En las jefaturas locales de la policía (“comandos”) se han establecido dependencias específicas para las víctimas de la violencia de género con competencias insulares o municipales, por ejemplo, en la isla de Santo Antão (1 jefatura de policía y 1 dependencia de género para 3 municipios) y en São Nicolau (1 jefatura de policía y 1 dependencia de género para 2 municipios); la isla de Santiago cuenta con 4 jefaturas de policía y cada una con 1 dependencia de género; la isla de Sal, con 2 dependencias de género, 1 en cada núcleo urbano del municipio de Sal (Espargos y Santa María), y la isla de São con 1 dependencia de género (1 jefatura de policía para 1 municipio) (en total, 9 dependencias de género). Las islas de Brava, Fogo, Maio y Boavista no tienen actualmente dependencias de género.

En el cuadro siguiente se indica el número de causas por delitos de violencia de género recibidas por las fiscalías a nivel nacional, así como la marcha de los procesos, con datos desglosados por año judicial, de 2011 a 2017/2018.

	Año judicial
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Núm. de causas por violencia de género recibidas en las fiscalías	2 607	3 237	3 491	3 499	3 187	2 901	2 592	2 080
Núm. de causas pendientes del año judicial anterior	–	1 671	3 064	5 322	6 761	7 615	8 409	7 121
Núm . de causas resueltas	936	1 138	1 404	1 631	2 567	2 122	3 880	3 971
Núm. de casos en que se dictó auto de imputación (se remiten al tribunal para que se celebre juicio)				1 047	1 304	939	862	584
Núm. de causas sobreseídas				565	1 255	1 181	3 014	3 383
Núm. de casos remitidos a otros organismos				19	8	2	4	4

Basado en los informes anuales del Consejo Superior del Ministerio Público y los datos señalados en el PNVBG.

Esos datos permiten confirmar la tendencia decreciente en el número de causas por actos de violencia de género recibidas en las fiscalías durante los últimos cuatro años. Por otro lado, se ha resuelto un número mayor de asuntos, con la consiguiente repercusión en el volumen de casos pendientes de años judiciales anteriores, que por primera vez disminuyó en 2017/2018. Sin embargo, en los dos últimos años esa disminución se explica ante todo por el aumento de los sobreseimientos.

Los datos relativos al resultado de los procesos (condenas, absoluciones e indemnizaciones) se registran en los órganos judiciales concernidos y en el expediente que corresponda, por lo que no se dispone de información resumida.

En el cuadro siguiente se presentan datos de la Policía Nacional correspondientes a los años 2010 a 2018 (años naturales, no judiciales).

Año	Núm. de casos de violencia de género registrados por la Policía Nacional
2010	855
2011	1 505
2012	2 698
2013	3 079
2014	3 205
2015	3 002
2016	3 073
2017	2 516
2018	1 641

Los datos anteriores indican una disminución significativa de los casos de violencia de género registrados por la Policía Nacional, en particular en Praia, la capital. Esa tendencia decreciente no se limita a los casos de violencia de género: en comparación con 2015, durante el trienio 2016 a 2018 el número total de incidentes disminuyó el 32,6 % (7.664 menos). El descenso es especialmente notable en los delitos contra las personas (lesiones corporales, amenazas, violencia de género, insultos, agresiones sexuales, abuso sexual de menores de edad, malos tratos a los niños y homicidios, entre otros). Cabe señalar que los delitos de violencia de género siguen siendo porcentualmente muy frecuentes: en 2018 sumaron el 20,9 % de todos los delitos contra las personas, por lo que 1 de cada 5 delitos contra las personas fue un incidente de ese tipo. Los resultados del módulo sobre violencia de género de la IDSR III (2018) serán fundamentales para comprender mejor esas tendencias y permitirán comparar la situación actual con la de referencia (IDSR II (2005)) en cuanto a las tasas de violencia de género, su aceptabilidad social y sus representaciones sociales conexas.

A pesar de los avances logrados, el número de mujeres que perdieron la vida en actos de violencia de género es preocupante y se vigila muy de cerca: en 2018 se registraron 8 casos de feminicidio. Más de la mitad de las víctimas tenían entre 21 y 30 años (63 %) y la mayoría de las veces el homicidio tuvo lugar durante el proceso de separación de una expareja (63 %). En la mitad de los casos (4) al feminicidio le siguió el intento de suicidio del presunto autor, que se consumó en 3 de los 4 casos. La mayoría de las víctimas no habían presentado denuncias previas: solo una tenía una denuncia en curso por violencia de género. En breve se iniciará un estudio cualitativo que permitirá comprender mejor los rasgos que caracterizan el feminicidio en el país y su dinámica subyacente.

La Dirección General de Administración Interna es el organismo responsable del Sistema Integrado de Gestión Operacional y la Policía Nacional tiene la titularidad del programa informático. La Policía Nacional, por conducto de su Dirección de Operaciones y Comunicación, y la Dirección General de Administración Interna gestionan y coordinan de forma conjunta el uso del Sistema Integrado de Gestión Operacional, que cumple todos los requisitos legales de protección de datos. Los procedimientos operativos vigentes en la Policía Nacional aseguran que se respete el derecho a la intimidad de las víctimas de la violencia de género, en particular gracias a que el Ministerio del Interior concede a cada institución concernida un nivel diferente de autorizaciones y de acceso a la información registrada en el módulo sobre violencia de género del sistema. El Sistema Integrado de Gestión Operacional permite que los usuarios accedan a la información sobre violencia de género, analicen tendencias y generen informes de forma segura y anónima, de modo que se salvaguarde la privacidad de todos los involucrados y no se tenga acceso a la información personal de las víctimas.

Trata de personas y explotación de la prostitución

El Código Penal de Cabo Verde tipifica como delito la prostitución infantil y la prostitución forzada, independientemente del delito de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. El Código Penal revisado introdujo penas para los clientes de la prostitución ejercida por menores de edad. Los adultos que, a cambio de una remuneración u otra compensación, realicen actos sexuales con una persona menor de edad de entre 14 y 18 años serán castigados con la pena de 2 a 8 años de prisión (de 4 a 12 años si concurre la circunstancia de penetración sexual) (art. 145 A). Se ha revisado el artículo 148, relativo al proxenetismo: el que fomente, favorezca o facilite la práctica de la prostitución o la realización de actos sexuales con niños menores de 16 años o personas con discapacidad intelectual será castigado con la pena de 4 a 10 años de prisión (antes, el artículo se refería a los menores de 14 años y la sanción prevista era de 2 a 8 años de prisión), y a la pena de 2 a 6 años de prisión si la víctima es menor de 18 años (antes se refería a los menores de 16 años). La misma pena se aplicará si la víctima es una persona en situación de extrema necesidad económica y el infractor se aprovechó de esa situación. También se ha revisado el artículo 149, relativo a la inducción de los menores de edad a realizar actos sexuales en el extranjero: el que induzca, transporte, acoja o reciba a una persona menor de 16 años, o facilite que esa persona practique actos sexuales o ejerza la prostitución en el extranjero será castigado con la pena de 5 a 12 años de prisión (antes, de 2 a 8 años), y de 2 a 8 años de prisión si la víctima es menor de 18 años (antes no se consideraba este intervalo de edad).

La prostitución no está tipificada como delito en Cabo Verde.

Cabo Verde cuenta por primera vez con un Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (2018-2021), que fue aprobado mediante la resolución núm. 40/2018, de 9 de mayo. El Plan se organiza en torno a cinco pilares estratégicos y seis resultados previstos: i) fortalecimiento de los mecanismos jurídicos e institucionales, reconociendo que la capacidad de las autoridades judiciales y policiales para detectar, investigar y enjuiciar los casos sigue siendo escasa; ii) establecimiento y aplicación de mecanismos de prevención, incluida la creación de un observatorio encargado del seguimiento y la rápida detección de los casos de trata de personas y las acciones de concienciación y formación de los entes locales y regionales y las organizaciones no gubernamentales, entre otros; iii) aplicación de mecanismos institucionales para ofrecer protección y apoyo a las víctimas, incluido el apoyo jurídico, médico y psicosocial y la puesta a disposición de las víctimas de refugios y asistencia; iv) creación y puesta en práctica de la capacidad institucional para la represión, la rendición de cuentas y la reintegración social de los responsables de la trata de personas; v) diseño y aplicación de una estrategia de información, educación y comunicación; y vi) definición y aplicación del marco institucional y los mecanismos de asociación sobre cuestiones relativas a la trata de personas. En junio de 2018 se celebró un taller de capacitación sobre la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los casos de trata de personas. Se ha programado un segundo taller sobre la protección y el apoyo a las víctimas, el apoyo psicosocial y de reintegración y la inclusión social, dirigido a los jueces, la policía judicial y nacional, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados.

Se dispone de información adicional en relación con los 5 casos denunciados en los que había niños involucrados (inducción y explotación de menores de edad para fines pornográficos, según los datos de la Policía Criminal): en los datos del Ministerio Público correspondientes al año judicial 2016/2017 figuran 7 nuevas causas, aún no enjuiciadas, de explotación sexual de personas menores de edad con fines pornográficos, y 5 nuevas causas de inducción en el año judicial 2017/2018, que junto con los casos pendientes del año judicial anterior suman 20 casos, de los que se ha dictado imputación en 1 y sobreseimiento en 2. En los 2 casos de trata de personas, los autores han sido juzgados y condenados.

Los centros de apoyo para víctimas de violencia de género tienen actualmente capacidad para proporcionar servicios asistenciales a las mujeres víctimas de la trata de personas; en cuanto al acogimiento, los albergues para víctimas de la violencia de género y sus dependientes menores de edad pueden también atender a las víctimas de la trata de personas, y ya lo han hecho en al menos un caso. Hay dos albergues para víctimas de la violencia de género en funcionamiento: uno en la isla de Fogo, establecido en colaboración con el Ayuntamiento y la Congregación Franciscana, que ya ha acogido a dos víctimas y a un familiar dependiente, y otro en Praia, establecido en una instalación proporcionada por el Estado que ha sido equipada con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América y cuyos costos operativos se sufragan con la ayuda de la empresa Cabo Verde Telecom gracias a un protocolo de dos años. En otras islas, la acogida temporal solo puede garantizarse mediante la financiación de los gastos de alojamiento.

