COMITÉ CONTRA LA TORTURA

RESPUESTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR EL GOBIERNO DE AUSTRALIA* A LA LISTA DE CUESTIONES (CAT/C/AUS/Q/49) QUE DEBEN ABORDARSE AL EXAMINAR EL CUARTO INFORME PERIÓDICO DE AUSTRALIA (CAT/C//67/ADD.7)

Adición

[13 de septiembre de 2007]

* Con arreglo a la información transmitida a los Estados partes acerca de la tramitación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

GE.07-44294 (EXT)

ÍNDICE

Página

Artículo 2 4

Pregunta 1 4

Pregunta 2 4

Pregunta 3 20

Pregunta 4 31

Pregunta 5 40

Pregunta 6 56

A rtículo 3 58

Pregunta 7 58

Pregunta 8 61

Pregunta 9 63

Pregunta 10 63

Pregunta 11 65

Pregunta 12 65

A rtículo 4 81

Pregunta 13 81

Pregunta 14 85

Artículo 5 87

Pregunta 15 87

Pregunta 16 87

Artículos 6, 7, 8 y 9 88

Pregunta 17 88

Pregunta 18 88

Artículo 10 89

Pregunta 19 89

Pregunta 20 90

Pregunta 21 91

Artículo 11 91

Pregunta 22 91

Pregunta 23 100

Pregunta 24 134

Pregunta 25 169

Pregunta 26 172

Página

Pregunta 27 174

Pregunta 28 174

Pregunta 29 177

Artículo 12 177

Pregunta 30 177

Artículo 13 178

Pregunta 31 178

Pregunta 32 181

Pregunta 33 181

Pregunta 34 198

Artículo 15 199

Pregunta 35 199

Artículo 16 207

Pregunta 36 207

Pregunta 37 214

Pregunta 38 221

Otros asuntos 224

Pregunta 39 224

Pregunta 40 226

Pregunta 41 227

A rtículo 2

Pregunta 1

El artículo  11 de la Ley de delitos (de tortura) de 1988 dispone que no puede alegarse como excepción en un juicio por infracción a dicha Ley el hecho de que el delito se haya cometido en circunstancias excepcionales o que el acusado haya actuado siguiendo órdenes de un superior jerárquico o una autoridad. No obstante, se podrán tener en cuenta esas circunstancias al determinar la pena que corresponda. Sírvanse indicar los casos registrados en el período examinado en los que al dictar sentencia condenatoria conforme a dicha Ley esas circunstancias se consideraron atenuantes.

1. El Fiscal Federal no ha iniciado nunca ningún procedimiento en virtud de la Ley de delitos (de tortura) de 1988 .

Pregunta 2

Sírvase facilitar más información sobre los derechos de los detenidos bajo custodia policial, en particular el de acceso a un letrado o a un médico de su elección, a que se les informe de sus derechos y a que se comunique prontamente a su familia la detención. ¿Ha afectado a estos derechos la nueva legislación contra el terrorismo?

2. En cada ordenamiento de Australia se reconoce toda una serie de derechos a los detenidos bajo custodia policial, incluidos el de acceso a un letrado o a un médico de su elección, el de ser informados de sus derechos y de que se comunique prontamente la detención a su familia. Esos derechos no han quedado afectados por la nueva legislación contra el terrorismo. A continuación se dan detalles. Se consigna en primer lugar la información sobre los derechos reconocidos en la legislación federal y después la información sobre la legislación de los Estados y Territorios.

Información del Gobierno Federal

3. En la División 3 de la parte IC de la Ley de delincuencia de 1914 se regula la investigación de los delitos federales y se imponen varias obligaciones a los investigadores. Las salvaguardias se incluyen en la parte IC precisamente para velar por la fiabilidad de las pruebas obtenidas y para que no se vulnere el derecho a un juicio con todas las garantías.

4. Cuando los agentes investigadores no cumplen las obligaciones de la Parte IC, el artículo  38 de la Ley de la práctica de la prueba de 1995 dispone que el tribunal puede discrecionalmente excluir los indicios de prueba obtenidos en los interrogatorios de la fase de instrucción. Según el artículo  138, las pruebas obtenidas por medios inapropiados o en violación de una ley australiana "no deben admitirse, salvo que la conveniencia de tal admisión compense los inconvenientes de admitir elementos de prueba obtenidos por medios inapropiados".

5. En la Parte IC se garantizan los siguientes derechos a los detenidos por un delito federal o a los "sospechosos protegidos" que, según la definición, incluyen a las  personas que se hallan en compañía de un agente investigador y son interrogadas por un delito federal.

Advertencias a los detenidos o a los sospechosos protegidos ( artículo  23F)

6. El artículo  23F prevé que deben hacerse ciertas advertencias a los detenidos o a los sospechosos protegidos. Mientras se hallan bajo custodia por un delito penal, el sospechosos protegido puede aceptar voluntariamente participar en una entrevista. A tenor del artículo  23F, los investigadores deben hacerle ciertas advertencias, informarle de que no tiene que hacer ni decir nada, pero que cualquier cosa que haga o diga podrá utilizarse como elemento de prueba.

Derecho a comunicarse con un amigo, pariente o abogado y, para los no australianos, con una oficina consular. Disposición aplicable a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres, así como a los menores de 18  años ( artículos  23G, 23H, 23K y 23P).

7. El sospechoso protegido tiene derecho a comunicarse con un amigo, un pariente y un abogado. Los investigadores deben informarle de estos derechos antes de interrogarle y deben aplazar el interrogatorio durante un tiempo razonable para que pueda dársele esa información.

8. Los agentes investigadores deben asimismo adoptar medidas razonables para que la persona pueda comunicarse con su abogado sin ser oída. Cuando el abogado asiste al interrogatorio, el detenido debe poder consultar al abogado en privado.

Información relativa a los detenidos o a los sospechosos protegidos ( artículo  23M)

9. Toda persona debe ser informada de las indagaciones que realicen sus amigos, parientes y representantes legales en cuanto a su paradero y, salvo que dicha persona no esté de acuerdo, esa información debe ser facilitada. Este requisito está sujeto a la excepción de incumplimiento del artículo  23L (véase más adelante).

Derecho a los servicios de un intérprete ( artículo  23N)

10. Los investigadores tienen la obligación de facilitar los servicios de un intérprete si cabe considerar que el sospechoso protegido no puede comunicarse adecuadamente a causa de dificultades idiomáticas o de una discapacidad. Los interrogatorios deben posponerse hasta que se consiga la presencia de un intérprete.

Trato de los detenidos ( artículo  23Q)

11. El artículo  23Q dispone que el sospechoso protegido debe ser tratado con humanidad y sin menoscabo de su dignidad humana, y no ser sometido a trato cruel, inhumano o degradante.

El derecho a guardar silencio, etc., no queda afectado ( artículo  23S)

12. En el artículo  23S se confirma que la parte IC no afecta el derecho a guardar silencio ni la facultad discrecional del tribunal para excluir las pruebas obtenidas por medios ilegales, inadecuados o injustos. Además, la parte IC no exime a la fiscalía de demostrar la voluntariedad en la admisión o confesión hecha por una persona ni de la obligación de probar que la admisión o confesión se verificó en circunstancias que hacen improbable que la veracidad de esa admisión o confesión pueda ponerse en duda.

Entrega al detenido de la grabación de la información ( artículo  23U)

13. Cuando los investigadores tienen la obligación de facilitar información a un sospechoso protegido, el artículo  23U exige que, siempre que sea posible, se grabe en cinta esa información (por ejemplo, para hacer una advertencia) y la respuesta de la persona a esa información. Si la información no se ha grabado magnetofónicamente, la fiscalía tiene que probar que no era posible proceder a esa grabación.

Grabación en cinta de las confesiones y admisiones ( artículo  23V)

14. No podrá utilizarse ninguna confesión o admisión contra una persona a menos que las preguntas y las respuestas hayan sido grabadas. Si ello no puede hacerse, se consignarán por escrito las preguntas y respuestas, que deberán leerse a la persona en un idioma que comprenda, y ésta deberá tener la oportunidad de indicar los lugares en que la grabación es inexacta o incorrecta. La lectura de la confesión/admisión será grabada, y se explicará a la persona todo el proceso.

15. Debe entregarse a la persona o a su representante legal copia de la grabación y de cualquier transcripción en el plazo de siete  días a contar de la grabación o la transcripción.

16. Sin embargo, el tribunal puede admitir las pruebas que no cumplen este artículo  si, habida cuenta de la naturaleza y las razones del incumplimiento y de cualesquiera otras cuestiones relevantes, tiene el convencimiento de que, en las circunstancias especiales del caso, la admisión de esas pruebas no sería contraria a los intereses de la justicia ( párrafo  5 del artículo  23V). En tales circunstancias, el juez debe señalar al jurado que no se han cumplido las normas y hacer las advertencias que considere apropiadas ( párrafo  7 del artículo  23V).

Excepciones ( artículo  23L)

17. La ley que impone expresamente esas obligaciones no se aplicará si el investigador tiene motivos razonables para creer que el cumplimiento puede dar lugar a que un cómplice tome medidas para eludir la detención, ocultar, falsificar o destruir pruebas, o intimidar a un testigo, o si el interrogatorio reviste tal urgencia que, en aras de la seguridad de otras  personas , el cumplimiento de esta disposición no puede sufrir ningún retraso.

18. Con respecto a las acciones realizadas por un abogado o en relación con un abogado, la excepción sólo se aplicará en circunstancias extraordinarias y si los motivos de la decisión son autorizados por un oficial de policía del rango de comisario o más alto, o por una persona que desempeñe un puesto determinado. En tales circunstancias, el investigador deberá proponer los servicios de otro abogado.

19. Véanse en la respuesta a la pregunta 5 los derechos de los detenidos por delitos de terrorismo.

Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

20. La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades puede investigar un acto o una práctica del Gobierno de Australia que sea incompatible con los derechos humanos, en particular cuando se trata de la prohibición de la tortura a tenor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Comisión está facultada para conocer de las reclamaciones de reclusos de las prisiones federales que alegan que una acción o una práctica del Gobierno Federal son contrarios a un derecho humano.

El Ombudsman de Australia

21. El Ombudsman de Australia tiene asignadas funciones en virtud de la Ley del Ombudsman de1976 y de la Ley de la Policía Federal de Australia de 1979 , que facultan al Ombudsman para investigar las reclamaciones formuladas contra la Policía Federal de Australia (PFA).

22. Toda persona detenida bajo custodia de la PFA puede denunciar el trato que le dispensa la policía. Las denuncias pueden referirse:

al uso de la fuerza por miembros de la PFA sobre la persona del detenido;

a los actos de agentes de la PFA sobre la persona del detenido durante todo el proceso de detención, interrogatorio y formulación de cargos;

a las acciones de agentes de la PFA sobre la persona del detenido mientras está bajo custodia;

al hecho de que la PFA no haya permitido el acceso a un abogado elegido por el detenido o no le haya permitido notificar su paradero a un pariente o miembro de su familia;

al hecho de que la PFA no haya facilitado asistencia o tratamiento médicos cuando la persona sufre una dolencia que necesita tratamiento inmediato.

Nota: El derecho a tener acceso a los servicios de un médico elegido por el detenido no está previsto en la ley. Sin embargo, la prestación de tratamiento médico es un deber de los agentes de la PFA que desempeñan funciones de detención y está cubierto en los procedimientos de la PFA sobre medidas privativas de libertad.

23. Con arreglo a la Ley de la Policía Federal de Australia de 1979, toda persona puede presentar una reclamación a la PFA y ésta tiene la obligación reglamentaria de tramitar esa denuncia.

24. El Ombudsman de Australia, en virtud de su función de examen de la tramitación por la PFA de las quejas presentadas con arreglo a la Ley de la Policía Federal de Australia de 1979 , está facultado para tener acceso a los registros de la gestión e investigación de quejas de la PFA, a revisarlos e informar al respecto.

25 El detenido bajo custodia de la PFA también puede presentar una denuncia directamente al Ombudsman de Australia acerca de los actos de la PFA.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

26. En el apartado a) del párrafo  1 del artículo  122 de la Ley de represión de la delincuencia (poderes y funciones) de 2002 (Nueva Gales del Sur) se dispone que el detenido debe ser informado lo antes posible por el encargado de las medidas de privación de libertad de que no tiene que decir ni hacer nada, sino que cualquier cosa que diga o haga podrá ser utilizado como elemento de prueba. El encargado de las medidas privativas de libertad también tiene la obligación de facilitar al detenido un resumen de las disposiciones de la parte 9 de la Ley de represión de la delincuencia (poderes y funciones) en que se indican los procedimientos policiales de investigación e interrogatorio (apartado b) del párrafo  1 del artículo  122).

27. El artículo  123 de la Ley también reconoce a los detenidos el derecho de comunicarse con un amigo, un pariente, un tutor o una persona independiente y de ponerse en contacto con un abogado. Antes de iniciarse cualquier procedimiento de investigación en relación con el detenido, el encargado de la detención tiene la obligación de informar a la persona verbalmente y por escrito de que puede comunicarse o intentar comunicarse con un amigo, un pariente, un tutor o una persona independiente para informarles de su paradero y pedirles que se presenten en el lugar en que está detenida (apartado a) del párrafo  1 del artículo  123). En este artículo  también se prescribe que el detenido debe ser informado de que puede comunicarse o intentar comunicarse con un abogado de su elección. El detenido también puede reclamar la presencia de su abogado para consultar con él, o también puede pedir que el abogado esté presente durante cualquier procedimiento de investigación (apartado b) del párrafo  1 del artículo123).

28. Con arreglo al artículo  123 de la Ley, el encargado de la detención debe tomar medidas inmediatamente para que el detenido reciba atención médica si le parece evidente que requiere dicha atención o si el detenido la pide por motivos que parezcan razonables al encargado de la detención.

29. Asimismo, en el artículo  130 se reconoce a los detenidos el derecho a refrescos y otras facilidades, en condiciones razonables, en particular lavarse, ducharse o bañarse y, si resulta apropiado, afeitarse, cuando resulte factible permitir el acceso a esos servicios y el encargado de la detención considere que la investigación no quedará obstaculizada por ello.

30. Sobre la información respecto de las salvaguardias de la Ley de terrorismo (poderes policiales) de 2002 (Nueva Gales del Sur), consúltese la respuesta de Nueva Gales del Sur a la pregunta 5.

Victoria

31. En Victoria toda persona detenida por un delito debe ser puesta en libertad incondicionalmente, puesta en libertad bajo fianza o puesta a disposición de un juez o un tribunal dentro de un plazo razonable ( párrafo  1 del artículo  464A de la Ley de Delitos de 1958 (Victoria)). Nadie debe ser detenido durante más tiempo de lo razonable.

32. La policía puede conceder la libertad bajo fianza de conformidad con la Ley de 1977 de Libertad Bajo Fianza (Victoria). Si no resulta posible poner a la persona a disposición de un tribunal a las 24  horas de la detención, la policía tiene la obligación de ponerla en libertad bajo fianza, salvo que se disponga otra cosa en el párrafo  1 del artículo  10 de la mencionada Ley.

33. Las  personas detenidas por la policía pueden comunicarse (o intentar comunicarse) con un amigo o pariente y con un abogado. Con arreglo a la Ley de libertad bajo fianza, el tribunal puede pedir un reconocimiento médico.

34. El artículo  11 de la Carta de Derechos y Deberes de Victoria contiene una prohibición de la tortura: < http://www.nswccl.org.au/issues/bill_of_rights/other.php >.

35. Esos derechos no han quedado afectados por la nueva legislación sobre terrorismo.

Queensland

36. Los derechos de las  personas bajo custodia de la policía están salvaguardados en el capítulo 15 de la Ley de atribuciones y responsabilidades de la policía de 2000 (Queensland) e incluyen los siguientes:

derecho a estar representado por un abogado;

derecho a comunicarse con un amigo, un abogado o un pariente;

derecho a los servicios de un intérprete;

derecho a comunicarse con la correspondiente embajada extranjera;

derecho a guardar silencio;

derecho a que se respete la limitación del tiempo de detención;

derecho a que su situación sea objeto de examen por un magistrado.

37. Las  personas bajo custodia de la policía también tienen derecho a los servicios de un médico.

38. Para la información sobre las salvaguardias de la Ley de terrorismo (detención preventiva) de 2005 (Queensland), consúltese la parte correspondiente a Queensland de la respuesta a la pregunta 5.

Australia Occidental

39. De conformidad con el artículo  137 de la Ley de investigación criminal de 2006 (Australia Occidental), deben garantizarse por ley los siguientes derechos a todos los detenidos, independientemente del motivo de la detención. Entre esas  personas figuran las detenidas a efectos de identificación y de procedimientos de identificación y procedimientos forenses conforme a la legislación pertinente.

Los detenidos tienen derecho:

a cualquier tratamiento médico que necesiten;

a la intimidad, en la medida razonable, frente a los medios de comunicación;

a tener la oportunidad, en la medida razonable, de comunicarse o intentar comunicarse con un pariente o amigo para informarle de su paradero; y

si por cualquier razón no tiene la posibilidad de comprender o comunicarse suficientemente en inglés, a disponer de la ayuda de un intérprete u otra persona cualificada.

41. Además, la policía de Australia Occidental tiene por norma reconocer a todos los detenidos los siguientes derechos:

a) si están bajo custodia de la policía, derecho a que la policía compruebe a intervalos regulares sus necesidades en materia de seguridad y bienestar;

b) Si un agente de policía tiene motivos para detener a una persona que ha sido herida, derecho a que se tomen todas las medidas para conocer los detalles relativos a la naturaleza y gravedad de la lesión, a fin de reducir al mínimo la posibilidad de que ésta se agrave y que cause un sufrimiento innecesario a esa persona;

c) incumbe al agente que procede a la detención hacer que un médico reconozca al detenido en cuanto sea posible y permanecer con él hasta que puedan tomarse disposiciones para ponerlo en libertad bajo fianza o para organizar o tomar otras disposiciones de privación de libertad;

d) a ser tratado de manera digna y humana;

e) a formular denuncias por malos tratos al Ombudsman y a que se le suministre el material necesario para hacer la denuncia.

42. Además de los derechos reconocidos en el artículo  137 de la Ley de investigación criminal de 2006 (Australia Occidental), las  personas detenidas por la policía:

a) en virtud del artículo  128 de la Ley de investigación criminal, por ser sospechosas de haber cometido un delito;

b) en virtud de una orden de detención por ser sospechosas de haber cometido un delito;

c) en virtud de otra ley escrita por ser sospechosas de haber cometido un delito; o

d) con arreglo a la Ley de investigación criminal (delitos extraterritoriales) de 1987 (Australia Occidental), tienen también otros derechos.

43. Los sospechosos detenidos tienen derecho:

a) a ser informados de los delitos por los que han sido detenidos y de cualesquiera otros delitos de los que puedan estar sospechados;

b) a ser advertidos antes de ser interrogados como sospechosos;

c) a tener una oportunidad razonable de comunicarse o intentar comunicarse con un abogado, y

d) si por alguna razón no pueden comprender el inglés o comunicarse en inglés con soltura, a que no se le interrogue hasta que pueda disponerse de los servicios de un intérprete u otra persona cualificada.

44. Además, en cuanto sea factible después de la detención, el agente encargado de la investigación debe:

a) informar al sospechoso de sus derechos con arreglo al apartado c) del párrafo  3 y el apartado c) del párrafo  2 del artículo  137, y

b) informar al sospechoso de sus demás derechos con arreglo al artículo  137 y el párrafo  2 de dicho artículo.

45. Existen también circunstancias en que puede denegarse al sospechoso detenido el derecho de comunicación. Según el párrafo  3 del artículo  38 de la Ley de investigación criminal de 2006, los agentes pueden denegar al sospechoso el derecho a comunicarse o a intentar comunicarse con una persona cuando cabe presumir razonablemente que al hacerlo:

a) se dejaría que un cómplice tomase medidas para evitar cargos;

b) se podrían ocultar, tergiversar o falsificar elementos de prueba; o

c) se pondría en peligro la seguridad de una persona.

46. Si un agente de policía niega a un sospechoso el derecho a comunicarse, debe levantarse acta de tal denegación y de las razones que la fundamentan, y debe concederse el derecho cuando:

a) los motivos o la razón de esa denegación resultan falsos; o

b) ya no existe la razón para denegar ese derecho al sospechoso.

47. Véase la respuesta a la pregunta 5 en relación con los derechos de los detenidos en virtud de la legislación sobre el terrorismo.

Australia Meridional

48. Los delitos de las  personas bajo custodia de la policía se rigen, de manera general, por la Ley de delitos sujetos a procedimiento sumario de 1953 (Australia Meridional) (o la Ley de la delincuencia de menores de 1993 (Australia Meridional) para los jóvenes de 10 a 18  años ).

49. Los derechos del detenido bajo custodia de la policía (en virtud de una orden de detención o sin dicha orden) se exponen en el artículo  79A de la Ley de delitos sujetos a procedimiento sumario y el artículo  13 de la Ley de libertad bajo fianza de 1985 (Australia Meridional). En virtud de esas disposiciones, toda persona detenida tiene derecho:

a) a hacer una llamada telefónica a un amigo o pariente para informarles de su paradero (apartado a) del párrafo  1 del artículo  79A);

b) a que un abogado, amigo o pariente esté presente durante cualquier interrogatorio o investigación (inciso i) del apartado b) del párrafo  1 del artículo  79A);

c) a disponer de los servicios de un intérprete (inciso ii) del apartado b) del párrafo  1 del artículo  79A);

d) a no contestar a preguntas (inciso iii) del apartado b) del párrafo  1 del artículo  79A);

e) a pedir la libertad bajo fianza ( Ley de libertad bajo fianza de 1985, artículo  13)

50. Con arreglo al párrafo  3 del artículo  79A, "el agente de policía debe informar al detenido, en cuanto sea razonablemente factible... de sus derechos con arreglo al párrafo  1 y advertirle que cualquier cosa que diga o haga podrá hacerse constar y utilizarse como elemento de prueba".

51. Cuando una persona bajo custodia de la policía está herida o enferma, el agente al mando del cuartel de policía debe, siempre que sea factible, realizar diligencias para que el detenido sea llevado a un hospital o, si ello resulta imposible, para que la persona sea atendida por un médico de la policía u otro profesional médico cualificado ( Reglamento de Policía de 1999 , regla 69). Sin embargo, el detenido tiene derecho a pedir que le reconozca un médico especificado ( párrafo  2 de la regla 70) cuando el médico que atiende al detenido puede exigir el pago de gastos que no están cubiertos por un plan de seguro de enfermedad (apartado a) del párrafo  1 de la regla 10A).

52. El artículo  81 de la Ley de delitos sujetos a procedimiento sumario y el artículo  25 de la Ley de delincuencia (procedimientos judiciales) de 2007 (SA) garantizan a toda persona el derecho a pedir que un médico de su elección esté presente durante la realización de un registro molesto o un procedimiento judicial molesto. El procedimiento en sí no puede llevarse a cabo por un médico de su elección.

53. Véase la respuesta a la pregunta 5 en relación con los derechos de los detenidos en virtud de la legislación sobre el terrorismo.

Tasmania

54. En Tasmania los derechos de los ciudadanos detenidos están garantizados por varios preceptos del derecho legislado y del " common law" . Importantes garantías de protección figuran en la Ley de derecho penal (detención e interrogatorio) de 1995 (Tasmania) que prevé normas y control legislativos a los que deben sujetarse los interrogatorios y requiere que los agentes graben en vídeo las confesiones y admisiones hechas durante el "interrogatorio oficial" en relación con los delitos graves. Entre los requisitos esenciales de la ley figuran:

a) que el detenido sea puesto a disposición de un magistrado o de un juez en cuanto sea factible después de la detención, a menos que sea puesto en libertad sin cargos o bajo fianza ( párrafo  1 del artículo  4);

b) que el detenido sea informado de su derecho a guardar silencio antes de que se le someta a interrogatorio ( párrafo  5 del artículo  4);

c) que el detenido sea informado de su derecho a comunicarse con un amigo o pariente y un abogado antes de ser interrogado ( párrafo  1 del artículo  6);

d) que la policía (sin perjuicio de los párrafos 3 y 6 del artículo  6) aplace todo interrogatorio e investigación a fin de que el detenido pueda comunicarse o intentar comunicarse ( párrafo  2 del artículo  6);

e) que la policía (sin perjuicio de los párrafo  3 y 6 del artículo  6) ofrezca al detenido medios razonables para hacer esa comunicación ( párrafo  7 del artículo  6);

f) que se recurra a los servicios de un intérprete, cuando sean necesarios, ( artículo  5);

g) que el detenido sea interrogado durante un tiempo "razonable" (apartado a) del párrafo  2 del artículo  4); en este contexto el término "razonable" queda determinado por las consideraciones expuestas en el párrafo  4 del artículo  4;

h) que el detenido sea llevado ante un oficial sin demora y sea puesto bajo la custodia de dicho oficial ( párrafo  1 del artículo  15);

i) que el oficial encargado de la vigilancia realice las diligencias que en relación con la detención imponen los párrafos 2 y 4 del artículo  15 y

j) que el oficial encargado de la vigilancia se asegure de que el detenido es tratado de conformidad con la ley ( párrafo  1 del artículo  16).

55. En el párrafo  2 del artículo  3 se dispone que una persona está "bajo custodia" a los efectos de la ley si:

a) está detenida legalmente en virtud de una orden, o

b) está detenida legalmente con arreglo al artículo  27 de la Ley del Código Penal de 1924 (Tasmania) o de una disposición de otra ley.

56. Las disposiciones de la Ley de derecho penal (detención e interrogatorio) quedan reflejadas en el Manual de la Policía de Tasmania, sus normas, procedimientos y formación.

57. En concreto, la policía de Tasmania organiza regularmente para sus agentes sesiones de educación y formación en materia de legislación e instrucciones normativas (Manual de la Policía de Tasmania) así como sobre las prácticas aplicables a sus funciones, en particular en lo que se refiere al uso de la fuerza en el proceso de detención, arresto, trato de las  personas bajo custodia, utilización de medidas coercitivas y requisitos de información.

58. En el artículo  7.1.1.3 del Manual de la Policía de Tasmania se indica que:

a) El agente involucrado en la detención, encarcelamiento o vigilancia de una persona bajo custodia tiene la obligación de cuidar de esa persona y pueden exigírsele responsabilidades por la muerte o lesión de dicha persona causadas o propiciadas por el incumplimiento de esa obligación, y

b) La obligación de cuidado se aplica en todo momento desde que la persona se encuentra bajo custodia de la policía hasta que esa persona es puesta en libertad de manera segura.

59. En la Ley de la práctica de la prueba de 2001 se reconoce la posición relativamente vulnerable de las  personas que se hallan bajo custodia de la policía. Su vulnerabilidad se desprende del desequilibrio de poder que existe entre los detenidos y la policía, y en el contexto de la necesidad de evitar los tratos indebidos, incluida la "tortura", son particularmente pertinentes las disposiciones del artículo  84 y del artículo  85.

60. El artículo  84 dispone que la admisión de un hecho (por un acusado o un testigo) no podrá admitirse como prueba en los procedimientos judiciales si se hizo bajo la influencia de una "conducta violenta, opresiva, inhumana o degradante". El artículo  85 prescribe que la admisión de un hecho por un acusado no será admisible, a menos que "las circunstancias en que se hizo tal admisión hagan improbable que la veracidad de la admisión haya sido afectada adversamente". Al dictar su resolución con arreglo al artículo  85, el tribunal deberá considerar las características del acusado y la naturaleza del interrogatorio que le llevó a hacer tal admisión.

61. Hay muchos otros procesos, procedimientos y convenciones para garantizar la protección de los derechos de las  personas bajo custodia de la policía, incluido el requisito de que, para ser admisible, los hechos reconocidos en relación con delitos graves se graben en cinta magnetoscópica siempre que sea factible, con excepciones limitadas ( Ley de la práctica de la prueba de 2001, artículo  85 A), y que se faciliten servicios de interpretación, cuando sean necesarios.

62. Para ser válidas, las admisiones deben haberse obtenido voluntariamente. El reconocimiento de los hechos no debe haberse obtenido ni estar influidos por una conducta violenta, opresiva, inhumana o degradante hacia el detenido u otra persona, ni por la amenaza de una conducta de esa índole. El reconocimiento de los hechos no será admisible cuando una persona con capacidad para influir en la decisión de perseguir el delito haga algo que pueda dar a pensar que la veracidad del asunto queda afectada (por ejemplo, por inducciones). Cuando se dictamina que la admisión ha sido hecha de manera involuntaria, el juez o magistrado no tiene poder discrecional. El reconocimiento de esos hechos debe excluirse de la prueba.

63. Al analizar las medidas destinadas a proteger los derechos de las  personas bajo custodia, también resulta pertinente señalar el papel de las admisiones y de la "advertencia". Las admisiones constituyen una excepción a la norma de las declaraciones "de oídas" (cuando las hace una persona que es o pasa a ser un acusado) y una admisión puede hacerse verbalmente, por escrito, o deducirse de una conducta. La prueba de una admisión sólo puede ser dada por la persona que la ha notado de primera mano o presentando un documento en el que consta.

64. La "advertencia" se da para recordar a los sospechosos su derecho a no incriminarse. Los requisitos mínimos para la "advertencia" son:

a) que se dé antes del interrogatorio por un agente investigador; y

b) que se dé cuando el agente investigador se ha formado la opinión de que hay elementos de prueba suficientes para determinar que la persona ha cometido un delito;

c) la "advertencia" no debe limitarse a una sola ocasión.

65. La Ley de la práctica de la prueba declara que el enunciado de la "advertencia" debe incluir que todo lo que una persona diga o haga puede usarse como prueba. Una formulación conveniente de la advertencia sería: "no está usted obligado a decir o hacer nada a menos que usted desee hacerlo, pero cualquier cosa que diga o haga constará en acta y podrá ser aportada como elemento de prueba. ¿Comprende usted?"

Territorio de la Capital Australiana

Ley de Derechos Humanos

66. En relación con las obligaciones de Australia a tenor del artículo  2 de la Convención, la Asamblea Legislativa del Territorio de la capital de Australia aprobó en 2004 una Declaración de Derechos. La Ley de derechos humanos del Territorio de la Capital Australiana de 2004 incorpora disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ( artículo  7 del Pacto) y el derecho a recibir un trato humano en situaciones de privación de libertad ( artículo  10 del Pacto).

67. La Ley de derechos humanos del Territorio de la Capital Australiana declara que toda legislación del Territorio se interpretará y aplicará de manera que se tengan presentes los derechos humanos, a menos que haya legislación que claramente autorice otra cosa. Se puede plantear una cuestión de derechos humanos en procedimientos contra las autoridades del Territorio con inclusión, por ejemplo, de casos en que un organismo haya incumplido sus obligaciones preceptivas o sus obligaciones relacionadas con la atención a un detenido. También debe tenerse en cuenta la prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a recibir un trato humano en situaciones de privación de libertad cuando se elabore legislación y se formulen directrices operacionales. Toda nueva disposición legislativa debe ir acompañada de una declaración de compatibilidad del Fiscal General, y la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa también desempeña una función de vigilancia de los derechos humanos a ese respecto. El Tribunal Supremo está facultado para emitir declaraciones de incompatibilidad si comprueba que una ley del Territorio de la Capital Australiana es incompatible con los derechos humanos (procedimiento similar al sistema legislativo del Reino Unido). La Comisión de Derechos Humanos del Territorio de la Capital Australiana está habilitada para analizar el efecto de las leyes, incluso para realizar inspecciones relativas a los derechos humanos.

68. La intención es que la Ley de derechos humanos se interprete y aplique de manera coherente con el derecho internacional y con las normas aceptadas internacionalmente. El poder judicial y otros funcionarios públicos del Territorio de la Capital Australiana pueden remitirse a la Convención contra la Tortura, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a otras normas y directrices conexas a los fines de interpretar la Ley de derechos humanos.

Ley de administración penitenciaria

69. La Ley de administración penitenciaria de 2007 del Territorio de la Capital Australiana contiene varias disposiciones que se refieren al trato de los detenidos en general, así como disposiciones acerca de la atención médica, el acceso a abogados y la comunicación con la familia. La Ley se aplica principalmente a los condenados y a las  personas en detención preventiva, pero también contiene disposiciones que atañen a la detención bajo custodia de la policía. En el artículo  30 se dispone que nadie debe ser detenido en un calabozo de la policía durante más de36  horas ininterrumpidas. Si la persona ha de permanecer bajo custodia de la policía durante más de 36  horas , habrá de ser trasladada a un centro de detención con ese fin.

70. El artículo  9 de la Ley de administración penitenciaria dispone que las funciones previstas en relación con un detenido deben desempeñarse:

para respetar y proteger los derechos humanos del detenido;

para garantizar el trato decente, humano y justo del detenido;

para impedir la tortura o todo trato cruel, inhumano o degradante;

para que el detenido no sea sometido a otras penas (además de la privación de libertad) sólo a causa de las condiciones de la detención;

para garantizar que las condiciones del detenido se ajustan al artículo  12 (centros penitenciarios ‑ condiciones mínimas de vida); y

si el detenido es un delincuente, para promover, en todo cuanto sea factible, su readaptación y reinserción en la sociedad.

71. El artículo  12 de la Ley de administración penitenciaria prescribe que, hasta donde sea factible, las condiciones en los centros penitenciarios deben satisfacer, por lo menos, las siguientes reglas mínimas:

a) los detenidos deben tener alimentación y bebidas suficientes para no pasar hambre y tener una nutrición adecuada;

b) debe facilitárseles suficiente ropa que no les degrade ni les humille;

c) deben tener acceso a medios adecuados para su higiene personal;

d) deben tener una instalación y ropa de cama suficiente para poder dormir con una intimidad y comodidad razonables;

e) deben tener acceso, en condiciones razonables, al aire libre y hacer ejercicio;

f) deben disponer, en condiciones razonables, de servicios de teléfono, correo y de otra índole para comunicarse con la comunidad;

g) deben tener, en condiciones razonables, la oportunidad de recibir visitas de sus familiares, de agentes acreditados y de otras  personas ; los detenidos deben tener una oportunidad razonable de comunicarse con sus abogados;

h) deben tener acceso razonable a la información y a los servicios de educación para mantenerse en contacto con la sociedad;

i) deben tener acceso a servicios e instalaciones adecuados de salud, y

j) deben tener la oportunidad, en condiciones razonables, de practicar sus devociones religiosas, espirituales y culturales.

72. El artículo  53 de la Ley de administración penitenciaria dispone que los detenidos deben tener un nivel de atención sanitaria equivalente al que tienen otras  personas en el Territorio de la Capital Australiana. Deben tomarse disposiciones para que la prestación de atención sanitaria y las condiciones de la detención promuevan la salud y el bienestar de los detenidos. En lo posible, los detenidos no deben hallarse expuestos a riesgos de infección. Deben tener acceso a reconocimientos médicos a intervalos regulares, a atención hospitalaria, de ser necesaria, a servicios de especialistas y médicos y a los necesarios programas de atención médica, incluidos los de rehabilitación. De conformidad con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, esto incluye el derecho de las  personas en detención preventiva a ser tratadas por su propio médicos.

73. El artículo  49 de la Ley de administración penitenciaria garantiza un mínimo de una visita de un familiar, de por lo menos 30 minutos, cada semana. El párrafo  1 del artículo  46 de la Ley exige, además, que se tomen disposiciones para que puedan realizarse visitas "adecuadas" con la familia, amigos, socios y otras  personas . En el párrafo  4 del artículo  49 se indica que podrán limitarse determinadas visitas cuando puedan poner en peligro la seguridad del servicio o causar desasosiego o descontento a una víctima o a la comunidad.

74. Con arreglo al artículo  50 de la Ley de administración penitenciaria, el detenido debe tener la oportunidad de ponerse en contacto con su abogado por teléfono, por correo o en visitas del abogado a la cárcel. Esta facultad puede limitarse cuando se sospecha, por motivos razonables, que dichas visitas menoscabarán la seguridad y el orden del establecimiento o tergiversarán el proceso de investigación de las denuncias. Conforme al artículo  51, la comunicación entre el detenido y su abogado no debe escucharse ni grabarse.

Otras disposiciones: arresto y detención inicial

75. La Ley de delincuencia de 1900 (Territorio de la Capital Australiana), la Ley de delincuencia de 1914 (federal), la Ley de derechos humanos de 2004 y la Ley de la práctica de la prueba de 1995 (federal) contienen disposiciones generales que atañen a la detención y el arresto del sospechoso de un delito, así como a los procedimientos conexos para realizar la investigación. Entre esos procesos figura la obligación de permitir al detenido que se ponga en contacto con un representante legal y tome disposiciones para que éste pueda estar presente en el lugar de detención, así como contactar a un amigo o pariente para informarles de su paradero [ artículo  23G de la Ley de delincuencia de 1914 (federal)].

76. El Comité podrá consultar el documento Review of ACT Policing's Watchhouse operations (Examen de las operaciones de las comisarías de policía del Territorio de la Capital Australiana (informe conjunto de la Policía Federal de Australia y del Ombudsman de Australia (2007)).

Personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo

77. Se hallará información sobre las salvaguardias contenidas en la ley antiterrorista en la respuesta a la pregunta 5.

Territorio del Norte

78. El "common law" aplicable contiene un fuerte elemento de disuasión en cuanto a la denegación del acceso a un letrado porque la admisibilidad como elemento de prueba de las confesiones o los hechos reconocidos por las  personas bajo custodia de la policía puede peligrar en esas circunstancias. Véase Driscoll c. R (1977) 137 CLR 517, en que el Tribunal Superior sostuvo que si los agentes de policía impidieron que un sospechoso viese a su abogado (conducta tachada de "reprensible" por el Tribunal a tenor de Barwick CJ, página 521), ello se refería al caso en que había que determinar si las presuntas admisiones habían sido hechas en realidad y el tribunal tenía facultad discrecional para excluirlas. Para las exclusiones fundadas en este motivo, véase, por ejemplo, R. c. Allen [1977] Crim LR 163; (1976) 13 SASR 276; R. c. Hart [1979] Qd R 8; consúltese también MD (menor) c. McKinlay (1984) 31 NTR 1. Esto se ajusta a la práctica policial aceptada según la cual se reconoce que cuando se solicita, tal acceso debe ser permitido allí donde sea factible hacerlo y, por consiguiente, la práctica se sigue y se facilita en el Territorio del Norte.

79. La Jurisprudencia del Tribunal Superior del Territorio del Norte ( R c. Anunga (1976) 11 ALR 412) también tiene formuladas unas directrices, llamadas las "Reglas de Anunga", para la policía en relación con el interrogatorio de sospechosos aborígenes. (El Tribunal también observó que esas normas se aplican tambien en gran parte a los inmigrantes, es decir, a otras  personas que no hablan el inglés como primer idioma.) Aunque esas directrices no son reglas absolutas, su incumplimiento puede entrañar la exclusión de las declaraciones de los interrogados. Las Reglas de Anunga quedan reflejadas en las Ordenanzas Generales del Director de la Policía en cumplimiento del artículo  14A de la Ley de administración de la policía (Territorio del Norte).

80. Además del "common law" la legislación del Territorio del Norte contiene algunas otras disposiciones pertinentes, en particular:

a) Sin perjuicio de las limitativas disposiciones relativas a los interrogatorios o las investigaciones, la policía tiene la obligación de poner a disposición del juez o del tribunal competente toda persona detenida bajo custodia en cuanto sea factible después de la detención, a menos que la persona obtenga antes la libertad bajo fianza con arreglo a la Ley de la fianza (Territorio del Norte) o sea puesta en libertad ( párrafo  1 del artículo  137 de la Ley de administración de la policía);

b) La policía sólo puede seguir manteniendo a una persona detenida bajo custodia a efectos de interrogatorio o de investigación durante un "período razonable" ( párrafo  2 del artículo  137 de la Ley de administración de la policía;

d) En el artículo  138 de la Ley de administración de la policía se enuncian los factores que puede tener en cuenta el juez o el tribunal al determinar lo que es un "período razonable". Entre éstos figuran:

el tiempo que haya sido necesario para comunicar con un asesor letrado, un amigo o un pariente del detenido (apartado h) del artículo  138);

el tiempo que haya tardado un asesor letrado, un amigo o un familiar del detenido o un intérprete en llegar al lugar del interrogatorio o la investigación (apartado j) del artículo  138);

el tiempo durante el cual se suspendió o retrasó la investigación o el interrogatorio de la persona para que ésta pudiese recibir atención médica (apartado m) del artículo  138) o para dejar a la persona que descansara o a causa de su estado de intoxicación (apartado q) del artículo  138);

e) Antes de comenzar el interrogatorio o la investigación, el agente de policía encargado debe informar a la persona bajo custodia de que no está obligada a decir nada y de que cualquier cosa que diga o haga podrá ser utilizada como elemento de prueba; asimismo, indicarle que puede comunicarse o intentar comunicarse con un amigo o pariente para informarle de su paradero ( artículo  140 de la Ley de administración de la policía).

f) La policía, dentro del plazo en el cual estaría obligada a poner al detenido a disposición de un juez o un tribunal, puede, en vez de ello, informar al detenido de su derecho a pedir la libertad provisional y, en la medida factible, velar por que la persona tenga la posibilidad de comunicarse con un letrado o cualquier otra persona de su elección en relación con una solicitud de libertad bajo fianza ( párrafo  2 del artículo  16 de la Ley de la fianza (Territorio del Norte));

g) Todo miembro de la fuerza de policía deberá comunicar, si se lo pide un abogado que represente al detenido bajo custodia, o un cónyuge, compañero o compañera sentimental, padre, madre o hijo del detenido, si éste se halla o no bajo custodia y, de ser así, dónde está recluido ( artículo  135 de la Ley de administración de la policía);

h) En el artículo  145 de la Ley de administración de la policía también se prevé la realización de un "cacheo o reconocimiento íntimo" (según se define en la Ley) en una persona que se halla bajo custodia por un delito. Tal procedimiento sólo puede llevarse a cabo con el consentimiento escrito de la persona o con la aprobación escrita de un magistrado y sólo puede ser realizado por un médico o un dentista colegiado;

i) Antes de tomar disposiciones para que se lleve a cabo el procedimiento, el miembro de la fuerza de policía debe averiguar si la persona desea que esté presente un médico o un dentista colegiado de su elección ( párrafo  9 del artículo  145) y, de ser así, debe facilitar servicios adecuados a la persona para que disponga la presencia de un médico o un dentista colegiado de su elección y, salvo que no sea factible hacerlo, debe tomar las medidas necesarias para que el procedimiento se realice en un momento en que pueda estar presente el médico o el dentista colegiado de la persona ( párrafo  10 del artículo  145);

j) En este contexto, el párrafo  13 del artículo  145 también dispone que ninguna de sus disposiciones impide que un médico o dentista colegiado examine a una persona bajo custodia a petición de ésta o le administre tratamiento por una enfermedad o lesión;

k) La Ley de Justicia de Menores (Territorio del Norte) contiene otras disposiciones pertinentes que se refieren concretamente a los jóvenes. Entre ellas figuran:

antes de que el menor sea interrogado o cacheado en relación con la investigación de un delito, el agente de policía debe informarle de que tiene la posibilidad de obtener asesoramiento letrado o representación ( párrafo  2 del artículo  15);

cuando el agente de policía tiene que informar a un menor de un asunto relacionado con la investigación de un delito, las explicaciones deben darse en unos términos y de una manera que el joven pueda entender, habida cuenta de su edad, su madurez, su entorno cultural y su pericia en el manejo del inglés ( párrafo  1 del artículo  15);

tratándose de un delito respecto del cual se sospecha que ha sido cometido por un menor y que, de haberse cometido por un adulto, sería castigado con una pena de prisión de 12 meses o más, el agente no debe interrogar al joven ni inducirle a que haga cualquier cosa en relación con la investigación del delito a menos que esté presente una persona de apoyo ( párrafo  2 del artículo  15). (Persona de apoyo puede ser un "adulto responsable" del menor, una persona designada por el menor, un letrado que actúe por el menor o una persona elegida de entre las de un registro de  personas de apoyo que lleva el Comité Asesor de la Justicia de Menores);

si un menor es detenido o si se le imputa un delito, el agente de policía que lo ha detenido o acusado debe tomar todas las medidas razonables para que se notifique cuanto antes el caso a un "adulto responsable" del menor ( artículo  23). ("Adulto responsable" es la persona que ejerce la patria potestad sobre el menor ( párrafo  1 del artículo  5).

l) La información acerca de las salvaguardias contenidas en la ley antiterrorista se hallará en los datos aportados por el Territorio del Norte a en la respuesta a la pregunta 5.

