Fuente: Decreto No. 1/94, de 10 de enero.
Si bien en 2003 se revisaron los estatutos del Instituto de la Condición Femenina y se reforzaron sus efectivos, la plantilla existente no aumentó oficialmente:
Plantilla del Instituto de la Condición Femenina (ICF) (2003/2005)
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Efectivos previstos |
Efectivos existentes |
|
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Cargos de designación directa |
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|
Presidente |
1 |
1 |
|
Director de servicio |
1 |
– |
|
Secretario |
1 |
– |
|
Conductor |
1 |
– |
|
Personal técnico |
||
|
Técnico superior (A) |
2 |
1 |
|
Técnico superior (B) |
3 |
2 |
|
Técnico |
2 |
1 |
|
Técnico adjunto |
3 |
– |
|
Personal administrativo |
||
|
Oficial administra tivo |
1 |
– |
|
Tesorero |
1 |
– |
|
Personal auxiliar |
||
|
Telefonista/recepcionista |
1 |
1 |
|
Auxiliar administrativo |
2 |
1 |
|
Conductor |
1 |
1 |
|
Auxiliar de servicios generales |
2 |
1 |
|
Total |
21 |
9 |
Fuente: Decreto de aplicación No. 5/2003, de 25 de agosto.
En cuanto a los recursos financieros destinados al funcionamiento del ICF y a la financiación de proyectos, en el cuadro que figura a continuación se hace una síntesis:
Presupuesto relativo al funcionamiento y al programa de inversiones del ICF correspondiente a 1994/2005
|
Año |
Presupuesto del Estado (valor, en dólares EE.UU.)* |
Presupuesto de inversión (valor, en dólares EE.UU.)** |
Valor total, en dólares EE.UU. |
|
1994 |
6 160 000,00 |
– |
6 160 000,00 |
|
1995 |
6 160 000,00 |
18 166 582,00 |
24 326 582,00 |
|
1996 |
9 162 560,00 |
8 251 701,00 |
17 414 261,00 |
|
1997 |
8 272 000,00 |
2 710 487,00 |
10 982 487,00 |
|
1998 |
7 080 480,00 |
10 503 618,00 |
17 584 098,00 |
|
1999 |
7 080 480,00 |
19 750 489,00 |
26 830 969,00 |
|
2000 |
9 030 912,00 |
9 405 519,00 |
18 436 431,00 |
|
2001 |
8 829 546,00 |
7 168 934,00 |
15 998 480,00 |
|
2002 |
8 218 072,00 |
5 257 032,00 |
13 475 104,00 |
|
2003 |
9 705 463,00 |
3 602 143,00 |
13 307 606,00 |
|
2004 |
8 342 823,00 |
3 863 970,00 |
12 206 793,00 |
|
2005 |
8 752 459,00 |
6 802 024,00 |
16 554 483,00 |
|
2006*** |
9 490 025,00 |
27 489 796,00 |
36 979 796,00 |
Fuente: Instituto de la Condición Femenina.
100 ECV = 0,88 dólares EE.UU.
*Presupuesto del Estado: se trata del presupuesto destinado al funcionamiento de la institución y que está incluido en el presupuesto del Estado.
**Presupuesto de inversión: se trata del presupuesto reunido gracias a la cooperación con organismos internacionales que han suscrito un acuerdo directamente con el Gobierno; las sumas abonadas se distribuyen y destinan a la financiación de proyectos en el marco de una variedad de instituciones.
***Proyecciones para 2006.
Artículo 4
5. Según el informe, en el sistema jurídico de Cabo Verde no existen medidas especiales provisionales en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención (véase párr. 110). Sin embargo, algunas de las medidas descritas con respecto a la participación política se ajustan a esa modalidad (véanse párrs. 111 y 156). ¿Tiene el Gobierno la intención de poner en práctica una estrategia amplia y adoptar medidas especiales provisionales a fin de acelerar el logro de la igualdad entre los géneros en todos los ámbitos de la Convención?
La referencia en el informe al hecho de que en Cabo Verde no existen medidas provisionales especiales simplemente debe entenderse en el sentido de que en la actualidad no existen medidas legislativas vigentes que permitan establecer cuotas de mujeres, pese a que se han adoptado medidas de discriminación positiva, como se verá más adelante.
Por consiguiente, aunque la ley prevea el establecimiento de mecanismos para estimular la participación de la mujer en el sentido de los artículos 404 y 420 del Código Electoral, no existe un reglamento que disponga la aplicación de tal mecanismo.
Sin embargo, es preciso comprender que, a la luz de las orientaciones que figuran en la Recomendación No. 25, la aplicación de tales medidas no tiene necesariamente fuerza de ley. Así pues, son numerosos los programas de políticas públicas que realizan diversos sectores del Gobierno, en que el grupo de mujeres se considera un grupo prioritario, sobre todo cuando se trata de mujeres con escaso poder económico.
Esta iniciativa puede observarse en distintos sectores de la administración y en el cuadro de medidas ya ejecutadas, en particular: los programas nacionales de lucha contra la pobreza, la formación profesional y la promoción de actividades que permiten aumentar la eficiencia, y fomentar el empleo, la educación, la política, la salud, etc.
Además, el Gobierno adoptó el Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, cuyo principal objetivo es la democratización del sistema de relaciones de poder mediante la promoción de la igualdad de oportunidades a todos los niveles y la modificación cualitativa de los comportamientos y actitudes (párr. 57). Sobre esta base, el Gobierno prevé que el objetivo y la medida estratégica del Plan mencionado consistan en promover la modificación de la legislación mediante medidas afirmativas del género relacionadas con la participación de la mujer en el poder y en la adopción de decisiones. Se ha previsto otra serie de medidas que guardan relación con la medida anterior, sobre todo en el marco de actividades de concienciación e información sobre cuestiones de equidad entre los géneros dirigidas a los directivos de los partidos políticos y también en el marco de medidas destinadas a favorecer la participación de la mujer en la adopción de decisiones.
Artículo 5
6. Según el informe, a menudo se organizan seminarios, conferencias y debates en las escuelas, además de transmisiones de debates por radio, para ayudar a concienciar al mayor número posible de personas sobre las cuestiones que atañen a la mujer, su contribución al progreso y la eliminación de su estereotipo de inferioridad (véase párr. 152). Sírvase describir detalladamente esas medidas, indicando, de ser posible, el número de personas a quienes se ha podido llegar mediante la celebración de dichos seminarios, conferencias, debates y programas en los medios de difusión.
Respecto de los programas de radio y televisión, éstos se transmiten en la red nacional. En los programas difundidos se suele debatir la cuestión de la mujer en la sociedad de Cabo Verde, se habla sobre problemas concretos como el de la violencia en el hogar, la pobreza, la salud reproductiva, etc. Para tener una idea más clara, pese a que no se dispone de datos más completos, la encuesta demográfica de salud reproductiva I, de 1998 (la segunda encuesta de salud se realizó en 2005 y la correspondiente labor de recopilación de datos está a punto de terminar), muestra que, en cuanto a las iniciativas de información y concienciación sobre el VIH/SIDA, la radio ha resultado ser el principal vehículo de información, tanto para las mujeres (65%) como para los hombres (80%). La televisión ocupa el segundo lugar, sobre todo entre la población urbana, cuyo nivel educativo es más alto (el 48% para las mujeres y el 80% para los hombres). Se ha observado que la comunicación interpersonal es ya muy importante, en particular para las mujeres de las zonas rurales (el 49%). Asimismo los datos indican que la escuela y los maestros cumplen un papel importante en la transmisión de información sobre el SIDA a los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, con una incidencia en las mujeres y los hombres del 49% y el 52%, respectivamente.
En los informes del Instituto de la Condición Femenina relativos a los cuatro últimos años (2002-2005), se observa que las iniciativas de divulgación se realizaron gracias al proyecto de “Ayuda a la promoción de la igualdad entre los sexos y al fortalecimiento de la capacidad de la mujer”. También en el marco de este proyecto, se divulgó a través de los medios de comunicación tradicionales (televisión y radio) información relativa a los derechos de la mujer y se organizaron miniconferencias, seminarios y debates cuya modalidad dependía de los dos componentes siguientes: a) actividades de sensibilización de las comunidades sobre una variedad de temas relativos a la mujer; y b) actividades de formación y capacitación dirigidas a los distintos sectores de la administración pública, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.
En cuanto a las medidas de sensibilización de las comunidades, los temas que se examinan son variados y se refieren a los derechos de la mujer, la promoción de la salud (sobre todo la salud reproductiva), el bienestar de la familia y la población, las actividades generadoras de ingresos, el acceso al microcrédito, etc. Estas medidas están encaminadas a crear un entorno favorable al acceso de la mujer a los recursos sociales, políticos y económicos creados (incrementando así el porcentaje de mujeres informadas sobre las oportunidades de desarrollo del medio periurbano y rural, así como sobre las actividades de crédito más propicias a la promoción de la mujer). Estas medidas siempre se aplican en colaboración con organismos de Cabo Verde, como por ejemplo: la Asociación de Ayuda a la Autopromoción de la Mujer en el Desarrollo (Morabi), la Organización de Mujeres de Cabo Verde (OMCV – Organização das Mulheres de Cabo Verde), la Asociación de Empresarias de Cabo Verde (AMECV – Associação das Mulheres Empresárias de Cabo Verde), la Asociación de Mujeres Juristas (AMJ – Associação das Mulheres Juristas de Cabo Verde) y la Fundación Infância Feliz (infancia feliz). Las actividades de sensibilización están destinadas tanto a mujeres como a hombres a fin de eliminar los estereotipos. En los últimos cuatro años, entre 1.000 y 1.500 personas se benefician al año de esas actividades, a excepción de 2005, año en que la cifra aumentó a 2.000, de las cuales la mitad eran mujeres.
Respecto del segundo tipo de actividades orientadas a la formación, el objetivo consiste en mejorar la formación de los organismos que se dedican a las cuestiones de la mujer o que pueden llegar indirectamente a trabajar en tales cuestiones. En este contexto, ya se han realizado actividades como: el taller de formación sobre técnicas de promoción y comunicación en materia de género; la elaboración de un plan de promoción destinado a integrar la perspectiva de género en las políticas y los programas sectoriales de desarrollo; el taller de elaboración de indicadores de seguimiento y evaluación de la perspectiva de género destinados a los cuadros directivos del Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza (PNLP – Programa Nacional de Luta contra a Pobreza); el taller de “capacitación” de formadores sobre cuestiones de género, población y desarrollo; el taller de concienciación de líderes sindicales; el taller de fortalecimiento de la capacidad de los centros municipales de coordinación del Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género; y la reflexión en conjunción con los dirigentes de los partidos políticos sobre cuestiones de género, desarrollo y gobernanza, etc. Todas estas actividades tienen por objeto la eliminación a largo plazo de las disparidades entre hombres y mujeres en todos los sectores de actividad a fin de lograr un desarrollo equitativo y sostenible en Cabo Verde. El número de participantes en estas actividades no pasaba de 10 a 20 personas, en su mayoría técnicos que utilizan a diario o pueden llegar a introducir en su trabajo la perspectiva de género. Anualmente, se organizan y administran de una a tres sesiones de formación. Además de servir de centro de coordinación, lo que supone mantener contactos frecuentes con el Instituto de la Condición Femenina, las personas que han sido capacitadas reciben también, al concluir su formación, la misión de divulgar y promover la cuestión de género en sus respectivos servicios.