Participación en la vida política y pública

El proyecto de ley de paridad establece el principio de paridad entre hombres y mujeres (50/50) con el fin de lograr la igualdad efectiva de derechos y responsabilidades y una sociedad más justa, democrática y equilibrada. Ese principio se aplica, entre otras cosas, a la representación política, tanto en los procesos electorales nacionales (elecciones legislativas) como en los locales (elecciones municipales). El artículo 3, párrafo 2 b), de ese proyecto dispone que las listas de candidaturas al Parlamento, los ayuntamientos y otros órganos electivos tengan obligatoriamente una composición paritaria. Su artículo 4, párrafo 1, impone como requisito la alternancia de hombres y mujeres en las listas de candidaturas a las cámaras del poder político, en particular el Parlamento, los ayuntamientos y las asambleas municipales. El párrafo 2 de ese artículo afirma que en las listas plurinominales de candidaturas no figurarán de forma consecutiva personas del mismo sexo. El párrafo 3 prevé que los partidos políticos, en los distritos electorales en que se elija a 2 representantes, alternen a hombres y mujeres, o viceversa, como cabezas de lista a fin de asegurar la paridad de género. Por último, según su párrafo 4, el Jefe de Gobierno, al formar el Gobierno de la República de Cabo Verde, procurará hacer efectivo el principio de paridad.

El artículo 7 del proyecto de ley de paridad, por su parte, dispone que los órganos directivos y otros cargos decisorios en la administración pública, las empresas públicas, las empresas de participación estatal y los institutos públicos tengan paridad de representación gracias a la alternancia de hombres y mujeres en las listas propuestas para la designación o elección.

El artículo 10 del proyecto de ley de paridad prevé que el Parlamento evalúe el impacto de esa ley cinco años después de su entrada en vigor, y su artículo 9 dispone que se constituya un Observatorio de Paridad que vigile y evalúe la aplicación de la ley citada y en el que se integren la Red de Mujeres Parlamentarias de Cabo Verde y el ICIEG, así como las secciones de mujeres de los partidos políticos y de otras organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, deben elaborarse informes sobre los avances logrados con miras a vigilar y evaluar la aplicación de la ley y determinar los problemas y obstáculos que la dificulten, y para ello, entre otras cosas, se realizarán cuantas consultas sean necesarias con los partidos políticos y las administraciones central y municipal y se establecerán contactos con las comunidades.

Se está ultimando la elaboración del proyecto de ley de paridad, que debería presentarse al Parlamento a finales de abril de 2019. El examen del proyecto por las comisiones parlamentarias especializadas debería programarse para mayo o junio de 2019, a lo que seguiría su debate parlamentario.

Existe una propuesta de revisión del Código Electoral que incorpora el principio de paridad y sanciona su vulneración (las sanciones se sumarían a los incentivos ya existentes). Sin embargo, aún no se ha presentado esa propuesta al Parlamento, y se espera que antes de que eso ocurra se presente el proyecto de ley de paridad. En cuanto a la Ley de Partidos Políticos, cabe señalar que su proceso de revisión no ha concluido. No obstante, como se indica en el noveno informe de Cabo Verde sobre la aplicación de la Convención (párr. 82), los partidos políticos han debatido internamente sobre la paridad, lo que ha repercutido en el nivel de representación de la mujer en sus órganos decisorios. Los dirigentes de los partidos políticos ha logrado un consenso sobre el principio de paridad y sobre la alternancia en las listas de candidaturas.

En términos generales, tanto el Gobierno como los líderes de los partidos han alcanzado un consenso político sobre la paridad y se han comprometido con la cuestión. Sin embargo, persisten, entre otros, los siguientes desafíos: i) se mantiene la resistencia, en particular a nivel local, incluso entre los coordinadores y miembros de los partidos políticos, y a medida que avanza el debate público sobre la paridad ciertos forjadores de la opinión, algunos de ellos parlamentarios, se pronuncian en contra de las propuestas examinadas; ii) aunque se entiende el principio de alternancia en las listas de candidaturas (un candidato seguido de una candidata, o viceversa), todavía no se ha consensuado que deba existir esa alternancia en los cabezas de listas, pese a que se trata de una medida necesaria para lograr la paridad en Cabo Verde: en efecto, de los 13 distritos electorales para las elecciones legislativas, 7 eligen solo a 2 diputados, y es habitual que en los mandatos se alternen los dos partidos principales (Cabo Verde tiene un sistema bipartidista), lo que no favorece la elección de mujeres en esos distritos electorales, ya que los dos partidos políticos principales tienden a favorecer que sus candidaturas estén encabezadas por hombres; iii) la aprobación de la revisión del Código Electoral requiere el voto favorable de dos tercios de la cámara, lo que es difícil de alcanzar debido a que se logró consensuar la inclusión en el texto de un capítulo sobre la paridad, pero no la introducción de sanciones que castiguen el incumplimiento de esas disposiciones, pese a que el mantenimiento de los incentivos y la regulación de su aplicación sí logró un amplio apoyo.

Educación

La aplicación de los planes de estudio revisados de educación básica (1º a 8º cursos) comenzó en septiembre de 2017 y continuará de forma escalonada hasta el año académico 2020/2021 (1º y 5º cursos en 2017/2018, 2º y 6º cursos en 2018/2019, 3º y 7º cursos en 2019/2020 y 4º y 8º cursos en 2020/2021). Se incorporaron varios temas transversales a los materiales pedagógicos, incluido el de la igualdad de género, por lo que todos ellos (programas, manuales y guías docentes) integran contenidos de educación sobre la igualdad de género y presentan ilustraciones y lenguaje sensibles a esas cuestiones. Los planes de estudio revisados para la enseñanza secundaria (9º a 12º grado) se aplicarán a partir de 2021.

El Departamento de Educación Inclusiva y Promoción de la Ciudadanía se estableció en la Dirección Nacional de Educación mediante el Decreto-Ley núm. 40/2018, de 20 de junio, habida cuenta de la necesidad de fortalecer las capacidades para afrontar diversos problemas relacionados con la igualdad de género en la educación y la educación inclusiva. Este Departamento tiene competencias transversales que abarcan a todos los subsistemas educativos (salvo la educación superior) y su objetivo es asegurar la inclusión de los niños y jóvenes en edad escolar y el seguimiento de su desempeño, promover los procesos de aprendizaje individual, los planes de estudio y la inclusión socioeducativa, y combatir la exclusión, el fracaso y la deserción escolares. El Departamento tiene conferidas, entre otras, las competencias siguientes: concebir, en colaboración con instituciones multisectoriales, planes de intervención que permitan superar cuestiones relacionadas con la prevención de la violencia y la deserción escolar, promover la igualdad de género, llevar a cabo intervenciones con niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, y emprender iniciativas para fomentar la capacidad del personal docente y del resto del personal escolar en materia de prevención de la violencia y la deserción escolar, promoción de la salud, sexualidad, igualdad de género y la seguridad en la escuela. En el plano local, las cuestiones transversales se abordarán en los espacios inclusivos y de promoción de la ciudadanía recientemente establecidos en todos los grupos escolares, bajo la responsabilidad del coordinador pedagógico del grupo.

Se está trabajando con el apoyo técnico del UNICEF para introducir la educación sexual en la enseñanza básica y secundaria, más allá de los contenidos ya presentes en materias específicas. La labor técnica que exige la elaboración de los planes de estudio ya está en marcha.

Se están aplicando las medidas que incumben al Ministerio de Educación en el marco del Plan Nacional para Combatir la Violencia Sexual contra Niños y Adolescentes (2017-2019). La inclusión de la educación sexual en la educación preescolar está en marcha y ya forma parte de la Guía de Actividades Curriculares y de las Directrices Pedagógicas para la Educación Preescolar. En todos los municipios se impartió formación al profesorado de todos los niveles educativos sobre la prevención de la violencia sexual. El tema de la semana cívica, celebrada a principios de este año escolar, fue la erradicación del abuso sexual y con esa ocasión se realizaron campañas en todas las escuelas. Se han cursado directrices al más alto nivel ministerial en relación con la obligatoriedad de notificar los casos de abuso sexual. También se han proporcionado orientaciones en torno a la tolerancia cero del acoso sexual cometido por docentes, se han iniciado procedimientos disciplinarios contra los profesores descubiertos en tales circunstancias y se ha informado de su situación al Ministerio Público.

Está disponible el informe preliminar del Estudio de Diagnóstico sobre la Violencia Escolar, que se realizó en todos los centros públicos y semipúblicos de enseñanza secundaria (52) y estaba dirigido a alumnos de 7º a 12º cursos y a la comunidad escolar correspondiente. El estudio se basa en un enfoque holístico de la violencia escolar que comprende la violencia institucional, que suele legitimarse por las relaciones asimétricas de poder implícitas en la interacción pedagógica. Este enfoque permitirá proporcionar respuestas que se centren, entre otras cosas, en fomentar el establecimiento de relaciones pedagógicas positivas y no violentas. El estudio analizó las modalidades física, psicológica, sexual, patrimonial y cibernética de la violencia. Muestra que, en términos de percepción, si bien la práctica totalidad de los docentes percibe la violencia sexual como una forma de violencia, casi 1 de cada 10 de ellos no considera el acoso sexual un comportamiento violento (9,7 %). La percepción de los estudiantes de qué constituye un acto de violencia difiere en muchos aspectos de la percepción de los profesores, aunque si no se tiene en cuenta el sexo es más homogénea entre el alumnado que entre el personal docente, salvo en relación con la violencia sexual: solo el 79,6 % de los alumnos (frente al 95 % de los docentes) consideró que todos los ejemplos de violencia sexual eran comportamientos violentos, y ello pese a que la mayoría eran mujeres (43,4 % frente al 36,4 % del total de alumnos varones).

La mayoría del alumnado y del personal docente considera que los centros de enseñanza secundaria en que estudian o trabajan son seguros (65,5 % de los estudiantes y 83,2 % de los profesores), aunque los considera inseguros una proporción significativa de los alumnos (29,5 %) y el 13,7 % de los profesores. Se observan diferencias sustanciales entre los centros: 18 de los 52 centros pueden considerarse seguros y el resto inseguros. El 21,9 % de los docentes afirman que sufrieron actos de violencia en su centro, proporción que asciende al 44,2 % entre los estudiantes (el 52,6 % de las alumnas, más de la mitad, y el 47,2 % de los alumnos). Los estudiantes de uno y otro sexo tienden a reaccionar de forma diferente cuando son víctimas de la violencia: es más probable que los varones respondan de forma violenta (60,1 %), en particular los alumnos de 15 a 18 años, mientras que las niñas tienden a “decirlo en casa” (71 %) y a “contárselo a sus amigos” (59,3 %). Del conjunto del alumnado, solo las niñas más jóvenes denuncian los actos de violencia al tutor de clase.

