Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
72° período de sesiones
18 de febrero a 8 de marzo 2019
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estadospartes en virtud del artículo 18 de la Convención
Lista de cuestiones y preguntas relativa al noveno informe periódico de Colombia
Adición
Respuestas de Colombia *
[Fecha de recepción: 9 de noviembre de 2018]
Acrónimos y siglas
ADRAgencia de Desarrollo Rural
AECIDAgencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ANTAgencia Nacional de Tierras
CERREMComité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas
CPEMConsejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
COATCentro Operativo Anti-Trata de Personas
CONPESConsejo de Política Económica y Social
CSIVIComisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz
CSJConsejo Superior de la Judicatura
DANEDepartamento Administrativo Nacional de Estadísticas
DDHHDerechos Humanos
DNPDepartamento Nacional de Planeación
DSRDerechos Sexuales y Reproductivos
DPSDepartamento Prosperidad Social
ESCNNAEstrategia Nacional de Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes
FARC-EPFuerza Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
FGNFiscalía General de la Nación
ICBFInstituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICFESInstituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
IVEInterrupción Voluntaria del Embarazo
IRIInstituto Republicano Internacional
LGBTILesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales
MADRMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural
MENMinisterio de Educación Nacional
MEFModelos Educativos Flexibles
MGFMutilación Genital Femenina
MIASModelo Integral de Atención en Salud
MIUTMatrimonio Infantil y las uniones tempranas
MSPSMinisterio de Salud y Protección Social
NNANiños, niñas, adolescentes
NNNiños, niñas
OACNUDHOficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OACPOficina del Alto Comisionado para la Paz
ODSObjetivo de Desarrollo Sostenible
OITOrganización Internacional del Trabajo
ONU MujeresEntidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer de Naciones Unidas
ONICOrganización Nacional Indígena de Colombia
PAISPolítica de Atención Integral en Salud
PDTSPlan de Desarrollo Territorial
PNUDPrograma de Naciones Unidas para el Desarrollo
PTNPuntos Transitorios de Normalización
SGSSSSistema General de Seguridad Social en Salud
SIVIGESistema Integrado de Violencias de Género
SIVIGILASistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
SNBFSistema Nacional de Bienestar Familiar
SPOASistema de información para el Sistema Penal Oral Acusatorio
SSRSalud Sexual y Reproductiva
UARIVUnidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
UEUnión Europea
UNICEFFondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNFPAFondo de Poblaciones de Naciones Unidas
UNODCOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNPUnidad Nacional de Protección
VBGViolencia Basada en Género
VGViolencia de Género
VIFViolencia Intrafamiliar
VSViolencia Sexual
ZVNTZonas Veredales Transitorias de Normalización
Introducción
El proceso de respuesta al listado de cuestiones fue liderado por la Cancillería, con el acompañamiento de la CPEM y la participación de la institucionalidad nacional concernida.
El ejercicio inició en el segundo semestre de 2018, con el propósito de brindar respuesta al Comité y renovar el compromiso del Estado colombiano con la garantía, promoción, protección y defensa de los DDHH de las mujeres y niñas en todo el territorio nacional.
Con el apoyo de ONU Mujeres y el acompañamiento de la experta Line Bareiro, el 30 de octubre de 2018 tuvo lugar un taller interinstitucional encaminado a sensibilizar a las entidades concernidas y a los funcionarios y funcionaras sobre los ejes temáticos de la Convención, y ahondar en los aspectos técnicos y logísticos relacionados con la sustentación, cuya etapa previa precisa transmitir el presente listado de cuestiones.
Marco constitucional, legislativo e institucional
El Estado colombiano adopta medidas para incorporar el principio de igualdad, la perspectiva de género y el enfoque diferencial en las políticas, planes y programas en los niveles ejecutivo, legislativo y judicial de la administración pública.
Al tenor de las directrices emanadas por la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus ODS, Colombia avanza en la implementación de la Agenda 2030
La estrategia de los ODS se recoge en el CONPES 3918/2018, documento que traza la hoja de ruta para implementar integrada e indivisiblemente la promoción de la igualdad de género a través de medidas claras y concretas para abordar las metas y dimensiones del ODS 5. El CONPES, incorpora un conjunto de indicadores que tienen relación directa con las problemáticas, intereses y necesidades de las mujeres colombianas. Para el monitoreo se implementó una plataforma en línea la cual es administrada por el DANE y el DNP.
En lo que atañe a la discriminación intersectorial, el Ministerio del Interior trabaja para y con diferentes grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, inter alía, pueblos indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales, Rrom, mujeres, personas LGBTI, personas con discapacidad, defensores(as) de DDHH.
Colombia dispone del Plan Estadístico Nacional-PEN, 2017-2022 (Decreto 1743/2016) el cual consagra acciones para el fortalecimiento de la producción y difusión estadística. El Plan prevé la inclusión del enfoque diferencial e interseccional para disponer de insumos y analizar las especificidades de los grupos poblacionales de acuerdo con los enfoques de género, discapacidad, pertenencia étnica, curso de vida y otras características socioeconómicas, así como las intersecciones entre dichas variables.
El DANE trabajó con las comunidades étnicas para el diseño e implementación del Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV 2018. El proceso de participación se desarrolló en cuatro etapas (comunicación y sensibilización, aprendizaje, gestión de personal, y operativo de recolección) y el resultado permitió la inclusión de la pregunta sobre auto-reconocimiento de las personas.
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo de Paz)reconoce la diversidad cultural y étnica y la afectación diferencial de los pueblos, comunidades y colectivos a causa del conflicto armado. La implementación del Acuerdo de Paz dispone de condiciones para que la igualdad sea efectiva adoptando medidas en favor de los grupos discriminados desde un enfoque territorial, diferencial y de género. El Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz precisa metas y estrategias en ese ámbito y consagra 51 indicadores de género.
Para la ejecución efectiva del CONPES 161 y CONPES 3784, en 2017 se realizó la evaluación institucional y de resultados cuyos resultados son insumo relevante para la actualización de acciones, metas y presupuestos de las referidas políticas que cursa en la actualidad. Las evaluaciones contaron con la participación de mujeres, víctimas, organizaciones y plataformas representantes de las víctimas.
Desde el MADR se consolidaron 83 enlaces de género en el sector agropecuario tanto a nivel nacional como territorial. Asimismo, se creó la Mesa de Género, Mujer y Paz del Sector Rural, como un mecanismo interinstitucional de coordinación para adelantar iniciativas en un contexto de estabilización posterior al Acuerdo de Paz.
Acceso a la justicia
Para abordar las barreras de acceso a la justicia de las mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas, la CPEM acompañó el diseño e implementación de la metodología para construir planes de incidencia y agendas de mujeres indígenas y afro en materia de prevención de VG, participación y liderazgo.
Lo anterior derivó en el diseño de 7 planes; la consolidación de un diagnóstico de violencias con la participación de 200 lideresas; 10 procesos formativos y de sensibilización con 203 mujeres; y el fortalecimiento de vínculos entre organizaciones y colectivos de mujeres con la institucionalidad local y regional. Estas metodologías son replicables e insumo relevante para disponer de agendas de incidencia en todo el territorio nacional.
