Lista de cuestiones y preguntas relativas al informe inicial y los informes periódicos segundo a quinto combinados de la República Centroafricana
Adición
*El presente documento se publica sin revisión editorial.
Respuestas de la República Centroafricana*
[Fecha de recepción: 26 de mayo de 2014]
Contexto general
Desde diciembre de 2012, la situación humanitaria y de seguridad se ha deteriorado en todo el territorio de la República Centroafricana. Las principales infraestructuras públicas han sido saqueadas y, en consecuencia, la administración se ha visto completamente paralizada en las zonas rurales. Las fuerzas de la Seleka han atacado a los funcionarios públicos que se encontraban ubicados en esas zonas y muchos de ellos han huido, al igual que el resto de la población, bien para refugiarse en la sabana o bien para ir a la capital, o incluso para buscar refugio en los países vecinos. El ejército nacional se ha colapsado con la entrada de la Seleka en Bangui. En tales circunstancias, ninguna institución del Estado puede funcionar con normalidad. Actualmente, las prioridades del Gobierno de Transición son restablecer la autoridad del Estado y restaurar la paz en el país. En concreto, estas prioridades adoptan la siguiente forma:
•El restablecimiento y el fortalecimiento de la seguridad en todo el territorio con vistas a favorecer la prestación de asistencia humanitaria a la población y a los grupos vulnerables y el pronto retorno de los desplazados a su comunidad;
•La restauración de la autoridad del Estado mediante el redistribución y reorganización de la administración central y territorial, incluida la justicia;
•La rehabilitación de los edificios que acogen los tribunales de apelación de Bangui y de algunas aldeas del interior, los tribunales de primera instancia, las comisarías de policía, las brigadas de la Gendarmería y los centros penitenciarios;
•El equipamiento de todos los servicios judiciales;
•La redistribución de los jueces y fiscales y los funcionarios judiciales, que está empezando a llevarse a cabo;
•El desarrollo de la capacidad humana, operacional y técnica de la justicia, en particular la cancillería y la Inspección General de Servicios Judiciales.
El Gobierno ha adoptado la política de tolerancia cero respecto de toda persona —y ello de manera exclusiva— que sea culpable de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y las niñas. El proyecto de Desmovilización, Desarme y Reinserción de los excombatientes constituye una de las prioridades del Gobierno de Transición y todavía se encuentra en fase de deliberación. No obstante, se ha puesto en marcha la iniciativa de desarme de las milicias, la desmovilización y la reinserción de los niños soldados.
En septiembre de 2013, el Gobierno aprobó su plan de acción nacional sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se organizó una sesión de sensibilización y promoción dirigida a todas las autoridades de la transición (el Gobierno, el Consejo Nacional de Transición, el Tribunal Constitucional de Transición) y a los asociados para el desarrollo, a fin de instarlos a hacer plenamente partícipes a las mujeres de la resolución de la crisis actual. A este respecto, por primera vez en su historia, el 35% de los miembros del Gobierno de la República Centroafricana son mujeres (7 ministras de un total de 20). Además, el Gobierno siempre se mantiene en contacto con las organizaciones de mujeres para responsabilizarlas como partes interesadas en la resolución de la crisis.
El desarrollo de la capacidad de las mujeres constituye un objetivo fundamental para su participación efectiva y eficaz en la reestructuración política y económica. El Gobierno se propone tomar medidas urgentes a este respecto para desarrollar la capacidad de gestión y de liderazgo de las mujeres.
Violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos
La información sobre los casos de violación de mujeres perpetrada por la coalición Seleka proviene en su mayor parte del personal humanitario que interviene en la República Centroafricana, dado que el Estado apenas tiene presencia sobre el terreno debido a la falta de seguridad, como se ha señalado anteriormente (párrafo 1). El Gobierno ha tomado medidas para llevar a cabo una investigación destinada a evaluar la situación de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular los casos de tortura, homicidio, violación y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
El Gobierno dispone de una ley de origen parlamentario que castiga todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. Además, en el marco de la revisión del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, se han establecido disposiciones específicas para proteger a las mujeres de la violencia y enjuiciar a los responsables, sean quienes fueren. Con todo, el acceso de la mujer a la justicia se ve limitado con frecuencia, entre otras razones, por su escaso poder adquisitivo (para hacer frente a las tasas judiciales), pero también por los obstáculos socioculturales. Es preciso reflexionar acerca de la gratuidad del acceso de las mujeres a la justicia.