Según el alumnado y el personal docente, las modalidades más frecuentes de violencia son la física y la patrimonial, seguidas de la psicológica: en términos de violencia física, las conductas más habituales son los golpes (patadas, bofetadas y puñetazos) y los empujones y peleas (más que los ataques con un cuchillo o arma de fuego); en el caso de la violencia patrimonial, lo más habitual es el robo de material escolar, seguido por el vandalismo. La violencia psicológica es menos frecuente, salvo el acoso escolar. En términos comparativos, la violencia sexual es inusual en los centros: el personal docente señala los tocamientos (el 64,1 % afirma que ocurren en su centro), los actos de acoso cometidos por estudiantes (26 %) y, lo que es aún menos frecuente, los besos forzados y los actos de acoso cometidos por docentes. Aunque no es habitual, el 4,4 % de los profesores menciona casos de empleo de la fuerza para tener relaciones sexuales. Entre el alumnado, los comportamientos relacionados con la violencia sexual son menos frecuentes: lo más usual son los actos de acoso cometidos por estudiantes (44,5 %), seguidos de los besos forzados (31,7 %). Cabe señalar que el 29,1 % de los estudiantes afirma que hay profesores que han cometido actos de acoso. Es el alumnado el que principalmente alude a la violencia cibernética: el 48 % señala que en su centro se intercambian insultos en los medios sociales, el 47,3 % que se difunden rumores o mentiras, el 40,3 % que se publican fotos y videos comprometidos, y el 37,2 % que se amenaza y se ejercen presiones.

El Centro de Investigación y Capacitación en Cuestiones de Género y Familia sigue colaborando con el Ministerio de Educación en la elaboración del Plan para Impedir y Combatir la Violencia en las Escuelas. Como respuesta más inmediata a los resultados del estudio, el Departamento de Educación Inclusiva y Promoción de la Ciudadanía está planificando acciones formativas y de educación por pares destinadas a los equipos responsables de los espacios inclusivos y de promoción de la ciudadanía de cada centro. Ya se ha impartido capacitación sobre la violencia urbana a 10 docentes (formadores de formadores) en 10 escuelas de Praia, la capital. El ICIEG también está ayudando a la Dirección Nacional de Educación a preparar un manual sobre violencia de género para el profesorado de enseñanza secundaria y una guía para estudiantes.

No se dispone de información actualizada sobre las adolescentes que se encuentran embarazadas o ya son madres, por lo que a continuación se presentan los datos sobre madres adolescentes que figuran en los censos de 2000 y 2010, desglosados según su situación educativa (escolarizadas o sin escolarizar).

Edad ( años )	Cens o 2000	Cens o 2010
Situación educativa	Situación educativa
Escolarizadas	Sin escolarizar	Total	Escolarizadas	Sin escolarizar	Total
12	0	4	4	0	0	0
13	2	5	7	0	0	0
14	1	7	8	1	6	7
15	16	54	70	23	46	69
16	47	129	176	59	190	249
17	61	404	465	160	390	550
Total	127	603	730	243	632	875

Los datos preliminares de la última encuesta demográfica y de salud (IDSR III (2018)), difundidos a finales de febrero de 2019, muestran una continua tendencia descendente en la fecundidad: el índice sintético de fecundidad descendió a un promedio de 2,5 hijos por mujer, frente al 2,9 que se registraba en 2005, y en 2018 el 12 % de los adolescentes de 15 a 19 años ya habían tenido al menos un hijo (nacido vivo), frente al 15,2 % en 2005. Los datos administrativos de los servicios de salud correspondientes a 2017 muestran una leve disminución con respecto a 2014 en la proporción de adolescentes embarazadas que acudieron a las consultas prenatales: en 2017, el 17,8 % de las mujeres embarazadas eran adolescentes menores de 19 años, mientras que en 2014 esa proporción era del 18,2 %, aunque para las adolescentes más jóvenes (menores de 17 años) la proporción se mantuvo (en torno al 4 %).

El ICIEG y la Dirección Nacional de Educación han iniciado un proyecto piloto en cuatro centros de educación secundaria que presentan tasas elevadas de embarazos entre estudiantes. El proyecto consiste en realizar un estudio cualitativo con el fin de conocer mejor la dinámica que subyace al fenómeno del embarazo en la adolescencia y las dificultades por las que atraviesan las estudiantes embarazadas en el contexto educativo. Los resultados se recogerán en una guía para docentes y centros educativos.

En la hoja de ruta para una Estrategia de Igualdad de Género en el Sector de la Educación, la Formación Profesional y el Empleo, ultimada a finales de 2017, se señala el problema de la segregación ocupacional y se prevén medidas para reforzar la orientación profesional en la formación técnica y profesional desde una perspectiva de género, en particular promoviendo que se informe sin estereotipos de género de las opciones de cursos y vigilando que los servicios de orientación profesional incorporen la igualdad de género en su labor.

Entre las medidas en curso encaminadas a asegurar que los niños y adolescentes de uno y otro sexo con necesidades educativas especiales tengan oportunidades en las escuelas ordinarias cabe señalar las siguientes: la Dirección Nacional de Educación está elaborando el marco jurídico regulador de la educación inclusiva, que prevé la puesta en marcha de un sistema para la detección de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, y un reglamento para el equipo multidisciplinario de apoyo a la educación inclusiva; los equipos multidisciplinarios constituidos en los 22 municipios ya están empleando el sistema de detección a nivel de las delegaciones escolares; y se están fortaleciendo las capacidades de los equipos multidisciplinarios y del profesorado de diferentes niveles educativos (de la educación preescolar a la secundaria) mediante la presentación y el análisis del sistema de detección, la capacitación en la elaboración de planes educativos individuales y ajustes curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales, y la adquisición de material específico (programas informáticos, juegos educativos y equipamiento para el alumnado con necesidades educativas especiales).

Como el estudio sobre la violencia escolar también analiza la violencia institucional, se incorporará la educación no violenta a las acciones formativas señaladas y de cuya planificación se ocupa el Departamento de Educación Inclusiva y Promoción de la Ciudadanía. Una vez determinados los castigos corporales que se emplean, la información se remite a la Inspección General de Educación, que se ha hecho cargo de varias de esas situaciones y ha iniciado procedimientos disciplinarios, algunos de los cuales ya se han resuelto.

Empleo

En 2018 se lograron avances considerables en el establecimiento de un sistema de atención en lo que respecta a: la definición de los servicios prestados, así como su regulación; la creación de herramientas para gestionar la información y los conocimientos; el diseño de módulos de capacitación y su consiguiente aplicación; y la difusión del propio sistema de atención. Asimismo, se crearon varios instrumentos normativos, como el Decreto-Ley núm. 58/2018, de 14 de noviembre, sobre las normas para el establecimiento y el funcionamiento de guarderías infantiles, en particular las normas mínimas para los centros de cuidado infantil (de 0 a 3 años), en el que se definen los criterios para su creación o acreditación en materia de espacio físico, equipo, seguridad e higiene, así como los prerrequisitos técnicos y pedagógicos. También se elaboraron instrumentos institucionales para armonizar el proceso de acreditación de los centros de cuidado infantil, y se está preparando una Guía de orientación ludopedagógica para niños de 0 a 3 años. Se están ultimando los instrumentos de regulación de las instalaciones sociales para las personas de edad y las personas con discapacidad. A través de una Orden Conjunta del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Educación (Orden Conjunta núm. 1/2019, de 11 de enero), se aprobó la figura profesional de los cuidadores infantiles (con una cualificación profesional de categoría 2 según el catálogo nacional de cualificaciones) y de los cuidadores de personas dependientes (es decir, de personas mayores y personas con discapacidad, de categoría 3). La definición de las cualificaciones profesionales resulta fundamental para orientar las ofertas de formación profesional de calidad y, a su vez, la disponibilidad de cuidadores capacitados es esencial para garantizar los derechos de las personas que dependen de esos cuidados, y para provocar un cambio de paradigma en cuanto al trabajo de cuidados de modo que, en vez de ser una actividad no remunerada realizada principalmente por mujeres, pase a ser un trabajo remunerado. En lo que respecta a la capacitación, se han impartido los primeros cursos de formación de cuidadores para ambos perfiles profesionales en Praia, Sal y São Vicente, en los que han participado un total de 105 personas (93 mujeres y 12 hombres), lo que ha permitido crear un grupo inicial de cuidadores. En cuanto a los servicios asistenciales, se han firmado contratos de proyectos con asociaciones sin fines de lucro, escogidas mediante un procedimiento de selección pública, así como con ayuntamientos, en el marco del Protocolo de Municipalización de los Servicios Sociales. Se ha invertido en jardines de infancia y centros para personas mayores (centros de día), mediante la cesión de instalaciones públicas para el establecimiento de guarderías; la rehabilitación de las instalaciones; la financiación del equipo; y la dotación de material ludopedagógico. En lo que respecta a las personas con discapacidad, en abril de 2018 se puso en marcha un subsidio financiero para el funcionamiento de las asociaciones sin fines de lucro que trabajan en esa esfera. El subsidio subvenciona los gastos operacionales fijos (alquiler, agua, electricidad, suministros de oficina y material de limpieza) de 11 asociaciones, entre las que se encuentran la Associação Caboverdiana de Promoção e Inclusão das Mulheres com Deficiência (APIMUD) y otras 10 asociaciones que trabajan tanto con mujeres como con hombres con discapacidad. Cabe señalar que otras asociaciones que no se benefician de ese subsidio reciben apoyo del MFIS para la ejecución de proyectos específicos. La mayoría de los proyectos seleccionados se centran en los niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres, lo que da lugar a ciertas deficiencias en lo que respecta a las personas de edad con discapacidad. También se estableció un centro de atención y rehabilitación para niños y jóvenes con discapacidad. El Ayuntamiento de Praia facilitó el espacio para la instalación del centro, en el que también se ubican: un centro de capacitación de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad y sus familiares; la sede de la federación de organizaciones que se ocupan de cuestiones relativas a la discapacidad; y la sede administrativa de las asociaciones sin fines de lucro que trabajan en la esfera de la discapacidad. Una de las líneas de trabajo del centro de atención y rehabilitación es el mejoramiento de los servicios de atención y apoyo prestados a los niños y los jóvenes con discapacidad.