En este mismo contexto se han preparado los siguientes documentos: guías sobre la salud reproductiva, el SIDA y el género, la mujer y la política; boletines informativos sobre las actividades del Instituto de la Condición Femenina; un plan para la divulgación y promoción del Código de la Familia y las conclusiones del Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (instrumentos inspirados en los artículos de la Convención, así como las orientaciones dimanantes de las conferencias internacionales sobre los derechos de la mujer (Nairobi, 1985), derechos humanos (Viena, 1993), población y desarrollo (El Cairo, 1994), desarrollo social (Copenhague, 1995) y la mujer (Beijing, 1995).
Violencia contra la mujer
7.En el informe se indica que en el nuevo Código Penal de Cabo Verde, que entró en vigor el 1° de julio de 2004, se tipifica el delito de violencia contra la mujer (véase párr. 139). ¿Se tipifica la violación por el marido como delito en el Código Penal? Sírvase presentar datos desglosados por sexo sobre las personas que han sido enjuiciadas y condenadas en causas relativas a la violencia en el hogar desde que entró en vigor el nuevo Código Penal.
Efectivamente, la violación, según la legislación de Cabo Verde, está tipificada como delito de agresión sexual y, según lo dispuesto en el artículo 142 del Código Penal, se castiga con una pena de dos a ocho años de prisión, independientemente de que se haya cometido o no en el marco del matrimonio.
En cuanto a las causas de la violencia en el hogar incoadas ante los tribunales nacionales, existen datos que dan fe de ello.
Sin embargo, es importante aclarar un punto relativo al hecho de que los casos de violencia conyugal pueden tipificarse como delitos de maltrato únicamente si no se ha notificado una conducta más grave, es decir, que si la violencia en el hogar se acompaña de delitos de homicidio o daño físico en sus formas más graves se enjuiciará al delincuente sobre la base de esas conductas penales (cuya pena es más severa).
Sin embargo, el Gobierno de Cabo Verde reconoce la necesidad de comprender mejor ese problema. Así pues, como podrán comprobar en la pregunta 10, se ha realizado un estudio de la cuestión. Ante ese problema, cabe también destacar que, según el reciente Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, durante este período deben alcanzarse los siguientes objetivos: a) introducir en el sector judicial medidas destinadas a realizar una intervención más rápida y a combinar la persuasión con el control real de la violencia contra la mujer; b) introducir la variable de “género” en la elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la mujer; c) elaborar indicadores de género que apoyen las propuestas de intervención en este ámbito; d) elaborar campañas y programas educativos sobre cómo prevenir la violencia; e) reforzar los mecanismos de acogida de las mujeres que han sido víctimas de la violencia; f) crear mecanismos de acogida para mujeres que han sido víctimas de la violencia en el hogar; g) realizar estudios para conocer y comprender mejor la influencia de la violencia doméstica y sexual en la libertad sexual y reproductiva de la mujer; h) promover un cambio de actitudes y comportamientos entre los agentes de seguridad y de la policía del orden público respecto de la violencia contra la mujer.
Por consiguiente, pese a la ausencia de indicadores concretos de la violencia de género, esta necesidad ya se ha identificado y tenido en cuenta en las letras b) y c) cuyo contenido se describe en el párrafo anterior.
En el informe se indica que el Gobierno está elaborando medidas legislativas para combatir la violencia contra la mujer. Sírvase presentar información sobre lo acontecido a ese respecto (véase párr. 137).
Cuando se elaboró el informe relacionado con la Convención, el Gobierno de Cabo Verde estaba preparando el nuevo Código de Procedimiento Penal. La aprobación de este texto, en sustitución del obsoleto instrumento vigente desde la época colonial (1931), forma parte de las medidas de reforma legislativa emprendidas por la República de Cabo Verde, en las que se procuró incorporar la lucha contra la violencia en el hogar.
Fue así como el nuevo Código de Procedimiento Penal que entró en vigor el 1º de octubre de 2005 sirvió de instrumento al Código Penal, también aprobado recientemente (2004), en particular para lo relativo a la lucha contra la violencia de género. De conformidad con lo previsto en este nuevo instrumento procesal, una de las medidas de limitación personal que pueden imponerse consiste en la prohibición de seguir residiendo bajo el mismo techo que el resto de la familia, en los casos en que se han iniciado procedimientos judiciales contra el demandado en relación con los delitos de maltrato o abuso sexual de menores, cometidos en el mismo lugar de residencia (artículo 289, apartado d) del párrafo 1). Por consiguiente, esta medida se considera un gran progreso en la lucha contra la violencia en el hogar y sirve de instrumento destinado a restringir o evitar que además se prolongue el maltrato según los términos previstos en el Código Penal (artículo 134).
Por último, conscientes de que el problema de la violencia en el hogar no sólo exige la aplicación de medidas legislativas, sino también un cambio de mentalidad entre los agentes de la sociedad que intervienen para tratar el problema, en el Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género se prevé, además: la realización de actividades de concienciación de jueces, fiscales y policías del orden público en el marco de una intervención más rápida; la creación de un servicio estructurado de información para las víctimas de la violencia de género; el fortalecimiento de los mecanismos de acogida para las mujeres que han sido víctimas de la violencia; y la creación de centros de acogida provisionales.
En el informe se señala que, desde julio de 2004, el Gobierno ha puesto en marcha campañas de sensibilización de las mujeres sobre sus derechos en las que se explica en qué consiste la violencia en el hogar, qué formas reviste y qué medios están a disposición de las mujeres en esas circunstancias (véase párr. 141). ¿Qué medidas se han puesto en práctica, además del proyecto experimental mencionado en el párrafo 154 del informe, a efectos de brindar a las mujeres asistencia jurídica de manera que puedan obtener reparación?
Además de la reforma legislativa realizada en el marco del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, en el plano jurídico el Gobierno se ha dedicado estos últimos años a implantar la legislación relativa a la asistencia judicial. Si bien existe una ley de acceso a la justicia (Ley No. 35/II/88, de 18 de junio), ésta aún no se ha aplicado a cabalidad. Por consiguiente, el Decreto de Aplicación No. 10/2004, de 8 de noviembre de 2004, entró en vigor para regular el régimen de asistencia judicial, sobre todo respecto de la modalidad de remuneración de los profesionales de la justicia. A continuación, también se publicó la Orden No. 1/2005, de 10 de enero, por la que se aprobaba el cuadro de honorarios y gastos, así como el valor de la asistencia letrada. Por consiguiente, por intermedio de este conjunto de leyes que hacen viable el acceso a la justicia, estamos llegando poco a poco a garantizar el derecho a la información jurídica y a la tutela judicial, destinada a los más necesitados, en particular las mujeres de bajos ingresos.
Entre los progresos importantes en relación con las reformas legislativas en el ámbito judicial, cabe citar también la regulación de los medios extrajurisdiccionales de resolver un conflicto, a saber, el arbitraje y la mediación. Como estas formas de solución de litigios constituyen una manifestación de la autonomía privada en materia de resolución de conflictos, pueden contribuir a prevenirlos y a descongestionar los tribunales. Se trata de mecanismos a disposición de todos los ciudadanos, en particular las mujeres, para asegurar un tratamiento más acelerado de los conflictos cotidianos (Ley No. 76/VI/2005, de 16 de agosto, Diario Oficial 33, que rige el procedimiento de arbitraje; Decreto de Aplicación No. 8/2005, de 10 de octubre, Diario Oficial 41, que rige la creación de los Centros de Arbitraje; Decreto No. 30/2005, de 9 de mayo, Diario Oficial 19, por el que se crean los Centros de Mediación; Decreto No. 31/2005, de 9 de mayo, Boletín Oficial 19, que rige el recurso al procedimiento de mediación en el marco de la resolución de conflictos).
Posteriormente, teniendo siempre presente el objetivo de proporcionar a nuestros ciudadanos unos medios cada vez más rápidos y apropiados para solucionar conflictos, en virtud del Decreto No. 62/2005 de 10 de octubre también se crearon las denominadas Casas de Derecho (“Casas de Direito”), mecanismos extrajudiciales que funcionan bajo la dirección del Ministerio de Justicia con el fin de promover el acceso a la justicia y al derecho garantizando, en particular, la información y la consulta jurídica, estimulando el fomento de la ciudadanía y la participación cívica de los ciudadanos y divulgando los medios judiciales y extrajudiciales a su disposición para la resolución de conflictos. Las Casas de Derecho tienen también por objeto responder a los casos de violencia en el hogar, en general, y dirigida contra la mujer, en particular, habida cuenta de que el Gobierno reconoce que se trata de un problema que no cabe soslayar y para el cual es urgente crear mecanismos de apoyo, asesoramiento y orientación de las víctimas. Estos mecanismos aún están en proceso de elaboración, dado que la legislación sobre este aspecto es bastante reciente.
Además, por lo que hace a los mecanismos existentes, el Instituto de la Condición Femenina coopera ya desde hace cierto tiempo con la Asociación de Mujeres Juristas de Cabo Verde (AMJ) para presentar en Praia un servicio jurídico permanente para mujeres, sobre todo las más desfavorecidas. El Instituto de la Condición Femenina coopera también con la Organización de las Mujeres de Cabo Verde (OMCV) en el mantenimiento de otro bufete situado en la isla de São Vicente.
Sírvase indicar si existe una estrategia amplia y multidisciplinaria para luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer. En caso afirmativo, sírvase describir dicha estrategia.
Con el lanzamiento del proyecto piloto de creación de un servicio de acogida a las víctimas de la violencia en el hogar en 2004, se pretende establecer una estrategia pluridisciplinaria para luchar contra esta forma de violencia contra la mujer. El objetivo de este proyecto iniciado por el Ministerio de Justicia consistía en reforzar la coordinación entre las intervenciones del Estado y las de la sociedad civil mediante la participación de diversas instituciones del Estado y las organizaciones no gubernamentales. Se trataba de prestar un apoyo rápido a las víctimas a fin de ahorrar tiempo y energía mediante una mejor coordinación y una intervención más articulada y eficaz. De conformidad con lo expresado en el informe, el primer servicio de acogida se creó en el hospital más importante del país, situado en la capital. Posteriormente, en noviembre de 2005, se creó el segundo servicio de acogida, localizado en el hospital Baptista de Sousa (en la isla de São Vicente) en la segunda municipalidad más grande del país.
