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Introducción

Contexto general de la República Centroafricana

4

Compromiso de la República Centroafricana con la defensa de los derechos humanos

9

Marco jurídico nacional de protección y promoción de los derechos de las mujeres en la República Centroafricana

11

Marco institucional de protección y promoción de los derechos de las mujeres en la República Centroafricana

11

Medidas de políticas para la protección y la promoción de los derechos de las mujeres en la República Centroafricana

13

Medidas adoptadas para aplicar las disposiciones de la Convención

18

Estado de aplicación de las recomendaciones del informe anterior

22

Dificultades y limitaciones de la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

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Perspectivas de la República Centroafricana sobre la aplicación efectiva de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

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Conclusión

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Introducción

La República Centroafricana se ha adherido a numerosos instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Desde su ratificación, el 12 de julio de 1991, la República Centroafricana ha hecho todo lo posible por aplicar plenamente las disposiciones de la Convención de que son objeto los informes precedentes.

Las repetidas crisis político-militares que han tenido lugar en el país han perjudicado su proceso de desarrollo económico y social. La más reciente de ellas se desencadenó en diciembre de 2012 y, a partir de 2013, sumió al país en una espiral de violencia extrema sin precedentes caracterizada por matanzas y destrucción de bienes muebles e inmuebles a gran escala.

La ocupación de dos tercios del territorio nacional por grupos armados ha reducido mucho la capacidad del Gobierno no solo de afirmar su autoridad en todo el territorio nacional, sino también de llevar a cabo sus actividades soberanas en favor de todos los sectores de la población vulnerable en general y de las mujeres y los niños en particular.

Cabe señalar que, más allá de esas limitaciones, el Gobierno centroafricano, con el apoyo de sus asociados, ha podido aplicar medidas conformes con las disposiciones de la Convención en las zonas accesibles con el fin de dar respuestas adecuadas a las desigualdades de hecho y de derecho que afectan a las mujeres. La cuestión de la protección y la promoción de los derechos de las mujeres sigue siendo una de las principales preocupaciones del Gobierno.

En virtud del artículo 18 de la Convención, “[l]os Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité [para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer], un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:

a)En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate;

b)En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite;

c)Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención”.

A ese respecto, cabe recordar que el Comité examinó los informes periódicos inicial a quinto de la República Centroafricana en sus sesiones 1233ª y 1234ª, el 11 de julio de 2014.

Gracias al apoyo financiero de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), seis expertos nacionales encargados de preparar el presente informe llevaron a cabo rondas de consultas a nivel nacional de acuerdo con la recomendación núm. 55 del Comité, en la que se pide al Estado parte que siga las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos.

La recopilación de información para el presente informe y su redacción han seguido un método participativo, y en ellas han intervenido los interesados en la esfera de la promoción de los derechos humanos, los asociados para el desarrollo, las administraciones públicas, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los grupos confesionales y las autoridades locales.

Los resultados de este esfuerzo de recopilación y redacción fueron objeto de un taller de validación en el que participaron los asociados técnicos y financieros y los miembros del comité encargado de la redacción de informes sobre los derechos humanos en la República Centroafricana, así como otros asociados y representantes de otros sectores, como los de la salud y la educación.

En este informe periódico se presentan los progresos realizados por la República Centroafricana en la aplicación de las disposiciones de la Convención en favor de las mujeres entre 2014 y 2018, se responde a las recomendaciones formuladas por el Comité a raíz de su examen del informe precedente, el 11 de julio de 2014, y se comunican dificultades y sugerencias.

El informe se estructura en nueve puntos que tienen en cuenta las realidades y las particularidades a las que se enfrentan las mujeres. Estos son: el contexto general de la República Centroafricana, la evolución del marco jurídico e institucional de la promoción y protección de los derechos de las mujeres, el análisis de los progresos realizados en la aplicación de las disposiciones de la Convención en el periodo 2014‑2018, las recomendaciones del Comité relativas a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, las dificultades y las perspectivas.

I.Contexto general de la República Centroafricana

La República Centroafricana, antes conocida como Ubangui-Chari, está situada en el corazón de África y es un país sin litoral con las características que se presentan a continuación.

A.Geografía

La República Centroafricana es un territorio continental que limita al norte con el Chad, al este con el Sudán y Sudán del Sur, al oeste con el Camerún, al sureste con la República Democrática del Congo y al suroeste con el Congo. Tiene una superficie de 623.000 km², de los cuales el 3,2 % son tierras de cultivo, el 4,8 % son pastos, el 57,5 % son bosques y el 34,5 % son viviendas y terrenos de otro tipo.

El relieve de la República Centroafricana está formado por llanuras en el centro y el sur, mesetas en el oeste y dos grandes macizos. El pico más alto es el monte Ngaui, en el noroeste, cuya altitud es de 1.420 m.

El paisaje centroafricano se compone de una región central elevada (la cordillera centroafricana) y de dos depresiones: la cuenca del Chad en el norte y la cuenca del Congo en el sur. Las dos cuencas conforman la base del sistema hídrico del país.

Los cursos de agua de las dos cuencas de la República Centroafricana riegan el país en sentidos opuestos. El río Chari, en el norte, con sus afluentes, y el Ubangi, en el sur, con los suyos, siguen un régimen muy sencillo. Las crecidas tienen lugar en la estación húmeda. El Chari es navegable desde Batangafo; la cabecera del Ubangui presenta rápidos en el este, a partir de Bangui.

B.Clima

El país presenta tres tipos de clima:

•El clima húmedo guineano o ecuatorial en el sur;

•El clima sudanoguineano o intertropical en el centro;

•El clima sahelosudanés o subsaheliano en el norte.

Dentro de cada tipo de clima se observan subclimas en función del régimen de las precipitaciones y de la duración de la estación húmeda. En la República Centroafricana hay dos estaciones principales: la húmeda, de mayo a octubre, y la seca, de noviembre a abril.

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 23,4° del oeste (Buar) y los 26,5° del noreste (Birao). La mayor parte del territorio centroafricano recibe más de 1.220 mm de precipitaciones al año, y solo la zona subsaheliana de Birao recibe menos de 1 m de lluvia al año.

C.Flora y fauna

El clima centroafricano, de elevada pluviosidad, confiere al país una flora caracterizada por gran diversidad de bosques densos en el sur y el oeste del país, sabanas arboladas y herbáceas en el norte y mosaicos de bosque seco de tipo sabana que se extienden hasta las estepas del extremo noreste del país.

La variedad de flora, que también da lugar a climas variados, es el origen de una fauna importante y muy diversa. Hay especies de mamíferos (gorilas, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, jirafas, antílopes, etc.), reptiles (víboras, cocodrilos, caimanes, etc.) y aves de todo tipo.

La fauna acuática es rica en peces. En el marco de la gestión y la protección de la fauna, la República Centroafricana tiene varios parques nacionales, los más importantes de los cuales son Avakaba, en Bamingui-Bangoran, al noreste, y Zanga‑Sanga, en la prefectura de Sanga-Mbaeré, al suroeste. El patrimonio faunístico del país, unido a la variedad de su flora, hidrología y clima, lo convierten en una zona turística por excelencia. Sin embargo, conviene señalar que esta riqueza es también un imán para los cazadores furtivos, que diezman las especies raras y protegidas (elefantes, rinocerontes, etc.).

D.Organización administrativa

La organización administrativa de la República Centroafricana se estructura en 7 regiones, 16 prefecturas, 76 subprefecturas, 8 puestos de control administrativo y 179 municipios.

Además del aeropuerto internacional de Bangui M’poko, el país dispone de aeródromos en cada prefectura. Dos puertos, uno en Bangui y otro en Salo, en la prefectura de Sanga-Mbaeré, facilitan el tráfico fluvial. Con el objetivo de abrir el país, el Gobierno está poniendo el énfasis en las redes de telecomunicaciones, que están llegando poco a poco a todas las ciudades de provincias.

E.Demografía

Según el censo general más reciente, de 2003, la población centroafricana se estima en 3.895.139 habitantes, distribuidos de la siguiente manera:

•Mujeres: 1.955.813 o el 50,2 %;

•Hombres: 1.939.326 o el 49,79 %;

•Jóvenes menores de 18 años: el 49,8 %;

•Población rural: 2.419.824 o el 62,12 %;

•Población urbana: 1.475.315 o el 37,88 %. La población está formada por diferentes grupos étnicos, entre ellos:

–El grupo gbaya en el oeste y el norte del país, constituido por los subgrupos ali, mbaka-mandja, mandja y gbanu en el centro y bofi en el suroeste;

–El grupo banda en el centro-este y el noreste;

–El grupo nganzi: los zandés, los yakomas y los nzakaras en el este;

–El grupo sara: los mbums, los karés, los kabas y los dagbas en el norte. Además de los grupos étnicos principales, existen minorías pigmeas en Lobaye y Sanga-Mbaeré, los ndris en la subprefectura de Boali y los peuls en las zonas ganaderas.

Todo este mosaico demográfico se comunica entre sí mediante el sango, la lengua nacional que se habla y entiende en todo el país. Aunque el sango está reconocido como lengua oficial, el francés es la única lengua de instrucción y de trabajo en los servicios públicos.

F.Situación económica y social

1.Datos económicos

•Producto interno bruto (PIB) (2015): 1.584 millones de dólares;

•PIB per cápita (2015): 335 dólares;

•Crecimiento: −36,7 % en 2013, 1 % en 2014, 4,8 % en 2015 y 4,5 % estimado para 2016 (Fondo Monetario Internacional (FMI), dic. de 2016);

•Inflación: 6,6 % en 2013, 11,6 % en 2014, 4,5 % en 2015 y 5,1 % estimado para 2016 (FMI, dic. de 2016);

•Saldo presupuestario: 24 millones de dólares (FMI, est. de 2016);

•Balanza comercial: −335,9 millones de dólares (FMI, est. de 2016);

•Principales asociados comerciales (2016): Bielorrusia (32,8 millones de dólares), Alemania (14,9 millones de dólares), Francia (13,9 millones de dólares) y el Chad (12,9 millones de dólares) (FMI);

•Principales proveedores (2016): Egipto (119,5 millones de dólares), Francia (74,5 millones de dólares), China (27,2 millones de dólares) y Bélgica (23 millones de dólares) (FMI);

•Proporción de los principales sectores de actividad en el PIB:

•Agricultura (cultivos alimentarios, café, algodón y palma aceitera): 58 % en 2014;

•Industrias extractivas (oro y diamantes) y de transformación (bebidas, azúcar, cigarrillos y chapa): 12 %;

•Servicios (bancos, tiendas, hoteles y telecomunicaciones): 29,8 %.

Al ser un país sin litoral dependiente de la ruta fluvial Ubangi-Congo y de las carreteras hacia el Chad y el Camerún, la República Centroafricana se encuentra entre los más pobres del mundo. La crisis ha afectado fuertemente a todos los sectores económicos, sobre todo en las zonas rurales, donde la inseguridad ha paralizado las actividades económicas por completo. Dichas actividades se están retomando, aunque con lentitud, y el PIB está lejos de volver al nivel anterior a la crisis.

La producción alimentaria se está recuperando, pero los sectores del café, la palma aceitera y el algodón tienen dificultades para remontar.

La actividad en los sectores agroalimentario, comercial y de la construcción y las obras públicas está creciendo, gracias sobre todo a la presencia de la comunidad internacional. El levantamiento parcial del embargo de diamantes y la reactivación de la explotación forestal ofrecen perspectivas reales.

Pese a la caída de los precios de la madera, la producción de madera sin desbastar aumentó casi un tercio en 2015 gracias al restablecimiento de la seguridad en las zonas forestales.

Las finanzas públicas se caracterizan esencialmente por un déficit estructural de tesorería, una capacidad de inversión insignificante, una fuerte dependencia del apoyo presupuestario exterior debido al colapso de los ingresos aduaneros y fiscales a partir de marzo de 2013, y la incapacidad de satisfacer el servicio de la deuda.

El aumento relativo de los ingresos presupuestarios en 2015 solo permite pagar los salarios y los atrasos. Por otro lado, el gasto en general está controlado.

El FMI aprobó en 2016 un nuevo programa trienal fundamentado en la recuperación gradual de la economía.

2.Ayuda internacional y necesidades financieras

En los últimos tres años se han realizado importantes avances, pero la situación del país sigue siendo frágil y la movilización de los asociados es indispensable para hacer frente a los numerosos retos que se plantean:

•El desarme y la desmovilización de los grupos armados;

•La reforma del sector de la seguridad;

•El restablecimiento de la autoridad del Estado;

•La recuperación económica y la reconciliación nacional.

Como consecuencia de los actos de violencia que se siguen cometiendo, el 20 % de la población centroafricana está refugiada en países vecinos o desplazada en el interior del propio país. Con el Plan Nacional de Recuperación y Consolidación de la Paz, formulado con el apoyo de la comunidad internacional y presentado en la conferencia de donantes celebrada en Bruselas el 17 de noviembre de 2017, se recaudaron algo más de 2.280 millones de dólares en promesas de contribución para el periodo 2017-2021.

El Banco Mundial ha prometido 500 millones de dólares en financiación, la Unión Europea, 416 millones de euros y el Banco Africano de Desarrollo, 400 millones de dólares.

3.Ámbito político

Ubangui-Chari, antecesora de la República Centroafricana, formó parte del imperio colonial francés bajo la IV República Francesa antes de convertirse en territorio de ultramar de la Unión Francesa con la promulgación de la Constitución de 27 de octubre de 1946. El territorio de ultramar tuvo una asamblea territorial con poderes deliberativos en virtud de la ley marco de 23 de junio de 1956, conocida como Ley Defferre.