En cuanto a los puntos de referencia para establecer el sistema de atención, Cabo Verde se ha beneficiado de la asistencia técnica brindada por el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay en el marco de un protocolo de cooperación Sur-Sur. En ese contexto, en varias ocasiones se realizaron actividades de creación de capacidad, dirigidas tanto al personal del MFIS como a las partes interesadas, que permitieron incorporar de forma progresiva los criterios de calidad que se debía tener en cuenta en las distintas fases y en relación con los distintos aspectos del sistema de atención. El hecho de que el sistema de atención se esté estableciendo rápidamente no significa que no existan problemas: por ejemplo, Cabo Verde tiene el desafío de organizar servicios que respondan a las necesidades asistenciales en distintas islas y municipios del país de forma complementaria e integrada; implantar redes de apoyo a las familias; brindar capacitación a los trabajadores a distintos niveles; garantizar que las oportunidades de empleo creadas para los cuidadores sean oportunidades de trabajo decente; e integrar los cuidados en el sistema de protección social.

Según los últimos datos publicados, la seguridad social en Cabo Verde da cobertura a aproximadamente 227.439 personas, a saber, 206.241 a través del subsistema de contribuciones y 21.198 por conducto del subsistema no contributivo. Esto implica que el régimen contributivo abarca casi al 40 % de la población (contando a los beneficiarios directos e indirectos). El régimen no contributivo comprende a las personas en situación de pobreza, riesgo o exclusión social. Las mujeres que no hacen aportaciones al sistema contributivo tienen acceso a la seguridad social si: i) son beneficiarias indirectas, a través de los planes de prestaciones familiares existentes en el subsistema contributivo; o ii) son beneficiarias del subsistema no contributivo. Cabe señalar que la cobertura del subsistema contributivo está aumentando: en la encuesta sobre empleo realizada en 2017 se observó que cerca del 41 % de la población ocupada estaba inscrita en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) (el 48,8 % en los entornos urbanos y el 18,6 % en las zonas rurales), en concreto, el 41,9 % de las mujeres empleadas y el 40,3 % de los hombres empleados. En las zonas urbanas, la tasa de inscritos en el INPS es mayor entre los hombres que entre las mujeres (49,2 % y 48,2 %, respectivamente), mientras en las zonas rurales ocurre lo contrario y las mujeres empleadas inscritas representan el 20,2 % (frente al 17,6 % de los hombres). Cabe destacar que la información más reciente sobre el subsistema no contributivo (que aún no se ha publicado) muestra que su cobertura también va en aumento: en 2018 la cantidad de beneficiarios ascendió a 22.487 personas. Asimismo, es reseñable que las pensiones sociales hayan aumentado de 5.000 a 6.000 escudos, al igual que ha incrementado el límite anual para la adquisición de medicinas en las farmacias privadas (que ha pasado de 2.500 a 3.750 escudos, es decir, un aumento del 50 %).

Cabo Verde también está aplicando una política de ingresos en pro de la inclusión social, que consiste en realizar transferencias monetarias directas a las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema y tienen hijos menores de 15 años a su cargo, así como otras medidas para la generación de ingresos. Las transferencias monetarias se realizan con una periodicidad mensual durante períodos de dos años (5.500 escudos) y las familias beneficiarias se seleccionan a través del Registro Social Unificado, que ya está en funcionamiento: en 2018 (a partir de julio) se beneficiaron un total de 1.026 familias, de las cuales el 54 % estaban encabezadas por una mujer y el 46 % por un hombre. En esas familias, un total de 52 niños no estaban escolarizados, a saber, 39 niñas y 13 niños. Los equipos sociales de los ayuntamientos se encargan de hacer un seguimiento de las familias beneficiarias, y el MFIS tiene la responsabilidad de preparar directrices para orientar y movilizar los recursos en pro de actividades encaminadas a su inclusión productiva. A comienzos de 2019, el número de familias beneficiarias aumentó a 2.410.

En el Programa para el Empoderamiento de las Mujeres, creado recientemente, se contemplan medidas para promover la responsabilidad social de las empresas, en particular de las grandes cadenas hoteleras ubicadas principalmente en las islas de Sal y Boavista. El Programa incluye campañas de asesoramiento sobre políticas empresariales que promuevan el trabajo decente para las mujeres, en especial en el sector del turismo, así como el fortalecimiento para tal fin de las instituciones públicas, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil (capacitación, diálogo en materia de políticas y campañas de concienciación).

Ha aumentado el número de beneficiarios del Régimen Especial para las Microempresas y las Pequeñas Empresas (REMPE) inscritos en el INPS, que pasó de 330 en 2015 a 3.745 en 2016, entre ellos, 2.085 mujeres y 1.660 hombres. Cabe destacar que a finales de 2017 se creó el primer sindicato de trabajadores del sector informal, que comenzó su andadura tras la celebración de un seminario sobre la transición de la economía informal a la economía formal. El Sindicato de Trabajadores del Sector de los Servicios, el Sector Doméstico y el Sector Informal (SSTDI) es un mecanismo para que los trabajadores del sector informal se organicen con miras a aumentar su participación y defender mejor sus derechos laborales en el proceso de transición de la economía informal a la economía formal. El SSTDI está presidido por una mujer.

En 2018 se elaboró el Plan Nacional de Empleo (PNE 2018-2023), bajo la coordinación de la Dirección General de Empleo, Formación Profesional y Pasantías (DGEFPEP). En concreto, el PNE se centra en el empleo de los jóvenes y las mujeres e incluye un subproducto específico relativo al empleo juvenil (15 a 34 años), a saber, el Plan de Acción Nacional para el Empleo Juvenil (PNAEJ). En el PNE la segregación profesional por razón de género se define y documenta como un problema, al igual que la sobrerrepresentación de las mujeres en el sector no estructurado, y el PNAEJ cuenta con una sección dedicada específicamente al género. En el PNAEJ se propone adoptar cuatro medidas estratégicas: i) empoderar económicamente a los jóvenes y las mujeres promoviendo las empresas e iniciativas empresariales de los jóvenes; ii) crear nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes y las mujeres a través de programas y medidas de empleo activo; iii) orientar las políticas de educación, capacitación, cualificación e innovación de los trabajadores en pro del aumento de la empleabilidad de los jóvenes y las mujeres; y iv) promover la integración de los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral. Además, la DGEFPEP cuenta con el Programa para el Empoderamiento de las Mujeres (mencionado anteriormente) y sus correspondientes análisis de la situación de género y propuestas de intervención, que se centran en: i) las políticas para estimular el trabajo decente y la protección social de las mujeres; y ii) la situación de las mujeres en las cadenas de valor de los sectores del agronegocio, el turismo y los cuidados. El Instituto de Apoyo y Promoción Empresarial (Pro-Empresa) remplazó a la Agencia para el Desarrollo Empresarial e Innovación (ADEI) y asumió nuevas responsabilidades relativas a la intermediación para acceder a créditos bancarios o microfinanciación (ya que el acceso al crédito supone uno de los mayores obstáculos para los emprendedores) y al seguimiento y apoyo del desarrollo empresarial (tras su creación). Pro-Empresa implementa el programa Start Up Joven, que financia a jóvenes titulados en educación superior o formación profesional de entre 18 y 35 años, en el que al menos el 40 % de la financiación se destina a empresas dirigidas por mujeres. Este programa estimula la integración laboral de mujeres y hombres con estudios superiores, especialmente en el caso de las mujeres tituladas, ya que registran tasas de desempleo más altas que los hombres. En el marco del programa, Pro-Empresa y el Centro de Incubación de Empresas (BIC) han lanzado un reto de innovación para mujeres, en el que 30 empresarias trabajan en grupos de 3 para convertir ideas en modelos de negocio. El proyecto ganador se beneficia de un programa de doce semanas de aceleración e incubación con el BIC. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en Praia y São Vicente. Pro-Empresa también ejecuta el programa Desarrollo del Microemprendimiento, dirigido a hombres de hasta 40 años de edad y a mujeres sin límite de edad.

La revisión del Código del Trabajo realizada en 2016 consistió en una revisión única y, como se explica en su preámbulo, tuvo por objeto crear instrumentos indispensables para lograr un crecimiento económico efectivo, mejorar la competitividad de las empresas y fomentar la empleabilidad de los trabajadores de Cabo Verde. La revisión estuvo determinada por la necesidad de emprender reformas que garantizaran un mercado laboral más flexible, que generara empleo y estimulara el crecimiento del sector privado, la inversión y la productividad. La mejora de la capacidad del mercado laboral para absorber la oferta de mano de obra, especialmente la de los hombres y mujeres jóvenes, es, de hecho, uno de los mayores retos a los que se enfrenta Cabo Verde para reducir la pobreza y reforzar la cohesión social. La revisión puntual y focalizada entrañó que, en esa ocasión, no se examinaran otros aspectos del Código de Trabajo, como la incorporación del principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Cabo Verde está analizando la posibilidad de ratificar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (núm. 189). Independientemente de si se ratifica o no, se están estudiando medidas para mejorar la situación de los empleados domésticos, que en Cabo Verde son en su mayoría mujeres: en 2016, un total de 12.584 personas trabajaban en el servicio doméstico, a saber, 11.816 mujeres y 768 hombres. Un grupo de trabajo, conformado por el ICIEG, la Dirección General de Trabajo, la IGT, el INPS, la ACLVBG, el SSTDI (establecido recientemente) y ONU-Mujeres, ha redactado un proyecto de marco regulatorio del trabajo doméstico, que actualmente se está examinando.

La ACLVBG realizó una encuesta entre los trabajadores domésticos y elaboró un análisis de su situación laboral y de las políticas públicas conexas, en colaboración con diversas instituciones (IGT, INPS, DGEFPEP y CIGEF) y otros asociados de la sociedad civil (ONG y sindicatos). De manera participativa, se preparó un plan de acción con objeto de responder a los desafíos y las recomendaciones incluidas en el análisis. Una de las nueve medidas propuestas en dicho plan consistió en crear una Asociación de Empleadas Domésticas (ASED-CV), establecida en agosto de 2018 con el apoyo de la ACLVBG, que se encargó de brindar capacitación a sus miembros acerca de los marcos jurídicos pertinentes, contribuir a la elaboración del estatuto de la Asociación, proporcionarle un espacio en la sede de la ACLVBG, ayudar a preparar un folleto sobre los derechos y deberes de las trabajadoras domésticas y crear materiales para difundir la labor de la Asociación. Las principales reivindicaciones de la ASED-CV están vinculadas a la aplicación del salario mínimo a los empleados domésticos, las horas de trabajo y el derecho a vacaciones, entre otras cosas.