La FGN adoptó Directivas dirigidas a fiscales y funcionarios encargados de funciones de policía judicial acerca de los parámetros para garantizar la debida diligencia al realizar investigaciones en los casos de violencia contra la mujer y establecer lineamientos para la protección de las víctimas evitando su revictimización. Las Directivas proferidas aluden a: Protección de NNA; Investigación del delito de feminicidio; Persecución penal del delito de VIF.
En atención a los criterios interpretativos y a los mecanismos existentes para aplicar el Acuerdo 10554/2016, los magistrados y magistradas de las Altas Cortes diseñaron los Criterios de equidad para una administración con perspectiva de Género, publicación ampliamente divulgada y recientemente actualizada en la página web de la Rama Judicial que facilita, respetando la autonomía de los funcionarios judiciales, la verificación en línea de los criterios orientadores para determinar las categorías sospechosas (género) y establecer el procedimiento judicial acorde al caso (categorías y subcategorías). Una vez se determina que el caso atiende un tema de género, el funcionario judicial realiza una valoración favorable de cargas y costos para las mujeres víctimas de VBG.
Los Criterios son un instrumento sencillo y práctico que orienta a los operadores judiciales en el análisis jurídico, resolución y juzgamiento de los casos; además facilita que la argumentación y las referencias normativas y convencionales aplicables a la perspectiva de Género se plasmen de forma efectiva en las decisiones judiciales.
La Rama Judicial no ha evaluado aún el impacto de la coordinación interjurisdiccional en relación con los casos de VS y doméstica en mujeres indígenas. Asiste el interés de realizar un levantamiento de información para identificar las principales problemáticas relacionadas con violencia en mujeres, NN con el fin de estructurar contenidos transversales para que obren en el módulo de formación de la Jurisdicción Especial Indígena que se encuentra en etapa de diseño.
El Ministerio de Justicia adelanta acciones de fortalecimiento de las Comisarías de Familia en temas relacionados con atención y judicialización de las VBG, protección a víctimas, coordinación entre autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y territorial, y calidad del servicio. Asimismo, elaboró y socializó diversos instrumentos que facilitan el acceso a la justicia, la toma de decisión y seguimiento a las medidas de protección impuestas. (párrafo 26 Informe Nacional). En 2018 se dispuso el fortalecimiento técnico de las Comisarias en 12 municipios priorizados de los Departamentos de Chocó Cauca y Nariño.
Mecanismo Nacional
En atención a los resultados electorales para 2018-2022, una mujer ejercerá el segundo cargo más alto del nivel ejecutivo, como Vicepresidenta de la República. Mediante Decreto 1714/2018, se le confío a ella brindar apoyo al Presidente de la República en temas de Equidad de Género, hecho que fortalece políticamente al Mecanismo. Asimismo, para 2019 la asignación presupuestal de la CPEM se incrementa en un 750% con respecto a anteriores vigencias.
Con miras a promover la participación y empoderamiento de las mujeres hacia un desarrollo sostenible en todo el territorio nacional, el Plan Nacional de Desarrollo que estructura el Gobierno Nacional incorpora un capítulo sobre equidad de género para las mujeres.
En la actualidad se estructura el Plan de Acción del CONPES 161 (párrafo 11 supra) el cual contiene ajustes a las funciones de la Comisión Intersectorial con el propósito de fortalecer su labor.
La CPEM, en calidad de secretaría técnica de la Comisión Intersectorial, desarrolló y presentó un lineamiento sobre Orientaciones para la territorialización de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. Este instrumento impulsa acciones de implementación de la política ajustadas a las realidades locales para la consolidación de los mecanismos de diálogo formal entre las organizaciones de mujeres y las autoridades, a través de: Armonización de las políticas nación–territorio; Definición de programas estratégicos en lo local; y Fortalecimiento de los mecanismos para el adelanto de la mujer y la transversalización de género, incluidos presupuestos sensibles al género.
Mujer, paz y seguridad
Los 51 indicadores diseñados en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, son monitoreados a través del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto-SIIPO. El sistema, administrado por la Alta Consejería para el Posconflicto, dispone de información sobre los avances en la transversalización del enfoque de género y en la ejecución de los recursos asociados. La CPEM tiene la misión de elaborar reportes de monitoreo para analizar los avances en esta materia.
La CSIVI es una instancia integrada por tres representantes de alto nivel del Gobierno Nacional (OACP, Alta Consejería para el Posconflicto y Ministerio del Interior) y tres representantes de las FARC-EP. La CSIVI tiene una Secretaría Técnica a cargo de delegados del Gobierno Nacional y de exintegrantes de las FARC-EP. Desde su creación, la CSIVI sesiona para revisar los proyectos normativos en desarrollo del Acuerdo de Paz y se pronuncia sobre su consonancia con el contenido de lo acordado.
Mediante Decreto 1417/2018 se actualiza la organización y funcionamiento de la CSIVI y consagra que los representantes de las FARC-EP, podrán, con sujeción a la ley y demás normas pertinentes, acudir a la cooperación internacional para generar las condiciones y medios necesarios para el ejercicio de sus funciones. A mayo de 2018 el equipo técnico de apoyo de las FARC-EP fue financiado por Noruega y los recursos ejecutados a través del PNUD.
El Gobierno Nacional, en seguimiento e impulso al Acuerdo de Paz que realiza la CSIVI, adelanta espacios de coordinación institucional con las entidades responsables para revisar los avances en la incorporación del enfoque de género. Lo anterior, ya que el enfoque de género fue incluido en al menos 25 normas expedidas.
En aras de cumplir con la transversalización del enfoque de género se expidió el Decreto 1418/2018, que crea la Comisión Intersectorial para la incorporación del enfoque de Género en la implementación del Acuerdo de Paz (en adelante Alta Instancia de Género de Gobierno). El proyecto de Decreto fue revisado por la CSIVI y socializado con la Instancia Especial de Mujeres para el seguimiento al enfoque de género (en adelante Instancia)
La referida Comisión debe coordinar, armonizar e impulsar la ejecución de las medidas concretas y transversales con enfoque de género en la Implementación del Acuerdo de Paz y el Plan Marco. Por tanto, debe sostener interlocución con todas las instancias relacionadas con el impulso verificación e implementación del Acuerdo de Paz, incluida la CSIVI y la Instancia.
La Instancia fue instalada el 28 de julio de 2017 y se reúne mensualmente. En diciembre de 2017, a través del Comunicado Conjunto Número 21, fue seleccionada la representante de las mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras y cinco suplencias territoriales.
Desde su instalación, la Instancia ha sostenido espacios de interlocución con la CSIVI y el componente técnico de género, surtiendo 10 reuniones en las que abordaron temas relativos a: Avances en la implementación del Acuerdo de Paz; Socialización del Plan Marco de Implementación; Presentación del Plan de Trabajo ante la CSIVI; Presentación de la Estrategia de reincorporación de mujeres ex combatientes.
Frente a la participación activa y abierta de las mujeres en los órganos de toma de decisiones establecidos para la etapa de transición a la paz, el Tomo VII de la Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP, publicado en julio de 2018, esboza cómo la participación de mujeres en desarrollo de los diálogos y la construcción del Acuerdo de Paz fue histórica y un referente a nivel internacional. Ello supone que en la etapa de implementación esa participación debe ser igualmente relevante.