Cabe destacar que este proyecto entraña la cooperación e interacción entre los distintos interesados directos. Con ese fin, se firmó un protocolo de cooperación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Administración Interna, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Solidaridad, el Instituto de la Condición Femenina y organizaciones como la OMJ y la OMCV.
Además de las campañas y los programas en que se aborda regularmente esta cuestión, las medidas vigentes tienen por objeto facilitar a las víctimas el acceso a servicios médicos y a una policía de acogida; proporcionarles información, un servicio de asesoramiento jurídico y asesoramiento psicosocial. Hasta ahora este servicio ha funcionado bien gracias a la articulación de los servicios de los distintos hospitales, centros de salud, la policía del orden público, la policía judicial, la Procuraduría de la República, el Instituto de la Condición Femenina, el Instituto de Menores de Cabo Verde y la Asociación de Mujeres Juristas, entre otras entidades que han colaborado estrechamente para prestar con más rapidez un servicio de acogida a las víctimas.
Mientras tanto, Cabo Verde reconoce que el problema de la violencia en el hogar es motivo de preocupación y requiere una intervención constante. Quizás los medios existentes no sean suficientes ni eficaces para abordar el problema. Por consiguiente, paralelamente a esta intervención sobre el terreno, durante el mes de abril de 2006 los encargados de la capacitación recibieron una formación en técnicas de acogida a las víctimas de la violencia (abordando, en particular, la situación de las víctimas de la violencia en el hogar), destinada a una variedad de profesionales que a diario deben enfrentarse a este tipo de problemas, con miras a proporcionarles las técnicas de apoyo a las víctimas de la violencia y a enseñarles a tratar con los agresores. También con el mismo fin, en diciembre de 2005, 80 agentes de policía siguieron en la isla de São Vicente un curso de formación con miras a su concienciación sobre las denuncias de violencia en hogar, que se dirigen fundamentalmente a la policía del orden público. Estos cursos de formación tienen por objeto reforzar la capacidad de los profesionales, que no siempre son los más aptos para enfrentar este tipo de problemas, cuando se precisa una respuesta eficaz en la lucha contra la violencia sexista.
Además, se realizó un estudio sobre la violencia de género para conocer mejor ese fenómeno. El propósito del estudio consiste en hacer un diagnóstico preciso del problema, analizando el perfil del agresor y de la víctima y evaluando incluso si los mecanismos de intervención existentes permiten responder debidamente al problema. Sobre esta base, se proporcionará una subvención para preparar mejor la estrategia de intervención, corregir posibles deficiencias y poner en práctica nuevas medidas.
Artículo 6
En el informe se indica que Cabo Verde no ha tenido problemas graves con la trata de mujeres y la prostitución forzosa (véase párr. 174). Sin embargo, la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, dio cuenta de que el país es un punto de tránsito para quienes se dedican a la trata de personas y de que persiste una grave preocupación por la prostitución juvenil (E/CN.4/2003/75/Add.1, párrs. 134 y 131). Además de la disposición legal del Código Penal (véase CEDAW/C/CPV/1-6, párr. 186), ¿qué medidas se han adoptado para combatir la trata de personas, incluso por medio de la cooperación bilateral y regional con los países vecinos, así como para prevenir la explotación de la prostitución y prestar servicios de rehabilitación y apoyo para la reintegración social de las mujeres que desean abandonar la prostitución?
La afirmación que figuran el párrafo 174 del informe se basa en el Informe anual de los servicios del Procurador de la República, en que efectivamente no se menciona un solo caso de trata de mujeres ni de prostitución forzada que haya sido objeto de denuncia ante los tribunales. Habida cuenta de la falta de información fiable sobre este tipo de situaciones, se concluyó que el problema no era grave.
Sin embargo, el Gobierno de Cabo Verde reconoce que, debido a la situación geoestratégica del país, éste puede utilizarse como base en el itinerario seguido por los traficantes de drogas o personas. Además, Cabo Verde es consciente de la importancia y preocupación que representa esta cuestión. Por consiguiente, el país participa con la comunidad internacional y en asociación con otros países en la lucha contra este flagelo y su prevención.
En el marco de las relaciones internacionales y las iniciativas emprendidas para luchar contra la delincuencia organizada a fin de prevenir la explotación de la mujer mediante la prostitución, Cabo Verde ha procurado adoptar los distintos instrumentos internacionales en la materia y se ha esforzado por ponerlos en práctica; con este fin, el Estado se adhirió recientemente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (el 15 de julio de 2004), así como a sus respectivos protocolos, entre los cuales cabe destacar el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (el 15 de julio de 2004) y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (el 15 de julio de 2004), la Convención sobre los Derechos del Niño (el 4 de junio de 1992) y un Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (el 10 de mayo de 2002). La adhesión a estos instrumentos se debe al reconocimiento de que la trata de personas, en particular de mujeres y niños, es un problema grave que, por consiguiente, exige la adopción de medidas eficaces para evitar su propagación.
En el marco de la cooperación bilateral, habida cuenta de la naturaleza de tales delitos, que día tras día parece tornarse más transfronteriza, Cabo Verde ha concertado acuerdos de cooperación jurídica y judicial en materia civil y penal con numerosos países con los que mantiene mejores relaciones. Estos acuerdos permitirán coordinar mejor los mecanismos existentes para hacer viable la lucha contra este tipo de delitos, lo que incluye, entre otras cosas, la asistencia mutua en materia de comunicación de información, la incoación de procedimientos y la tramitación de otro tipo de gestiones públicas, la posibilidad de constituir equipos mixtos para proceder a la investigación de causas, etc. Con ese fin, ya se han firmado acuerdos con Portugal (Resolución No. 98/VI/2004, de 7 de junio) y también se firmaron otros acuerdos con el Senegal y con otros países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa de la que forma parte: Angola, el Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y Príncipe y Timor-Leste.
Si se analiza la cuestión a nivel interno, hasta hace poco tiempo no se había realizado ningún estudio concreto que permitiera determinar el estado de la prostitución en Cabo Verde. Pero, recientemente, se hizo un estudio cualitativo y estimativo de la proporción de los dos grupos de población de riesgo respecto del VIH/SIDA: los usuarios de drogas inyectables y los profesionales del sexo (marzo de 2006); los datos dimanantes de este estudio son corroborados por la información que se posee sobre los consumidores de drogas y los profesionales del sexo y el VIH/SIDA. Este estudio permitió determinar cuáles eran los lugares más afectados por el consumo de estupefacientes y la relación que guarda con la industria del sexo, además de calcular la proporción de estos dos grupos de población, a fin de programar mejor las iniciativas de prevención, precaución y apoyo a esta población. Ya se ha identificado a un total de 884 integrantes del grupo de la prostitución, de los cuales 859 eran mujeres. El estudio permitió comprobar que la edad de las personas que integran el grupo de la prostitución oscila entre los 13 y los 39 años de edad, pero en su gran mayoría tienen entre 15 y 25 años. Se trata de mujeres solteras que viven solas o separadas. La mayoría tiene dos o tres hijos y justifican su empeño en mantenerse en esta actividad por el imperativo de subvenir a las necesidades de sus hijos o de la propia familia relacionado con la alimentación o la educación de los hijos. Se trata, ante todo, de una estrategia para enfrentar la pobreza (pág. 15 de la versión francesa del estudio). La prostitución no siempre se asume como profesión, sino como una fuente no estructurada de ingresos, que más bien los suplementa, habida cuenta de que la mayoría de esas mujeres ejerce de hecho una actividad profesional paralela (pág. 17 de la versión francesa). El propósito de este estudio reciente consiste en trazar una política de intervención más eficaz cuyas orientaciones principales son el fortalecimiento de la capacidad de acogida de los servicios de salud y demás instituciones relacionadas con la prevención y la atención de la salud a fin de acoger mejor a este grupo de población, además de movilizar a la comunidad en torno a este problema.
En la actualidad, los consumidores de drogas y los profesionales del sexo pueden recurrir a las organizaciones no gubernamentales, los servicios municipales de salud, la Comisión de Coordinación de la Lucha contra el Consumo de Drogas y el Instituto de Menores de Cabo Verde en busca de protección. Sin embargo, en el marco de la rehabilitación y reinserción de mujeres que ejercen la prostitución, no existe ninguna institución especializada en ese problema. En algunos casos en que hay adolescentes implicados, el Instituto de Menores de Cabo Verde ha sido una de las entidades que ha intervenido para prestar servicios psicosociales y, cuando correspondía, remitir el caso a la institución encargada de acoger a esos adolescentes inaugurada recientemente en Santa Catarina para responder a las situaciones más graves de todo el territorio nacional. Con todo, es evidente la necesidad de contar con una estrategia orientada más concretamente a las mujeres que se prostituyen. Sobre la base de este estudio, se pretende precisamente articular mejor dicha estrategia y adoptar medidas al respecto.
Artículos 7 y 8
En el informe se indica que desde 1999, tras la entrada en vigor del Código Electoral, el Estado provee una subvención electoral a los partidos políticos o a las coaliciones de partidos y a las candidaturas presentadas por grupos de ciudadanos, si por lo menos el 25% de los candidatos que resultan elegidos en las elecciones municipales son mujeres (artículo 420 del Código Electoral) (véase párr . 111) y que, en las mismas condiciones, el Estado otorgará dicha subvención también en el caso de las elecciones nacionales (artículo 404 del Código Electoral) (véase párr . 112). ¿Cuántos partidos políticos, coaliciones o grupos de ciudadanos han recibido esa subvención electoral? ¿Tiene el Gobierno la intención de dictar leyes que establezcan cupos obligatorios?
La subvención electoral a los partidos políticos, coaliciones de partidos y grupos de ciudadanos que tienen un mínimo del 25% de mujeres entre sus candidatos electos es una medida que, a pesar de estar incluida en el Código Electoral, debe reglamentarse por ley. Hasta ahora no se ha aprobado legislación alguna en este sentido; por consiguiente, ningún partido político, coalición o grupo de ciudadanos ha accedido a dicha subvención electoral.
Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, entre las actividades previstas en el Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros, está promover una modificación legislativa, que incluya medidas de acción afirmativa vinculadas con la participación de las mujeres en el poder y en la toma de decisiones.
Habida cuenta de que las mujeres representan el 11,1% de los diputados en la Asamblea Nacional, 21,37% de los representantes en las municipalidades, 15,09% de los representantes en las asambleas municipales y 32,5% de los diplomáticos (párrafos 161 a 165 y cuadros en los párrafos 216 y 217), ¿qué medidas, en particular medidas especiales provisionales con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, está adoptando el Gobierno para alentar a las mujeres a participar en la vida política y pública, incluso en la esfera internacional?
Este tema es de gran importancia para el Gobierno de Cabo Verde y se recoge en el Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros, como se ha mencionado en la pregunta anterior.