Pregunta 3

Sírvanse facilitar información sobre la ley y la práctica relativas a la duración de la detención en poder de la policía y la prisión preventiva.

81. A todos los niveles del ordenamiento australiano se aplican leyes y salvaguardas para limitar la duración de la detención en poder de la policía y de la prisión preventiva. En la primera parte de la respuesta se da información acerca de la ley y la práctica federales relativas a la duración de la detención en poder de la policía y de la prisión preventiva. A continuación se da información sobre la ley y la práctica en los Estados y Territorios.

Información del Gobierno del Commonwealth

82. Con arreglo a la Parte IC de la Ley federal de delincuencia de 1914, la Policía Federal de Australia tiene poderes para aprehender y detener a una persona a fin de interrogarla cuando hay motivos razonables para creer que esa persona ha cometido un delito federal.

83. La Policía Federal puede detener a la persona durante un período de cuatro  horas (dos  horas en el caso de un aborigen o un isleño del Estrecho de Torres), período que puede ser prorrogado por un funcionario judicial hasta un máximo de 12  horas o, en el caso de un delito de terrorismo, un máximo de 24  horas . Además, la detención puede prolongarse por el tiempo que sea necesario para que la persona pueda descansar, recibir atención médica o hablar con un abogado, entre otras cosas. Tratándose de un delito de terrorismo, el funcionario judicial también puede aprobar prórrogas adicionales cuando es necesario que la policía reúna y analice información de autoridades de ultramar, actúe en diferentes husos horarios o traduzca material. Durante esas prórrogas adicionales, debe suspenderse el interrogatorio.

84. La legislación contiene criterios detallados en virtud de los cuales la policía tiene que demostrar al funcionario judicial que son razonables los períodos adicionales de detención solicitados. Hay en la legislación toda una gama de salvaguardias, incluido el derecho del sospechoso a comunicar con un abogado y exigir que éste se halle presente durante el interrogatorio, así como el derecho a ser tratado con humanidad y respecto de su dignidad. El que no es ciudadano australiano tendrá la oportunidad de comunicarse con la oficina consular de su país.

85. Es importante señalar que toda petición de prórroga del período de interrogatorio o de la detención con fines de investigación debe ser aprobada por un funcionario judicial independiente. La ley garantiza que se examinen apropiadamente y de manera independiente por un funcionario judicial todos los factores pertinentes para determinar si se autoriza prolongar el interrogatorio o la detención.

86. Una vez pronunciada la sentencia, el párrafo  2 del artículo  16 de la Ley de delincuencia dispone que la ley de un Estado o Territorio que reduce una condena o un período de libertad no condicional restándole el tiempo durante el cual una persona ha permanecido detenida por un delito, o que prescribe que la condena o el período de sentencia firme debe comenzar el día en que la persona fue detenida por un delito, también se aplica a las sentencias federales en ese Estado o Territorio.

87. Asimismo, la Ley de la Organización de Seguridad e Inteligencia de Australia de 1979 (Ley de la OSIA) faculta a ésta para obtener órdenes de interrogar y, en circunstancias limitadas, detener a cualquier persona que pueda tener información relacionada con un acto de terrorismo.

88. La orden permite interrogar a una persona durante un máximo de 24  horas (o 48  horas cuando se recurre a los servicios de un intérprete). En un principio la OSIA puede interrogar a una persona durante un máximo de 8  horas y luego obtener la autorización de una autoridad competente para proseguir hasta otras 8  horas como máximo cada vez. La autoridad competente puede ser el juez de un tribunal superior o un juez activo en la Corte Suprema o en un tribunal de distrito de un Estado o Territorio, o el Presidente o Presidente Adjunto del Tribunal Administrativo de Apelación.

89. En circunstancias limitadas, por ejemplo cuando hay motivos razonables para creer que la persona no se presentará ante la autoridad competente, el detenido puede permanecer en poder de la policía durante un máximo de 168  horas . Esta detención debe estar expresamente autorizada por una orden.

90. Desde la promulgación de estas leyes en 2003 hasta el 30 de junio de 2006 se han dictado 14 órdenes de interrogatorio. No se ha dictado ninguna orden de detención durante ese tiempo. La información sobre las órdenes emitidas en el año transcurrido desde el 30 de junio de 2006 hasta la fecha figurará en el próximo Informe Anual de la OSIA al Parlamento.

91. La división 105 de la Ley del Código Penal federal de 1995 (Código Penal) faculta a un funcionario superior de la Policía Federal de Australia para dictar una orden de detención preventiva que autoriza la detención de una persona durante un período de 24  horas como máximo con objeto de prevenir un ataque terrorista inminente o de preservar los indicios de prueba de un acto de terrorismo. El Código Penal faculta a la autoridad - un magistrado federal o un juez que ha aceptado desempeñar este papel y que actúa a título individual – para prorrogar una orden de detención preventiva durante otras 24  horas .

92. No se ha emitido ninguna orden de detención preventiva desde la promulgación de esas leyes en 2005.

93. En la respuesta a la pregunta 5 se dan más detalles y salvaguardias para los detenidos en cumplimiento de las disposiciones sobre detención preventiva del Código Penal y de la Ley de la OSIA.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

94. Las decisiones concernientes a la prisión provisional en Nueva Gales del Sur se rigen por la Ley de la fianza de 1978 (Nueva Gales del Sur). En esa ley se indican los criterios en que debe basarse la policía para conceder la libertad bajo fianza a un detenido. Según el inciso i) del apartado b) del párrafo  1 del artículo  18 de la Ley, se confiere a los funcionarios competentes la facultad de conceder la libertad bajo fianza, si así se ha decidido, o de poner al detenido a disposición de un tribunal o disponer que sea puesto a disposición de un tribunal. Cuando el funcionario competente niega al acusado la libertad bajo fianza o cuando la orden de libertad bajo fianza dictada por el funcionario competente no se ejecuta, el agente que está al mando del puesto de policía o el agente que tiene encomendada la vigilancia de la persona debe poner el detenido a disposición de un tribunal o hacer que sea puesto a disposición de un tribunal en cuanto sea posible ( artículo  20 de la Ley de la fianza).

95. Por otra parte, en el título 6 de la Ley de libertad bajo fianza se regula la revisión de las decisiones de puesta en libertad bajo fianza. Con arreglo al párrafo  3 del artículo  48, la revisión de una decisión de libertad bajo fianza puede ocurrir en el caso de un recurso de avocación o cuando se obtienen nuevas pruebas o informaciones. Un tribunal puede revisar las decisiones de libertad bajo fianza de un tribunal del mismo nivel o jurisdicción e incluso, en algunas circunstancias, de un tribunal superior.

96. Al 1º de julio de 2007, la población en prisión provisional en Nueva Gales del Sur era de 2.258  personas (2.045 varones y 213 mujeres), número en que ha venido aumentando continuamente desde comienzos de 1997. Esta tendencia vale tanto para la población masculina como para la población femenina. De 2000 a 2007 la población en prisión provisional en Nueva Gales del Sur ha subido un 223%.

Duración de la detención provisional

97. Las estadísticas de los juicios penales para 2006 indican que la mediana del tiempo transcurrido entre la primera comparencia ante el tribunal y la resolución de los asuntos en el tribunal local en el que el acusado estuvo recluido era de 92  días . En los casos en que se desestimaron todos los cargos la mediana del tiempo transcurrido era de 44  días , y en los casos en que el acusado era culpable de por lo menos un delito, de 117  días . Estas cifras no han variado mucho en comparación con el año 2004, en que la mediana del tiempo transcurrido en todos los juicios contradictorios en que el acusado estuvo detenido en tribunales locales fue de 94  días .

98. La mediana de los  días transcurridos entre el auto de procesamiento y la resolución del juicio en que el acusado estuvo detenido en el tribunal de primera instancia fue de 297  días . En el caso del Tribunal Supremo, la cifra correspondiente fue de 290  días .

Victoria

99. Toda persona detenida por un delito deberá, dentro de un plazo razonable, ser puesta en libertad incondicionalmente, ser puesta en libertad bajo fianza o ser puesta a disposición de un tribunal o juez que se pronunciará sobre la fianza ( párrafo  1 del artículo  464A de la Ley de delitos de 1958 ). La persona no deberá permanecer detenida más tiempo del que sea razonablemente necesario. La policía podrá conceder la libertad bajo fianza de conformidad con la Ley de la fianza de 1977 . Si no resulta posible poner a la persona a disposición de un tribunal a las 24  horas de la detención, la policía está obligada a ponerla en libertad bajo fianza, salvo que se disponga otra cosa en el párrafo  1 del artículo  10 de la Ley de la fianza .

Queensland

100. El sistema de justicia penal de Queensland se basa en la presunción de que toda persona acusada de un delito es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En el capítulo 14 de la Ley de atribuciones y responsabilidades de la policía se regulan las atribuciones en materia de detención y las otras formas de detención, en particular el mandamiento de comparecer, la interrupción de las diligencias y otras opciones que permiten soluciones distintas. El artículo  9 de la Ley de la fianza de 1980 enuncia claramente la presunción del derecho a la libertad bajo fianza.

101. Para privar a una persona de su libertad antes de que sea declarada culpable de un delito o antes de que un tribunal decida el castigo apropiado, el magistrado o el tribunal debe estar convencido de que hay un riesgo inaceptable de que la persona no comparezca, cometa otros delitos, ponga en peligro la colectividad o influya en los testigos. Corresponde al juez determinar que la persona plantea un riesgo inaceptable, basándose en los hechos que tiene ante sí. Para determinar si hay un riesgo inaceptable, el magistrado debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad del delito, los antecedentes del acusado y la solidez de las pruebas acumuladas contra él y considerar, además, si ha cumplido en ocasiones anteriores las condiciones de la libertad bajo fianza.

102. Si el magistrado concede la libertad bajo fianza, la excarcelación del acusado puede supeditarse a condiciones tales como la prestación de una garantía, condiciones especiales en cuanto a lugar de residencia, obligación de presentarse a la policía en determinados  días , la prohibición de ver o contactar a los testigos, o entrega de pasaporte. Si una persona no cumple los requisitos de la libertad bajo fianza (incluidas las condiciones impuestas), incurre en una delito a tenor de la Ley de la fianza.

103. La Ley de la fianza prevé un mecanismo para que el fiscal, el demandante o el acusado soliciten la revisión de la decisión relativa la fianza o recurran contra dicha decisión. El tribunal competente para la revisión de las decisiones dictadas por un magistrado es el Tribunal Supremo, y para las decisiones tomadas por un agente de policía o un juez, es el Tribunal de Apelaciones. El tribunal que revisa las decisiones puede considerar información adicional o pruebas suplementarias y tomar la resolución que considere apropiada.

104. La Ley de la fianza trata de equilibrar el derecho del ciudadano acusado (pero no declarado culpable) de un delito a la presunción de inocencia, con la protección de la sociedad.

105. En el capítulo 14 de la parte 6 de la Ley de atribuciones y responsabilidades de la policía se fijan requisitos muy estrictos en cuanto a la consideración de las solicitudes de fianza y la comparecencia ante un tribunal lo antes posible.

106. Los inculpados a los que no se concede la libertad bajo fianza son trasladados del lugar a detención a puestos de policía con instalaciones de prisión provisional administradas por los servicios penitenciarios de Queensland. Las  personas en prisión provisional tienen los mismos derechos y privilegios que los delincuentes condenados. Esos derechos y privilegios comprenden, aunque no de manera limitativa, el acceso a la atención médica, la participación en actividades educativas y en el empleo, las visitas, el derecho de hacer llamadas telefónicas y el derecho a ponerse en contacto con un representante legal.

107.En virtud de la Ley de penas y condenas de Queensland de 1992, se lleva una cuenta del tiempo que el acusado ha pasado en detención. Ese dato corre a cargo del juez sentenciador, que hace una declaración del tiempo ya cumplido.

Australia Occidental

108.De conformidad con el artículo 5 de la Ley de la fianza de 1982, todo acusado detenido por un delito en espera de su primera comparencia ante el tribunal tiene derecho:

a)a que se considere en cuanto sea factible su petición de libertad bajo fianza antes de esa comparencia;

b)si no se considera su petición o se le deniega la libertad bajo fianza, o si no es puesto en libertad condicionalmente, a que se le ponga a disposición del tribunal lo antes posible.

109.Además, el artículo 6 de esa Ley dispone que en cuanto sea factible después de la formulación de cargos contra el acusado o después de que éste quede detenido en virtud de una orden de detención, según sea el caso, el agente encargado de la detención:

a)pondrá o hará que se ponga al acusado a disposición de un tribunal; o

b)desempeñará las demás funciones que le confiere este artículo.

110.A tenor del artículo 17 de la Ley de prisiones de 1981,una vez que el tribunal ha decretado el encarcelamiento de una persona, ésta puede ser encerrada en un calabozo durante el tiempo razonablemente necesario para tomar disposiciones a fin de que sea trasladada a una cárcel. Una vez que la persona esté recluida en la cárcel en virtud de este artículo, su caso habrá de revisarse cada tres meses.

111.En el artículo 23 de la Ley de condenas de 1995 se dispone que cuando un delincuente es condenado por un delito, el fiscal debe informar al tribunal del tiempo que el delincuente ha pasado ya en prisión provisional con respecto a ese delito y con exclusión de cualquier otro motivo.

112.En Australia Occidental el tiempo pasado por los reclusos en prisión provisional varía muchísimo de un mes a otro. Sin embargo, en los últimos dos años se ha registrado un crecimiento medio de alrededor del 8% en la duración de la prisión provisional. Se considera que en la actualidad la duración media de la prisión provisional es de 97 días (91 días hace dos años).

110,00105,00100,0095,0090,0085,0080,0075,0070,00Promedio de los días de prisión provisional hasta la fecha del censoValor lineal (días de prisión provisional hasta la fecha del censo)Ago-04Oct-04Dic-04Feb-05Abr-05Jun-05Ago-05Oct-05Dic-05Feb-06Abr-06Jun-06Ago-06Tiempo medio de la prisión provisional (días)

113.La duración media de la prisión provisional de los reclusos que estaban esperando condena ante los tribunales y que finalmente fueron condenados a penas de prisión también ha aumentado de 70 a 88 días entre agosto de 2004 y agosto de 2006. Por lo tanto, hay algunos acusados que ahora pasan más tiempo en prisión provisional en espera de su condena.

Australia Meridional

114.En el artículo 10 de la Ley de la fianza de 1985 se enuncia una presunción a favor de la fianza, basada en el principio del common law según el cual toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Esa presunción se aplica a todas las solicitudes de libertad bajo fianza, salvo las que se hacen al interponer un recurso contra una declaración de culpabilidad o una condena, o las que se indican en el artículo 10A de la Ley.

115.La libertad bajo fianza puede ser concedida por un tribunal o por un agente de policía de grado superior al de sargento o que esté al mando de una comisaría. Ahora bien, a tenor del artículo 78 de la Ley de delitos sujetos a procedimiento abreviado de 1953, no puede solicitar la fianza la persona detenida a efectos de la investigación de un delito grave. En ese caso la persona puede permanecer detenida el tiempo necesario para concluir la investigación o durante el período prescrito si éste es menor. El período prescrito a efectos de este artículo es de "cuatro horas o el período más largo (no superior a ocho horas) que sea autorizado por un juez".

116.La persona que no es puesta en libertad bajo fianza por la policía debe ser puesta a disposición del tribunal "tan pronto como sea factible en el día hábil siguiente al día de la detención, pero en ningún caso después de las 16 horas de ese día".

Tasmania

117.De conformidad con la Ley de la fianza de 1994, el Tribunal Supremo, los tribunales de primera instancia y la policía de Tasmania están facultados para poner a los delincuentes en libertad bajo fianza. Las condiciones de la fianza pueden ser modificadas, cambiadas o revocadas en cualquier momento durante las actuaciones o a petición de parte.

118.La Ley de la fianza de Tasmania no contiene directrices legislativas para uso del poder judicial cuando decida sobre una solicitud de fianza. El Instituto de Reforma del Derecho de Tasmania (documento de investigación Nº 1, mayo de 2004) observa que la razón de ser de la fianza es que las personas acusadas de un delito pero que todavía no han sido declaradas culpables puedan circular libremente en la colectividad. Por lo general, al decidir sobre una solicitud de fianza, la consideración primordial es saber si la persona comparecerá ante el tribunal cuando se le hagan tal requerimiento. Ahora bien, los casos de personas puestas en libertad bajo fianza que cometen nuevos delitos durante su excarcelación constituyen un motivo para reconsiderar las leyes de la fianza a fin de proteger la comunidad de los delincuentes que constantemente hacen caso omiso de la autoridad del tribunal. Esto ya ha ocurrido en algunos ordenamientos, como en Nueva Gales del Sur, donde se ha descartado la presunción en favor de la fianza cuando el delito se cometió, presuntamente, mientras el delincuente estaba en libertad bajo fianza.

119.La ley no especifica el tiempo que una persona puede permanecer detenida entre la formulación de los cargos y el juicio. Sin embargo, siempre suele ser posible, en los más de los casos, la libertad bajo fianza, según la naturaleza del delito, el riesgo que la persona presenta para la sociedad y el riesgo de incomparecencia, salvo cuando se trata de ciertos delitos o hay riesgo de incomparecencia en el juicio. En la práctica, siempre se tiende a acelerar la formulación de los cargos y las sesiones de los tribunales.

120.La libertad bajo fianza puede ser concedida por la policía o por los tribunales (aunque hay situaciones en que sólo puede ser concedida por los tribunales). Cuando una persona está encarcelada (en general tras su detención) por un delito menor, la policía debe conceder la libertad bajo fianza a menos que haya motivos razonables para creer que ello no redundará en interés de la justicia. La persona a la que la policía no concede la libertad bajo fianza o que está acusada de un delito grave deberá ser llevada ante un juez que se pronunciará sobre la fianza. Sin embargo, con arreglo a la Ley del derecho penal (detención e interrogatorio) de 1995 (Tasmania) (artículo 4), el acusado de un delito grave puede ser puesto en libertad bajo fianza por la policía tras el interrogatorio o investigación.

121.Además, la libertad bajo fianza puede concederse o denegarse nuevamente en cualquier momento en que una persona es recluida (por ejemplo, cuando comparece ante el tribunal en cumplimiento de las condiciones de la libertad bajo fianza concedida por la policía o el tribunal después de un período pasado en prisión provisional o después de haber sido puesta en libertad bajo palabra) durante todo el proceso del juicio y el pronunciado de la condena.

122.El Gobierno de Tasmania también tiene un servicio de enlace con los tribunales que hace evaluaciones del estado mental de las personas que comparecen ante los tribunales. Si un reconocimiento o evaluación de esa índole revela una enfermedad mental aguda, la persona puede ser ingresada en un centro psiquiátrico (ingreso voluntario o involuntario), remitida al equipo judicial de salud mental de la comunidad o quedar en prisión provisional con derivación al Centro Wilfred Lopes o a un servicio de salud mental de la administración penitenciaria.

Territorio de la Capital Australiana

Disposiciones ordinarias en materia de arresto, detención e investigación penal

123.Una vez que se ha detenido a una persona, el artículo 187 de la Ley de delincuencia de 1900 (Territorio de la Capital Australiana) dispone que debe aplicarse la parte 1C de la Ley federal de delincuencia de 1914. De igual modo, el párrafo 6) del artículo 23A de la Ley federal de delincuencia dispone que cuando la policía federal de Australia investiga un delito de vulneración de una ley del Territorio de la Capital Australiana castigado con pena de prisión de más de 12 meses, se aplica la parte 1C como si toda referencia en la ley federal a un delito federal fuese una referencia a un delito contra la ley del Territorio de la Capital Australiana.

124.Se hallará en la respuesta a la pregunta 5 más información sobre las salvaguardias contenidas en la ley antiterrorista.

Libertad bajo fianza

125.Si una persona está detenida bajo custodia de la policía y es acusada de un delito, el agente de policía debe informarle de sus derechos en lo que respecta a la libertad bajo fianza, a la petición de dicha libertad y a la revisión de la decisión correspondiente [artículo 47 de la Ley de la fianza de 1992 (Territorio de la Capital Australiana)].

126.Una vez formulados los cargos contra la persona, un oficial de policía del grado de sargento o superior, o cualquier otro agente de policía autorizado por el Director de la policía, puede conceder la libertad bajo fianza después de sopesar la probabilidad de que la persona comparezca ante el tribunal y el riesgo de que cometa algún delito mientras está en libertad bajo fianza [artículos 5 y 22 de la Ley de la fianza]. Si la policía no concede la libertad bajo fianza, la persona debe ser puesta a disposición del tribunal cuanto antes y, en cualquier caso, dentro de las 48 horas [artículo 17 de la Ley de la fianza], tribunal que decidirá si cabe considerar la posibilidad de la libertad bajo fianza con arreglo a los mismos criterios.

127.Existe una presunción a favor de la concesión de la libertad bajo fianza en el caso de la mayoría de los delitos, no hay tal presunción en el caso de algunos delitos y hay una presunción contra la concesión de dicha libertad en el caso de los homicidios y los delitos graves en materia de drogas, cuando se presume que una persona ha reincidido mientras estaba en libertad bajo fianza o cuando la persona ha apelado de una decisión que se refiere a una pena de prisión [parte 2 de la Ley de la fianza].

128.Si tanto la policía como los tribunales deniegan la libertad bajo fianza, se dictará prisión provisional contra la persona hasta que el asunto vaya al tribunal. No hay ningún límite legal respecto al tiempo que una persona puede permanecer en prisión antes del juicio; sin embargo el apartado c) del párrafo 2) del artículo 22 de la Ley de derechos humanos de 2004 (Territorio de la Capital Australiana) dispone que toda persona debe ser juzgada sin demasiada demora.

129.Los detenidos en el Territorio de la Capital Australiana permanecen en prisión provisional hasta que son puestos en libertad por un juez o un magistrado de la Corte Suprema o hasta que son trasladados a Nueva Gales del Sur tras ser condenados a una pena de prisión. En el cuadro siguiente se indican la mediana y la media de la duración de la prisión provisional en días en el Territorio de la Capital Australiana.

Ejercicio fiscal	Mediana de la prisión provisional (en  días )	Media de la prisión provisional (en  días )
2004-2005	16	46,2
2005-2006	13	41,9
2006-2007	13	39,12

130.Excepcionalmente, un detenido ha permanecido tres años en prisión provisional (1.148 días). En este caso concreto, muchos factores contribuyeron a ese largo período de prisión provisional, en particular ciertos cambios del sistema de defensa y cuestiones que se plantearon en cuanto a la capacidad para actuar en juicio.

131.En la actualidad, las personas condenadas a penas de prisión por un tribunal del Territorio de la Capital Australiana cumplen su pena en Nueva Gales del Sur, que presta este servicio a título oneroso. Para resolver esta situación y aumentar las oportunidades de readaptación y de integración en la sociedad, los Servicios Penitenciarios del Territorio de la Capital Australiana están construyendo el Centro Alexander Maconochie, que se inaugurará a mediados de 2008 y podrá alojar a todos los detenidos en prisión provisional y todos los condenados a prisión en el Territorio de la Capital Australiana.

132.No se dispone de datos acerca de la duración total media de la detención bajo custodia de la policía, si han de tenerse en cuenta las condenas a penas de prisión.

Territorio del Norte

133.Como se indica respecto de la pregunta 2, sin perjuicio de unas pocas disposiciones relativas a los interrogatorios e investigaciones policiales, la policía tiene la obligación de poner cuanto antes el detenido a disposición de un juez o un tribunal competente, a menos que antes de esa diligencia le sea concedida la libertad bajo fianza en virtud de la Ley de la fianza (Territorio del Norte) o sea puesto en libertad (párrafo 1) del artículo 137 de la Ley de administración de la policía (Territorio del Norte)).

134.La policía sólo puede mantener a una persona detenida con fines de interrogatorio o investigación durante un "período razonable" (párrafo 2) del artículo 137 de la Ley de administración de la policía). El artículo 138 de esa Ley indica los factores que podrá tener en cuenta el juez o el tribunal, pero sin limitar sus facultades discrecionales, para determinar lo que es un "período razonable".

135.El artículo 37 de la Ley de la fianza regula el derecho del acusado de solicitar la libertad bajo fianza. La solicitud de libertad bajo fianza podrá dirigirse:

a)a un oficial de policía autorizado, que concederá una "libertad bajo fianza policial" (artículo 16);

b)a un juez o magistrado, que en cualquier momento podrá conceder la libertad bajo fianza a una persona que comparezca ante él acusada de un delito y concederá entonces una "fianza judicial" (artículo 20) (no podrán conceder la fianza a una persona que tenga que comparecer ante el Tribunal Supremo, artículo 21); o

c)al Tribunal Supremo, que también concederá una "fianza judicial" (artículo 23).

136.No se fija ningún límite al número de solicitudes de fianza que pueda hacer ante un tribunal el acusado de un delito (párrafo 1) del artículo 19). Cuando una persona se ve denegada la fianza por un magistrado, el juicio oral del delito no puede suspenderse, salvo con el consentimiento del acusado, durante más de 15 días (artículo 22).

137.La ley enumera ciertos delitos respecto de los cuales hay una presunción juris tantum contra la concesión de la libertad bajo fianza (artículo 7A). Se trata en general de delitos como el asesinato, la traición, los delitos de estupefacientes castigados con una pena de más de siete años de prisión, los delitos con sustancias estupefacientes en violación de la Ley federal de aduanas de 1901 que se castigan con una pena de diez años de prisión o más, los delitos de violencia grave en que el acusado tiene un historial de infracciones violentas.

138.La ley establece una presunción a favor de la libertad bajo fianza (artículo 8) para todos los delitos salvo los que se indican en el párrafo precedente y además:

a)los delitos graves contra la persona (por ejemplo, agresiones graves, violación o violencia sexual contra un menor), en los casos en que el acusado tiene un historial de graves delitos contra la persona;

b)los delitos graves (es decir, castigados con penas de prisión de cinco años o más) cometidos por una persona que estaba en libertad bajo fianza por otro delito grave o tiene una historial reciente de graves delitos.

139.La persona que satisface los requisitos del artículo 8 tiene derecho a que se le conceda la libertad bajo fianza a menos que (el miembro autorizado de la fuerza de policía) o el tribunal, tras examinar ciertas cuestiones concretas enunciadas en la ley, tiene el convencimiento de que la denegación de la fianza está justificada (párrafo 2) del artículo 8). Esas cuestiones se limitan a las siguientes (artículo 24):

a)la probabilidad de que el acusado comparezca ante el tribunal que conoce del delito;

b)los intereses del acusado (es decir, la duración probable del período de detención si se deniega la libertad bajo fianza y las condiciones en que se verificará esa detención; la necesidad de que la persona quede en libertad para preparar su comparecencia ante el tribunal y conseguir asesoramiento jurídico, o cualquier otra finalidad legítima; el hecho de que la persona esté incapacitada o necesite alguna otra forma de protección;

c)la protección y bienestar de la sociedad; y

d)ciertas consideraciones especiales respecto del incumplimiento de las órdenes dictadas a tenor de la Ley de protección contra la violencia doméstica e intrafamiliar.

140.El acusado que no tiene derecho a la libertad bajo fianza con arreglo al artículo 8 de la ley puede, sin embargo, solicitarla y obtenerla (artículo 12).

141.Por lo que respecta a la libertad bajo fianza policial:

a)La Ley de la fianza obliga al oficial de policía autorizado a que determine si ha de concederse la libertad bajo fianza a las cuatro horas de la formulación de cargos contra la persona (párrafo 3) del artículo 33), a falta de lo cual la persona puede dirigirse a un juez o magistrado para pedir la libertad bajo fianza;

b)Además, a tenor del artículo 33, el oficial de policía autorizado tiene la obligación de velar por que:

i)se informe a la persona contra la que se han formulado los cargos de la decisión del oficial de policía de conceder o denegar la libertad bajo fianza lo antes posible después de conocerse dicha decisión;

ii)la persona contra la que se formulan los cargos conozca su derecho de dirigirse a un magistrado o un juez para que revise la decisión que deniega la libertad bajo fianza o la concede en condiciones que no puede o no quiere cumplir; y

iii)en lo posible, la persona contra la que se formulan los cargos pueda comunicar con un letrado o cualquier otra persona en relación con la solicitud dirigida a un magistrado o un juez para la revisión de la decisión;

c)Cuando una persona contra la que se han formulado cargos indica a un agente de policía que desea presentar una solicitud a un juez o un magistrado para que se revise una decisión respecto de la libertad bajo fianza, o solicitar la libertad bajo fianza, el oficial tiene la obligación de tomar, en cuanto sea factible, disposiciones para que esa persona sea puesta a disposición de un magistrado o un juez, o pueda presentar su solicitud por otros medios de comunicación (por ejemplo, teléfono, radio, etc.) (párrafo 4) del artículo 33).

Pregunta 4

Sírvanse explicar con detalle las medidas adoptadas, si las hubiere, para prevenir los malos tratos a las mujeres en los lugares de privación de libertad. ¿Ejerce el Estado Parte vigilancia sobre la violencia sexual en los lugares de privación de libertad y, de ser así, con qué resultado? Sírvanse facilitar datos estadísticos sobre el número de denuncias recibidas e investigadas a este respecto en el período que se examina, así como el número de procesos y condenas por ese motivo.

142.En todos los ámbitos de competencia del ordenamiento jurídico australiano existen mecanismos para proteger a las mujeres detenidas contra la violencia sexual y los malos tratos, y también existen mecanismos de denuncia y otras medidas necesarias para atender a los problemas particulares que se presentan a las mujeres, en particular hay toda una gama de procedimientos de vigilancia. En la primera parte de la respuesta que figura a continuación se exponen las medidas destinadas a prevenir los malos tratos a las mujeres en los centros federales de detención de inmigrantes. Acto seguido, se hallará información sobre las medidas adoptadas en otros lugares de privación de la libertad, como las cárceles, según los datos comunicados por los Estados y Territorios.

Información del Gobierno Federal

Detención de inmigrantes

143.Se hace todo lo posible para velar por que los inmigrantes detenidos en los centros sean tratados con respeto y dignidad y tengan una estancia segura, disfrutando en particular de servicios esenciales y culturalmente apropiados. La administración de los centros de detención debe hacer patente que detención es puramente administrativa, no una pena o castigo.

144.Las medidas que estructuran la protección de las inmigrantes en los centros de detención están incorporadas a las Normas para la Detención de Inmigrantes, elaboradas en consulta con la Oficina del Ombudsman de Australia y la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Dichas Normas forman parte del contrato celebrado con Global Solutions Limited, que se encarga de administrar los centros de detención de inmigrantes en Australia. Las Normas insisten muy particularmente en la necesidad de dispensar un trato humano y apropiado a los inmigrantes detenidos en los centros.

145.La norma 6.8 constituye una medida uniforme y práctica aplicable a las agresiones, incluidas las sexuales. Se informa a los inmigrantes detenidos en los centros y al personal de las disposiciones jurídicas aplicables a la agresión, incluida la agresión sexual, las consecuencias de la violación de la ley y las posibilidades de denunciar los casos de agresión. El proveedor de servicios de detención tiene la obligación de remitir sin tardanza todas las acusaciones o todas las sospechas razonables de agresión, incluida la agresión sexual, al Departamento de Inmigración y Ciudadanía y a las autoridades competentes, en particular la policía y las instituciones estatales de protección de la infancia, cuando corresponda, para que se investiguen. Si las alegaciones son fundadas, podrán formularse cargos y los infractores podrán ser enjuiciados de conformidad con la ley pertinente.

146.La experiencia ha demostrado que rara vez tienen fundamento las alegaciones de agresión sexual, y en los archivos del Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los últimos cinco años no se ha podido encontrar un solo caso de agresión sexual probada. A los inmigrantes que en los centros de detención puedan haber sido víctimas de agresión se ofrecen sin tardanza y de manera considerada, todos los servicios de tratamiento médico o asesoramiento profesional necesarios.

147.Los inmigrantes detenidos en los centros pueden denunciar una agresión a la policía u otras autoridades. También tienen derecho a hacer reclamaciones a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades en virtud de la Ley de derechos humanos e igualdad de oportunidades de 1986 y al Ombudsman de Australia a tenor de la Ley del Ombudsman de 1976. Además, a tenor del contrato de servicios de detención, debe facilitarse la tramitación de toda petición de un inmigrante detenido en un centro que desea ponerse en contacto con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades o con el Ombudsman.

148.También se hace todo lo posible para que los inmigrantes de un centro de detención que denuncian haber sufrido una agresión de otra persona sean protegidos contra represalias, intimidación o nuevas lesiones.

149.Con arreglo a la norma 2.2.3, deben determinarse, evaluarse y atenderse las necesidades de atención especial de los inmigrantes detenidos en los centros, en particular de las personas con enfermedades y dolencias especiales. Entre esas personas figuran las mujeres, acompañadas o no acompañadas.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

Malos tratos a las mujeres

150.Las mujeres deben estar separadas de los hombres (salvo en las circunstancias y con la vigilancia que determine el Comisionado de Servicios Penitenciarios): artículos 33 y 181 del Reglamento de Administración de las Condenas de 2001 (el Reglamento).

151.Salvo en caso de urgencia, ningún recluso debe ser registrado o cacheado por una persona del sexo opuesto o en presencia de una persona del sexo opuesto (párrafo 2 del artículo 46 del Reglamento). Esta misma norma se enuncia en el Manual de Procedimientos Operativos del Departamento de Servicios Penitenciarios de Nueva Gales del Sur. En ese Manual se prescribe que los funcionarios penitenciarios de sexo masculino no pueden "cachear" a una reclusa salvo en caso de urgencia. Por lo que respecta a los transexuales, el cacheo o registro corporal de un recluso que se identifica como mujer sólo debe ser llevado a cabo por una funcionaria penitenciaria. El registro corporal de un recluso debe realizarse con la debida consideración y respeto de la dignidad, y de la manera más correcta compatible con una registro eficaz (párrafo 3 del artículo 46 del Reglamento.

Violencia sexual

152.Cuando se observa, o se alega que se ha producido una agresión, una agresión sexual o una pelea en un centro penitenciario, deben respetarse escrupulosamente los procedimientos que se indican a continuación.

153.El oficial que tiene conocimiento del hecho, independientemente de que la víctima sea un funcionario o un recluso, lo comunicará sin demora al Director General o al funcionario de más alto rango encargado del centro penitenciario.

154.El Director General (o el funcionario penitenciario de más alto rango encargado del centro) pondrá en conocimiento del oficial de turno la agresión, la agresión sexual o la pelea a las dos horas de ocurrir el incidente. Los participantes en la agresión, agresión sexual o pelea deberán ser examinados por un médico en cuanto sea posible y el Director General (o el funcionario penitenciario de más alto rango) deberá conseguir un informe del Servicio Penitenciario de Salud sobre incidentes o agresiones si se considera que hubo lesiones.

155.Cuando una o varias personas sufren lesiones a raíz de una agresión, agresión sexual o pelea, el incidente se comunica inmediatamente a la policía; cuando una de las partes pide que el hecho se comunique a la policía, el incidente y las circunstancias se notifican inmediatamente a la policía. La policía local tendrá total autoridad sobre cualquier investigación que se lleve a cabo y toda decisión de formular cargos contra los infractores incumbirá a la policía.

156.Cuando nadie haya sufrido lesiones, el Director General (o el funcionario penitenciario encargado de más alto rango) interrogará a todas las partes involucradas y averiguará si cualquiera de ellas desea que la cuestión se comunique a la policía o si una parte desea que el asunto sea tramitado dentro del Departamento. Los reclusos deben indicar por escrito si desean que el asunto sea tratado por la policía o por el Director General. En el formulario de solicitud de los reclusos deben describirse asimismo las circunstancias de la presunta agresión, agresión sexual o pelea.

157.Si la policía decide no investigar el asunto o si, tras realizar una investigación, anuncia que no tomará ninguna medida, el Departamento llevará a cabo la investigación de la agresión, agresión sexual o pelea.

Denuncias recibidas

158.En el período 2005-2007 hubo en total seis denuncias de agresión sexual formuladas por reclusos (hombres y mujeres) contra los funcionarios penitenciarios, lo cual representa el 2,56% de las alegaciones hechas por reclusos en ese período. No se dispone de datos en cuanto al resultado de esas alegaciones.

Victoria

Protección de la infancia

159.La Ley de la infancia, la juventud y la familia de 2005 permite ingresar en un entorno seguro por un máximo de 21 días a los jóvenes que presentan un riesgo importante e inmediato de dañarse a sí mismos o dañar a los demás. Hay dos centros seguros de servicios de protección, uno para varones y otro para mujeres. En los centros se vela por que siempre esté de guardia personal del mismo sexo en todo momento. Siempre hay un mínimo de dos funcionarios para reforzar la vigilancia y la observación de las acciones y comportamientos del personal.

160.A todo el personal se explican las normas profesionales de conducta. Se proporciona a los reclusos, en el momento de la admisión, información (verbal y por escrito) sobre el derecho a presentar reclamaciones, así como el sobre el procedimiento para hacer una denuncia. A todos los reclusos se suministra información sobre las funciones de la Oficina del Ombusdman y los pormenores del contacto con el Ombusdman. Representantes de la Oficina del Ombusdman visitan los centros para informar a los reclusos de su función, etc.

161.Los funcionarios que gestionan casos particulares visitan a los reclusos de los que se encargan y pueden de esa manera conocer la reacción de éstos en cuanto a la forma como han sido tratados mientras estaban en el centro.

162.La política del Servicio Penitenciario de Salud respecto de la comunicación de las denuncias de presuntos malos tratos o agresiones sexuales se aplica a los centros seguros de servicios de bienestar. Todas las alegaciones formuladas por los reclusos se comunican inmediatamente al director del programa de centros seguros de servicios de protección y a la protección regional de la infancia mediante un informe de incidentes que reviste una importancia decisiva. Este informe se envía también al director regional y a los correspondientes directores de la oficina central. La denuncia se investiga independientemente y se adoptan medidas de seguridad para garantizar que se sigue velando por la protección del recluso.

Salud mental

163.El Departamento de Servicios Humanos de Victoria ha puesto en marcha un proyecto de 12 meses para investigar la concienciación y la seguridad en materia de género en las salas y pabellones de enfermos mentales adultos graves. Además, el Departamento ha destinado 20.000 dólares a cada una de esas salas a fin de que puedan hacer cambios estructurales para mejorar la seguridad de los pacientes del servicio.

164.El Jefe de Psiquiatría es un cargo oficial creado en virtud de la Ley de salud mental de 1986 de Victoria. Está facultado para investigar las denuncias y tomar las medidas necesarias.

Detención en poder de la policía

165.El Manual de la Policía de Victoria da instrucciones a los agentes de policía sobre las prácticas profesionales y los requisitos legislativos con respecto a las personas que tienen bajo su custodia. En esas instrucciones figura la obligación de velar por que todas las personas que se hallan bajo custodia de la policía sean tratadas humanamente y que en todo momento se preserve su bienestar mental y físico. Los ciudadanos de Victoria pueden denunciar el trato recibido mientras estaban bajo custodia de la policía o cualquier otro aspecto de la conducta de la policía presentando una reclamación al Departamento de Normas Éticas de la Policía de Victoria, a la Oficina de Integridad de la Policía de Victoria o al Ministro de Servicios Policiales y de Emergencia.

Cumplimiento de las penas

166.Todas las reclusas de Victoria están en cárceles especiales para mujeres, separadas de los reclusos. Está en vigor toda una gama de procesos e iniciativas que se concentran en las necesidades especiales y el bienestar de las reclusas:

a)El Comité Asesor de los Servicios Penitenciarios de Mujeres, presidido por el secretario parlamentario de justicia, fue establecido por el Ministro de Administración Penitenciaria en 2003, a fin de proporcionar asesoramiento especializado de carácter no oficial sobre los servicios penitenciarios de mujeres. El Comité está integrado por 14 miembros independientes del Gobierno que actúan a título individual, designados por sus conocimientos y su experiencia en materia de servicios penitenciarios de mujeres, abogacía, investigación, administración e instituciones universitarias.

b)Las Normas de 2006 para la Administración de Reclusas en Victoria se elaboraron bajo la supervisión del Comité Asesor de los Servicios Penitenciarios de Mujeres, lo cual reflejaba un planteamiento centrado en el género en lo que hacía a la administración de las reclusas. En esas normas se establecen los requisitos mínimos de los servicios penitenciarios en las cárceles de mujeres y se estructura la base de los procedimientos operativos en esas cárceles.

c)La inspección penitenciaria es independiente del Departamento de Administración Penitenciaria de Victoria e informa directamente al Secretario del Departamento de Justicia y al Ministro de Administración Penitenciaria. La función de la Inspección consiste en garantizar la protección de todos los reclusos mediante procesos de vigilancia y revisión que se llevan a cabo a intervalos regulares. La Inspección realiza revisiones en todo el sistema penitenciario con arreglo a los principios de las "Cárceles Saludables".

d)La estrategia "Better Pathways" consta de 37 iniciativas destinadas a reducir las tasas de delincuencia, encarcelamiento, reincidencia y victimización de la mujer. El Gobierno de Victoria ha destinado 25,5 millones de dólares para financiar la estrategia durante cuatro años, de 2005-2006 a 2008-2009: 18,3 millones de dólares asignados a programas destinados a apoyar a las reclusas y delincuentes y 7,2 millones de dólares para la mejora de las instalaciones en las cárceles de mujeres.

e)El Marco de Servicios Penitenciarios de Mujeres es una iniciativa de la estrategia "Better Pathways" que proporciona una estructura de apoyo a esas actividades a largo plazo. Contiene un conjunto normalizador de principios y objetivos operacionales aplicables a la elaboración y la instalación de servicios penitenciarios de mujeres que tengan en cuenta la diferencia de sexo.

167.Los archivos del Departamento de Servicios Penitenciarios de Victoria indican que se comunicaron 12 incidentes de presunta agresión sexual en 2006-2007. Todos esos incidentes se comunicaron a la policía de Victoria mediante protocolos y procedimientos. Al 23 de julio de 2007, se había finalizado la tramitación de siete de esos casos con los siguientes resultados:

denuncia retirada en tres casos;

hechos no probados en un caso;

dos casos devueltos a la cárcel para que se tomen medidas in situ; y

d)no hubo medidas ulteriores de la policía en un caso.

Queensland

168.Las denuncias de violencia sexual contra un detenido bajo custodia del Cuerpo de Policía de Queensland serían investigadas como una denuncia penal. Si la denuncia está dirigida contra un agente de la policía, la cuestión constituirá una alegación de "mala conducta oficial" y será investigada de conformidad con lo que preceptúa la Ley de delincuencia y mala conducta de 2001. Estas investigaciones son fiscalizadas por la Comisión de Delincuencia y Mala Conducta.

169.El Departamento de Servicios Penitenciarios de Queensland aplica unos procedimientos para que los detenidos sean tratados de manera apropiada mientras están bajo custodia de la policía. Las mujeres están alojadas en locales separados de los hombres. Las acusaciones de agresión sexual se investigan de conformidad con el procedimiento relativo a las agresiones sexuales, que comprende reconocimiento médico, reunión de elementos de prueba y medidas para separar a los presuntos infractores y sus víctimas. Los protocolos de agresión sexual se aplican inmediatamente y la cuestión se remite a la dependencia de investigación de los servicios penitenciarios para que realice las indagaciones penales.

170.Al pasar bajo custodia del Cuerpo de Policía de Queensland, se inicia un riguroso proceso de evaluación que tiene en cuenta diversos factores; uno de éstos, aunque no el único, es el riesgo de que el preso sea agredido por otros presos.

171.El Cuerpo de Policía de Queensland lleva registros de denuncias y estadísticas internas; sin embargo, en esos datos no constan las denuncias de agresiones sexuales contra las detenidas bajo custodia de la policía.