En el marco de su programa de emergencia en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos, el Gobierno previó prestar asistencia a las mujeres que fueran víctimas de abusos sexuales, asistencia que es espontánea y abarca también los casos de violencia por razón de género. Asimismo, las mujeres reciben apoyo psicosocial. El Ministerio de Salud Pública, Asuntos Sociales, Promoción del Género y Acción Humanitaria trabaja actualmente, junto con los asociados que intervienen en el ámbito de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, en un proyecto de atención integrada y global de las víctimas.
Las medidas que se habían adoptado para favorecer el retorno de la población a su casa se han visto menoscabadas por el recrudecimiento de la violencia desde el 5 de diciembre de 2013. Desde esta fecha, la población prefiere vivir en la sabana debido a la falta de seguridad que sigue azotando el país. Los trabajadores humanitarios desempeñan un papel fundamental en la prestación de asistencia a los desplazados en Bangui y en las provincias. Como se ha señalado anteriormente, la prioridad actual es la pacificación del país. El Gobierno es optimista en lo que atañe a la capacidad de la comunidad internacional de apoyar a la República Centroafricana en su búsqueda de la paz, la asistencia humanitaria, la reconciliación nacional y la cohesión social.
Violencia contra la mujer
Como ocurre en todo país que atraviesa una crisis, las mujeres centroafricanas son con frecuencia víctimas de casos de violencia, entre ellos la violación. Los órganos descentralizados del ministerio encargado de las cuestiones de género, así como las organizaciones nacionales de mujeres, han llevado a cabo actividades de prevención (sensibilización de la población). En el marco de la aplicación del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos se ha desarrollado la capacidad nacional para atender rápidamente a las supervivientes de violaciones sexuales. Se están celebrando debates con la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA) respecto de la creación de una Dependencia Mixta de Represión de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, compuesta por miembros de la Gendarmería y la Policía.
Cabe recordar que en diciembre de 2006 se promulgó una ley de origen parlamentario por la que se castigaba la violencia contra la mujer. Se han tomado medidas de divulgación y sensibilización de la población con vistas a aplicar este instrumento jurídico. Además, en el marco de la revisión del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, se establecieron de manera específica nuevas disposiciones en favor de las mujeres con el fin de enjuiciar a los responsables de los casos de violencia contra la mujer. Así, se han tipificado como delito nuevas conductas y se han endurecido las penas. Sin embargo, habida cuenta de la crisis que afecta actualmente al país, el Gobierno intensificará las medidas con vistas a garantizar la aplicación de estos textos para proteger a las mujeres y las niñas.
Por el momento, no se ha realizado ninguna investigación para evaluar los casos en que las mujeres violadas son objeto de estigmatización y, por consiguiente, de exclusión social. Sin embargo, es preciso señalar que las víctimas de violación suelen esconderse, lo que impide que los servicios competentes les brinden el auxilio adecuado. Aun así, gracias a la adopción de medidas de sensibilización, algunas víctimas han acudido al Comité Nacional de Lucha contra las Prácticas Nocivas (se registraron numerosos casos en 2002) o a algunas organizaciones de mujeres, como la Asociación de Mujeres Juristas de África Central (AFJC), para recibir atención médica y asistencia psicosocial.
El Código Penal tipifica como delito grave la violencia contra las mujeres y las niñas acusadas de brujería. En lo que respecta a los casos de venganza popular contra una mujer a la que se considera una bruja, los funcionarios de la policía judicial se encargan de detener a los responsables y de ponerlos a disposición de la jurisdicción competente, dado que esta práctica también se considera una alteración del orden público. La sensibilización de las comunidades acerca de este delito es una de las misiones del departamento encargado de las cuestiones de género, que vela, asimismo, por la aplicación de los textos en esta materia.
Prácticas nocivas
El plan de acción nacional de lucha contra la violencia abarca los siguientes delitos: violación, pedofilia, incesto, acoso sexual, proxenetismo, incitación de los menores al libertinaje, pornografía, lesiones voluntarias, malos tratos, insultos en público, mutilación genital femenina —que abarca todas las intervenciones, incluida la ablación parcial o total de los órganos genitales femeninos—, malos tratos durante la viudez, confiscación de los bienes personales de la mujer al quedarse viuda, levirato, sororato o tabúes alimentarios, entre otros. Para luchar contra estas prácticas, además de recurrir a mecanismos de represión, el Comité y algunas organizaciones de mujeres han iniciado una amplia campaña de concienciación de las comunidades. El Comité dispone de órganos descentralizados hasta el nivel de los municipios. La crisis humanitaria y de seguridad que azota la República Centroafricana ha echado por tierra todos los logros realizados. La situación de las mujeres centroafricanas ha adquirido dimensiones gravísimas debido a la magnitud de la crisis, que se ha extendido a todas las regiones.