La reforma introdujo un régimen parlamentario que dio lugar a una iniciativa política sobre el funcionamiento de las instituciones de la metrópoli. Fue la primera vez que se aplicó el sufragio universal en las colonias, incluida Ubangui-Chari. El 17 de mayo de 1957 tomó posesión el primer Consejo de Gobierno y el 23 de marzo de 1957 se eligió la Asamblea Territorial. Con la Constitución francesa de 1958, bajo el mandato del General de Gaulle, se dio la posibilidad a los territorios coloniales de avanzar progresivamente hacia la independencia.

El 1 de diciembre de 1958, la Asamblea Territorial de Ubangui-Chari proclamó la República Centroafricana. El 8 de diciembre de 1958, el Consejo de Gobierno se transformó en Gobierno Provisional, con Barthélémy Boganda a la cabeza. Ese Gobierno elaboró la primera Constitución centroafricana, que se promulgó el 16 de febrero de 1959.

Desde la independencia, la trayectoria de los actores políticos de todo signo en la gestión del país ha sido, con algunas excepciones, una serie de golpes y rebeliones concebidas como método ordinario de alternancia y participación en la gestión del poder político.

Tras la muerte accidental del Presidente Barthélémy Boganda, el 1 de enero de 1966 David Dacko, que había sido Presidente al declararse la independencia, fue objeto de un golpe de Estado protagonizado por Jean-Bedel Bokassa, Jefe del Estado Mayor de la Defensa. El 20 de septiembre de 1979, un comando francés derrocó a Jean Bedel Bokassa e hizo posible que David Dacko recuperara el poder, aunque fue derrocado de nuevo el 1 de septiembre de 1981, esta vez por André Kolingba, también Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Después de ese periodo turbulento, tras la elección de Ange-Félix Patasse el 22 de agosto de 1993, la serie de golpes de Estado conoció una etapa de calma. El escrutinio que condujo a la elección de Patasse fue considerado democrático tanto dentro como fuera de la República Centroafricana. Fue la primera vez que un presidente llegaba al poder a través de las urnas en el país.

No obstante, ese paréntesis democrático no tardó en cerrarse. El Presidente Patasse fue derrocado por François Bozize, antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el 15 de marzo de 2003 con el apoyo de “liberadores” de países vecinos, en su mayoría mercenarios de origen chadiano.

El propio Presidente François Bozie-Yangouvonda fue derrocado tras diez años de poder absoluto por Michel Djotodia Amnondroko tras la ofensiva de la coalición Seleka respaldada por mercenarios chadianos y sudaneses el 24 de marzo de 2013, y obligado a dimitir el 10 de enero de 2014 por sus homólogos de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central.

A continuación se abrió un periodo de transición con la presidencia de Alexandre-Ferdinand N’Guendet, que duró dos semanas, y la elección de Catherine Samba-Panza. Los procesos constitucionales se restablecieron con la elección, el 4 de febrero de 2016, del nuevo Presidente de la República, Faustin Archange Touadera, miembro de la Asamblea Nacional. También se crearon las instituciones siguientes: el Tribunal Constitucional, el Consejo Superior de Comunicación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Alta Autoridad encargada de la Buena Gobernanza, el Consejo Económico y Social, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Nacional de la Mediación, la Autoridad Electoral Nacional y los departamentos ministeriales, entre ellos el Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia.

Los sucesivos golpes de Estado dan prueba de la gran inestabilidad sociopolítica que ha caracterizado a la República Centroafricana y que, al mismo tiempo, ha catalizado todas las crisis que ha vivido el país desde su independencia.

Esta situación ha generado un ambiente de desconfianza entre la población hacia los actores políticos centroafricanos. En un contexto político interno marcado por la frecuente intromisión del ejército y las rebeliones armadas, muchos centroafricanos ven el uso de la violencia armada como la única forma de llegar a las esferas de poder para mejorar su suerte.

La percepción de que el uso de la fuerza armada se ha normalizado como vía de acceso al poder explica el grado de descomposición del sistema político centroafricano. A pesar de ello, la República Centroafricana ha contado con varias constituciones y leyes constitucionales que han consagrado la protección de los derechos humanos sin excepción.

II.Compromiso de la República Centroafricana con la defensa de los derechos humanos

El compromiso de la República Centroafricana con la defensa de los derechos humanos se refleja en su adhesión y ratificación de varios instrumentos jurídicos internacionales, a saber:

•La Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948);

•La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948;

•La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);

•El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16 de diciembre de 1966), ratificado el 8 de mayo de 1981;

•El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), ratificado el 8 de mayo de 1981;

•La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967;

•El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), ratificado el 8 de mayo de 1981;

•La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (21 de diciembre de 1969), ratificada el 16 de marzo de 1971;

•La Carta de la Organización de la Unión Africana (1973);

•La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (6 de junio de 1981), ratificada el 26 de abril de 1986;

•La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (julio de 2016);

•La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989), ratificada el 23 de abril de 1991;

•La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada el 3 de julio de 2002;

•El Tratado de Roma, por el que se crea la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998), ratificado el 3 de octubre de 2001;

•La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (que se aprobó el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981), ratificada el 21 de junio de 1991;

•El Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992, ratificado en 1994;

•La Convención Marco sobre el Cambio Climático, ratificada en 1994;

•Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales;

•Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) núms. 2 a 182; 10;

•La Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ratificada el 5 de enero de 2007;

•El protocolo adicional relativo al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, ratificado el 3 de julio de 2008;

•El Protocolo referente a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo al Establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificado el 20 de junio de 2006;

•La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada el 3 de julio de 2006 (Ley núm. 06.011, de 3 de julio de 2007);

•La Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción, ratificada el 3 de julio de 2006 (Ley núm. 06.010, de 3 de julio de 2007);

•La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, ratificada el 3 de julio de 2006;

•El Pacto sobre la Seguridad, la Estabilidad y el Desarrollo en la Región de los Grandes Lagos, ratificado en 2007;

•La Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África, ratificada el 20 de diciembre de 2010;

•La Carta Africana de la Juventud, ratificada en 2011;

•El Convenio que regula el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, ratificado en 2010;

•El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados;

•El Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 1919 (núm. 3), ratificado el 9 de junio de 1964;

•El Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100), ratificado y registrado formalmente en 1964;

•El Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111), ratificado el 9 de junio de 1964;

•La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 18 de junio de 1981;

•El Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), de 27 de junio de 1989, ratificado el 30 de agosto de 2010;

•El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2012);

•La Convención de Kampala relativa a los desplazados internos, de 2009;

•La Convención sobre los Derechos del Niño, de noviembre de 1989;

•La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de noviembre de 1979;

•El Pacto sobre la Seguridad, la Estabilidad y el Desarrollo en la Región de los Grandes Lagos, ratificado el 6 de junio de 2007;

•La Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África, ratificada el 20 de diciembre de 2010.

III.Marco jurídico nacional de protección y promoción de los derechos de las mujeres en la República Centroafricana

El marco jurídico de protección de las mujeres ha evolucionado desde que se presentó el último informe periódico al Comité, en 2014. Comprende los instrumentos siguientes:

•La Constitución de 30 de marzo de 2016, que, en su artículo 7, establece que “[l]a familia es la base natural y moral de la comunidad humana. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con los vínculos previstos por la ley. La familia y el matrimonio están bajo la protección del Estado. El Estado y los demás poderes públicos tienen el deber de velar conjuntamente por la salud física y moral de la familia y de fomentarla socialmente mediante instituciones adecuadas. La protección de las mujeres y los niños contra la violencia y la inseguridad, la explotación y el abandono moral, intelectual y físico es una obligación del Estado y de los demás poderes públicos. Dicha protección se garantiza con las medidas e instituciones adecuadas del Estado y de los demás poderes públicos”;

•La Ley núm. 004, de 24 de noviembre de 2016, que establece la paridad entre hombres y mujeres en los empleos públicos, parapúblicos y privados, tanto en el sector informal como en el formal;

•El Decreto núm. 15.007, de 8 de enero de 2015, por el que se crea la Dependencia Mixta de Intervención Rápida y Represión de los actos de violencia contra las mujeres y los niños;

•El Decreto núm. 16.382, de 11 de noviembre de 2016, sobre la organización y el funcionamiento del Ministerio de Asuntos Sociales y Reconciliación Nacional.

IV.Marco institucional de protección y promoción de los derechos de las mujeres en la República Centroafricana

Al objeto de aplicar el marco jurídico de protección de las mujeres se han creado las instituciones siguientes:

Instituciones estatales

•El Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia, que, por conducto de la Dirección General de Género y de sus direcciones técnicas, tiene el mandato de definir, formular y aplicar políticas, programas y proyectos en favor de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables;

•El Ministerio de Acción Humanitaria y Reconciliación Nacional, que tiene por misión definir y aplicar políticas, programas y proyectos relacionados con la asistencia humanitaria para los desplazados y los refugiados, incluidas las mujeres y los niños;

•El Ministerio de Comunicación, cuyo papel es transversal y tiene el mandato de definir la política nacional en materia de comunicación y las estrategias conexas, y de aplicar programas de difusión de mensajes, de sensibilización y de lucha contra la desigualdad y la violencia contra las mujeres;

•Otros muchos departamentos ministeriales, como los de salud pública, comercio, desarrollo rural, justicia o educación, que, en el marco de sus mandatos respectivos, ejecutan programas y proyectos orientados a la promoción de las mujeres y contribuyen a corregir la desigualdad de género.

Instituciones no estatales

La aplicación de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no es competencia exclusiva de las instituciones estatales. Las instituciones no estatales también contribuyen a esos esfuerzos. El marco institucional no estatal se compone de las instituciones y órganos siguientes:

•La Asociación de Mujeres Juristas de África Central (AFJC), que aboga por la protección de los derechos de las mujeres;

•Las redes de ONG de defensores de los derechos humanos (RONGDH);

•El Consejo de Organizaciones No Gubernamentales Centroafricanas (CIONGCA), que tiene carácter económico y una sección dedicada a las actividades que generan ingresos;

•Las organizaciones comunitarias;

•Los grupos confesionales;

•La Organización de Mujeres Centroafricanas (OFCA), que es una plataforma nacional de promoción de las mujeres;

•El Comité Internacional de Mujeres Africanas por el Desarrollo (sección centroafricana) (CIFAD/RCA);

•El Comité Interafricano sobre las Prácticas Tradicionales que Afectan a la Salud de las Mujeres y los Niños (sección centroafricana) (CIAF/Centrafrique);

•Otras entidades, como la Red de Mujeres Africanas Ministras y Parlamentarias del Chad (REFAMPT), la Red para el Liderazgo de las Mujeres en África (RELEFCA), la Red de Mujeres Parlamentarias, la Coalición de Mujeres, la Red de Periodistas por los Derechos Humanos (RJDH), el Grupo de 23 Mujeres Líderes, etc.

V.Medidas de políticas para la protección y la promoción de los derechos de las mujeres en la República Centroafricana

La desigualdad que revisten las relaciones de género en la República Centroafricana ha dado lugar a la aprobación de medidas de políticas de alcance general y específico que pueden contribuir a aplicar las disposiciones de la Convención en favor de las mujeres en el país. Se pueden distinguir medidas de políticas generales y sectoriales.

Medidas de políticas generales

En principio, la política nacional de la República Centroafricana en materia de promoción de la igualdad y de la equidad tiene por objeto reducir la desigualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y alentar la participación de estas en los procesos de desarrollo económico y social al tiempo que asegura su protección frente a todas las formas de violencia. De esa política se derivan las medidas siguientes:

•La organización de la lucha contra la impunidad con medidas dirigidas al enjuiciamiento de los autores de los actos de violencia contra las mujeres cometidos durante los conflictos;

•La revisión de las disposiciones de los artículos 567, 568 y 569 y siguientes del Código de Familia con miras a eliminar la discriminación entre el hombre y la mujer en el acuerdo matrimonial y restablecer la igualdad entre los cónyuges;

•El Decreto núm. 15.007, de 8 de enero de 2015, por el que se crea la Dependencia Mixta de Intervención Rápida y Represión de los actos de violencia sexual cometidos contra las mujeres y las niñas;

•La Orden núm. 013/PM/2018, de 7 de junio de 2018, por la que se modifican y se completan las disposiciones de la Orden Interministerial núm. 7, de 21 de abril, por la que se crea el Comité Nacional de Lucha contra las Prácticas Tradicionales Lesivas para las Mujeres y la Violencia de Género, incluido el Matrimonio Infantil;

•El plan de aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad para el período 2014-2016;

•La adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

•La celebración del Día Internacional de la Mujer y del Día Internacional de las Mujeres Rurales, a fin de promover la participación de las mujeres en los procesos económicos que puedan favorecer su autoempoderamiento y la defensa de sus derechos.

Medidas de políticas sectoriales

Estas medidas se plasman en los documentos siguientes:

•El Plan Nacional de Recuperación y Consolidación de la Paz, que es el marco de referencia para la República Centroafricana. La lucha contra la violencia de género corresponde al pilar 1 (“Mantener la paz y la seguridad”). Este marco hace de la promoción de la igualdad de género un objetivo transversal formulado de la siguiente manera: “Promover la igualdad de género”. En él se reconocen la feminización de la pobreza, la discriminación contra las mujeres en las esferas económica y política y la violencia de género, que afecta mayoritariamente a las mujeres. En el Plan se afirma que la igualdad de género no es solo un derecho fundamental de toda persona, sino un cimiento necesario para la paz y el desarrollo sostenible que ofrece a las mujeres la posibilidad de contribuir activamente a la prevención de los conflictos y a la cohesión social comunitaria y nacional;

•El Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza II (2011-2015);

•El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en colaboración con el Gobierno centroafricano (UNDAF+ 2012-2016);

•El Programa Acelerado para la Recuperación del País (2014-2016);

•El Foro de Bangui de 2015;

•El anteproyecto de la política nacional de protección social.