Australia Occidental

172.El Departamento de Servicio Penitenciarios de Australia Occidental tiene por norma ofrecer a las mujeres encarceladas la atención y los servicios apropiados a sus necesidades. Se ha creado en el Departamento la Dirección de Servicios Penitenciarios para la Mujer a fin de concentrar la atención en los problemas de las mujeres en las cárceles. Los servicios penitenciarios para la mujer se basan en los siguientes principios:

a)Responsabilidad personal y empoderamiento: la responsabilidad personal incrementa el potencial de la mujer para respetar la ley y lograr una función positiva en la comunidad. El empoderamiento significa que se desarrolla en la mujer el sentido de los valores, la autoestima y la confianza en la capacidad para crearse un futuro positivo.

b)Responsabilidad familiar: se destaca y fomenta la importancia de las relaciones familiares de las mujeres privadas de libertad, teniendo presente los beneficios que ello reporta a las propias detenidas, sus familias y la sociedad.

c)Responsabilidad para con la sociedad: se creará una colaboración eficaz fomentando activamente la participación comunitaria. El éxito de la transición de la cárcel a la comunidad depende de la existencia de redes sociales positivas y de la integración en la sociedad. El trabajo en la comunidad ayuda a las mujeres a prepararse para la puesta en libertad y la reinserción.

d)Respeto e integridad: en todas las circunstancias, se respeta la dignidad intrínseca de todas las personas y se valoran las características únicas, los diferentes entornos y las necesidades y opiniones de la mujer. El respeto de los individuos y de sus diferentes creencias religiosas y culturas constituye la base en que se estructuran unas relaciones interpersonales positivas y la autoestima.

173.Desde 2001 el Departamento de Servicios Penitenciarios viene elaborando perfiles bianuales de las mujeres en las cárceles. Esto ayuda al Departamento a prestar los servicios que mejor se adaptan a las necesidades de esas mujeres en el contexto de sus familias y comunidades.

174.Toda denuncia de agresión sexual hecha por una mujer, ya sea cuando estaba detenida o en libertad, se comunica directamente a la policía de Australia Occidental para que la investigue. La dirección de la cárcel deriva entonces a la mujer a unos servicios de asesoramiento especiales en materia de agresión sexual o a un servicio más general de asesoramiento psicológico.

Australia Meridional

175.En Australia Meridional se prestan a las reclusas servicios de conformidad con el Plan estratégico 2005-2008 del Departamento de Servicios Penitenciarios, uno de cuyos principales componentes es la "gestión eficaz de los delincuentes". Este componente tienen por objeto fomentar unas comunidades más seguras mediante:

un sistema penitenciario eficaz;

b)un sistema eficaz en relación con los costos para la supervisión y rehabilitación de los reclusos y los delincuentes; y

c)un entorno sano, seguro y humano.

176.Así, pues, todas las políticas y los procedimientos deben enderezarse a conseguir esos resultados.

177.Las reclusas tienen derecho a denunciar los malos tratos:

a)al encargado de su caso;

al director de su dependencia o al Director General de cada prisión;

c)a los inspectores visitantes que son independientes del Departamento de Servicios Penitenciarios, son nombrados por el Ministro y visitan a cada persona una vez por semana.

d)a los capellanes visitantes;

a los oficiales de enlace aborígenes;

f)al Departamento de Servicios Penitenciarios por el número de teléfono de reclamaciones, al que tienen acceso gratuito todos los reclusos;

g)al Ombudsman;

h)al Consejo Asesor de los Servicios Penitenciarios, órgano independiente que informa al Ministro;

i)a los servicios de ayuda y rehabilitación de delincuentes;

j)a los servicios de apoyo a los reclusos y delincuentes aborígenes, y

al Movimiento pro Derechos de los Aborígenes.

178.Además, según la gravedad de las denuncias, la policía de Australia Meridional o la dependencia de información e investigación del Departamento también pueden examinar las reclamaciones.

179.El Departamento de Servicio Penitenciarios desea propiciar la continua mejora de la selección y formación de los funcionarios penitenciarios. Los aspirantes pasan por un riguroso proceso de selección que incluye una serie de pruebas psicológicas antes de una formación práctica de ocho semanas. Al concluir esta formación profesional asumen la responsabilidad de la gestión de los reclusos. La formación profesional se concentra en la atención respetuosa y humana y afianza la idea del rechazo de toda clase de conducta inapropiada hacia los reclusos, en particular, la violencia o la brutalidad.

180.Como parte del proceso de formación, los funcionarios superiores de la Oficina del Ombudsman y los inspectores visitantes, que son nombrados por el Ministro para supervisar estrechamente el trato de los reclusos, dan charlas para explicar sus funciones y sus espectativas a todos los educandos.

181.Además de la selección inicial y de la formación, en cada cárcel hay normalmente un programa de formación profesional para los funcionarios penitenciarios.

182.Para seguir fomentando la aplicación de buenas prácticas a las reclusas, la cárcel de mujeres de Adelaide ha adoptado un planteamiento multidisciplinario, en el que trabajan en colaboración personal sanitario de las cárceles, personal operacional, personal psicológico y personal de trabajo social.

183.Cabe señalar que, con la finalidad de ofrecer un entorno sano, seguro y humano, la cárcel de mujeres de Adelaide tienen por norma no cachear ni registrar internamente a las reclusas.

184.En el ejercicio financiero 2006-2007 se registró una denuncia de agresión sexual hecha por una reclusa contra otra reclusa. La policía investigó este caso, que no siguió adelante. Se dio a la presunta víctima asesoramiento y apoyo.

Tasmania

185.Son inaceptables los malos tratos a las mujeres detenidas bajo custodia de la policía o recluidas en cualquier otra parte, y los presuntos autores de esos malos tratos serían acusados con arreglo al derecho penal y se les aplicarían disposiciones disciplinarias (Ley de la policía de 2003 (Tasmania)). Los agentes de policía reciben una formación apropiada bajo estricta fiscalización, y las víctimas de malos tratos disponen de muchas vías para presentar denuncias. Como se indica en la respuesta a la pregunta 2, los agentes de policía tienen un deber de atención hacia las personas bajo custodia.

186.En las cárceles de Tasmania los servicios de salud están administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que el Departamento de Justicia administra el sistema carcelario.

187.Las reclusas pueden elegir en lo que se refiere a la atención de salud: por ejemplo, tienen derecho a ser atendidas por médicas y pueden ser separadas de los reclusos y de otros presos.

Territorio de la Capital Australiana

188.La nueva cárcel del Territorio de la Capital Australiana incluirá las siguientes novedades en lo que respecta a las necesidades de las reclusas:

a)alojamiento en viviendas individuales, con dormitorios en los que se pueda instalar un niño de corta edad;

b)la inscripción en el centro se basará en la evaluación de las necesidades de cada reclusa y no simplemente en función de consideraciones de seguridad;

c)instalaciones que estimulen y apoyen las visitas de las familias;

d)facilidades para la prestación de servicios de salud, rehabilitación y técnicas de adaptación para las reclusas;

e)un centro de actividades comunitarias e instalaciones de esparcimiento para las mujeres;

f)un centro espiritual;

g)locales de cierta intimidad en el centro de transición a la puesta en libertad.

189.Según el artículo 112 de la Ley de administración penitenciaria de 2007 (Territorio de la Capital Australiana), el funcionario penitenciario sólo puede proceder a una exploración, un cacheo o cualquier otro registro de una persona a tenor del artículo 111 si esta persona es del mismo sexo que el funcionario. De no ser así, otra persona del mismo sexo que la sometida a registro debe estar presente durante el cacheo. El artículo 114 dispone que el cacheo corporal de un detenido debe ser realizado por un funcionario penitenciario del mismo sexo que el detenido y en presencia de uno o varios funcionarios, cada uno de los cuales debe ser del mismo sexo que el detenido. Durante el cacheo no deben estar al descubierto al mismo tiempo la parte superior y la parte inferior del cuerpo de la persona.

190.Está en marcha un plan destinado a contratar a más mujeres para las funciones de vigilancia de los presos, pues se reconoce que esto es una salvaguardia contra las agresiones sexuales. Las mujeres en puestos de vigilancia constituyen en la actualidad el 27% del personal de vigilancia de reclusos en el Territorio de la Capital Australiana.

191.En su informe de inspección de los establecimientos de prisión provisional del Territorio de la Capital Australiana desde el punto de vista de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Territorio recomendará que las reclusas no estén vigiladas por hombres durante la noche. Esta recomendación apunta a evitar la agresión sexual de las reclusas, de conformidad con las normas internacionales, por ejemplo la regla 53 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Todavía no se sabe cómo reaccionará el Gobierno del Territorio de la Capital Australiana a esta recomendación.

192.La Ley de administración penitenciaria de 2007, que entrará en vigor en diciembre de 2007 y constituirá el marco legislativo para el nuevo establecimiento penitenciario del Territorio de la Capital Australiana, prescribe que los cacheos corporales de las reclusas se realicen sólo por funcionarias penitenciarias.

Territorio del Norte

193.El Territorio del Norte hace un seguimiento de la violencia sexual en las cárceles. De 1997 a 2004 se denunciaron siete casos a través de la Dependencia de normas profesionales. Esta dependencia los investigó y los remitió a la policía para que realizara una investigación penal.

Pregunta 5

Sírvanse facilitar datos estadísticos sobre el número de  personas detenidas como sospechosas de "terrorismo". Sírvanse también entrar en detalle sobre las salvaguardias que encierran las nuevas leyes antiterroristas, en particular la Ley Antiterrorista (Nº 2) 2005, y que tienen por objeto garantizar que se cumplan las obligaciones impuestas por la Convención también en el contexto de cualquier medida legislativa u operación contra el terrorismo.

194.A título de observación preliminar, el Gobierno de Australia advierte que cabe preguntarse si la primera pregunta del Comité, en la que se piden datos sobre el número de personas detenidas como sospechosas de "terrorismo", no está fuera de su mandato. En el texto de la pregunta no se especifica cómo la cuestión del terrorismo puede ser pertinente para las obligaciones contraídas en virtud del artículo 2 de la Convención contra la tortura. Con todo, para ayudar al Comité sobre esta pregunta y sobre la segunda, el Gobierno facilita la información que a continuación se reseña.

195.El Gobierno se preocupa mucho, en la aplicación de la legislación antiterrorista, de que se cumplan las obligaciones internacionales de Australia, en particular las que ha asumido en virtud de la Convención contra la tortura. La legislación antiterrorista contiene salvaguardias adecuadas a ese respecto. En la primera parte de la respuesta se dan las estadísticas federales sobre el número de personas detenidas como sospechosas de "terrorismo", así como información sobre las salvaguardias contenidas en las leyes antiterroristas federales. A continuación se suministrarán datos e información de los Estados y Territorios.

Información del Gobierno Federal

196.Al 2 de agosto de 2007, veintidós personas están en prisión provisional, en espera de juicio, por cargos relacionados con el terrorismo. Otras seis están en libertad bajo fianza por cargos relacionados con el terrorismo. Estos números variarán con el tiempo, según la evolución y las circunstancias de los distintos casos.

197. Lasleyes antiterroristas promulgadas en 2002 introdujeron en la Ley del Código Penal de 1995 (Código Penal) una serie de delitos de terrorismo. Esos delitos comprenden la participación en actos de terrorismo, así como la preparación y planificación de tales actos, la formación relacionada con ellos y la financiación de actos de terrorismo. También sancionan los delitos de pertenencia y otros tipos de integración en organizaciones terroristas. Esas leyes introdujeron asimismo un sistema para confeccionar una lista de organizaciones terroristas, con criterios muy estrictos que deben satisfacerse antes de incluir una organización en la lista, así como varias otras salvaguardias.

198.Para incluir una organización, el Fiscal General debe tener la seguridad de que la organización se dedica directa o indirectamente a preparar o planificar un acto de terrorismo, o a contribuir a la realización o fomentar la realización de dicho acto (independientemente de que éste se haya producido o se vaya a producir). Esta decisión está sujeta a revisión por los tribunales. Además, el jefe de la oposición en la Cámara de Representantes debe ser informado de las reglamentaciones propuestas y debe consultarse a los Estados y Territorios.

199.El Código Penal dispone que las reglamentaciones en virtud de las cuales se incluye una organización en la lista prescriben al cabo de dos años. Toda persona u organización (en particular la organización que ha de incluirse en la lista) puede solicitar que se borre de dicha lista, solicitud que el Ministro ha de tener en cuenta. El Código Penal dispone asimismo que una comisión parlamentaria mixta estudie la cuestión y comunique sus observaciones y recomendaciones al Parlamento.

200.Toda persona acusada y procesada por un delito de terrorismo tiene todas las garantías disponibles en el ordenamiento de la justicia penal de Australia, incluida la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio, el derecho a asistencia letrada y la necesidad de que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

201.La Ley antiterrorista (Nº 2) de 2005 introdujo ciertos poderes relativos a la prisión preventiva y las órdenes de vigilancia provisional. Tras varias modificaciones de la Ley de la Organización de Seguridad e Inteligencia de Australia de 1979 aprobadas en 2003, se definieron más facultades para interrogar y, en circunstancias limitadas, detener a las personas que puedan tener información relacionada con un delito de terrorismo. Las salvaguardias establecidas en esas leyes se exponen a continuación.

Detención o prisión preventiva

202.La división 105 de la Ley del Código Penal de 1995 (Código Penal) faculta a un funcionario superior de la policía federal de Australia para dictar una orden de prisión preventiva que autoriza la detención de una persona durante 24 horas como máximo a efectos de prevenir un ataque terrorista inminente o de preservar elementos de prueba de un acto terrorista reciente. El Código Penal faculta a la autoridad emisora –un magistrado o juez federal que ha aceptado desempeñar ese papel y que actúa a título individual‑ para extender una orden de prisión provisional por otras 24 horas.

203.El régimen legislativo contiene requisitos rigurosos que deben cumplirse para que se dicte la orden y salvaguardas para el trato adecuado de los detenidos.

204.La prisión preventiva es fiscalizada por un funcionario superior de la Policía Federal de Australia, que es nombrado para supervisar el ejercicio de las facultades conferidas por la orden y el desempeño de las obligaciones relacionadas con esa orden. Se prohíbe todo interrogatorio de una persona en detención preventiva, salvo para confirmar su identidad y comprobar su estado salud.

205.La persona en prisión preventiva tiene derecho a recibir copia de la orden por la que se dicta dicha prisión y de la orden que prorroga la prisión, en las que debe figurar un resumen de los motivos de la orden. La persona en prisión preventiva debe ser informada de la duración y de los efectos del auto de prisión preventiva, así como de su derecho a acudir a los mecanismos de reclamación para sustanciar vías de recurso jurídico o de otra índole en relación con la orden.

206.La persona en prisión preventiva puede recurrir ante un tribunal federal o presentar una denuncia al Ombudsman de Australia respecto de la orden de prisión preventiva y del trato que se le ha dispensado. Puede dirigirse a un agente superior de la Policía Federal de Australia para que se revoque la orden y también puede denunciar a la autoridad estatal o territorial competente el trato que le ha dispensado un agente de la policía estatal o territorial.

207.El Código Penal dispone que la persona en prisión preventiva debe ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad, y no debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Debe dársele la oportunidad de ponerse en contacto con un abogado y tiene derecho a informar a un familiar y a otra persona que se especifique de que está sana y salva. Asimismo, tiene derecho a los servicios de un intérprete cuando no domina bien el inglés.

208.La prisión preventiva no se aplica a los menores de 16 años. Además, el Código Penal dispone salvaguardias suplementarias para las personas que tienen entre 16 y 18 años y los incapaces. Entre esas salvaguardias figura el contacto con los padres o tutores y la prisión en locales separados de los adultos.

209.El funcionario que incumple las salvaguardias del Código Penal, en particular la obligación de tratar a la persona en prisión preventiva con humanidad y respeto de su dignidad, y la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante, incurre en delito castigado con un máximo de dos años de prisión.

210.El Fiscal General debe presentar al Parlamento cada año un informe sobre la prisión preventiva, en particular información sobre el número de órdenes emitidas, la duración de la prisión preventiva y los detalles de las reclamaciones presentadas al Ombudsman de Australia en relación con el ejercicio de esas facultades.

211.No se ha dictado ninguna orden de prisión preventiva desde la promulgación de esas leyes en 2005.

Órdenes de vigilancia provisional

212.Según la división 104 de la Ley del Código Penal (Código Penal) un funcionario superior de la Policía Federal de Australia puede solicitar que se dicte una orden de vigilancia provisional si ello contribuye notablemente a evitar un acto de terrorismo o en el caso de que una persona haya dado adiestramiento a una organización terrorista o haya sido adiestrada por esa organización y siempre que las condiciones impuestas por la orden sean necesarias, apropiadas y estén adaptadas a la finalidad de proteger a la sociedad de un ataque terrorista. Las órdenes de vigilancia no deben sustituir a las de detención y formulación de cargos cuando este procedimiento puede aplicarse.

213.Los textos legislativos fijan cierto número de salvaguardias destinadas a velar por que las personas sean tratadas de conformidad con sus derechos.

214.Las órdenes de vigilancia provisional deben solicitarse con el consentimiento del Fiscal General y deben ser dictadas por un tribunal. No deben durar más de 12 meses, o tres meses en el caso de las personas de 16 a 18 años de edad. No se pueden dictar órdenes de vigilancia contra menores de 16 años.

215.Deben notificarse al interesado la duración y el efecto de la orden de vigilancia provisional y su abogado tiene derecho a pedir copia de dicha orden. En ésta debe especificarse el día en que la persona deberá comparecer ante un tribunal para que éste confirme, anule o revoque la orden. El interesado o su representante tiene derecho a presentar argumentos o exponer alegatos ante el tribunal. También tiene derecho a pedir que la orden se modifique, se revoque o se anule.

216.En virtud del Código Penal el Fiscal General debe informar anualmente al Parlamento del número de órdenes de vigilancia provisional dictadas, del número de órdenes de vigilancia que se han confirmado, modificado o revocado y de los detalles de toda reclamación cursada al Ombudsman de Australia en relación con el ejercicio de estas facultades.

217.Se ha dictado una orden de vigilancia provisional desde que se instituyeron estas facultades en 2005, orden que ya ha vencido.

Detención e interrogatorio de  personas en relación con delitos de terrorismo, a efectos de información

218.La Ley de la Organización de Seguridad e Inteligencia de Australia (ASIO) de 1979 faculta de esta organización para solicitar de un magistrado federal o un juez una orden con objeto de interrogar y, en circunstancias limitadas, dictar prisión contra una persona que pueda tener información importante sobre un delito de terrorismo.

219.El proceso de interrogatorio y detención está sujeto a ciertas condiciones legislativas que imponen criterios estrictos en cuanto a la emisión de una orden, los plazos y límites del período de interrogatorio y la duración de la prisión provisional, así como un protocolo en que se exponen y precisan los procedimientos que han de seguirse al interrogar o detener a una persona en virtud de la Ley de la ASIO.

220.La orden de detención e interrogatorio permite interrogar a una persona durante 24 horas como máximo (o 48 horas si se recurre a los servicios de un intérprete). Para comenzar, la ASIO puede interrogar a una persona durante ocho horas como máximo, y finalizado ese plazo, debe recabar la autorización de una "autoridad competente" para seguir durante otras ocho horas, y así sucesivamente. Autoridad competente puede ser un ex juez de un tribunal superior, un juez en funciones de un tribunal supremo o tribunal de distrito de un Estado o Territorio, un presidente adjunto o presidente del Tribunal Administrativo de Apelación, nombrados por el Ministro a tenor del artículo 34B de la Ley de la ASIO.

221.En circunstancias limitadas, por ejemplo, cuando hay motivos razonables para creer que la persona no se presentará ante la autoridad competente, se puede decretar la prisión o detención durante 168 horas como máximo. Esta prisión debe ser autorizada expresamente por la orden. El interrogatorio se realiza bajo la supervisión de una autoridad competente. La detención está vigilada por un agente de policía.

222.Al comparecer ante la autoridad competente, la persona debe ser informada de la duración y los efectos de la orden, de su derecho a acudir a mecanismos de reclamación y a utilizar vías de recurso judiciales o de otra índole en relación con la orden, así como de las personas a quienes tiene derecho a contactar.

223.La Ley de la ASIO dispone que la persona en quien recae una orden debe ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad y no debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También dispone que la persona objeto de una orden debe tener acceso a representación legal y, en determinadas circunstancias, a contactar amigos, familiares u otras personas.

224.La persona contra la que se dicta una orden tiene derecho a dirigirse a un tribunal federal para recurrir la orden o impugnar el trato que se le ha dispensado. También puede dirigirse en cualquier momento al Inspector General de la Seguridad e Inteligencia, al Ombudsman de Australia o a otros órganos de reclamación competentes para presentar una denuncia acerca de la ASIO, la Policía Federal de Australia o las correspondientes fuerzas de policía estatales o territoriales.

225.El oficial que no respeta las salvaguardias o no deja que la persona ejerza los derechos que le reconoce la Ley de la ASIO, o que incumple una instrucción de la autoridad competente comete un delito castigado con un máximo de dos años de prisión.

226.Desde la promulgación de esas leyes en 2003 hasta el 30 de junio de 2006, se han dictado 16 órdenes de interrogatorio. No se ha dictado ninguna orden de prisión durante ese tiempo. Los datos relativos a las órdenes dictadas en el período comprendido entre el 30 de junio de 2006 y el 30 de junio de 2007 se publicarán en el próximo informe anual de la ASIO al Parlamento.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

227.En Nueva Gales del Sur los sospechosos relacionados con delitos de terrorismo son detenidos en virtud de poderes federales. En 2005 se promulgó un régimen complementario de prisión preventiva en materia de antiterrorismo que está contenido en la Ley de terrorismo (poderes policiales) de 2002. Este régimen no se ha aplicado hasta la fecha.

228.El Gobierno de Nueva Gales del Sur ha implantado un régimen legislativo que trata de equilibrar el imperativo de dotar a la policía de poderes adecuados con el imperativo de la protección de las libertades ciudadanas. Las salvaguardias relativas a las órdenes de vigilancia y prisión preventiva son las siguientes:

a)Nadie puede ser privado de libertad en virtud de órdenes de prisión preventiva, cualquiera que sea el motivo, durante más de 14 días.

b)La persona en prisión preventiva o la policía puede solicitar de un juez del Tribunal Supremo la revocación de la orden (en cualquier fase).

c)Toda persona objeto de una orden de prisión preventiva tiene derecho a representación legal.

d)Las vistas del juicio oral se celebran a puerta cerrada.

e)La persona debe tener conocimiento de la información sobre la que se basa la policía para pedir la orden de prisión preventiva, sin perjuicio de las condiciones especificadas en la Ley de información sobre seguridad nacional (diligencias penales y civiles) o de la facultad de no revelar tal información por razones de interés público.

f)No comete delito el detenido que informa a otra persona que está privado de libertad en virtud de una orden de prisión preventiva.

g)No se pueden dictar órdenes de prisión preventiva contra menores de 16 años y deben aplicarse disposiciones especiales a los imputados entre los 16 y los 18 años.

h)La persona objeto de una orden de prisión preventiva sólo puede ser interrogada para confirmar su identidad.

i)En la ejecución de una orden de prisión preventiva comete delito todo el que no trata a la persona con humanidad y dignidad.

j)Las fuerzas de policía están bajo la supervisión del Ombudsman y de la Comisión de Integridad de la Policía. El Fiscal General y el Ministro de la Policía preparan anualmente un informe, que se presenta al Parlamento, sobre la aplicación de las disposiciones.

k)La legislación de Nueva Gales del Sur será fiscalizada por el Ombudsman durante un período de cinco años, y el Ombudsman preparará informes sobre la aplicación de las normas al cabo de dos años y cinco años después de la introducción de las leyes.

l)El plan expirará al cabo de 10 años.

m)La orden definitiva de prisión preventiva sólo podrá dictarse después de una audiencia de confirmación en que estarán presentes y podrán declarar ambas partes. Debe presentarse copia de la orden provisional y un resumen de los motivos por los que se dictó la orden.

n)Las órdenes de prisión preventiva están sujetas a fiscalización judicial, en particular a la revisión judicial de los fundamentos del caso.

Derechos de las  personas en prisión preventiva em virtud de la Ley de terrorismo (poderes policiales) de 2002 (Nueva Gales del Sur)

229.Las disposiciones sobre prisión preventiva relativas al terrorismo figuran en la Ley de terrorismo (poderes policiales) de 2002 (Nueva Gales del Sur).

230.A tenor de los artículos 26ZE y 26ZF de dicha ley, la persona en prisión preventiva tiene derecho a contactar a sus familiares, al Ombudsman y a la Comisión de Integridad de la Policía, respectivamente. Asimismo, el artículo 26 ZG de la ley reconoce el derecho de los presos a contactar a un abogado. En el artículo 26ZH se enuncian normas especiales en materia de contacto para los menores de 18 años o los incapaces. Esas normas permiten que un menor de 18 años o un incapaz contra los que se dicta una orden de prisión preventiva tengan contacto con un familiar o un tutor o cualquier otra persona que pueda representar sus intereses y sea aceptable para el interesado y el oficial de policía que procede a la detención de la persona.

231.Por otra parte, el artículo 26ZC prescribe que la persona contra la que se ha dictado una orden de prisión preventiva sea trata con humanidad y respeto de su dignidad, y no sea sometida a trato cruel, inhumano o degradante por ninguna persona que ejerza autoridad en virtud de la orden o que ejecute o aplique la orden.

232.El artículo 26ZI permite que los contactos con los familiares, abogados, etc. sean objeto de seguimiento por un agente de policía que ejerza la autoridad en virtud de la orden de prisión preventiva.

Victoria

233.Las operaciones están coordinadas por las instituciones federales. Por lo que respecta a las salvaguardias, consúltese la respuesta de Victoria a la pregunta 3.

Queensland

234.En Queensland dos personas, en dos ocasiones distintas, han sido acusadas de delitos relacionados con el terrorismo en virtud del Código Penal federal. Esos cargos se retiraron posteriormente.

235.El artículo 12 de la Ley de terrorismo (detención preventiva) de 2005 (Qld) permite que una persona mayor de 16 años sea privada de libertad durante un período de 14 días, como máximo, en virtud de una orden de prisión preventiva, a fin de evitar un acto de terrorismo inminente o de preservar elementos de prueba relativos a un acto de terrorismo reciente. Según el artículo 52 de la ley, constituye delito el hecho de no tratar con humanidad a una persona privada de libertad en virtud de una orden de prisión preventiva, o de someter a esa persona a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La persona contra la que se ha dictado una orden de prisión preventiva tiene derecho a contactar a familiares, al Ombudsman, a la Comisión de Delincuencia y Mala Conducta y a sus abogados, a menos que en la orden se le haya prohibido todo contacto. Sólo puede ser interrogada sobre su estado de salud, su identidad o sobre cuestiones que permitan a la policía cumplir la ley. Se aplican normas especiales a los menores (artículos 9 y 60) y a las personas con capacidad disminuida (artículo 60). Esas normas permiten contactos diarios, incluso visitas, con el padre o la madre, el tutor o una persona independiente que pueda defender los intereses del detenido.

236.Con arreglo a la Ley de terrorismo (detención preventiva), si una persona está en prisión preventiva, es delito no tratarla con humanidad o someterla a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La persona que se halla en prisión preventiva tiene derecho a ponerse en contacto con familiares, con el Ombudsman, con la Comisión de Delincuencia y Mala Conducta y con abogados. Sólo puede ser interrogada sobre su estado de salud, su identidad o sobre cuestiones que permitan a la policía cumplir la ley. Se aplican normas especiales a los menores y a las personas con capacidad disminuida. La persona contra la que se ha dictado una orden definitiva de prisión preventiva puede dirigirse al Tribunal Supremo para que revise o revoque esa orden. Además, el encargado de velar por el interés público, cargo independiente, tiene derecho a comparecer ante la autoridad que expide la orden y exponer argumentos referentes a los autos de prisión preventiva para que estén salvaguardados los intereses de la sociedad, los derechos individuales y las libertades cívicas.

Australia Occidental

237.A tenor de la Ley de terrorismo (detención preventiva) de 2006 (Australia Occidental), que autoriza la prisión provisional con objeto de prevenir un acto terrorista o preservar elementos de prueba de un acto terrorista reciente o relativos a dicho acto, puede ser recluida una persona en una dependencia policial, una cárcel o un centro de prisión provisional.

238.Nadie ha sido detenido bajo la sospecha de terrorismo con arreglo a Ley de terrorismo (detención preventiva).

239.La Ley de terrorismo (detención preventiva) dispone que la persona contra la que se dicta un auto de prisión preventiva debe ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad y no debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto incluiría la atención médica de conformidad con las normas y procedimientos vigentes de la policía de Australia Occidental.

240.Esta legislación sobre terrorismo no afecta los derechos de la persona a la asistencia de un letrado, a ser informada de sus derechos y a informar a su familia rápidamente en cuanto a su detención, independientemente del lugar en que esté recluida. De hecho, la Ley menciona expresamente esos derechos.

241.Cuando una persona detenida para evitar un acto de terrorismo, existen disposiciones legislativas que le permiten contactar, en circunstancias determinadas, con:

a)familiares y las personas de su hogar o compañeros de trabajo: el contacto en estas circunstancias le permite indicar que está sana y salva, pero que no puede ser contactada por el momento;

b)el Comisionado Parlamentario, la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia o el Inspector de los Servicios Penitenciarios: estos contactos pueden tener por objeto presentar una denuncia acerca de la detención de la persona en virtud de un auto de prisión preventiva; y

c)un abogado: el detenido puede ponerse en contacto con un abogado para obtener asesoramiento jurídico, organizar su representación legal o presentar una denuncia o queja a un órgano de fiscalización.

242.El derecho a la comunicación con un médico de la propia elección puede depender del lugar en que se halle el detenido. Por ejemplo, salvo algunas exenciones relativas al contacto y la comunicación con otros, la persona recluida en una instalación carcelaria o un centro de prisión provisional tiene los mismos derechos que cualquier recluso en virtud de la Ley de prisiones de 1981 (Australia Occidental) o la Ley de la delincuencia de menores 1994 (Australia Occidental). Es decir que, fundamentalmente, tendría asistencia médica y acceso a un médico pero no necesariamente a su facultativo preferido.

243.Hay disposiciones especiales que se aplican al menor de 18 años o a la persona incapaz de llevar sus propios asuntos. En esos casos la persona tiene derecho a ponerse en contacto con su padre o madre o con un tutor u otra persona que pueda representar sus intereses. Para la aplicación correcta de esta disposición, esa persona no puede ser un agente de policía federal, estatal o del territorial ni tampoco un empleado de la ASIO.

244.Con objeto de fiscalizar el trato dispensado a esos detenidos, el Inspector de los Servicios Penitenciarios tiene la posibilidad de analizar las circunstancias y el trato de la persona en prisión provisional y hacer recomendaciones a la policía cuando lo considera apropiado. El que no respeta (por ejemplo un agente de policía) las salvaguardias legislativas comete un delito y puede ser condenado a una pena de prisión de dos años.

Australia Meridional

245.Actualmente no hay nadie en prisión preventiva bajo la sospecha de terrorismo. La Ley de terrorismo (detención preventiva) de 2005 de Australia Meridional (la "Ley del Terrorismo") se basa en la Ley Antiterrorista (Nº 2) de 2005; por consiguiente, las salvaguardias que se aplican en Australia Meridional son idénticas a las de la legislación federal.

246.La Ley del terrorismo autoriza la prisión temporal para prevenir un acto de terrorismo o preservar los elementos de prueba de un acto de terrorismo reciente o relativos a dicho acto. La ley no da poderes de interrogatorio, salvo respecto de cuestiones que sean de interés para la persona privada de libertad.

247.Pueden dictar la orden de prisión preventiva un funcionario superior de la policía o un juez (ex juez) del Tribunal Supremo o de un tribunal de distrito. El artículo 10 de la Ley del terrorismo dispone que la prisión preventiva sólo puede mantenerse durante un período especificado. Cuando la orden ha sido emitida por un oficial superior de policía, su duración está limitada a 24 horas. Cuando la orden ha sido dictada por un juez, su duración está limitada a 14 días. Según el artículo 11 de la Ley, hay un plazo de 48 horas, una vez dictada la orden, para ejecutarla.

248.Las personas contra las que se dicta una orden de prisión preventiva tienen los mismos derechos a abogado, a ser informadas de sus derechos y a informar a un familiar de que están sanas y salvas.

249.A tenor del artículo 29, la persona contra la que se dicta una orden de prisión preventiva debe ser informada cuanto antes de las cuestiones indicadas en el párrafo 2. Entre esas cuestiones figuran:

a)Las restricciones que puedan aplicarse a las personas a quienes contacte mientras está en prisión preventiva;

b)la duración de la privación de libertad;

c)el derecho a presentar una reclamación al organismo de reclamaciones de la policía;

d)el derecho a ponerse en contacto con un abogado o a recibir asistencia para ponerse en contacto con un abogado a tenor del artículo 37; y

e)el derecho a pedir la revisión de la orden por el Tribunal Supremo en virtud del artículo 17.

250.La ley también contiene ciertas salvaguardias que incluyen la obligación de explicar las cuestiones que se enuncian anteriormente, el derecho a ponerse en contacto con familiares y la obligación de no someterlas a tratos crueles, inhumanos o degradantes (párrafo b) del artículo 33).

Tasmania

251.Al 26 de julio de 2007, la policía de Tasmania no había detenido a ningún sospechoso de terrorismo.

Nuevas leyes antiterroristas

252.Tasmania tiene una Ley de Poderes de la Policía (Seguridad Pública) de 2005 que se promulgó el 13 de diciembre de 2005 y una Ley de terrorismo (detención preventiva) de 2005 (Tasmania) que se promulgará en un día que está aún por proclamar. Esa promulgación no se producirá a corto plazo a menos que sea necesario para prevenir un acto de terrorismo o reaccionar a tal acto.

253.La Ley de la práctica de la prueba de 2001 contiene disposiciones que se refieren a la grabación de entrevistas. En cambio, la futura Ley de terrorismo (detención preventiva) enuncia las condiciones y los derechos que han de reconocerse a los sospechosos de terrorismo; en particular, regula la privación de libertad durante ciertos períodos para fines de prevención y de interrogatorio. En la mayoría de sus aspectos, esta ley sigue el "modelo" nacional.

Ley de terrorismo (detención preventiva) de 2005

254.La Ley de terrorismo (detención preventiva) tiene por finalidad facultar a la policía de Tasmania para privar de libertad a ciertas personas durante un máximo de 14 días a fin de prevenir un acto de terrorismo inminente o de preservar elementos de prueba de un acto de terrorismo o relativos a dicho acto. La detención preventiva entraña el encarcelamiento, aunque sólo sea por un período corto y priva al detenido de su libertad.

255.La Ley contiene salvaguardias importantes, a saber:

a)La solicitud de la orden de detención preventiva por la policía está sujeta a la correspondiente aprobación y revisión de la autoridad judicial;

b)La persona contra la que se dicta una orden de detención preventiva tiene derecho a una representación legal y debe poder impugnar la orden;

c)Ningún menor de 16 años puede ser objeto de esas órdenes;

d)Se aplican disposiciones modificadas a los mayores de 16 años pero menores de 18 y a los incapaces;

e)Todas las personas en prisión preventiva deben ser tratadas humanamente, con respeto y dignidad. Es delito el incumplimiento de esta disposición, castigado con pena de prisión de hasta 5 años;

f)Pueden imponerse a las personas en prisión preventiva ciertas limitaciones en cuanto al establecimiento de contactos, prohibiéndoles que se pongan en contacto con determinados individuos. Sin embargo, la Ley permite que la persona en prisión preventiva impugne esas condiciones y trate de que sean modificadas o revocadas por un tribunal.

256.Aparte del ejercicio de un recurso ante un tribunal en relación con una orden de prisión preventiva o una orden de prohibición de contactos, la persona sujeta a prisión preventiva tiene varias otras salvaguardias:

a)Un funcionario superior de policía deberá supervisar el desempeño de los oficiales que ejecuten las órdenes respecto del detenido. El funcionario de policía superior que no debe haber participado en la solicitud o la expedición de la orden de prisión preventiva, será nombrado por el Director de la Policía. El detenido o una persona que actúe en su nombre podrá quejarse ante ese oficial superior de policía acerca del trato que se le haya dispensado.

b)El detenido o quien actúe en su nombre también tendrá la posibilidad de ponerse en contacto con el Ombudsman de Tasmania para que se estudien ciertas cuestiones pertinentes conforme a las disposiciones de la Ley del Ombudsman de 1978; y

c)Todo detenido tendrá derecho a representación legal. A tal fin el interesado podrá obtener asesoramiento jurídico y podrá dar instrucciones en relación con las diligencias iniciadas ante un tribunal, con las reclamaciones presentadas al Ombudsman y con las observaciones hechas en su nombre al funcionario superior de policía designado.

257.Por otra parte, la facultad de la policía de pedir la expedición de órdenes de detención o prisión preventiva en virtud de la ley caduca automáticamente 10 años después de la promulgación de ésta. Se procederá a un seguimiento y un examen continuos de la eficacia de la legislación, y gracias a la cláusula de extinción o caducidad automática que lleva incorporada se conseguirá un análisis detallado de la Ley antes de la expiración de ésta al cabo de 10 años.

Ley de poderes de la policía (seguridad pública) de 2005

258.La Ley de poderes de la policía (seguridad pública) de 2005 tiene por objeto facultar a la policía para detener, registrar e interrogar a las personas, registrar vehículos e incautar objetos a fin de velar por la seguridad pública cuando hay un riesgo de terrorismo, cuando existe una posible amenaza de terrorismo o cuando se ha producido un acto de terrorismo.

259.La Ley faculta al Director de la Policía para recabar del Primer Ministro de Tasmania o del Tribunal Supremo autorización para que los agentes de policía ejerzan ciertos poderes cuando las circunstancias lo justifican. Las circunstancias que justifican el ejercicio de esos poderes incluyen:

a)La protección del público que participa en un acto o que asiste a él, cuando la naturaleza del acontecimiento indica que podría existir un riesgo de acto terrorista;

b)La protección de lugares o zonas de naturaleza tal que podrían estar expuestos a un acto terrorista y la protección de las personas que estén a proximidad de esos lugares o zonas. Dichos lugares y zonas comprenden:

i)los aeropuertos, los intercambiadores de líneas de autobús o de coches de línea, las estaciones de ferrocarril, los barcos o las terminales de transbordador, o

todo lugar en que se congregue gran número de personas, o

toda zona en que esté situado un servicio esencial.

Prevenir o reducir las consecuencias de un acto de terrorismo; y

d)La investigación o las actividades de socorro para atender a las secuelas de un acto de terrorismo.

260.En la autorización deberá figurar la zona en que podrán ejercerse esos poderes.

261.También podrá autorizarse el ejercicio de ciertos poderes en relación con personas o vehículos. Hay dos categorías de poderes. La primera es la de los poderes que no necesitan autorización del tribunal pero pueden ser ejercidos por iniciativa del Director de la Policía con la aprobación del Primer Ministro. Esos poderes facultan para:

pedir la identificación de una persona;

detener a una persona y proceder a su cacheo o registro normal;

detener y registrar vehículos;

desplazar vehículos; y

acordonar zonas y limitar en ellas la entrada y la salida.

262.La segunda categoría comprende los poderes suplementarios que necesitan una autorización dada por el tribunal previa solicitud cursada por el Director de la Policía con la aprobación del Primer Ministro. Esos poderes consisten en la facultad de:

proceder al registro o cacheo corporal de una persona;

allanar y registrar locales; y

c)dar instrucciones a un órgano público para que ejerza sus poderes o funciones de tal forma que facilite el ejercicio de las facultades del Director de la Policía.

263.Por lo general, estos poderes suplementarios requieren la autorización del Tribunal Supremo. En casos de urgencia, tales como cuando se ha producido un acto de terrorismo o cuando éste se considera inminente, el Director de la Policía puede autorizar, con la aprobación del Primer Ministro, el ejercicio de estos poderes suplementarios durante un máximo de 72 horas. Si resulta necesario ejercerlos durante más tiempo, hay que pedir la autorización del Tribunal Supremo.

264.Los poderes de una u otra categoría permiten a la policía utilizar una fuerza razonable para decomisar y retener objetos y para pedir la asistencia de otras personas.

265.El período máximo para el cual se puede pedir una autorización de ejercer los poderes de una u otra categoría varía según las circunstancias.

a)En el caso de un acto o acontecimiento, la autorización rige desde una fecha determinada por el Director antes de que se inicie el acto y cesa automáticamente 24 horas después del acto.

b)Con respecto a los lugares en que se prestan servicios de transporte y otros lugares especiales que se hallan expuestos a un riesgo general de ataque terrorista, la autorización pude tener validez, en determinadas condiciones, hasta 12 meses; y

c)si se produce un acto de terrorismo, el período durante el cual la autorización permitirá el ejercicio de los poderes suplementarios no puede rebasar los 14 días.

266.La validez de las disposiciones de la Ley de poderes de la policía (seguridad pública) expirará el día del décimo aniversario de su promulgación.

Territorio de la Capital Australiana

267.La policía del Territorio de la Capital Australiana no ha detenido a ningún sospechoso de terrorismo. Nadie ha sido privado de libertad ni condenado por un acto de terrorismo.

268.En el Territorio de la Capital Australiana las disposiciones represivas de la legislación ordinaria permiten investigar, detener y procesar a los sospechosos de delitos terroristas. El único texto concreto que podría considerarse legislación "antiterrorista" es la Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales) de 2006, que faculta a la policía para pedir órdenes de prisión preventiva y le confía poderes para detener, registrar personas y registrar locales.

269.Según el artículo 18 de la Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales), un tribunal puede decretar la prisión preventiva de una persona, si considera, por motivos razonables, que esa persona tiene la intención o tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque terrorista, tiene en su poder algún objeto para cometer un ataque terrorista o ha realizado algún acto en preparación de dicho ataque, si considera necesario detener a esa persona para prevenir el ataque terrorista y si cabe pensar que el ataque se producirá de manera inminente y, en cualquier caso, dentro de 14 días.

270.Con una orden de prisión preventiva se puede detener a una persona durante 7 días [artículo 21]. Esa orden puede prorrogarse, pero nadie puede ser privado de libertad durante más de 14 días. Ello quiere decir que no cabe invocar ninguna prórroga o ninguna otra orden para autorizar la prisión preventiva de una persona durante un período de más de 14 días a contar del momento en que esa persona fue detenida en virtud de una orden de prisión preventiva [párrafo 3 del artículo 21 y párrafo 2 del artículo 26].