Con respecto a esta pregunta, cabe observar que entre las estrategias que se aplicarán en el curso del período comprendido entre 2005 y 2009 el Plan prevé, entre otras cosas: a) reforzar la colaboración con la Red de Mujeres Parlamentarias, con el fin de continuar las tareas emprendidas y concentrar los esfuerzos, independientemente de la afiliación política, para incluir las cuestiones vinculadas con el género en todos los ámbitos de acción de la Asamblea Nacional; b) desarrollar políticas específicas, dirigidas a las mujeres y dirigentes jóvenes, con referencia a la cuestión de la participación y el liderazgo; c) aplicar una política municipal en materia del género para hacer posible una gestión horizontal efectiva del Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros, al igual que una mayor eficacia y realismo de las medidas aplicadas (párrs. 60 y 61).
De acuerdo con las directivas del Plan, el Programa del Gobierno (2006) adopta el objetivo de alcanzar una mayor democratización del sistema de poder, mejores oportunidades en todos los niveles, una modificación de las conductas y actitudes y una posible discriminación positiva a favor de la mujer cuando esto sea necesario.
En sintonía con los objetivos de la Recomendación General No. 25 del Comité, la composición del Gobierno en el año 2006 demuestra que el mismo ha adoptado una política de inclusión de las mujeres, y como consecuencia, de los 20 miembros que componen el Gobierno actual (ministros y secretarios), seis son mujeres, es decir el 30% de los integrantes. Hay que tener en cuenta que en el Gobierno anterior, entre los 16 ministros y secretarios de Estado, solamente tres eran mujeres, es decir el 18,75%. Por consiguiente, una de las iniciativas del Gobierno actual ha sido promover la participación de las mujeres en las esferas más altas del Gobierno nacional.
A nivel parlamentario, el Instituto de la Condición Femenina, en asociación con la Red de Mujeres Parlamentarias, ha instrumentado una estrategia de sensibilización y reflexión conjuntas con los principales partidos representados en el Parlamento, con miras a la preparación de listas electorales equilibradas. Esta acción tuvo como consecuencia un aumento del 4% en el número de mujeres diputadas (de un 11% en 2001 a un 15% en 2006).
A nivel internacional, los representantes de Cabo Verde se designan sin tener en cuenta el género.
Artículo 10
Según el censo del año 2000, la tasa de analfabetismo de las mujeres alcanza el 32,8%, y de un total de 62.696 personas analfabetas, el 69,5% son mujeres (párrs. 7 y 292). Sírvase describir toda nueva iniciativa, además de las que se describen en el informe, prevista o en marcha para incrementar la alfabetización de las mujeres.
Para lograr una visión más clara de la situación, hay que explicar primeramente que la alfabetización en Cabo Verde es una tarea que comenzó hace muchos años, en 1975, luego de que se constatara el alto índice de analfabetismo en el país (aproximadamente el 61,3%). Se comprendió entonces la necesidad de intervenir desarrollando campañas insistentes para mejorar la formación educativa de esta población.
Las políticas de alfabetización y educación de adultos han contribuido a la disminución del índice de analfabetismo en Cabo Verde que, en el año 2000, había descendido marcadamente a un 25,2%. Sin embargo, las cifras del censo realizado en el año 2000 indican que es necesario continuar con las labores en esta área. En particular, los datos del censo indican que los mayores índices de analfabetismo se registran en el medio rural (35%) en comparación con el medio urbano (18%), y que el analfabetismo es más acentuado entre las mujeres (32,8%) que entre los hombres (17%). Además, se observa que el 44% de las mujeres del medio rural son analfabetas (véase “Alphabétisation et Education Niveau Primaire des Adultes au Cap Vert – Bref historique de ces 30 dernières années”, pág. 3). De este modo, gracias a los estudios estadísticos, puede observarse que gran parte de la población más desfavorecida, económicamente frágil y analfabeta, está formada por mujeres; todavía requieren una intervención útil y orientada hacia la resolución de sus problemas.
La identificación de estos problemas ha permitido realizar una mejor articulación de las iniciativas en el terreno. Sin embargo, aunque todavía queda mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida económicamente y para luchar contra la pobreza, se observan importantes avances en la alfabetización y la educación de adultos en Cabo Verde, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, particularmente en el caso de las mujeres, que son el grupo social más afectado por el fenómeno del analfabetismo.
Resumen de los datos estadísticos referentes a la alfabetización de adultos entre 1979 y 2005
|
1 a fase* |
2 a fase** |
3 a fase*** |
1 a / 2 a y 3 a fases |
|||||||||||
|
Años |
Total |
Hombres |
Mujeres |
Total |
Hombres |
Mujeres |
Total |
Hombres |
Mujeres |
Total |
Hombres |
Por - centaje |
Mujeres |
Por - centaje |
|
1979/1980 |
1 176 |
447 |
729 |
322 |
162 |
160 |
– |
– |
– |
1 498 |
609 |
41 |
889 |
59 |
|
1980/1981 |
1 263 |
480 |
783 |
496 |
250 |
246 |
– |
– |
– |
1 759 |
730 |
42 |
1 029 |
58 |
|
1981/1982 |
1 937 |
737 |
1 200 |
515 |
260 |
255 |
– |
– |
– |
2 452 |
997 |
41 |
1 455 |
59 |
|
1982/1983 |
1 831 |
696 |
1 135 |
718 |
362 |
356 |
– |
– |
– |
2 549 |
1 058 |
42 |
1 491 |
58 |
|
1983/1984 |
2 828 |
1 076 |
1 752 |
635 |
320 |
315 |
– |
– |
– |
3 463 |
1 396 |
40 |
2 067 |
60 |
|
1984/1985 |
4 385 |
1 668 |
2 717 |
1 034 |
522 |
512 |
– |
– |
– |
5 419 |
2 190 |
40 |
3 229 |
60 |
|
1985/1986 |
3 969 |
1 659 |
2 310 |
1 988 |
1 173 |
815 |
– |
– |
– |
5 957 |
2 832 |
48 |
3 125 |
52 |
|
1986/1987 |
3 320 |
1 302 |
2 018 |
2 616 |
1 321 |
1 295 |
– |
– |
– |
5 936 |
2 623 |
44 |
3 313 |
56 |
|
1987/1988 |
2 716 |
995 |
1 721 |
2 934 |
1 397 |
1 537 |
– |
– |
– |
5 650 |
2 392 |
42 |
3 258 |
58 |
|
1988/1989 |
5 269 |
1 799 |
3 470 |
3 156 |
1 584 |
1 572 |
– |
– |
– |
8 425 |
3 383 |
40 |
5 042 |
60 |
|
1989/1990 |
4 151 |
1 242 |
2 909 |
3 853 |
1 782 |
2 071 |
– |
– |
– |
8 004 |
3 024 |
38 |
4 980 |
62 |
|
1990/1991 |
2 656 |
843 |
1 813 |
3 188 |
1 334 |
1 854 |
– |
– |
– |
5 844 |
2 177 |
37 |
3 667 |
63 |
|
1991/1992 |
714 |
306 |
408 |
1 263 |
555 |
708 |
– |
– |
– |
1 977 |
861 |
44 |
1 116 |
56 |
|
1992/1993 |
511 |
158 |
353 |
756 |
340 |
416 |
– |
– |
– |
1 267 |
498 |
39 |
769 |
61 |
|
1993/1994 |
609 |
301 |
308 |
900 |
492 |
408 |
354 |
168 |
186 |
1 863 |
961 |
52 |
902 |
48 |
|
1994/1995 |
1 002 |
323 |
679 |
1 055 |
424 |
631 |
361 |
160 |
201 |
2 418 |
907 |
38 |
1 511 |
62 |
|
1995/1996 |
962 |
295 |
667 |
1 390 |
497 |
893 |
231 |
103 |
128 |
2 583 |
895 |
35 |
1 688 |
65 |
|
1996/1997 |
966 |
295 |
671 |
1 225 |
469 |
756 |
389 |
184 |
214 |
2 580 |
948 |
37 |
1 641 |
64 |
|
1997/1998 |
734 |
188 |
546 |
881 |
296 |
585 |
1 490 |
584 |
906 |
3 105 |
1 068 |
34 |
2 037 |
66 |
|
1998/1999 |
662 |
228 |
487 |
980 |
279 |
683 |
3 305 |
1 372 |
1 933 |
4 947 |
1 879 |
38 |
3 103 |
63 |
|
1999/2000 |
426 |
124 |
302 |
669 |
242 |
427 |
1 557 |
697 |
860 |
2 652 |
1 063 |
40 |
1 589 |
60 |
|
2000/2001 |
331 |
101 |
230 |
487 |
180 |
307 |
961 |
323 |
638 |
1 779 |
604 |
34 |
1 175 |
66 |
|
2001/2002 |
409 |
117 |
292 |
337 |
122 |
215 |
817 |
312 |
505 |
1 563 |
551 |
35 |
1 012 |
65 |
|
2002/2003 |
614 |
135 |
479 |
378 |
138 |
240 |
1 065 |
460 |
605 |
2 057 |
733 |
36 |
1 324 |
64 |
|
2003/2004 |
847 |
244 |
603 |
793 |
279 |
514 |
1 769 |
690 |
1 079 |
3 409 |
1 213 |
36 |
2 196 |
64 |
|
2004/2005 |
751 |
192 |
559 |
843 |
247 |
596 |
1 351 |
455 |
896 |
2 945 |
894 |
30 |
2 051 |
70 |
|
Total |
45 039 |
15 951 |
29 141 |
33 412 |
15 027 |
18 367 |
13 650 |
5 508 |
8 151 |
92 101 |
36 486 |
40 |
55 659 |
60 |
Fuente: Dirección General de Alfabetización y Educación de Adultos (DGAEA), septiembre de 2005.
*1a fase: equivale al 1er y 2o año de enseñanza primaria.
**2a fase: equivale al 3er y 4o año de enseñanza primaria.
***3a fase: equivale al 5o y 6o año de enseñanza primaria.
Con respecto a la alfabetización de adultos, actualmente existe el Programa de Enseñanza Primaria para Adultos, que tiene el objetivo de extender la educación primaria a todos los jóvenes y adultos. Equivale a seis años de escolaridad obligatoria y su alcance va más allá de la alfabetización. El programa apunta a la integración de las actividades de alfabetización y educación de los adultos en el contexto del desarrollo local y comunitario; también busca, dentro de lo posible, articular la enseñanza académica con la formación profesional básica. Se trata de un programa escolar que propicia la alfabetización y una educación flexible de los adultos y se adapta a las necesidades de los alumnos de cada isla y consejo.