En el marco del CONPES 3918/2018, la paridad de género en los órganos de toma de decisiones establecidos para la etapa de transición a la paz contiene una meta trazadora para la medición a través del indicador: Participación de la Mujer en los Cargos Directivos, meta que para el 2018 se estableció en un 44.5% y para el 2030 en 50%.
Como instancia rectora de la política de paz, la OACP realizó reuniones estratégicas en 2018 con organizaciones de mujeres y población LGBT para garantizar su participación en la construcción de paz.
Con el objetivo de implementar medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, brindando herramientas para la reconstrucción del proyecto de vida, se diseñó y puso en marcha en las ZVTN y en los PTN la Estrategia de Reparación Integral, Convivencia y Paz, con la cual se han acompañamiento psicosocialmente a 12.453 víctimas del conflicto armado en su primera fase de implementación.
El reconocimiento de la VS como hecho victimizante ocurrido principalmente contra las mujeres en el conflicto armado, representa un importante avance en la visibilización del impacto desproporcionado y de las brechas de género que se manifiestan principalmente contra las mujeres. Desde la UARIV se avanza en materia de derechos de las mujeres y en el abordaje de la VS, con el fin de posicionar las afectaciones y necesidades específicas de las mujeres en todos los procesos de atención, asistencia y reparación integral, contribuyendo a la superación de los factores estructurales de discriminación y violencia que les impiden a las mujeres constituirse como sujetos plenos de derechos.
Para avanzar en la reparación integral, la transformación de prejuicios y estereotipos y así mitigar daños individuales, sociales, familiares, comunitarios y organizativos de las víctimas de VS, la UARIV puso en marcha la Estrategia de Reparación Individual a Mujeres Víctimas de VS en el Marco del Conflicto Armado (párrafo 42 Informe Nacional). A julio de 2018, la Estrategia atendió 2.644 mujeres, aumentando en 975, respecto de lo reportado en el IX Informe.
A 31 de julio de 2018, se registra una cifra histórica de indemnizaciones administrativas otorgadas a 7.876 mujeres víctimas de VS por el hecho victimizante de delitos contra la libertad e integridad sexual por un valor de 47.995.176 USD.
Medidas especiales temporales
Con el propósito de aumentar la participación política y social en espacios de toma de decisión, el Estado colombiano impulsa el fortalecimiento de organizaciones de mujeres, en particular de aquellas registradas en la base de datos de consejos comunitarios y organizaciones que administra el Ministerio del Interior, en temas de legislación afrocolombiana; derechos étnicos; enfoque diferencial; política pública y liderazgo.
En 2018 el Ministerio del Interior implementó 16 escuelas de formación política para mujeres en municipios priorizados en el PDTS. Anualmente tiene lugar la Cumbre de Mujeres Electas con el propósito de visibilizar, articular y fortalecer la incidencia política y la participación ciudadana efectiva.
En lo concerniente con la Política Pública de Víctimas, uno de los grandes avances para la participación de ellas es el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del territorio colombiano y de enfoques diferenciales. Al tenor de lo anterior, el Protocolo de Participación de Víctimas, único en su tipo, es un instrumento que garantiza la representación de los enfoques diferenciales. Los grupos étnicos tienen representación directa a través de sus autoridades tradicionales. En la actualidad se encuentran instaladas 1.020 mesas de participación de victimas en todo el territorio nacional. Hay dos representantes que viven en el Extranjero y hacen parte de la mesa de victimas del orden nacional.
Estereotipos de género discriminatorios y prácticas nocivas
Para abordar la discriminación interseccional contra las mujeres y cambiar los patrones sociales y culturales se precisan las siguientes acciones en los sectores de salud, educación y función pública:
Desde el 2017 el sector salud realizó el levantamiento de una línea de base de género y salud. Mediante acciones de cooperación, se desarrolla un diagnóstico que incorpora perspectivas comparadas de salud y género, incluyendo situaciones de inequidad que enfrentan mujeres y hombres;
El MSPS actualiza el Lineamiento técnico y metodológico para las transversalización del enfoque de género en salud y protección social y el documento de recomendaciones sobre la incorporación del enfoque de género en el PAIS y en la implementación del MIAS;
El MEN implementa los MEF como una estrategia de política sectorial para la generación de coberturas en zonas rurales a población estudiantil en situación de vulnerabilidad;
La Función Pública trabaja por la promoción y adopción de horarios flexibles. Asimismo, prevé el otorgamiento de permisos remunerados en los casos de atención de citas médicas, atenciones especiales de hijos e hijas menores de edad o personas a cargo en condición de discapacidad y lo que contempla la economía de cuidado.
Al tenor de lo contenido en el CONPES 161, el Ministerio del Interior, en articulación con el Ministerio de Defensa, cursa un proyecto de nuevas masculinidades. El proyecto dispone una estrategia de comunicación para el empoderamiento de los hombres y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La Estrategia en su primera fase está dirigida a personal de la fuerza pública y funcionarios de las entidades territoriales.
Desde 2017 la CPEM, en alianza con la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política, emprendió el proceso denominado “Cualificación de las capacidades de incidencia de las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas del conflicto armado, y de la institucionalidad en materia de prevención de VG, participación y liderazgo”. El ámbito de acción del proceso comprende los municipios de Totoró, Buenos Aires, Guachené, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Santander y Popayán (párrafo 14 supra).
En 2017 y 2018 como parte de las acciones del componente de entorno social del Plan Nacional de Formación para la Ciudadanía, el MEN realizó 10 campamentos GENeración PAZcífica con el propósito de fortalecer competencias ciudadanas para el ejercicio de los DDHH con estudiantes y docentes de las 95 secretarías de educación. En los campamentos participaron cerca de 1000 estudiantes y 600 docentes, privilegiando la participación de niñas, mujeres indígenas y afrocolombianas.
Con el liderazgo del sector salud y el concurso de la institucionalidad concernida, se elaboró el Plan de Acción lnterinstitucional para la Erradicación de Prácticas Nocivas para la Salud y Vida de las Mujeres y Niñas Indígenas, con especial atención en la MGF. Considerando el firme propósito de prevenir y erradicar la MGF se citan los siguientes avances circunscritos en el Plan:
Implementación del proyecto Acciones de educación en salud para el desarrollo de capacidades familiares y comunitarias de los Emberá Chamí y Emberá Katío y el mejoramiento de la salud materno infantil y la SSR con énfasis en la prevención y atención de la MGF;
1593 personas capacitadas en SSR, salud materno infantil y prevención de la MGF;
Diálogo y articulación con 23 parteras Embera Chamí para la construcción y puesta en marcha de la estrategia de vigilancia comunitaria en el seguimiento permanente a casos de MGF y al estado de salud de la primera infancia y las mujeres gestantes;
Inclusión en el SIVIGE de la MGF como una de las formas de VS de carácter no fatal, con el objetivo de disminuir el subregistro de casos;
Jornada de socialización de experiencias demostrativas sobre prevención y erradicación de la MGF. Esta acción tuvo como antecedente la definición de acciones conjuntas entre el MSPS, ONIC, el ICBF y las Secretarias Distritales de Salud;
Conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la MGF a través de acciones de visibilización.
La violencia contra las mujeres
Con el propósito de brindar respuestas integrales y oportunas en materia de prevención, atención y sanción a todo tipo de violencias contra las mujeres, fue creado el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las VG, el cual constituye un espacio técnico de apoyo a la gestión, implementación y seguimiento de las políticas públicas, a través de la integración de 4 subcomités temáticos.