271.La Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales) contiene las garantías siguientes:

a)no se pueden pedir ni dictar órdenes de prisión preventiva contra menores [artículo 11];

b)cuando la policía pide una orden de prisión preventiva, la persona contra la que se extendería esa orden debe tener copia de la solicitud de orden de prisión preventiva [párrafo 2) del artículo 13];

c)la persona contra la que se extenderá la orden de prisión preventiva tiene derecho a estar representada durante cualesquiera diligencias por un abogado [párrafos 3 y 4 del artículo 13] y también a ponerse en contacto con un abogado en cualquier momento a fin de prepararse para las diligencias que se realicen en virtud de la Ley [artículo 52]. Durante la tramitación de una solicitud de orden de prisión preventiva el interesado o su abogado tiene derecho a llamar a testigos, interrogar y contrainterrogar a los testigos y presentar alegatos;

d)las órdenes de prisión preventiva sólo pueden ser expedidas por el Tribunal Supremo (como tribunal superior independiente). Las autorizaciones de poderes especiales pueden ser extendidas por un tribunal de primera instancia o por el Tribunal Supremo;

e)el Defensor del Interés Público está facultado para comparecer y presentar argumentos en las diligencias ante los tribunales cuando se presentan solicitudes de órdenes de prisión preventiva;

f)el Comisionado de Derechos Humanos y el Ombudsman deben ser informados sobre las personas detenidas en virtud de órdenes de prisión preventiva y el Ombudsman está facultado para conocer de las quejas de las personas contra las que se dictan esas órdenes;

g)los sospechosos no pueden ser interrogados con fines de investigación mientras están detenidos y sólo pueden responder a preguntas sobre su identidad y su salud [artículo 58];

h)en el artículo 48 se tipifica un delito, castigado con 2 años de prisión o 200 unidades de multa, en el que incurre el que trata al detenido en virtud de una orden de prisión preventiva de manera incompatible con los criterios de humanidad y respeto de la dignidad de la persona humana o todo aquel que somete a alguien a trato crueles, inhumanos o degradantes;

i)a tenor de los artículos 55 y 56, la policía está habilitada para escuchar las conversaciones entre un detenido y su abogado o sus familiares solamente en ciertas circunstancias limitadas;

j)conforme al artículo 50, los detenidos pueden ponerse en contacto con un familiar, con la persona con quien viven y con un compañero de trabajo. Además de informar a su abogado y al Ombudsman del Territorio de la Capital Australiana, el detenido puede comunicar a las personas con quien está en contacto el hecho de que se halla privado de libertad en virtud de una orden de prisión preventiva, decir que está sano y salvo, indicar el tiempo que permanecerá privado de libertad y, en lo que respecta a los familiares y a las personas con quienes convive, el lugar en que está detenido. Asimismo, puede mantener otros contactos si así se indica en la orden de prisión preventiva.

k)el artículo 96 dispone que en cualquier diligencia realizada en virtud de la Ley las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante tortura son inadmisibles. Este artículo se aplica independientemente del lugar en que se produjo la tortura. A los efectos de este artículo la definición de la tortura es la que figura en el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

l)según el artículo 93, los agentes de policía que tienen poderes de detención y cacheo deben recibir una formación en cuanto a las obligaciones que les impone la Ley de derechos humanos del Territorio de la Capital Australiana de 2004.

Territorio del Norte

272.No se ha detenido a ningún sospechoso de terrorismo conforme a la Ley de terrorismo (poderes excepcionales) (Territorio del Norte) ni a las disposiciones del Código Penal relativas al terrorismo (artículos 50 a 55).

273.Ley de terrorismo (poderes excepcionales): la división 5 sienta el principio del trato humano de los detenidos, en particular, el artículo 21ZG, que dispone que la persona contra la que se ha dictado una orden de prisión preventiva:

a)debe ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad; y

b)no debe ser sometida a tratos inhumanos o degradantes por los que ejercen autoridad en virtud de la orden o los que ejecutan o aplican la orden. Impone una pena de 2 años de prisión por la infracción a esta disposición.

274.Para el presente análisis, el título 2B de la Ley de terrorismo –órdenes de prisión preventiva- reviste importancia primordial. Este título se introdujo en la Ley y empezó a surtir efecto el 28 de junio de 2006, en el marco de un plan nacional; prevé que una persona puede ser detenida y privada de libertad durante un período corto a fin de:

evitar un ataque terrorista en un futuro cercano, o

preservar elementos de prueba de un ataque terrorista o relativos a ese ataque.

275.Dadas las consecuencias que puede tener para los derechos y libertades de los individuos, la Ley contiene estrictas salvaguardias, frenos y contrapesos destinados a evitar todo abuso. Los elementos principales en este contexto son los siguientes:

a)Las órdenes de detención o prisión preventivas sólo pueden ser dictadas por un "juez competente", en circunstancias y por motivos estrictamente limitados (artículo 21G), y únicamente a solicitud de un oficial de policía del grado de Superintendente o superior y deben estar autorizadas con ese fin (artículos 21D, 21E).

b)La orden de prisión preventiva debe especificar el período durante el cual la persona permanecerá privada de libertad (artículo 21H) y, en cualquier caso, el período máximo durante el cual una persona puede permanecer privada de libertad es de 14 días (artículos 21K, 21N).

c)en cuanto una persona contra la que se ha dictado una orden de prisión preventiva ha sido detenida o privada de libertad, la policía debe, en el plazo más breve posible, solicitar del Tribunal Supremo el examen de esa orden. En las diligencias de tal examen el Tribunal no puede estar constituido por el mismo juez que dictó la orden. El interesado tiene derecho a comparecer durante las diligencias del examen; a presentar pruebas; a llamar, interrogar y contrainterrogar a testigos; a presentar material y hacer exposiciones (personalmente o a través de su representante legal). El Tribunal puede confirmar, modificar o revocar la orden de prisión preventiva (artículo 21P).

d)La persona contra la que se dicta una orden de prisión preventiva también puede pedir al Tribunal Supremo que revoque o modifique una orden ya confirmada (artículo 21R).

e)En un proceso prácticamente idéntico, la persona contra la que se dicta una orden de prisión preventiva también puede ser objeto de una orden de prohibición de contactos, que le prohíbe ponerse en contacto con determinadas personas (artículo 21Q, 21R).

f)Cuando una persona queda en detención policial en virtud de una orden de prisión preventiva, el oficial de policía que la detiene debe:

i)entregar la copia de la orden de prisión preventiva y de toda orden de prohibición de contactos que se haya dictado, junto con un resumen de los motivos en que se basan esas órdenes. El oficial de policía también debe entregar, a petición de parte, copias a un abogado que actúe en nombre del detenido (artículo 21ZF);

explicar las consecuencias de la orden de prisión preventiva al detenido, en particular sus derechos en cuanto a:

la revisión de la orden de prisión preventiva por el Tribunal Supremo y a la posibilidad de declarar en ese contexto;

las personas a las que puede contactar, a tenor de los artículos 21 Z1 ó 21ZL, y las restricciones impuestas a esos contactos;

ponerse en contacto, en virtud del artículo 21ZJ, con el Ombudsman o el encargado de la Dependencia de Normas Éticas y Pofesionales acerca del ejercicio de los poderes y el cumplimiento de las obligaciones relativas a la orden de prisión preventiva, el cumplimiento del requisito del artículo 21T en virtud del cual la policía debe recabar la revocación de la orden por el Tribunal Supremo si dejan de existir los hechos que la motivaron, y acerca del trato que se le ha dispensado mientras permaneció en detención policial;

ponerse en contacto, a tenor del artículo 21ZK, con un abogado; y a

estar informado del nombre y el número de teléfono profesional del oficial de policía designado para fiscalizar la ejecución de la orden de prisión preventiva.

g)Si el detenido no puede comunicarse con suficiente soltura en inglés, el oficial de policía también debe tomar disposiciones para que le ayude un intérprete cuando tenga que dar alguna explicación. El oficial de policía que no cumple con el requisito de explicar al detenido las cuestiones que acaban de mencionarse puede incurrir en un delito castigado con pena de prisión de dos años (artículo 21ZD).

h)El oficial de policía no puede interrogar al detenido salvo para determinar que se trata de la persona especificada en la orden, velar por la seguridad y la salud del detenido o cumplir un requisito de la ley en relación con la orden de prisión preventiva. El incumplimiento de esta disposición entraña una pena de dos años de prisión.

i)El artículo 21ZG exige que la persona detenida o privada de libertad en virtud de una orden de prisión preventiva:

i)sea tratada con humanidad y con respeto de su dignidad; y

ii)no sea sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes por cualquiera de las personas que ejerzan autoridad, que ejecuten o que apliquen la orden. El incumplimiento de este requisito se castiga con una pena de prisión de dos años.

j)El Director de la Policía debe presentar el 30 octubre de cada año un informe anual por escrito al Ministro de Policía, en el cual se debe indicar, entre otras cosas, el número de órdenes de prisión preventiva y de órdenes de prohibición de contactos dictadas durante el año hasta el 30 de junio, dando los pormenores de cada orden y de las medidas que se hayan tomado en cumplimiento de ella. El Ministro debe presentar ese informe al Parlamento del Territorio del Norte al cabo de siete días hábiles a contar de la recepción.

Pregunta 6

Sírvanse comentar las conclusiones de otros órganos de las Naciones Unidas de que, aun cuando la detención de solicitantes de asilo no es ilícita o arbitraria por sí misma, el prolongar la detención podría ser arbitrario transcurrido cierto período sin la debida justificación.

276.A título de observación preliminar, el Gobierno de Australia señala que puede considerarse que la pregunta del Comité queda fuera del ámbito de competencia de éste. La pregunta no específica de qué manera la cuestión de la detención arbitraria tiene que ver con las obligaciones contraídas en virtud del artículo 2 de la Convención ni tampoco dice por qué el Comité habría de duplicar la labor de seguimiento de otros órganos de las Naciones Unidas. Sin embargo, para ayudar al Comité sobre este particular, el Gobierno desea facilitar la información que a continuación figura.

277.La detención de solicitantes de asilo no es ilícita ni arbitraria en sí. Nada en la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos indica que la detención durante un tiempo determinado pueda considerarse arbitraria en sí. En A c. Australia (comunicación Nº 560/1993), el Comité de Derechos Humanos indicó que el período de detención administrativa (por ejemplo a efectos de inmigración) podría constituir un factor para determinar si la detención es arbitraria. El Comité afirmó que "la detención no debe prolongarse más allá del período para el que el Estado pueda aportar justificación adecuada" El factor determinante no es la duración de la detención, sino el hecho de que los motivos de la detención puedan justificarse. En última instancia, la cuestión de saber si la detención es "arbitraria" y viola el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos descansa en el análisis de los factores precisos que justifican la detención. El Comité de Derechos Humanos ha manifestado que, para determinar si la detención con fines de control de la inmigración es arbitraria, el criterio principal consiste en saber si es razonable, necesaria, proporcionada, apropiada y justificable en todas las circunstancias. En relación con la detención de inmigrantes, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado que "el hecho de que haya habido una entrada ilegal tal vez indique la necesidad de realizar una investigación, y puede haber otros factores privativos del individuo, como la probabilidad de huída y la falta de colaboración, que justifiquen la detención durante un período determinado".

278.El Gobierno entiende que el concepto de arbitrariedad significa que la detención de inmigrantes no puede prolongarse más tiempo del que sea razonable y necesario para que esa detención sea justificable. A tal fin, el Gobierno tiene por norma tramitar lo más rápidamente posible las solicitudes de visado de protección y en todo momento se ha esforzado por lograrlo. La mayoría de los solicitantes de visado de protección no están detenidos y permanecen en la comunidad amparados por un visado temporal durante la tramitación de sus solicitudes.

279.Los factores que influyen en la duración de la detención son el tiempo necesario para hacer una evaluación específica de la solicitud de visado, el resultado de los procedimientos de revisión y, de ser necesario, el tiempo que llevan las medidas de expulsión. Se da el grado más alto de prioridad a las solicitudes de visado de protección presentadas por los inmigrantes detenidos en los centros, y se llevan a cabo varias medidas (por ejemplo, la acumulación, al comienzo de las gestiones, de todas las comprobaciones de seguridad, personalidad e identidad) para acelerar la tramitación, pero al mismo tiempo se mantiene la naturaleza sólida y rigurosa del proceso de evaluación. En 2005 se introdujeron más cambios para acortar los tiempos detramitación de las solicitudes de visado de protección (véase más adelante). En el programa 2006-2007 dos tercios de los solicitantes de visado de protección que estaban detenidos recibieron una respuesta en un plazo de 43 días de. El 94% de los inmigrantes detenidos que habían solicitado visado de protección había recibido una respuesta a los 90 días. El pequeño porcentaje de solicitudes que se resolvieron en más de 90 días tenían que ver con el carácter específico o problemas relacionados con la seguridad que requerían un examen más a fondo de esos casos.

280.Los encargados de zanjar las solicitudes de visado de protección reciben una formación especial para poder estudiar a fondo y objetivamente todas las peticiones y para resolverlas y después tomar una decisión. Cuando se considera que Australia no tiene ninguna obligación de protección con respecto a un determinado individuo, es posible que haya de prorrogarse la detención del solicitante para que pueda hacer valer su derecho a la revisión de su caso.

Reformas legislativas de 2005

281.En 2005 el Gobierno de Australia anunció varios cambios tanto en la ley como en el tratamiento de las cuestiones relativas a los inmigrantes de los centros de detención y a la tramitación de las solicitudes de visado de protección. Entre esos cambios figuran:

a)que cuando se requiera la detención de una familia ilegal de no ciudadanos (con hijos) en virtud de la Ley de inmigración, tal detención debería realizarse, salvo que se trate de un último recurso, por otros medios (es decir, en el entorno de la comunidad recurriendo a las normas de determinación de la residencia [ahora llamada detención comunitaria] en un lugar determinado de conformidad con las condiciones que tengan en cuenta sus circunstancias individuales), en el lugar y en el momento en que sea posible, antes que proceder a esa detención por el método tradicional;

b)todas las solicitudes primarias de visado de protección deben ser resueltas por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía en un plazo de 90 días;

c)todas las resoluciones del Tribuna de Revisión de Asilo y Refugio deben ultimarse en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que el Tribunal recibe la documentación pertinente del Departamento de Inmigración y Ciudadanía;.

d)debe informarse regularmente al Parlamento de los casos que rebasan ese plazo;

e)cuando una persona lleva detenida dos años o más, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía tiene automáticamente el deber de presentar cada seis meses un informe sobre ella al Ombudsman de Australia. El dictamen del Ombudsman sobre cada informe, incluidas sus recomendaciones sobre la posibilidad de poner a esa persona en libertad, se presentará al Parlamento;

f)se regula en la ley una nueva facultad del Ministro de Inmigración y Ciudadanía en virtud de la cual puede especificar medidas distintas y otras condiciones para la detención de una persona;

g)se prevé en la ley una nueva facultad discrecional del Ministro de Inmigración y Ciudadanía que, a título personal, puede conceder el visado a un detenido; y

h)la modificación del Reglamento de Inmigración de 1994 con objeto de crear un visado transitorio a fin de liberar e incorporar a la población los inmigrantes detenidos cuya expulsión de Australia no es factible en las circunstancias del caso. Se puede conceder un visado transitorio en espera de devolución mediante la facultad discrecional e indelegable del Ministro de Inmigración y Ciudadanía para otorgar, en aras del interés público, un visado a una persona que se halla en un centro de detención de inmigrantes.

282.En 2005 el Gobierno de Australia creó asimismo el puesto de Administrador encargado de la revisión de casos de detención, que analiza independientemente la decisión inicial de detener a una persona, en particular a los solicitantes de visados de protección, y revisa continuamente los casos de los inmigrantes detenidos en los centros a fin de cerciorarse de que su detención sigue siendo legítima y razonable.

283.La detención de los no ciudadanos ilegales, incluidos los solicitantes de asilo que también son ilegales y no son ciudadanos, debe ser proporcional a los fines buscados, a saber, permitir que el Gobierno de Australia realice los controles sanitarios, de personalidad y de seguridad para evaluar las solicitudes que se presentan, a efectos de garantizar en su integridad el derecho de Australia a controlar la entrada y cerciorarse de que se podrá proceder a la expulsión si se comprueba que la solicitud de visado no cumple los criterios requeridos. El Gobierno de Australia rechaza toda insinuación de que la detención de personas en el contexto de la inmigración pueda ser arbitraria.

Artículo 3

Pregunta 7

Con respecto a la detención de inmigrantes, sírvanse indicar:

a) por cuáles medios puede impugnarse la licitud de esa detención.

284.La licitud de la detención de inmigrantes puede impugnarse de diversas maneras:

a)con arreglo a la Ley de Migraciones de 1958, puede pedirse al Tribunal Federal de Primera Instancia (con posibilidad de apelación ante el Tribunal Federal y el Tribunal Superior) el examen judicial del ejercicio de la facultad de detener a tenor del artículo 189 de la Ley.

b) también se puede solicitar la revisión judicial directamente al Tribunal Superior en su competencia original, que está consagrada en la Constitución de Australia.

c) además, se puede solicitar un auto de "habeas corpus" al Tribunal Superior, al Tribunal Federal o a los tribunales supremos de los Estados.

d) los inmigrantes detenidos también pueden pedir que se revise la decisión que dio lugar a que se les denegara el visado o que se anulara su visado (lo cual significa que están expuestos a ser detenidos si no tienen otro visado). Por lo general, se puede solicitar la revisión de tal decisión (ante el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio, el Tribunal de Revisión en materia de Imigración o el Tribunal Administrativo de Apelación, según la clase de visado y las razones de la denegación). También existe la posibilidad de la revisión judicial (ante un tribunal de primera instancia federal, el Tribunal Federal o el Tribunal Superior, como ya se ha indicado).

b) si tienen acceso a la asistencia jurídica los detenidos sin medios pecuniarios;

Se informa a los inmigrantes detenidos de su derecho a obtener asistencia jurídica.

286. Existen servicios de asistencia jurídica financiados con fondos públicos para tramitar la impugnación de la licitud de la detención de un inmigrante y, como requiere la Ley de inmigración, todo inmigrante detenido tiene acceso, previa la correspondiente solicitud, a todas las facilidades razonables para conseguir asesoramiento jurídico o realizar diligencias judiciales en relación con su detención. Los detenidos también tienen la posibilidad de conseguir asesoramiento jurídico y representación a través de los servicios gratuitos que ofrecen el Colegio de Abogados.

287. Los inmigrantes detenidos que solicitan visado de protección tienen acceso gratuito a las ayudas profesionales que dispensa un profesional del Plan de Asistencia para el asesoramiento y las solicitudes en materia de inmigración, en lo que se refiere a la preparación, la presentación y la formulación de una demanda de visado de protección y a la solicitud de revisión en cuanto al fondo por el tribunal competente de toda decisión negativa.

288. Los solicitantes de visado de protección que desean pedir la revisión judicial de la decisión del Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio también tienen acceso a ciertos servicios gratuitos de asistencia jurídica para evaluar el fundamento de su caso y preparar su solicitud de revisión judicial a través del "plan de asesoramiento jurídico" que funciona en dos Estados de Australia (Nueva Gales del Sur, donde están la mayoría de los solicitantes, y Australia Occidental).

c) si los letrados de la defensa pueden participar en las audiencias del tribunal de examen de los refugiados;

289. El Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio es un tribunal independiente que examina en cuanto al fondo las decisiones tomadas por los funcionarios del Departamento de Inmigración y Ciudadanía, por delegación del Ministro, las decisiones de denegación de visado de protección a no ciudadanos en Australia, o las de anular visados de protección otorgados a no ciudadanos en Australia.

290. El Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio tiene la obligación de aplicar un mecanismo de revisión que sea justo, equitativo, económico, informal y rápido. A diferencia de los demás tribunales, éste no procede a juicios contradictorios y en general el Departamento de Inmigración y Ciudadanía no está representado en las vistas del juicio oral. Es un tribunal de naturaleza inquisitiva y no está ligado por tecnicismos, fórmulas jurídicas o las normas de la práctica de la prueba, sino que debe actuar según una justicia fundamental y en atención al fondo del caso.

291. Si el solicitante de una revisión tiene un asesor (jurídico) que lo asiste en su solicitud de visado de protección, ese asesor puede asistir a las vistas con el solicitante. En general, se preguntará al asesor si desea decir algo después de que hayan presentado sus pruebas el solicitante y los testigos. Sin embargo, el tribunal no tiene la obligación de permitir que el asesor exponga el caso en lugar del solicitante.

d) si la apelación de la decisión de no conceder el asilo tiene efecto suspensivo de las órdenes de expulsión;

292. El párrafo  6 del artículo  198 de la Ley de inmigración dispone que todo inmigrante detenido, incluido todo solicitante de visado de protección, debe ser expulsado de Australia en cuanto ello sea razonablemente factible si, entre otras cosas, se ha tomado una decisión definitiva sobre la solicitud de visado. Se considera que ha quedado resuelta definitivamente una solicitud de visado de protección cuando la decisión correspondiente ya no está sujeta a revisión por el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio.

293.En la actualidad el Departamento de Inmigración y Ciudadanía tienen por norma considerar que un inmigrante detenido que solicita un visado de protección no será expulsado de Australia mientras esté pendiente una revisión judicial o una solicitud de intervención ministerial en relación con la petición de visado de protección.

e) si el Estado Parte tiene una lista de "terceros países seguros" en el caso de las expulsiones; y, de ser así, cómo se establece y mantiene esa lista;

294. Australia no tiene ninguna lista de "terceros países seguros". Todas las solicitudes de visado de protección se estudian caso por caso, de conformidad con el derecho nacional y el internacional, y en todas ellas se tienen en cuenta datos pormenorizados y actualizados sobre los países.

295. La Ley de inmigración contiene disposiciones (subdivisiones AI y AK) en virtud de las cuales un tercer país puede ser declarado seguro per se o ser considerado tercer país seguro en relación con un individuo o grupo de individuos. En la actualidad no hay ningún país declarado con arreglo a esas disposiciones. La República Popular de China ha sido indicada como tercer país seguro en relación con los refugiados de Viet Nam asentados en la República de China y cubiertos por un acuerdo entre Australia y la República Popular de China. Sin embargo, este acuerdo tiene escaso efecto en la práctica, pues en más de cinco  años no ha llegado a Australia ninguna persona a la que pueda aplicarse esta disposición.

f) cuál es la condición jurídica de los detenidos cuyo visado haya sido anulado a tenor del artículo  501 de la Ley de inmigración;

296. La persona cuyo visado ha sido anulado a tenor del artículo  501 de la Ley de inmigración de 1958 ya no tiene visado válido y pasa a ser un no ciudadano ilegal ( artículos  13 y 14 de la Ley). Los no ciudadanos ilegales deben ser detenidos ( artículo  189 de la Ley) hasta que son deportados o hasta que se les concede otro visado ( artículo  196 de la Ley). Los detenidos deben ser expulsados en cuanto sea razonablemente factible una vez que se ha tomado una resolución definitiva sobre las correspondientes solicitudes de visado y sobre las posibilidades de revisión ( artículo  198 de la Ley).

Pregunta 8

Sírvanse indicar si el Estado Parte trata de obtener garantías, por ejemplo diplomáticas, antes de extraditar o devolver a alguien a otro Estado, a fin de evitar el regreso a un país en que la persona afecta corra el riesgo de tortura. De ser así, sírvanse indicar también si existe algún mecanismo de seguimiento para determinar si se han observado esas garantías.

297. En todos los casos de extradición o devolución de una persona a otro Estado, Australia aborda caso por caso todas las situaciones en que existe cierta preocupación en cuanto al trato que recibirá la persona a su regreso. El Gobierno analiza cada caso particular para saber si hay realmente un riesgo de que la persona sea sometida a tortura o a un trato cruel, inhumano o degradante. El criterio de "riesgo real" supone el análisis de las circunstancias del interesado, es decir caso por caso, para asegurarse de que la persona devuelta no se expondrá a un riesgo real de tortura. Para evaluar el riesgo de tortura, el Gobierno de Australia tiene en cuenta todas las consideraciones pertinentes, en particular la existencia, en el Estado de que se trate, de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. El Gobierno tiene conocimiento de la Declaración del Comité contra la Tortura según la cual

... el propósito es determinar si el propio interesado correría peligro en el país al que sería devuelto. Por consiguiente, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no es en sí motivo suficiente para considerar que una persona determinada va a estar en peligro de ser sometida a tortura al volver a ese país; tiene que haber otros motivos que indiquen que esa persona en particular estaría en peligro. Del mismo modo, la ausencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que no se pueda considerar que alguien esté en peligro de ser sometido a tortura en su situación particular.

298. Asimismo, el Gobierno acepta la Declaración del Comité según la cual el riesgo "no tiene que ser muy probable, pero sí debe ser personal y presente. En este sentido, en decisiones anteriores del Comité se ha establecido que el peligro de ser sometido a tortura ha de ser previsible, real y personal".

299. Australia tienen el firme propósito de mantener las obligaciones que en materia de no devolución le impone el derecho internacional. Se han estructurado en la administración australiana ciertos procesos para que se cumplan las obligaciones de Australia en materia de no devolución a tenor del artículo  3 de la Convención contra la Tortura, así como las obligaciones que imponen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, además de las obligaciones afines que asume Australia con arreglo al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

300. Si se encuentra un caso que incide en las obligaciones de Australia en materia de no devolución, se remite al Ministro de Inmigración y Ciudadanía para que considere si debe ejercer su facultad discrecional en materia de concesión de visados. Además, se procede a la evaluación de todas las obligaciones de Australia en materia de no devolución en todos los casos de solicitantes de asilo que deben abandonar Australia involuntariamente. Esa evaluación se lleva a cabo antes de la devolución y tiene en cuenta toda la nueva información de que se dispone sobre los países.

301. El proceso de anulación del visado de una persona en atención a su personalidad también es delicado en el contexto de las obligaciones de Australia en materia de no devolución. Cuando una persona afirma durante el proceso de anulación que sus derechos humanos serán vulnerados al regresar a otro país, o cuando el Gobierno de Australia analiza todas las cuestiones de derechos humanos, se procede a una evaluación completa de las obligaciones de Australia en materia de no devolución. En esa evaluación se basa el proceso de decisión sobre la anulación, en el que se tiene plenamente en cuenta la naturaleza absoluta de las obligaciones de no devolución conforme a la Convención contra la Tortura y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

302. El Gobierno de Australia sabe que las autoridades internacionales, en particular el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura han afirmado que los compromisos diplomáticos por los cuales un Estado afirma que no torturará a una persona no son suficientes en sí para garantizar que un país no incumplirá sus obligaciones de no devolución si sólo se ampara en esas afirmaciones y devuelve a esa persona. Asimismo, las autoridades internacionales indican que la existencia de dispositivos de acceso y seguimiento contribuiría al cumplimiento de las obligaciones de no devolución. Ninguna de esas autoridades es obligatoria para Australia pero son afirmaciones convincentes, y el Gobierno las tiene en cuenta para determinar su posición. Al 3 de septiembre de 2007, el Gobierno había pedido y recibido seguridades acerca de una persona que estaba expuesta a devolución a tenor de la Ley de inmigración, pero esa persona todavía no ha sido expulsada.

303. Con respecto a la extradición, el apartado b) del párrafo  3 del artículo  22 de la Ley de extradición de 1998 (federal) prescribe expresamente que nadie puede ser entregado a menos que el Fiscal General tenga la seguridad de que la persona no será sometida a tortura en el país que pide la extradición.

304. El compromiso diplomático por parte del Estado receptor puede ser un factor que Australia tendrá en cuenta al tomar una decisión respecto de sus obligaciones de no devolución. Ahora bien, la existencia de un compromiso no exime a Australia de su responsabilidad de apreciar si existe un riesgo real de tortura. El compromiso puede ser uno de los factores para determinar que no hay riesgo real, pero hay que proceder a una evaluación que tenga en cuenta todas las circunstancias del caso. Australia también procede a evaluar si el país que ha formulado el compromiso lo respetará. Este método cumple con el requisito principal de que el Estado que transfiere esté convencido de que el Estado receptor respetará efectivamente su compromiso en cada caso.

305. El que Australia trate de ponerse en contacto con las  personas trasladadas a otro Estado para comprobar que se respeta el compromiso de no someterlas a tortura es, en definitiva, una cuestión de política. Cada caso debe considerarse en sí mismo, individualmente. Australia ha aprovechado en ocasiones la oportunidad para indicar al Estado al que se traslada a una persona que podrá de vez en cuando tratar de ponerse en contacto con la persona trasladada.

Pregunta 9

Sírvanse informar al Comité del número de casos ocurridos en el período reseñado en los que el Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales e Indígenas haya ejercido sus atribuciones a tenor de los artículos  417, 454 y 501 J de la Ley de inmigración de 1958 de sustituir la decisión del Tribunal de Revisión en materia de Asilo y Refugio o del Tribunal Administrativo de Apelación por una decisión más favorable al solicitante.

306.El Gobierno de Australia no acierta a ver claramente cómo esta pregunta se enmarca en el mandato del Comité. Sea como fuere, para ayudar al Comité el Gobierno facilita la información siguiente.

307.Durante el período comprendido entre julio de 1997 y junio de 2004, hubo 1.748 casos en que el entonces Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales e Indígenas ejerció sus atribuciones a tenor de los artículos 417, 454 y 501J de la Ley de inmigración de 1958 para sustituir la decisión del Tribunal de Revisión en materia de Asilo y Refugio o del Tribunal Administrativo de Apelación por una decisión más favorable al solicitante.

308.Los archivos del Departamento muestran que al 6 de julio de 2007, en el período comprendido entre julio de 2004 y junio de 2007, el Ministro había intervenido en otros 1.058 casos en virtud de los artículos 417, 454 ó 501

Pregunta 10

Sírvanse explicar la postura del Estado Parte con respecto a la preocupación que ha expresado recientemente la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades en relación con el proyecto de ley de reforma de la Ley de inmigración (disposiciones de examen) de 2006, que al parecer podría dar lugar a un procedimiento injusto y hacer aumentar así el riesgo de adoptar decisiones indebidas y la probabilidad de expulsión de los solicitantes de asilo. Sírvanse explicar también la argumentación en que se basan los cambios introducidos en el proyecto de ley.

309.El proyecto de ley de reforma de la Ley de inmigración (disposiciones de examen) de 2006 ha pasado a ser una ley que se promulgó el 29 de junio de 2007. Ese texto se conoce ahora como Ley de reforma de la ley de inmigración (disposiciones de examen) de 2007 ("Ley de reforma").

310.El Tribunal de Revisión en materia de Inmigración y el Tribunal de revisión en materia de Asilo y Refugio son órganos independientes de derecho público creados para examinar las decisiones que se toman con arreglo a la Ley de inmigración de 1958. Por ejemplo, el Tribunal de Revisión en materia de Asilo y Refugio puede revisar la decisión de un delegado del Ministro de Inmigración que resuelve denegar una solicitud de visado de protección, que es el mecanismo mediante el cual Australia cumple sus obligaciones con arreglo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. La revisión (por ambos Tribunales) consiste en un estudio totalmente nuevo de todas las circunstancias del caso, en el marco de la legislación y de la política, para llegar a la decisión correcta. En el desempeño de sus funciones de revisión, ambos Tribunales están obligados por su propio código de procedimiento, contenido en la ley, atender con equidad a los solicitantes de examen.

311.Las modificaciones introducidas por la Ley de reforma eran necesarias porque los requisitos procedimentales de equidad han sido interpretados muy literalmente por el Tribunal Superior y el Tribunal Federal de Australia en varias decisiones. Se ha observado que esa interpretación muy literal ha dado lugar a una aplicación sumamente técnica de la ley en circunstancias en que "no cabe encontrar ninguna injusticia" en la manera como los tribunales han tramitado una revisión.

312.El efecto acumulativo de esas decisiones judiciales era que los tribunales se veían obligados a adoptar un planteamiento sumamente estricto en lo que hace a tratar con la necesaria equidad a los solicitantes de revisión y ello tiene ramificaciones prácticas considerables en su funcionamiento. Por ejemplo:

a)se produjeron retrasos cuando, tras una vista del juicio oral, hubieron de plantearse de nuevo a los solicitantes de revisión, por escrito, cuestiones que ya habían sido tratadas exhaustivamente en las audiencias del Tribunal; y

b)fue necesario pedir por escrito al solicitante de revisión datos como los pormenores del pasaporte, la composición de la familia y las declaraciones reglamentarias ya facilitadas por él a efectos de la decisión que se hallaba pendiente de revisión, a fin de que hiciera sus observaciones para que los tribunales pudiesen conocer la información.

313.La Ley de reforma simplemente ajusta los preceptos pertinentes de la ley a los métodos prácticos y razonables por los cuales los tribunales actuaban con equidad procedimental antes de las ya mencionadas decisiones de los tribunales.

314.El Gobierno de Australia rechaza la afirmación según la cual la Ley de reforma crea una vía para que los tribunales apliquen un proceso poco equitativo en las decisiones sobre las solicitudes de asilo o de otras solicitudes. La Ley contiene varias protecciones para garantizar que se trata a los solicitantes de revisión con toda la equidad procedimental, en particular:

a)que los tribunales proporcionen pormenores claros de la información contraria presentada;

b)que los tribunales se aseguren, en la medida posible, de que el solicitante de revisión comprende por qué la información es importante para la revisión y comprende también las consecuencias de que la información constituya la base del dictamen sobre la decisión que se está examinando;

c)que se informe al solicitante o la solicitante de revisión de que puede pedir más tiempo para hacer observaciones sobre la información contraria o responder a cada información, cuando el tribunal decide examinar esa información contraria en una vista, y levantar la sesión y conceder al solicitante de revisión más tiempo si considera que dicho solicitante necesita más tiempo; y

d)que actúen justa y equitativamente en la aplicación de los códigos de procedimiento contenidos en la ley.

Pregunta 11

Sírvanse poner al día al Comité sobre las medidas adoptadas para seguir las recomendaciones que figuran en el informe de 2004 del Comité restringido del Senado sobre la Discreción Ministerial en Asuntos de Migración, y concretamente la recomendación de que el Gobierno "examine la posibilidad de adoptar un sistema complementario de protección para garantizar que Australia no se contente únicamente con los poderes discrecionales del Ministro para cumplir sus obligaciones de no devolución de conformidad con la Convención contra la Tortura".

315.El Gobierno todavía no ha contestado a las recomendaciones contenidas en el informe del Comité restringido del Senado sobre la Discreción Ministerial en Asuntos de Migración.

316.Las disposiciones vigentes de la Ley de inmigración permiten que el Ministro intervenga, en aras del interés público, para atender a las obligaciones internacionales pertinentes, en particular en los casos en que existen obligaciones de no devolución con arreglo a la Convención contra la Tortura y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pregunta 12

Sírvanse facilitar datos, desglosados por edad, sexo y nacionalidad, que abarcan el período que se examina sobre lo siguiente:

a) Número de peticiones de asilo registradas y número de las concedidas;

317.Los servicios del Departamento de Inmigración y Ciudadanía indican que al 13 de julio de2007 se habían presentado 61.018 solicitudes iniciales de visado de protección durante el período abarcado por el informe (1º de junio de 1997 a 31 de octubre de 2004). En los cuadros siguientes se da la distribución de esos números por edad, sexo y nacionalidad:

Solicitudes iniciales de visado de protección presentadas durante el período comprendido entre el 1º de junio de 1997 y el 31 de octubre de 2004, por edad

Grupo de edad de los solicitantes*	Número de solicitudes de visado de protección presentadas
0 a 17	8.512
18 a 30	23.902
31 a 60	27.224
61 y más	1.380
Total	61.018

* Edad en el momento de la presentación de la solicitud

Número de solicitudes iniciales de visado de protección presentadas en el período del 1º de junio de 1997 al 31 de octubre de 2004, por sexo

Sexo	Número de solicitudes de visado de protección presentadas
Varones	40.633
Mujeres	20.385
Total	61.018

Número de solicitudes iniciales de visado de protección presentadas en el período del 1º de junio de 1997 al 31 de octubre de 2004, por nacionalidad (las primeras 40)

Nacionalidad	Número de solicitudes	Nacionalidad	Número de solicitudes
China (RPC)	7.829	Myanmar	537
Indonesia	6.579	Egipto	499
Iraq	5.558	Ex Yugoslavia	488
Afghanistán	4.260	Ucrania	485
India	3.767	Tonga	398
Sri Lanka	3.057	Ex Rep. Yug. de Macedonia	356
Filipinas	2.721	Kampuchea	353
Fiji	2.448	Albania	309
Irán	1.807	Argelia	303
Malasia	1.647	Nigeria	300
Corea, República de	1.604	Yugoslavia, Rep. Fed.	293
Tailandia	1.412	Perú	285
Bangladesh	1.383	Autoridad palestina	281
Pakistán	966	Somalia	231
Colombia	900	Sudáfrica, Rep. de	217
Líbano	886	Mongolia	209
Viet Nam	813	Siria	200
Turquía	807	Jordania	178
Federación de Rusia	631	Zimbabwe	175
Nepal	573	Otros (142)	4.714
Apátridas	559	Total	61.018

La nacionalidad que se indica es la dada por el solicitante.

318.Los servicios del Departamento de Inmigración y Ciudadanía indican que al 13 de julio de2007 se habían resuelto favorablemente 17.240 solicitudes de visado de protección durante el período abarcado por el informe (1º de junio de 1997 a 31 de octubre de 2004). En los cuadros siguientes se da la distribución por edad, sexo y nacionalidad. Cabe señalar que las personas que llegaron sin autorización a Australia después de octubre de 1999 sólo tienen derecho, en un principio, a un visado de protección temporal. Las cifras antes mencionadas se refieren a la concesión inicial de visados de protección. Cuando posteriormente se concede a un titular de visado de protección otro visado (permanente o temporal), ese visado subsiguiente no se cuenta en las cifras antes indicadas.

Visados de protección iniciales concedidos en el período del 1º de junio de 1997 al 31 de octubre de 2004, por edad

Grupo de edad de los solicitantes*	Visados de protección concedidos
0 a 17	3.918
18 a 30	7.024
31 a 60	5.832
61 y más	466
Total	17.240

* Edad en el momento de la presentación de la solicitud

Visados de protección iniciales concedidos en el período del 1º de junio de 1997 al 31 de octubre de 2004, por sexos

Sexo	Visados de protección concedidos
Varones	12.557
Mujeres	4.683
Total	17.240

Vi sados de protección iniciales concedidos en el período del 1º de junio de 1997 al 31 de octubre de 2004, por nacionalidad (las primeras 40)

Nacionalidad	Visados concedidos	Nacionalidad	Visados concedidos
Iraq	5.425	India	88
Afganistán	3.976	Siria	68
Sri Lanka	1.287	Zimbabwe	67
Irán	1.115	Etiopía	67
Apátridas	438	Kampuchea	65
Turquía	427	Ucrania	63
China (RPC)	402	Sudán	62
Myanmar	394	Jordania	59
Colombia	279	Nigeria	49
Federación de Rusia	232	Albania	47
Pakistán	226	URSS	46
Argelia	220	Viet Nam	42
Ex Yugoslavia	206	Nepal	37
Somalia	198	Perú	36
Egipto	163	Islas Salomón	30
Líbano	152	Brasil	28
Indonesia	139	Bosnia-Herzegovina	27
Autoridad palestina	134	Belarus	21
Yugoslavia, Rep. Fed.	133	Sierra Leona	20
Kuwait	98	Otras (86)	586
Bangladesh	88	Total	17.240

La nacionalidad es la dada por el solicitante.

b) Número de deportaciones o expulsiones forzadas

319.Australia se complace en proporcionar los siguientes datos con respecto al párrafo b) de la pregunta 12. Desgraciadamente no se puede dar una distribución más precisa de las cifras.

Devoluciones por nacionalidad 1 ,1996 / 1997 – 2006 / 2007

Nacionalidad	Número
Afganistán	764
Albania	147
Alemania, República Federal de	933
Angola	11
Apátridas	119
Arabia Saudita	38
Argelia	65
Argentina	141
Armenia	12
Austria	162
Autoridad palestina	85
Bahrein	22
Bangladesh	731
Belarús	18
Bélgica	105
Birmania (Myanmar)	201
Bolivia	44
Bosnia-Herzegovina	26
Botswana	41
Brasil	864
Brunei Darussalam	62
Bulgaria	135
Camboya	251
Canadá	1.175
Checoslovaquia	99
Chile	320
China	9.428
Chipre	44
Colombia	489
Congo	14
Congo, República Democrática del	10
Corea, República de	5.671
Corea, República Popular Democrática de	22
Costa Rica	11
Croacia	65
Cuba	13
Dinamarca	157
Ecuador	135
Egipto, República Árabe de	238
El Salvador	57
Emiratos Árabes Unidos	25
Eritrea	12
Eslovaquia	158
Eslovenia	31
España	213
Estados Unidos de América	2.537
Estonia	11
Etiopía	0
Ex República yugoslava de Macedonia	346
Federación de Rusia	360
Fiji	2.654
Filipinas	6.303
Finlandia	45
Francia	634
Georgia	39
Ghana	83
Grecia	413
Guinea	10
Hong Kong (región administrativa especial de China)	2.444
Hungría	223
India	4.191
Indonesia	15.110
Irán	443
Iraq	406
Irlanda	3.348
Islas Salomón	124
Israel	656
Italia	657
Jamaica	13
Japón	1.515
Jordania	154
Kazajstán	290
Kenya	297
Kiribati	22
Kuwait	19
Laos	120
Letonia	34
Líbano	974
Liberia	12
Lituania	69
Macao (región administrativa especial de China)	39
Malasia	6.243
Malawi	19
Maldivas	11
Malta	26
Marruecos	69
Mauricio	204
México	89
Moldova	30
Mongolia	84
Nauru	169
Nepal	484
Nigeria	215
Noruega	188
Nueva Caledonia	19
Nueva Zelandia	705
Omán	28
Países Bajos	457
Pakistán	881
Papua Nueva Guinea	1.759
Paraguay	13
Perú	284
Polonia	447
Portugal	207
Refugiados	12
Reino Unido	9.313
República checa	195
Rumania, República Popular (2/1/2002)	226
Samoa	786
Samoa americana	11
Senegal	11
Serbia y Montenegro	25
Seychelles	14
Sierra Leona	18
Singapur	998
Siria	177
Somalia	52
Sri Lanka	1.829
Sudáfrica, República de	694
Sudán	23
Suecia	296
Suiza	287
Tailandia	4.336
Taiwán	1.030
Tanzania	749
Timor Oriental (así designado)	92
Tonga	328
Trinidad y Tabago	17
Túnez	12
Turquía	639
Tuvalu	16
Ucrania	226
Uganda	43
Unión Soviética	123
Uruguay	104
Uzbekistán	20
Vanuatu	53
Venezuela	47
Viet Nam	2.390
Yemen	15
Yugoslavia, República Federal de	335
Zambia	98
Zimbabwe	193
Desconocida	7.368
Otras nacionalidades2	172
Total	114.013

1Noincluyealosaustralianos, esdeciraloscónyugesyfamiliaresdependientesqueacompañana losdeportados.

2Todaslasnacionalidadesrespectodelascualeshansidodeportadasmenosde 10 personas.

c) número de solicitantes de asilo o de emigrantes en situación irregular o indocumentados rechazados a los que se mantiene en detención administrativa en instalaciones de detención para inmigrantes y otros lugares de detención.

320.Del 1º de enero de 1997 al 27 de julio de 2007 llegaron (por barco o por avión) 20.029 personas sin autorización, que fueron recluidas en centros de detención para inmigrantes. En el cuadro que figura a continuación se da la distribución por grupos de edad de las personas que llegaron sin autorización y quedaron detenidas en los centros de 1997 a 2007.

17 o menos	18 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 y más	Total
2.931	8.680	5.536	2.170	540	172	20.029

321.De las 20.029 personas que llegaron sin autorización y fueron recluidas en los centros de detención para inmigrantes de 1997 a 2007, 3.928 eran mujeres y 16.101 varones. En el cuadro siguiente se indica la procedencia de los inmigrantes ilegales (10 primeros países).

Llegadas no autorizadas de 1997 a 2007 – Diez primeros países

Nacionalidad	Total
*Iraq	5.436
*Afganistán	4.337
República Popular China (incluida China así llamada y los residentes de Hong Kong) (excluidos los pescadores extranjeros ilegales)	1.570
*Irán	1.002
Malasia	898
Sri Lanka	788
Indonesia (excluidos los pescadores extranjeros ilegales)	563
Corea, República de (Sur)	328
Tailandia	322
Nueva Zelandia	271

* La mayoría de los detenidos de Iraq, Afganistán e Irán llegaron por barco sin autorización en el período 1999-2000 a 2000-2001.