Como resultado de la adopción de este programa, y gracias a la integración de la realidad social de Cabo Verde, los técnicos elaboraron programas, manuales escolares y guías que ya han sido evaluados, adaptados y generalizados. Habida cuenta del aumento del nivel de escolaridad primaria obligatoria, se han realizado experiencias en diferentes consejos del país, a nivel del programa común de enseñanza secundaria (7o y 8o años de escolarización), para los adultos que terminen la tercera fase de la enseñanza primaria. El objetivo es adaptar el programa de enseñanza de adultos a las nuevas exigencias del mercado o a las que resulten directamente de los participantes en el proceso educativo.
A nivel nacional, la alfabetización y la educación de adultos están a cargo de un grupo de instructores; casi todos han realizado la primera fase de práctica de formación, y un tercio ha terminado la segunda fase, que se considera adecuada para trabajar con los alumnos adultos de 5° y 6° año (que equivalen a la tercera fase de enseñanza primaria). La carrera docente de estos instructores está reconocida social y legalmente, y se encuentran integrados al Estatuto del Personal Docente.
Como se puede observar, la educación extraescolar de adultos recurre a un enfoque global, que no sólo incluye a la alfabetización, sino además la formación profesional. Todos los programas desarrollados tienen como prioridad a las mujeres de 15 a 49 años.
En la práctica, esta es la situación actual: el subsistema de alfabetización y educación de adultos es autónomo; las estructuras de educación de adultos están dispersas; las actividades de educación de adultos se articulan sobre la base de la formación profesional, integradas en el proceso de desarrollo local; existe una fuerte colaboración a nivel local, con intervención de las municipalidades; existe una red de bibliotecas públicas y móviles que funcionan en los 12 consejos del país; existen varios proyectos nuevos, que ya cuentan con financiación o esperan obtenerla, en el área de la educación y la formación de jóvenes y adultos; el nivel de equipamiento de los centros de los Consejos para la Educación de Adultos, en donde se llevan a cabo las actividades, es razonable; el periódico ALFA, fundado hace 15 años, con un tiraje de 8.000 ejemplares y 12 páginas de carácter puramente informativo, se publica con la contribución de varios colaboradores; se desarrollan proyectos de educación a distancia para adultos a nivel básico, medio y superior, en articulación con las instituciones nacionales y extranjeras; se experimentaron nuevas metodologías de alfabetización y educación de adultos en asociación con el Institut pour le Développement et l’Education des Adultes, con sede en Ginebra (Suiza), y la ONG brasileña Alfabetização Solidária; además de muchos otros proyectos.
Asimismo, el DGAEA ha desarrollado algunas etapas de un proyecto de enseñanza a distancia, dirigido a personas que ya han sido alfabetizadas, con un nivel entre el 7o y 8o año de educación escolar. El proyecto utiliza tres herramientas: textos escritos (distribución de manuales escolares); transmisiones radiales (cursos impartidos por radio) y cursos presenciales (trabajos dirigidos).
Finalmente, resta indicar que, entre los objetivos del Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros para el período 2005 a 2009, se incluye la disminución de las tasas de analfabetismo femenino, principalmente para las mujeres de más de 24 años.
El informe dice que a partir del año académico 2001-2002, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha indicado la posibilidad de una “suspensión temporal de las alumnas embarazadas de los establecimientos escolares” (véase párr. 294). También señala que dicha medida es muy polémica y que ha generado reacciones y protestas de sectores de la sociedad civil, a pesar de que no se han estudiado con precisión sus repercusiones (véase párr. 296). Sírvase explicar si se ha realizado algún estudio para evaluar los efectos de esa medida e indicar cuál es la posición del Gobierno a ese respecto .
En la actualidad, no existe ningún estudio referente a las adolescentes embarazadas en los establecimientos escolares; sin embargo, el Ministerio de Educación y Valorización de los Recursos Humanos tiene algunos datos de seguimiento de esta medida para los años lectivos 2003/2004 y 2004/2005 que indican que el porcentaje de alumnas embarazadas es inferior al 1%. Si se contabiliza el número de alumnas que vuelve a la escuela el año siguiente, se llega a la conclusión de que el 60% prosigue sus estudios satisfactoriamente y que en el período de referencia (2 años), el número de alumnas embarazadas se mantiene estable, mostrando incluso una tendencia a reducirse. Es importante aclarar que, en un primer momento, la medida provocó una polémica en algunos sectores de la sociedad civil, dado que se interpretó incorrectamente que se trataba de la expulsión y no de la suspensión. Sin embargo, el Ministerio intentó en todo momento explicar que la suspensión es sólo una medida que se toma luego de un análisis caso por caso, con el acuerdo de un subdirector de asuntos sociales (presente en todos los establecimientos escolares) que, sobre la base de un diálogo mantenido con la alumna, su familia y el establecimiento, adopta la decisión (compartida por todos) de anular la inscripción. Por lo tanto, la medida debe considerarse como una protección para la alumna, dado que el sistema educativo de Cabo Verde establece que un estudiante que repita el año más de dos veces perderá la calidad de tal (véase el Decreto No. 41/2003, del 27 de octubre). De esta forma, la alumna embarazada no se consideraría reprobada, sino que su inscripción se vería suspendida.
De acuerdo con un lineamiento del Ministerio, la medida de “suspensión temporal de las adolescentes embarazadas” se basa en los principios constitucionales de protección de la maternidad y la infancia, así como en el de la garantía, si las condiciones lo permiten, del derecho a la educación y la formación. No se trata de una medida punitiva y esta suspensión no puede considerarse una repetición de año, sino una oportunidad para que la alumna embarazada retome los estudios luego de haber asumido los deberes inherentes a la maternidad.
A pesar de que esta medida fue adoptada en el año lectivo 2001/2002 (y que los indicadores sugieren que ha sido bien aceptada) el Gobierno está plenamente dispuesto a reevaluarla. La reevaluación, que está prevista para este año, consistirá en un estudio detallado para determinar el impacto de esta medida, la percepción que las adolescentes tienen de la misma y si se alcanzaron los objetivos, principalmente el referente a la asistencia de la adolescente embarazada.
Paralelamente, el Ministerio ha desarrollado actividades de sensibilización en los establecimientos de educación secundaria con miras a prevenir los embarazos en la adolescencia y el Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros planea prestar apoyo a las madres adolescentes para que puedan continuar con sus estudios.
Mientras que el 52,8% de las jóvenes están matriculadas en el ciclo común de enseñanza secundaria, sólo el 39,5% de ellas están matriculadas en el ciclo técnico (véanse los cuadros sobre el número de jóvenes desglosados por género: educación secundaria y ciclos común y técnico, pág. 42). ¿Qué medidas se están tomando para alentar a las jóvenes a optar por las materias no tradicionales en los institutos de enseñanza?
Entre las iniciativas previstas por el Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros se encuentra la promoción del acceso de las mujeres jóvenes y adultas a la enseñanza técnica y científica, y a la formación profesional. En este contexto, se busca establecer un sistema de información y orientación profesional para exponer las diferentes alternativas de formación profesional y las ventajas de determinadas opciones en términos de inserción en el mercado laboral y de promoción del derecho a la formación profesional, con el objetivo de estimular a las jóvenes a optar por materias diferentes de las tradicionales (Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros).
Artículo 11
Sírvase proporcionar información estadística reciente, desglosada por sexo y que muestre tendencias a lo largo del tiempo, acerca de la participación general de la mujer en el mercado de trabajo en los sectores público y privado. Sírvase incluir información sobre la brecha entre la remuneración de las mujeres y de los hombres por trabajo de igual valor.
De acuerdo con lo que se puede constatar en los datos del censo de 2000, el sector privado es el principal empleador del país; concentra el 62,3% de los empleos registrados en el año 2000, en tanto que el sector público representa el 23,8%. El resto, aproximadamente el 13,9%, de la población ocupada trabaja en el seno de la familia. Si se discriminan los datos en función del género, se observa la misma tendencia: la mayoría de la población activa empleada trabaja para el sector privado, el 63,8% de los hombres y el 63,8% de las mujeres. A causa de diferentes factores, la proporción de los hombres que trabajan fuera de los sectores público o privado es bastante similar a la de las mujeres. Aunque es poco significativa, existe una mayor proporción de mujeres que comienzan la vida activa en el sector público. Sin embargo, son más los hombres que terminan la vida activa o llegan a la edad de jubilarse en el sector público (Censo de 2000, “Características Económicas de la Población”.
Con respecto al trabajo de las mujeres en los sectores público y privado, el cuadro que figura a continuación se basa en los datos del censo de 2000.
Repartición de la población empleada mayor de 15 años, por sectorde empleo, género y edad (porcentaje)
Total |
Total |
15-24 años |
25-44 años |
45-64 años |
65 + años |
Total en Cabo Verde |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Sector público |
23,8 |
17,8 |
27,9 |
24,3 |
6,9 |
|
Sectorprivado |
62,3 |
63,0 |
58,8 |
65,6 |
84,2 |
|
Otro |
13,9 |
19,1 |
13,3 |
10,1 |
8,9 |
Hombres |
Total |
15-24 años |
25-44 años |
45-64 años |
65 + años |
|
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Sector público |
24,0 |
16,7 |
27,7 |
28,7 |
8,9 |
|
Sector Privado |
63,8 |
66,4 |
60,8 |
62,5 |
82,9 |
|
Otro |
12,3 |
16,9 |
11,5 |
8,7 |
8,2 |
Mujeres |
Total |
15-24 años |
25-44 años |
45-64 años |
65 + años |
|
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Sector público |
23,5 |
19,4 |
28,0 |
20,2 |
4,0 |
|
Sector Privado |
60,6 |
58,4 |
56,5 |
68,5 |
86,1 |
|
Otro |
15,9 |
22,2 |
15,4 |
11,3 |
9,9 |
Fuente: Censo de 2000, “Características Económicas de la Población”.
Con respecto a la información referente a la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, es importante resaltar que, en el artículo 60, la Constitución de la República de Cabo Verde establece que “por un trabajo de igual valor, la mujer y el hombre recibirán la misma retribución”; además, el país ratificó el Convenio No. 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Por consiguiente, según el ordenamiento jurídico nacional, remunerar el mismo trabajo de dos maneras diferentes constituye discriminación.
En lo que respecta al sector público, es posible afirmar que no existe discriminación por motivos de género en lo que se refiere a la remuneración. El mismo trabajo se remunera con el mismo salario.
Sin embargo, en los hechos, en el sector privado no existen datos estadísticos precisos para comparar la remuneración de mujeres y hombres por el mismo trabajo. Los datos disponibles indican que hay profesiones en donde la presencia de los hombres es preponderante: por ejemplo, en las fuerzas armadas; entre los marinos y similares (1 mujer cada 157 hombres); los conductores de taxis y vehículos pesados (1 cada 120) y los mecánicos de automóviles (1 cada 103). De manera inversa, las mujeres predominan en las siguientes funciones: trabajos domésticos (1 hombre cada 42 mujeres); costureras, bordadoras y otras funciones similares (1 cada 21) y los docentes de los cursos para niños de nivel intermedio (1 cada 28). Entre los empleados administrativos contables y otras funciones similares se constata una mayor igualdad entre los géneros (perfecta igualdad), al igual que entre los médicos (97 hombres cada 100 mujeres) (para un análisis de las remuneraciones, consultar la pregunta 18).