En sus intervenciones, los departamentos sectoriales tienen en cuenta una serie de medidas orientadas a velar por los intereses de las mujeres o a ofrecerles servicios.

Medidas de políticas sectoriales en el ámbito de la salud

La adopción y la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo Sanitario (2006‑2015) son el instrumento de puesta en práctica de la política sanitaria. Este Plan se elaboró a partir de las recomendaciones siguientes, formuladas a raíz de la evaluación del primer Plan Nacional de Desarrollo Sanitario, que abarcaba el periodo 1994-1998:

•La aprobación del Plan Operacional para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna y Neonatal (2004-2015);

•La ejecución del Programa de Prevención de la Transmisión Vertical del VIH/SIDA;

•La aprobación y puesta en práctica del Documento de Política Nacional sobre Salud Reproductiva y de un plan de acción para su aplicación;

•La aprobación y ejecución del Plan de Transición del Sector de la Salud (2015‑2017), documento político provisional a la espera de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Sanitario III, que se pretende que sea programático, estratégico y operacional;

•El Sistema de Seguimiento de la Disponibilidad de Recursos y Servicios de Salud (2014-2016), que es un documento que recoge la distribución y la disponibilidad de la oferta de asistencia sanitaria y servicios de salud y de los recursos que los sustentan;

•El protocolo para la prevención de la violación y la violencia sexual, incluida la mutilación genital femenina, y la atención integral de las víctimas, en el que se establece la gratuidad de la asistencia sanitaria a las supervivientes de la violencia de género;

•La elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo del Personal de Salud (2017-2021);

•La elaboración y ejecución del Plan de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de las Infraestructuras Sanitarias (2017-2027);

•La elaboración del Documento Estratégico del Sistema de Información Sanitaria;

•El programa de cribado voluntario del VIH/sida en el lugar de trabajo;

•La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición;

•La Política Nacional de Salud Reproductiva;

•El Plan Integral Plurianual del Programa de Inmunización de la República Centroafricana (2015-2017) (revisado en agosto de 2017);

•El Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH y el SIDA (2016-2020).

Con el apoyo que presta al Ministerio de Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha contribuido a reforzar la prestación de atención obstétrica de urgencia gratuita y de calidad en todas las zonas del país, afectadas o no por la crisis. En el mismo periodo se produjeron un total de 37.272 partos simples en los centros de salud, de los cuales 10.546 fueron de madres adolescentes de entre 10 y 24 años y 2.585 se hicieron por cesárea (datos del UNFPA).

Medidas de políticas sectoriales en el ámbito de la educación

De 2003 a 2013, la República Centroafricana implantó diversas medidas en el ámbito de la educación y adoptó un Plan de Acción de Educación para Todos elaborado de acuerdo con las recomendaciones del Foro Nacional sobre la Educación y la Formación celebrado en 1994.

El programa se articula en torno a siete objetivos principales:

•Desarrollar y mejorar todos los aspectos de la protección y la educación preescolar, en particular la de los niños más vulnerables;

•Procurar que para 2015 todos los niños, en particular las niñas, incluidos los pobres, los niños que trabajan y los que tienen necesidades especiales, completen una educación primaria de calidad;

•Satisfacer las necesidades educativas de todos los jóvenes facilitando un acceso equitativo a programas adecuados dirigidos a la adquisición de conocimientos y competencias para la vida;

•Proporcionar a los adultos un acceso equitativo al programa de educación básica y de aprendizaje permanente y reducir las disparidades de género en al menos un 90 % durante el decenio;

•Eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria para 2015 con el fin de garantizar la igualdad en los planes de estudio, las instituciones y el sistema educativo;

•Mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación para lograr resultados de aprendizaje reconocidos y cuantificables, en particular en lectoescritura, aritmética y competencias para la vida;

•Procurar que la educación para la ciudadanía, la paz y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades se organice tanto en francés como en sango, la lengua nacional.

La elaboración de una Estrategia Nacional para el Sector de la Educación para el periodo 2008-2020 se estructura en tres fases:

•Fase de emergencia (2008-2011);

•Fase de aplicación (2012-2015);

•Fase de consolidación o recuperación (2016-2020).

Los objetivos del documento son:

•Promover la creación de centros de educación preescolar;

•Mejorar las tasas de escolarización universalizando la educación primaria y ampliando el acceso a la educación secundaria;

•Mejorar la eficacia interna y externa del sistema educativo aplicando un índice de finalización de estudios y fomentando la formación técnica y profesional;

•Profesionalizar la educación superior;

•Procurar que la gestión del sector educativo sea más eficiente;

•Aprobar el Plan de Transición del Ministerio de Educación Nacional y Formación Técnica (2014-2017).

Con el restablecimiento de la legalidad constitucional, las nuevas autoridades se esfuerzan por hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 4, relativo al derecho a la educación, que busca garantizar una educación equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. La República Centroafricana suscribe plenamente las metas del Objetivo 4, a saber:

•De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos;

•De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria;

•De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria;

•De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento;

•De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad;

•De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética;

•De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible;

•Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos;

•De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo;

•De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Medidas de políticas sectoriales en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional

Conviene recordar que la República Centroafricana ha asumido compromisos internacionales en el ámbito del trabajo, el empleo y la protección social. Entre ellos figuran los siguientes convenios de la OIT:

•Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100);

•Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111);

•Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138).

Los siguientes documentos trasponen las medidas mencionadas al derecho interno:

i.Ley núm. 99. 016, de 16 de julio de 1999, sobre el Estatuto General de la Función Pública;

ii.Ley núm. 09.004, de 29 de enero de 2009, sobre el Código de Trabajo de la República Centroafricana, cuyo decreto de aplicación está en proceso de aprobación;

•Convenios colectivos de trabajo;

•Acuerdos de empresa;

iii.Ley núm. 6.035, de 28 de diciembre de 2006, sobre el Código de Seguridad Social de la República Centroafricana;

iv.Documento de Política Nacional de Empleo, validado el 4 de noviembre de 2016. Esta política abarca cuatro sectores de empleo, a saber:

•La minería;

•La silvicultura;

•Las infraestructuras;

•La agricultura.

Todos esos instrumentos jurídicos nacionales prevén medidas de protección específicas para las trabajadoras.

Medidas de políticas sectoriales en el ámbito de la reforma del derecho

En el marco de la ejecución del programa de refuerzo del estado de derecho, la República Centroafricana ha revisado su Código Penal y su Código de Procedimiento Penal. Se han tipificado nuevos delitos relacionados con la violencia de género (acoso sexual y estupro en entornos educativos) y se han aumentado algunas penas para disuadir a los autores de actos de violencia de género.

El Decreto núm. 15.007, de 8 de enero de 2015, estableció la Dependencia Mixta de Intervención Rápida y Represión de los actos de violencia sexual cometidos contra las mujeres y las niñas, cuya misión es prevenir y reprimir todas las formas de violencia sexual contra las mujeres y los niños, independientemente del contexto social y del estado social o civil de la persona afectada, incluidas las viudas y los huérfanos.

Medidas de políticas sectoriales en el ámbito del comercio y las pequeñas empresas

La particularidad que reviste este sector es que carece de medidas que generen desigualdad de género. Todos los comerciantes (hombres y mujeres) están sujetos al mismo trato en función del Código de Comercio.

La República Centroafricana acaba de adoptar un nuevo Código de Comercio, aprobado el 14 de diciembre de 2016, cuyo decreto de aplicación se está redactando.

El Código de Inversión concede facilidades a los inversores centroafricanos de ambos sexos. El Ministerio de Comercio cuenta con un coordinador de género.

El Proyecto de Código sobre las Pequeñas y Medianas Empresas que se acaba de aprobar no establece distinciones entre hombres y mujeres.

Medidas de políticas sectoriales en el ámbito de la seguridad social

La Política Nacional de Protección Social de la República Centroafricana, aprobada por los mandantes tripartitos en Bangui el 30 de marzo de 2012, tiene por objeto principal garantizar una cobertura de protección social eficaz más amplia y accesible a todos los centroafricanos.

Sus tres prioridades son:

•Reforzar, coordinar y ampliar los regímenes de protección social existentes;

•Promover el acceso a los servicios sociales básicos para todos, especialmente la población pobre y los grupos vulnerables;

•Fomentar mecanismos que garanticen a las personas la seguridad en el empleo y unos ingresos mínimos.

Medidas de políticas sectoriales en el ámbito de la protección de la familia

El Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia está elaborando un documento de políticas sobre la familia centroafricana que servirá de marco de referencia para todas las actuaciones en favor de la familia.

VI.Medidas adoptadas para aplicar las disposiciones de la Convención

Se han adoptado varias medidas para hacer efectivas las disposiciones de la Convención.

En el ámbito de los derechos civiles

Derecho a la no discriminación (arts. 1 a 6 de la Convención)

Desde que se presentó el informe anterior, la lucha contra la discriminación en el derecho centroafricano ha experimentado una notable evolución como consecuencia de la aplicación del artículo 6 de la Convención. Se estipula que “[t]odos los seres humanos son iguales ante la ley, sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, religión, sexo, afiliación política o posición social”.

En un esfuerzo por combatir la discriminación, se aprobó y promulgó el 26 de noviembre de 2016 la Ley núm. 16.004, por la que se establece la paridad entre hombres y mujeres. El artículo 10 de la Ley establece un observatorio nacional de la paridad. Asimismo, el sistema de cuotas del 35 % en los cargos electivos y de libre designación se ha prolongado por un decenio a partir de la fecha de promulgación.

Por otra parte, hay un grupo de presión de mujeres que está plenamente implicado en el proceso de revisión del Código Electoral, algunas de cuyas disposiciones favorecen una mejor representatividad de las mujeres en las próximas elecciones.

Organización de actividades de formación sobre la Convención y el género

El Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia y diversas organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de varios asociados técnicos y financieros, ha organizado numerosas actividades de formación destinadas a mejorar los conocimientos sobre las disposiciones de la Convención. Además, se han incluido módulos de formación sobre los derechos de las mujeres y la violencia de género en los planes de estudio de la Escuela Nacional de Administración y Magistratura para jueces y secretarios.

Estas actividades de fomento de la capacidad se han orientado cada vez más a jueces, abogados, agentes de la policía judicial, fuerzas de defensa y seguridad, autoridades tradicionales, líderes religiosos y dirigentes políticos comunitarios en 2014 y 2018.

El Estado también ha procedido a divulgar la Convención y su Protocolo. Las organizaciones de la sociedad civil y las estructuras descentralizadas del Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia llevaron a cabo esa labor de divulgación durante las jornadas de celebración oficiales y otras actividades de comunicación sobre los derechos de las mujeres.

También conviene señalar que se han establecido coordinadores de género en todos los departamentos ministeriales para vigilar la situación de las mujeres y recopilar datos al respecto en todos ellos.

En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales

Las diferencias entre los dos sexos afectan a la igualdad de los hombres y las mujeres para disfrutar de sus derechos.

Al igual que los derechos civiles y políticos, que son indisociables, los derechos económicos, sociales y culturales deben garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuál es la situación de los derechos económicos y socioculturales de las mujeres en la República Centroafricana?

La población general de la República Centroafricana se estima en 4.200.000 personas, de las cuales el 62,8 % vive en zonas rurales.

La proporción de mujeres es del 50,2 %, y los jóvenes menores de 18 años representan más del 50 % de la población total. Más de la mitad de la población centroafricana vive en la pobreza, y el 52 % de esa población pobre son mujeres pese a todo su potencial. Esa pobreza de las mujeres como grupo demográfico es consecuencia de la inadecuación de las políticas y los programas contextuales específicos para ellas en muchos ámbitos, como la atención sanitaria, la educación, la vivienda, la agricultura, el comercio, el trabajo y los derechos sobre la tierra. Sin embargo, conviene señalar que, a pesar de esa inadecuación, se han hecho algunos progresos en cuanto a:

•El empoderamiento de las mujeres:

•En 2015, 1.220 mujeres vulnerables recibieron apoyo mediante el Fondo de Resiliencia;

•Las medidas en favor de las mujeres con discapacidad.