322.Todos los países se enumeran en el cuadro siguiente:

Nacionalidad	Número
Iraq	5.436
Afganistán	4.337
República Popular China (incluida la China así llamada y los residentes de Hong Kong) (excluidos los pescadores extranjeros ilegales)	1.570
Irán	1.002
Malasia	898
Sri Lanka	788
Indonesia	563
Corea, República de (Sur)	328
Tailandia	322
Nueva Zelandia	271
Turquía	268
Filipinas	247
Desconocida	236
Viet Nam	235
Argelia	228
India	224
Autoridad Palestina	187
Somalia	167
Pakistán	166
Bangladesh	136
Reino Unido	131
Kuwait	128
Singapur	123
Estados Unidos de América	120
Fiji	94
Corea (sic)	75
Japón	71
Siria	67
Nigeria	63
Taiwán	59
Tonga	58
Italia	53
Gran Bretaña	50
Albania	49
Francia	38
Líbano	32
Sudáfrica, República de	32
Egipto, República Árabe de	30
Nepal	30
Federación de Rusia	30
Israel	28
Papua Nueva Guinea	28
Canadá	27
Samoa	27
Sudán	25
Alemania, República Federal de	24
Ghana	22
Irlanda (sic)	22
República irlandesa	20
Grecia	19
Colombia	18
Marruecos	18
Territorios Británicos de Ultramar	17
Ex Yugoslavia	17
Kenya	15
Ucrania	15
Brasil	14
Inglaterra	14
España	14
Bulgaria	13
Polonia	13
Rumania antes del 2/1/2002	12
Islas Salomón	12
Suecia	12
Hungría	11
Birmania	10
Sierra Leona	10
Yugoslavia, Rep. Fed. de	10
Zaire	10
Ex Rep. Yugoslava de Macedonia	9
Jordania	9
Países Bajos	9
Túnez	9
Yemen	9
Camboya, Reino de	8
Etiopía	8
Libia	8
Lituania	8
Perú	8
URSS	8
Dinamarca	7
Austria	6
Alemania (sic)	6
Liberia	6
Noruega	6
Argentina	5
Bahrein	5
Ecuador	5
Rep. Pop. Dem. Lao	5
Rwanda	5
Uganda	5
Chad	4
Checoslovaquia	4
Corea, Rep. Dem. Pop. de (Norte)	4
Moldova	4
Portugal	4
Eslovaquia	4
Venezuela	4
Zimbabwe	4
América (sic)	3
Angola	3
Bélgica	3
Botswana	3
Chile	3
Congo, Rep. Del	3
Croacia	3
Kampuchea	3
Myanmar	3
Nauru	3
Arabia Saudita	3
Eslovenia	3
Uruguay	3
Vanuatu	3
Territorios Dependientes del Reino Unido	2
Brunei Darussalam	2
Burundi	2
Islas Cook	2
Côte d'Ivoire	2
República Checa	2
República Democrática del Congo	2
Georgia	2
Kirguistán	2
Letonia	2
Senegal	2
Suiza	2
Emiratos Árabes Unidos	2
Viet Nam, Sur (sic)	2
África (sic)	1
Armenia	1
Belarús	1
Bosnia-Herzegovina	1
Ciudadanía Británica de Ultramar	1
Camerún	1
Costa Rica	1
Cuba	1
Chipre	1
República Democrática de Timor-Leste	1
Eritrea	1
Estonia	1
Kazajstán	1
Kiribati	1
Luxemburgo	1
Malta	1
Mauricio	1
Mongolia	1
Mozambique	1
Nuevas Hébridas	1
Nicaragua	1
Omán	1
Palau	1
Panamá	1
Papua	1
Refugiados distintos de los de las Naciones Unidas	1
Serbia y Montenegro	1
Seychelles	1
Tanzanía	1
Timor Oriental	1
Trinidad y Tabago	1
Tuvalu	1
Uzbekistán	1
Apátridas	301
TOTAL	20.029

Resumen de las estadísticas de detenidos

323.Al 17 de agosto de 2007 había 483 inmigrantes en los centros de detención, incluidas 63 personas en detención en la comunidad. De esas 483 personas, 30 eran pescadores extranjeros ilegales. La mayoría de éstos permanecen detenidos durante poco tiempo, hasta que sean deportados de Australia.

Lugar de detención	Hombres	Mujeres	Niños	Total
Centro de detención de inmigrantes de Villawood	241	21		262
Centro de detención de inmigrantes del Norte (Darwin)	25			25
Centro de detención de inmigrantes de Maribyrnong	36	6		42
Centro de detención de inmigrantes de Perth	13			13
Centro de detención de inmigrantes de Baxter	9			9
Centro de detención de inmigrantes de Christmas Island	2			2
Residencia de inmigrantes de Port Augusta	2			2
Residencia de inmigrantes de Sydney	10	5	8	23
Residencia de inmigrantes de Perth	4	2		6
Total de  personas en los centros de detención de inmigrantes y las residencias de inmigrantes	342	34	8	384
Detención en la comunidad1	20	12	31	63
Otras formas de detención temporal en la comunidad2	28	7	1	36
Total	390	53	40	483

1 En la detención en la comunidad el inmigrante no tiene que estar acompañado por una persona designada.

2 Incluye la detención en la comunidad con persona designada en casas particulares, reformatorios, cuarteles de policía, hoteles, pisos, hogares de guarda, hospitales.

324.De las 483 personas detenidas en los centros de inmigrantes, 373 lo están por motivos relacionados con el cumplimiento de su estancia, es decir, por haber rebasado el tiempo fijado en su visado o incumplir las condiciones de su visado, lo cual entraña la anulación de éste.

325.De las 483 personas detenidas en los centros, 4 habían llegado sin autorización por barco y 49 por avión sin autorización.

326. Hay en los centros de detención 89 inmigrantes que solicitan asilo o piden revisión en cuanto al fondo o la simple revisión judicial de una decisión relacionada con su solicitud de visado de protección. De ellos, 25 están esperando que el Departamento de Inmigración y Ciudadanía resuelva su petición. La mayoría de los solicitantes de asilo llegan a Australia con un visado válido y viven en la comunidad mientras gestionan sus casos.

327.De los 483 inmigrantes detenidos, 205 han permanecido menos de tres meses en los centros de detención.

328. Al 17 de agosto de 2007, treinta y un niños estaban en detención en la comunidad, ocho en residencias para inmigrantes y uno se hallaba en detención temporal en la comunidad. No hay niños en los centros de detención de inmigrantes.

d) Número de  personas trasladadas a centros de detención en ultramar en el contexto de la denominada "solución del Pacífico"

329.Véase la respuesta a continuación.

e) Países a los que se expulsó a esas  personas

330.La estrategia del Pacífico consiste en varias iniciativas destinadas a luchar contra el contrabando de personas. La tramitación de los solicitantes de asilo de ultramar, es decir, en Papua Nueva Guinea y Nauru, forma parte de la "estrategia del Pacífico". Las gestiones abarcan la determinación de la identidad de los solicitantes de asilo, la comprobación de su estado de salud y, lo que es importante, el estudio de toda reclamación en el marco de la protección de refugiados y de toda reclamación de no devolución. Los centros de tramitación de ultramar no son centros de detención, ya que todos los residentes se hallan presentes en el país huésped en calidad de titulares de visados para fines especiales.

331. Las instalaciones de Papua Nueva Guinea están actualmente en reserva, ya que no hay ningún residente en ese centro.

332. Ni Nauru ni Papua Nueva Guinea son territorios bajo la jurisdicción de Australia a los efectos de la Convención contra la Tortura. Ello no obstante, Australia se ha cerciorado de que existen procedimientos para evaluar cualquier problema en materia de no devolución, incluidas las afirmaciones según las cuales una persona corre peligro de muerte, tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante si es devuelta a otro país.

333. En total, 1.524  personas fueron trasladadas a los centros de tramitación de Nauru y Manus entre 2001 y 2003, y nacieron 23 niños en los centros. El último miembro de este grupo de 1.547  personas salió de Nauru para reasentarse en un país escandinavo en febrero de 2007. En septiembre y octubre de 2006, un nuevo grupo de 8 varones adultos de Birmania fue trasladado al centro de tramitación de Nauru. Ochenta y dos nacionales de Sri Lanka que fueron interceptados al intentar entrar en Australia ilegalmente cerca de Christmas Island fueron trasladados a Nauru en marzo de 2007.

334. Las  personas que son llevadas a países "declarados" no son expulsadas, sino trasladadas legalmente en virtud del artículo  198A de la Ley de inmigración australiana. Nadie ha sido expulsado de un centro de tramitación por el Gobierno de Papua Nueva Guinea o de Nauru. Los solicitantes de asilo han sido reasentados o bien han aceptado el retorno voluntario. No se han producido retornos involuntarios o forzados de los centros de tramitación de ultramar.

Artículo 4

Pregunta 13

Sírvanse aclarar si en las leyes penales de los distintos Estados o territorios se tipifica un delito específico de tortura (que comprendería los actos de tortura, la tentativa de actos de tortura y la complicidad o participación en la tortura) que se distinga cualitativamente de otros delitos. Sírvanse también indicar las penas que lleva aparejadas ese delito y si se fija un plazo de prescripción.

335. Toda conducta que quedara comprendida en la definición de "tortura" de la Convención o que constituyera un trato o castigo cruel, inhumano o degradante es delito penal en todos los ordenamientos australianos. El Comité tendrá a bien remitirse al párrafo  21 del Apéndice 1 y al cuadro 1 del cuarto informe de Australia, así como a los párrafos 46 a 49 de los informes segundo y tercero de Australia. Los correspondientes delitos en cada ordenamiento se indican a continuación.

Información del Gobierno Federal

336. La Ley de delitos (de tortura) de 1988 (federal) tipifica como delitos los actos de tortura cometidos fuera de Australia, actos que llevan aparejada la misma pena que si se hubiesen cometido en Australia.

337. La División 268 del Código Penal sanciona los delitos de genocidio (castigados con pena de cadena perpetua), los crímenes de lesa humanidad (que llevan aparejadas penas de 17  años de prisión a cadena perpetua) y los crímenes de guerra (castigados con penas de 10  años de prisión a cadena perpetua).

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

338. En Nueva Gales del Sur no existe el delito específico de tortura. En los apéndices y cuadros de la página iv) del cuarto informe de Australia presentado de conformidad con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se hallarán pormenores de las disposiciones de la Ley de delincuencia de 1900 (Nueva Gales del Sur) que son aplicables en relación con los delitos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora bien, la tortura se tiene en cuenta como circunstancia agravante a la hora de pronunciar la sentencia. También hay en Nueva Gales del Sur una jurisprudencia según la cual los homicidios acompañados de tortura pueden colocar al culpable en una categoría de delitos que merece naturalmente una condena a cadena perpetua.

339. La única referencia directa a la tortura en la legislación penal de Nueva Gales del Sur se halla en los artículos  91G y 91H de la Ley de delincuencia en el contexto de los delitos de utilización de niños en la pornografía. En el artículo  91G se dispone que es delito utilizar a niños con fines pornográficos. En el apartado c) del párrafo  3 de ese artículo  se precisa que una persona utiliza a un niño con fines pornográficos si el niño es sometido a tortura, crueldad o malos tratos físicos (independientemente de que sea en un contexto sexual), con la finalidad de producir material pornográfico. La pena máxima para esos delitos es de 10 ó 14  años , según que el niño sea menor o mayor de 14  años .

340. De igual modo, a tenor del artículo  91H de la Ley de delincuencia, es delito producir, difundir o poseer material pornográfico en que se utilizan niños, y en la definición de material pornográfico se incluye el material que muestra o describe, de una manera que resultaría ofensiva para una persona razonable en cualquier circunstancia a un menor (o aparentemente menor) de 16  años como víctima de torturas, actos de crueldad o malos tratos (independientemente de que sea en un contexto sexual) (apartado c) del párrafo  1). La producción o difusión de material pornográfico en que se utilizan niños se castiga con una pena máxima de 10  años de prisión y la posesión de ese material con una pena máxima de 5  años de prisión.

Victoria

341. El ordenamiento de Victoria no especifica ningún delito concreto de tortura, aunque éste queda expresamente prohibida a tenor de la Carta de derechos y responsabilidades de Victoria. Se hallarán pormenores de las disposiciones penales pertinentes y de las penas previstas en el derecho de Victoria en el Apéndice 1 y el cuadro 1 del cuarto informe de Australia.

Queensland

342. En el artículo  320A del Código Penal de Queensland se tipifica el delito concreto de tortura. Según la definición, la tortura consiste en infligir grave sufrimiento o dolor (físico, mental, psicológico o emocional) a una persona mediante un acto o una serie de actos. La pena máxima para el delito de tortura es de 14  años de prisión.

343. En Queensland incurre también en responsabilidad penal la persona que participa en un delito. El artículo  7 del Código considera culpable de un delito al que realiza efectivamente el acto punible, al que hace algo para ayudar a otro a realizarlo, al que ayuda a otro a realizarlo o al que aconseja o consigue la participación de otro para realizarlo. Además, en el artículo  8 del Código se dispone que "cuando dos o más  personas forman el propósito común de realizar juntas un fin ilegal y en la realización de ese propósito común se comete un delito de naturaleza tal que su comisión era una consecuencia probable de la realización de ese fin, se considera que cada una de ellas ha cometido el delito". La persona reconocida culpable de participar en una delito incurre en la misma pena máxima que el delincuente principal.

344. El Código Penal también sanciona el delito de conspiración para cometer un delito ( artículo  41) y las tentativas de cometer un delito ( artículo  535).

345. Por lo que respecta a la prescripción, el artículo  6 de la Ley de prescripción de los delitos dispone que esa Ley no se aplica al enjuiciamiento por la Corona de un delito castigado por una ley.

Australia Occidental

346. No se castiga ningún delito específico de tortura en el ordenamiento jurídico de Australia Occidental, pero en su Código Penal se prevén ciertos delitos que podrían imputarse en relación con la tortura, en particular el de causar intencionalmente graves lesiones corporales (castigado con 20  años de prisión) y el de causar graves lesiones corporales (7  años de prisión). Los delitos tipificados en el Código quedaron enumerados en el Apéndice 1 del cuarto informe de Australia presentado con arreglo a la Convención contra la Tortura. No se han producido cambios importantes desde entonces, salvo que se ha incluido un nuevo artículo  306 que crea el delito concreto de mutilación genital femenina, al que se hace referencia en respuesta a la pregunta 38.

Australia Meridional

347. La legislación de Australia Meridional no sanciona un delito concreto de tortura, pero el artículo  5AA de la Ley de consolidación del derecho penal tiene por efecto que algunos delitos se convierten en delitos agravados, castigados con penas más altas si el autor cometió el delito infligiendo deliberada y sistemáticamente graves sufrimientos a la víctima.

348.El artículo 33 de la Ley del terrorismo dispone que toda persona detenida con arreglo a dicha Ley debe ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad y no debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La infracción a esta salvaguardia constituye un delito a tenor del artículo 45 si el autor realiza intencionalmente la conducta en violación del artículo 33. La pena máxima por ese delito es de dos años de prisión.

349. Si una persona es juzgada por un delito menor, es decir, entre otros, los castigados con una pena máxima de dos  años de prisión, las diligencias deben iniciarse dentro de unos plazos definidos. Esos límites se fijan en el artículo  52 de la Ley de procedimiento abreviado de 1921 (Australia Meridional). En el caso de un delito que no admite reparación, las diligencias deben iniciarse "a los dos  años de la fecha en que se presume que el delito fue cometido".

Tasmania

350.No existe el delito específico de "tortura" en el derecho de Tasmania. Sin embargo, un acto de tortura constituiría una agresión a tenor de la Ley del Código Penal de 1924, castigada con una pena máxima de 21 años de prisión. No hay plazo de prescripción en la Ley del Código Penal de 1924.

Territorio de la Capital Australiana

351. El derecho del Territorio de la Capital Australiana castiga expresamente dos actos que constituirían tortura. El párrafo  2 del artículo  36 de la Ley de delincuencia de 1900 dispone explícitamente que comete un delito el funcionario público o la persona que actúa a título oficial, o la persona que actúa por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal persona y comete un acto de tortura. Este delito se castiga con pena de prisión de un máximo de 10  años .

352. A tenor del párrafo  1 del artículo  48 de la Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales) de 2006 la persona que se halla en poder de la policía o que se halla detenida (incluso en cumplimiento de una orden de prisión provisional):

a) debe ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad;

b) no debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes por nadie que ejerza autoridad con arreglo a la orden o que la ejecute o la lleve a la práctica.

353. El párrafo  2 del artículo  48 tipifica como delito la actuación contraria al precepto del párrafo  1 de ese mismo artículo. La sanción máxima para ese delito es de 200 unidades de multa, dos  años de prisión o ambas penas.

Infracción incoativa y responsabilidad subsidiaria en el caso de los delitos de terrorismo

354. La persona que intenta cometer uno de los delitos de tortura antes indicados es culpable de un delito en el grado de tentativa para cometer ese delito y puede ser castigada como si hubiese cometido realmente el delito de tortura [ artículo  44 del Código Penal de 2002].

355. La persona que deliberadamente ayuda en la comisión de un delito de tortura, incita a cometerlo, o aconseja o facilita la comisión de tal delito se considera autora del delito de tortura y puede ser castigada en consecuencia [ artículo  45 del Código Penal].

356. La persona que incita a cometer un delito de tortura es culpable de incitación a la comisión de ese delito. La persona declarada culpable de incitar a la comisión de un delito de los tipificados en el artículo  48 de la Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales) puede ser castigada con dos  años de prisión como máximo y 200 unidades de multa o ambas penas. La persona declarada culpable de incitar a la comisión de un delito del artículo  36 de la Ley de delincuencia puede ser castigada con cinco  años de prisión como máximo o 500 unidades de multa, o con ambas penas [ artículo  47 del Código Penal].

357. La persona que conspira para cometer un delito de tortura es culpable del delito de conspiración para cometer un delito de tortura y puede ser castigada como si hubiese cometido ese delito [ artículo  48 del Código Penal].

Plazo de prescripción del inicio del enjuiciamiento

358. A tenor del artículo  192 de la Ley de disposiciones legislativas de 2001, no hay prescripción para el enjuiciamiento por un delito de los tipificados en el artículo  48 de la Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales) y del artículo  36 de la Ley de delincuencia.

Territorio del Norte

359. El Código Penal del Territorio del Norte no tiene ningún delito concreto de tortura que pueda distinguirse cualitativamente de otros delitos afines. Sin embargo, como ya se señaló en el cuarto informe de Australia presentado con arreglo a la Convención (parte 2.2 y cuadro 1), los actos que podrían constituir tortura se castigan como delitos con arreglo al derecho penal aplicable.

360. En el artículo  164G del Código Penal se precisan las circunstancias agravantes de un delito cometido en contravención del artículo  174C (poner temerariamente en peligro la vida de otro) o al artículo  174D (exponer temerariamente a un grave peligro), casos en los cuales se aplican penas máximas aumentadas. La "tortura" no se menciona expresamente como factor agravante, pero entre las circunstancias de agravación figura el caso en el que el delito se ha cometido contra una persona abusando de una situación de confianza (apartado e) del artículo  174G) y contra una persona abusando de una situación de autoridad (apartado f) del artículo  174G).

Pregunta 14

Sírvanse facilitar información sobre el Código Penal Modelo de la Nación y su aplicación en todo el país. Sírvanse también aclarar si en ese Código la tortura se considera sólo como circunstancia agravante de otros delitos o si se tipifica como delito autónomo.

361. El Código Penal Modelo no contiene ningún delito típico de tortura.

362. El grado de aplicación del Código Penal Modelo varía según los ordenamientos; su ámbito de aplicación más amplio es al nivel federal. Hasta la fecha la prioridad concedida a la aplicación de los diversos capítulos del Código Penal Modelo se ha determinado según los casos y ha variado de una jurisdicción a otra (véanse los detalles de aplicación en el cuadro que figura más adelante).

363. La tipificación de los delitos contra la persona se elaboró en 1998-1999 y el Gobierno de Australia ha aplicado esos criterios a los delitos contra la persona. En todas las demás jurisdicciones se castigan los delitos de mutilación genital femenina, y en otras, en cambio, se han agregado delitos concretos como el acoso. En este capítulo del delito modelo se dispone que la tortura ha de considerarse como circunstancia agravante en la comisión de otros delitos.

364.Los datos sobre los delitos agravados en la legislación penal de los Estados y Territorios se incluyen en la respuesta a la pregunta 13.

Capítulo del Código Penal Modelo	Federal	Nueva Gales del Sur	Victoria	Queensland	Australia Occidental	Australia Meridional	Tasmania	Territorio de la Capital Australiana	Territorio del Norte
1 y 2 Principios generales (1992)	Sí (1995)	En parte (legítima defensa)	No	No	No	En parte (legítima defensa: jurisdicción)	No	Sí (2002)	Sí (2006)
3 fraude soborno (1995)	Sí (2000)	No	Un delito similar	No	No	La mayoría de los aspectos (2002)	No	Sí (2004)	No
4 Daños informáticos (2001)	Delitos informáticos (2002)	Delitos informáticos por incendio (2001)	Delitos informáticos por incendio y con daños (2003)	No	Delitos similares de incendio	Delitos de incendio con sabotaje informático (2004)	No	Sí (2002)	Delitos informáticos
5 Delitos contra la persona (1998/1999)	Sí (2000/2002)	MGF, agresión sexual a niños (1994)	MGF (1996)	MGF (2000)	MGF (2004)	MGF (1995) Otros aspectos (2003)	MGF (1995) Acoso (1995/1999/2004)	MGF, acoso (1995)	MGF (1995)
6 Tráfico de estupefacientes (1998)	Sí (2005)	Delitos de utilización de menores (1998)	Sí (1997)	No	No	Sí (2005)	Sí (2001)	Sí (2005)	No
7 Delitos contra la justicia (1998)	No	No	No	No	No	No	No	Sí (2005)	No
8 Contaminación de mercancías (1998)	Sí (2004)	Sí (1997)	Sí (1998)	Sí (1997)	Sí (2004)	Sí (1999)	Sí (1999)	Sí (2000)	Sí (1999)
9 Esclavitud y esclavitud sexual (1998)	Sí (1999)	Sí (2001)	Sí (2004)	No	Sí (2004)	Sí (2000)	No	Sí (2000)	Sí (2001)

Artículo 5

Pregunta 15

Sírvanse indicar si el Estado Parte ha aplicado alguna vez la sección VII de la Ley de delitos (de tortura) de 1988 que permite a los tribunales australianos enjuiciar a toda persona que se halle en su territorio y que haya cometido el delito de tortura fuera de Australia.

365.El Departamento del Fiscal Federal no ha iniciado diligencias en ningún asunto en el marco de la Ley de delitos (de tortura).

Pregunta 16

Sírvanse aclarar si el Estado Parte considera que la Convención es aplicable también a las  personas bajo su jurisdicción en aquellos casos en que tropas o policías australianos estén destacados en el extranjero.

366.Australia ha desempeñado escrupulosamente las obligaciones que le impone el Artículo 5 de la Convención.

367.Los actos de tortura constituyen delitos en toda Australia con arreglo al derecho penal australiano.

368.Todo ciudadano australiano, incluidos el personal de las Fuerzas de Defensa de Australia y los agentes de policía, que comete un acto de tortura en cualquier parte del mundo puede ser enjuiciado con arreglo al derecho australiano.

369.Los preceptos legislativos pertinentes se indican en el apéndice 1 y en el cuadro 1 del cuarto informe de Australia presentado con arreglo a la Convención. Figuran, en particular, en la Ley de delitos (de tortura) de 1998, la Ley de delincuencia (en ultramar), la Ley de sanciones disciplinarias contra las Fuerzas de Defensa, de 1982 y la Ley del Código Penal de 1995.

370.La obligación de crear una jurisdicción para los actos de tortura cometidos en una buque o una aeronave australianos queda satisfecha en la Ley federal de delitos marítimos de 2000, la Ley federal de delitos (de aviación) de 1991 y las correspondientes disposiciones legislativas de los Estados y los Territorios.

371.Se aplicarán una o varias de las leyes antes mencionadas al personal de las Fuerzas de Defensa de Australia o a los agentes de policía destacados en el extranjero que tengan bajo su custodia a personas detenidas.

372.Además, el personal de las Fuerzas de Defensa de Australia o los agentes de policía destacados en el extranjero en situaciones de conflicto armado de carácter internacional o no internacional deben cumplir y respetar las obligaciones del derecho internacional humanitario aplicable.

Artículos 6, 7, 8 y 9

Pregunta 17

Sírvanse facilitar información de los casos, si los hubiere, en los que el Estado Parte haya rechazado una petición de extradición de otro Estado de presuntos autores del delito de tortura y en que, como resultado de ello, haya iniciado su propia acción penal.

373.No hay ningún caso que corresponda a esta categoría.

Pregunta 18

Sírvanse comentar la información de que en la actualidad, a tenor de la Ley de asistencia mutua en asuntos penales de 1987 y de la Ley de extradición de 1988, no sería obligatorio rechazar una solicitud de extradición o de asistencia mutua en circunstancias en que haya motivos fundados para creer que su aceptación puede resultar en la violación de los derechos de la persona enunciados en la Convención. A este respecto, sírvanse explicar el punto de vista del Estado Parte en relación con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de que las disposiciones de extradición y asistencia mutua vayan acompañadas de salvaguardias más firmes, ante el riesgo de tortura o de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

374.La Ley de asistencia mutua en asuntos penales de 1987 regula unas facultades discrecionales de denegación que permiten rechazar una solicitud de asistencia mutua cuando hay motivos fundados para creer que la aceptación de esa solicitud puede entrañar la violación de los derechos de la persona enunciados en la Convención. Los incisos e) y g) del apartado 2) del párrafo 8 disponen, respectivamente, que una solicitud puede ser rechazada si la prestación de tal asistencia redundase o puede probablemente redundar en menoscabo de la seguridad de una persona (dentro de Australia o fuera de ella) y "si resulta apropiado, en todas las circunstancias del caso, que no se preste la asistencia solicitada". Estas disposiciones son suficientes para tener la seguridad de que la asistencia mutua prestada por Australia no dará lugar en los países solicitantes a una conducta contraria a los objetivos de la Convención.

375.Por lo que respecta a la extradición, el inciso b) del apartado 3 del párrafo 22 de la Ley de Extradición de 1998 prescribe expresamente que sólo debe entregarse a una persona si el Fiscal General tiene la seguridad de que esa persona no será sometida a tortura en el país que solicita la extradición. Por consiguiente, la Ley de Extradición contiene un motivo obligatorio para denegar la entrega de una persona, si el Fiscal General tiene la seguridad de que la entrega no tendrá como consecuencia la violación de los derechos de la persona con arreglo a la Convención.

Artículo 10

Pregunta 19

En el informe del Estado Parte se menciona que el personal del ejército de Australia está sujeto al Código Penal enmendado tras la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y que recibe capacitación en principios de derecho humanitario. Sírvanse indicar si los miembros de las fuerzas armadas y otro personal, incluidos los contratistas, están informados de sus obligaciones dimanantes de la Convención y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

376.Todos los miembros de las Fuerzas de Defensa de Australia, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, tienen la obligación de cursar capacitación sobre sus obligaciones con arreglo al derecho de los conflictos armados y otros instrumentos internacionales, incluida la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de conformidad con la política en materia de defensa. Hay cuatro niveles de formación, desde la básica hasta la más avanzada. La capacitación se imparte en los cursos iniciales de adiestramiento profesional, en determinados cursos de especialización y en la formación previa al despliegue. Se da a los miembros un adiestramiento en consonancia con su nivel de obligaciones y responsabilidades. La formación teórica impartida a los oficiales sin graduación y a los oficiales de rango superior incluye un elemento específico que se refiere a los principios de la responsabilidad de mando. La política de las Fuerzas de Defensa de Australia en Materia de Formación se detalla en la Instrucción de Defensa (General) OPS 33‑1, Australian Defence Force Law of Armed Conflict Training (Capacitación de las Fuerzas de Defensa de Australia en el Derecho de los Conflictos Armados), publicada el 27 de enero de 1994. Esa política se está revisando para ajustarla a las mejores prácticas de gestión.

377.La capacitación de los militares de menor graduación está a cargo de cada servicio, en consulta con los oficiales juristas de apoyo. El Centro de Guerra de las Fuerzas de Defensa de Australia y el Servicio Jurídico de las Fuerzas de Defensa suelen encargarse de dar formación avanzada a los militares de mediana y alta graduación.

378.La formación jurídica profesional de los oficiales juristas de las Fuerzas de Defensa de Australia está a cargo de profesores de universidad y de expertos del Gobierno en la materia. La formación es tanto teórica como práctica. En la capacitación en materia de derecho de los conflictos armados se utiliza toda una serie de métodos de evaluación, en particular exámenes escritos, estudio de problemas teóricos y de acontecimientos que forman parte de los ejercicios de campo de las unidades.

379.La formación previa al despliegue es propia de cada operación y está a cargo de los oficiales juristas de apoyo. A todo el personal de las Fuerzas de Defensa de Australia se da capacitación de perfeccionamiento antes del despliegue en aspectos de la normativa de derechos humanos y del derecho de los conflictos armados. Con esta formación se asegura que el personal de las Fuerzas de Defensa de Australia recibe instrucciones concretas sobre el trato de las personas detenidas. Esta instrucción se basa en los procedimientos normalizados de operación de las Fuerzas o en las instrucciones permanentes para la detención, registro y desarme, que contienen órdenes y orientaciones acordes con las obligaciones internacionales y los requisitos de la política interna de Australia.

380.El personal de las Fuerzas de Defensa de Australia encargado de interrogar a los detenidos debe estar capacitado para hacerlo. Recibe una formación especializada completa para ese fin y actúa bajo fiscalización técnica. Esa formación completa incluye una educación muy amplia sobre las obligaciones humanitarias con arreglo a los Convenios de Ginebra y otros instrumentos internacionales, en particular la Convención contra la Tortura.

381.Todos los contratistas desplegados con las Fuerzas de Defensa reciben la misma capacitación previa al despliegue que los miembros de las Fuerzas de Defensa de Australia. La formación abarca instrucción sobre el derecho de los conflictos armados, así como sobre la Convención contra la Tortura.

382.Asimismo, todos los miembros de la Policía Federal de Australia reciben una capacitación previa al despliegue para misiones internacionales, ya se trate de misiones de las Naciones Unidas o de misiones multilaterales o bilaterales, y esa formación comprende exposiciones sobre los derechos humanos y el derecho internacional.

Pregunta 20

Sírvanse entrar en detalles sobre el tipo de capacitación que se brinda a los funcionarios que se ocupan de las expulsiones, las devoluciones o la extradición de los solicitantes de asilo.

383.Antes de la devolución el Departamento de Inmigración y Ciudadanía realiza un análisis de la situación de todos los solicitantes de asilo que han de salir de Australia involuntariamente. Un grupo de funcionarios capacitados en materia de decisiones sobre refugiados y en las obligaciones internacionales de Australia con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño hace una evaluación de cada caso. Esa evaluación debe llevar el visto bueno del director de la rama correspondiente del programa de protección de Australia antes de que se proceda a la devolución. El traslado voluntario de los solicitantes de asilo rechazados no requiere ninguna certificación previa, pero los funcionarios encargados de esa devolución de personas tienen instrucciones de remitir al servicio encargado de extender las certificaciones previas a la devolución, para estudio ulterior, los casos que revelan una de las siguientes categorías de riesgo:

a)Personas que temen correr el riesgo de persecuciones, torturas o violación de sus derechos al regresar; o

b)Personas que se expondrán a cargos que suponen la pena de muerte; o

c)Personas en cuyo expediente se advierte cierto interés por parte del ACNUR, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en relación con su protección; o

d)Personas que regresan al Iraq, al Irán o al Afganistán; o

e)Personas que se hallan en cualesquiera otra circunstancias que susciten dudas en cuanto a la existencia de problemas para su protección.

384.Además de esas medidas, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía tiene una infraestructura de servicios que funciona caso por caso para atender a sus clientes más vulnerables o a los clientes que se hallan en circunstancias complejas. El Departamento tiene una red de especialistas encargados de la tramitación de casos en cada oficina de Estado o Territorio.

385.La tramitación de casos del Departamento se caracteriza por unos servicios individualizados y dinámicos, que se describe en un plan de gestión de casos basado en una evaluación completa de las necesidades del interesado. Coordinando los servicios según las circunstancias de cada persona, los encargados velan por que la tramitación de cada caso se oriente rápidamente hacia un resultado equitativo, razonable y legal en materia de inmigración.

386.La tramitación se estructura en torno a una "intervención temprana", es decir, que se atiende a las personas cuanto antes para que comprendan cómo funciona el sistema de inmigración y el papel que pueden desempeñar en la solución de su caso.

Pregunta 21

El Comité observa que la gestión de las instalaciones de detención de inmigrantes se ha subcontratado a empresas privadas desde 1998. Sírvanse indicar si el personal de esos contratistas en los centros de detención de inmigrantes está capacitado para cumplir las obligaciones contraídas en virtud de la Convención y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que le son aplicables en el ejercicio de sus funciones.

387.La capacitación que dispensa a su personal el proveedor de servicios de detención en virtud del contrato de servicios de detención incluye un módulo sobre convenciones y tratados internacionales, en la medida en que se aplican al personal en el ejercicio de sus funciones, y en ese módulo se insiste en el respeto de los derechos humanos de las personas que se hallan bajo su custodia y cuidado.

Artículo 11

Pregunta 22

Sírvanse facilitar información actualizada sobre el número de  personas y la tasa de ocupación de los lugares de privación de libertad del sistema de justicia penal.

388.En Australia cada Estado o Territorio ejecuta las penas privativas de libertad respecto de todos los condenados por delitos cometidos en su respectiva jurisdicción, así como de las personas que en esa jurisdicción han sido condenadas por delitos sancionados por el derecho penal federal. Tanto el Gobierno Federal como el Gobiernos de cada Estado o Territorio se encargan de reunir los datos sobre el número de reclusos de las diversas categorías. Esos datos se consignan en ese orden a continuación.

Información del Gobierno Federal

389.En el cuadro 1 se consigna el número de reclusos indígenas y no indígenas en instituciones penitenciarias de adultos, por jurisdicción y para toda Australia, en la noche del 30 de junio de2006.

Cuadro 1. Número de reclusos en toda Australia, por jurisdicción, al 30 de junio de 2006

Lugar	Indígenas	No indígenas	Total 1
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Territorio de la Capital Australiana 2	13	13	89	86	104	< 1
Nueva Gales del Sur	1.951	20	7.667	78	9.822	38
Queensland	1.506	27	4.056	73	5.562	22
Victoria	2.15	6	3.690	95	3.905	15
Australia Meridional	300	19	1244	79	1.567	6
Australia Occidental	1.400	40	2.126	60	3.526	14
Tasmania	53	10	459	90	512	2
Territorio del Norte	653	82	139	18	792	3
Australia	6.091	(24)	19.470	(76)	25.790	100

1 La columna del total incluye a personas de las que no se sabe si son indígenas o no.

2 En el Territorio de la Capital Australiana se incluyen solamente los reclusos en establecimientos del Territorio; los condenados en el Territorio recluidos en cárceles de Nueva Gales del Sur se incluyen en el total de este Estado.

Fuente: ABS Prisoners in Australia 2006.

390.En el cuadro 2 se indican las tasas de reclusos indígenas y no indígenas en toda Australia, por 100.000 habitantes, al 30 de junio de cada año desde 2000.

Cuadro 2. Tasas de presos indígenas y no indígenas en toda Australia (al 30 de junio)

	Indígenas	No indígenas	Total
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006	1.653,2 1.753,5 1.732,0 1.818,0 1.851,9 2.021,2 2.126,9	122,5 122,8 120,4 122.8 124.3 125,3 125,6	149,7 152,5 150,3 154,9 157,1 162,5 163,4

Nota: Las tasas brutas son por cada 100.000 habitantes.

Fuente: ABS Prisoners in Australia 2006

391.En el cuadro 3 se dan las cifras de personas (de todas las edades) recluidas en establecimientos penitenciarios de menores en toda Australia, por jurisdicción, al 30 de junio de2005.

Cuadro 3.  personas recluidas en establecimientos penitenciarios de menores en toda Australia, por jurisdicción, al 30 de junio de 2005 (todas las edades)

Lugar	Indígenas	No indígenas	Total
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Territorio de la Capital Australiana	3	<1	8	2	11	1
Nueva Gales del Sur	141	39	187	40	328	39
Queensland	55	15	46	10	101	12
Victoria	26	7	126	27	152	18
Australia Meridional	27	7	40	8	67	8
Australia Occidental	88	24	30	6	118	14
Tasmania	9	2	30	6	39	5
Territorio del Norte	15	4	2	<1	17	2
Australia	364	100	469	100	833	100

Fuente: AIC Juveniles in Detention 1981-2005 (Taylor 2006)

392.En el cuadro 4 se indican las tasas de reclusos indígenas y no indígenas menores de edad en toda Australia (de 10 a 17 años) desde 2000.

Cuadro 4. Tasas de reclusos indígenas y no indígenas de toda Australia de edades comprendidas entre los 10 y los 17  años (al 30 de junio de cada año)

	Indígenas	No indígenas	Total
2000 2001 2002 2003 2004 2005	323,9 318,1 281,4 320,9 312,9 312,3	17,8 15,1 13,5 16,1 12,2 13,6	31,3 27,9 25,0 29,1 25,5 27,2

Nota: Las tasas son por cada 100.000 habitantes de la población correspondiente.

Fuente: AIC Juveniles in Detention 1981-2005 (Taylor 2006)

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

393.El censo de reclusos de Nueva Gales del Sur muestra que a las 12 de la noche del 30 de junio de 2006 había 9.064 varones encarcelados y 711 mujeres en centros penitenciarios oficiales permanentes y centros de prisión preventiva periódicos. En el cuadro 1, Ubicación y grado de seguridad de los centros penitenciarios, se dan pormenores sobre la tasa de ocupación de esos centros y otros establecimientos de prisión periódicos.

Cuadro 1: Ubicación y grado de seguridad de los centros penitenciarios; Departamento de Servicios Penitenciarios, datos del censo de 2006

	SEXO	TOTAL
	Varones	Mujeres
Centro penitenciario según el grado de seguridad
Seguridad máxima
Cessnock (máxima) Goulburn (máxima) Lithgow Long Bay Hospital (Zona 1) Centro Metropolitano de Programas Especiales (máxima) Centro Metropolitano de Prisión Preventiva y Recepción Mulawa Parklea (máxima) Centro de Casos Especiales - Unidad de Reclusos Retrasados Mentales	108 419 328 68 314 874 -- 714 48 7	1,2% 4,6% 3,6% 0,8% 3,5% 9,6% -- 7,9% 0,5% 0,1%	-- -- -- 9 -- -- 155 -- -- --	-- -- -- 1,3% -- -- 21,8% -- -- --	108 419 328 77 314 874 155 714 48 7	1,1% 4,3% 3,4% 0,8% 3,2% 8,9% 1,6% 7,3% 0,5% 0,1%
Subtotal de seguridad máxima	2.880	31,8%	164	23,1%	3.044	31,1%
Seguridad media
Bathurst (media) Berrima Broken Hill (media) Cooma Dillwynia Grafton (media) John Morony (media) Junee (media) Kariong (menores) Mid-North Coast (media) Parramatta Tamworth (media)	337 -- 42 128 -- 127 227 569 32 341 338 59	3,7% -- 0,5% 1,4% -- 1.4% 2,5% 6,3% 0,4% 3,8% 3,7% 0,7%	-- 74 -- -- 170 -- -- 1 -- 1 -- --	--10,4% -- -- 23.9% -- -- 0,1% -- 0,1% -- --	337 74 42 128 170 127 227 570 32 342 338 59	3,4% 0,8% 0,4% 1,3% 1,7% 1,3% 2,3% 5,8% 0,3% 3,5% 3,5% 0,6%
Subtotal de seguridad media	2.220	24,3%	246	34,6%	2.446	25,0%
Seguridad mínima
Bathurst (mínima) Brewarrina (Yetta Dhinnakkal) Broken Hill (mínima) Cessnock (mínima) Emu Plains Glen Innes Goulburn (mínima) Grafton (mínima) Campamento Ivanhoe (Warakirri) John Morony (mínima) Junee (mínima) Kirkconnell Mannus Centro Metropolitano de Programas Especiales (mínima) Mid-North Coast (mínima) Oberon Parklea (mínima) Silverwater Centro de Casos Especiales – Dawn De Loas St. Heliers Tamworth (mínima)	131 49 25 333 -- 129 116 110 47 292 136 222 154 511 74 106 72 487 43 255 28	1,4% 0,5% 0,3% 3,7% -- 1,4% 1,3% 1,2% 0,5% 3,2% 1,5% 2,4% 1,7% 5,6% 0,8% 1,2% 0,8% 5,4% 0,5% 2,8% 0,3%	-- -- 8 -- 173 -- -- 19 -- -- -- -- -- -- 41 -- -- -- -- -- --	-- -- 1,1% -- 24,3% -- -- 2,7% -- -- -- -- -- -- 5,8% -- -- -- -- -- --	131 49 33 333 173 129 116 129 47 292 136 222 154 511 115 106 72 487 43 255 28	1,3% 0,5% 0,3% 3,4% 1,8% 1,3% 1,2% 1,3% 0,5% 3,0% 1,4% 2,3% 1,6% 5,2% 1,2% 1,1% 0,7% 5,0% 0,4% 2,6% 0,3%
Subtotal de seguridad mínima	3.320	36,6%	241	33,9%	3.561	36,3%
Subtotal de vigilancia a tiempo completo	8.400	92,7%	651	91,6%	9.051	92,6%
Centros de detención periódica
Administración de la detención periódica CDP de Bathurst CDP de Grafton CDP de Mannus CDP Metropolitano de media semana (Fase 1) CDP Metropolitano de fin de semana (Fase 1) CDP Metropolitano (Fase 2) CDP de media semana Norma Parker CDP de fin de semana Norma Parker CDP de Tamworth CDP de Tomago CDP de Wollongong	9 36 32 13 97 216 85 -- -- 13 81 82	0,1% 0,4% 0,4% 0,1% 1,1% 2,4% 0,9% -- -- 0,1% 0,9% 0,9%	1 2 1 2 -- -- -- 14 25 -- 11 4	0,1% 0,3% 0,1% 0,3% -- -- -- 2,0% 3,5% -- 1,5% 0,6%	10 38 33 15 97 216 85 14 25 13 92 86	0,1% 0,4% 0,3% 0,2% 1,0% 2,2% 0,9% 0,1% 0,3% 0,1% 0,9% 0,9%
Subtotal de la detención periódica	664	7,3%	60	8,4%	724	7,4%
Total	9.064	100,0%	711	100,0%	9.775	100,0%

* Menos del 0,05%.

Victoria

394.Al 30 de junio de 2007 había 4.184 personas recluidas en el sistema penitenciario de Victoria (3.926 varones y 258 mujeres). La tasa de utilización de las camas de las celdas era del 97,9%.

Queensland

395.Al 16 de julio de 2007 los establecimientos de seguridad del sistema penitenciario de Queensland estaban funcionando al 97% de su capacidad. Al 30 de junio de 2006 había 5.562 reclusos en los establecimientos del sistema penitenciario de Queensland, o sea, 5.164 varones y 398 mujeres.

396.Por lo que se refiere a los centros de privación de libertad para menores, hay en la actualidad 146 menores recluidos. Los centros de privación de libertad para menores tienen una capacidad de 150.

Australia Occidental

397.Al 10 de junio de 2007 había 3.726 reclusos en las cárceles. La colonia penal de Wooroloo está mejorando algunas de las instalaciones y habilitando otras zonas para mejorar la capacidad. En Bandyup también se están mejorando las unidades de autoasistencia y se planean nuevas unidades. En la cárcel de Bunbury se están añadiendo 72 camas para reclusos de seguridad mínima.

398.La Dirección Penitenciaria de Adultos elabora un plan para alojar una población de 4.100 reclusos. El plan se basará en un estudio de las necesidades en materia de infraestructura, personal y otros recursos.

399.En el cuadro siguiente se indica la tasa de ocupación de las cárceles de adultos de Australia Occidental al 10 de junio de 2007.

	Instalaciones internas	Campamentos de trabajo
Capacidad	Número de reclusos	% de ocupación	Capacidad	Número de reclusos	% de ocupación
Total del Estado 1	3.261	3.726	114,3	122	84	68,9
Acacia	750	783	104,4	–	–	–
Albany	186	203	109,1	32	18	56,3
Bandyup	147	201	136,7	–	–	–
Boronia	70	54	77,1	–	–	–
Broome	66	117	177,3	46	36	78,3
Bunbury	188	203	108,0	–	–	–
Casuarina	397	563	141,8	–	–	–
Eastern Goldfields	100	103	103,0	24	12	50,0
Greenough	219	233	106,4	–	–	–
Hakea	617	736	119,3	–	–	–
Karnet	174	174	100,0	–	–	–
Roebourne	116	149	128,4	8	8	100,0
Wooroloo	231	207	89,6	12	10	83,3

1 No se incluyen 20 personas recluidas en los calabozos de la policía o en hospitales en la época del recuento.

Menores delincuentes

400.Hay en Australia Occidental dos centros para menores delincuentes. El centro de Banksia Hill tiene una capacidad diseñada de 104. Al 7 de junio de 2007 estaban recluidos en Banksia Hill 100 menores. El centro de detención de menores de Whilst Rangeview tiene una capacidad de 64. Al 7 de junio de 2007 estaban recluidos 47 menores.