El mecanismo es liderado por el MSPS, la CPEM y el ICBF entidades que han centrado el trabajo en el ajuste de rutas de atención diferenciadas y la definición de un sistema integrado nacional de información de las violencias contra las mujeres armonizado con el Observatorio de Violencias.
De acuerdo con el SPOA, la FGN ha conocido 1.437 casos por el delito de Feminicidio encontrándose 960 activos y 477 inactivos. 412 cuentan con sentencia de las cuales 397 son condenatorias. En el Anexo 1 se especifica la etapa procesal y en el Anexo 2 el detalle del estatus de las sentencias.
Sobre las medidas adoptadas para erradicar la impunidad se reitera que la violencia feminicida es un objetivo estratégico de la FGN y con la expedición de la Ley 1761/2015 se implementó un Plan de Acción encaminado a la eficiencia y eficacia de las investigaciones relacionadas con esta tipología de delito y al cumplimiento de las obligaciones diferenciales que impone la citada norma.
La FGN en sus 35 Direcciones Seccionales dispone de un Fiscal destacado, a quien desde el nivel central se le suministra apoyo, asesoramiento y asistencia técnica-investigativa en terreno. Las Direcciones cuentan con un Comité para el seguimiento de casos por feminicidio. A agosto de 2018 los comités habían revisado 209 casos. Asimismo, se implementaron estrategias para las mujeres que requieren una respuesta rápida en justicia, haciendo seguimiento y priorizando las investigaciones donde las víctimas tienen riesgo grave o severo de violencia feminicida o donde los perpetradores son reincidentes.
El CSJ adelanta estrategias de seguimiento nacional a los despachos judiciales, con el fin de determinar el número de sentencias proferidas con enfoque de género y la inclusión de la normativa nacional e internacional en las decisiones judiciales. Este proceso implica la verificación de la aplicación de los Criterios de equidad (párrafo 16 supra) y las estadísticas de casos y reporte de indicadores de perspectiva de género y enfoque diferencial que arroja la herramienta virtual web Listas de Verificación de Género. Los reportes en línea permiten un detalle nacional del estado actual de implementación e incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales.
La FGN con miras a fortalecer a los operadores judiciales en la identificación adecuada de los factores causales de la VG, implementa anualmente el Plan Institucional de Formación y Capacitación –PIFC. Se dispone de un curso de violencia feminicida y un diplomado virtual de violencia contra las mujeres y feminicidio, los cuales recaban en la aplicación del principio de la debida diligencia, el diagnóstico de los factores de riesgo de feminicidio y en la Directiva para la investigación y judicialización del feminicidio.
El CSJ a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en su Plan Anual de Formación dispone del Programa de Formación en Incorporación de la Perspectiva de Género en la administración de justicia. En 2018 son vinculados al Programa los jueces de familia.
En atención a las medidas adoptadas para investigar y enjuiciar todos los casos de abuso sexual de niñas, de conformidad con la supremacía del interés del menor, la FGN priorizó la investigación y judicialización de los hechos relacionados con VS ejercida contra NNA, por lo que cada una de las 35 Direcciones Seccionales dispone de modelos de atención e investigación que dan prioridad a este grupo poblacional.
Para garantizar que el Protocolo de Investigación y judicialización de la VS se aplique adecuadamente, la FGN fortalece los procesos de formación y capacitación para que los Fiscales y funcionarios judiciales apropien los estándares aplicables a la investigación de casos de VS según lo contenido en el Protocolo. Aunado a ello, se diseñó la Lista de Chequeo para la investigación de VS, la cual resulta una guía práctica que ajusta, amplía y desarrolla los contenidos del Protocolo. La Lista se compone de cuatro módulos que abordan aspectos centrales en la investigación de la VS. En el Anexo 3 se registra la información aportada por la FGN sobre procesamientos relacionados con casos de VS presuntamente perpetrados por autoridades públicas y agentes del orden.
Para fortalecer la capacidad institucional para la aplicación efectiva de la Ley 1257, en 2018 se fortalecieron técnicamente las Comisarias de Familia y el mecanismo de articulación intersectorial de atención de las VG desde una perspectiva de derechos en 12 municipios priorizados (párrafo 19 supra)
Para evitar la estigmatización de las víctimas de violencia y abusos sexuales, el Gobierno Nacional creó un espacio de articulación permanente denominado Mesa Técnica Interinstitucional para la Reparación Simbólica de las mujeres Víctimas de VS en el marco del conflicto armado interno. Este escenario facilita la acción gubernamental gradual, progresiva y sostenible en el acceso y goce de los derechos a la reparación simbólica y contribuir a la transformación de imaginarios y de factores que incidieron, permitieron y naturalizaron estas graves agresiones.
Como se precisó a instancias del Comité, el SIVIGE es un sistema que permite la interoperabilidad con diferentes fuentes de información que registran tanto el comportamiento de las VS como la respuesta institucional para el restablecimiento de los derechos. El SIVIGE se circunscribe en uno de los subcomites del Mecanismo Articulador (párrafo 47 supra) denominado Sistemas de Información el cual es coordinado por el MSPS y el DANE.
El SIVIGE se encuentra alojado actualmente en el Observatorio Nacional de VG, para lo cual se trabaja en una propuesta de organización de la información a través de una serie de indicadores relaciones con: Caracterización VG; Caracterización de las víctimas y el agresor; Impacto de las VG (Individual/Social); Respuesta Institucional de las VG; Normas, roles y estereotipos de las VG. A la fecha se dispone de la conceptualización de la VS; violencia física y psicológica.
Con el fin de promover acciones de prevención y construcción de entornos protectores para la primera infancia, el ICBF dispone de un plan de acompañamiento a familias o cuidadores y mujeres gestantes que responde a sus necesidades, intereses y características, para fortalecer las prácticas de cuidado y crianza de NN de manera que se promueva su desarrollo integral. En 2017 y 2018 se han desarrollado campañas de sensibilización a NNA, padres, madres y cuidadores, en el marco de la promoción de sus derechos, así como la prevención de sus vulneraciones.
Tráfico y explotación sexual
Para aplicar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas entre 2017-2018 el Ministerio del Interior brindó asistencia técnica en 30 departamentos sobre marco normativo; competencia de los comités; caracterización, finalidades y tipos de trata de personas; programa de asistencia.
Con el ánimo de fortalecer la articulación interinstitucional se previó la ejecución de Convenios Interadministrativos, inter alía: ICBF y FGN (Convenio 0990); Secretaria de Educación de Bogotá D.C y FGN; MSPS y FGN (Convenio 627). Adicionalmente se trabaja en conjunto con la sociedad civil y con diversas organizaciones internacionales en acciones que enfatizan en la prevención e investigación. (párrafo 93 Informe Nacional)
La FGN y la Policía Nacional desarrollan conjuntamente un plan de acción en el que se destaca la instalación de la Mesa de Trabajo No. 5 sobre Infancia y Adolescencia, cuyo objetivo es diseñar estrategias y acciones coordinadas para mejorar la respuesta institucional frente a situaciones victimizantes contra NNA y el uso de menores de edad para la comisión de delitos.