En la República Centroafricana, las personas con discapacidad se agrupan en la plataforma Organización Nacional de Personas con Discapacidad, bajo la supervisión del Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia, cuyo objetivo es promover los intereses de los miembros de las asociaciones afiliadas llevando a cabo actuaciones diversas para fomentar las iniciativas ciudadanas en su seno y, sobre todo, ayudar al Gobierno a aplicar políticas nacionales e internacionales destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

A pesar del bajo nivel de atención que reciben las personas con discapacidad, se siguen llevando a cabo medidas limitadas para lograr su pleno empoderamiento de acuerdo con el plan de acción continental para el Decenio Africano de las Personas con Discapacidad (2010-2019), por ejemplo:

•En el plano de la participación en la vida política y pública:

•Los sucesivos Gobiernos de nuestro país no han escatimado esfuerzos para restablecer progresivamente la igualdad jurídica entre hijas e hijos en los distintos sectores de la vida política y de los asuntos públicos, en particular en:

•El Consejo Nacional de Transición (2013-2015), que contó con dos puestos para personas con discapacidad, uno de ellos para una mujer;

•El Consejo Económico y Social, en el que, a raíz de la creación de nuevas instituciones, se han asignado dos puestos a personas con discapacidad, uno de ellos para una mujer;

•En el plano institucional:

•La puesta en marcha de un observatorio, dentro del Marco Estratégico de Reducción de la Pobreza, con el que se pretende recopilar los datos necesarios sobre las personas con discapacidad que son imprescindibles para formular una política y estrategias adaptadas al seguimiento y la evaluación de las medidas en este ámbito;

•La celebración, el 20 de diciembre de cada año, del Día Nacional de las Personas con Discapacidad;

•La Organización Nacional de Personas con Discapacidad, que defiende los intereses de sus miembros;

•En el plano social:

•La creación de centros de rehabilitación médica y funcional en los hospitales centrales del país, en particular en Bangui (servicios de rehabilitación médica);

•La creación de una serie de asociaciones (Asociación Nacional Centroafricana de Rehabilitación y Dispositivos Médicos) en las diócesis (Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Motriz);

•En el plano educativo:

•La creación de un centro público de educación y formación profesional para alumnos con discapacidad sensorial (sordomudos y ciegos). Este centro imparte enseñanza ordinaria y formación profesional;

•En el plano de la formación profesional y el empleo:

•La formación de personas con deficiencia sensorial en oficios tradicionales (cestería, saponificación, costura y pintura);

•Las personas con discapacidad que hayan completado estudios ordinarios o formación profesional tienen derecho a las mismas condiciones de contratación y remuneración que las personas normales en los empleos públicos y privados cuando el puesto sea compatible con sus condiciones físicas, mentales o sensoriales;

•La reserva de una cuota del 10 % de la plantilla para integrar en la función pública a las personas con discapacidad que acrediten las calificaciones requeridas, sin distinción de sexo;

•De 2003 a 2015, 172 personas con discapacidad fueron contratadas para empleos públicos y privados, entre ellas 12 mujeres;

•En el plano sanitario:

•El artículo 13 del decreto de aplicación de la Ley núm. 00.007, de 20 de diciembre de 2000, relativa a las ayudas y prestaciones especiales para las personas con discapacidad, estipula en su párrafo 2 que la asistencia médica que se presta a las personas con discapacidad reconocidas como indigentes y titulares de un carnet de invalidez comprende el pago total o parcial de las consultas, los exámenes y la atención médica, la hospitalización, la rehabilitación funcional y las evacuaciones médicas, de conformidad con la normativa vigente; sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado el decreto interministerial que debe fijar los porcentajes de exención, y las personas con discapacidad están sujetas al mismo régimen de recuperación de costos que los ciudadanos normales;

•En el plano deportivo:

•La existencia de un comité paraolímpico encargado de desarrollar y promover actividades deportivas para personas con discapacidad.

En el ámbito de las mujeres indígenas

La República Centroafricana fue el primer Estado africano en ratificar, en agosto de 2010, el Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), lo cual demuestra su voluntad política de ayudar a los pueblos indígenas a defender sus derechos.

En un informe de diciembre de 2016, la ONG Maison de la Femme et de l’Enfant Pygmée expuso los principales aspectos técnicos de la ejecución del proyecto de promoción de los derechos culturales de los pueblos indígenas en el corazón de la cuenca del Congo, en Bayanga. Con el proyecto se ha creado un centro de derechos humanos que facilita asistencia letrada y favorece la solución de conflictos por la población local, en particular la de los grupos minoritarios indígenas. Se han investigado varios casos de violaciones de los derechos humanos.

Medidas de promoción

Se realizan campañas de sensibilización local sobre diversos temas, teniendo en cuenta las cuestiones jurídicas que atañen a las mujeres, en relación con la salud, la educación, la reproducción. También se realizan campañas relacionadas con la celebración de los días internacionales de las mujeres indígenas con el fin de informar a las mujeres sobre la situación de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en la subprefectura de Bayanga y en la zona de Dzanga-Sanga. Asimismo, se las incentiva a participar en actividades agrícolas y de generación de ingresos y a emprender por sí mismas pequeños negocios y actividades de producción de alimentos. Por último, las campañas buscan sensibilizar a las mujeres sobre sus propios derechos.

Como colofón de estas medidas de promoción, el Consejo Económico y Social tiene entre sus miembros a una mujer indígena.

VII.Estado de aplicación de las recomendaciones del informe anterior

En su reunión del 11 de julio de 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer formuló una serie de recomendaciones que la República Centroafricana debía tratar cuando presentara su próximo informe periódico.

Las respuestas que se ofrecen a continuación reflejan los resultados de las medidas implantadas total o parcialmente en el marco de la aplicación de la Convención.

Respuesta a la recomendación relativa a la implicación del Parlamento en la aplicación de las recomendaciones del Comité (párr. 8)

El poder legislativo de la República Centroafricana reside en un parlamento bicameral compuesto por la Asamblea Nacional, que ya está en pleno funcionamiento, y el Senado, que aún no está operativo.

La Asamblea Nacional está trabajando en la aprobación de leyes sectoriales que protejan y promuevan los derechos de las mujeres. Una de ellas es la Ley núm. 004, de 24 de noviembre de 2016, que establece la paridad entre hombres y mujeres en todas las formas de empleo.

Se ha creado un foro de parlamentarias para apoyar el marco normativo de promoción de la igualdad y la equidad. El foro recibe asistencia de diversa índole de organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Respuesta a la recomendación relativa al aumento de la ayuda de la República Centroafricana para satisfacer las necesidades de la población en general y de las mujeres en particular (párr. 12)

a) Satisfacer las apremiantes necesidades de la población, tanto en la República Centroafricana como en los países vecinos

Con vistas a movilizar recursos financieros, el Gobierno participó en una mesa redonda de donantes en Bruselas el 17 de noviembre de 2016. Gracias al Plan Nacional de Recuperación y Consolidación de la Paz, presentado en la reunión, la República Centroafricana obtuvo promesas de contribuciones de países donantes por valor de 2.280 millones de dólares.

El Banco Mundial ha prometido 500 millones de dólares en financiación, la Unión Europea, 416 millones de euros y el Banco Africano de Desarrollo, 400 millones de dólares.

Con esas promesas de contribución, el país debería poder satisfacer las necesidades de la población en general y de las mujeres en particular, así como las de los países vecinos.

Con los primeros desembolsos, la comunidad humanitaria ha podido prestar asistencia a las poblaciones afectadas por los conflictos.

La alianza con el Japón ha aportado financiación para varios programas, en concreto los que apoyan: i) a las autoridades de transición (2015-2016), con 3.000.000 de dólares facilitados por el Japón; y ii): el desarme, la desmovilización y la reintegración (2016-2017).

La ayuda de emergencia proporcionada a la población consiste en equipo agrícola, alimentos y artículos no alimentarios (lonas, utensilios de cocina, etc.). En cuanto a la respuesta a la violencia de género, el UNFPA ha suministrado botiquines para la atención posterior a una violación y estuches de salud reproductiva en situaciones de crisis por un monto total de 18.850.481 dólares.

Una parte de esa ayuda se utilizó para apoyar la recuperación posconflicto y la reintegración social de la población afectada. A ese respecto se han concedido fondos a organizaciones comunitarias (asociaciones y grupos) que gestionan microproyectos generadores de ingresos.

Tanto en Bangui como en las ciudades de provincias muchos grupos de mujeres que cumplían los requisitos pudieron acceder a esas ayudas.

b) Respaldar iniciativas encaminadas a alcanzar la paz y la seguridad en todo el Estado parte

En el contexto de la consecución de la paz, el Gobierno, con el apoyo de sus asociados, está formulando una estrategia para reducir la violencia comunitaria mediante actividades intensivas en empleo dirigidas a los jóvenes, considerados los principales autores de este tipo de violencia.

A través de este programa se contrata a muchas mujeres y hombres de diferentes comunidades para el desempeño de esas actividades, la mayoría relacionadas con el mantenimiento de carreteras y canalizaciones y la construcción o rehabilitación de edificios, entre otras esferas.

c) Reconstruir las instituciones del Estado, incluidos las fuerzas nacionales de seguridad y el sistema judicial

El Estado ha conseguido brindar a la población servicios descentralizados de las administraciones públicas, desplegar a las Fuerzas de Seguridad Interior sobre el terreno para velar por la protección de la población, y facilitar servicios judiciales que brindan a la población en general y a las mujeres y las niñas en particular protección, seguridad y acceso a la justicia en determinadas prefecturas.

Con la ayuda de la comunidad internacional, en particular la Unión Europea, Francia y diversos países amigos, la República Centroafricana ha sacado partido de un programa para readiestrar a sus fuerzas de defensa y seguridad.

d) Restablecer la capacidad del Estado parte para producir recursos financieros nacionales y asegurar el pago de los salarios y la financiación de los servicios básicos para la población y, al mismo tiempo, cursar una petición inmediata de apoyo financiero a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y los donantes bilaterales para atender dicho pago y dicha financiación

El Gobierno, con el apoyo técnico de las instituciones financieras internacionales (FMI), está trabajando en una reforma económica para aumentar los ingresos tributarios a fin de asegurar la recuperación y los gastos derivados del ejercicio de la soberanía.

Además, el Gobierno ha firmado acuerdos con esos mismos asociados, que se han hecho cargo del pago de los salarios de los funcionarios y de la ejecución de ciertos proyectos. Por otra parte, el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo se han comprometido a financiar una serie de mejoras de infraestructuras, como la rehabilitación de carreteras entre Bangui y Bambari, Kaga Bandoro y Ndélé, Buar y Baoro, y Damara, Bogangolo y Buca, así como la construcción de infraestructuras escolares y sanitarias.

e) Velar por que todos los habitantes, particularmente las mujeres y las niñas, tengan acceso a los alimentos esenciales y servicios básicos, como la educación y los servicios de salud

Las mujeres y las niñas no están excluidas de los beneficios que aportan los proyectos ejecutados. A través de esos proyectos, la República Centroafricana procura aumentar la tasa de escolarización en general, sobre todo la de las niñas, mediante el programa escolar desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional. Se organizan sesiones de fomento de la capacidad de los docentes, y las mujeres y las niñas reciben los servicios sanitarios que ofrecen diversos centros de salud, como la atención gratuita para las mujeres que sufren fístula obstétrica y las que son víctimas de violencia sexual.

Se conceden becas para reconocer el mérito académico e incentivar a las jóvenes de la Universidad de Bangui, medidas con las que se pretende alentar a las niñas a finalizar sus estudios.

Se están rehabilitando algunas estructuras donde poder acoger a las niñas del interior con el apoyo de la MINUSCA y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

Respuestas a las recomendaciones relativas a garantizar la protección de las mujeres y las niñas contra todas las formas de discriminación, la violencia, incluida la trata de mujeres y la prostitución, y a la consolidación de la paz (párrs. 14, 28 y 30)

14 a) Cumplir sus obligaciones con arreglo a la Convención y al derecho internacional en materia humanitaria, penal y de refugiados a fin de garantizar la protección de las mujeres y las niñas contra todas las formas de discriminación, incluida la violencia

La República Centroafricana ha adoptado todas las medidas legislativas pertinentes al endurecer determinadas penas en el Código Penal revisado de 2010 (arts. 67, 71 y 151, que castigan los casos de violencia contra las mujeres).

La aprobación de la Ley sobre la Paridad el 24 de noviembre de 2016 visibiliza la discriminación contra las mujeres y las protege de la violencia.

Los datos que se ofrecen a continuación dan muestra de que la situación no ha hecho más que empeorar.

Entre 2013 y 2017, tuvieron lugar más de 6.758 casos de violencia en 2014, 7.000 casos en 2015, 11.110 casos en 2016 y más de 8.500 casos en 2017; más del 97 % de los casos se cometieron contra mujeres y niñas.

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en la República Centroafricana solo el 22 % de las supervivientes de violación solicitan asistencia en un centro médico, jurídico o psicosocial.

El 68 % de los niños y niñas de la República Centroafricana están casados o en pareja antes de cumplir los 18 años.

La mutilación genital femenina afecta al 24 % de las mujeres y las niñas de entre 15 y 49 años.

Según un estudio sobre la violencia de género en la República Centroafricana (Ministerio de Asuntos Sociales, Solidaridad Nacional y Género, Bangui, 2014), el 80 % de las mujeres y el 84 % de los hombres tienen actitudes de aceptación hacia la violencia doméstica contra las mujeres.

Para luchar contra la violencia sexual y de género, la República Centroafricana se ha centrado, por un lado, en proseguir los esfuerzos de sensibilización implicando a los agentes de la sociedad civil y, por otro, en reforzar la Dependencia Mixta de Intervención para mejorar su funcionamiento. Además, la República Centroafricana puso en marcha en 2017 un paquete de servicios esenciales de atención de las mujeres y las niñas víctimas de violencia de género y aprobó en 2018 su plan de acción nacional de aplicación.

Por otra parte, los organismos del sistema de las Naciones Unidas tienen previsto apoyar al Gobierno mediante el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de continuar las intervenciones de lucha contra la violencia de género y contra las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil.

En cuanto a la protección de los niños contra la prostitución, el Gobierno, a través del Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia, está elaborando un documento estratégico para combatir este fenómeno.

Además, el Gobierno ha puesto en marcha un programa para fomentar la resiliencia a la violencia entre los jóvenes y los adolescentes.

14 b) Dar prioridad a las recomendaciones del Comité contenidas en las presentes observaciones finales en relación con la violencia contra las mujeres y la impunidad con que se comete, las mujeres desplazadas internas, las mujeres y la paz y la seguridad, la educación y la salud, y aplicarlas sin demora, teniendo debidamente en cuenta la recomendación general núm. 30

Para luchar contra la violencia sexual y de género, la República Centroafricana se ha centrado, por un lado, en proseguir los esfuerzos de sensibilización implicando a los agentes de la sociedad civil y, por otro, en reforzar los marcos institucionales con la creación de la Dependencia Mixta de Intervención Rápida y Represión de los actos de violencia contra las mujeres y el Tribunal Penal Especial para mejorar su funcionamiento.

Se han llevado a cabo cursos para formar a líderes de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos con el fin de mejorar la asistencia y la atención que prestan a las víctimas de la violencia sexual y de género.

El objetivo era reforzar la capacidad de los líderes comunitarios de acompañar a las víctimas en los centros de atención y asegurarse de que pueden acceder a los servicios disponibles.