Australia Meridional

401.Al 17 de julio de 2007 había 1.773 reclusos en el sistema penitenciario de Australia Meridional. En esa fecha el sistema penitenciario tenía una capacidad aprobada de 1.795 camas y estaba funcionando al 98,77% de la capacidad aprobada. Para el ejercicio económico 2006-2007, el número de reclusos llegó a un máximo de 1.786 el 6 de junio de 2007. En la cifra de capacidad se incluyen 37 camas de urgencia y varias celdas de doble ocupación.

402.En el presupuesto de 2006-2007 el Gobierno de Australia Meridional aprobó la adquisición de tres cárceles a través de un contrato de participación mixta pública y privada. Se prevé que la construcción se iniciará en 2009 y terminará en 2011.

403.En las nuevas instalaciones habrá:

a)una cárcel de mujeres de 150 celdas en sustitución de las 92 camas de la cárcel de mujeres de Adelaide;

b)una cárcel para hombres de 760 celdas que sustituirá las 412 camas de la colonia penal de Yatala, y

c)un centro de detención previa a la excarcelación de 80 camas (60 varones y 20 mujeres), que sustituirá el centro actual de prisión previa a la excarcelación de Adelaide, con 60 camas (varones solamente).

404.Las inversiones en estas nuevas infraestructuras permitirán que el Gobierno de Australia Meridional:

a)aumente la capacidad de camas de las cárceles del Departamento de Servicios Penitenciarios, lo cual dará cierta flexibilidad en la administración de los reclusos y las opciones de condena;

b)sustituir las instalaciones anticuadas e ineficientes de la colonia penal de Yatala y de las cárceles de mujeres de Adelaide;

c)reducir los gastos de funcionamiento propios de una infraestructura ineficiente;

d)dispensar trato y condiciones apropiadas a los reclusos; y

e)mejorar las oportunidades de rehabilitación de los presos contribuyendo a la seguridad de las comunidades mediante la reducción de la reincidencia.

405.En el presupuesto de 2007-2008, el Gobierno aprobó la instalación de otras 125 camas en las prisiones existentes y consignó 24,5 millones de dólares en los próximos cuatro años para hacer frente al aumento de la población carcelaria.

Tasmania

Población carcelaria

406.El número medio diario de reclusos en 2006-2007 fue de 522. Al 30 de junio de 2007 la población carcelaria era de 519, o sea, 31 mujeres y 488 varones.

Tasa de utilización de la capacidad de las cárceles

407.El porcentaje de utilización (basado en la media de la población carcelaria) –para una capacidad prevista de 586‑ fue del 89% en 2006-2007.

408.El centro Wilfred Lopes es un centro psiquiátrico penitenciario que dispensa atención y tratamiento a enfermos mentales que han entrado en conflicto con el sistema de justicia penal. El centro tiene habilitadas en la actualidad 20 camas y funciona al cien por cien de su capacidad.

Territorio de la Capital Australiana

Las estadísticas penitencias del Territorio de la Capital Australiana se indican a continuación.

409.Actualmente sólo hay en los establecimientos penitenciarios reclusos en prisión provisional. Esta situación cambiará cuando entre en servicio el centro Alexander Maconochie en 2008.

410.Los detenidos en prisión provisional en el Territorio de la Capital Australiana están en el centro de Belconnen o en el de Symonston. En el cuadro siguiente se da el promedio de reclusos en ambos centros durante los ejercicios financieros 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007.

Ejercicio financiero	Número medio de reclusos por día	Variación respecto del año anterior
2004-2005	68,5	+7,4%
2005-2006	67,2	-1,9%
2006-2007	64,43	-2,7%

411.El número real de personas en prisión o provisional varía mucho durante el año. En el cuadro siguiente se indican los máximos y los mínimos del número de reclusos en prisión provisional.

Ejercicio financiero	Número máximo de detenidos en prisión provisional (en un mes dado)	Número mínimo de reclusos en prisión provisional (en un mes dado)
2004-2005	84 en junio	53 en noviembre
2005-2006	85 en septiembre	44 en diciembre
2006-2007	86 en junio	44 en diciembre

412.La ocupación máxima conjunta de los dos centros antes mencionados es de 99 reclusos.

Estadísticas de los menores privados de libertad

413.La Oficina de Apoyo a la Infancia, la Adolescencia y la Familia facilita anualmente, dos publicaciones, la de los Administradores de Justicia de Menores de Australasia y el informe del Instituto Australiano de Salud y Bienestar titulado "Juvenile justice in Australia 2005 ‑2006" (La Justicia de Menores en Australia, 2005‑2006), datos sobre el número de menores en los centros de privación de libertad y sobre la tasa de ocupación de esos centros.

414.En la Conferencia de mayo 2007 de Administradores de Justicia de Menores de Australasia se comunicaron las cifras que figuran a continuación. Los datos se refieren al período de 2002 a marzo de 2007.

Población en prisión preventiva (admisiones)

Ejercicio financiero	Auto de prisión preventiva	Prisión provisional	Total
2002 / 2003	26	231	257
2003 / 2004	25	273	298
2004 / 2005	17	193	210
2005 / 2006	17	250	267
Julio 06 / Marzo 07	9	213	222

Días de prisión provisional

Años	Días de prisión provisional
2002 / 2003	5.756
2003 / 2004	7.482
2004 / 2005	6.014
2005 / 2006	6.923
Julio 06 / Marzo 07	4.900

415.El Territorio de la Capital Australiana tiene las tasas más bajas de encarcelamiento de todo el país. Según la Oficina Australiana de Estadística, el promedio diario de personas encarceladas en marzo de 2007 era de 70 por 100.000 habitantes, lo que representa menos de la mitad del promedio nacional de 163.

Territorio del Norte

416.En su respuesta a esta pregunta los servicios penitenciarios del Territorio del Norte dieron pormenores sobre la media diaria de reclusos para junio de 2007. No hubo tiempo suficiente para completar esa información con la media correspondiente al período especificado.

417.En el cuadro siguiente se dan los números de los reclusos indígenas y no indígenas, por sexo, en cada establecimiento penitenciario en esa época.

Establecimiento	Promedio diario
Indígenas	No indígenas	Total
Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Capacidad	% de utilización
Adultos
Reformatorio de Darwin	318	19	338	124	6	129	467	450	104%
Reformatorio de Alice Springs	394	13	407	29	0	29	435	400	109%
Total	712	32	744	152	6	158	902	850	106%
Menores
Centro de detención de Don Dale	27	1	28	5	0	5	33	38	87%
Centro de detención de Aranda House	2	0	2	0	0	0	3	10	26%
Total	29	1	30	5	0	5	36	48	74%

Pregunta 23

Sírvanse informar al Comité de las medidas adoptadas para proteger y garantizar los derechos de las  personas vulnerables privadas de libertad, a saber: mujeres, población indígena, enfermos mentales y niños.

418.Hay toda una serie de medidas destinadas a proteger a las personas vulnerables privadas de libertad, adoptadas tanto por el Gobierno Federal como por los Gobiernos de los Estados y Territorios de Australia: disposiciones legislativas, directrices y procedimientos para la tramitación de los casos. En la primera parte de la respuesta que figura a continuación se describen las medidas destinadas a proteger y garantizar los derechos de las personas vulnerables en los centros federales de detención de inmigrantes. A continuación se da información de los Estados y Territorios sobre las medidas adoptadas en otros lugares de privación de libertad, tales como las cárceles.

Información del Gobierno Federal

Inmigrantes detenidos

419.En 2006 el Departamento de Inmigración y Ciudadanía llevó a cabo un estudio de la estrategia de detención a largo plazo, así como un análisis de las futuras necesidades en materia de privación de libertad en los establecimientos de detención de inmigrantes situados en ultramar.

420.El estudio reveló, entre otros resultados, que se necesitaba definir claramente los principios operacionales básicos de los dispositivos de detención en ultramar, de conformidad con la política australiana de detención de inmigrantes.

421.En la gestión de los establecimientos de detención de inmigrantes en Australia se aplican los principios siguientes, que tienen el apoyo del Grupo Asesor sobre Detención de Inmigrantes y del Comité Directivo de Privación de Libertad:

a)la detención de inmigrantes es una medida gubernativa de "prisión preventiva administrativa"; no tiene carácter indefinido ni penitenciario;

b)las personas privadas de libertad deben ser tratadas equitativa y razonablemente dentro de la ley;

c)las políticas y prácticas en materia de servicio a las personas detenidas se basan en el principio del deber de atención;

d)las familias con niños sólo quedarán recluidas en última instancia en instalaciones del centro de detención;

e)debe darse a las personas recluidas en instalaciones del centro de detención la oportunidad de acceder a unos locales de calidad, y a buenos servicios de sanidad, de alimentación y otros servicios necesarios;

f)las personas permanecen detenidas durante el menor tiempo posible, sobre todo en instalaciones del centro de detención;

g)se estudian detenida y regularmente el caso de cada persona para determinar dónde ha de situarse en la red de servicios de detención y los servicios que necesita;

h)las decisiones operacionales se basan principalmente en la evaluación de los factores de riesgo;

i)las operaciones del servicio de detención se mejoran continuamente y se ciñen a las buenas prácticas de gestión.

422.El Grupo Asesor sobre Detención de Inmigrantes está integrado por personalidades australiana eminentes y respetadas, elegidas por sus conocimientos especializados y su demostrada dedicación a las cuestiones de inmigración y a las cuestiones humanitarias.

423.En 2006 el entonces Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales modificó las atribuciones del Grupo Asesor en reconocimiento de las importantes contribuciones que había aportado a la agenda de la reforma de los servicios de detención.

424.Concretamente, el Grupo sigue prestando asesoramiento sobre la propiedad y adecuación de los servicios dispensados a los detenidos en los establecimientos de detención de inmigrantes; sobre el alojamiento y la comodidad de los establecimientos; y sobre los arreglos de detención en la comunidad. El Grupo Asesor sigue contribuyendo a la mejora de las estrategias del programa de detención de inmigrantes y de los procesos consultivos del Departamento.

425.El Grupo Asesor tiene acceso sin trabas a los establecimientos de detención de inmigrantes y alguno de sus miembros o todos ellos colectivamente visitan por lo menos una vez al año cada establecimiento del territorio australiano. Los miembros del Grupo pueden hablar con el personal, con los detenidos, con los comités representativos de los detenidos y con una amplia gama de participantes externos para obtener información de primera mano sobre las operaciones y el entorno de cada establecimiento y para escuchar sus ideas y opiniones sobre el programa de detención de inmigrantes.

426.El Grupo Asesor ha elaborado un programa de trabajo, concertado con el Ministro, para identificar los problemas prioritarios, y tiene entendido que de vez en cuando el Ministro podrá pedir al Grupo que estudie un determinado problema y le asesore al respecto.

427.Las condiciones en los centros de detención de inmigrantes también deben ajustarse a las Normas para la Detención de Inmigrantes, elaboradas en consulta con la Oficina del Ombudsman Federal y la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Las Normas, que forman parte del contrato celebrado con el proveedor de servicios de detención que administra los establecimientos australianos, insisten considerablemente en un trato considerado y apropiado de los detenidos. Las Normas están disponibles en Internet en el sitio www.immi.gov.au.

428.Las Normas forman parte de Global Solutions Limited y de los procedimientos de operación de los servicios internacionales de salud y de atención médica que abarcan los servicios siguientes, aunque sin limitarse a ellos:

a)cuidado y atención de los menores no acompañados;

b)cuidado de los niños (procedimientos de protección);

c)atención médica de las mujeres en los centros de detención de inmigrantes;

d)cuidado de las embarazadas en los centros de detención de inmigrantes;

e)atención a los inmigrantes física y mentalmente discapacitados detenidos en los centros;

f)personas detenidas en los centros de inmigración con enfermedades mentales;

g)cuidado de los ancianos de los centros de detención de inmigrantes;

h)tratamiento de los inmigrantes aquejados de graves problemas de salud;

i)supervivientes de torturas y traumas;

j)prevención de suicidios y lesiones autoinfligidas;

k)personas que llevan mucho tiempo en los centros de detención para inmigrantes.

429.Las necesidades en materia de salud y bienestar de las personas detenidas de conformidad con la Ley de inmigración de 1958 exigen un planteamiento centrado en la persona que fundamentalmente reconozca que cada individuo tiene unos requisitos únicos en cuanto a su salud y bienestar. Cada persona tiene un proveedor de servicios de salud y sus necesidades a este respecto se gestionan individualmente.

430.El Departamento se asegura de que se adopta un planteamiento estratégico para gestionar los problemas, a fin de velar por que se preste una atención de salud apropiada a los inmigrantes en los centros. Todas las personas que entran en un centro de detención son sometidas, como parte de la evaluación sanitaria general de ingreso, a un reconocimiento oficial de salud mental. Para proteger adecuadamente la salud y el bienestar mental de las personas detenidas en los centros, se procede a un reconocimiento oficial periódico. Cuando hay indicios clínicos de que se necesita una atención externa de salud mental, los interesados son remitidos al proveedor adecuado de servicios.

Australianos indígenas

431.El Gobierno de Australia reconoce que los australianos indígenas siguen estando excesivamente representados en los sistemas de justicia penal y justicia de menores. En 2006, una vez efectuados los ajustes para tener en cuenta las diferencias de edad, los indígenas adultos tenían 12,9 veces más probabilidades que los no indígenas de ser encarcelados, y los menores indígenas tenían 23 veces más probabilidades de ser detenidos que los no indígenas.

432.Las cuestiones penales y de justicia de menores, incluidos los servicios penitenciarios, son primordialmente responsabilidad de los gobiernos de los Estados y Territorios de Australia, pero el Gobierno Federal sigue impulsando una serie de iniciativas destinadas a resolver los problemas de la justicia de indígenas. Esas iniciativas se describen detalladamente en la sección 24, que trata de las muertes en detención provisional.

433.A tenor del inciso f) del párrafo 1 del artículo 11 de la Ley de derechos humanos e igualdad de oportunidades de 1986, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades está facultada para examinar las denuncias de presos federales que alegan que un acto o práctica del Gobierno Federal vulnera un derecho humano.

434.Sírvanse remitirse a la respuesta a la pregunta 2, en la que se describen las salvaguardias previstas en la parte 1C de la Ley de delincuencia.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

Protección de los derechos de los enfermos mentales encarcelados

435.A su llegada, todos los reclusos son examinados por personal de los servicios penitenciarios y del Servicio Judicial de Salud para evaluar su estado físico, mental y emocional. Si un recluso presenta un problema de salud mental, ha de rellenarse un formulario de notificación y deben tomarse disposiciones para que esos casos estén bajo revisión constante.

436.En Nueva Gales del Sur los pacientes psiquiátricos judiciales son las personas que:

a)han sido declaradas "no culpables por causa de una enfermedad mental" (artículo 25 de la Ley de salud mental (procedimiento penal) de 1990) (Nueva Gales del Sur);

b)han sido declaradas no aptas para ser juzgadas (ibid.artículo 14); o

c)contraen una enfermedad mental mientras se hallan bajo custodia judicial (artículos 97 y 98 de la Ley de salud mental de 1990 (Nueva Gales del Sur)).

437.En la actualidad en Nueva Gales del Sur los enfermos mentales que delinquen son recluidos en el hospital penitenciario de Long Bay, que está declarado hospital y, a la vez, centro penitenciario. Ciñéndose a las mejores prácticas internacionales para el tratamiento de delincuentes enfermos mentales, el Gobierno ha establecido un nuevo hospital psiquiátrico en el complejo de Long Bay, que será administrado por el personal del Servicio Judicial de Salud como hospital psiquiátrico independiente que se regirá por las mejores prácticas internacionales. El hospital psiquiátrico permitirá dispensar cuidados apropiados a los delincuentes enfermos mentales y, al mismo tiempo, velar por la seguridad de la comunidad. Se prevé que este nuevo establecimiento abrirá en 2008.

438.El nuevo hospital psiquiátrico es una de las actividades que el Gobierno de Nueva Gales del Sur se ha comprometido a realizar en cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Salud Mental del Consejo de Gobiernos Australianos, con un crédito de 171,6 millones de dólares para cinco años.

439.Los reclusos que padecen graves enfermedades mentales son derivados al hospital de Long Bay. Los que presentan factores de riesgo que apuntan al suicidio o a las lesiones autoinfligidas, y que pasan por una situación de crisis son remitidos a una Unidad de Gestión de Crisis Agudas. El Servicio Judicial de Salud presta apoyo en todas las especialidades clínicas incluida la salud mental. También tiene un servicio de enlace y consulta con especialistas mediante una red de psiquiatras y personal de salud mental.

440.Cuando un recluso presenta un riesgo de lesiones autoinfligidas, debe notificarse cuanto antes al funcionario encargado de la colocación para facilitar el transporte del recluso a un centro penitenciario en que pueda examinarlo un equipo de intervención y evaluación de riesgos. Se toman medidas para prevenir todo intento de lesión autoinfligida y la situación debe ponerse en conocimiento y señalarse a la atención de los funcionarios del Servicio Judicial de Salud o de los funcionarios de protección social. Deben mantenerse escrupulosamente los correspondientes registros y debe señalarse a los encargados del transporte el estado del recluso y su propensión a las lesiones autoinfligidas antes de que pueda asignársele una escolta.

441.La red de unidades de gestión de crisis agudas se creó en Nueva Gales del Sur a finales de 1999 como posible opción de intervención a corto plazo en caso de crisis, para facilitar la derivación hacia los grupos de intervención en caso de riesgo y los grupos de intervención y evaluación de riesgos cuando no se puede atender sobre el terreno al riesgo de suicidio o lesiones autoinfligidas.

442.El Departamento tiene instaladas unidades de gestión de crisis agudas para reclusos varones en el Centro Metropolitano de Programas Especiales (Long Bay) y en el Centro Penitenciario de Bathurst.

443.La unidad Kevin Waller tiene un programa residencial para 15 reclusos que están en riesgo de suicidio y de lesiones autoinfligidas y que tienen un historial importante de incidentes de lesiones autoinfligidas. El programa tiene por objeto reducir la gravedad y la frecuencia de las conductas que entrañan lesiones autoinfligidas y mejorar las técnicas para hacerles frente. También se tratan carencias específicas relacionadas con el comportamiento delictivo. Se organizan terapias individuales y terapia de grupos.

444.La Dependencia de Servicios a personas con Discapacidad vela por que el Departamento cumpla su obligación respecto de la Ley de servicios a personas con discapacidad de 1992 y la Ley sobre la discriminación por discapacidad de 1992. En este contexto se incluyen entre las personas con discapacidad los reclusos con discapacidad mental, enfermedad psiquiátrica y lesión cerebral adquirida.

445.La gestión de los pacientes psiquiátricos es una de las funciones del Departamento de Salud Pública. El Tribunal de Revisión de la Salud Mental examina periódicamente a los pacientes psiquiátricos, incluidos los que se hallan en centros penitenciarios.

446.El sistema de gestión electrónica de la información sobre delincuentes del Departamento permite la grabación de datos acerca de las variaciones del estado mental y emocional de un recluso y la determinación de su riesgo de lesión autoinfligida gracias al programa "Alertas" y a notas en línea sobre casos.

447.El Gobierno está a la espera de que Nueva Gales del Sur le facilite información acerca de las medidas adoptadas para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas en particular.

Mujeres delincuentes con problemas de salud mental

448.En 2006 el Departamento terminó la construcción de una unidad y clínica de reconocimiento y detección de salud mental en el centro penitenciario para mujeres de Silverwater; esas dos instalaciones serán un entorno seguro y a la vez normalizado para diagnosticar y tratar mejor a las mujeres que sufren graves problemas de salud mental.

449.Biyani es un programa institucional para mujeres delincuentes con trastornos mentales o una leve discapacidad intelectual, acompañados de problemas de uso indebido de drogas. En cuanto opción a la pena privativa de libertad, Biyani ofrece alojamiento y apoyo para estabilizar la salud mental. En el ejercicio financiero 2005-2008, 22 mujeres fueron admitidas en el programa, 11 de las cuales eran aborígenes o isleñas del Estrecho de Torres. La evaluación provisional del programa reveló que el grupo admitido en Biyani se caracterizaba por ser sumamente resistente al tratamiento y propenso a la recaída a causa de la complejidad de sus necesidades. Ha resultado muy difícil hacer pasar a las mujeres por las distintas etapas del programa en razón de la grave deficiencia de servicios dentro de la comunidad para atender a las necesidades de ese grupo.

450.Las reclusas del centro penitenciario de Silverwater pueden acudir a la unidad Mum Shirl. Ésta y la unidad anexa de cuidados de salud mental regresivos funcionan en asociación con el Servicio Judicial de Salud y evalúan, cuidan y tratan a mujeres con psicosis, enfermedad mental crónica, síndrome depresivo, disfunción de personalidad, discapacidad intelectual y otros problemas relacionados con las lesiones autoinfligidas y el riesgo de suicidio.

Niños

451.Existen varios mecanismos de fiscalización para que el Departamento de Justicia de Menores cumpla las obligaciones que la impone la Ley de la infancia (centros de detención) de 1987 y sus reglamentos complementarios. De conformidad con el artículo 8A de la Ley, se ha creado un plan de visitantes oficiales que vigila y evalúa independientemente los centros de privación de libertad de menores administrados por el Departamento. Los visitantes oficiales informan al Ministro cada seis meses sobre el funcionamiento de los centros de conformidad con los preceptos enunciados en las "normas para los establecimientos de privación de libertad de los menores delincuentes" de los Administradores de la Justicia de Menores de Australasia.

452.Los representantes del Ombudsman de Nueva Gales del Sur realizan regularmente visitas a cada centro del Departamento de la Justicia de Menores. Esas visitas tienen por objeto señalar a la atención del Departamento las quejas de los reclusos o los problemas que requieren urgente atención y medidas correctivas inmediatas. Según el artículo 25 de la Ley del Ombudsman de 1974, el Departamento debe notificar y comunicar al Ombudsman todas las alegaciones de malos tratos a menores en que están involucrados los empleados del Departamento.

453.A tenor de la Ley de la Comisión para la Infancia y la Adolescencia de 1998, el Departamento de Justicia de Menores también tiene que notificar a la Comisión de la Infancia y la Adolescencia cualesquiera diligencias disciplinarias que se refieran a malos tratos a niños, abusos sexuales o actos de violencia cometidos por los empleados en el curso de su trabajo, así como todo acto o gesto dirigido a los niños o realizado en presencia de niños.

Mujeres

454.En general, son similares las medidas que se aplican respecto de los reclusos, tanto varones como mujeres, para proteger sus derechos a tratamiento médico, alimentación y alojamiento adecuados, acceso a mecanismos de reclamación y asesoramiento jurídico, etc. Con todo, el Departamento reconoce que las mujeres pueden tener derechos y responsabilidades adicionales en relación con la crianza de los niños, lo cual se refleja tanto en la Ley como en la política del Departamento.

Programa de atención maternoinfantil

455.Este programa ofrece varias opciones a las reclusas que desean desempeñar su papel de madre mientras cumplen una pena privativa de libertad. Esas opciones incluyen:

a)Programa de Ausencias Autorizadas a tenor del apartado 1 del párrafo 2 del artículo 26 de la Ley de delincuencia (administración de las condenas) de 1999, en virtud del cual una reclusa puede ser excarcelada para cumplir el resto de su condena en la comunidad cuidando de sus hijos;

b)Programa Residencial a Tiempo Completo: en esta opción, los niños residen a tiempo completo con su cuidadora en el Centro Penitenciario de Emu Plains, Jacaranda Cottages. Las mujeres que participan en el Programa Residencial a Tiempo Completo tienen la oportunidad de mejorar e ir al Centro de Transición de Parramatta con sus hijos. Las edades van de recién nacidos a 6 años o edad escolar.

c) Programa de Residencia Ocasional: los hijos pueden residir con su cuidadora a tiempo parcial bien sea a mitad de la semana o en los fines de semana y las vacaciones escolares. Las edades van de los recién nacidos a los 12 años;

d)Visitas especiales durante un día entero: en esta opción, los niños pueden pasar desde muy pronto por la mañana hasta el final de la tarde con su cuidadora en cualquiera de los centros penitenciarios en que se hallan reclusas. El límite máximo de edad es de 12 años. Las visitas de día entero pueden hacerse incluso cada día (por ejemplo, cuando el niño tiene que ser amamantado).

Indígenas

Comités de Reclusos Aborígenes

En cumplimiento de una recomendación de la Real Comisión para la Investigación de las Muertes de Aborígenes Detenidos se han establecido comités de reclusos aborígenes en los centros penitenciarios. El Comité de Reclusos Aborígenes es un órgano electo y forma parte integrante de la administración del centro penitenciario. La existencia de esos comités confirma el empeño del Departamento por apoyar y mantener el derecho de los reclusos aborígenes a estudiar y resolver con los administradores principales los problemas y las cuestiones que afectan su encarcelamiento.

Los reclusos integrantes del Comité facilitan las comunicaciones en dos sentidos entre el personal penitenciario y los reclusos aborígenes en lo que se refiere a los requisitos, la política y los procedimientos penitenciarios, los problemas y necesidades culturales de los aborígenes y, en general, la ayuda a los aborígenes. Tienen acceso a los nuevos reclusos aborígenes y pueden organizar un programa de orientación para todos los aborígenes recién llegados. También tienen la posibilidad de hacer recomendaciones a los funcionarios de pabellón competentes u otros funcionarios acerca de las necesidades del recién llegado, particularmente cuando entran en juego problemas de salud física o mental, y pueden hacer recomendaciones al director de zona acerca de otros reclusos aborígenes con problemas que puedan desembocar en daños físicos o mentales.

Los integrantes del Comité están autorizados a compartir celda con los reclusos aborígenes que sufren de trauma, depresión, o que presentan riesgos de lesiones autoinflingidas hasta que se pase la crisis o se produzcan otras intervenciones.

El Comité de Reclusos Aborígenes desempeña, entre otras, las siguientes funciones:

a)descubrir y señalar a la atención de la dirección del centro penitenciario los problemas que afectan al mantenimiento y los servicios de las zonas en que viven los reclusos;

b)descubrir y señalar a la atención de la dirección del centro penitenciario las cuestiones que afectan al empleo, la educación, el esparcimiento, los contactos familiares y los programas de desarrollo de los reclusos;

c)informar a los reclusos de todos los problemas tratados en las reuniones del Comité;

d)proporcionar información sobre cuestiones concretas que le pueda pedir de vez en cuando el alcaide; y

e)orientar los problemas y preocupaciones individuales de los reclusos hacia los cauces apropiados, es decir, los encargados o funcionarios de zona u otro personal apropiado, el alcaide, un Visitante Oficial, el Ombudsman, el Ministro.

Otras medidas

Durante los trámites de recepción, se pide a los reclusos que indiquen su ascendencia étnica, lo cual facilitará un tratamiento apropiado del caso por la Dependencia de Servicios Indígenas.

Además de las habituales visitas autorizadas, el recluso aborigen puede recibir la visita de un funcionario de campo del Servicio Jurídico Aborigen o de cualquier otra organización que preste asesoramiento jurídico u otra asistencia a los aborígenes y que esté aprobado por el Comisionado: artículo 83 del Reglamento.

Dependencia de Apoyo y Planificación para los Aborígenes

La Dependencia de Apoyo y Planificación para los Aborígenes funciona como unidad estratégica de asesoramiento, planificación, programación y política en materia de asuntos aborígenes para el Departamento, particularmente en los que se refiere a servicios, planificación y apoyo a los delincuentes aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres que se hallan en centros penitenciarios y bajo la supervisión del Departamento en la comunidad.

Realiza investigaciones y hace recomendaciones con miras a la elaboración de políticas, programas, sistemas y procedimientos operacionales departamentales no discriminatorios para minimizar la probabilidad de reincidencia y los riesgos de muerte de aborígenes detenidos. La Dependencia también contribuye a la elaboración y ejecución de programas de apoyo y de cursos de orientación profesional que ofrecen valiosos conocimientos teóricos y prácticos que permiten a los delincuentes aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres aportar una contribución a la sociedad. La Dependencia también vela por que los delincuentes aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres sean colocados lo más cerca posible de sus familias y comunidades.

Victoria

Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria

La Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria entró en vigor el 1º de enero de 2007. Los derechos protegidos en la Carta se basan en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular el derecho a no ser sometido a torturas o a un trato o castigo cruel, inhumano o degradante. En la Carta se exige al Gobierno de Victoria que tenga en cuenta esos derechos al elaborar disposiciones legislativas. Asimismo, los tribunales deben interpretar las leyes de manera congruente con los derechos humanos hasta donde sea posible hacerlo, habida cuenta de la finalidad de las leyes. A partir del 1º de enero de 2008 las autoridades tendrán que actuar de manera congruente con los derechos humanos y deberán tomar en consideración los correspondientes derechos cuando adopten sus decisiones.

Niños y adolescentes

Protección infantil

A todo el personal se explican las normas de conducta profesional. Se da a los jóvenes, cuando llegan, información (oralmente y por escrito) sobre su derecho a presentar reclamaciones y sobre el proceso de presentación de éstas. Se da a todos los interesados información respecto de la función de la Oficina del Ombudsman y detalles sobre cómo contactar al Ombudsman. Los representantes de la Oficina del Ombudsman visitan, como parte de su trabajo, el Servicio de Protección Segura para asesorar a los reclusos sobre su función, etc.

Los encargados de casos, como parte de sus funciones, visitan a sus reclusos y tienen la posibilidad de observar y de recibir información de éstos sobre la manera como han sido tratados mientras estaban en el Servicio de Protección Segura.

La política del Departamento de Servicios Humanos en lo que hace a la denuncia de malos tratos físicos o abusos sexuales se aplica también al Servicio de Protección Segura. Todas las acusaciones hechas por los reclusos se comunican inmediatamente al director del programa del Servicio de Protección Segura y a las autoridades regionales encargadas de la protección infantil a través de un informe de situación crítica. Ese informe se envía también al director regional y a los directores correspondientes en la oficina central. La reclamación se investiga de manera independiente y se toman medidas de seguridad para que se siga garantizando el bienestar del interesado.

Servicios Penitenciarios de la Justicia de Menores

La legislación vigente con respecto a los servicios penitenciarios de la justicia de menores en Victoria es la Ley de la Infancia, la Juventud y la Familia de 2005 (Victoria). La ley destaca las disposiciones referentes a los niños acusados o declarados culpables de delitos, y también señala el funcionamiento del Tribunal de Menores de Victoria como tribunal especializado en asuntos relacionados con menores.

El capítulo 5 de la Ley contiene disposiciones concretas referentes a los niños y al derecho penal de Victoria, crea unos servicios penitenciarios para menores y regula las condiciones relacionadas con las personas que se hallan detenidas en cumplimiento de ese capítulo.

Según dicho capítulo, el Secretario del Departamento de Servicios Humanos determina la clase de atención, privación de libertad o tratamiento que considera más adecuada al interés de cada detenido en un centro de prisión provisional, un centro institucional de menores o un centro de justicia de menores.

El artículo 482 de la Ley contiene disposiciones destinada a proteger y garantizar los derechos de las personas en los centros de prisión provisional, en los centros institucionales de menores o en los centros de justicia de menores; dispone, en particular, que los menores:

tienen derecho a que se atienda a su desarrollo;

tienen derecho a recibir visitas de sus padres, sus parientes, profesionales del derecho, personas que actúen en nombre de los juristas y otras personas;

c)tienen derecho a que se procure razonablemente atender a sus necesidades médicas, religiosas o culturales, en particular, en el caso de los niños aborígenes, sus necesidades como miembros de la comunidad aborigen;

d)tienen derecho a recibir información sobre las reglas del centro que los afectan y sobre sus derechos y responsabilidades y los del funcionario encargado del centro y demás personal;

e)tienen derecho a quejarse al Secretario o al Ombudsman sobre el nivel de atención, alojamiento o trato que reciben en el centro, y

f)tienen derecho a ser informados de esos derechos.

Además, en el artículo 487 de la Ley se indican los actos prohibidos en relación con las personas detenidas en los centros de prisión preventiva, en los centros institucionales de menores o en los centros de justicia de menores. Prohíbe el uso de la fuerza a menos que sea razonable, los castigos corporales, el uso de cualquier forma de presión psicológica para intimidar o humillar, el uso de cualquier forma de malos tratos físicos o emocionales y cualquier clase de trato discriminatorio.

Las políticas y los procedimientos de los Servicios Penitenciarios de la Justicia de Menores han sido examinados desde el punto de vista del cumplimiento de la Carta de Derecho Humanos, y se ha iniciado un programa completo de formación para que todo el personal esté al corriente de los requisitos señalados en la Carta.

Los grupos a los que se atiende en los establecimientos penitenciarios son varones y hembras de 10 a 18 años que están en prisión preventiva o han sido condenados a una pena privativa de libertad por el Tribunal de Menores. El sistema penitenciario para jóvenes delincuentes también acoge a varones y hembras de 18 a 21 años condenados por tribunales de adultos a una estancia en un centro de formación para jóvenes. Esto se llama el "sistema de doble vía" y se presenta cuando un tribunal considera que el acusado tiene perspectivas razonables de rehabilitación o es demasiado vulnerable o inmaduro para cumplir su condena en una cárcel de adultos.

Hay tres centros penitenciarios en Victoria, que atienden a 222 menores, a saber:

a)Centro de Justicia de Menores de Malmsbury: un establecimiento de 90 camas para varones de 18 a 21 años condenados con arreglo al sistema de la doble vía;

b)Centro de Justicia de Menores de Melbourne: establecimiento de 93 camas para varones de 15 a 18 años que se hallan en prisión preventiva o están condenados por el Tribunal de Menores, situado en Parkville, a cinco kilómetros al norte de Melbourne.

c)Centro Institucional de Menores de Parkville: establecimiento de 39 camas para muchachos de 10 a 14 años y muchachas de 10 a 18 años que están en prisión provisional o han sido condenados por el Tribunal de Menores, así como para mujeres de 18 a 21 años condenadas por el sistema de la doble vía. Las mujeres están separadas de los hombres.

Políticas y procedimientos de los Servicios Penitenciarios de la Justicia de Menores

El Manual de Operaciones de los Centros de Justicia de Menores describe los procedimientos de funcionamiento de los tres centros de justicia de menores de Victoria. Esos procedimientos se elaboraron de manera que se ciñeran a los requisitos legislativos así como a las normas nacionales e internacionales a fin de garantizar una buena práctica y buenos resultados para los jóvenes reclusos. Esos procedimientos son los de las Normas de los Administradores de Justicia de Menores de Australasia para los establecimientos penitenciarios de menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores. Los procedimientos rigen la práctica de los tres centros y velan por que se dispense constantemente un alto nivel de atención, vigilancia y tratamiento al menor privado de libertad.

Para que los servicios sean de verdadero apoyo a los niños y jóvenes privados de libertad independientemente de sus necesidades, sus antecedentes culturales o su sexo, se ha elaborado un marco de rehabilitación que se basa en evaluaciones individuales completas. A partir de esas evaluaciones individuales, se ofrecen varios programas y servicios, en particular programas concretos que se proponen a los jóvenes culpables de delitos sexuales o de delitos violentos; programas relacionados con la delincuencia como los que tratan de la educación en materia de drogas y alcohol; técnicas para la solución de problemas y la gestión de las crisis coléricas; servicios de salud completos; programas educativos, de formación profesional y de esparcimiento; y programas de desarrollo personal adaptados a la edad y el sexo.

Hay varios sistemas de control para comprobar que los centros cumplen la legislación y los procedimientos operacionales. Por ejemplo, hay sistemas de seguimiento y verificación con respecto a los procedimientos y los requisitos legales de importancia crítica. Asimismo, los servicios penitenciarios aplican un proceso general de tramitación de las reclamaciones para atender a los problemas planteados por los reclusos, los visitantes y el personal. El Ombudsman de Victoria también visita a intervalos regulares esos centros y tiene acceso sin restricciones a los reclusos; sus poderes han sido ampliados recientemente mediante la Carta de Derechos Humanos de Victoria.

Los Servicios Penitenciarios de la Justicia de Menores funcionan en un marco legislativo que destaca y apoya los derechos del individuo y garantiza toda una serie de protecciones a los jóvenes o niños privados de libertad. En ese marco legislativo se han elaborado normas y procedimientos para que esas protecciones sean operacionales en los tres centros penitenciarios de Victoria.

Personas vulnerables bajo detención policial

El Manual de Policía de Victoria es una guía de operaciones destinada a los agentes y contiene instrucciones sobre el trato y la atención de los presos. Describe normas y procedimientos relativos a los grupos vulnerables, tales como las comunidades indígenas y las comunidades distintas cultural y lingüísticamente. De igual modo, ofrece procedimientos especiales para que las personas que sufren de alguna enfermedad mental, lesiones o alguna otra enfermedad sean reconocidas y atendidas en consecuencia.

El párrafo 1 del artículo 464E de la Ley de delitos de 1958 (Victoria) prescribe que si se detiene a un menor de 18 años, debe estar presente el padre o la madre o un tutor o una persona independiente antes de que pueda realizarse una entrevista, y prescribe también que debe darse a esa persona la oportunidad de hablar en privado con el menor antes de la entrevista.

Personas vulnerables en establecimientos penitenciarios

Las Correctional Management Standards for Men's Prisons (Normas Penitenciarias de Gestión de las Cárceles para Hombres) de 2006 y las Standards for the Management of Women Prisoners in Victoria (Normas de Gestión respecto de las Reclusas en Victoria) de 2006 establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios carcelarios y forman la base de los procedimientos de administración de las cárceles. Esas normas se elaboraron teniendo en cuenta las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1977) y las National Standard Guidelines for Corrections in Australia (Directrices Nacionales para los Establecimientos Penitenciarios de Australia) de 2004. Enuncian requisitos concretos para la atención a los reclusos indígenas y los reclusos que tienen alguna discapacidad (incluidas las enfermedades mentales, y los reclusos procedentes de entornos cultural y lingüísticamente distintos.

La Administración Penitenciaria de Victoria está analizando toda la legislación, las normas y los procedimientos pertinentes para comprobar que se ajustan a la Ley de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades y llevará a cabo un programa de formación para todo el personal de operaciones en el segundo semestre de 2007.

Reclusas

Véase en la respuesta a la pregunta 4 un resumen de los procesos y las iniciativas que se han tomado para proteger los derechos y el bienestar de las reclusas.

Reclusos indígenas

El Acuerdo de Victoria sobre la Justicia para los Aborígenes es una iniciativa conjunta del Gobierno y de la comunidad Koori de Victoria para tratar de resolver el problema de la excesiva representación de indígenas en el sistema de justicia penal. Ese Acuerdo establece un marco de principios, planteamientos e iniciativas que todos tienen por objeto reducir directa o indirectamente las desventajas y las desigualdades que sufren los indígenas. Las iniciativas a favor de los reclusos indígenas consisten en lo siguiente:

a)la Dependencia de Política y Servicios para los Indígenas en la Administración Penitenciaria de Victoria adopta un planteamiento coherente y de colaboración para tratar los problemas de los indígenas en el sistema penitenciario;

b)una red de siete asistentes sociales para los aborígenes ayuda a los reclusos indígenas de diversas maneras;

c)cinco visitantes oficiales aborígenes acuden a las cárceles y prestan asesoramiento independiente al Ministro de Administración Penitenciaria sobre los problemas relacionados con el encarcelamiento de indígenas;

d)el Programa de Visitas de Familiares a los Aborígenes ayuda a los familiares de los indígenas para que puedan desplazarse hasta las cárceles;

e)el Programa de Inmersión Cultural para Aborígenes se destina tanto a reclusos como a delincuentes con miras a reinsertarlos en su cultura;

f)el Programa Marumali es un programa intensivo de cinco días que tiene por objeto tratar los efectos adversos que tuvieran las políticas de "generación robada" en los reclusos indígenas;

g)la Administración Penitenciaria de Victoria patrocina diversas actividades para observar y celebrar la Semana Nacional de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres en las cárceles y los lugares en que hay establecimientos penitenciarios comunitarios: por ejemplo, actos culturales, manifestaciones deportivas, días de esparcimiento para las familias, exposiciones de cuadros y programas radiofónicos;

h) en la mayoría de las cárceles de Victoria hay ahora espacios especiales para indígenas, en particular, aulas polivalentes de programas para indígenas y jardines con paisajes especialmente ideados para indígenas;

i) el programa Koori de competencias cognitivas es una variante del programa general que se ha adaptado para que se ajuste mejor a los reclusos indígenas. Es un programa de solución de problemas que se basa en una terapia cognitiva de comportamiento;

j) el folleto del recluso de Koori es una guía de fácil manejo en que se explican los servicios a los que pueden acudir los reclusos y se dan detalles de los programas expresamente destinados a los indígenas;

k) se exige a todo el personal superior de la Administración Penitenciaria de Victoria que participe en un programa de adiestramiento sobre concienciación cultural indígena y, una vez terminado, que explique al personal la importancia que la Administración Penitenciaria atribuye a los resultados que se obtienen mediante la adopción del plan de acción de Koori;

l) se facilita a los nuevos funcionarios de prisiones y a los nuevos funcionarios de establecimientos penitenciarios de la comunidad un paquete de actividades de formación en materia de concienciación cultural;

m) está en curso de preparación un programa Koori de apoyo de transición que se llevará a la práctica en 2007/2008. Ese programa prestará apoyo intensivo antes de la excarcelación y después de ella a los reclusos indígenas (varones y mujeres) que salgan para reinsertarse en la comunidad;

n) se han consignado fondos para el establecimiento de dos propiedades de transición para mujeres indígenas en libertad bajo fianza o que se hallan afectadas por el sistema de justicia penal más amplio (con acceso prioritario a otras 10 propiedades de transición).

Salud mental

486. Las obligaciones que impone la Carta a las autoridades se aplicarán también a los servicios públicos de salud mental. Ello fortalecerá el requisito actual de la Ley de salud mental de 1986 de prestar atención y tratamiento a los reclusos enfermos mentales de la manera menos agresiva posible y de menoscabar lo menos posible sus derechos, su intimidad, su dignidad y respeto en las circunstancias del caso.

Reclusos con enfermedades mentales

487. Las normas de atención de salud de la Administración Penitenciaria de Victoria, que forman parte de los contratos celebrados con los proveedores de servicios de salud en las prisiones, requieren que se presten los siguientes servicios a todos los reclusos:

a) un reconocimiento médico completo, incluida una evaluación psiquiátrica del estado mental y del riesgo de lesiones autoinfligidas o suicidio, debe realizarse dentro de las 24  horas de la llegada del recluso. Esta condición debe cumplirse íntegramente;

b) todos los reclusos de los que se considera que presentan un riesgo de lesiones autoinfligidas o de suicidio deben ser vistos por un profesional de salud mental dentro de las dos  horas de su llegada. Debe cumplirse íntegramente;

c) en el punto en que se efectúa el traslado de una cárcel a otra, o al regresar de los tribunales (incluido el teletribunal), todos los reclusos son reconocidos para averiguar sus necesidades psiquiátricas y se procede a la evaluación del riesgo de lesiones autoinfligidas o de suicidio.

Queensland

Indígenas

488. El artículo  420 de la Ley de atribuciones y responsabilidades de la policía de 2000 (Queensland) trata del interrogatorio de indígenas. Dispone que si el indígena no ha tomado disposiciones para que esté presente su abogado, un agente de policía debe tomarlas a fin de que el indígena disponga de la ayuda de letrado a menos que, habida cuenta de la educación y el entendimiento de la persona, ésta no se encuentre en situación desventajosa en comparación con los miembros de la sociedad australiana en general. Los agentes de policía no deben interrogar a un indígena a menos que éste haya tenido la oportunidad de hablar en privado con una persona amiga y ésta se halle presente, salvo que el indígena haya renunciado a este derecho o que la persona amiga intervenga de manera injustificada en el interrogatorio.