Salud

El Ministerio de Salud mantiene una colaboración estrecha con las ONG que prestan servicios de salud reproductiva, principalmente la Associação Cabo-verdiana para a Protecção da Família (VerdeFam), teniendo en cuenta la complementariedad entre los servicios prestados por los centros de salud y la ONG. Las ONG tienen la capacidad de trabajar en estrecha colaboración con las comunidades y los grupos más excluidos, y facilitar su acceso a los servicios de salud reproductiva. En este contexto, desde 2009 se viene aplicando un protocolo de colaboración firmado entre el Ministerio de Sanidad y VerdeFam, que se actualizará próximamente. La supervisión técnica se realiza a través de visitas, basadas en un enfoque de supervisión formativa que se fundamenta en el diálogo y se centra en lograr mejoras. También se dispone de una lista de verificación para la supervisión, la misma que se utiliza para los servicios públicos de salud reproductiva, en la que se enumeran los elementos que es preciso verificar y examinar. Esa herramienta permite generar un informe al final de cada visita, en el que se incluyen recomendaciones. Los comentarios formulados a las ONG están relacionados con la calidad y la puntualidad de los informes sobre los servicios prestados (intercambio de datos), así como con la gestión de los productos. Las mujeres y las niñas pueden presentar quejas en la dirección de los centros de salud.

Se preparó un folleto resumen para difundir los principales resultados y recomendaciones del estudio de 2015 sobre el acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios de salud sexual y reproductiva: en él, los resultados del estudio se clasificaron en función de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Salud está implantando medidas para afrontar las conclusiones del estudio; se han celebrado reuniones de carácter técnico y general con los cargos directivos de la esfera sanitaria a fin de compartir esas conclusiones y reflexionar al respecto, así como de difundir los derechos y obligaciones en materia de salud sexual y reproductiva y las leyes que los amparan. Esas reuniones se han llevado a cabo en colaboración con la APIMUD, y se están programando otras reuniones para incluir más personal sanitario; un total de 33 empleados de los servicios de salud de todas las delegaciones sanitarias del país participaron en un curso de capacitación impartido por Handicap International sobre la salud y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Esa formación se está replicando en todas las delegaciones sanitarias del país, con el fin de incluir a más personal técnico y de apoyo (ya se ha impartido en tres delegaciones de la isla de Santiago (Tarrafal, São Miguel y Santa Cruz) y está previsto que en abril se imparta en Santa Catarina). Se está terminando de preparar una guía sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, para su difusión, así como material de apoyo para los cursos de capacitación sobre esa cuestión que están dirigidos al personal sanitario y a otros grupos destinatarios. Asimismo, se ha emitido un microprograma, con interpretación simultánea a la lengua de señas, en el que se resume la información sobre los métodos anticonceptivos modernos, y se están analizando otras opciones para promover la accesibilidad a la información, a saber, la adaptación al braille de otros materiales informativos sobre la salud sexual y reproductiva y la prevención del VIH.

Por otro lado, a finales de 2017 el Comité de Coordinación de la Lucha contra el Sida (CCS-SIDA), en colaboración con el Ministerio de Salud, realizó un estudio de biocomportamiento sobre la vulnerabilidad de las personas con discapacidad al VIH/sida, que reveló una prevalencia del VIH del 2,3 % en ese colectivo, concretamente, del 3,5 % entre los hombres y del 1,7 % entre las mujeres. Esa tasa es superior a la prevalencia del VIH en la población general: según los datos preliminares de la IDSR III (2018), la tasa de prevalencia del VIH en la población general es del 0,6 % (0,7 % entre las mujeres y 0,4 % entre los hombres), lo que representa a una disminución de la prevalencia del VIH entre los hombres (1,1 % en 2005) y un aumento entre las mujeres (0,4 % en 2005). Los resultados del estudio de biocomportamiento muestran que las personas con discapacidad son bastante vulnerables al VIH/sida: aunque saben de su existencia y tienen acceso a preservativos y los utilizan, están expuestas a múltiples vulnerabilidades (pobreza, bajo nivel educativo, bajos ingresos) y casi nunca son las destinatarias específicas de las estrategias y campañas de concienciación sobre las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida. Al mismo tiempo, también están expuestas a la violencia (sexual, física, estigmatización): el 45% de la muestra de personas con discapacidad declaró haber sido víctima de algún tipo de violencia (el 14,4 % de tipo verbal, el 10,4 % de tipo físico y el 4,7 % de tipo económico), en la mayoría de los casos en su vecindario (31,2 %), su hogar (28,0 %) o la vía pública (17,2 %). Más de la mitad de las personas que habían sido objeto de violencia no habían hecho nada (como buscar ayuda o presentar una denuncia) tras el último episodio de violencia sufrido (53,8 %). Más de 1 de cada 10 personas con discapacidad declararon que su primera relación sexual no había sido consentida (14,5 %), hecho que afectaba más a las mujeres que a los hombres. En general, las mujeres sufren más que los hombres de violencia física, psicológica y sexual.

Entre los servicios de salud sexual y reproductiva que se prestan a las mujeres y las niñas se incluyen los siguientes: asesoramiento prenatal; información sobre anticoncepción y provisión de métodos anticonceptivos modernos para prevenir los embarazos no deseados; seguimiento prenatal, del nacimiento y del posparto; atención perinatal y promoción de la lactancia materna; prevención, atención y seguimiento del aborto y sus complicaciones; prevención de las infecciones de transmisión sexual y del VIH/sida y provisión de tratamientos antirretrovirales; prevención y tratamiento del cáncer de mama y de cuello uterino; prevención y tratamiento de la esterilidad y de las complicaciones de la menopausia; prevención de la violencia física y sexual y prestación de apoyo a ese respecto; difusión de mensajes en favor del cambio de comportamiento y la adopción de estilos de vida saludables; sexualidad humana y maternidad y paternidad responsables; y género y promoción del empoderamiento de las mujeres. En algunos centros de salud del país se han creado instalaciones específicas para adolescentes con miras a asegurar un acceso fácil, privado y confidencial a los servicios de salud sexual y reproductiva para las niñas y adolescentes, una iniciativa que se ampliará a todos los centros de salud del país durante el año en curso. En esas instalaciones, que se contemplan en el Plan de Salud para Adolescentes (2018-2020) y están diseñadas como centros de salud adaptados a las necesidades de los adolescentes, se proporcionan servicios integrados más allá de la salud sexual y reproductiva, incluidos servicios de salud mental y educación nutricional, entre otros. La atención prestada es multidisciplinaria y se centra en la promoción de la salud y los estilos de vida saludables. Las instalaciones están equipadas con una sala polivalente en la que se realizan charlas grupales sobre temas de interés para los adolescentes, tanto hombres como mujeres, elegidos por ellos mismos. Estos centros trabajan en asociación con los interesados locales, incluidas las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de difundir información sobre esas instalaciones y servicios a nivel comunitario, y colaboran en temas específicos en función de sus conocimientos. Se está desarrollando un mecanismo de certificación para los centros de salud adaptados a las necesidades de los adolescentes. Todos los centros sanitarios de Praia ya cuentan con centros de salud adaptados a las necesidades de los adolescentes, al igual que 2 centros sanitarios de la isla de São Vicente, 2 de la isla de Fogo y los de Boavista, São Domingos y Santa Catarina. En Ribeira Grande de Santiago también existe un centro de salud adaptado a las necesidades de los adolescentes, que funciona en una instalación facilitada por el Ayuntamiento.

Se garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y se prestan los servicios correspondientes. A modo de ejemplo, en el hospital de Praia cada mes se realizan entre 50 y 60 interrupciones voluntarias del embarazo, además de los procedimientos de curetaje, que se cuentan por separado. Los servicios de aborto inducido están subvencionados con arreglo a la lista de precios de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud y, en situaciones de violencia y riesgo de muerte, no se exige el pago de los costos establecidos.

En la actualidad, las mujeres no están representadas en los niveles decisorios de los mecanismos existentes para prevenir y tratar las enfermedades transmitidas por vectores. Sin embargo, están bien representadas en el Comité que se ocupa del VIH/sida, la malaria y la tuberculosis (CCS-SIDA) a través de varias ONG de mujeres y una representante de las mujeres que viven con el VIH.

Cambio climático y desastres naturales

Cabo Verde es Estado parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde 1995. Los principales ejes de acción para contrarrestar los efectos adversos del cambio climático son la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la resiliencia de la población y los ecosistemas. Cabo Verde ha intensificado la producción de energías renovables, especialmente la solar y la eólica, y en 2015 creó el Plan Nacional de Energías Renovables, una hoja de ruta para lograr una generación eléctrica 100 % renovable, así como el Plan Nacional de Eficiencia Energética. También son de interés los documentos estratégicos del sector de la aviación (para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector) y de la agricultura y el agua (que prevén el uso de energías renovables para bombear agua y el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales para la agricultura).

En el contexto de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, en 2018 Cabo Verde puso en marcha un proyecto para fortalecer la capacidad de adaptación y mitigación del sector forestal y está preparando un kit de capacitación en materia de género, así como herramientas para monitorear las consecuencias del proyecto en esa esfera. En el contexto del proyecto para integrar la conservación de la diversidad biológica en el sector del turismo y fortalecer el sistema de áreas protegidas de Cabo Verde, se está capacitando al equipo del proyecto en el uso de metodologías de planificación y gestión que tengan en cuenta las cuestiones de género. También se están diseñando indicadores para supervisar y evaluar las cuestiones de género; en concreto, se está preparando un análisis de género a partir del cual se definirá un plan de acción para el proyecto. En el marco del proyecto para la adaptación de la agricultura al cambio climático, está previsto realizar intervenciones en 10 zonas rurales/cuencas de drenaje de las islas de São Nicolau, Santiago, Fogo y Brava con objeto de beneficiar a 6 075 personas, en especial a las mujeres cabezas de familia y a los jóvenes (hombres y mujeres). En general, las directrices en el sector del medio ambiente hacen referencia al uso sistemático de datos desglosados por sexo y a la aplicación de estrategias que incorporen la perspectiva de género, así como a la consideración de las personas con discapacidad (tanto mujeres como hombres).