Durante los cursos se presentaron y debatieron temas importantes, a saber:

•La lucha contra la impunidad por delitos graves y violaciones de los derechos humanos;

•El tratamiento de los delitos y otras formas de violencia por razón de género y sexo;

•La colaboración y la coordinación entre los agentes que trabajan en la lucha contra la impunidad y la protección de las víctimas.

Los agentes siguieron esforzándose por mejorar la asistencia a las víctimas de la violencia de género.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de un proyecto en colaboración con la policía de la MINUSCA, amplió y reforzó las campañas de sensibilización sobre la violencia de género para dirigirlas a la población y a los agentes de las fuerzas de seguridad de Bangui, y ofreció formación a las mujeres víctimas de la violencia sexual y de género.

Las mujeres víctimas de la violencia de género también participaron en varias sesiones de formación que dieron lugar a la creación de un grupo de interés (económico, social y jurídico).

En cuanto al seguimiento y la evaluación de la violencia sexual y de género, los equipos continúan sus actividades con la colaboración de las ONG y las asociaciones sobre el terreno.

El apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a algunas ONG nacionales ha facilitado actividades de seguimiento de la violencia sexual y de género. Se ha formado a investigadores en Bangui y sus alrededores para que investiguen los casos de violencia sexual y de género y hagan el seguimiento oportuno.

14 c) Asegurar la aplicación de todas las demás recomendaciones contenidas en las presentes observaciones finales durante el proceso de consolidación de la paz

En su búsqueda de la paz, el Gobierno ha animado a las mujeres a formar grupos y asociaciones.

Estos grupos y asociaciones de mujeres, con el apoyo de los asociados, participan activamente en las actividades de negociación y consolidación de la paz.

28 El Comité recomienda que el Estado parte adopte las siguientes medidas tan pronto como se restablezcan las autoridades judiciales y de seguridad

Para garantizar la seguridad de la población tras la crisis, el Gobierno, con el apoyo de la comunidad internacional, readiestró a las Fuerzas de Seguridad Interior (gendarmes y policías), a las que dotó de equipos logísticos (vehículos, equipo de comunicaciones y material de control antidisturbios) y desplegó en las principales ciudades del país. Junto con las fuerzas de las Naciones Unidas sobre el terreno, dichas Fuerzas están organizando patrullas de disuasión y protección de la población.

28 a) Enjuiciar todos los actos de violencia contra la mujer, tanto si son denunciados por la víctima como si no, y castigar adecuadamente a los autores

La Dependencia Mixta de Intervención Rápida y Represión se encarga de reprimir cualquier acto de violencia contra las mujeres. Recibe de las propias víctimas o de un tercero las denuncias de casos de violencia contra las mujeres.

141.Se inician inmediatamente las investigaciones, con la posibilidad de abrir una investigación judicial. Los presuntos autores son remitidos a los tribunales competentes. Periódicamente se pronuncian sentencias condenatorias contra los autores.

Aunque no se dispone de estadísticas, cabe señalar que los tribunales imponen con regularidad penas de prisión y multas a los autores de violaciones y agresiones sexuales contra las mujeres, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 87, 88 y 117 del Código Penal centroafricano.

28 b) Ofrecer indemnizaciones, asistencia y rehabilitación a las víctimas de violencia, y establecer medidas para proporcionarles asistencia jurídica gratuita, tratamiento médico y apoyo psicológico, así como servicios de alojamiento, asesoramiento y rehabilitación

Según los datos anuales más recientes del Sistema de Gestión de la Información sobre la Violencia de Género, publicados el 31 de diciembre de 2017, tras la crisis hubo 8.321 casos de violencia de género en la República Centroafricana. Las violaciones y las agresiones sexuales representaban respectivamente el 13 % y el 3 % de esos casos. El perfil de los supervivientes de la violencia de género es el siguiente: 855 hombres y niños (10 %), 7.466 mujeres y niñas (90 %). Los supervivientes adultos (mujeres y hombres) fueron 7.125 (86 %) y los menores (niñas y niños), 1.126 (14 %).

Los principales puntos de acceso a los servicios de atención son los centros de asesoramiento psicosocial y jurídico, que pueden ser fijos o móviles. Estos últimos se encuentran dentro de los centros de asistencia jurídica, hospitales, clínicas móviles o campamentos de desplazados.

Los principales servicios que se ofrecen en esos centros son el asesoramiento psicosocial, la asistencia social y el asesoramiento y la asistencia jurídica y judicial.

Asimismo, como parte de la aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la violencia de género, el Ministerio de Salud Pública, con la ayuda de los asociados humanitarios, ofrece atención médica y psicológica gratuita a las víctimas de violación y agresión sexual.

Los datos estadísticos sobre la violencia de género recogidos por la Dependencia Mixta de Intervención Rápida y Represión de los actos de violencia contra las mujeres desde su creación hasta 2018 muestran que los casos de violencia de género registrados se refieren principalmente a abandono del hogar, lesiones, agresión física y maltrato, violación con resultado de embarazo, incesto con varios autores, agresión sexual y matrimonio forzado y suman 506 casos, incluidos 35 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos, mientras que los casos de violación de los derechos de los niños se refieren a lesiones, agresión física, maltrato, etc. y suman 388 casos registrados.

28 c) Reanudar, en cooperación con la sociedad civil, tan pronto como la situación política lo permita, las actividades de sensibilización y educación, centrándose tanto en las mujeres como en los hombres, con miras a eliminar la violencia contra la mujer

Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género incluyen campañas reforzadas de sensibilización sobre la violencia de género dirigidas a las autoridades locales y los líderes comunitarios y religiosos. También se han organizado, en colaboración con el Ministerio de Justicia, campañas de sensibilización sobre la violencia de género, la lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos humanos.

Participaron en el taller de sensibilización sobre la violencia de género autoridades locales, líderes comunitarios y religiosos y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil.

Se entregaron a los participantes carteles con mensajes y camisetas para visibilizar la actividad.

En paralelo a la atención médica, las medidas de prevención de la violencia sexual se organizan en torno a la formación de los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género y a campañas de sensibilización masivas en la radio pública y privada. En colaboración con el Gobierno, el subgrupo temático sobre la violencia de género coordinado por el UNFPA aglutina a diversos organismos y ONG internacionales y nacionales para coordinar la prevención y la respuesta multisectorial a la violencia de género en las zonas afectadas por la crisis. Esto ha contribuido a mejorar el acceso de las personas supervivientes a los servicios de asistencia frente a la violencia de género por los medios siguientes:

•La formación de 44 proveedores de atención de salud entre 2017 y 2018 bajo el liderazgo del Ministerio de Salud;

•La formulación de directrices nacionales de atención holística de las víctimas de la violencia de género;

•La actualización y el refuerzo de los canales de derivación;

•La línea de atención telefónica gratuita 4040, gestionada por el Consejo Danés para los Refugiados, ha derivado a muchas personas supervivientes para que reciban atención.

30 a) Llevar a cabo un estudio sobre la prevalencia de la trata de mujeres y niñas y la prostitución en el Estado parte para elaborar una estrategia orientada a combatir la trata de personas y la prostitución forzada y abordar las causas subyacentes de estos problemas, incluida la pobreza, con miras a eliminar la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la explotación sexual y la trata, y asegurar la rehabilitación y la reintegración social de las víctimas

Pese a su abolición, la esclavitud se manifiesta en diversas formas a través de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, la venta de niños, el proxenetismo y la prostitución. La República Centroafricana no es inmune a este fenómeno.

Se tomarán medidas para documentar el fenómeno en el país.

30 b) Solicitar la colaboración de los Estados de la región para prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas y su explotación en la prostitución

En septiembre de 2016, el Gobierno, con el apoyo de sus asociados, organizó un taller para concienciar a los agentes de la policía judicial y a los funcionarios judiciales de la importancia de velar por la seguridad comunitaria mediante “comités locales de seguridad” y de sus funciones y responsabilidades en relación con la trata de personas.

Se está avanzando en la creación de los comités locales de seguridad gracias a que los protagonistas de esta estrategia la comprenden y la aceptan mejor y tienen un mayor sentido de propiedad sobre ella.

El Proyecto Conjunto por la Juventud organizó sesiones de formación y sensibilización en colaboración con otros asociados, como la Organización Internacional para las Migraciones, la Sección de Asuntos Civiles de la MINUSCA y la policía de las Naciones Unidas.

30 c) Estudiar la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales, en particular el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños

Consciente del peligro que plantean la trata de personas y la esclavitud, la República Centroafricana ratificó el 3 de julio de 2006 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos.

La Constitución de 30 de marzo de 2016 garantiza el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos con la siguiente disposición: “[n]o hay en la República Centroafricana limitación ni privilegio ligado al nacimiento, la identidad o la familia de una persona”. El Código Penal de 2010, en su artículo 151, tipifica los actos cometidos con intención o tentativa de trata de personas y los castiga con una pena de prisión de cinco a diez años, así como los actos cometidos con fines de explotación de menores de 18 años, que castiga con un período de trabajos forzados.

16 a) Adoptar medidas para prevenir la violencia de género, en particular la violencia sexual, por todos los actores en el conflicto, y asegurar la protección de los civiles, especialmente las mujeres

Con el fin de prevenir los casos de violencia de género, el Gobierno formuló procedimientos operativos estándar y aprobó estrategias nacionales para combatir el matrimonio infantil y la violencia de género en 2017.

Una de las medidas contundentes adoptadas en el plano de la prevención y la atención a las víctimas de la violencia de género en tiempos de conflicto fue difundir una línea telefónica gratuita (4040) a todos los abonados de telefonía móvil, con un requerimiento para que cualquier persona que tuviera conocimiento de cualquier situación de violencia contra una mujer denunciara cuanto antes el caso o casos de agresión, violación o cualquier otro acto que pusiera en peligro la vida de la mujer a los servicios médicos y judiciales y a las ONG de defensa de los derechos humanos.

16 b) Elaborar una estrategia nacional de lucha contra la impunidad para garantizar que quienes cometan actos de violencia sexual durante el conflicto sean llevados ante la justicia; investigar todos los casos de violencia contra la mujer y enjuiciar e imponer penas a sus autores, particularmente si son altos dirigentes con responsabilidad de mando; restablecer y fortalecer el sistema judicial, rehabilitar la infraestructura judicial y penitenciaria y garantizar la seguridad de los tribunales y los centros de detención, además de la de quienes trabajan en esas instituciones; facilitar medios suficientes a las unidades especiales de investigación; y cooperar con la comisión internacional de investigación

La puesta en marcha de la Dependencia Mixta de Intervención Rápida y Represión de los actos de violencia contra las mujeres y las niñas es la principal estrategia utilizada hasta ahora por la República Centroafricana en esta lucha. Estas acciones represivas se combinan con medidas de sensibilización para fomentar un cambio de comportamiento.

16 c) Tras la evaluación preliminar de la situación por el equipo de investigación de la Corte Penal Internacional, seguir instando a la Corte a que abra una investigación sobre los delitos cometidos por todas las partes contra las mujeres y las niñas, habida cuenta de la incapacidad de los tribunales nacionales para emprender las acciones necesarias

En virtud de la Ley núm. 15.003, de 3 de marzo de 2015, la República Centroafricana ha creado un Tribunal Penal Especial con el ambicioso mandato de enjuiciar y condenar a los principales responsables (jefes de las tropas) de los delitos y los actos de violencia contra las niñas o las mujeres. El objetivo de la intervención de este Tribunal no es solo enjuiciar y condenar a los autores de esos delitos, sino también disuadir a posibles agresores.

Se han tomado todas las medidas necesarias para que el Tribunal entre en funcionamiento lo antes posible, y pronto se abrirán investigaciones sobre todos los delitos de su competencia. Acaba de aprobarse la Ley núm. 18.010, de 02 de julio de 2018, sobre el Reglamento de Procedimiento y Pruebas del Tribunal Penal Especial, que define las estrategias procesales y los mecanismos de protección de testigos. Los agentes de la policía judicial asignados están listos para cumplir su misión, y se están rehabilitando los centros penitenciarios donde se mantendrá a los acusados y condenados.

16 d) Hacer todos los esfuerzos posibles para proteger contra las represalias a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual o de otro tipo de violencia que tratan de acceder a la justicia, y prevenir que se las excluya de sus familias y comunidades sensibilizando a la población

En respuesta al recrudecimiento de la violencia de género, el Gobierno ha formulado una estrategia nacional de comunicación para luchar contra la violencia de género. Se organizan periódicamente campañas de sensibilización masivas con mensajes radiofónicos y sketches dirigidos a las comunidades con el fin de evitar la exclusión social de las víctimas de la violencia de género.

16 e) Establecer un sistema de selección y verificación de antecedentes con arreglo a orientaciones internacionales para excluir de las fuerzas nacionales de seguridad y defensa a los autores de violaciones de los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres

El Gobierno ha puesto en marcha un plan para reformar el sector de la defensa y la seguridad que incluye la posibilidad de seleccionar y excluir a aquellos miembros de las fuerzas de defensa y seguridad que han cometido abusos contra mujeres durante los conflictos.

El Ministerio de Salud y diversas ONG internacionales, como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, aplican el programa de atención gratuita a las mujeres víctimas de la violencia en algunos centros de salud de la zona (la maternidad de Castors, el centro de salud de Begua y algunos centros de salud de ciudades de provincias).

16 f) Seguir esforzándose por incorporar una perspectiva de género en los procesos de reforma del sector de la seguridad y de desarme, desmovilización y reintegración, y procurar combatir la proliferación de las armas pequeñas y ligeras entre los grupos armados y la población en general

El desarme, la desmovilización, la reintegración y la repatriación de los excombatientes es una de las prioridades del Gobierno. Para llevarla a buen fin, desde la toma de posesión de las nuevas autoridades se puso en marcha un programa de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación de excombatientes que abarca a 7.000 excombatientes de ambos sexos. También se acaba de organizar un taller sobre la estrategia de lucha contra la proliferación de armas ligeras con la ayuda de la MINUSCA.