489. Para proteger aún más los derechos de los indígenas privados de libertad, el Gobierno de Queensland ha tomado varias iniciativas:

a) se han creado tribunales integrados por indígenas Murri que funcionan como tribunales de primera instancia para adultos o para menores en nueve lugares de Queensland; esos tribunales han conseguido evitar a los delincuentes y jóvenes indígenas la cárcel o el centro de prisión provisional colocándolos en instituciones de rehabilitación. Los ancianos de las aldeas indígenas asesoran al magistrado del tribunal de primera instancia Murri sobre las cuestiones culturales cuando se pronuncia una condena contra un delincuente indígena;

b) los tribunales de primera instancia están integrados por dos jueces de paz indígenas para los delitos menores y esos tribunales funcionan en 18 comunidades indígenas aisladas. Esos tribunales permiten que la comunidad local disponga de un sistema de justicia pertinente desde el punto de vista cultural y tenga acceso a él;

c) el programa de Queensland para apartar a los indígenas del consumo de alcohol, dotado con 36  millones de dólares, tiene por objeto rehabilitar a las  personas acusadas de ciertos delitos relacionados con el alcohol y prestan apoyo intensivo a los padres con problemas de alcohol que están involucrados en el sistema de protección de la infancia;

d) en cada comunidad unos grupos de notables conocedores de los problemas judiciales tratan de mejorar la seguridad y prestan apoyo a los tribunales y a los delincuentes en los sistemas de justicia penal de adultos y de menores;

e) los oficiales de enlace con la policía y la policía local cooperan con las comunidades y los grupos consultivos indígenas de las comunidades para tratar de encontrar respuestas locales a los problemas de seguridad;

f) existe un servicio de libertad condicional y de libertad a prueba cuyos agentes trabajan en comunidades indígenas aisladas para vigilar y fiscalizar a los delincuentes y organizar programas en el ámbito local. Esta iniciativa representa una mejora significativa de la situación de esas zonas y ofrece una opción a los tribunales para evitar la cárcel a los delincuentes indígenas;

g) el programa de asistencia al empleo después de la excarcelación tienen por objeto evitar la reincidencia ayudando a los reclusos antes de la excarcelación y después de ella a prepararse para trabajar en un empleo que les dé un nivel de vida sostenible;

h) se aplican estrategias en materia de consumo de alcohol, en particular medidas de restricción del abastecimiento de alcohol, para reducir la demanda de alcohol y los efectos del consumo de alcohol y de otras sustancias.

Personas con enfermedades mentales u otras discapacidades

490. Los artículos  422 y 423 de la Ley de atribuciones y responsabilidades de la policía tratan del interrogatorio de  personas con capacidad disminuida. El agente de policía debe permitir que una persona de quien se sospecha que tiene una capacidad disminuida hable en privado con una persona de apoyo. La persona en estado de embriaguez no puede ser interrogada hasta que el agente de policía esté convencido, en grado razonable, de que el alcohol o las drogas ya no afectan la capacidad de la persona para comprender sus derechos y decidir si debe o no contestar a las preguntas.

491. Con arreglo a la Ley de terrorismo (detención preventiva) (Queensland), hay otras salvaguardias, incluidas disposiciones sobre contactos suplementarios, que se aplican a los menores y a las  personas que tienen una capacidad disminuida. Todas las  personas detenidas en virtud de un auto de prisión provisional deben ser tratadas con humanidad y no pueden ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

492. La Oficina del Tutor de Adultos es un órgano de derecho público establecido para proteger los derechos y los intereses de los adultos (de 18  años y más) con capacidad disminuida. El Tribunal de Tutela y Administración puede nombrar a un tutor (un familiar, un amigo o la misma Oficina del Tutor de Adultos en última instancia) para que tome las decisiones pertinentes. Según las decisiones que deban tomarse, el tutor puede estar autorizado para decidir sobre cuestiones jurídicas (como la decisión de contratar los servicios de un abogado para determinados asuntos jurídicos).

Niños y jóvenes

493. Las medidas que se toman para proteger los derechos de los menores detenidos en uno de los centros de privación de libertad para menores comprenden una evaluación individual de su nivel de conducta con riesgo, de su salud, de sus necesidades especiales y una intervención para explicarles a fondo sus derechos y deberes.

494. Para garantizar que se respeten los derechos de los menores delincuentes, la Comisión de la Infancia y la Adolescencia se encarga de la fiscalización independiente de las operaciones y vela por que los menores tengan fácil acceso a la asistencia y representación letrada.

495. Los menores que ayudan en la investigación del servicio de policía de Queensland deben tener a una persona independiente presente durante la fase de interrogatorio.

Personas vulnerables (en general) privadas de libertad en los servicios penitenciarios

496. La Administración Penitencia de Queensland aplica varias medidas para proteger y garantizar los derechos de las  personas vulnerables privadas de libertad, en particular las mujeres, los indígenas y las  personas que padecen de alguna enfermedad mental.

497. Cuando un delincuente ingresa en un establecimiento donde se hallará privado de libertad, la Administración Penitenciaria de Queensland inicia un riguroso proceso de evaluación en el que se analizan cuestiones como la posibilidad de lesiones autoinfligidas, cuestiones de salud mental y de salud general y cualquier preocupación que el recluso pueda manifestar por su seguridad. La colocación del recluso y el nivel de supervisión quedan determinados por esas evaluaciones para garantizar que no se halle en condiciones en que corra riesgo de autolesionarse o de ser lesionados por otros.

498. Los reclusos en establecimientos de la Administración Penitenciaria disponen de una gama de servicios, en particular, asesoramiento, consultas psicológicas y psiquiátricas, atención médica, apoyo cultura apropiado y visitantes por motivos religiosos.

499. Varios mecanismos permiten a los delincuentes plantear cuestiones acerca de su vigilancia. Todos los reclusos están autorizados a escribir directamente al Director General del centro penitenciario. Todos tienen autorización para hacer llamadas telefónicas y comunicar confidencialmente con la Oficina del Ombudsman y con sus representantes legales.

500. La Administración Penitenciaria de Queensland aplica un plan de visitas oficiales en el que unos visitantes oficiales son destacados en determinados centros penitenciarios para ayudar a los reclusos a gestionar y resolver sus reclamaciones. Ese grupo de visitantes procede de la comunidad y entre ellos figuran juristas e indígenas. Los visitantes oficiales desempeñan un papel importante al garantizar que los que toman las decisiones administrativas respondan de ellas.

501. De conformidad con la Ley de terrorismo (detención preventiva), hay salvaguardias adicionales que se aplican a los menores y las  personas con capacidad disminuida, con disposiciones sobre contactos suplementarios. Todas las  personas privadas de libertad en virtud de un auto de prisión provisional deben ser tratadas con humanidad y no ser sometidas a ningún trato cruel, inhumano o degradante.

Australia Occidental

502.Cuatro principios fundamentales constituyen la base de la gestión de todos los delincuentes en un establecimiento penitenciario de Australia Occidental:

a)Vigilancia y contención: Los reclusos deben permanecer privados de libertad durante el período prescrito por el tribunal, al nivel de seguridad más bajo necesario para garantizar su vigilancia continua, el buen orden y la seguridad de la cárcel y la seguridad y protección del público en general;

b)Cuidados y bienestar: Quedan reconocidas y se tratan apropiadamente las necesidades emocionales, físicas, espirituales y culturales de los reclusos;

c)Reparación: Los reclusos deben seguir contribuyendo positivamente a la sociedad con su trabajo y otras actividades;

d)Rehabilitación y reinserción: Debe alentarse a los reclusos a que participen en programas y en actividades educativas y de otra índole encaminadas a reducir el riesgo de reincidencia y aumentar su potencial de reinserción en la sociedad.

503.Concretamente:

a)Los centros penitenciarios de menores de Australia Occidental han sido avalados por los Administradores de Justicia de Menores de Australasia. Los criterios que se aplican en los centros penitenciarios de menores se basan en las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (reglas de Beijing) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

b)Se ha hecho una propuesta centrada en la gestión de las personas con discapacidad mental privadas de libertad. La propuesta está estructurada en torno al principio de que hay que trasladar a esas personas del entorno penitenciario a la sociedad siempre que sea posible, tratando de equilibrar el derecho del acusado al tratamiento y a los servicios con el derecho de la sociedad a la seguridad y protección. La propuesta ha sido aceptada por todos los organismos pertinentes y se está preparando un informe que se examinará en el Consejo de Ministros.

504.El Departamento desempeña asimismo un papel principal en la aplicación de planes de justicia local para aborígenes. Esos planes se aplican con el auspicio del Acuerdo sobre Justicia Aborigen y sirven para determinar el orden de prioridad de las comunidades aborígenes en materia de justicia. Una vez delimitados los problemas locales, los foros locales de justicia negociarán con organismos gubernamentales y otras instituciones no gubernamentales para elaborar planes de acción que permitan atender a ese orden de prioridad.

505.Recientemente el Departamento creó el puesto de Comisionado Adjunto para la Justicia Aborigen, que ahora ha sido cubierto. Ese funcionario se encargará de organizar asociaciones de concepto innovador, centradas en el interés del beneficiario, en materia de servicios penitenciarios para los aborígenes. Dichos servicios se organizarán en consulta con las comunidades aborígenes y se centrarán en la mejora de la seguridad y la calidad de vida en las comunidades aborígenes.

506.El recluso que considera que se han violado sus derechos en el plano judicial u otros derechos puede presentar una reclamación. Los reclusos reciben a su llegada un folleto sobre los procedimientos de reclamación. Las denuncias pueden someterse al superintendente o superintendente adjunto. Si el recluso tiene algún reparo a presentar una reclamación a un funcionario superior, la reclamación puede someterse a la Oficina del Ombudsman. El Departamento pone gratuitamente a disposición de los reclusos una línea de teléfono para contactar con la Oficina del Ombudsman.

507.La Oficina del Inspector de los Servicios Penitenciarios es un órgano independiente de derecho público que se dedica a la fiscalización externa de las normas y las prácticas de la administración penitencia de Australia Occidental.

508.El modelo tiene por objeto velar por que las actividades de la Oficina del Inspector sean independientes y que, en aras del interés público, las operaciones penitenciarias de Australia Occidental sean transparentes y sujetas a una plena rendición de cuentas. Las responsabilidades básicas de la Oficina incluyen:

a)Inspecciones completas de todas las instalaciones de privación de libertad distintas de las de la policía;

b)Exámenes temáticos y documentos de debate sobre problemas sistémicos;

c)Asesoramiento al Parlamento y al Ministro de Administración Penitenciaria sobre cuestiones de política en materia de justicia penal;

d)Coordinación con otros órganos pertinentes de derecho público, como el Ombudsman;

e)Administración del plan de visitantes independientes.

509.La esfera de competencia de la Oficina abarca todas las cárceles y centros de detención de menores públicos y del sector privados, los establecimientos de prisión preventiva, calabozos reglamentarios y los servicios contratados de transporte y apoyo a reclusos de Australia Occidental.

510.La información que sigue se refiere específicamente a las personas con enfermedades mentales que han pasado a ser pacientes involuntarios con arreglo a la Ley de salud mental de 1996 de Australia Occidental. La Ley prevé que deben ser recluidas las personas que tienen una enfermedad mental y satisfacen los criterios del caso, en particular, que padecen una enfermedad mental que requiere un tratamiento que se le puede dispensar como paciente involuntario privado de libertad con objeto de proteger la salud o la seguridad de la persona misma o de otras o protegerla contra el riesgo de lesiones autoinfligidas. Los demás criterios son que la persona haya rechazado el tratamiento o que, a causa de la naturaleza de su enfermedad mental no pueda dar su consentimiento al tratamiento y éste no se pueda dispensar de manera menos restrictiva.

511.Entre los objetivos de la Ley de salud mental figura el de "asegurar que las personas que sufren una enfermedad mental reciban la mejor atención y el mejor tratamiento con la mínima limitación de sus libertades y la mínima intromisión en sus derechos y dignidad". En la Ley se especifican detalladamente los derechos de los pacientes recluidos involuntariamente, a saber:

a) Información sobre los derechos

512.Debe darse a la persona ingresada en un hospital autorizado voluntaria o involuntariamente una explicación, oralmente y por escrito, acerca de sus derechos (artículo 156). La explicación debe hacerse en el lenguaje hablado habitualmente por el paciente. En las instalaciones de salud mental existen folletos explicativos en inglés y otros 15 idiomas locales. Además, el personal especializado en el tratamiento sabe cómo contactar a intérpretes de idiomas y del idioma de signos. Se facilitan ejemplares de los formularios legales a los pacientes y, cuando se conocen, a las personas que cuidan de ellos.

b) Derecho a presentar reclamaciones

513.Toda persona tiene derecho a reclamar si no está conforme con la atención que se le ha dispensado o si se considera tratada injusta o inapropiadamente. Puede quejarse al personal, a la dirección del hospital o a otras instituciones externas, como la Oficina de Examen de la Salud. Todo paciente o cualquier otra persona puede presentar quejas a la Junta de Examen de la Salud Mental acerca del no reconocimiento de los derechos que le concede la Ley de salud mental. También se pueden presentar denuncias al Consejo de Visitantes Oficiales (artículo 188) o al Jefe de Psiquiatría (artículo 9).

c) Acceso a los expedientes personales

514.Toda persona que es o ha sido paciente involuntaria, en particular si se trata de un acusado mentalmente disminuido recluido en un hospital oficial, tiene derecho a inspeccionar cualesquiera documentos que le conciernan y a pedir copia de los mismos. Se aplican ciertas restricciones por lo que respecta a la información que pueda tener un efecto contraproducente en la salud o la seguridad del paciente o de cualquier otra persona, o que pueda revelar información personal de carácter confidencial acerca de otra persona (sin el previo permiso de esa persona) o revelar información obtenida de manera confidencial (artículo 160). En semejantes circunstancias, el paciente puede designar a una persona cualificada para que ejerza su derecho de inspeccionar el documento pertinente o de pedir copia del mismo (artículo 161).

d) Derecho a no recibir malos tratos

515.Toda persona responsable del paciente que le somete a malos tratos o descuida deliberadamente a su paciente comete un delito castigado con una multa de 4.000 dólares o cinco años de cárcel.

e) Derecho a una segunda opinión

516.Además del derecho a consultar a un psiquiatra del hospital, el paciente involuntario también tiene derecho a acudir a otro psiquiatra para conocer una segunda opinión. La solicitud puede hacerse verbalmente o por escrito al psiquiatra que lo trata. La segunda opinión debe darse a conocer lo más pronto posible y el reconocimiento puede hacerse por medios audiovisuales (artículos 111 y 164).

517.El paciente que recibe atención psiquiátrica (artículo 109) y no está conforme con el tratamiento puede pedir que se recabe de un psiquiatra que no haya estudiado el caso previamente una opinión en cuanto a la necesidad de ese tratamiento. También, como segunda opción, puede pedir que el Jefe de Psiquiatría haga lo necesario para obtener esa opinión.

518.Si, tras ser informado de que el segundo psiquiatra recomienda que se modifique o suspenda el tratamiento, el paciente sigue estando disconforme, el asunto puede remitirse al Jefe de Psiquiatría. Éste puede dar instrucciones en cuanto al tratamiento (artículo 12) o remitir el asunto a la Junta de Examen de la Salud Mental o incluso encargar a otro psiquiatra (artículo 112) que se responsabilice del tratamiento del paciente.

f) Derecho a conservar sus efectos personales

519.En lo posible, se darán facilidades a los pacientes para utilizar y conservar los artículos de uso personal, a menos que el psiquiatra considere que el uso o la conservación de ciertos artículos no es conveniente en el hospital (artículo 165).

g) Derecho a enviar y recibir correo

520.Los pacientes tienen derecho a enviar y recibir correspondencia sin ninguna intervención o restricción por parte de los empleados del hospital. La correspondencia que se entrega al personal para que la lleve a correos o la que han de entregar al paciente no deben ser abiertas ni retrasadas por los empleados sin "excusa razonable". La Ley de salud mental no contiene ninguna definición de la expresión "excusa razonable" pero los pacientes pueden acudir a la Junta de Examen de la Salud Mental si se les deniega o restringe el correo. El funcionario del hospital que haya actuado ilegalmente puede ser castigado con una multa de 500 dólares.

i) Derecho a recibir y hacer llamadas telefónicas

521.Debe darse a los pacientes la oportunidad de hacer y recibir llamadas telefónicas con una intimidad razonable.

j) Derecho a recibir visitas

522.Todo paciente debe tener la oportunidad de recibir a visitantes de su elección con una intimidad razonable.

k) Restricciones o denegación de los derechos

523.El psiquiatra puede limitar cualquier de los derechos antes mencionados si se considera que eso es lo mejor para el paciente. Cuando se limita uno de esos derechos, el psiquiatra debe revisar diariamente la orden que lo restringe. Cuando no se procede a tal revisión, la orden de limitación caduca al final del día. Debe dejarse constancia de la orden y de la revisión en las notas relativas al paciente (artículo 169). Los pacientes u otras personas interesadas pueden pedir a la Junta de Examen de la Salud Mental que proceda a una revisión. La Junta puede confirmar, anular o modificar la orden de limitación (artículo 170). Además, por lo que respecta a las visitas, el paciente puede, cuando se deniega o restringe ese derecho, pedir la intervención del Jefe de Psiquiatría, que puede anular la restricción o la denegación.

l) Derecho de voto

524.Todas las personas que figuran en el censo electoral tienen el deber de votar. Ahora bien, cuando se trata de un paciente involuntario, el psiquiatra debe determinar si éste es o no capaz de votar. Si no lo es, el psiquiatra debe comunicárselo por escrito al Jefe de Psiquiatría, que entonces informa al Comisionado Electoral. A continuación el derecho de voto del paciente se suspende (artículos 201 y 202). El psiquiatra puede anular esa orden en cualquier momento, nuevamente comunicándoselo por escrito al Jefe de Psiquiatría. El paciente, o cualquier otra persona que a juicio de la Junta de Examen de la Salud Mental tenga un interés legítimo en el asunto, puede apelar de la decisión de retirar a un paciente el derecho de voto. La Junta puede entonces confirmar o anular la decisión.

m) Derecho a aceptar o rechazar ciertos tratamientos

525.El paciente voluntario tiene los mismos derechos que cualquier otro paciente de un hospital. Puede rechazar o aceptar cualquier tratamiento. Los pacientes involuntarios también deberían estar involucrados en las cuestiones de consentimiento, de conformidad con la buena práctica clínica. Ese consentimiento supone:

i)que se explique claramente al paciente el tratamiento propuesto, con información suficiente para que pueda formarse un juicio equilibrado;

que en la explicación se le advierta de los riesgos inherentes al tratamiento;

que la información se dé en un idioma que el paciente entienda, recurriendo, de ser necesario, a los servicios de intérpretes, y que la persona que facilite la información tenga en cuenta su conocimiento del paciente, tanto desde el punto de vista médico como social;

que el paciente disponga de tiempo suficiente para estudiar la información, lo cual puede significar que tenga que buscar asesoramiento de otras fuentes, como los grupos voluntarios; y

que se admita que el hecho de que el paciente no se resista al tratamiento no significa por sí mismo que consienta al tratamiento.

526.La buena práctica clínica exige que, siempre que sea posible, el paciente esté plenamente enterado de las opciones de tratamiento y sea consciente de todo el proceso de obtención del consentimiento. Sin embargo, la Ley de la salud mental sí admite que puede darse a un paciente involuntario privado de libertad, o a un acusado mentalmente disminuido ingresado en un hospital autorizado, tratamiento psiquiátrico, aparte de la psicocirugía, sin su consentimiento (artículo 109).

Derecho de presentar recurso ante la Junta de Examen de la Salud Mental

527.Los pacientes involuntarios, los visitantes oficiales y cualquier otra persona que, a juicio de la Junta de Examen de la Salud Mental, tenga un interés genuino por el paciente puede pedir a la Junta que examine la condición de paciente involuntario; si no se recibe ninguna petición en ese sentido, se procede a un examen obligatorio al cabo de ocho semanas y, posteriormente, cada seis meses.

Derecho de apelar ante el Tribunal Supremo

528.Todo paciente o cualquiera otra persona que, en opinión del Tribunal Supremo, tenga un interés suficiente en el caso puede apelar ante el Tribunal Supremo de una decisión o una resolución de la Junta de Examen de la Salud Mental.

Protección de los derechos

529.Acceso a un Visitante Oficial. El Consejo de Visitantes Oficiales es un organismo que rinde informe al Ministro de la Salud. El Consejo vela por que las personas privadas de libertad sean informadas de sus derechos, por que se respeten los derechos de esas personas, por que las reclamaciones sean recibidas e investigadas y por que se tome una decisión al respecto. El Visitante Oficial puede inspeccionar cualquier parte de un hospital autorizado; esas inspecciones se realizan regularmente.

530.La Junta de Examen de la Salud Mental tiene el deber de examinar cualquier asunto que se señale a su atención, incluidas las reclamaciones.

531.El Jefe de Psiquiatría fiscaliza las normas de la atención psiquiátrica en toda Australia Occidental, recibe las reclamaciones y toma decisiones al respecto. Informa al Director General de Sanidad y es independiente de los servicios de salud mental.

Australia Meridional

Procedimientos de la Administración Penitenciaria

532.En Australia Meridional cada preso, al ingresar en la cárcel, es objeto de un reconocimiento para determinar si muestra síntomas de estrés y es vigilado durante los primeros siete días. Además, es evaluado para determinar el riesgo de reincidencia penal y averiguar sus necesidades criminogénicas para tratarlas con las intervenciones apropiadas o para determinar si ha de ser sometido a una nueva evaluación especializada.

533.El Departamento de Servicios Penitenciarios administra a todos los presos mediante un modelo de gestión de casos. Ello quiere decir que cada preso es tratado como un individuo y que se elabora para él un plan de programas o un plan de desarrollo individual en el que se describen los programas que necesitan, el régimen y el grado de seguridad que se les confiere y su acceso al trabajo y a las actividades de esparcimiento.

534.Los presos tienen acceso a personal médico, a trabajadores sociales y a atención psicológica y, de ser necesario, pueden ser trasladados a otros lugares para recibir esos servicios.

535.Todo preso que, según los resultados de un reconocimiento médico o por las observaciones del personal penitenciario, se halle en situación de riesgo es atendido según el procedimiento del equipo de evaluación de alto riesgo. Se trata de un proceso oficial que llevan a cabo el Departamento y el Servicio Sanitario de Prisiones para evaluar, vigilar y aplicar estrategias de gestión a los presos que tienen necesidades especiales. Ese proceso debe ir acompañado por el rápido intercambio de información, tanto médica como penitenciaria. De ese modo se procura que los presos que corren peligro de infligirse lesiones, tienen problemas de salud mental o sufren de alguna otra desventaja, estén protegidos mientras están privados de libertad.

536.El recluso cuya seguridad corre peligro en el entorno carcelario puede ser objeto de "protección", lo que significa que estará alojado en una celda especial destinada a tal efecto. Esos presos están separados de la población reclusa en general y sólo pueden estar en contacto con los demás presos protegidos.

537.Los reclusos indígenas tienen la oportunidad de reunirse con el Director General del Departamento en el Foro de prevención de las muertes de aborígenes privados de libertad, que se reúne cada seis semanas en distintos establecimientos. Este foro permite a los reclusos indígenas plantear problemas o manifestar preocupaciones directamente al Director General. La Dependencia de Servicios para Aborígenes del Departamento estudia las cuestiones planteadas en nombre de los presos. Las cuestiones sistémicas se examinan y analizan al final del año para tener la seguridad de que su tramitación sigue progresando.

538.Además, varios órganos e instituciones influyentes, tanto internos como externos al sistema carcelario, reciben y tramitan las reclamaciones presentadas por los presos:

a)los administradores de dependencias y directores generales dentro de cada cárcel;

b)los inspectores visitantes, nombrados por el Ministro, que visitan cada cárcel y hablan con los reclusos cada semana;

c)los oficiales de enlace con los aborígenes;

d)los servicios religiosos ecuménicos y el acceso a los capellanes de la cárcel sin dificultad;

e)en cada cárcel, el acceso telefónico gratuito a una línea en que los reclusos pueden hacer reclamaciones;

f)el Ombudsman;

g)el Consejo Consultivo de los Servicios Penitenciarios, órgano independiente que responde directamente ante el Ministro, vigila y evalúa la administración y las operaciones con arreglo a la Ley de servicios penitenciarios de 1982;

h)el Ministro;

i)los Servicios de Apoyo a los Presos y Delincuentes Aborígenes;

j)la Asistencia Jurídica para Aborígenes;

k)los Servicios de Ayuda y Rehabilitación para Delincuentes;

l)el acceso telefónico gratuito al número del servicio de emergencia de hepatitis C; y

m)vínculos a todos los niveles con servicios especializados de salud mental.

Servicios especializados para los aborígenes

539.Los presos aborígenes también pueden acudir al Plan de Visitantes Aborígenes, creado en Australia Meridional en 1991 para atender a las recomendaciones de la Real Comisión para la Investigación de las Muertes de Aborígenes Detenidos. El gabinete del Primer Ministro y Consejo de Ministros administra la financiación del programa del Plan de Visitantes en todo el Estado. El programa se concentra en un papel de dispensador de atención y cuidados psicológicos y en la seguridad y el bienestar de los aborígenes cuando se hallan privados de libertad en los calabozos de la policía. Gracias al Plan de Visitantes Aborígenes las necesidades de los detenidos se ponen en conocimiento de la policía, que adopta entonces una línea de acción apropiada, con la intervención de especialistas, si es necesario.

540.Además, la División de Asuntos Aborígenes y Reconciliación atiende a menudo consultas sobre asuntos aborígenes que le hacen todos los organismos de la administración que por sus funciones son responsables de las diversas disposiciones legislativas relativas a la detención de aborígenes y la investigación de las muertes de aborígenes detenidos.

Servicios de salud

541.El Departamento de Servicios Penitenciarios y el Departamento de Salud aplicaron en abril de 2007 los protocolos de sistemas conjuntos, que tienen por objeto mejorar la salud y el bienestar de los reclusos.

542.La atención primaria de salud en las cárceles abarca:

a)el consentimiento informado del paciente;

b)los servicios de intérpretes, si son necesarios;

c)la autonomía del personal médico clínico y otro personal sanitario;

d)la continuación de los cuidados después de la excarcelación;

e)una relación terapéutica distinta de las funciones de seguridad;

f)la colaboración con otros servicios comunitarios;

g)la atención respetuosa y culturalmente apropiada;

h)la confidencialidad y el secreto de la información médica;

i)el traspaso de la información médica a una norma comunitaria.

543.Todas las personas que ingresan en una cárcel de Australia Meridional tienen acceso a la atención sanitaria y son informadas de la existencia de servicios de atención de salud y de la manera de acudir a ellos. Los que no hablan inglés son informados de que pueden pedir los servicios de intérpretes. Los analfabetos reciben información de una manera que les sea comprensible.

544.En las primeras horas de su llegada, todos los presos son reconocidos por un enfermero titulado con experiencia en la identificación de: problemas físicos y mentales urgentes y crónicos; problemas de drogadicción y alcoholismo; señales de traumas y de malos tratos y enfermedades infecciosas. A las 24 ó 38 horas los reclusos son examinados por un médico. Se procede a evaluaciones médicas urgentes, cuando son necesarias. El Departamento de Servicios Penitenciarios emplea a funcionarios de enlace con los aborígenes, trabajadores sociales y psicólogos en todas las cárceles para coadyuvar en este proceso.

545.Los presos tienen derecho a dar su consentimiento informado para todo tratamiento. De los servicios de atención primaria de salud en las prisiones forma parte la promoción de la salud y la atención preventiva de una calidad que básicamente equivale a la de la sociedad en general.

546.El personal de atención médica de las cárceles tiene autonomía clínica y no se halla demasiado influido por las cuestiones de seguridad. Se establecen relaciones terapéuticas que delimitan claramente la atención penitenciaria y la atención de salud. Cuando se obtiene el consentimiento informado del paciente, se puede aplicar un plan de seguimiento de la atención después de la excarcelación. La atención médica en las cárceles también se vincula con los servicios comunitarios y tiene un sistema de derivación.

547.Los derechos y las necesidades de los pacientes (presos) se respetan y la atención se dispensa de manera respetuosa y culturalmente apropiada. Se averigua la opinión de los pacientes mediante encuestas periódicas sobre la satisfacción de los interesados. Las quejas que se reciben son registradas e investigadas. Se informa a los presos de su derecho de presentar denuncias a terceros, como por ejemplo al Servicio de Reclamaciones de la Salud y la Comunidad y el Ombudsman.

548.Los Servicios de Salud de los Reclusos de Australia Meridional aplican un mecanismo para mejorar la seguridad y la calidad de la atención. Sólo se emplea a profesionales cualificados. Hay mecanismos que permiten gestionar los riesgos clínicos. Se organizan regularmente sesiones de perfeccionamiento profesional y actualización de conocimientos para todo el personal de salud.

549.Las características físicas de los centros de atención de salud en las cárceles tienen en cuenta los problemas de los discapacitados. Cada centro está equipado para dispensar una atención global y completa de una calidad equivalente a la atención primaria de salud de la comunidad.

550.Se facilitan gratuitamente a los presos medicamentos y vacunas de calidad comparable a la que se encuentra en la sociedad en general. Se dispensa gratuitamente información sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles y su prevención.

Servicios de salud para los inmigrantes detenidos en los centros, los refugiados y otras  personas vulnerables

551.Australia Meridional fue la primera entidad política en concertar con el Departamento de Inmigración y Ciudadanía protocolos para los inmigrantes detenidos en los centros. Los protocolos se ultimaron a principios de abril de 2005. Posteriormente, a finales del mismo año, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía y el Departamento de Salud de Australia Meridional firmaron un memorando de entendimiento para la prestación de determinados servicios a las personas detenidas en virtud de las disposiciones de la Ley de inmigración de 1958, con objeto de regular la prestación de servicios de sanidad a ciertos inmigrantes remitidos por el proveedor de servicios contratado por el Departamento. Los protocolos prescriben que los servicios prestados a los inmigrantes privados de libertad deben ser de la misma calidad que los que se prestan a la comunidad en general y que la atención debe concentrarse en la prevención y una pronta intervención.

552.El proyecto de Ley de salud mental de 2007 contiene disposiciones especiales sobre los niños, las personas mayores, las personas de entornos culturales y lingüísticos diferentes y los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

553.El proyecto prevé una mayor protección de los menores de 18 años, en particular una revisión más frecuente de las órdenes de internamiento, y dispone que la persona que tiene una enfermedad mental puede designar a un tutor, un pariente, un cuidador, un agente médico o un amigo que le brinden su apoyo. El paciente que presenta un recurso contra una decisión de salud mental tiene acceso a una representación legal totalmente gratuita.

Educación de los menores detenidos

554.El Departamento de Educación y Servicios a la Infancia de Australia Meridional dispensa educación a todos los menores privados de libertad en el marco del sistema de la justicia de menores.

555.El Gobierno reconoce que la tasa de encarcelamiento de indígenas es alta si se compara con la población general.

556.Mediante consultas con los propios indígenas y la introducción de una serie de medidas, en particular medidas legislativas y programas de derivación, el Gobierno toma disposiciones para hacer frente al problema de la excesiva presencia de indígenas australianos en los establecimientos de privación de libertad.

557.En 2005 la Ley del derecho penal (condenas) de 1988 fue modificada por la Ley de revisión de los estatutos (programas de intervención y procedimientos de condena) de 2005 para dar respaldo oficial a dos prácticas que se habían implantado en los tribunales. Una es la práctica de aconsejar a los reos que acudan a programas de intervención que les ayuden a tomar conciencia de las causas profundas de su comportamiento delictivo. La otra es el recurso a conferencias sobre el pronunciado de penas en el caso de los delincuentes aborígenes, conferencias que se celebran en los días de sesión de los tribunales aborígenes (tribunales Nunga).

558.De conformidad con el artículo 9C de la Ley de derecho penal (condenas) el tribunal penal puede, con el consentimiento del acusado, convocar una conferencia de determinación de la condena y tomar en consideración las opiniones expresadas en dicha conferencia. El funcionario judicial aborigen empleado por la Autoridad Aborigen de Administración de Tribunales asiste al tribunal en la convocación de la conferencia y le aconseja sobre la cultura y la sociedad aborígenes. El funcionario judicial aborigen también ayuda a los aborígenes a comprender los procedimientos del tribunal y las opciones de condena y les ayuda a cumplir las órdenes y autos del tribunal. La condena dictada contra un delincuente aborigen, bien por el procedimiento normal bien en una conferencia de determinación de la condena, puede incluir el requisito de que participe o siga participando en un programa de intervención.

559.Dos de los programas de intervención que tienen por objeto derivar a los delincuentes hacia sistemas que procuran tratar las causas médicas y socioeconómicas del comportamiento delictivo, en vez de dejarlos en el sistema carcelario, son el Tribunal de Toxicomanía y el Plan Judicial de Evaluación y Derivación de Toxicómanos.

560.En Australia Meridional el Tribunal de Toxicómanos ofrece a los drogadictos una opción distinta de una condena inmediata de prisión a fin de ayudarlos a romper el círculo de la drogadicción y la delincuencia. Los delincuentes aceptados en el programa están bajo una estricta supervisión que puede incluir el arresto domiciliario electrónicamente vigilado, la comparecencia semanal ante el Tribunal y controles aleatorios y frecuentes de toxicomanía. También deben respetar cierto número de condiciones tales como asistir a los programas de tratamiento y apoyo. El grado de participación de los delincuentes en el programa será entonces tomado en consideración a la hora de determinar la pena. Al conseguir que los acusados aborígenes estén en contacto con servicios culturalmente apropiados, el Tribunal de Toxicómanos contribuye a tratar las causas del comportamiento delictivo y, de esa manera, a reducir el número de aborígenes encarcelados.

561.El programa del Plan Judicial de Evaluación y Derivación de Toxicómanos funciona en los tribunales de primera instancia y los tribunales de menores de Australia Meridional y brinda a los acusados que consumen drogas la oportunidad de recibir tratamiento para su problema de toxicomanía como parte del proceso judicial. Los aborígenes deciden si quieren ser atendidos por personal clínico especializado en el tratamiento de aborígenes o por otros especialistas. También hay funcionarios de justicia aborígenes que pueden ayudar a los acusados aborígenes durante todo el proceso de evaluación. El Plan tiene un nivel relativamente alto de participación de aborígenes. Como en el caso del Tribunal de Toxicomanía, la posibilidad de recibir tratamiento como parte del proceso judicial reduce el riesgo de reincidencia en delitos relacionados con las drogas.

562.Tanto el Tribunal de Toxicomanía como el Plan Judicial de Evaluación y Derivación de Toxicómanos han sido evaluados y se ha podido comprobar una reducción del nivel de delincuencia de los participantes que superan con éxito los programas.

563.También se aplica un Programa de Derivación en el ámbito del tribunal de primera instancia, lo que permite derivar hacia servicios de tratamiento y apoyo a las personas con enfermedades mentales. La participación con éxito en el programa de tratamiento puede llevar a que se retiren o desestimen los cargos.

564.Desde 1999 los tribunales de primera instancia de Port Adelaide, Port Augusta, Murray Bridge y Ceduna también vienen celebrando sesiones especiales para aborígenes a fin de ayudarles a comprender y cumplir las opciones de condena a penas no acompañadas de privación de libertad y a alentarles a participar en el proceso judicial.

565.En cuanto tribunal establecido expresamente para tratar a los delincuentes aborígenes, el Tribunal de Aborígenes (Nunga) ha conseguido aumentar el nivel de presencia de aborígenes en el Tribunal y, en consecuencia, ha contribuido a reducir el número de autos de detención expedidos por no comparecencia y los consiguientes períodos de privación de libertad.

Tasmania

566.Los agentes de policía están bien adiestrados sobre los derechos de las personas privadas de libertad y conocen bien sus deberes en cuanto a las obligaciones y los procedimientos que deben observar al atender a esas personas. Las personas vulnerables privadas de libertad siempre están bajo supervisión.

567.Los procedimientos que se aplican exigen que las mujeres sean cacheadas únicamente por funcionarias de policía y si ninguna está disponible, que se designe a una para desempeñar esa función. En los procedimientos de privación de libertad se prevé la vigilancia independiente de los detenidos, incluida la validación del auto de detención. Se hace una clasificación de las personas en prisión provisional y se procura atender en ese proceso a su bienestar y demás necesidades, incluida la vulnerabilidad, las enfermedades y la evaluación de los riesgos. Existen instalaciones hospitalarias y servicios médicos a los que se recurre, de ser necesario. Las mujeres están separadas de los varones y la Ley de justicia de menores de 1997 (Tasmania) prescribe que los menores de 18 años estén separados de los adultos.

568.La policía de Tasmania aplica varios memorandos de entendimiento y tiene oficiales de enlace que velan por las personas afectadas de alguna enfermedad mental sean tratadas de conformidad con los protocolos apropiados.

569.De igual modo, la policía de Tasmania tiene por norma que, salvo que existan circunstancias excepcionales o disposiciones legales que requieran otra cosa, los aborígenes sean puestos en libertad bajo fianza en la primera oportunidad y no encerrados en celdas.

570.Si resulta necesario detener o interrogar a un aborigen, el agente de policía que ha practicado la detención, o el funcionario superior de policía si el aborigen no está detenido, tiene la obligación de hacer todo lo posible para:

a)notificar a un pariente o amigo y al Servicio Jurídico Aborigen;

b)si se requiere la presencia de alguna de las personas notificadas, tomar todas las medidas razonables para realizar las diligencias necesarias, y

c)poner las cuestiones de importancia en conocimiento del oficial de distrito encargado del enlace con los aborígenes o del coordinador de la policía de Tasmania encargado del enlace con los aborígenes.

571.Con arreglo a la Ley de la policía de 2003 (Tasmania), los agentes deben cumplir con los requisitos del Código de conducta, en el que se prevén sanciones de importancia, en particular multas, degradación y cese fulminante por indisciplina.

572.La Ley de salud mental de 1996 (Tasmania) se aplica a la detención y al tratamiento de los pacientes involuntarios y las personas internadas por diligencia judicial. La Ley tiene en cuenta las obligaciones enunciadas en las convenciones internacionales y contiene muchas salvaguardias para proteger los derechos humanos fundamentales:

a)Crea el cargo de Jefe de Psiquiatría Forense que informa al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre la atención y el tratamiento de los pacientes ingresados por diligencia forense y las personas sujetas a un auto de vigilancia, así como sobre el cumplimiento de los objetivos de la ley en lo que respecta a los pacientes psiquiátricos, las personas sujetas a autos de vigilancia y la seguridad de las unidades de salud mental;

b)Regula la aprobación y el funcionamiento de las unidades de salud mental;

c)Se aplica a la admisión de pacientes en una unidad segura de salud mental, a la atención y el tratamiento de los pacientes en esa unidad, al alta de los pacientes psiquiátricos y a la puesta en libertad y alta de los pacientes;

d)Regula el funcionamiento y la administración de los autos de continuación de la atención y de las órdenes de tratamiento en la comunidad;

e)Reglamenta el funcionamiento del Tribunal de Salud Mental y del Tribunal de Psiquiatría. El Tribunal de Salud Mental se encarga de la vigilancia de los pacientes involuntarios (o civiles). El Tribunal de Psiquiatría desempeña la fiscalización y funciones concretas respecto de los pacientes psiquiátricos.

573.El Departamento de Salud y Servicio Humanos, por conducto de la Dependencia de Servicios de Protección a la Infancia, se encarga de intervenir en los casos en que, a tenor de la Ley de la infancia, la adolescencia y sus familias de 1997, hay niños que corren peligro de ser maltratados o descuidados.

Territorio de la Capital Australiana

574.Las personas privadas de libertad en el Territorio de la Capital Australiana pueden acudir a diversos funcionarios y órganos gubernamentales encargados de defender sus intereses e investigar las denuncias. Entre esas entidades figuran el Comisionado de Derechos Humanos, el Ombudsman, el Visitante Oficial, la Asistencia Jurídica, el Servicio de Apoyo a las Víctimas y el Oficial de Bienestar Social del Centro de Prisión Provisional de Belconnen y el Centro Temporal de Prisión Provisional de Symonston. Por ejemplo, la Oficina del Visitante Oficial está habilitada para inspeccionar los establecimientos de prisión provisional, hablar con los reclusos e investigar las denuncias. De igual modo, el Ombudsman puede revisar las decisiones de la policía y de las autoridades penitenciarias y hacer recomendaciones.

575.El artículo 13 de la Ley de administración penitenciaria de 2007 dispone que el Ministro puede dar por escrito instrucciones sobre la manera como han de desempeñarse las funciones prescritas en la Ley. Gracias a esta disposición se pueden ultimar procedimientos y protocolos que respondan a los resultados de las investigaciones, los informes, los dictámenes de las comisiones reales, etc., que tratan de la protección de ciertas clases de detenidos.

Mujeres

576.Véanse en la respuesta a la pregunta 4 las medidas relativas a la protección de las mujeres privadas de libertad.

Indígenas

577.Los indígenas australianos pueden acudir a servicios de especialistas tales como el Centro Judicial para Aborígenes, el Servicio de Salud Aborigen de Winnunga, el Oficial de Enlace con los Indígenas y el Servicio Jurídico Aborigen del Suroeste. Se está pensando en crear un cargo de Visitante Oficial indígena.

578.El artículo 55 de la Ley de administración penitenciaria de 2007 dispone que las autoridades que ordenan la prisión provisional deben cerciorarse de que, en lo factible, se toman medidas para atender en los centros penitenciarios las necesidades religiosas, espirituales y culturales de los detenidos.

Personas que sufren enfermedad mental

579.Las personas que tienen problemas de salud mental pueden acudir al Tribunal de Salud Mental y Tutela, al Servicio Judicial de Salud Mental, a la Dependencia de Salud Mental del Territorio de la Capital Australiana, a la Oficina del Abogado Público, al Servicio Jurídico de la Discriminación por Discapacidad, a la Dependencia Judicial de Salud Mental y a la Oficina de los Fideicomisarios Públicos.

580.Los artículos 66 y 67 de la Ley de administración penitenciaria de 2007 prescriben que todo detenido, al ser admitido, debe ser examinado para determinar si corre algún peligro a causa de problemas físicos o mentales y cuáles son sus necesidades en materia de salud mental y física.

581.El artículo 54 de la Ley de administración penitenciaria dispone que detenidos pueden ser trasladados a una instalación de servicios médicos o de salud mental en los casos en que las autoridades creen, por motivos razonables, que ese traslado es necesario o conveniente. Además, las disposiciones de la Ley de salud mental (tratamiento y cuidado) de 1994, que regula el tratamiento de los enfermos mentales, también se aplican a las personas detenidas en un centro penitenciario.

Menores

582.En julio de 2005 la Comisionada de Derechos Humanos del Territorio de la Capital Australiana presentó al Gobierno del territorio su informe titulado "Human Rights Audit of Quamby Youth Detention Centre" (Balance del centro de detención de menores de Quamby en materia de derechos humanos). El Gobierno estudió las 52 recomendaciones, aceptó 25 de ellas y aceptó en principio otras 27. Muchas de las recomendaciones se han aplicado. Tras unas consultas, se dictaron 11 órdenes permanentes en diciembre de 2006 en cumplimiento de la Ley de niños y menores de 1999 y de las normas de derechos humanos. Las nuevas órdenes permanentes se refieren a las recomendaciones formuladas por la Comisionada de Derechos Humanos.

583.Las nuevas órdenes permanentes dan directrices concretas que facultan al personal para aplicar las disposiciones de la Ley de niños y menores de 1999 y todos los preceptos legislativos que se refieren a niños y jóvenes privados de libertad. Esas nuevas órdenes, que representan las mejores prácticas, son modernas y completas y brindan un buen apoyo al personal del centro de prisión provisional.