En referencia con las medidas adoptadas para hacer frente a la prevalencia de la trata, la explotación sexual y la VS que enfrentan las mujeres y niñas migrantes y refugiadas, el Ministerio del Interior como Secretaría Técnica del Comité lnterinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas coordina y articula los casos con las entidades competentes en materia de asistencia e investigación.
Se precisa al Honorable Comité que cuando una autoridad administrativa conoce de un caso de explotación sexual y VS de niñas y adolescentes migrantes o refugiadas, se da inicio al proceso administrativo de restablecimiento de derechos e inmediatamente se activa la ruta de atención de VS. El caso se remite a la FGN para que adelante las investigaciones.
De confirmarse un caso de trata de personas con fines de matrimonio servil, servidumbre o trabajos forzados, la autoridad administrativa pone en conocimiento al COAT, quien articula con las entidades judiciales para la identificación y judicialización de los responsables. En caso de que el delito haya sido con fines de explotación sexual, además de realizar la articulación con el COAT, la autoridad administrativa activa la ruta de atención de VS. Para el restablecimiento de derechos en los casos que involucran menores de edad se articula con el ICBF.
La explotación sexual de las ciudadanas venezolanas se aborda en la Comisión lntersectorial para las Migraciones en donde conjuntamente se adelantan acciones para dar respuesta a este fenómeno. El Grupo de Lucha contra la Trata de Personas en el marco del Observatorio del Delito adelanta investigaciones referentes a este flagelo y a la migración venezolana con el propósito de disponer de documentación que oriente de forma efectiva las acciones a seguir.
La FGN al tenor de lo anterior participa activamente en los distintos escenarios y dispone de policía judicial para adelantar labores de verificación de los hechos conocidos a través de las Direcciones Seccionales e instancias de coordinación.
En lo que atañe a la identificación de los presuntos autores, corresponde como entidades competentes en investigación y judicialización a la Policía Nacional y la FGN (Decreto 4222/2006 y Decretos 016/2014 y 898/2017, respectivamente).
En relación con las medidas adoptadas para prevenir la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso de mujeres indígenas, afrocolombianas y desplazadas internamente, el Ministerio del Interior articula acciones de sensibilización y prevención del delito con estas poblaciones.
En 2018 se aprobó la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y la Línea de Política de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de NNA con el fin de promover una atención integral y propender por un trabajo articulado entre las instituciones del SNBF.
En el marco de la prevención de la ESCNNA y la Trata con fines sexuales en desarrollo de la Estrategia de triple frontera: Colombia - Brasil – Perú se dirigen acciones a NNA, prestadores de servicios turísticos, docentes, padres, madres y cuidadores, particularmente en los municipios de Leticia y Puerto Nariño (Amazonas) y servidores públicos. En estas acciones confluye la acción de la FGN y el ICBF en coordinación con UNICEF y la Fundación Renacer.
La FGN trabaja con diversas organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de identificar eventos de trata de personas y explotación. De igual manera, dispuso un grupo de trabajo especial que realiza seguimiento a eventos de violencias ejercidas contra grupos de especial protección, logrando el impulso de casos en esta materia.
Participación en la vida política y pública
Colombia continúa promoviendo la participación de las mujeres en escenarios internacionales y nacionales para garantizar la integración de la perspectiva de género y el goce efectivo de DDHH en igualdad de condiciones.
Al tenor de lo anterior se precisa la conformación del gabinete paritario ministerial, toda vez que ocho de los dieciséis ministerios están liderados por mujeres. Asimismo, fueron designadas mujeres como directoras del DPS, el DNP, la ANT y el ICFES.
El Ministerio del Interior adelanta estrategias para promover la participación de las mujeres en el territorio. La primera de ellas, referida en el IX Informe Nacional, relativa a la Estrategia Más Mujeres, Más Democracia, la cual tiene varios componentes entre ellos una página web en la que las candidatas pueden crear su propia interfaz y compartir sus propuestas y programas de gobierno y dar alcance en redes sociales.
La Estrategia dispone de las Escuelas de Formación Política las cuales permiten la capacitación de las usarías en diferentes ámbitos como estrategias de campaña y fortalecimiento del liderazgo y toma de decisiones en el accionar de su territorio. Para brindar apoyo constante a los procesos de incidencia de las mujeres y de las diferentes organizaciones las acciones en precedencia se implementan permanentemente y no solo en época electoral.
Al evaluar las estrategias en 2017 se observaron beneficios en adquisición de destrezas para hacer política; acercamiento al electorado; fortalecimiento del discurso; y desarrollo de acciones para impulsar los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
El ingreso y permanencia para los empleos públicos en Colombia se rige por el principio constitucional de mérito. En el marco del CONPES 3918/2018 (párrafo 5 y 6 supra) se estableció el indicador Participación de la Mujer en los Cargos Directivos cuya meta para 2018 es 44.5% y 50% para el 2030. En 2017 las mujeres ocuparon el 43% de todos los cargos directivos del Estado.
Para abordar las prácticas y actitudes discriminatorias estructurales de género y étnicas, con el concurso del Ministerio del Interior y la participación de mujeres de todas las regiones se realizó en agosto de 2018 el Encuentro Nacional de Mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: Empoderamiento y Desarrollo Integral cuyo propósito fue consolidar las experiencias y lecciones aprendidas desde los territorios que han contribuido a la inclusión y al desarrollo de esta población, desde la perspectiva de sus derechos étnicos y de género, para el cierre de brechas de pobreza, eliminación de las violencias de género y autonomía política.
Defensoras de DDHH
El Gobierno Nacional propende por fortalecer el diálogo, el intercambio y la construcción colectiva de propuestas con las organizaciones de mujeres, la sociedad civil y los organismos de control, en aras de transformar las violencias que pueden enfrentar las mujeres en atención a su trabajo de defensa de los DDHH.
Lo anterior, se materializó con el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de DDHH (Resolución 845/2018) y resultado de un valioso proceso participativo de intercambio y concertación entre el Estado y las organizaciones del Movimiento Social de Mujeres - MSM. El Programa dispone de un Plan de Acción que para la vigencia 2018-II está estructurado en líneas de acción que responden a los ejes de prevención, protección y no repetición del Programa Integral de Garantías.
El Plan se construyó con una metodología participativa que consultó a las instituciones integrantes e invitadas de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de DDHH logrando la articulación y compromiso de 26 entidades del orden nacional.
Los citados avances, ocurren en un momento fundamental para la nación-territorio en donde sobresale la labor de las defensoras de DDHH y lideresas sociales, por lo que representa una oportunidad para articular esfuerzos institucionales en dirección a combatir la estigmatización y a resguardar el derecho a la organización, la participación y la movilización social de las mujeres en todo el territorio nacional.
La FGN desde 2016 diseñó e implementa una Estrategia de Investigación y Judicialización de homicidios contra defensores de DDHH. Esta Estrategia cuenta con líneas de acción que han permitido mejorar en el esclarecimiento de homicidios contra defensores. A septiembre de 2018 de 198 casos de homicidios reportados por la OACNUDH, la FGN había avanzado en el esclarecimiento de 105 casos (53%) así: 19 sentencias, 38 casos en juicio, 22 con imputación de cargos y 26 en indagación con orden de captura vigente.