Sírvase proporcionar información sobre la participación de la mujer en el sector no estructurado, en particular el número de mujeres en la economía no estructurada en comparación con las que trabajan en la economía estructurada.
No existen datos estadísticos precisos, discriminados en función del género, acerca de la participación de la mujer en la economía no estructurada, ni sobre una posible comparación detallada entre las mujeres que trabajan en el sector estructurado y las que lo hacen en la economía no estructurada.
Sin embargo, un análisis de los datos disponibles ofrece una idea aproximada de la situación. Según los datos que surgen del censo de 2000, del total de la población activa empleada, aproximadamente el 27,9% corresponde a trabajadores no calificados y, en este sector, la falta de calificación afecta más profundamente a las mujeres (37,1%) que a los hombres (20,1%). Es posible afirmar, pues, que una mayor proporción de mujeres integra la mano de obra no calificada y, por consiguiente, pertenece a un sector mal remunerado de la población (Censo de 2000, “características económicas de la población”).
Asimismo, en el año 2003 se realizó un estudio sobre la economía no estructurada y el microcrédito, que indicó que la principal rama de las actividades financiadas por el microcrédito era el pequeño comercio (86,4%), seguido de la agricultura (7,9%), la industria de la transformación (4,8%), los servicios (2,2%) y la pesca (0,5%). Estas actividades abarcan principalmente a la población femenina: el 10,6% de la población masculina contra el 89,4% de la población femenina (Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros).
Es posible afirmar que las mujeres constituyen una parte importante de la mano de obra no calificada y, por consiguiente, mal remunerada.
Sin embargo, es importante resaltar que la República de Cabo Verde es consciente de que las mujeres constituyen una gran mayoría de la población afectada por la pobreza y por un bajo nivel de escolaridad. A pesar de que las actividades que impulsan el microcrédito y otras actividades generadoras de ingresos suponen una baja remuneración, los programas del Gobierno las estimulan (véase la pregunta 21) y a través de ellas se intenta, en el contexto de la solución de los problemas más urgentes, promover la habilitación económica de la mujer. Se admite, sin embargo, que para modificar esta situación será necesario plantear objetivos a largo plazo, y uno de estos objetivos será la inversión en la educación, sector en el cual ya es posible observar un predominio de las jóvenes, en todos los niveles del sistema educativo. Se espera que esto dé lugar a resultados a largo plazo, en particular en lo referente a la disminución de la cantidad de mujeres mal remuneradas y que trabajan en la economía no estructurada.
Artículo 12
Sírvase proporcionar información sobre el número de mujeres infectadas con VIH/SIDA e indicar si se ha incorporado una perspectiva de género a los programas vigentes de lucha contra el VIH/SIDA.
La información más reciente sobre la situación del VIH/SIDA en Cabo Verde se encuentra en el informe elaborado por el Ministerio de Salud en abril de 2004, y en concreto en el Programa de Lucha contra el SIDA, que ofrece los siguientes datos:
Resumen evolutivo de los casos de VIH/SIDA notificados en Cabo Verde entre 1987 y 2003
|
VIH/SIDA |
||||||
|
Año |
Casos |
Incidencia/ 100.000 habitantes |
Prevalencia/ 100.000 habitantes |
|||
|
Hombres |
Mujeres |
Indeterminados |
Total |
|||
|
1987 |
42 |
19 |
0 |
61 |
||
|
1988 |
20 |
26 |
0 |
46 |
13,9 |
31,3 |
|
1989 |
22 |
31 |
0 |
53 |
15,7 |
44,0 |
|
1990 |
24 |
27 |
0 |
51 |
14,9 |
54,7 |
|
1991 |
20 |
13 |
0 |
33 |
9,5 |
60,8 |
|
1992 |
40 |
19 |
0 |
59 |
16,6 |
74,1 |
|
1993 |
17 |
17 |
0 |
34 |
9,3 |
76,9 |
|
1994 |
10 |
11 |
0 |
21 |
5,6 |
78,0 |
|
1995 |
17 |
20 |
0 |
37 |
9,7 |
83,2 |
|
1996 |
16 |
19 |
0 |
35 |
9,0 |
85,6 |
|
1997 |
15 |
19 |
0 |
34 |
8,6 |
87,0 |
|
1998 |
56 |
33 |
0 |
89 |
22,0 |
101,2 |
|
1999 |
42 |
52 |
6 |
100 |
24,2 |
117,4 |
|
2000 |
44 |
42 |
28 |
114 |
26,2 |
130,2 |
|
2001 |
71 |
63 |
0 |
134 |
30,3 |
149,8 |
|
2002 |
79 |
72 |
0 |
151 |
33,5 |
168,7 |
|
2003* |
85 |
82 |
2 |
169 |
36,8 |
193,4 |
|
Indeterm in ado |
8 |
8 |
||||
Total |
620 |
656 |
44 |
1 229 |
272,8 |
Fuente: Ministerio de Salud – Programa de Lucha contre el SIDA.
*2003: datos provisionales.
A los programas de lucha contra el VIH/SIDA existentes se les ha incorporado una perspectiva de género. En cuanto a los programas de sensibilización, las campañas han venido alertando acerca de la cuestión de la mujer y el VIH/SIDA, y sobre todo de su mayor vulnerabilidad biológica ante la enfermedad (subrayando el hecho de que, en los contactos sexuales esporádicos sin protección, la mujer contrae el virus más fácilmente que el hombre) y acerca del peligro de tener varias parejas distintas, del impacto que puede tener la enfermedad (sobre todo cuando afecta a las mujeres más desfavorecidas económicamente, y especialmente si además éstas son las únicas cabezas de familia) del riesgo de transmisión vertical de madre a hijo, etc. Los servicios salud ofrecen a las mujeres embarazadas, de forma gratuita, pruebas de detección del VIH y medicamentos antirretrovirales.
Con respecto a esta cuestión también está vigente en Cabo Verde el Acuerdo de Cooperación entre los Estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) relativo a la Lucha contra el SIDA (Decreto No. 17/2003, de 22 de diciembre), al que también se ha incorporado una perspectiva de género que estipula que el programa de la CPLP relativo a la Lucha contra el SIDA tendrá en cuenta las cuestiones de género y su conexión con la epidemia del VIH/SIDA (artículo 3). El programa prestará una atención especial a la cuestión de la mujer y el niño para tratar de reducir la transmisión vertical del virus y garantizar la prestación de apoyo a las madres afectadas por esta enfermedad.
El nuevo documento que se está elaborando, y que indica las prioridades, los objetivos, las estrategias y las acciones del Plan Estratégico Multisectorial de Lucha contra el VIH/SIDA para el período 2006-2010, también incorpora la perspectiva de género en sus distintos campos de acción. De esos campos, los más prioritarios son la prevención de la transmisión del VIH, la calidad de vida de las personas infectadas por el VIH y que han contraído la enfermedad, la implicación del sector público, el sector privado y la sociedad civil en general y la forma de gestionar y coordinar el Plan. Tras identificar los campos de acción, el Plan define los siguientes objetivos generales: reducir la propagación del VIH garantizando un acceso universal a los medios de prevención, mejorar la calidad de vida de las personas infectadas por el VIH/SIDA y que han contraído la enfermedad y reforzar la participación de las instituciones (instituciones de salud, autoridades municipales, asociaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas) en la aplicación del Plan y la gestión y coordinación de la respuesta nacional multisectorial al VIH/SIDA.
Al definir esos objetivos se ha tenido en cuenta la perspectiva de género, con acciones destinadas a: a) evitar la transmisión del VIH de madre a hijo, tanto en medios urbanos como en medios rurales (previendo muchas otras acciones en este sentido, como prestar servicios a las mujeres en los centros de salud reproductiva, ofrecer pruebas de detección del virus en hospitales y otros centros de salud, crear programas de sensibilización sobre los chequeos prenatales y la atención durante el parto, especialmente destinados a las mujeres, garantizar un acceso universal a los servicios, reforzar la capacidad de los hospitales para realizar una pronta detección de los casos de madres afectadas por el VIH/SIDA, asegurar una asistencia integral en todos esos casos y prestar apoyo psicológico, jurídico y nutricional a las madres seropositivas y a sus familias); b) fomentar la creación de un entorno ético y jurídico favorable que permita reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante la enfermedad; c) garantizar el acceso a servicios médicos, psicológicos y nutricionales a las mujeres seropositivas, a las madres seropositivas y a sus hijos, y muy especialmente a quienes viven en situación de precariedad; d) establecer relaciones de cooperación entre el Comité de Coordinación de la Lucha contra el SIDA (CCS-SIDA) y el Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza en relación con la financiación de proyectos que atiendan a las mujeres más vulnerables; e) promover la realización de una labor directa con los trabajadores sexuales y los consumidores de drogas dirigida expresamente a reducir su vulnerabilidad; y f) establecer relaciones de cooperación entre el CCS-SIDA y la Asociación de Mujeres Juristas de Cabo Verde (AMJ) para defender los derechos de las mujeres vulnerables al VIH/SIDA.
20. Según el informe, entre 1990 y 2000 el promedio de hijos en general y en los medios rurales disminuyó de 5,2 y 5,7 a 3,4 y 4,8, respectivamente, lo que revela que es más difícil emprender programas de planificación de la familia en las zonas rurales y que las mujeres del medio rural tienen menos conocimiento de las cuestiones de planificación (véase párr. 398). Sírvase describir las medidas adoptadas para asegurar que las mujeres, en especial las mujeres del medio rural, tengan acceso a servicios de salud reproductiva y sexual y programas educativos al alcance de sus posibilidades .
Si bien la realización de la Encuesta Demográfica de Salud Reproductiva de 1998 nos permitió constatar que, en efecto, las mujeres que residen fuera de los centros urbanos tienen un menor acceso a los servicios de salud reproductiva, se han adoptado ya medidas a diferentes niveles para asegurarse de que las mujeres concentradas sobre todo en las zonas periurbanas y rurales puedan beneficiarse de un mejor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
A este respecto hemos tratado, en primer lugar, de informar mejor a las mujeres residentes en medios rurales acerca de la importancia de la atención en materia de salud reproductiva y de los métodos anticonceptivos y los servicios prenatales disponibles, las enfermedades de transmisión sexual (especialmente el VIH/SIDA), la salud infantil, las vacunaciones, etc. Esta labor se realiza fundamentalmente a través de campañas de sensibilización llevadas a cabo por las organizaciones no gubernamentales que reciben apoyo del Instituto de la Condición Femenina (ICF), según lo dicho ya en respuesta a la pregunta 6.