16 g) Asegurar el acceso de las víctimas de la violencia sexual a tratamiento médico y apoyo psicológico, y ofrecerles la indemnización adecuada

La atención a las víctimas de la violencia de género se organiza mediante la creación de centros de asistencia jurídica a cargo de la Asociación de Mujeres Juristas de África Central, la American Bar Association y Abogados Sin Fronteras.

Dichos centros proporcionan apoyo psicosocial a las víctimas de la violencia de género y organizan la derivación a centros especializados para que se les preste atención médica si es necesario. En Bangui, el Ministerio de Salud Pública, en colaboración con algunas ONG internacionales, abrió dos centros de derivación y atención médica para las víctimas de la violencia de género.

Respuesta a la recomendación relativa a las mujeres desplazadas internas y refugiadas (párr. 18)

a) Considerar prioritario garantizar la seguridad de los civiles, en particular de las mujeres y las niñas, en sus lugares de residencia, adoptando todas las medidas necesarias para ello, y proceder a su evacuación solamente como último recurso, en estrecha consulta con las personas afectadas y de acuerdo con las normas internacionales

Los datos estadísticos proporcionados por el proyecto de apoyo al retorno y a la reintegración de los desplazados estiman el número de desplazados internos de la República Centroafricana en 669.997, de los cuales 262.366 están repartidos en 77 emplazamientos y 407.631 residen con familias de acogida.

El Estado, con el apoyo de la comunidad internacional (MINUSCA), de la operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana y de la operación Sangaris, ha garantizado la protección de los civiles en los campos de desplazados internos instalando bases militares cerca de los emplazamientos de los desplazados internos en las zonas de conflicto, como Bria, Bambari, Kaga Bandoro, Paua, Bangasú y el aeropuerto de Bangui M’poko.

La Organización Internacional para las Migraciones ha organizado la evacuación de los desplazados y refugiados a las ciudades de acogida o de origen cuando las circunstancias lo han exigido.

b) Garantizar a los desplazados internos y los refugiados de la República Centroafricana el derecho a regresar a sus lugares de residencia y a disfrutar de otras prestaciones como ciudadanos de ese país

El Gobierno, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha puesto en marcha un programa de repatriación de desplazados y refugiados. Muchos refugiados centroafricanos en el Camerún, el Chad, la República del Congo y la República Democrática del Congo han sido repatriados voluntariamente, y 50.000 desplazados internos en Bangui y Bambari se han acogido a este programa para volver a sus zonas de origen.

c) Adoptar medidas para garantizar el regreso seguro de los desplazados internos, asegurando sus lugares de origen

El Gobierno, con la ayuda de la comunidad internacional, en particular la MINUSCA, ha puesto en marcha un mecanismo de seguridad para la población retornada. Se han instalado puestos de control en las entradas y salidas de los barrios más inseguros a fin de prevenir cualquier ataque a la población retornada.

d) Proporcionar a las mujeres desplazadas internas seguridad y acceso a servicios básicos y alimentos, y velar por que existan servicios de rendición de cuentas a disposición de las víctimas de la violencia sexual y otras formas de violencia

Los retornados han accedido a medidas de apoyo consistentes en 50.000 francos CFA en efectivo por persona, cupones de comida para las mujeres y alojamiento.

Con esas ayudas pueden cubrir sus necesidades básicas en la primera semana de retorno. En Bangui las han recibido 29.300 personas.

En las prefecturas de Uaka, en Bambari, Nana Gribizi, en Kaga Bandoro, y Uaham, en Batangafo, las personas vulnerables a causa del conflicto recibirán próximamente transferencias mensuales de dinero para alimentos durante un período de tres meses, en el marco del Proyecto de Apoyo a las Comunidades Afectadas y Desplazadas, puesto en marcha por el Ministerio de Acción Humanitaria y Reconciliación Nacional con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. El estudio por perfiles de los beneficiarios en Bambari ya es concluyente y permite afirmar que se llegará a 4.800 familias de cinco personas, es decir, a 24.000 beneficiarios indirectos.

Respuesta a la recomendación relativa a las mujeres, la paz y la seguridad (párr. 20)

a) Asegurar la participación de la mujer en todas las fases del proceso de paz y reconciliación nacional y en todas las iniciativas de reconstrucción, así como en los procesos de justicia de transición, en particular a nivel de la adopción de decisiones

La participación de las mujeres en la gestión de los conflictos y en la consecución de la paz es una realidad incontestable en la República Centroafricana, de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad. Cabe recordar que durante las reuniones políticas que tuvieron lugar en la República Centroafricana (el diálogo nacional de 2003, el diálogo político inclusivo de 2008 y el foro nacional de 2015) las mujeres líderes fueron decisivas con su participación. Como resultado, en el Foro de Bangui se formularon las siguientes recomendaciones:

•Participación de las mujeres en el proceso de paz (resolución 1325 (2000));

•Ayuda financiera a las organizaciones de mujeres para que participen en medidas de apoyo a la paz, especialmente en zonas de conflicto;

•Fomento de la capacidad de las mujeres en técnicas de negociación y gestión de conflictos.

b) Velar por la participación de la mujer en la ejecución del plan de acción nacional para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad

c) Perseverar en sus esfuerzos por establecer una comisión para la reconciliación y otra para el diálogo permanente, y garantizar que estas tengan una representación adecuada de mujeres y que sus mandatos incluyan los derechos de la mujer y la lucha contra la impunidad en los casos de violencia sexual

Como parte del proceso de paz, se ha anunciado la creación de comités de la verdad y la reconciliación. Se llevan a cabo campañas de sensibilización para todos los agentes implicados en el proceso de la paz, incluidas las organizaciones de mujeres. Está en marcha un proyecto de consulta popular. En el marco del proceso de paz, se han creado en las prefecturas, las subprefecturas y los distritos de la República Centroafricana comités locales de la paz, la verdad y la reconciliación, de composición mixta.

La función de esos comités es prevenir y gestionar los conflictos en sus respectivas comunidades.

d) Respaldar las iniciativas de mujeres que trabajan juntas para alcanzar la paz

El Gobierno, a través del Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia, presta su apoyo incondicional a las asociaciones de mujeres que participan en la búsqueda de la paz, de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad.

Respuesta a la recomendación relativa al marco legislativo (párr. 22)

La Constitución de 30 de marzo de 2016 reafirma la adhesión del país a todas las convenciones de derechos humanos en general y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada el 12 de julio de 1991, en particular.

Algunas de las disposiciones de la Convención se han incorporado en diferentes leyes nacionales, a saber: el Código Penal, la Ley sobre el Estatuto Especial de la Función Pública, el Código de Trabajo y el Código de Familia, la Ley sobre la Paridad y el Código Forestal.

Los asociados (organismos del sistema de las Naciones Unidas) imparten formación a los jueces sobre el respeto de los derechos de las mujeres.

Es probable que se incluya la perspectiva de género en el programa de formación de los jueces.

Respuesta a la recomendación relativa al mecanismo nacional para el adelanto de la mujer (párr. 24)

a) Fortalecer la capacidad del Ministerio de Asuntos Sociales, Solidaridad Nacional y Familia y dotarlo de los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para dirigir las iniciativas orientadas al adelanto de la mujer durante los procesos de consolidación de la paz y de reconstrucción, asegurarse de que sea efectivamente consultado con respecto a la formulación, diseño y aplicación de las políticas públicas, y reforzar su función de coordinación y vigilancia en todos los niveles de gobierno

Desde el informe anterior, el Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia es responsable de la aplicación de la política nacional de género y equidad.

Este departamento funciona con poco personal y presupuesto porque las asignaciones presupuestarias anuales del Estado son muy pequeñas e insuficientes para cubrir sus necesidades, carencias que hacen que el departamento dependa totalmente del apoyo de los asociados.

A pesar de estas dificultades, se han aplicado algunas medidas derivadas de la política nacional de igualdad y equidad, como actividades de fomento de la capacidad de los defensores de los derechos de las mujeres y campañas de sensibilización en materia de género.

Se procura la aplicación eficaz de la política nacional para la promoción de la igualdad y la equidad, así como la ejecución de su plan de acción.

b) Acelerar la aprobación de la ley sobre la paridad e incluir en ella una cuota del 35 % de mujeres candidatas en los nombramientos para cargos de responsabilidad decisoria en el sector público

El 24 de noviembre de 2016, la República Centroafricana aprobó la Ley núm. 004, de 24 de noviembre de 2016, sobre la paridad entre hombres y mujeres, que, en su artículo 7, basado en el artículo 80 de la Constitución de 30 de marzo de 2016, establece una cuota del 35 % de candidatas a cargos de responsabilidad decisoria de todos los ámbitos laborales.

c) Ultimar sin demora el proyecto de ley sobre el establecimiento de una comisión nacional de derechos humanos en cumplimiento de los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), velando por que el mandato de dicha comisión comprenda la igualdad de género y la no discriminación por razones de sexo/género y otros factores interrelacionados

De acuerdo con los Principios de París sobre el estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, la República Centroafricana también ha creado una Comisión de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en virtud de la Ley núm. 17.015, de 20 de abril de 2017. La Comisión consta de 12 miembros, de los cuales 4 son mujeres.

Respuesta a la recomendación relativa a los estereotipos y las prácticas nocivas (párr. 26)

a) Velar por la aplicación efectiva de las disposiciones jurídicas que penalizan la mutilación genital femenina, los ritos de viudez, el levirato y el sororato (párrs. 112 a 116 del Código Penal y artículo 10 de la Ley núm. 06.032, de 27 de diciembre de 2006, relativa a la protección de la mujer contra la violencia)

El sororato y el levirato, los ritos de viudez y la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el matrimonio forzado son prácticas consuetudinarias que solían ser habituales en el país. La práctica del levirato y el sororato se ha visto ligeramente reducida ante el aumento de la prevalencia del VIH/sida. En algunos lugares se nota una verdadera toma de conciencia del peligro que comporta esta práctica, y en ellos los ofrecimientos simplemente se rechazan.

Teniendo en cuenta la dimensión del problema, el legislativo centroafricano ha tipificado y castigado el levirato y el sororato, los ritos de viudez y la mutilación genital en los artículos 112 a 117 del Código Penal revisado, de 2010.

A pesar de esta disposición legal, según la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2010, los ritos de viudez, la mutilación genital y el matrimonio infantil se siguen practicando, y las víctimas no presentan denuncias ante las autoridades judiciales porque se arriesgarían al rechazo de la comunidad, que sigue considerando que son valores culturales importantes.

b) Garantizar la aplicación efectiva del plan de acción nacional orientado a hacer frente a las prácticas tradicionales nocivas para la salud de la mujer y la violencia de género

Las estrategias nacionales contra la violencia de género y contra el matrimonio infantil se aprobaron en 2017. El Gobierno, con la ayuda de sus asociados, está aplicando medidas para combatir estos fenómenos.

c) Intensificar, en colaboración con la sociedad civil, sus actividades encaminadas a despertar conciencia de los efectos y consecuencias adversos de las prácticas nocivas, centrándose tanto en las mujeres y las niñas como en los hombres y los niños

Para lograr un cambio de comportamiento, el Gobierno, con el apoyo de sus asociados, como el UNFPA, la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF, debe modificar su estrategia dando prioridad a la concienciación por múltiples cauces con sesiones de fomento de la capacidad de las autoridades locales, los líderes comunitarios, los profesionales y las comunidades.

d) Prevenir la violencia contra las mujeres acusadas de brujería; detener, enjuiciar y castigar a los autores de tal violencia, y derogar toda disposición discriminatoria que criminalice la brujería

La brujería es un fenómeno complejo y difícil de demostrar. A pesar de esta dificultad probatoria, el Código Penal revisado, de 2010, sigue tipificándola como delito.

Los jueces, ante la complejidad probatoria, suelen absolver al acusado o imputado. Las mujeres mayores sin apoyo familiar suelen ser acusadas de brujería y son las principales víctimas de los abusos de personas malintencionadas, partidarias de la justicia callejera o privada.

No obstante, el Código Penal de 2010 castiga a los autores de esas infracciones con penas de prisión o multas, en función de su gravedad, según sean delitos o faltas. Aunque no se dispone de datos, los tribunales locales ya han dictado sentencias que condenan este tipo de situaciones.

Además, se organizan periódicamente campañas de sensibilización en las emisoras de radio del país para prevenir este problema.

Respuesta a la recomendación relativa a la participación en la vida política y pública (párr. 32)

b) Establecer un sistema de cuotas para las mujeres que garantice que estas ocupen como mínimo el 30 % de los escaños parlamentarios y provea incentivos para que los partidos políticos designen a mujeres como candidatas

En un esfuerzo por combatir la discriminación, el 26 de noviembre de 2016 se aprobó y promulgó la Ley núm. 16.004, por la que se establece el sistema de cuotas para cargos electivos y de libre designación, con una cuota para mujeres del 35 %, con la previsión de elevar dicha cuota durante diez años a partir de la fecha de promulgación.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer de 2018, las organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de decreto de aplicación de la Ley sobre la Paridad.

Conviene señalar que la participación política y pública de las mujeres en la República Centroafricana sigue presentando importantes carencias.

La cuota de participación de las mujeres en todas las instituciones establecida en la Ley sobre la Paridad (35 %) no se aplica todavía en todos los sectores de la vida nacional.

El siguiente cuadro resume la situación actual de la representación de las mujeres en las instancias decisorias.

Núm.