En 2017 Cabo Verde desarrolló su Estrategia Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) (2017-2030), que está organizada en torno a siete áreas prioritarias de intervención, incluida la integración de la RRD en los procesos de desarrollo, la planificación y la gestión sectorial. En la Estrategia se definen dos cuestiones transversales: la igualdad de género y la sostenibilidad del medio ambiente. La sección de la Estrategia relativa al género se centra en la necesidad de contar con información desglosada por sexo en lo que respecta a los riesgos y desastres, así como con un análisis de los factores de vulnerabilidad subyacentes y de los resultados y las repercusiones de las medidas propuestas para reducir el riesgo de desastres, teniendo en cuenta las cuestiones de género. Entre las medidas propuestas se incluyen algunas para promover las siguientes cuestiones: la participación de las mujeres en las estructuras, los mecanismos, los cargos decisorios y directivos relativos a la RRD; la participación de las organizaciones de mujeres en las plataformas de RRD; la incorporación de la perspectiva de género en todas las actividades de preparación de la respuesta, los mecanismos de respuesta (planes de contingencia y emergencia, evacuación, etc.) y los programas de recuperación después de los desastres; y los programas de capacitación, sensibilización y educación en materia de RRD que tengan en cuenta las cuestiones de género.

Vida económica y social

A pesar del progreso general en la reducción de la pobreza en Cabo Verde, los resultados finales de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares (IDRF III (2015)) muestran que la pobreza absoluta (que afecta al 35 % de la población) sigue repercutiendo más en las mujeres que en los hombres: el 52,9 % de la población pobre son mujeres y el 47,1 % hombres. En lo que respecta a la pobreza extrema (que afecta al 10,6 % de la población del país), el 53,6 % de los perjudicados son mujeres y el 46,4 % hombres. En las zonas rurales, el 53,1 % de los pobres y el 53,6 % de los muy pobres son mujeres.

La mayoría de los hogares de Cabo Verde están encabezados por mujeres (el 53,3 % según la IDRF III) y esos hogares se ven especialmente afectados por la pobreza: el 60,5 % de los hogares pobres y el 62,1 % de los hogares muy pobres están representados por una mujer (frente al 39,5 % y al 37,9 %, respectivamente, de los hogares encabezados por un hombre). Las diferencias son más evidentes en las zonas urbanas, donde el 62,8 % de los hogares pobres y el 66,3 % de los hogares extremadamente pobres están representados por una mujer. Las tipologías de familia pobre difieren en función del sexo del cabeza de familia: en los hogares representados por mujeres la mayoría de las familias son monoparentales con hijos (61,1 %) y, en el caso de los hogares dirigidos por hombres, suelen ser familias con dos progenitores e hijos (72,2 %) y solo el 7,3 % son familias monoparentales con hijos. Cabe señalar que la tasa de dependencia es del 76,5 % en los hogares pobres y del 89,1 % en los hogares extremadamente pobres y, en cambio, es del 51,4 % en los hogares que no son pobres. La tasa de dependencia en los hogares urbanos extremadamente pobres alcanza el 95,6 %.

Cabe señalar también la elevada proporción de personas desempleadas entre los pobres: 32,1 % entre los pobres y 38,5 % entre los extremadamente pobres (26,7 % entre los hogares que no son pobres). Las mujeres cabeza de familia tienden más a estar desempleadas que los hombres cabeza de familia, especialmente cuando son pobres (38,6 % frente a 22,2 %, respectivamente) o muy pobres (44,2 % frente a 29,1 %), una proporción que es del 32,8 % entre los hogares que no son pobres y están encabezados por mujeres (20,3 % en el caso de los hombres cabeza de familia de hogares que no son pobres).

Los bancos comerciales de Cabo Verde han estado implementando líneas de crédito específicas para microempresas y pequeñas y medianas empresas, lo que tiende a mejorar el acceso de las mujeres al crédito (ya que están más presentes en las pequeñas empresas). El Banco Caboverdiano de Negócios (BCN) firmó un memorando de entendimiento con la Corporación Financiera Internacional para estimular el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, y está previsto que, en un período de cinco años, cerca de 3.000 empresas se beneficien de ello a través de créditos y servicios de consultoría. Al menos el 20 % de las empresas beneficiarias deben ser propiedad de mujeres (a saber, un mínimo de 600 empresas) y el componente financiero está especialmente dirigido a mejorar las estrategias de crecimiento de las empresas dirigidas por mujeres. El microcrédito sigue beneficiando principalmente a las mujeres, aunque cada vez en menor medida: en 2018, las mujeres representaban el 69 % del total de clientes (75 % en 2010). Los sectores de actividad cubiertos por los microcréditos son principalmente el comercio, la agricultura y los servicios.

Mujeres del medio rural

A finales de 2017 se presentaron los resultados del Censo General Agropecuario (RGA (2015)), que proporciona algunos datos sobre el acceso de las mujeres a la tierra con fines agrícolas. La población agrícola representa el 34,8 % de la población de Cabo Verde (182.396 personas), lo que supone una disminución de alrededor del 17,9 % en relación con el anterior RGA, de 2004. Las mujeres constituyen el 50,9 % del total y los hombres el 49,1 %. La población agrícola activa asciende a 92.322 personas, de las cuales el 49,7 % son mujeres y el 50,3 % hombres. Las actividades agrícolas son desempeñadas principalmente en unidades gestionadas por familias (45.399) y solo existen 140 unidades no familiares (65 de las cuales son escuelas con huertos). Casi 9 de cada 10 unidades gestionadas por familias producen para el autoconsumo (es decir, el 87,5 %, ya estén dirigidas por mujeres o por hombres) y solo el 3,3 % se dedican a la venta comercial, en cuyo caso la mayoría están gestionadas por hombres: 1 de cada 4 unidades familiares que comercializan productos está dirigida por una mujer (23,9 %), mientras que el 76,1 % están dirigidas por hombres. En cuanto a las fuentes de ingresos, el 73,4 % de las unidades gestionadas por familias practican la agricultura de secano; el 18,9 % la agricultura de regadío (más productiva); el 85,3 % la ganadería; y el 31,7 % la silvicultura (de forma que la mayoría de las unidades cuentan con al menos dos de esas fuentes de ingresos). La diferencia más visible entre las unidades familiares dirigidas por mujeres y las gestionadas por hombres sigue registrándose en la agricultura de regadío, practicada por menos de un tercio de las mujeres y dos tercios de los hombres (respectivamente, el 29,9 % y el 70,1 %). En algunas islas y municipios la proporción de mujeres es incluso menor, como ocurre en las islas de Santo Antão y Fogo, donde menos de 2 de cada 10 unidades que practican la agricultura de regadío están dirigidas por mujeres. En cuanto a la posesión de tierras, el 18,6 % de la población agrícola posee o tiene derechos sobre tierras, de la cual el 8,5 % son mujeres y el 10,1 %, hombres. Existen diferentes tipos de derechos territoriales y el único en el que la presencia de mujeres supera a la de los hombres es en el alquiler (51,3 % frente a 48,7 %), una modalidad que es menos estable que otros tipos de derechos sobre la tierra.

El programa de lucha contra la pobreza rural firmó un protocolo de cooperación con el ICIEG para reforzar las iniciativas encaminadas a combatir los estereotipos de género en las comunidades rurales y promover una mayor y mejor participación de las mujeres en la toma de decisiones. En ese contexto, el ICIEG viene impartiendo capacitación a las mujeres beneficiarias del programa de reducción de la pobreza en materia de: i) fortalecimiento de su espíritu emprendedor y su capacidad de gestión de pequeñas empresas; y ii) género y autoestima, haciendo especial hincapié en la participación en las asociaciones de desarrollo comunitario y los comités regionales de asociados. En el marco del programa de reducción de la pobreza, y en colaboración con los ayuntamientos (actualmente los de Tarrafal y Porto Novo), se están examinando formas de poner la tierra a disposición de las mujeres para que puedan beneficiarse del programa, haciendo hincapié en visibilizar la situación de desventaja afrontada por las mujeres cuando no poseen tierras. Junto con el Ayuntamiento de São Miguel se están llevando a cabo otras actividades de promoción, en el marco de un proyecto conjunto con el MFIS, para incluir a las mujeres a través de los ingresos; se han aportado fondos para un proyecto de producción y comercialización de hortalizas y se está ayudando a diez mujeres a solicitar al Ayuntamiento acceso a la tierra, el agua y las tecnologías, así como asistencia de la delegación local del Ministerio de Agricultura. Otra herramienta para la promoción de las mujeres rurales radica en realizar diagnósticos locales en materia de género (para más información a ese respecto, véase la sección final relativa a los ODS).

Los datos censales de 2010 muestran que las mujeres representan la mayor parte de la población de edad avanzada en las zonas rurales: de los 18.313 ancianos que viven en zonas rurales, el 59,4 % son mujeres. Sin embargo, la proporción de mujeres de edad avanzada en las zonas urbanas es ligeramente superior (60,7 %). Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en relación con las características de las mujeres de edad no siempre están desglosados por zona de residencia (urbana o rural), ya que algunos de los indicadores mencionados se aplican tanto a las mujeres rurales como a las urbanas. En ese grupo de edad, una proporción considerable de mujeres son viudas (34,1 %), mientras que el 31,3 % están casadas, el 18,4 % solteras, el 7,5 % divorciadas y el 6,9 % viven en uniones de hecho. Más de 3 de cada 4 mujeres de edad son analfabetas (el 78,3 % frente al 66,3 % en el caso de los hombres). Los principales medios de vida de las mujeres de edad son la pensión (29 % frente a 23,6 % de los hombres); la dependencia de su familia en Cabo Verde (24,5% frente a 7,6 %); la pensión de jubilación (15,2 % frente a 33,6 %); el apoyo social (12 % frente a 8,1 %); la dependencia de su familia que reside en el extranjero (7,1 % frente a 2,8 %); y el trabajo (7,1 % frente a 19,2 %), lo que demuestra que las mujeres de edad son más dependientes económicamente que los hombres de edad. La mayor parte de los ancianos son cabezas de familia (57,9 %) o la pareja del cabeza de familia (18,2 %): en ambos casos, las mujeres son la mayoría (52,5 % y 70,6 %, respectivamente). Una proporción muy elevada de ancianos que viven en zonas rurales tienen niveles de comodidad muy bajos (75,9 %) o bajos (67,8 %), y las mujeres de edad (rurales y urbanas) están excesivamente representadas en los niveles más bajos de comodidad (59,1 % en los niveles muy bajos y 62% en los niveles bajos). Si bien casi todos los ancianos viven en casas (en oposición a los alojamientos colectivos), el 9,6 % viven en hogares unipersonales (de los cuales el 57,4 % son mujeres).

