en territorios colectivos afectados por la violencia, a noviembre de 2020 se avanzó en 4 procesos de caracterización de Consejos Comunitarios en el Chocó.

En el caso de las comunidades indígenas, mediante Decreto 1158 del 21 de agosto de 2020, se determinaron las funciones de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. De esta manera, se da origen al Convenio 1212 de 2020, para fortalecer técnicamente esta instancia, asesorar y acompañar todo el ejercicio de construcción de acciones relacionadas con los temas de mujer y género.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por su parte implementa acciones que aportan a la transformación de las actitudes sociales discriminatorias y reparan conductas de violencia. Mediante su estrategia de Enfoque Diferencial y de Género contempla jornadas diferenciales de reparación para menores de edad y jóvenes reincorporados de grupos armados al margen de la ley, mujeres víctimas de violencia sexual, personas con discapacidad, personas mayores y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Entre los programas implementados durante el período 2016 a 2020, se resaltan: a) estrategia de Reparación Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (a partir de 2019 se denomina VIVIFICARTE); b) estrategia de Reparación Integral “Reparando el Derecho a Ser”; y c) estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal (EREG).

En materia de reclutamiento, debe resaltarse que según información proporcionada por el MDN, en su calidad de miembro de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) por parte de grupos armados organizados al margen de la ley (CIPRUNNA), durante el período 2018-2020 se desarrollaron 31.503 acciones de prevención de reclutamiento que beneficiaron a un total de 672.244 personas (Anexos, tabla 9).

Igualmente, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (CPDDHH), en su condición de Secretaría Técnica de CIPRUNNA, coordina, impulsa y hace seguimiento a las acciones que se adelantan con las entidades competentes en la materia tanto en el nivel nacional como en el territorial. Entre las acciones adelantadas desde esta dependencia, se destacan: a) la actualización de la Línea de Política Pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra NNA por parte GAO y GDO efectuada en noviembre de 2019; b) la Priorización Municipal en la que 206 municipios y 3 corregimientos departamentales de 29 departamentos fueron catalogados como municipios de alto riesgo en marzo de 2020; c) el Plan de Acción de la Línea de Política para la atención de los 209 municipios con mayor riesgo de vinculación de NNA para la concreción de acciones medibles en el mediano y largo plazo; d) lanzamiento de la Estrategia “Súmate por mí” el 29 de julio de 2020 que busca prevenir el reclutamiento infantil a través de la focalización de políticas nacionales mediante asistencia psicosocial familiar e individual, proyectos socioeconómicos, entre otros.

Recomendación No. 26 (c)

En cumplimiento de la Sentencia T-735 de 2017 de la Corte Constitucional por medio de la cual se exhortó al Ministerio de Justicia y del Derecho a poner en marcha el rediseño de las Comisarías de Familia, se conformó una mesa interinstitucional permanente, del más alto nivel, presidida por el Ministerio de Justicia y conformada por la CPEM, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la FGN, la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En esta instancia se adelantó la elaboración del Proyecto de Ley 133/2020, radicado ante el Congreso de la República el 20 de julio de 2020, aprobado en primer debate. Actualmente continúa con el trámite legislativo de rigor.

El articulado sometido por el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República, consta de siete capítulos por los que se pretende entre otras que su labor sea exclusivamente prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de quienes son víctimas de violencias en el contexto familiar y de pareja; que puedan ser creadas como dependencias o entidades del orden municipal o distrital; que cada municipio tenga al menos una Comisaría de Familia que cuente con el comisario y su equipo interdisciplinario y que se reduzcan las funciones de los Comisarios de Familia para concentrar su competencia en la atención de las violencias en el contexto familiar y de pareja.

Debe señalarse que la PGN, como participante de este Proyecto de ley, priorizó en su plan estratégico 2018-2019, la Segunda Vigilancia superior a las comisarías de familia. Entre las acciones que realizó se resalta la primera audiencia nacional de las Comisarías de Familia que tuvo lugar el 28 de febrero de 2019, que logró propiciar un espacio interinstitucional de reflexión sobre la situación de estas entidades a escala nacional.