Educación
La crisis humanitaria y de seguridad se ha agravado desde el 5 de diciembre de 2013 y durante casi tres meses se han cerrado todas las escuelas, incluidas las escuelas públicas. Las clases no se han reanudado hasta marzo de 2014, y lo han hecho con moderación. El Gobierno dedicó un presupuesto de xxx, importe que equivale al xx% para el año 2014.
Salud
En 2013, el Gobierno destinó al sector de la salud una cantidad de 23.584.430.000 francos CFA, cifra que representa el 8,65% del presupuesto nacional. En 2014 se ha aumentado considerablemente este presupuesto, que ha ascendido a 25.056.223.000 francos CFA. Dicho aumento se justifica por la magnitud de la crisis actual, que exige respuestas urgentes. En el marco de la respuesta humanitaria, los asociados han elaborado un plan estratégico por un importe de 565 millones de dólares de los Estados Unidos, pero la suma total desembolsada en mayo de 2014 asciende a 178.404,576 dólares de los Estados Unidos, cifra que representa un 32%.
Grupos desfavorecidos de mujeres
Las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno con el apoyo de los asociados, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por conducto del Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho consistieron en rehabilitar las prisiones de las grandes ciudades del país, que incluía el acondicionamiento de los sectores destinados a las mujeres. En Bangui, la cárcel de mujeres de Bimbo se ha rehabilitado por completo para cumplir las normas internacionales. Sin embargo, la crisis multiforme que atraviesa el país ha causado la destrucción casi completa de los edificios públicos, incluidas las instituciones penitenciarias. Se va a llevar a cabo una evaluación con el fin de medir el alcance de la destrucción. En el marco de la redistribución del Estado en el territorio nacional, se están restableciendo los servicios judiciales tanto en Bangui como en las provincias, al tiempo que se evalúa la situación de las mujeres reclusas.
La República Centroafricana ha adoptado medidas jurídicas contra las prácticas de la esclavitud sin distinción, en concreto la Ley núm. 09.004, de 29 de enero de 2009, relativa al Código del Trabajo (arts. 11 a 262), la Ley núm. 10.001, de 6 de enero de 2010, relativa al Código Penal (arts. 151 a 153), y la Ley núm. 13.001, de 18 de julio de 2013, relativa a la Carta Constitucional de Transición (art. 8). Este arsenal jurídico prohíbe toda forma de trabajo forzoso, castiga la trata de personas y establece la igualdad de todos los seres humanos ante la ley sin distinción.
Asimismo, el 30 de agosto de 2010, el país ratificó el Convenio núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, la República Centroafricana forma parte de los Estados que, el 13 de septiembre de 2007, votaron a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos compromisos internacionales demuestran la férrea voluntad del Gobierno de promover y proteger los derechos de los pigmeos en la República Centroafricana.
Sobre la base de estos compromisos internacionales, el país se encuentra en pleno proceso de reforma jurídica, en consonancia con lo dispuesto en el Convenio núm. 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con vistas a mejorar la condición jurídica de las comunidades indígenas del país. Actualmente se está poniendo en marcha un proyecto de ley relativa a la promoción y protección de los pueblos indígenas contra la esclavitud. En su artículo 8 se indica que “el Estado asegurará la protección particular de los pueblos indígenas contra la esclavitud y el trabajo forzoso o no remunerado”, y en el artículo 18 se establece que “ningún miembro de las comunidades indígenas podrá ser sometido a ningún tipo de trabajo forzoso; se prohíbe la servidumbre por deuda”.
Las medidas adoptadas por la República Centroafricana para eliminar las prácticas del matrimonio a edad temprana forman parte de las leyes de protección de las mujeres y las niñas y la ley de salud reproductiva, de 15 de diciembre de 2006, denominadas Leyes Bangayassi.
La revisión de la Ley relativa al Código de la Familia se encuentra en curso, y el Consejo Nacional de Transición (Parlamento de la Transición) todavía no ha aprobado los proyectos de modificación.
En el marco de la aplicación de las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de noviembre de 2013, el Gobierno tenía previsto ratificar los instrumentos jurídicos que aún no se hubieran ratificado, pero la crisis que atraviesa el país ha desbaratado este proyecto, así como la redistribución de la administración en el territorio nacional. El Gobierno se propone reanudar este proceso a la mayor brevedad.