Grupos de mujeres desfavorecidas

En las secciones anteriores ya se han descrito las medidas implementadas para promover la no discriminación de las mujeres con discapacidad y su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y de educación (véanse las secciones sobre educación y salud). Asimismo, se han explicado las medidas adoptadas para combatir la discriminación contra las mujeres inmigrantes (especialmente en la sección relativa al acceso a la justicia). En cuanto a su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, educación y trabajo, la DGI trabaja en pro de la inclusión social de los inmigrantes promoviendo: i) el acceso a la información sobre sus derechos y deberes; ii) el acceso a la educación y la formación; iii) una cultura de igualdad de género entre las comunidades de inmigrantes de Cabo Verde; iv) el fortalecimiento de las herramientas municipales para la inclusión de los inmigrantes; y v) la participación social y el fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes. En 2017-2018, la DGI mantuvo su asociación con la Dirección Nacional de Educación, a través del Departamento de Educación y Alfabetización de Adultos, y otros 50 inmigrantes (12 mujeres y 48 hombres) se beneficiaron de los proyectos de alfabetización y formación ejecutados. En Praia se estableció una clase dirigida exclusivamente a mujeres musulmanas, habida cuenta de su rechazo a participar en clases heterogéneas. En la isla de Sal, en 2018 se puso en marcha una clase de alfabetización, pero la participación de hombres y mujeres se vio dificultada por sus horarios de trabajo y, en el caso de las mujeres, por la necesidad de obtener la autorización de sus parejas para poder participar. El Ministerio de Educación está estudiando la posibilidad de impartir clases siguiendo otros formatos, de menor duración, en módulos gestionados por Centros de Aprendizaje Permanente, en lugar de los cursos de alfabetización tradicionales. También se han seguido impartiendo cursos de formación en materia de emprendimiento y gestión financiera de las empresas: la DGI ofreció dos cursos más en Praia y Assomada, en los que participaron 40 inmigrantes (21 hombres y 19 mujeres). Asimismo, se financiaron varios proyectos de inclusión social, concretamente 11 proyectos de asociaciones de inmigrantes destinados al fortalecimiento institucional, el desarrollo de la capacidad de las mujeres para el autoempleo, el emprendimiento y la gestión empresarial, actividades socioeducativas y cursos de formación en portugués y criollo (en 2017 y 2018). En cuanto al acceso de las mujeres migrantes a los servicios de salud sexual y reproductiva, se proseguirá la labor anterior, a saber: la impartición de charlas sobre planificación familiar, salud sexual y reproductiva, prevención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida, tanto para las mujeres como para los hombres inmigrantes; la formación y capacitación de los profesionales de la salud acerca de las necesidades sanitarias específicas de la población inmigrante, en particular de las mujeres; y la celebración de sesiones de sensibilización y difusión de información sobre la atención sanitaria y el sistema nacional de salud dirigidas a la población inmigrante. Algunos establecimientos de salud han introducido cambios en sus horarios de consulta y han organizado equipos móviles para llegar a determinados barrios, a fin de responder a las necesidades y condiciones de poblaciones específicas. Es el caso de Boavista, una isla con gran concentración de inmigrantes, en la que se ha prestado especial atención al barrio de mayor concentración (Boa Esperança).

Como se describe en el noveno informe del país al Comité (párr. 216), Cabo Verde ha estado trabajando para poner fin a la discriminación de las personas LGBTI, tanto mujeres como hombres. En 2018, Cabo Verde se convirtió en el primer país africano en unirse a la Coalición por la Igualdad de Derechos. El ICIEG y sus asociados seguirán esforzándose por sensibilizar a la población general sobre la diversidad de género y respaldarán el empoderamiento de las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI, con el fin de erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Existen tres asociaciones LGBTI (todas ellas dedicadas a los derechos de las mujeres y los hombres) y la Asociación LGBTI de Praia está presidida por una mujer.

Matrimonio y relaciones familiares

Con respecto a la poligamia de facto, para lograr cambios en las actitudes y las prácticas se precisa un esfuerzo a mediano y largo plazo, que requiere una labor educativa constante en materia de igualdad de género. Esas actividades educativas han comenzado a implantarse a través de la educación y el trabajo comunitario, también con las comunidades de inmigrantes, como ya se ha mencionado en otras secciones. Aunque no hay estudios que permitan calcular la magnitud de la poligamia de facto, es evidente que los casos en el país han ido disminuyendo a lo largo de los años. Cabe señalar que los progresos realizados en Cabo Verde en lo que respecta al empoderamiento de las mujeres (nivel educativo, acceso a la información sobre los derechos y autonomía económica, entre otras cosas) están generando cambios en las actitudes en lo que respecta a la poligamia de facto y están reduciendo su aceptación en la sociedad.

El Código Civil regula los derechos y las responsabilidades de las personas casadas, las implicaciones económicas del matrimonio y las cuestiones relacionadas con las herencias. El Código Civil atribuye la misma capacidad jurídica a hombres y mujeres, y las repercusiones del matrimonio en las personas se rigen por el principio de igualdad: el matrimonio se basa en la plena igualdad de derechos y deberes de los cónyuges (art. 1624); la gestión y la representación de la familia son responsabilidad de ambos cónyuges, que deben ponerse de acuerdo sobre la organización de la vida en común en pro del bienestar familiar y la protección y promoción de los intereses recíprocos y los de sus hijos (art. 1625); la gestión doméstica es responsabilidad de ambos cónyuges y estos pueden acordar asignársela a uno de ellos, según sus costumbres y condiciones (art. 1626); en el párrafo 3 de ese mismo artículo se establece que ambos cónyuges deben contribuir, de forma proporcional a sus ingresos, a sufragar los gastos de subsistencia de la familia en función de su condición social y económica y, en el párrafo 4, se dispone que la contribución a los gastos de subsistencia puede ser el trabajo realizado en el hogar o el cuidado y la educación de los hijos (es decir, el trabajo reproductivo no remunerado). En los siguientes artículos se establecen, sobre la base del principio de igualdad entre marido y mujer, el derecho al nombre, el derecho a elegir libremente una profesión, el derecho a crear y realizar libremente operaciones relativas a depósitos bancarios, y los deberes recíprocos. Al contraer matrimonio, la pareja puede elegir uno de los siguientes regímenes matrimoniales: la sociedad de gananciales, la comunidad universal de bienes o la separación de bienes o propiedades. El régimen subsidiario es la sociedad de gananciales, que se aplica por defecto si los cónyuges no manifiestan otra elección. La mayoría de los matrimonios en Cabo Verde se celebran en el marco de ese régimen, con muy pocas excepciones. En el artículo 1682 se definen los bienes comunes que forman parte de la comunidad de bienes: a) el producto del trabajo de los cónyuges; y b) los bienes y propiedades adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio, a excepción de los supuestos previstos por la ley (básicamente los bienes y propiedades adquiridos por uno de los cónyuges antes del matrimonio, las donaciones o las herencias). En el artículo 1688, relativo a la participación de los cónyuges en los bienes comunes, se establece que estos participarán en la mitad de la comunidad conjunta de activos y pasivos y que cualquier otro acuerdo será nulo. En el artículo 1642, relativo a las disposiciones tras el fallecimiento, se establece que cada cónyuge tiene la facultad de disponer de sus propios bienes y de su parte de los bienes comunes tras el fallecimiento del otro cónyuge. Con respecto a la separación y el divorcio, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio y los motivos de la solicitud no alteran los derechos y deberes de cada uno de ellos, que se basan en la separación de personas y bienes y propiedades en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. En cuanto a la administración y enajenación de bienes, el matrimonio tiene los siguientes efectos: cada cónyuge administra sus propios bienes y propiedades y los del otro cónyuge, si este le ha conferido ese poder, de forma que cada uno de ellos está legitimado para realizar actos administrativos ordinarios sobre los bienes comunes de la pareja, pero para cualquier otro acto es necesario el consentimiento de ambos cónyuges (art. 1635), por ejemplo, en el caso de enajenación de bienes inmuebles (art. 1638) o de gravamen de bienes inmuebles (art. 1639). Además, cada cónyuge también debe administrar los ingresos de su trabajo (art. 1635, núm. 2, a)).

Los problemas que existen en Cabo Verde no están relacionados con el marco jurídico de las herencias o del patrimonio matrimonial. Más bien, se deben a la cultura predominante de la informalidad en lo que respecta a la transferencia de propiedades, especialmente de bienes inmuebles, incluso en casos de herencia. Esta informalidad se debe a la excesiva burocracia y al costo de los impuestos y tasas asociados, así como al desconocimiento del marco jurídico aplicable. Cabe señalar que no existen pruebas de que esta informalidad afecte de manera diferente a las mujeres y a los hombres. En el marco de la reforma en curso, mencionada en el párrafo 148 y siguientes del noveno informe del país al Comité, se adoptaron varias medidas para facilitar la formalización de las transferencias informales de bienes inmuebles, también en situaciones de herencia (párr. 148 iii), en particular).

Las dificultades afrontadas por las mujeres en situaciones de separación y divorcio no han sido objeto de una evaluación sistemática. Sin embargo, las situaciones cotidianas apuntan a dificultades vinculadas a la condición socioeconómica, por ejemplo: es habitual que las parejas separadas sigan viviendo en la misma casa para evitar el reparto de bienes y el establecimiento de un subsidio, debido a la imposibilidad económica; con frecuencia no se dispone de recursos para contratar a un abogado que apoye la distribución de bienes y contribuya a garantizar una división justa de los bienes y propiedades comunes; solo las personas con un salario inferior a 20.000 escudos pueden beneficiarse de la asistencia jurídica, y quienes tienen salarios más altos, aunque sigan siendo modestos, deben pagar los gastos asociados a los abogados y los tribunales, ambos muy costosos. Es probable que estas limitaciones afecten más a las mujeres que a los hombres, ya que hay menos mujeres económicamente independientes.