Entidad o departamento

Plantilla total

Hombres

Mujeres

Porcentaje

1

Gobierno

34

29

5

14,7

2

Gabinete presidencial

22

20

2

0,2

3

Oficina del Primer Ministro

43

38

5

5,5

4

Consejo Superior de Comunicación

8

4

4

50

5

Tribunal Superior de Justicia

24

22

2

0,2

6

Asamblea Nacional

140

118

12

0,8

7

Alta Autoridad encargada de la Buena Gobernanza

19

11

8

36

8

Consejo Económico y Social

79

61

18

22,78

9

Tribunal Constitucional

9

5

4

49

10

Consejo de Mediación

5

3

2

40

11

Autoridad Electoral Nacional

7

5

2

28,5

12

Consejo Nacional de Derechos Humanos

12

8

4

35

13

Función pública

27 656

22 846

4 810

17,3

14

Embajadas

14

12

2

14,8

15

Inspección General del Estado

25

20

5

20

16

Prefectura

16

14

2

12,5

17

Subprefectura

73

67

6

8,2

Las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en los puestos no electivos de los sectores de la seguridad, la gobernanza y el desarrollo económico y social, entre otros.

En plena crisis, el 20 de enero de 2014, el Consejo Nacional de Transición eligió a una mujer Jefa de Estado hasta las nuevas elecciones, el 30 de marzo de 2016.

En ese período se produjo un aumento significativo de la participación de las mujeres, por lo que la Unión Africana lo reconoció con un premio a los esfuerzos realizados.

c) Llevar a cabo actividades de sensibilización sobre la importancia que tiene para la sociedad en su conjunto la participación de la mujer en la adopción de decisiones, en particular como candidatas y votantes, con miras a eliminar las actitudes patriarcales que inhiben de tal participación a las mujeres

A pesar de la promulgación de esta Ley, los activistas y defensores de los derechos humanos prosiguen sus medidas de sensibilización y promoción ante las instancias decisorias. Estas iniciativas son cada vez más intensas en todas las emisoras de radio y en los medios escritos.

Las ONG y las organizaciones de mujeres llevan a cabo campañas de sensibilización para crear conciencia y cambiar la postura de los líderes y la comunidad respecto de la participación de las mujeres en los procesos decisorios.

Respuesta a la recomendación relativa a la nacionalidad (párr. 34)

a) Asegurar que todos los niños, incluidas las niñas, nacidos en el territorio del Estado parte sean inscritos en el registro civil al nacer, prestando particular atención a la inscripción de niñas y niños desplazados internos

Tras la crisis, el Gobierno, con el apoyo del UNICEF, emprendió un importante programa de inscripción de nacimientos en las zonas de conflicto que comprendía las medidas siguientes:

•Restablecer los servicios de registro civil;

•Poner en marcha 176 registros civiles en todo el país, que, no obstante, se enfrentan al problema del mantenimiento de las partidas;

•Recibir apoyo logístico, material y financiero de los asociados (UNICEF, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).

Se dotó a los ayuntamientos de las ciudades concernidas de un registro de partidas de nacimiento. Los niños nacidos durante los conflictos, independientemente de su sexo, han recibido sus partidas de nacimiento.

Todas estas medidas han permitido registrar a un total de 35.480 niños en las zonas de Bangui, Bimbo y Begua.

Posteriormente, con una campaña de sensibilización sobre la inscripción de nacimientos en los centros de salud que se llevó a cabo en las mismas localidades en agosto de 2016 se consiguió inscribir a 8.199 niños, de los cuales 4.212 eran niñas y 3.987, niños.

Se aplicaron medidas similares en otras tres localidades de la provincia, con las que se registró a 1.951 niños.

Con el apoyo del UNICEF se emprendieron campañas radiofónicas sobre la inscripción de los nacimientos con el objetivo de utilizarlas durante todo 2017.

Respuesta a la recomendación relativa a la educación (párr. 36)

a) Seguir coordinando todas las actividades con las partes interesadas de las organizaciones internacionales humanitarias y de desarrollo a fin de conseguir financiación para restaurar las escuelas que fueron ocupadas y dañadas durante el conflicto y asegurar un enfoque amplio que incorpore una perspectiva de género en el suministro de material escolar y la provisión de servicios de saneamiento

El Gobierno, con la ayuda de la comunidad internacional y de sus asociados, ha puesto en marcha un programa de recuperación y rehabilitación de las infraestructuras escolares que habían sido ocupadas por los grupos armados en Bangui y en las ciudades bajo su control.

Con miras a velar por la continuidad de la escolarización de los niños, el Gobierno, el UNICEF y las ONG han aunado esfuerzos para que 53.069 niños (45 % de niñas) tengan acceso a la educación en 220 espacios de aprendizaje temporales en Uaka, Uham, Nana Gribizi, Uham-Pendé, Bomú, Alto Kotto, Bajo Kotto y Ombela-Mpoko. Para asegurar la calidad de esa enseñanza, se formó en pedagogía básica y apoyo psicosocial a 500 padres-docentes (41 % de mujeres) de esas zonas, y otros 200 profesores (32 % de mujeres) de Uham-Pendé, Uaka y Bomú proporcionan apoyo psicosocial a 17.000 niños en 61 escuelas de las zonas de emergencia.

Los servicios de saneamiento instalados en las escuelas tienen en cuenta la diferenciación entre hombres/niños y mujeres/niñas. La responsabilidad de aplicar este programa recae en ONG.

Además, el Gobierno, en su afán por hacer valer su autoridad en todo el país, está desplegando fuerzas de defensa en las ciudades con conflictos que han experimentado un período de calma relativa e inestable (Bangasú y Paua) con el fin de dar seguridad a la población en general y a los docentes en particular y, de ese modo, facilitar el buen funcionamiento del sistema educativo.

b) Velar por el regreso seguro de los maestros y los alumnos, incluidas las mujeres y las niñas, a las escuelas

c) Preparar planes para restablecer y fortalecer el acceso a la educación, incluso para los niños desplazados internos, prestando particular atención a las necesidades de las niñas, en todas las regiones del Estado parte

Durante la crisis, el Gobierno, con el apoyo del UNICEF, elaboró un plan de transición para el período 2017-2018 con el fin de restablecer y fortalecer el acceso de los niños a la educación creando espacios de acogida temporal para los niños de las zonas de conflicto.

Respuesta a la recomendación relativa a las oportunidades económicas y de empleo para las mujeres afectadas por el conflicto (párr. 38)

El Comité recomienda que, con arreglo a su recomendación general núm. 30, el Estado parte elabore estrategias de recuperación económica y creación de empleo que promuevan la igualdad de género como condición previa para una economía sostenible posterior al conflicto

Al concretar su política de empleo, el Gobierno ha hecho especial hincapié en la creación de puestos de trabajo para los jóvenes en los sectores privado y público. En ese sentido, acaba de concluir el programa gubernamental de integración de jóvenes en puestos de la función pública, gracias al cual unos 1.000 jóvenes licenciados de ambos sexos se han incorporado a diversos departamentos ministeriales.

En el sector privado se está elaborando un proyecto de creación de 400.000 puestos de trabajo para jóvenes, con un fondo de 445 millones de dólares que el Gobierno procurará recaudar.

Asimismo, la Agencia Centroafricana de Formación Profesional y Empleo está desarrollando un programa de formación en oficios tradicionales y empleo para los jóvenes de ambos sexos que abandonan los estudios dirigido a 2.000 jóvenes.

En los instrumentos mencionados que rigen los ámbitos del trabajo y el empleo en la República Centroafricana no se hace distinción alguna entre hombres y mujeres en lo que respecta a sus condiciones de acceso al trabajo y a su nivel salarial, dado que parten de la igualdad en la formación escolar o profesional.

Ámbito del desarrollo económico

El Gobierno, con la ayuda de sus asociados bilaterales y multilaterales, desarrolla numerosos proyectos en favor de las mujeres, como el proyecto Bekou, que concede microcréditos para actividades generadoras de ingresos, y el proyecto Londo, que organiza tontinas y rehabilita infraestructuras comunitarias (mercados, secaderos, carreteras, etc.).

Respuesta a la recomendación relativa a la salud de las mujeres (párr. 40)

a) Velar por que las mujeres tengan acceso a los servicios de atención de salud restaurando el sistema de salud y garantizando el establecimiento de suficientes centros de salud y hospitales, así como la seguridad a todo el personal médico y sanitario

En materia de salud pública, la Constitución de 30 de marzo de 2016 dispone en su artículo 8 que “[e]l Estado garantiza a todos el derecho de acceso a los centros de salud públicos, así como el beneficio de un tratamiento médico adecuado proporcionado por profesionales capacitados y dotados del equipo necesario”.

En la República Centroafricana, las partidas presupuestarias para la sanidad representan solamente el 9 % del presupuesto general, en lugar del 15 % anual habitual.

Pese a ello, las nuevas directrices ministeriales de 2013 exigen que la asistencia sanitaria sea gratuita para las embarazadas y lactantes, así como en los casos de emergencia en todo el país.

Por ello, el Gobierno depende de la ayuda exterior. La financiación procede de donaciones y de préstamos de asociados bilaterales y multilaterales, y las ONG (Médicos Sin Fronteras, Emergency) prestan apoyo a los hospitales con suministros y servicios sanitarios y se ocupan de la salud sexual y reproductiva en todo el país. Las ONG atienden a las mujeres víctimas de violación durante el conflicto y les dan acceso a servicios médicos y psicosociales. En Bangui, el hospital Castors es la referencia en cuanto a la atención preventiva y terapéutica gratuita para las mujeres antes, durante y después del parto.

b) Asignar prioridad, durante este proceso de recuperación, a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en todas las zonas del Estado parte, teniendo debidamente en cuenta la recomendación general núm. 24, relativa a la mujer y la salud

El deterioro del entorno sociopolítico ha contribuido al empeoramiento de la morbilidad y la mortalidad de la población en la República Centroafricana. Las mujeres y los niños son los más afectados. La epidemia del VIH, combinada con otras enfermedades, es un factor que influye en la tasa de mortalidad global, que ha aumentado a 20,06 defunciones por cada 1.000 habitantes.

El contexto del país está marcado por el descenso de la esperanza de vida, que ha pasado de 49 años en 1988 a 43 años desde 2003.

Para dar respuesta a los problemas de salud de la población, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha traducido las medidas políticas y estratégicas aprobadas a partir del Plan Nacional de Desarrollo Sanitario (2006-2015) y el Plan de Transición del Sector de la Salud (2015-2017) en varias iniciativas en favor de las mujeres, en particular:

•La atención médica y psicosocial gratuita para las víctimas de la violencia de género, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que reciben 27.977 mujeres y niñas;

•La reducción de la mortalidad materna con atención obstétrica de urgencia gratuita;

•La atención gratuita para los abortos inducidos;

•La atención gratuita para las mujeres que viven con el VIH/sida;

•Los exámenes prenatales y las pruebas de cribado del VIH/sida gratuitos para las embarazadas.

c) Garantizar que todas las mujeres víctimas de violación, incluidas las violaciones cometidas durante el conflicto, tengan acceso a servicios médicos y psicológicos, incluidos los anticonceptivos de emergencia y los servicios de aborto seguro

En este plano, la acción del Gobierno consistió en rehabilitar los centros de salud, equiparlos y dotarlos de suministros de salud reproductiva.

Estos centros sanitarios prestan servicios de salud reproductiva a los habitantes de las zonas afectadas por el conflicto.

En el ámbito de la salud reproductiva de los adolescentes y los jóvenes, se han llevado a cabo numerosas sesiones de comunicación para lograr un cambio de comportamiento, tanto en Bangui como en las zonas de conflicto.

Las mujeres con fístulas obstétricas han recibido atención terapéutica gracias a la colaboración entre el Gobierno y otros agentes sanitarios.

d) Coordinar todas las actividades con las partes interesadas de las organizaciones internacionales humanitarias y de desarrollo para asegurar los recursos financieros necesarios a fin de restaurar y equipar las instalaciones sanitarias y garantizar un enfoque amplio que incorpore una perspectiva de género en su preparación y ejecución

El Ministerio de Salud Pública, en colaboración con el Ministerio de Promoción de la Mujer, la Familia y la Protección de la Infancia, acaba de implantar reuniones de coordinación con los asociados.

Respuesta a la recomendación relativa a las mujeres rurales (párr. 42)

a) Crear las condiciones apropiadas para la recuperación de la actividad agrícola

El Gobierno ha adoptado instrumentos legales para promover la recuperación de la actividad agrícola. Estos son:

•La Ley sobre las Semillas, aprobada en 2015 y pendiente solo de los textos de aplicación;

•La Oficina Nacional de Semillas, creada en 2017;

•El Código de las Tierras Agropecuarias, elaborado en 2017 y en proceso de aprobación;

•La política agrícola, formulada en 2018, en proceso de validación.

El Proyecto de Desarrollo Comunitario y de Apoyo a los Grupos Vulnerables, financiado por el Banco Mundial, desarrolló plataformas polifacéticas para empoderar a las mujeres del interior. Desgraciadamente, este proyecto no llegó a abarcar todas las zonas rurales, y las plataformas creadas ya no funcionan, por falta de financiación.

A la espera de que den comienzo los proyectos de desarrollo en proceso de validación, los asociados humanitarios, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Europea a través del fondo Békou, la Association Femme et Développement y la ONG Welthungerhilfe, con cooperación alemana, todos los cuales ayudan al Gobierno a aplicar el Plan Nacional de Recuperación y Consolidación de la Paz, no han escatimado esfuerzos para poner semillas y aperos agrícolas a disposición de la población rural durante las pasadas campañas agrícolas.

Los nuevos proyectos implican:

•Reforzar el sistema de multiplicación y distribución de semillas;

•Comenzar a aplicar la nueva Ley sobre las Semillas.