Recomendación No. 26 (d)

La Subdirección de Políticas Públicas de la FGN lideró el proceso de socialización inicial del Protocolo de Investigación de Violencia Sexualdesde su expedición en 2016 hasta el 2019. Posteriormente, fueron las Delegadas, las direcciones seccionales, los fiscales e investigadores, quienes lo vienen implementando en el marco de sus labores. Entre las acciones efectuadas se encuentran:

a)Checklist de investigación de violencia sexual para detallar y estandarizar los lineamientos incluidos en el Protocolo, incluidas recomendaciones de fiscales seccionales y especializados, funcionarios dedicados a la investigación y judicialización de estos casos;

b)Campaña de comunicación interna “Puede ser diferente”, “tu mirada cambia vidas” y publicación de los “10 infaltables de la investigación urgente en casos de violencia sexual”. Se buscó transmitir que más allá de los retos propios de la investigación de la violencia sexual, se requiere una actitud distinta para abordar a las víctimas;

c)Foro de política pública“ ¿Son efectivas nuestras políticas públicas en materia de violencia sexual? ”realizada el 9 de julio de 2019 para recopilar estrategias eficaces implementadas en otros sistemas jurídicos análogos al colombiano y mejorar la investigación y/o judicialización de hechos de violencia sexual;

d)Publicación del Micrositio “Herramienta para la investigación de Violencia Basada en Género (VBG)” en la intranet de la entidad en febrero de 2020 para facilitar la consulta y conocimiento por parte de los servidores sobre diversas herramientas útiles para la investigación en temas de género.

El proceso de socialización inicial del Protocolo de Violencia sexual incluyó:

a)Ampliación y fortalecimiento de diversos canales de acceso a la justicia con el objetivo de brindar opciones a las víctimas y facilitar la interposición de la denuncia, mediante la socialización del ABC de la denuncia de Violencia Sexual con jornadas desarrolladas a más de 200 servidores de la entidad, en los meses de abril, mayo y junio de 2019 de la “Guía Práctica para la recepción de la denuncia – ABC II Fase”, patrocinadas por ONU-Mujeres;

b)Curso en línea “Atención a Denuncias de Violencia Sexual”: realizado a 609 servidores de la entidad sobre lineamientos para la recepción de denuncias de delitos sexuales, incluyendo aquellos de los que son víctimas NNA, así como los delitos sexuales cometidos a través de medios informáticos (Anexos, tabla 5 y 6);

c)Capacitaciones en temas de violencia basada en género las cuales se incluyeron en los Planes Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) de las vigencias 2018-2019 bajo el nombre de “Violencia como fenómeno priorizado” (Anexos, tabla 7). En atención a la situación de emergencia sanitaria, se programaron conferencias virtuales dirigidas a receptores de denuncia, investigadores, asistentes de fiscal y fiscales (Anexos, tabla 8);

d)Realización de más de 500 mesas de trabajo con las 36 seccionales del país para dar impulso y seguimiento a los casos que ingresan catalogados con riesgo grave o extremo reportados por el centro de contacto y medicina legal;

e)Lineamientos en temas de Violencia sexual impulsados durante el 2021 a nivel nacional para brindar una atención con inmediatez a las víctimas de violencias de género. Se creó la modalidad de denuncia escrita con relevancia alta para aquellos casos que requieren especial atención y se incorporó en la plataforma ¡Adenunciar! de la Policía Nacional un botón para el registro de denuncias de violencia de género.

El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó las siguientes acciones:

a)Guía de Atención a Mujeres y Población LGBTI en los Servicios de Acceso a la Justicia publicada el 25 de noviembre de 2019, con ocasión de la conmemoración del día de la no violencia hacia las mujeres;

b)Acompañamiento técnico durante el 2020 a 50 consultorios jurídicos ubicados en dieciocho ciudades, para la implementación de la Guía de Atención a Mujeres y Personas LGBTI en los Servicios de Acceso a la Justicia. Los consultorios jurídicos universitarios participantes contaron con un equipo experto en género dispuesto por el Ministerio que se encargó de asesorar y orientar la satisfacción del plan de mejoramiento. Quienes cumplieran con lo dispuesto en la Guía, recibían por parte del Ministerio un diploma de reconocimiento por la prestación de servicios inclusivos a mujeres y población LGBTI. Como resultado 44 Consultorios Jurídicos recibieron este reconocimiento;

c)Programa de formación on-line a prestadores de servicios de justicia, sobre la atención a mujeres y población LGBTI, que contó con 602 participantes y la implementación de la herramienta virtual “Conexión Justicia” a través de la cual las Comisarías de Familia pueden tener acceso a los lineamientos técnicos y protocolos para la atención de las mujeres en los casos de violencia en el contexto familiar.