El Código Civil define la unión de hecho como la convivencia estable, monógama y seria de lecho, sustento y alojamiento entre dos personas de diferente sexo con capacidad jurídica para casarse, por un período de al menos 3 años, que pretenden establecer una familia a través de la vida plena en común (art. 1560). En el párrafo 5 del artículo 1562, sobre la formalización del matrimonio, se menciona que el reconocimiento de una unión de hecho equivale a la formalización del matrimonio. Reconocer una unión de hecho significa llevar a cabo un reconocimiento registrado (artículo 1711) en presencia del Secretario del Registro, siempre que la convivencia del hombre y la mujer cumpla los requisitos necesarios, que son básicamente los mismos que se aplican al matrimonio (a saber, ambos solicitantes deben estar en plena posesión de sus facultades mentales y no tener ningún impedimento matrimonial), que ambos sean mayores de 19 años de edad y que pueda concluirse que su vida en común tiene el carácter estable, monógamo y serio de un matrimonio. En el párrafo 2 de ese mismo artículo, se introduce la posibilidad de reconocer una unión de hecho independientemente de los años de convivencia cuando la pareja tenga uno o más descendientes (es decir, antes de los tres años de convivencia si la pareja en una unión de hecho tiene hijos). Según el artículo 1716, una unión de hecho reconocida equivale a un matrimonio y produce los mismos efectos jurídicos a partir de la fecha en que se formaliza la unión. De ese modo, se aplican las mismas disposiciones jurídicas descritas anteriormente, se reconocen los mismos derechos y deberes a ambos cohabitantes (mujer y hombre), así como las mismas consecuencias económicas y patrimoniales, y, en el momento de reconocer la unión, se permite que la pareja elija el régimen patrimonial, al igual que en los matrimonios. En los casos de divorcio de una unión reconocida, las disposiciones relativas a la custodia de los hijos, las prestaciones por hijos a cargo y el reparto de bienes son las mismas que en el caso del matrimonio, teniendo en cuenta que se trata de situaciones equivalentes desde el punto de vista jurídico.

Sin embargo, una pequeña proporción de las uniones de hecho no son reconocidas en Cabo Verde, debido al carácter informal de ese tipo de relaciones, así como a la falta de conocimiento del marco jurídico aplicable. El Código Civil brinda algunas respuestas a la realidad sociocultural de las uniones de hecho. Por ejemplo, en el artículo 1719 se introduce la noción de unión de hecho “reconocible”, aunque no esté reconocida: cuando una unión de hecho ha terminado, pero cumple los requisitos para su reconocimiento (unión reconocible), cualquiera de las partes puede solicitar a un Tribunal que le conceda un subsidio; el derecho a su participación en la propiedad común (como si se tratara de un divorcio: en ese caso se aplica el régimen subsidiario, a saber, la sociedad de gananciales); y el derecho a vivir en el hogar familiar, si la pareja tiene a su cargo hijos menores de edad. En el párrafo 2 de ese mismo artículo se prevé que, en caso de fallecimiento de una de las partes, los herederos legítimos, que en Cabo Verde suelen ser los hijos e hijas, podrán solicitar el reparto de los bienes comunes; y en el párrafo 5 se establece un período de 3 años, a partir de la fecha en que terminó la unión de hecho reconocible (aunque no reconocida), para que los excohabitantes reclamen sus derechos. También existe la posibilidad de poner fin a una unión de hecho reconocible por consentimiento mutuo, para lo que no se precisa un procedimiento judicial: los excohabitantes pueden ponerse de acuerdo sobre la patria potestad (cuando la pareja tiene hijos o hijas menores de edad), el reparto de los bienes y propiedades comunes adquiridos durante la unión y el uso de la vivienda familiar, siempre que lo hagan en el plazo de un año desde el fin de la unión, mediante una escritura pública o un acuerdo privado por escrito validado por un juez, un procedimiento similar al del divorcio por consentimiento mutuo, con las adaptaciones oportunas (art. 1721).

Tras la disolución de las uniones de hecho, las mujeres tienen a su disposición servicios de información y asistencia jurídica. El Colegio de Abogados de Cabo Verde garantiza la asistencia jurídica a las personas sin recursos económicos (los detalles sobre la asistencia jurídica figuran en los párrafos 101 a 104 del Documento Básico Común). Las ONG y los ayuntamientos (22) proporcionan información jurídica en virtud de los protocolos firmados con el Ministerio de Justicia, en sustitución de los servicios que anteriormente prestaban las casas de derecho.

Recogida de datos

La demora en la publicación de los resultados de dos importantes ejercicios estadísticos, a saber, el RGA y la IDRF III, hizo que se retrasara la presentación de información sobre la situación de las mujeres rurales y las mujeres pobres. No obstante, esa limitación se superó cuando se presentaron los resultados del RGA en septiembre de 2017 y los resultados finales de la IDRF III (2015) a finales de 2017, que se pusieron a disposición del público en 2018.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La igualdad de género es transversal al Plan del Gobierno para la Novena Legislatura (2016-2021), así como al PEDS (2017-2021), y se considera una cuestión fundamental para el desarrollo sostenible del país. El PEDS se elaboró a través de un proceso participativo con los distintos sectores, en el que varios grupos de trabajo respaldaron la incorporación de la perspectiva de género. En su calidad de partes interesadas del sistema nacional de planificación, los sectores deben ajustar la planificación y los presupuestos sectoriales al PEDS. Como se indica en el párrafo 213 del noveno informe del país al Comité, una evaluación rápida del Plan del Gobierno demuestra que está en consonancia con los ODS, en especial con el Objetivo 5. Esto también se aplica al PEDS, que se preparó teniendo en cuenta los principios de la Agenda 2030 y los ODS. En cada programa del PEDS se mencionan los ODS a los que contribuye dicho programa, y el 74,4 % de los indicadores de los efectos del marco de resultados del PEDS son indicadores de los ODS, lo que permite realizar un seguimiento y una evaluación integrados.

El Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Planificación (DNP), se encarga de supervisar los progresos en la consecución de los ODS, así como en la implementación del PEDS. La DNP trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, que ha creado grupos de trabajo intersectoriales para recabar y recopilar datos sobre los avances en materia de ODS y de actualizarlos periódicamente. El ICIEG es miembro de tres grupos de trabajo relativos a los Objetivos 5, 8 y 10. En junio de 2018 Cabo Verde presentó su informe nacional voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En dicho informe se describen las políticas de género en curso y se presentan la mayoría de los indicadores de los ODS desglosados por sexo.

El pilar del PEDS relativo a la intervención en materia de género, al igual que ocurre con los ejes estratégicos del PNIG (2015-2018), se organiza en torno a tres cuestiones principales, a saber: el empoderamiento económico de las mujeres (economía productiva y reproductiva, educación y formación profesional), muy relacionado con las metas 5.4 y 5.a del Objetivo 5; la autonomía física de las mujeres y las niñas (lucha contra la violencia de género, salud y derechos sexuales y reproductivos), relacionada con las metas 5.2, 5.3 y 5.6 del Objetivo 5; y el liderazgo y la participación política de las mujeres (participación en las esferas decisorias y en el ámbito de la política), que se corresponden con la meta 5.5 del Objetivo 5. El eje estratégico relativo al fortalecimiento institucional con vistas a incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas hace referencia a la coordinación, el apoyo técnico, la producción y el análisis de estadísticas y los instrumentos de planificación y presupuestación que tengan en cuenta las cuestiones de género, para contribuir a la incorporación de dicha perspectiva en los marcos nacionales de desarrollo y a nivel sectorial y local.

Como ya se ha mencionado, Cabo Verde ha implantado un marcador de género en los presupuestos del Estado, de forma que el país está avanzando hacia la consecución del indicador 5.c.1 del Objetivo 5.

A nivel local, se está poniendo en marcha un programa para la adaptación de los ODS al contexto local en 9 municipios piloto (que posteriormente se extenderá a todos los demás). El programa comenzó con actividades de sensibilización en materia de ODS (difundiendo el marco de los Objetivos, vinculándolos a los diferentes departamentos de los ayuntamientos y a las prioridades municipales, así como a las prioridades de la población y los interesados locales, incluidas las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la igualdad de género), que estuvieron seguidas por un diagnóstico participativo y la creación de Planes Estratégicos Municipales para el Desarrollo Sostenible (PEMDS), y su posterior implementación, seguimiento y evaluación. El marco de resultados de los PEMDS incluye cinco pilares para el desarrollo sostenible, a saber: a) el desarrollo económico y el empleo a nivel local; b) los servicios sociales; c) la gestión ambiental y del riesgo; d) la gobernanza y la descentralización; y e) la promoción de la igualdad de género. A fin de responder a los problemas detectados en la fase de diagnóstico, se desarrollan programas para cada pilar, que se elaboran con más detalle en forma de proyectos. En las directrices se recomienda que en los cuatro primeros pilares se incluya un proyecto para la promoción de la igualdad de género. En cada programa se destacan los ODS a los que se contribuye, así como los correspondientes planes estratégicos para el desarrollo sostenible, a fin de facilitar el diálogo y la coordinación a nivel nacional y con los sectores pertinentes para su implementación. La Guía práctica para la adaptación de los ODS al contexto local y la planificación estratégica municipal, preparada por el programa en apoyo del proceso de planificación, cuenta con una sección específica sobre la incorporación de la perspectiva de género en la que se determinan tres fases que están en consonancia con el proceso de elaboración de los PEMDS, así como las herramientas y metodologías que deben utilizar los facilitadores de género (sensibilización y capacitación en materia de género; capacitación sobre cómo incorporar la perspectiva de género en la planificación estratégica, incluida la preparación de diagnósticos locales en materia de género; y el seguimiento y la evaluación). Los PEMDS se desarrollan a través de una plataforma de interesados locales de todos los sectores municipales (privados y públicos). El plan de formación para las plataformas locales se define en función de las necesidades de cada una de ellas e incluye capacitación en materia de igualdad de género, planificación y presupuestación con perspectiva de género, alineación de los planes y programas al ODS 5, entre otras cosas. Posteriormente, se establece una Comisión de Trabajo para cada uno de los cinco pilares de los PEMDS, incluida una Comisión de Género, si bien las demás comisiones también tienen la responsabilidad de incluir la igualdad de género en sus debates. Las Comisiones también desempeñarán un papel en el seguimiento y la evaluación, junto con otras partes interesadas (como los consejeros competentes de los ayuntamientos, entre otros).