Actualmente se están validando tres grandes proyectos de desarrollo iniciados por el Gobierno con financiación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Los proyectos están en consonancia con el Plan Nacional de Recuperación y Consolidación de la Paz y son los siguientes:

•Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola: Proyecto de Revitalización de la Producción Agropecuaria en las Sabanas, que sustituye al Proyecto de Revitalización de los Cultivos Alimentarios y de Ganadería en Pequeña Escala en las Sabanas;

•Banco Africano de Desarrollo: Proyecto de Apoyo al Desarrollo de las Cadenas de Valor Agrícola de las Sabanas;

•Banco Mundial: Proyecto de Apoyo a la Revitalización Agrícola y al Desarrollo de Agronegocios en la República Centroafricana.

El objetivo general de todos estos proyectos es contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de forma sostenible y aumentar los ingresos de la población diana, incluidas las mujeres.

En general, los proyectos se seleccionan en función de los problemas reales de la población diana, y el concepto de cada proyecto se discute y se define de forma participativa con los interesados. La ejecución se realiza siempre con la participación de los beneficiarios.

b) Garantizar el acceso de la mujer rural a las semillas y las herramientas agrícolas, los servicios básicos como la educación, la salud, el agua potable y los servicios de saneamiento, así como las oportunidades económicas en pie de igualdad con los hombres y las mujeres de las zonas urbanas

El Gobierno ha tomado medidas para implicar a la población rural en todo el proceso del ciclo del proyecto mediante la creación de comités regionales de seguimiento de la ejecución de los proyectos con perspectiva de género. El Ministerio de Desarrollo Rural, en colaboración con la FAO, apoya constantemente a la población centroafricana en general y a las mujeres rurales en particular con material agrícola para revitalizar la agricultura y diversificar sus medios de vida. Durante la campaña agrícola de este año se ha prestado apoyo a 44.000 hogares: 28.500 recibieron material distribuido directamente,14.500 recibieron ayuda para las ferias y 1.000 recibieron transferencias en efectivo.

Para apuntalar la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres, la FAO utiliza el Fondo de Resiliencia, enfoque único e innovador de refuerzo de los conocimientos y capacidades técnicas, financieras y sociales de los beneficiarios, que colabora con los servicios públicos técnicos pertinentes o las ONG internacionales y nacionales en aras de la sostenibilidad.

Conviene señalar que gran parte de la población rural, especialmente las mujeres, queda al margen de los procesos de información y comunicación. En consecuencia, la FAO ha creado los clubes Dimitra, que integran una perspectiva de género sólida en todas sus actividades y tienen por objeto aumentar la visibilidad y la capacidad decisoria de las mujeres. De ese modo, el enfoque no se centra en la mujer, sino en las dinámicas entre hombres y mujeres, y estimula también la participación de los hombres y la expresión de las necesidades tanto de unas como de otros.

Respuesta a la recomendación relativa a la discriminación en el matrimonio (párr. 46)

De acuerdo con su recomendación general núm. 21 sobre la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares y la recomendación general núm. 29 sobre las consecuencias económicas del matrimonio y su disolución, el Comité recomienda

Consciente de las formas de discriminación contra las mujeres en el matrimonio, el Gobierno, a través del Ministerio de Promoción de la Mujer, con el fin de remediar esas desigualdades, creó un comité para revisar el Código de Familia. El comité ha revisado las disposiciones discriminatorias y su labor sigue en curso. Además, con el apoyo del UNFPA y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, se elaboró una lista de textos y disposiciones nacionales que son discriminatorios para las mujeres.

Respuesta a la recomendación relativa al protocolo facultativo de la Declaración de Beijing (párr. 48)

El Comité exhorta al Estado parte a utilizar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en sus esfuerzos por aplicar las disposiciones de la Convención

Al aplicar la Convención se ha tenido en cuenta la Declaración de Beijing, que aboga por el empoderamiento de las mujeres. Todos los programas y proyectos en favor de las mujeres en la República Centroafricana han incluido medidas de sensibilización sobre el empoderamiento de las mujeres.

Desde hace tiempo es obligatorio incorporar la perspectiva de género en todos los programas y proyectos que se ejecutan en la República Centroafricana, donde la integración sigue siendo un problema.

VIII.Dificultades y limitaciones de la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Las dificultades y limitaciones encontradas por la República Centroafricana en la aplicación efectiva de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer deben analizarse desde varios ángulos.

A.Análisis de las dificultades

Desde 2013, después de la presentación del quinto informe periódico, la República Centroafricana ha atravesado una crisis interna sin precedentes que ha perjudicado a la población en general y, más particularmente, a las mujeres de todo el país.

a) En el plano político

•La inestabilidad institucional y la falta de visibilidad en cuanto a la gestión de la política nacional de derechos humanos en general y de los derechos de las mujeres en particular;

•Un déficit real de formación de personal especializado en el ámbito de los derechos de las mujeres;

•La escasa integración en los programas de las declaraciones y los programas de acción resultantes de las grandes conferencias, foros y coloquios internacionales en favor de las mujeres y su falta de aplicación efectiva en la formulación de las políticas sectoriales (Beijing, Viena, Durban, etc.);

•El insuficiente presupuesto asignado a las medidas en favor de las mujeres;

•La expresión política de la mayoría de las medidas realizadas en favor de las mujeres limitada exclusivamente a la celebración del Día Internacional de la Mujer y del Día de la Madre;

•La obsolescencia de la base de datos estadísticos sobre las mujeres en la República Centroafricana;

•La escasa apropiación por las autoridades políticas de los instrumentos jurídicos internacionales, regionales y subregionales de promoción y protección de las mujeres (convenciones, tratados, principios, normas, declaraciones, etc.);

•La escasa difusión en el país de los instrumentos jurídicos internacionales, regionales y subregionales de promoción y protección de las mujeres (convenciones, tratados, principios, normas, declaraciones, etc.);

•La escasa difusión y divulgación en todo el país de los informes presentados a los organismos depositarios para su apropiación nacional;

•La insuficiente comunicación entre las diferentes instituciones y agentes encargados de los derechos de las mujeres en la República Centroafricana;

•La lentitud en la emisión de decretos para la aplicación de las leyes.

b) En los planos social y cultural

•La elevada tasa de analfabetismo de la población en general y de las mujeres en particular (antes de la crisis, completaban la educación primaria el 33 % de las niñas, frente al 53 % de los niños);

•El desconocimiento de la población acerca de los instrumentos jurídicos y de los mecanismos judiciales de promoción y protección de los derechos de las mujeres;

•La falta de apropiación por las propias mujeres de los instrumentos y mecanismos de promoción y protección de los derechos de las mujeres;

•La falta de un fondo de indemnización a las víctimas de los distintos incidentes que han tenido lugar en la República Centroafricana;

•Las divisiones y fisuras interétnicas, interreligiosas e intercomunitarias;

•El peso de la cultura.

c) En el plano económico

•La mala gobernanza de la gestión de proyectos, así como la malversación de fondos públicos y la corrupción, que dificultan que el Estado pueda cumplir sus obligaciones soberanas respecto de la atención a las mujeres;

•El colapso de la economía tras los acontecimientos ocurridos desde marzo de 2013;

•La elevada tasa de pobreza, que podría alcanzar el 80 % de la población (datos por confirmar por el Instituto Centroafricano de Estadística y de Estudios Económicos y Sociales);

•La destrucción y el saqueo sistemáticos de administraciones, empresas, negocios y escuelas.

d) En el plano educativo

•La falta de un organismo especializado en el ámbito de los derechos humanos en general que pueda ayudar a popularizar y difundir los valores y principios de los derechos humanos;

•La falta de integración de los valores de la educación cívica y moral y de la perspectiva de género en los programas escolares.

e) En el plano jurídico

•La existencia de ciertas disposiciones jurídicas que discriminan a las mujeres, lo que refleja el incumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención;

•El hecho de que algunos artículos del Código de Familia (231, 254 1) y 255) no se ajustan al artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

•La falta de disposiciones prácticas relacionadas con la ineficacia de los servicios responsables (judiciales, policiales, médicos, educativos, representantes electos de la comunidad local, etc.) para hacer cumplir las leyes;

•La falta de precisión jurídica, que exige un recurso de interpretación de un texto legal (determinadas disposiciones de la Ley núm. 06.030, de 15 de diciembre de 2006, relativa a la protección de la mujer contra la violencia) que remite a textos en vigor de forma vaga;

•El retraso en la aprobación de la normativa que faculta a los trabajadores sociales para prevenir y denunciar los casos de violencia de género y para proteger y prestar asistencia a las víctimas;

•El retraso en la presentación parlamentaria del anteproyecto de ley modelo relativa a la protección de las mujeres y los niños contra la violencia sexual propuesto a todos los Estados para su incorporación al derecho interno de conformidad con el Protocolo de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos sobre la Prevención y la Represión de la Violencia Sexual contra las Mujeres y los Niños;

•La falta de precisión jurídica de las modalidades prácticas de organización y funcionamiento de las estructuras de atención a las víctimas de la violencia de género (Ley núm. 06.030, de 15 de diciembre de 2006).

f) En el plano de la seguridad

•La inseguridad en todo el país, que frena y obstaculiza la difusión de los derechos de las mujeres en general, especialmente en las regiones y prefecturas bajo el control de los grupos armados no convencionales;

•La falta de autoridad del Estado en las regiones y prefecturas bajo el control de los grupos armados no convencionales;

•La ausencia de las Fuerzas de Defensa y Seguridad y de las Fuerzas Armadas en las regiones y prefecturas para garantizar la protección de las mujeres.

B.Análisis de las limitaciones

a) En el plano político

•La fuerte dependencia de la República Centroafricana de la financiación externa.

b) En los planos social y cultural

•Las cargas sociales y culturales y los estereotipos, que frenan la prosperidad y el desarrollo de las mujeres.

c) En el plano económico

•El hecho de que el país no tenga salida al mar;

•El peso de la deuda externa.

d) En el plano de la seguridad

•La lejanía y la falta de acceso de algunas zonas durante la estación húmeda;

•La existencia de grupos armados y salteadores de caminos y la ocupación de determinadas prefecturas.

e) En el plano educativo

•El embarazo precoz;

•El matrimonio prematuro;

•La sexualidad prematura.

IX.Perspectivas de la República Centroafricana sobre la aplicación efectiva de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Las perspectivas pueden clasificarse a corto, medio y largo plazo.

A.Perspectivas a corto plazo

•Restablecer el orden y la seguridad en todo el país;

•Desarmar a los grupos armados no convencionales;

•Instaurar la presupuestación basada en el género.

B.Perspectivas a medio plazo

•Llevar a cabo en todo el país una amplia campaña de sensibilización y divulgación de todos los instrumentos internacionales, regionales y subregionales sobre los derechos humanos;

•Organizar la promoción ante las autoridades políticas, los parlamentarios y otros asociados institucionales para apoyar las políticas y los programas de fomento de la igualdad de género y la protección de las mujeres;

•Asegurar la buena gobernanza política y económica y una distribución equitativa de los recursos con el fin de propiciar un clima sosegado entre la población y evitar las frustraciones, que son fuente de conflictos;

•Incorporar la perspectiva de género y la protección de las mujeres en los programas educativos de las escuelas primarias, secundarias, técnicas, profesionales y universitarias;

•Procurar la formación de personal especializado en la promoción de los derechos de las mujeres;

•Procurar la formación de los líderes y las autoridades locales y de las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos de las mujeres;

•Crear un observatorio nacional de la protección de los derechos de las mujeres.

C.Perspectivas a largo plazo

•Considerar la posibilidad de crear un instituto universitario para la promoción de la mujer en la República Centroafricana;

•Formular una estrategia nacional para salvaguardar y proteger los derechos de las mujeres en la República Centroafricana;

•Formular una estrategia nacional de comunicación para fomentar un diálogo participativo sobre las cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres en la República Centroafricana.

Conclusión

La aplicación efectiva de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es una de las obligaciones en materia de derechos humanos que el Estado centroafricano ha contraído ante la comunidad internacional. El objetivo es reducir progresivamente todas las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

Para lograrlo, deben emprenderse de forma sostenida medidas derivadas de las políticas y los programas legislativos, sociales, culturales, económicos, educativos y sanitarios.

Al dar prioridad a la protección de las mujeres frente a todas las formas de violencia, el Gobierno centroafricano ha adquirido el firme compromiso de alcanzar los objetivos que se ha fijado para mejorar las condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en todo el país.

Los resultados de las medidas emprendidas para eliminar dicha desigualdad demuestran que la República Centroafricana sigue teniendo mucho por hacer.

A pesar de que se ha logrado una tímida mejora en muchos ámbitos, como la reforma del marco legislativo y de protección de las mujeres, el aumento de su participación en la vida política y pública, su promoción y empoderamiento, y la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos contra ellas, sigue habiendo mucho margen de mejora en determinados planos que, de aprovecharse, ayudaría a reducir o eliminar por completo esas desigualdades y la violencia.

Las dificultades que siguen enfrentando las mujeres en esos planos socavan aún más su resiliencia frente a la presión de los valores socioculturales, que las asfixia y aumenta su sumisión a la dependencia de los hombres y a la total y a veces ciega resignación a los dictados de los hombres en cuanto que cabezas de familia.

La persistente inseguridad, marcada por la presencia de grupos armados en muchas ciudades del país, así como las dificultades económicas y financieras, han contribuido a ralentizar la mejora de los indicadores de la promoción y la protección de las mujeres, pese a la buena voluntad del Gobierno de garantizar la plena protección de las mujeres.

Este contexto debe llevar al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para revertir las tendencias negativas con el fin de alcanzar sus objetivos lo antes posible y, en consecuencia, procurar que las mujeres disfruten de mejores condiciones de vida, en igualdad con los hombres.