Además de mejorar la información, hemos tratado también de garantizar un mejor acceso a estos servicios para las mujeres residentes en medios rurales, haciendo uso de las estructuras de salud existentes en ese medio, como unidades sanitarias de base y puestos sanitarios (como fuentes de obtención de métodos anticonceptivos). Y además, las mujeres residentes en el medio rural han recurrido también a establecimientos de los centros urbanos o a las unidades móviles existentes (Encuesta Demográfica de Salud Reproductiva de 1998).
Artículo 13
Teniendo en cuenta que alrededor del 40,1% de las familias están encabezadas por mujeres y que las jefas del hogar son con frecuencia víctimas de la pobreza (véanse párrs. 17 y 44), sírvase describir las iniciativas que se han emprendido o están previstas para habilitar económicamente a la mujer.
En la actualidad hay tres instituciones que trabajan para habilitar económicamente a la mujer: el Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza (PNLP), la Dirección General de Alfabetización y Educación de Adultos (DGAEA) y el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP).
El PNLP, en una de sus diversas vertientes, trabaja en los ámbitos de la capacitación, el acceso a microcréditos y el desarrollo de actividades generadoras de rendimiento, y para ello ha trabajado en numerosas ocasiones en colaboración con la DGAEA. EL PNLP contribuye a promover actividades de formación en ámbitos como la cocina, la electricidad, la panadería, la agricultura o la cría de animales, entre otros. La mayoría de esas actividades están dirigidas a residentes del medio rural y procuran, sobre todo, beneficiar a las mujeres.
Tras el nuevo planteamiento incorporado en la década de 1990 con respecto a la cuestión de la alfabetización y la educación de adultos, la DGAEA es considerada en la actualidad un importante actor en el escenario de participación social, económica, política y cultural del país. En otras palabras, esta estructura debe entenderse como un medio de llevar a buen puerto una serie de acciones definidas junto con las comunidades que den respuesta a sus preocupaciones cotidianas, desde aprender a leer hasta aprender a escribir y hacer cálculos, pasando por adquirir conocimientos básicos sobre la gestión de de las actividades generadoras de ingresos. De esta forma, la DGAEA se integra en las actividades docentes extraescolares destinadas a los adultos, no sólo en materia de alfabetización, sino también de formación profesional. En términos generales, la DGAEA tiene por misión promover la educación extraescolar a dos niveles: a) educación básica para los adultos, que comprende la alfabetización, la postalfabetización y otras acciones de educación permanente y cuyo objetivo es mejorar el nivel cultural, y b) el aprendizaje y las actividades de formación profesional, orientadas hacia la capacitación y el ejercicio de una profesión. De esta forma, la DGAEA no sólo ha trabajado en la promoción de la alfabetización (para lo cual se han ideado diversos planes operativos y fijado diversos objetivos destinados a combatir el analfabetismo entre los adultos) sino también en el ámbito de la formación profesional (peluquería, corte y confección, fontanería, construcción, cocina, electricidad, tareas domésticas, carpintería, etc.) y comunitaria (protección del medio ambiente, higiene personal, manipulación de alimentos, etc.). Todos estos cursos están abiertos a todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, si bien se observa una mayor participación de las mujeres, independientemente del curso. Cabe señalar también que, sobre todo, estos cursos se imparten en las zonas rurales.
El IEFP también contribuye a promover acciones de capacitación y formación, tanto para hombres como para mujeres. Entre los cursos que se imparten periódicamente figuran los de mecánica, hostelería, fontanería, electricidad, mantenimiento de equipos, construcción (albañilería), forjado de hierro y cocina. Estos cursos se han hecho públicos y están abiertos a hombres y mujeres, en idénticas condiciones de participación; tan es así que el Instituto ha adoptado una política de reclutamiento. La prioridad del IEFP es beneficiar a las mujeres, las personas con discapacidades y quienes llevan mucho tiempo desempleados. Se constata que, incluso en los cursos considerados típicamente masculinos (mecánica o fontanería, por ejemplo), se ha animado mucho a las mujeres a matricularse, lo que ha terminado por aumentar su participación, si bien sigue siendo reducida. Cabe señalar también que una gran parte de los jóvenes que han finalizado sus estudios ya han encontrado empleo. De hecho, el IEFP intenta trabajar con empresas, procediendo a identificar sus necesidades y buscando a jóvenes con el perfil ideal para su integración en el mercado laboral, generalmente mediante un período de práctica. Existen cinco centros de empleo en el país y diversos centros de formación en distintas localidades, con lo que se trata de conseguir una cobertura total.
También cabe destacar la labor de las organizaciones no gubernamentales, en particular de la Asociación de Ayuda a la Autopromoción de la Mujer en el Desarrollo (MORABI) de la Organización de las Mujeres de Cabo Verde (OMCV), que prestan asistencia a la población mediante la concesión de microcréditos y contribuyen a la inserción y a la mejora de la posición social de las mujeres caboverdianas (sobre todo las que son cabeza de familia, por ser conscientes de las dificultades a que se enfrentan al tratar de conseguir formas de crédito tradicionales) y a la participación de esas mujeres en el proceso de desarrollo económico, social y político de sus comunidades de origen y del país en general. Todas esas actividades han tratado de prestar apoyo a las mujeres y a los grupos desfavorecidos del medio rural y urbano, creando un espacio para el desarrollo de actividades generadoras de ingresos y llevando a cabo acciones de formación profesional y de ayuda en los ámbitos de la organización, la gestión y contabilidad y la selección y ejecución de proyectos. Para poder recibir este tipo de créditos, los proyectos deben ser viables tanto desde un punto de vista económico como financiero, contribuir a la creación de empleo y a la generación de ingresos y llevar a cabo actividades que no dañen el medio ambiente y sean completamente legales. Los proyectos y las empresas a los que se ha concedido financiación pertenecen generalmente a los sectores del pequeño comercio, la pesca artesanal, la conservación y comercialización del pescado, la agricultura y la pesca, la artesanía, las pequeñas industrias, la prestación de servicios, etc.
Según el informe, la Comisión Nacional de Lucha contra la Pobreza, creada en 2003, apoya a las personas más desfavorecidas a fin de posibilitar su inserción en el mercado de trabajo. Este programa tiene alcance nacional. Sin embargo, algunos subprogramas abarcan únicamente siete de los 17 municipios existentes (véase párr . 402). ¿Se ha tratado de poner en práctica subprogramas similares en todas las municipalidades?
Sí. El Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza, de alcance nacional, pretende llegar a todas las islas, municipios y localidades del país. La pobreza supone un grave problema y su reducción es uno de los objetivos prioritarios de la política de desarrollo adoptada por el Gobierno de Cabo Verde en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2005 y en la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza, por lo que resulta importante crear un programa de este tipo que permita aplicar medidas que favorezcan a las poblaciones con menos recursos económicos.
El PNLP tiene tres subprogramas: a) proyecto de desarrollo del sector social; b) programa de lucha contra la pobreza en el medio rural; y c) proyecto de promoción socioeconómica de grupos desfavorecidos. El primer subprograma se centra en la construcción de infraestructuras sociales (centros sociales, jardines de infancia, escuelas primarias, centros de atención sanitaria básica, complejos de salud, etc.) y de infraestructuras de apoyo a la actividad económica (carreteras, mercados, mataderos municipales, etc.), todo ello con la idea de crear empleo y reconvertir el Fuente de Mano de Obra de Alta Intensidad (FAIMO). El segundo y tercer subprogramas han ampliado su campo de acción a diversos ámbitos, como la movilización social, la formación profesional, la alfabetización, la construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento en las comunidades rurales más desfavorecidas, la vivienda pública, la promoción de actividades generadoras de ingresos y el “autoempleo” en los sectores de la pesca artesanal, la agricultura bajo riego, la artesanía, la pequeña industria de pesca y la transformación y comercialización de productos agrícolas y pesqueros (versión modificada de la resolución No. 9/2005 de 11 de abril).
En el marco de este programa se han identificado 230 bolsones de pobreza, distribuidos por los 17 municipios. Es importante resaltar que, para seguir el desarrollo de estos proyectos, y especialmente de estos subprogramas, se ha procedido, antes de nada, a la firma de un acuerdo de crédito que delimita su área de cobertura. Así, se han realizado en primer lugar un diagnóstico para identificar los lugares más afectados por la pobreza y las necesidades de la localidad con respecto al tipo de actividad que se pretende desarrollar allí y una evaluación de otros indicadores. Como consecuencia, habrá proyectos que se apliquen en todas las localidades del país y otros que se apliquen sólo en determinadas zonas, en función de las necesidades detectadas.
Artículo 14
Sírvase indicar si el Gobierno ha formulado una política de desarrollo rural y si en ella se presta especial atención a las mujeres del medio rural para mejorar su acceso a la educación, la salud, las oportunidades económicas y la participación en la toma de decisiones referentes a la planificación del desarrollo, incluso a nivel local. Sírvase también proporcionar información estadística que compare la situación de las mujeres y los hombres del medio rural en esos ámbitos.
El Gobierno de Cabo Verde ha procedido, efectivamente, a la formulación de una política de desarrollo rural, con una perspectiva de género. Los planes y medidas adoptados por el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Cabo Verde incorporan esa perspectiva, con el objetivo principal de aumentar la eficacia y el impacto de las medidas de desarrollo mediante la creación de un entorno legal, social, institucional y económico que facilite a) el acceso a los recursos y los servicios y el control de los mismos, en igualdad de condiciones, y b) la toma de decisiones por parte tanto de hombres como de mujeres, todo ello con vistas a impulsar el desarrollo (Estrategia para la integración de una perspectiva de género en las políticas y los proyectos).
En relación con esta iniciativa sectorial se han elaborado y adoptado otros documentos estratégicos con esa misma pretensión de promover la igualdad y equidad entre géneros. En este sentido, el Plan Nacional para la Igualdad y la Equidad de Géneros (PNIEG), reconociendo que la mujer del medio rural sufre limitaciones de naturaleza variada, ya sea a nivel educativo o económico o por motivos socioculturales, de salud o relativos a las condiciones de vida, etc., también prevé en su estrategia operativa medidas planificadas y sistematizadas y la participación y coordinación de distintos agentes, así como la incorporación de la perspectiva de género en todos los servicios. Se pretende así incorporar la cuestión de la mujer a los ámbitos más variados, incluidos los distintos ministerios y servicios, con el fin de lograr una mejor coordinación de las actividades, sobre todo de las que conciernen a las mujeres que viven en el medio rural.