En 2017 la FGN expidió la Directiva 002 en la que se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de DDHH y directrices para el abordaje del concepto de defensor de DDHH, la debida diligencia en la investigación penal de delitos cometidos y la investigación de homicidio contra defensores.
La UNP ha participado en el proceso de construcción y ejecución del Programa Integral de Garantías, en ese ámbito se señalan las siguientes acciones:
76 mujeres lideresas beneficiarias de la medida de apoyo de reubicación temporal;
En aplicación de la Ruta de Protección Colectiva (Decreto 2078/2017) 6 Organizaciones de Mujeres lideresas y Defensoras han sido beneficiarias. Tres son objeto de protección y las otras son evaluadas en su riesgo colectivo;
Con el apoyo de SISMA mujer se creó el Protocolo de análisis de nivel de riesgo para mujeres lideresas y defensoras, el cual se implementa desde septiembre de 2018;
14 jornadas de alistamiento y sensibilización a esquemas de protección de mujeres lideresas y defensoras, de las cuales 3 corresponden al sector LGBT;
4 sesiones del CERREM de Mujeres en las que se analizaron 108 casos: 7 ponderados en riesgo ordinario y 101 extraordinario. En los 108 casos se adoptaron medidas de protección material y de carácter complementario.
Educación
Colombia ha logrado reducir la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, al pasar de 72 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2012, a 61 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2016. Este logro se precisa como resultado de la implementación desde 2003 de la Política de SSR que se fortalece con la conformación del Comité lntersectorial de Promoción de los DSR. A estos esfuerzos se suma la actual Estrategia Nacional para la Atención Integral de NNA con énfasis en la prevención del embarazo en la infancia y adolescencia 2015 -2025.
Se citan infra los avances de la actual Estrategia la cual esta priorizada en 563 municipios de Colombia:
82% de Municipios con la estrategia implementada;
84% de Municipios cuentan con espacios de coordinación intersectorial para la prevención del embarazo en la adolescencia;
88% de Municipios con Planes de desarrollo que incluyen políticas, programas, proyectos para la prevención del embarazo en la adolescencia;
75% de Municipios (423) cuentan con al menos un servicio de salud amigable en operación en cualquiera de sus tres modalidades de atención;
84% de Municipios promueven e impulsan acciones desarrolladas por NNA en el marco de los DSR;
73 Secretarias de Educación certificadas y beneficiarias de acciones del programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía y 32% de Instituciones Educativas que cuentan con el programa;
269 municipios focalizados por la Estrategia que implementan la Jornada Única en uno o más niveles de educación primaria, secundaria y media;
Expedición la Directiva Ministerial de Prestación del Servicio educativo, para garantizar la permanencia de adolescentes y jóvenes en situación de embarazo adolescente;
Implementación del proyecto Mi sueño es una nota en 3 municipios del Departamento de César para atender a 600 NNA;
Atención directa del ICBF a 15.449 NNA en 2016 (19 municipios) y 7.505 en 2018 (81 municipios).
Para aportar al cumplimiento de las metas dispuestas en los ODS 3 y 5, se ha fortalecido la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno Perinatal para que los adolescentes y jóvenes reciban mayor información sobre DSR y accedan a métodos anticonceptivos efectivos de larga duración, además de prevenir, identificar y atender los embarazos, las morbilidades y muertes asociadas con el embarazo adolescente.
El MEN emitió en febrero de 2018 la Directiva 01 sobre Orientaciones para prevenir la deserción escolar de NN y adolescentes madres o en embarazo y padres adolescentes especialmente víctimas del conflicto armado la cual fue divulgada ampliamente. En ella se consigan las responsabilidades de las secretarias de educación y de los centros educativos y dispone de un plan para su implementación a nivel territorial.
El ICBF cuenta con el Lineamiento Técnico para el Programa Especializado para la Atención a Adolescentes y Mujeres Mayores de 18 años, Gestantes o en Periodo de Lactancia con sus Derechos Amenazados y/o Vulnerados, el cual consagra la asistencia y cuidado a estos grupos poblacionales.
En cuanto a la provisión de educación intercultural y bilingüe, el ICBF desde 2016 implementa la modalidad propia e intercultural que tiene como objetivo garantizar el servicio de educación inicial a NN en primera infancia y mujeres gestantes en el marco de la atención integral con estrategias y acciones oportunas y de calidad desde lo propio y lo intercultural. Para ello promueve la vinculación en el talento humano intercultural de agentes educativos y dinamizadores comunitarios que preferiblemente manejen su lengua materna. Para 2018, 57.042 niñas de 0 a 5 años y 6.764 mujeres gestantes de comunidades indígenas en 19 Departamentos son atendidas bajo esta modalidad.
Empleo
Para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres incluidas las mujeres indígenas y afrocolomabianas, el Ministerio del Trabajo, a través del Programa Nacional de Equidad Laboral implementa diferentes acciones, entre las que se citan:
Presentación de propuestas de modificación de la Ley 1496/2011 considerando factores objetivos de valoración salarial;
Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión de Igualdad de Género EQUIPARES al cual se han vinculado 67 empresas que benefician a más de 140.000 trabajadoras y trabajadores. El Sello cuenta con una dimensión específica para garantizar la igualdad salarial por razones de género;
Capacitaciones a funcionarios e inspectores de trabajo sobre marco normativo de equidad de género en el ámbito laboral;
Difusión de las rutas de formalización a mujeres vinculadas a sectores altamente feminizados;
Desarrollo de investigaciones encaminadas a la reducción de las diferentes brechas de género en el ámbito laboral (brecha salarial y barreras de ingreso de las mujeres al mercado laboral).
El Ministerio del Trabajo desarrolló un Plan Progresivo con el fin de fortalecer el sistema de protección y seguridad social con enfoque diferencial, teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres para promover la integración y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad. El Plan dispone de una ruta de empleo y autoempleo para personas en situación de discapacidad en las zonas rurales, mujeres en áreas no tradicionales; y una ruta de empleo rural para contratación de mano de obra para los planes y programas que se desarrollen en la zona. Para ello se proponen acciones de carácter multisectorial y espacios de articulación y participación que involucran a las mujeres y a diferentes entidades y estrategias frente a la vinculación laboral de las mujeres en áreas productivas no tradicionales.
El trabajo doméstico protegido en el Convenio 189 de la OIT se incorpora en el ordenamiento jurídico de Colombia mediante Ley 1595/2012 y se desarrolla en la Ley 1788/2016.
Para la aplicación de la Ley 1788/2016 el Ministerio de Trabajo (Direcciones Territoriales e Inspecciones de Trabajo) dispone del servicio de orientación laboral a trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico acerca de sus derechos y obligaciones laborales, conceptos básicos sobre la jornada laboral, salario, pagos dominicales y festivos, seguridad social, liquidación de prestaciones sociales y prima de servicios. El Ministerio del Trabajo cuenta con el Centro de Orientación y Atención Laboral a través del cual se brinda atención a cualquier trabajador a través de los diversos canales de atención (sedes físicas, canal tecnológico o interactivo, escrito, o telefónico).