Otro documento importante en el marco de las políticas que el Gobierno aplicará es la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza para 2005-2007, que adopta un enfoque integrado y horizontal en los distintos campos de actividad y procura establecer una coordinación más estrecha entre políticas destinadas a impulsar el crecimiento económico. Este documento reconoce la vulnerabilidad de las mujeres como grupo y la inseguridad que caracteriza la producción agrícola en razón de la constante escasez de agua y el avance del desierto. Muestra además que, si bien no existen grandes diferencias entre los géneros con respecto a la profundidad y gravedad del problema de la pobreza, las mujeres constituyen el grupo de riesgo más vulnerable, en la medida en que la tasa de desempleo de éstas duplica a la de los hombres, lo cual apunta a que es necesario intervenir específicamente a este respecto (resolución No. 9/2005, de 11 de abril).
Por lo que respecta a las estadísticas disponibles, la distribución por sexos de la población caboverdiana es la siguiente: en términos generales, hay 51,9% de mujeres y 48,1% de hombres; en medio rural, 52,2% de mujeres y 47,8% de hombres; y en medio urbano, 51,6% de mujeres y 48,4% de hombres.
Con respecto a la educación, los datos son los siguientes:
Población residente de 4 años o más, por sexo, sector de residencia y escolarización
|
Sector de residencia |
Ambos sexos |
Procentaje |
Hombre |
Procentaje |
Mujeres |
Procentaje |
||
|
Urbano |
209 699 |
100 |
100 936 |
100 |
108 763 |
100 |
||
|
Asiste actualmente a la escuela |
81 380 |
38,8 |
39 493 |
39,1 |
41 887 |
38,5 |
||
|
Asistió |
101 517 |
4,4 |
52 416 |
51,9 |
49 101 |
45,1 |
||
|
Nunca asistió |
26 802 |
12,8 |
9 027 |
8,9 |
17 775 |
16,3 |
||
|
Rural |
177 657 |
100 |
84 332 |
100 |
93 325 |
100 |
||
|
Asiste actualmente a la escuela |
65 706 |
37,0 |
33 014 |
39,1 |
32 , 692 |
35,0 |
||
|
Asistió |
72 999 |
41,1 |
37 685 |
44,7 |
35 314 |
37,8 |
||
|
Nunca asistió |
38 952 |
21,9 |
13 633 |
16,2 |
25 319 |
27,1 |
Fuente: Censo de 2000, Educación.
Según los datos del censo de 2000, la tasa de alfabetización es de 67,2% para las mujeres y 83,5% para los hombres; en las zonas urbanas las cifras son 75,5% para las mujeres y 88,9% para los hombres, y en las zonas rurales, 56,6% para las mujeres y 76,1% para los hombres.
Con respecto a la economía, los datos son los siguientes:
Tasa de actividad neta de la población de 15 años o más, por sexo y lugar de residencia (medio urbano o rural) y grupo de edad
|
Grupo de edad |
Total |
Hombres |
Mujeres |
|
Total |
68,9 |
74,4 |
64,1 |
|
15 a 24 años |
55,9 |
58,5 |
53,3 |
|
25 a 44 años |
89,4 |
94,2 |
85,0 |
|
45 a 64 años |
70,6 |
80,7 |
63,9 |
|
65 años o más |
31,1 |
41,7 |
23,3 |
|
Urbano , t otal |
67,5 |
73,3 |
62,3 |
|
15 a 24 años |
50,9 |
53,3 |
48,6 |
|
25 a 44 años |
89,7 |
94,4 |
85,1 |
|
45 a 64 años |
68,3 |
79,8 |
59,5 |
|
65 años o más |
20,8 |
28,0 |
16,2 |
|
Rural , t otal |
70,7 |
75,9 |
66,3 |
|
15 a 24 años |
63,0 |
65,4 |
60,4 |
|
25 a 44 años |
89,0 |
93,9 |
84,8 |
|
45 a 64 años |
73,0 |
81,9 |
68,2 |
|
65 años o más |
38,8 |
50,7 |
29,2 |
Fuente: Censo de 2000, Características Económicas de la Población.
La tasa de población económicamente activa es del 38,6% entre las mujeres y del 42,3% entre los hombres. La tasa de población activa desempleada es del 23,8% y el 11,1% respectivamente, y la tasa de desempleo en el medio rural es del 22% y el 9,1% respectivamente. Entre las personas al frente de explotaciones agrícolas familiares, los porcentajes son 36% de mujeres y 64% de hombres.
Con respecto a los jefes de familia pobres, el 16,1% son mujeres y el 12,4% hombres. Y entre los jefes de familia muy pobres, las cifras son de 14,9% y 13,4% respectivamente.
En el ámbito de la salud, y más en concreto en lo relativo a la utilización de métodos anticonceptivos, puede comprobarse que el 38% de las mujeres del medio rural utilizan al menos un método anticonceptivo, frente a un 70,1% de las mujeres que residen en entornos urbanos (Encuesta Demográfica de Salud Reproductiva). La proporción de partos con asistencia de los servicios de salud es del 91% en términos generales (del 90,5% en el medio rural y del 91,4% en el medio urbano).
Artículos 15 y 16
Según el informe, la edad mínima para contraer matrimonio es 18 años (artículo 139 del Código Civil) (véase párr . 477) y se prohíbe el matrimonio a los menores de 16 años (artículos 142, 1564 y 1592 del Código Civil) (véase párr . 478). Sin embargo las personas de 16 a 18 años pueden casarse (artículo 1572 del Código Civil) (véase párr . 479). Sírvase proporcionar datos desglosados por sexo sobre las personas de edades entre 16 y 18 años que contraen matrimonio, así como información sobre las medidas adoptadas para lograr que la edad legal mínima para que las mujeres contraigan matrimonio se ajuste plenamente a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y al párrafo 2 del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El censo de 2000 indica que la edad media de unión en Cabo Verde, ya se trate de matrimonios propiamente dichos o de parejas de hecho, se sitúa en 28,8 años en el caso de los hombres y en 24,6 años en el caso de las mujeres (Censo de 2000, Nupcialidad). El mismo censo muestra que aproximadamente el 0,4% de la población de 16 a 19 años está casada, esto es, un 0,1% de la población masculina frente a un 0,6% de la población femenina.
La Convención sobre los Derechos del Niño adopta, en su artículo primero, un concepto general de niño, según el cual la infancia se prolonga hasta los 18 años. Sin embargo, también admite que la infancia puede terminar antes de alcanzarse los 18 años de edad en los casos en que el Estado haya fijado una edad inferior para la mayoría de edad.
En el caso de Cabo Verde, el artículo 4 del Código del Menor (Decreto No. 89/82, de 25 de septiembre) y las disposiciones expresas del artículo 133 del Código Civil establecen que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.
Por lo tanto, se considera que el concepto de niño recogido en la legislación caboverdiana concuerda plenamente con las disposiciones de la Convención.
En términos generales la legislación de Cabo Verde considera que los niños no están capacitados para ejercer sus derechos. A efectos legales (artículo 137 del Código Civil) los padres o un tutor o administrador de bienes a quien los padres hayan otorgado un poder serán quienes decidan en su nombre.
Dicho esto, según la legislación caboverdiana esta incapacidad termina cuando el individuo alcanza la mayoría de edad o bien cuando se emancipa de pleno derecho mediante el matrimonio, momento en el cual pasa a estar capacitado para manejar su persona y sus bienes y disponer de ellos libremente (artículo 138 del Código Civil). En consecuencia, por medio del matrimonio puede alcanzarse la mayoría de edad a los 16 años, siempre que los padres no se opongan y, en caso de que exista oposición de los padres, siempre que un tribunal competente haya determinado que dicha oposición carece de fundamento (artículo 1572 del Código Civil).
Por lo tanto, entendemos que la legislación caboverdiana se ajusta al párrafo 2 del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, al disponer que la edad mínima para contraer matrimonio sea de 16 años, tanto para el caso de los hombres como de las mujeres, siempre que se cumplan las condiciones citadas en el párrafo anterior. A partir de los 16 años el matrimonio deberá ser debidamente registrado por el organismo competente.
¿Pueden las mujeres y los hombres invocar las mismas causas para solicitar el divorcio? ¿Existe la obligación legal de pagar pensión alimenticia a la esposa después del divorcio?
Sí. Según la legislación caboverdiana, el matrimonio queda disuelto mediante el divorcio o por muerte de uno de los cónyuges (artículo 1729 del Código Civil). El divorcio puede ser solicitado por el hombre o la mujer, en exactamente las mismas condiciones. Según la legislación de Cabo Verde, existen dos modalidades de divorcio: una en que el divorcio es solicitado al tribunal competente por ambos cónyuges (divorcio de común acuerdo) y otra en que uno de los cónyuges lo solicita de forma unilateral en base a hechos que constituyen un incumplimiento fundamental de los deberes conyugales y que comprometen o imposibilitan la vida en común o la educación de los hijos (divorcio contencioso). Este segundo tipo de divorcio queda contemplado en el artículo 1738 del Código Civil, y es importante señalar que esos hechos a que se hace referencia pueden ser invocados, en las mismas condiciones, por cualquiera de los cónyuges, independientemente de su sexo.
Con el fin de la unión cesa toda relación patrimonial entre los cónyuges, en cuyo caso, una vez repartidos los bienes adquiridos de forma conjunta y recibidos los bienes propios, la mujer puede reivindicar el derecho a una pensión alimenticia, calculada sobre la base de sus necesidades y de las posibilidades del otro cónyuge. En caso de que el matrimonio comparta hijos menores de edad, puede exigirse que se compartan las responsabilidades, fundamentalmente por lo que respecta a su manutención y su educación.
General
¿Ha tenido la Convención una amplia difusión en el país?
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se ha ido divulgando poco a poco. A menudo es objeto de discusiones en el transcurso de miniconferencias destinadas a explicar y debatir su contenido en el ámbito nacional. También se ha divulgado el texto en la Agenda 2006 elaborada por el Instituto de la Condición Femenina (ICF) con el fin de facilitar el acceso a sus disposiciones.
Sin embargo, es evidente que hasta la fecha las medidas adoptadas en este sentido no han sido muy enérgicas y que se precisa una mayor implicación para divulgar el contenido de la Convención y las disposiciones de las recomendaciones generales del Comité, a fin de que las cuestiones relativas a la mujer se encaren mejor en los tribunales, en los distintos sectores de la administración pública y en la sociedad civil. En este sentido el ICF ya ha procedido a identificar esa carencia durante la elaboración del presente informe y está elaborando una estrategia para dar mayor difusión a la Convención por medio de un folleto informativo especialmente elaborado al efecto.
Sírvase indicar los progresos realizados respecto a la ratificación del protocolo facultativo de la Convención o la adhesión a él.
Aún no se ha debatido debidamente en Cabo Verde la ratificación de dicho protocolo facultativo o la adhesión al mismo. El ICF, la Red de Mujeres Parlamentarias y la Red de Mujeres Economistas han planteado esta cuestión en diversas ocasiones, pero el proceso se encuentra sólo en fase embrionaria y todavía se está sopesando tal posibilidad.