En 2016 se instala la Mesa de Seguimiento a la implementación del Convenio 189 de la OIT (Resolución 2757/2016) con la finalidad de promover el trabajo decente en el sector del trabajo doméstico remunerado y adelantar seguimiento a la implementación del Convenio. En sesión de marzo de 2018 se presentó la estructura temática de la Agenda Intersindical del Sector de Trabajo Doméstico. En la sesión de abril de 2018 se abordó el fortalecimiento de las acciones de difusión de la Ley 1788/2016 y de coordinación para el acompañamiento a la agenda de socialización de las acciones institucionales sobre formalización de empleo y acceso a pago de prima de servicio para los trabajadores y trabajadores domésticos .
En lo concerniente a los mecanismos de inspección laboral es preciso señalar que los Convenios 81 y 129 de la OIT ratificados por Colombia prevén la inspección como un sistema, siendo el órgano rector del mismo el Ministerio del Trabajo. Los Inspectores de Trabajo en lo corrido del 2018 han efectuado 7873 visitas de inspección (asistencias preventivas e inspecciones reactivas).
Las sanciones interpuestas de enero a septiembre de 2018 con ocasión a investigaciones administrativas por vulneración de derechos laborales a las mujeres en todos los sectores de la economía corresponden a 190 y el monto de las sanciones a 976.052 USD. El motivo más frecuente alude a evasión y elusión al sistema de pensiones (46). Con respecto a las sanciones impuestas dentro de investigaciones administrativas laborales por vulneración de derechos dentro de las actividades de los hogares en calidad de empleadores se registraron entre enero y septiembre de 2018, 15 y el monto de las sanciones corresponde a 16.319 USD.
Salud
Para evaluar el impacto de los programas y políticas de atención en materia de salud materno infantil el Estado colombiano destaca la aplicación desde hace más de dos décadas de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que permite evidenciar el panorama nacional y regional sobre el goce efectivo de DSR.
El MSPS dispone del Sistema de Vigilancia en Salud Pública de la morbilidad materna externa, que induce a las entidades territoriales a medir la situación en salud e identificar fallas en los procesos de atención de las complicaciones obstétricas a través de una serie de indicadores. El CONPES 3918 (párrafo 5 y 6 supra) en cuanto a salud materno infantil establece dos indicadores trazadores con sus respectivas metas nacionales.
El Estado colombiano, consciente de las brechas de acceso que existen en las comunidades rurales las cuales requieren de la implementación de un modelo de salud diferencial, avanzó a través del MSPS en el diseño e implementación de una Estrategia Integral que se enmarca en el MIAS, la cual dispone de cuatro componentes relacionados con atención primaria en salud; salud familiar y comunitaria; gestión integral del riesgo en salud; y enfoque diferencial para adaptar el modelo a cada contexto poblacional y territorial. Al tenor de los componentes se proponen intervenciones de mejoramiento en la oferta de métodos anticonceptivos; redes sociales de apoyo a la salud materna, perinatal y exigibilidad de derechos; fortalecimiento del acceso a servicios de salud; y mejoramiento de la calidad, humanización y condiciones del parto institucional y domiciliario.
En diagrama infra, cursan las cifras oficiales de mortalidad materna, las cuales muestran una tendencia a la baja como resultado de las políticas de atención implementadas:
|
Año |
Razón de mortalidad materna |
Tasa de mortalidad perinatal |
Tasa de mortalidad neonatal tardía |
|
2014 |
53,65 |
13,38 |
2,11 |
|
2015 |
53,71 |
13,93 |
1,94 |
|
2016 |
51,27 |
13,73 |
2,01 |
Fuente: DANE. SISPRO. Abril-2018 .
El Modelo de Seguridad Clínica para la atención obstétrica de emergencias se implementa en el territorio nacional. En todos los Departamentos y unidades primarias de datos se aplica la vigilancia epidemiológica obligatoria de las morbilidades maternas extremas en el marco del SIVIGILA. Se destacan las capacitaciones en procedimientos de seguridad clínica y estrategias de prevención de los casos de morbilidad materna extrema; las socializaciones de la caja de herramientas para el modelo en reuniones nacionales y asistencias técnicas territoriales; la entrega de dotación para la atención de emergencias obstétricas.
Entre las acciones del Estado colombiano para reducir el aborto inseguro y promover el derecho a la autodeterminación reproductiva de las mujeres, a través del MSPS se impulsan acciones de asesoría integral, entrega de información sobre IVE y garantía de la prestación del servicio en todo el territorio nacional bajo un enfoque diferencial y de derechos. Al tenor de lo anterior se destacan los siguientes avances:
Adopción de la Ruta Atención Materno Perinatal que busca garantizar el acceso a la IVE;
Provisión de servicios (médicos y biopsicosociales) para el aborto dentro del sistema de salud sin importar el régimen de afiliación en que se encuentren;
El MSPS dispone de herramientas adicionales para la IVE, tales como: Documento para la Prevención del Aborto Inseguro - Protocolo para el Sector Salud; Lineamiento técnico para la Atención del Post aborto y sus complicaciones; Lineamiento técnico para Atención integral de la IVE en primer nivel de complejidad; Lineamiento técnico para Orientación y asesoría en IVE;
Socialización de piezas informativas acerca del derecho que tienen las mujeres y niñas a decidir sobre la IVE e información sobre las medidas para aplicar el Protocolo para prevenir el aborto inseguro, especialmente en las comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas;
Acciones intersectoriales y de asistencia técnica a las diferentes Direcciones Territoriales de Salud.
Para la aplicación de la Resolución 1904/2017 se formuló e implementó un Plan que cuenta con los siguientes avances: Socialización de la norma a actores clave del SGSSS; Diseño y socialización de herramientas sobre las disposiciones de la Resolución a entidades territoriales, aseguradores y prestadores de servicios del nivel departamental y distrital; Sitio web de DSR de personas con Discapacidad; Vinculación de las disposiciones de la Resolución en las atenciones de SSR de las Rutas Integrales de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud para la población materno perinatal.
Como parte del seguimiento realizado a los procedimientos de esterilización que han recibido las personas con discapacidad, entre 2017 y julio de 2018, 843 personas recibieron algún procedimiento de salud relacionado con procesos de esterilización reproductiva. De quienes 758 fueron mujeres y 85 hombres. Cabe señalar que frente a años anteriores se presenta una disminución en esta práctica.
Mujeres rurales
En atención a la adopción de la Política Pública Integral de Mujer Rural el MADR y la CPEM realizan un importante esfuerzo con el propósito de fortalecer el ejercicio de participación de las mujeres que habitan el campo colombiano en la formulación de la política. En ese sentido se precisan las siguientes acciones:
Diseñó, concertación y socialización de la metodología para la participación de las mujeres a través de grupos focales realizados en cuatro Departamentos (Boyacá, Tolima, Guaviare y Cundinamarca);
Proceso de fortalecimiento de liderazgo y presentación de propuestas de la política en cuatro Departamentos (Guajira, Nariño, Chocó y Cauca) a través del diseño y pilotaje de una herramienta lúdico pedagógica que facilita la participación de mujeres con bajos niveles de lectoescritura. El proceso contó con el apoyo de AECID y concluyó con la implementación del Módulo Pedagógico sobre búsquedas, decisiones y aprendizajes para la participación de la mujer rural;
En los referidos procesos participaron representantes de 200 organizaciones que convocan a mujeres campesinas del orden nacional y territorial y 120 servidores públicos, representantes de ONG´s y Organismos de Cooperación Internacional.
Con el apoyo de la cooperación internacional el MADR desarrolló unos lineamientos de política pública para las mujeres rurales los cuales se encuentran en proceso de revisión para ser socializados y ajustados con los actores interesados. Los lineamientos serán herramienta indispensable para la elaboración de la Política Pública Integral de Mujer Rural.
La Dirección de Mujer Rural del MADR se fortaleció con la ampliación de su planta de personal disponiendo en la actualidad de 15 servidores. Este equipo recibe asistencia técnica (UE, ONUMujeres, FAO) para robustecer sus capacidades y responder de manera idónea a los requerimientos y necesidades que demandan las mujeres rurales.
Mediante Decreto 2145/2017 se reglamenta el Art. 34 de la Ley 731/2002 y se adopta el Plan de revisión, evaluación y seguimiento de los programas de la mujer rural y se creael Comité Interinstitucional de seguimiento al Plan. En el Comité se considera la participación de las mujeres rurales desde su diversidad y propende por la coordinación y promoción de los programas y leyes que las favorecen. En la actualidad se define el proceso de selección de las mujeres que participarán en el Comité.
El Estado colombiano al tenor de lo contenido en la Ley 1753/2015 tiene la obligación de garantizar la participación de las mujeres rurales en el desarrollo de las políticas. Por tanto, para el diseño de la Metodología de Acción Participativa de las Mujeres Rurales para la Formulación de la Política Pública de Mujer Rural, se realizaron entre octubre y enero de 2018, talleres en 8 Departamentos con la participación de representantes de organizaciones de mujeres campesinas del orden nacional y territorial; servidores públicos; ONG´s; y Organismos de Cooperación Internacional.
En 2018 fue aprobada la Ley 1900 por medio de la cual se establecen criterios de equidad de género en la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural y proyectos productivos. Con la referida Ley se priorizan las mujeres rurales en las iniciativas adelantadas por la ANT haciendo especial énfasis en aquellas en condición de pobreza y marginalidad y madres cabeza de familia.
En la Resolución 740/2017, relativa al reglamento de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad -OSPR, se consagra la Transversalización del enfoque diferencial para garantizar la participación y disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de los derechos a la tierra en el territorio. Respecto de los OSPR se puso en marcha la estrategia de participación comunitaria Semillero de la Tierra y el Territorio, para que los habitantes apoyen, promuevan y dinamicen los OSPR. Se adelantaron 11 sesiones para sensibilizar a la comunidad sobre los derechos que tienen las mujeres a la tierra.
El Decreto Ley 902/2017 fija reglas objetivas para el registro de sujetos de ordenamiento social -RESO de la propiedad y consagra medidas dirigidas a obtener mayores puntuaciones y mejores posiciones para las mujeres rurales beneficiarias de los programas de dotación de tierras en atención a unos criterios establecidos.
Para el barrido predial se brinda capacitación a los equipos técnicos para que, durante las visitas al predio, reconozcan y garanticen los derechos de las mujeres a la tierra, indagando por las actividades de explotación directa de las mujeres sobre el predio, incluyendo aquellas de economía del cuidado y reiterando la importancia que tanto hombres como mujeres participen de manera activa en las visitas.
A través de la Resolución 4180/2018, la ANT crea la Unidad Coordinadora para la Equidad de Género y Mujer Rural, con el objetivo de promover la transversalización del enfoque de género en los procesos de planeación, ejecución y evaluación.
La ADR desarrolla el principio de voluntariedad, libre postulación y acceso, además de la participación de los beneficiarios en todas las fases de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, que incluyen la estructuración e implementación y están reglamentados por el Acuerdo 007/2017.
Migrantes, solicitantes de asilo y mujeres refugiadas
El Gobierno Nacional adelanta el rediseño de la Política Integral Migratoria en la cual se establecen los lineamientos generales y los espacios institucionales de coordinación para regular el ingreso, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional, el ingreso y salida de nacionales del territorio nacional y el procedimiento administrativo migratorio, entre otros aspectos, en observancia de las garantías en materia de DDHH.
En caso que las niñas y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas tengan sus derechos amenazados o vulnerados, la autoridad administrativa competente inicia un proceso para el efectivo restablecimiento de sus derechos articulando con las diferentes entidades que componen el SNBF.
Para garantizar la protección y asistencia adecuada de mujeres migrantes en casos de VG en lo que atañe con las niñas y adolescentes, el Código de infancia y adolescencia establece que las provisiones aplican a todos los NNA nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, por tanto, el Estado Colombiano garantiza su protección y asistencia a través de las modalidades de protección del ICBF.
Matrimonio y relaciones familiares
El ICBF apoyó el proyecto de Ley No. 006/ 2015 que fue archivado por vencimiento de términos. El ICBF continuará apoyando la iniciativa y respaldando de forma comprometida las acciones tendientes a garantizar los DSR de los NNA.
Para proteger a las niñas menores de 18 años a quienes se les ha permitido casarse, el Lineamiento Técnico para la atención a NNA, con derechos amenazados o vulnerados, dispone de herramientas para la atención, el acompañamiento y la articulación de acciones lo cual se fortalece con la implementación de las Políticas recientemente aprobadas (párrafo 93 supra).
Para modificar las actitudes culturales respecto del matrimonio precoz el ICBF desarrolla diferentes modalidades de atención diferencial a los Pueblos Étnicos cuyos componentes son determinantes para el fortalecimiento de las familias, los espacios de organización y de toma de decisiones. El trabajo que conjuntamente se adelanta con las familias y comunidades son insumo para la construcción de los espacios de diálogo, intercambio de conocimientos, aprendizaje intercultural, apoyo de procesos encaminados a afianzar las capacidades organizativas de las comunidades como base fundamental para garantizar su autonomía, lo que incidirá en las actitudes culturales, frente a la problemática expuesta.
El ICBF participa en la mesa técnica que en este ámbito convoca UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA orientada al trabajo y programa conjunto interagencial e interinstitucional para erradicar el MIUT en Colombia.
En el marco de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente que tuvo lugar en Colombia en septiembre de 2018 se incluyó la problemática del MIUT como eje central de la discusión para avanzar en procesos educativos que permitan la desnaturalización de las violencias de género y los MIUT como determinante para la causa o la consecuencia del embarazo en la adolescencia.
Reducción del riesgo de desastres y cambio climático
En Colombia la perspectiva de género fue incorporada en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático a través del documento Líneas de Acción Prioritarias para la Adaptación al Cambio Climático en el que se plantea la necesidad de analizar medidas con enfoque diferencial desde la perspectiva de género, grupos etarios, condición de discapacidad, entre otros.
Con respecto a la inclusión de la mujer en los procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres, el artículo 3 numeral 1 de la Ley 1523/2012, define el principio de igualdad como orientador de la gestión del riesgo.
El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres–PNGRD 2015-2025 establece como objetivo estratégico fortalecer la gobernanza, la educación y la comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural a través del reconocimiento de la protección e igualdad de género en todos los procesos de participación ciudadana para el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
El PNGRD propone como acciones circunscritas en la perspectiva de género los siguientes: formación a entidades del SNGRD para el diseño, implementación y evaluación de estrategias de gestión del riesgo con enfoque diferencial, de diversidad cultural y de género; y lineamientos para la incorporación del enfoque diferencial en la gestión del riesgo.