584.Esos objetivos quedan afianzados porque se procura que cada recluso viva en un entorno seguro y sano, en condiciones que cumplan los requisitos mínimos especificados en las órdenes permanentes por lo que respecta a intimidad y dignidad. Las órdenes permanentes también contienen programas y servicios, en particular educativos, de formación profesional y de salud, en los que se tienen en cuenta las características peculiares de cada recluso, tales como su vulnerabilidad como niño o menor, el grado de madurez, el sexo, las competencias, los puntos fuertes y la identidad cultural.

585.En esas órdenes permanentes se reconoce que los niños y los menores que delinquen pueden ser particularmente vulnerables a causa de una amplia gama de factores de riesgo y pueden haber sufrido muy graves traumas o adversidades en los primeros años de su vida. Mediante esas instrucciones permanentes se trata de reducir el daño psicológico mientras el niño o el menor está en el centro de detención. Las instrucciones permanentes insisten en la función de rehabilitación y terapéutica de todo el personal que trabaja en el centro.

La reciente instrucción permanente –información, revisión de las decisiones y reclamaciones ‑ se ha redactado para que los niños, los menores y otras  personas tengan una vía para denunciar presuntas violaciones de los derechos humanos y otros problemas.

586.Para apoyar los principios de las nuevas instrucciones permanentes, se está avanzando en la revisión y actualización de los manuales para reclusos, personal y familiares. En los manuales se consigna información importante sobre el funcionamiento del centro de detención para menores. Con ello se facilitará a los niños, los menores y sus familias información sobre sus derechos, los programas y servicios que tienen a su disposición mientras están recluidos y los procesos de reclamación a los que pueden acudir los reclusos y sus familiares.

587.La Administración Penitenciaria del Territorio de la Capital Australiana no se ocupa a tiempo completo de los menores privados de libertad. Sin embargo, los menores que comparecen ante un tribunal están bajo la vigilancia del personal de la Administración Penitenciaria. Para atender a las necesidades de esos menores privados de libertad, se ha concertado un memorando de entendimiento con el Abogado Público. Recientemente el personal de la Administración Penitenciaria ha preparado un procedimiento de reclamación específicamente destinado a los menores privados de libertad en un centro de la Administración Penitenciaria del Territorio. En ese procedimiento se describe claramente lo que esperan los funcionarios y cuáles deben ser las expectativas de los delincuentes, así como la manera como los menores pueden gestionar sus preocupaciones. Esta información se pone a disposición de todos los menores detenidos en un centro de la Administración Penitenciaria.

588.En 2006‑2007 la Comisión de Derechos Humanos del Territorio de la Capital Australiana procedió a una verificación del funcionamiento de los establecimientos penitenciarios fijando especialmente la atención en la situación de los enfermos mentales en prisión provisional. Para 2007‑2008 el Gobierno del Territorio se ha comprometido a impulsar el diseño, en el hospital de Canberra, de unidades seguras de tratamiento de adultos con graves problemas mentales para todos los residentes en el territorio cuya salud mental requiera tratamiento y hospitalización.

589.Ya se ha abordado el tema de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Territorio acerca de las mujeres. Además de recomendar que las reclusas no estén vigiladas por hombres por la noche, la Comisión propondrá que:

a)se hagan mayores esfuerzos para contratar a mujeres en la Administración Penitenciaria;

b)sean obligatorios para todos los funcionarios de vigilancia unos cursos de adiestramiento muy detallados sobre temas relacionados con las mujeres encarceladas y sobre concienciación de los problemas de las reclusas;

c)los centros de prisión provisional atiendan a las necesidades especiales de las reclusas, por ejemplo, instalando máquinas expendedoras de compresas y otros artículos higiénicos; y

d)se pongan a disposición de las reclusas medios de practicar relaciones sexuales seguras e información acerca de tales medios.

590.En los centros de prisión provisional del Territorio los derechos de los indígenas están razonablemente atendidos por el oficial de enlace de los indígenas. Ahora bien, la Comisión recomendará, entre otras cosas, lo siguiente:

a)que se exija a los funcionarios no indígenas de la administración penitenciaria que asistan a cursos de concienciación cultural;

b)que se evalúen sus competencias especiales en materia de interacción con personas de diferentes entornos culturales y lingüísticos;

c)que entre las medidas de análisis del desempeño de las funciones figure una evaluación de la capacidad de los funcionarios para mantener relaciones eficaces con reclusos de entornos cultural y lingüísticamente diversos; y

d)que el oficial de enlace con los indígenas tenga más apoyo y más recursos para que pueda desarrollar actividades más importantes desde el punto de vista cultural para los reclusos indígenas.

591.Por lo que respecta a los niños, el análisis e inspección del centro de prisión provisional de menores de Quamby efectuado por la Comisión de Derechos Humanos del Territorio dio lugar a recomendaciones que todas han sido aceptadas en principio por el Gobierno del territorio. Se está instalando un nuevo centro de prisión provisional, el centro penitenciario de menores de Bimberi, y la Comisión en general se muestra satisfecha por la elaboración de nuevas instrucciones permanentes y el diseño del centro.

Territorio del Norte

592.La Ley de prisiones (servicios penitenciarios) contiene instrucciones para que los reclusos aprovechen el Programa de Visitantes Oficiales. La Ley del Ombudsman da orientaciones sobre el acceso a los lugares de privación de libertad. Los reclusos pueden dirigirse a organismos tales como la Comisión de Denuncias de Salud por conducto del centro médico o de los servicios penitenciarios. Todos los reclusos tienen a su disposición la lista de superintendentes y las cartas confidenciales al Ministro para proteger sus derechos. Hay otros medios por los cuales pueden proteger sus derechos, como la posibilidad de dirigirse a la Comisión contra la Discriminación, a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades o sus representantes legales.

593.El Departamento de Justicia organiza un programa de visitantes oficiales en todos los establecimientos de prisión provisional de adultos y menores. Tras una investigación del programa que llevó a cabo el Ombudsman del Territorio del Norte, se introdujeron los siguientes cambios en su administración:

a)se creó una secretaría para eliminar todo conflicto de intereses real o supuesto a la hora de acometer los problemas planteados en los informes de los visitantes oficiales. Esta labor es fiscalizada ahora por una dependencia del Departamento de Justicia que está separada de los servicios penitenciarios;

b)se han puesto en práctica procesos de contratación y de formación inicial con objeto de estructurar un sistema más transparente para atraer a visitantes oficiales; para organizar la formación inicial de los visitantes oficiales (lo que antes no ocurría); para facilitar los materiales necesarios (por ejemplo, leyes, normas, directrices, formatos de informe) que puedan ayudar a los visitantes oficiales a desempeñar sus funciones; y

c)se ha creado un sistema de seguimiento para que se cumplan los requisitos legales, es decir, que las visitas se hagan mensualmente, que los informes se presenten y la correspondencia se prepare.

594.También existen mecanismos de examen independientes que funcionan por conducto de la Oficina del Ombudsman del Territorio del Norte y de la Comisión de Denuncias de Salud y de la Comunidad.

595.El Ombudsman del Territorio del Norte es una entidad independiente de derecho público que responde directamente ante el Parlamento. Todos los ciudadanos, incluidos los que están privados de libertad, tienen la posibilidad de formular reclamaciones al Ombudsman sobre cualquier asunto que tenga que ver con las medidas adoptadas por entidades de la Administración. Esto incluye a la policía, los servicios penitenciarios y todas las demás entidades estatales.

596.El Ombudsman ha sido un factor decisivo en la introducción de la Red telefónica de Reclusos que, entre otras cosas, ofrece a éstos llamadas gratuitas y una línea directa de comunicación para hacer reclamaciones al Ombudsman, a la Comisión contra la Discriminación, a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades y a la Comisión de Denuncias de Salud a través de números programados en esa red. Todos los reclusos tienen la posibilidad de llamar a sus representantes legales a las tarifas normales. Los reclusos también pueden ponerse en contacto con esas entidades por correo, que no está sujeto a censura.

597.La Ley de salud mental y servicios conexos (Territorio del Norte) también establece mecanismos acerca de las reclamaciones:

a)el artículo 100 regula los procedimientos internos de reclamación;

b)el artículo 105 faculta al Programa de Visitantes de la Comunidad (órgano independiente del Departamento) para investigar las reclamaciones.

598.Los derechos de los reclusos que tienen problemas de salud mental o enfermedades mentales se atienden por conducto de los equipos psiquiátricos de los programas de salud mental. Esos equipos visitan a los enfermos del sistema carcelario, prestan asesoramiento y aceptan los reclusos con problemas de salud mental o enfermedades mentales que les remiten los servicios médicos de las cárceles. La Ley de salud mental y servicios conexos también contiene disposiciones que regulan la admisión de reclusos en un establecimiento de tratamiento aprobado cuando ello resulta necesario y conveniente.

599.La Comisión de Denuncias a los Servicios de Salud y de la Comunidad también tiene poderes, similares a los del Ombudsman, para investigar las quejas y constituye otro mecanismo externo e independiente de examen. La Comisión inició su actividad el 1º de julio de 1998, de conformidad con la Ley de denuncias a los servicios de salud y de la comunidad (Territorio del Norte). La función de la Comisión consiste en recibir y atender las reclamaciones sobre la prestación de servicios de salud y servicios de la comunidad en el Territorio del Norte (incluidos los servicios prestados por el personal médico de las cárceles). Como en el caso del Ombudsman, la Comisión informa directamente al Parlamento.

600.Con respecto a los mecanismos de reclamación independientes, las leyes que regulan la Comisión de Denuncias a los Servicios de Salud y de la Comunidad tipifican como delito la intimidación de cualquier denunciante o el hecho de tomar medida contra él (castigado con un máximo de 10.000 dólares de multa o 12 meses de prisión). El Ombudsman y el Comisionado de Denuncias a los Servicios de Salud de la Comunidad también están facultados para investigar las denuncias referentes al acoso, la intimidación o las agresiones sistemáticas a los denunciantes.

601.En las cárceles, las instrucciones del Comisionado prohíben expresamente al personal tomar represalias contra un recluso que presenta o retira una reclamación. Tal acción constituiría una falta de disciplina y sería castigada con una medida disciplinaria.

Niños en hogares de acogida

602.La Ley de bienestar de la comunidad (Territorio del Norte) establece el marco jurídico para la colocación de niños en hogares de acogida (o sea, retirándolos a los padres) cuando corren riesgo de sufrir algún daño (en general, cuando se teme que el niño sea descuidado o maltratado o abandonado, o cuando los padres están incapacitados o muertos).

603.La Ley de bienestar de la comunidad enuncia las responsabilidades y obligaciones del Ministro en lo que hace a garantizar la seguridad y el bienestar del niño colocado fuera de su hogar normal, e indica las órdenes que puede dictar el tribunal para que un niño sea colocado en un hogar de acogida temporalmente o hasta la edad de 18 años. También establece una jerarquía de opciones de colocación que debe aplicarse a los niños aborígenes o a los isleños del Estrecho de Torres, lo que se conoce con el nombre de "principio de colocación de los niños aborígenes". Según ese principio, la colocación de niños aborígenes en hogares de acogida debe hacerse por el orden siguiente, para preservar los vínculos familiares, comunitarios y culturales (si resulta apropiado):

a)la familia ampliada;

b)otros aborígenes o isleños pertenecientes a la comunidad del niño;

c)otros aborígenes o isleños de otras comunidades;

d)hogares no indígenas.

604.El cuidado de los niños de los que se encarga el Ministro está sujeto a seguimiento por la División de Servicios a la Familia y la Infancia del Departamento de Servicios de Salud y de la Comunidad del Territorio del Norte. Si se presenta una denuncia o si se observa que un niño ha sufrido un daño, dicha División y la policía investigarán el asunto y tomarán medidas de protección (es decir, brindarán al niño atención de salud y otros apoyos, lo colocarán en otro hogar de acogida si no está en seguridad o ha sido lesionado), así como las medidas de justicia penal necesarias (es decir que formulará cargos por actos penales).

605.Las reclamaciones acerca del sistema de protección de la infancia o de la colocación en un hogar de acogida pueden ser presentadas por el propio niño, por un cuidador, por el padre o la madre biológicos, o un tercero interesado, a la Comisión de Denuncias a los Servicios de Salud y de la Comunidad o al Ombudsman.

Pregunta 24

Sírvanse facilitar datos estadísticos de las muertes de presos desglosadas por lugar de detención, sexo, edad, etnia del fallecido y causa del fallecimiento. Sírvanse facilitar información detallada sobre el resultado de la investigación de esas muertes y sobre las medidas adoptadas para evitar que se reproduzcan semejantes violaciones. En particular, sírvanse facilitar al Comité información actualizada sobre la investigación del fallecimiento en 2004 del Sr. Mulrunji, que se hallaba detenido en poder de la policía.

606.En la primera parte de la respuesta se dan estadísticas federales desglosadas sobre las muertes de personas privadas de libertad de las que se tiene conocimiento. La investigación de las muertes de personas privadas de libertad es responsabilidad de los gobiernos de los Estados y Territorios. Por ello, en la segunda parte de la respuesta se consigna información de los gobiernos de los Estados y Territorios acerca de las investigaciones de muertes de presos, así como datos estadísticos referentes a las muertes en prisión provisional de las que se tiene constancia. El Gobierno de Queensland facilita información actualizada sobre la investigación de la muerte del Sr. Mulrunji.

Información del Gobierno Federal

Muertes de  personas privadas de libertad

607.En 1992 se creó en el Instituto Australiano de Criminología, de conformidad con una recomendación de la Real Comisión para la Investigación de las Muertes de Aborígenes Detenidos, el Programa nacional sobre las muertes de personas detenidas. Dicho programa facilita datos completos, puntuales y fidedignos sobre todas las muertes que se producen en las operaciones de prisión provisional y en las operaciones policiales relacionadas con la privación de libertad.

608.Las tasas de muertes de indígenas y de no indígenas en prisión provisional han solido variar entre una y seis defunciones por mil reclusos desde 1982. A partir de 1999 las tasas de muertes de indígenas y de no indígenas han venido asemejándose y ambas han comenzado a registrar una tendencia a la baja desde entonces. En 2005 la tasa de muertes de indígenas en la cárcel era de 1,2 por 1.000 reclusos indígenas, mientras que era de 1,4 por 1.000 reclusos para los no indígenas.

609.De las 54 muertes en prisión provisional registradas en Australia en 2005, 15 eran de indígenas, y ése es el número más bajo registrado por el Instituto Australiano de Criminología desde 1996. Las causas más comunes de muerte de indígenas en la cárcel eran las naturales (tres), el ahorcamiento (una) o el consumo de drogas o de alcohol (una). En las ocho muertes en detención policial, la causa más común fue las lesiones por traumas múltiples externos (cuatro) o el ahorcamiento (dos). La forma más común de muerte en detención policial fue por accidente (cinco) o por lesión autoinfligida (dos).

610.Los datos más recientes citados en los informes de la Review of Government Service de 2007 indican que no se produjeron muertes de presos indígenas por presuntas causas no naturales en ninguna jurisdicción en 2005‑2006.

611.En el cuadro siguiente se da la tendencia de las muertes de personas privadas de libertad:

Muertes de indígenas y no indígenas privados de libertad en Australia (prisión provisional y detención policial)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Indígenas	13	9	10	14	22	18	15	17	19	17	18	19	18	15	15
No indígenas	57	58	73	68	65	64	90	80	67	75	74	68	58	54	39
Total	70	67	83	82	87	82	105	97	86	92	92	87	76	69	54

Fuente: J. Joudo Deaths in custody in Australia: National Deaths in Custody Program Annual Report2005 (2005), serie de documentos técnicos y de antecedentes del Instituto Australiano de Criminología, Nº 21

612.Los resultados más importantes de Deaths in Custody in Australia (2005) pueden resumirse así:

a)cincuenta y cuatro muertes de personas privadas de libertad se produjeron en 2005 (34 en prisión provisional y 20 en detención policial y en operaciones relacionadas con la detención);

b)murieron 15 indígenas (siete en prisión provisional y ocho en detención policial y en operaciones relacionadas con la detención);

c)cuarenta y siete varones y siete mujeres murieron en la cárcel o en detención policial y en operaciones relacionadas con dicha detención (31 varones y 3 mujeres en prisión provisional y 16 varones y 4 mujeres en detención policial y en operaciones relacionadas con la detención policial);

d)la edad media de las personas que fallecieron en prisión provisional era de 46 años, pero las más de las muertes fueron de personas de entre 40 y 54 años. En el caso de las muertes en detención policial y operaciones relacionadas con tal detención la edad media era de 31 años y la mayoría de los fallecidos tenían entre 25 y 39 años;

e)se produjeron 11 muertes por ahorcamiento (un indígena) en la cárcel y 3 muertes por ahorcamiento (2 indígenas) en detención policial y operaciones relacionadas con la detención policial;

f)ocho muertes se produjeron en persecuciones de vehículos motorizados (cuatro indígenas) y cuatro muertes se produjeron a consecuencias de tiroteos con la policía (todas de no indígenas);

g)los delitos violentos eran, por lo general, los más graves cometidos inmediatamente antes del período final de detención tanto en la cárcel como en los calabozos de la policía y en operaciones relacionadas con la detención policial.

613.En los cuadros que figuran a continuación se incluyen más detalles de las muertes de personas privadas de libertad.

Apéndice A

Muertes de indígenas y no indígenas en la cárcel, 1980–2005
	Indígenas	No indígenas	Total
	Número	%	Número	%	Número
Nueva Gales del Sur	59	13.9	365	86.1	424
Victoria	5	2.9	165	97.1	170
Queensland	46	19.9	185	80.1	231
Australia Occidental	45	29.6	107	70.4	152
Australia Meridional	18	18.4	80	81.6	98
Tasmania	1	3.4	28	96.6	29
Territorio del Norte	17	73.9	6	26.1	23
Territorio de la Capital Australiana	0	0.0	3	100.0	3
Australia	191	16.9	939	83.1	(1,130)

Fuente: J. Joudo Deaths in custody in Australia: National Deaths in Custody Program Annual Report 2005 (2005), serie de documentos técnicos y de antecedentes del Instituto Australiano de Criminología, Nº 21.

Muertes de indígenas y no indígenas en detención policial, 1990–2005
	Indígenas	No indígenas	Total
	Número	%	Número	%	Número
Nueva Gales del Sur	21	13.4	136	86.6	157
Victoria	4	3.8	102	96.2	106
Queensland	15	19.5	62	80.5	77
Australia Occidental	31	56.4	24	3.6	55
Australia Meridional	6	18.8	26	81.3	32
Tasmania	2	16.7	10	83.3	12
Territorio del Norte	16	55.2	13	44.8	29
Territorio de la Capital Australiana	0	0.0	6	100.0	6
Datos federales	0	0.0	2	100.0	2
Australia	95	20.0	381	80.0	476

Fuente: J. Joudo Deaths in custody in Australia:National Deaths in Custody Program Annual Report 2005 (2005) serie de documentos técnicos y de antecedentes del Instituto Australiano de Criminología, Nº 21.

Muertes de indígenas y no indígenas, 1980–2005 (número)
	Indígenas	No indígenas	Total
1980	5	25	30
1981	1	27	28
1982	4	21	25
1983	5	26	31
1984	4	27	31
1985	4	22	26
1986	1	16	17
1987	5	48	53
1988	6	36	42
1989	4	36	40
1990	5	28	33
1991	8	31	39
1992	2	34	36
1993	7	42	49
1994	11	42	53
1995	18	41	59
1996	12	40	52
1997	9	67	76
1998	10	59	69
1999	13	46	59
2000	11	51	62
2001	14	43	57
2002	8	42	50
2003	10	30	40
2004	7	32	39
2005	7	27	34
(Total)	(191)	(939)	(1,130)

Fuente: J. Joudo Deaths in custody in Australia:National Deaths in Custody Program Annual Report 2005 (2005), serie de documentos técnicos y de antecedentes del Instituto Australiano de Criminología, Nº 21.

Número de muertes en prisión, por año y jurisdicción, 1980–2005
	Nueva Gales del Sur	Victoria	Queensland	Australia Occidental	Australia Meridional	Tasmania	Territorio del Norte	Territorio de la Capital Australiana	Total
1980	7	4	8	3	7	0	1	0	30
1981	8	8	8	2	2	0	0	0	28
1982	4	5	5	6	4	1	0	0	25
1983	12	7	5	5	2	0	0	0	31
1984	10	11	5	5	0	0	0	0	31
1985	9	4	8	1	2	0	2	0	26
1986	8	2	6	0	0	0	1	0	17
1987	18	19	5	4	4	2	0	1	53
1988	10	15	7	5	1	2	2	0	42
1989	20	3	7	4	4	2	0	0	40
1990	15	2	8	3	3	1	1	0	33
1991	15	4	6	8	4	2	0	0	39
1992	13	3	10	3	4	2	1	0	36
1993	23	8	8	3	6	1	0	0	49
1994	27	3	11	6	3	2	1	0	53
1995	22	6	13	5	11	1	1	0	59
1996	20	7	11	6	5	1	1	1	52
1997	36	8	12	11	4	2	3	0	76
1998	22	13	15	13	4	1	0	1	69
1999	26	5	14	8	1	4	1	0	59
2000	17	8	15	14	7	1	0	0	62
2001	20	5	15	10	4	0	3	0	57
2002	20	10	7	8	2	2	1	0	50
2003	15	1	12	7	4	0	1	0	40
2004	14	4	7	8	4	1	1	0	39
2005	13	5	3	4	6	1	2	0	34
(Total)	(424)	(170)	(231)	(152)	(98)	(29)	(23)	(3)	(1,130)

Fuente: J. Joudo Deaths in custody in Australia:National Deaths in Custody Program Annual Report 2005 (2005), serie de documentos técnicos y de antecedentes del Instituto Australiano de Criminología, Nº 21.

Información sobre la muerte de Mulrunji en custodia policial

614.La aclaración sobre la muerte de Mulrunji en custodia policial es de la incumbencia del Gobierno de Queensland. Sírvanse remitirse a la respuesta del Gobierno de Queensland más adelante.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

615.En el ejercicio económico 2005/2006 se registraron cinco muertes en custodia policial por causas aparentemente no naturales, ninguna de las cuales fue de reclusos indígenas (ocho durante 2004/2005). Esto representaba una nueva disminución de las muertes por causas no naturales; la tasa anual por cada 100 reclusos para 2005/2006 cayó por debajo de la media nacional del año anterior. El Gobierno de Nueva Gales del Sur todavía no ha facilitado datos concretos detallados por sexo, edad, etnia y causa de la muerte.

616.La disminución de la tasa se debe a los importantes esfuerzos desplegados por el personal de vigilancia y por el personal de los servicios y programas para delincuentes y del personal de los servicios judiciales de la salud. Parte integrante de este proceso es el Protocolo relativo a los equipos de intervención de riesgo. Esos equipos se constituyen en cada centro penitenciario cuando el personal cree que un delincuente bajo notificación de condena obligatoria puede correr algún riesgo. En 2005/2006 casi 400 funcionarios con preparación multidisciplinaria recibieron adiestramiento para participar en los equipos de intervención de riesgo. También se organizó un cursillo de adiestramiento en primeros auxilios mentales con objeto de capacitar al personal para reconocer, atender y remitir a los servicios apropiados a los delincuentes que muestran síntomas de enfermedad mental.

617.Scott Simpson, recluso aquejado de esquizofrenia paranoide, se suicidó en el centro penitenciario de Long Bay en 2004. Su madre ha iniciado recientemente una acción en el tribunal de distrito de Nueva Gales del Sur contra el Departamento de Administración Penitenciaria en relación con la muerte de Simpson, por lo que no es apropiado que el Departamento haga manifestaciones al respecto.

Territorio del Norte ‑Muertes en detención policial, 2004-2007
Nombre	D. Wayne
Fecha de la muerte	18/05/04
Lugar de la detención	Lugar público, Alice Springs. Perdió el control de su vehículo mientras estaba perseguido por la policía.
Sexo	V
Edad	25
Etnia	Aborigen australiano
Causa de la muerte	Traumatismo craneal: El fallecido salió despedido del automóvil que estaba conduciendo.
Resultados de la investigación	El fallecido perdió el control del vehículo; tenía una tasa de alcoholemia de 0,385%; no llevaba puesto el cinturón de seguridad; fue despedido del vehículo y sufrió inmediatamente lesiones mortales. La persecución empezó porque el fallecido no obedeció una orden de la policía que le mandaba detenerse: La primera fase de la persecución fue correcta y se ajustaba a las normas vigentes de conducción en una misión urgente. Es cierto que debía haberse puesto fin a la persecución en la segunda fase, cuando el fallecido empezó a conducir a gran velocidad, pero es muy improbable que tal decisión en ese momento hubiese cambiado el desenlace. El magistrado instructor recomendó que en el módulo de adiestramiento de conductores de los nuevos policías se restableciera la capacitación práctica de persecución simulada, o que tal práctica se enseñara como módulo de adiestramiento avanzado que normalmente se ofrece a los agentes llamados a desempeñar tareas de conducción como parte de sus funciones generales o especializadas.
Medidas para evitar nuevos casos	Inclusión de las normas prácticas de persecución en los cursillos bienales de perfeccionamiento de todos los agentes en el marco de la utilización de tácticas defensivas.
Nombre	M. Heri
Fecha de la muerte	28/4/05
Lugar de la detención	Puerto de Darwin a bordo del pesquero "Gunung Mas Baru". Detenido como pescador ilegal por la Dirección de Administración de las Pesquerías Australianas y el Departamento de Asuntos de Inmigración, Multiculturales e Indígenas
Sexo	V
Edad	37
Etnia	IndonesioI
Causa de la muerte	Aterosclerosis coronaria
Resultados de la investigación	No había señales de actuación ilícita. Las directrices vigentes del Departamento de Asuntos de Inmigración, Multiculturales e Indígenas prescribían que se hiciera un reconocimiento médico de toda la tripulación, preferentemente dentro de las 24 horas. El fallecido no había sido sometido a reconocimiento médico. El magistrado instructor opinó que la dolencia cardíaca causa de la muerte del pescador probablemente no habría podido detectarse durante un reconocimiento médico general.
Medidas para evitar nuevos casos	Como todos los pescadores detenidos deben ser internados en las instalaciones de tierra de Darwin, el magistrado instructor recomendó que dichos pescadores fueran sometidos a un reconocimiento médico muy detallado dentro de las 24 horas de su llegada a la instalación. La confirmación de esta medida se remitió al Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Quedó confirmado que los reconocimientos médicos oficiales de los pescadores son llevados a cabo por la aduana y la Dirección de la Administración de las Pesquerías Australianas antes de que los pescadores sean trasladados al centro de detención de inmigrantes del Norte. Al llegar a ese centro el responsable de salud procede a exámenes médicos el mismo día o a las 24 horas de la llegada al centro. Esto ha sido confirmado por los Servicios Internacionales de Salud y Médicos.
Nombre	H. Martin
Fecha de la muerte	13/3/05
Lugar de la detención	Cárcel de Darwin, Berrimah
Sexo	V
Edad	37
Etnia	Aborigen australiano
Causa de la muerte	Episodio cerebrovascular, es decir, un infarto con cirrosis del hígado y toxicidad alcohólica crónica.
Resultados de la investigación	A su llegada a la cárcel de Darwin el 4/3/05, el fallecido fue visto para "admisión médica" y se informó de que sufría de un síndrome de abstinencia de alcohol. Fue tratado el 7/3/05 por el médico de la cárcel que apuntó en su agenda que lo vería una semana más tarde. El 9/3/05 el fallecido fue visto nuevamente por el médico porque tenía vómitos y se consideró que todavía sufría de su síndrome de abstinencia del alcohol y fue puesto en "observación médica". El preso fue encerrado en una celda equipada con una cámara de observación. El preso estuvo vigilado cada 15 minutos por un funcionario de la cárcel desde la sala de comunicaciones. El médico vio al preso cuando fue llamado urgentemente a la celda el 10/3/05 y constató que el preso no respondía a ninguna de las pruebas. Fue admitido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Real de Darwin, donde falleció. El magistrado instructor comprobó que el fallecido había sido tratado apropiadamente en todo momento por los médicos. Consideró que el sistema por el que los funcionarios de la cárcel realizaban observaciones médicas en unas pantallas de vídeo era insatisfactorio y no había servicio para ayudar al fallecido en esta ocasión.
Medidas para evitar nuevos casos	El sistema de observación médica de los reclusos fue modificado poco después de este fallecimiento. En diciembre de 2005 se introdujo un procedimiento en el cual la "observación médica" era realizada en la clínica de la cárcel por una enfermera.
Nombre	F. Peterson
Fecha de la muerte	24/7/05
Lugar de la detención	Centro penitenciario de Alice Springs
Sexo	V
Edad	30
Etnia	Aborigen australiano
Causa de la muerte	Daños alveolares generalizados, complicados por una endocarditis bacteriana.
Resultados de la investigación	El cuidado, la vigilancia y el tratamiento del recluso fallecido fueron apropiados. Murió de causas naturales.
Medidas para evitar nuevos casos	Ninguna requerida.
Nombre	P. Heenan
Fecha de la muerte	16/09/06
Lugar de la detención	Cárcel de Darwin, Berrimah
Sexo	V
Edad	50
Etnia	Aborigen australiano
Causa de la muerte	Aterosclerosis coronaria, agravada por diabetes mellitus, hipertensión y hepatitis crónica que sufría el fallecido.
Resultados de la investigación	El cuidado, la vigilancia y el tratamiento del recluso fallecido fueron apropiados. Murió de causas naturales..
Medidas para evitar nuevos casos	Ninguna requerida

Victoria

618.En el cuadro siguiente se hallarán datos de los últimos diez años, incluidas las recomendaciones de los magistrados instructores.

Victoria. muertes de  personas privadas de libertad

LEYENDA:

Lugares de privación de libertad :

PPP: Prisión de Port Phillip MAP: Melbourne Assessment PrisonFCC: Centro Penitenciario de Fulham MWCC: Centro Penitenciario Metropolitano de MujeresDPFC: Centro Dame Phyllis Frost

Otros :

AIET: Aborigen e isleño del Estrecho de Torres

Resumen de los datos por ejercicio financiero: Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (julio de 2007)

	Número de muertes	Cárcel	Sexo	Etnia	Recomenda-ciones del magistrado instructor	Causa de la muerte	Observ-aciones
1997/1998	13	8 en PPP 2 en Beechworth 1 en Barwon 1 en Loddon 1 en MAP	13 varones	8 australianos 1 yugoslavo 1 de Viet Nam 1 griego 1 italiano 1 inglés	4 Un asunto se vio en parte.	6 suicidios 3 naturales 3 desgracias 1 homicidio	Véanse más adelante las recomendaciones del magistrado instructor para 1 de los casos. Las recomendaciones en 3 de los casos no pudieron obtenerse dentro del plazo fijado. 1 caso fue visto en parte y quedó desestimado, ya que los presuntos agresores recurrieron la declaración de culpabilidad y la condena por homicidio.
1998/1999	9	4 en PPP 2 en MAP 1 en Beechworth 1en Bendigo 1 en MWCC	8 varones 1 mujer	6 australianos 1 AIET 1 libanés 1 de Viet Nam	5	4 suicidios 3 desgracias 1 muerte natural 1 accidente	Las recomendaciones no pudieron obtenerse dentro del plazo señalado.
1999/2000	3	2 en PPP 1 en FCC	3 varones	3 australianos	2	1 muerte natural 1 homicidio 1 suicidio	Véanse más adelante las recomendaciones del magistrado instructor.
2000/2001	11	6 en PPP 2 en Barwon 1 en Beechworth 1 en MAP 1 en MWCC	10 varones 1 mujer	6 australianos 2 AIET 2 de Viet Nam 1 italiano	2	6 muertes naturales 3 suicidios 2 desgracias	Véanse a continuación las recomendaciones del magistrado instructor.
2001/2002	6	2 en Ararat 2 en MAP 1 en Barwon 1 en PPP	6 varones	4 australianos 1 inglés 1 iraquí	1	4 muertes naturales 1 homicidio 1 por fuerza letal	Véanse a continuación las recomendaciones del magistrado instructor.
2002/2003	5	2 en PPP 1 en Beechworth 1 en Loddon 1 en Tarrengower	4 varones 1 mujer	3 australianos 1 de Nueva Guinea 1 español	1	3 muertes naturales 2 suicidios	Véanse a continuación las recomendaciones del magistrado instructor.
2003/2004	4	3 en PPP 1 en Barwon	4 varones	4 australianos	Ninguna Un caso se vio en parte	2 muertes naturales 1 suicidio 1 caso queda por determinar (causa provisional: suicidio)	Un caso no ha concluido.
2004/2005	4	4 en PPP	4 varones	4 australianos	Ninguna	4 muertes naturales
2005/2006	5	3 en PPP 1 en DPFC 1 en Dhurringile	4 varones 1 mujer	4 australianos 1 AIET	Ninguna Un caso se vio en parte	3 por causas naturales 1 homicidio 1 caso está por concluir (causa provisional: crisis de asma)	Un caso queda por concluir.
2006/2007	2	1 en PPP 1 en Ararat	2 varones	2 australianos	Ninguna	1 por causas naturales 1 caso está por concluir (causa provisional: crisis cardíaca)	Un caso está por finalizar.
RESUMEN	62	34 en PPP 6 en MAP 5 en Barwon 5 en Beechworth 3 en Ararat 2 en Loddon 2 en MWCC 1 en Dhurringile 1 en DPFC 1 en Bendigo 1 en FCC 1 en Tarrengower	58 varones 4 mujeres	44 australianos 4 AIET 4 de Viet Nam 2 italiano 2 inglés 1 iraquí 1 español 1 de Nueva Guinea 1 griego 1 libanés 1 yugoslavo		28 naturales 17 suicidios 4 sin concluir 8 desgracias 3 homicidios 1 accidente 1 por fuerza letal

Resumen de las recomendaciones del magistrado instructor

Fecha de la muerte	Cárcel	Fechas de la investigación	Causa de la muerte	Recomendaciones
16.5.1998	MAP	5.5.1999	Intoxicación por heroína	Usar perros especializados para el examen de todos los visitantes; Estudiar la posibilidad de proceder a ese examen para todas las personas que entran en una cárcel, incluido el personal carcelario.
11.11.1999	FCC	7.8.2002 y 4 – 11.7.2005	Heridas por instrumento punzante en el pecho y el abdomen	Pedir a la Inspección Penitenciaria que realice urgentemente una evaluación para saber si son suficientes las mejoras y perfeccionamientos de las prácticas y sistemas que, según se ha afirmado, han servido para resolver los problemas descubiertos.
29.3.2000	PPP	30.8.2002	Herida autoinfligida en el brazo – suicidio	No hay recomendaciones oficiales, aunque el magistrado instructor descubrió los siguientes problemas importantes: La comunicación de datos entre todos los organismos de privación de libertad (incluida la policía) y los organismos médicos conexos debe ser lo más completa y fluida posible; Los problemas de salud física crónicos pueden afectar el estado mental y deben ser tratados con prudencia por los organismos médicos y los profesionales que trabajan en el sistema penitenciario; Las advertencias de la policía y de los funcionarios judiciales relativas a problemas de salud deben ser registradas con exactitud, entregadas a las personas que trabajan en el sistema penitenciario (organismos médicos y profesionales afines) y utilizadas activamente en el proceso para contribuir a identificar y gestionar los problemas de salud; Las preocupaciones de los familiares y amigos (o abogados) deben hacerse constar y deben constituir un factor de la gestión del perfil de riesgo de un recluso y su bienestar. Los profesionales de la salud y afines deben garantizar que las preocupaciones de la familia o de los abogados se toman seriamente en consideración y se utilizan de manera activa en el proceso de evaluación; Las fechas de comparecencia ante el tribunal y las citas médicas conexas deben administrarse de manera que no creen un conflicto innecesario o entrañen una reorganización continua de las citas; El conocimiento de los profesionales de la salud acerca de los factores de riesgo de un preso (o la variación de esos factores) debe comunicarse con exactitud a los que trabajan en el sistema penitenciario (y en definitiva quienes han de hacer frente al riesgo); El proceso de "telejuicio" debe revisarse a fin de que los presos tengan tiempo y oportunidad de recibir asesoramiento y apoyo antes de la vista y después de ella. Los tribunales, las autoridades penitenciarias y los profesionales de la salud y afines deben prestar cuidadosa atención a las reacciones de los presos y a su bienestar después de la vista; Las buenas relaciones entre los compañeros de celda pueden ser de importancia vital para el bienestar y la seguridad de los reclusos (véanse también las conclusiones y recomendaciones en el caso de Chereen Nichole Vale). Las autoridades penitenciarias deben organizar muy cuidadosamente la colocación de los reclusos y cuando surgen preocupaciones, las cuestiones deben ser objeto de seguimiento. Cuando los compañeros de celda son separados o trasladados por alguna razón y se deja solo en la celda a un recluso con riesgo, debe realizarse inmediatamente un estudio de riesgo. También debe alentarse a los reclusos a que comuniquen las preocupaciones reales que les pueda causar la salud de un compañero de celda; Las llamadas del personal carcelario al servicio de ambulancias deben ser lo más exactas posible, dando información correcta en cuanto al tipo de amenaza para la vida que presenta el incidente. Debe regularse el acceso de urgencia de las ambulancias y otros vehículos de emergencia de manera que se limiten los retrasos en todos los procedimientos de seguridad; y Deben organizarse a intervalos regulares, comprobaciones cooperativas sobre el acopio y el traslado de información efectuado por la policía, los organismos penitenciarios y los organismos médicos conexos. En ese proceso de verificación deben tratar de localizarse los errores del sistema.
5.9.2000	PPP	28.2 y 6.5.2002	Intoxicación por heroína	Debe ampliarse la posibilidad de dispensar metadona a los reclusos; El administrador adjunto de la Dependencia de Gestión de las Penas debe consultar a los altos funcionarios cuando se plantean problemas complejos de colocación de presos; El director de la Dependencia de Gestión de las Penas debe revisar con todos los proveedores el proceso de clasificación de los reclusos, para que no se ponga en peligro el sistema; Cuando haya opiniones fuertemente contrapuestas entre los administradores de la cárcel sobre la colocación de los reclusos de alto perfil, esas opiniones deben ponerse en conocimiento del director de la Dependencia de Gestión de las Penas.
30.11.2000	MWCC	14.6 y 10.7.2002	Ahorcamiento: suicidio	Debe revisarse muy detenidamente el sistema de los compañeros de celda; El sistema de compañeros de celda debe ser objeto de comprobaciones a intervalos regulares internas y externas; Sólo deben usarse para el sistema de compañeros de celda las celdas destinadas a alojar dos o más reclusos; El comisionado debe estudiar la posibilidad de crear un banco de datos para el acopio de información sobre el sistema de compañeros de celda en las cárceles, en espera de un proyecto de investigación sobre la vigilancia de la eficacia del sistema a largo plazo.
7.5.2002	MAP	8, 12, 15 y 7.11.2004	Herida por arma de fuego en el pecho	Las recomendaciones del Comrie Review deben promulgarse sin tardanza; La expresión "no se muevan los presos" debe sustituirse por "alto o disparo"; Debe revisarse el modelo de opciones tácticas; Por lo menos los responsables de la formación deben someterse a una evaluación psicológica para determinar su idoneidad para esa tarea importante; Debe establecerse el perfil psicológico de todos los funcionarios de prisiones que hacen (o van a hacer) prácticas de tiro; Debe estudiarse la posibilidad de introducir una variante de adiestramiento más compleja, tal como los "ejercicios de disparar‑no disparar".
21.11.2002	Beechworth	6 – 10.12.2004	Ahorcamiento: suicidio	Las autoridades y los funcionarios carcelarios deben permanecer alerta en la determinación de los posibles puntos de ahorcamiento y velar por que se eliminen prontamente; Los diversos organismos que actúan en el PPP deben introducir un sistema que garantice que existe una fuente de información central a la que pueden contribuir los proveedores de atención de salud y a la que éstos pueden tener acceso y que, por consiguiente, contenga un archivo completo de todos los problemas que se plantean en relación con el traslado de un preso y que puedan incidir en el bienestar o el tratamiento del preso en el caso de que se tome una decisión de traslado o se considere la posibilidad de tomarla; La Junta de Salud de la Administración Penitenciaria y la Unidad de Atención Médica del Departamento de Servicios Humanos deben investigar la idoneidad del sistema de evaluación psiquiátrica que se emplea en las cárceles de Victoria; Que la Administración Penitenciaria de Victoria estudie la posibilidad de examinar los recursos, el funcionamiento y la eficacia de la unidad de menores Alexander South a fin de crear unidades y programas similares en otras cárceles.

Queensland

619.A tenor de la Ley de magistrados investigadores de 2003, hay muerte de persona privada de libertad cuando el fallecido:

a)estaba recluido; o

b)se evadía o trataba de evadirse de la cárcel; o

c)trataba de evitar que le detuvieran y encerraran.

620.Con arreglo a la ley, sólo el magistrado instructor del Estado, su adjunto o magistrados expresamente designados al efecto pueden investigar las muertes de personas privadas de libertad. En todas las investigaciones de esas muertes debe haber una indagatoria (vista pública). El magistrado instructor del Estado tiene celebrado un protocolo con el Servicio Jurídico de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, en virtud del cual les notifica toda información de la muerte de una persona privada de libertad. Esa notificación garantiza que habrá una representación jurídica (por ejemplo, de familiares) en los casos apropiados.

Directrices del magistrado instructor del Estado

621.El artículo 14 de la ley dispone que las directrices del magistrado instructor del Estado deben referirse a la investigación de la muerte de personas privadas de libertad y deben tener en cuenta las recomendaciones de la Real Comisión para la Investigación de las Muertes de Aborígenes Detenidos. Esas directrices contienen los preceptos que a continuación se indican.

En principio

622.Las muertes de personas privadas de libertad merecen una atención particular en razón de la responsabilidad que asume el Estado de proteger y atender a las personas a quienes encarcela, de la vulnerabilidad de las personas privadas de la posibilidad de cuidarse a sí mismas, de la necesidad de acallar la suspicacia natural de la familia del fallecido y de mantener la confianza del público en las instituciones del Estado. Además, la investigación a fondo e imparcial es de sumo interés también para los funcionarios encargados de la detención y encarcelamiento.

En la práctica

623.Todas las "muertes de  personas privadas de libertad" deben ser objeto de una indagatoria. Adviértase la definición ampliada que se da de ese término en el artículo 10 de la Ley de magistrados instructores.

624.Todas las investigaciones de muertes ocurridas en centros penitenciarios son llevadas a cabo por agentes de la Dependencia de Investigaciones de los Servicios Penitenciarios del Cuerpo de Policía de Queensland. En consulta con el magistrado instructor del Estado, el inspector encargado de dicha dependencia ha establecido un formato normalizado de informe de investigación que se usa en estos casos. Las investigaciones deben concluirse a los seis meses de la fecha de la muerte, a menos que haya retrasos inevitables. Los investigadores no deben dejarse llevarse por ninguna presunción de lesiones autoinfligidas o de muerte por causas naturales y deben concentrarse en realizar una indagatoria exhaustiva.

625.La Administración Penitenciaria de Queensland llevará a cabo la investigación del caso bien designando a inspectores externos independientes si la muerte parece no deberse a causas naturales, bien por funcionarios del departamento en otros casos. Los informes de esas indagaciones siempre deben presentarse y los investigadores son llamados a declarar en la indagatoria. Todas las muertes de personas bajo custodia policial o las muertes que ocurren durante una operación de policía serán investigadas por funcionarios del grupo de investigación del Estado sobre homicidios, bajo la fiscalización de funcionarios de la Comisión de Delincuencia y Mala Conducta o del Mando de Normas Éticas del cuerpo de policía de Queensland. La mayoría de los casos también se remitirán a un forense especializado en patología para que los analice. Las investigaciones que se lleven a cabo de conformidad con esas políticas y normas habrán cumplido y acatado las recomendaciones de la Real Comisión y de estas directrices.

Resumen

626.La investigación es fundamentalmente responsabilidad del magistrado instructor a quien se comunica la muerte. Dicho magistrado debe obtener toda la asistencia de expertos que necesita para investigar eficazmente el caso. La investigación debe ir más allá de las simples causas médicas de la muerte y tratar de determinar las circunstancias que contribuyeron a la muerte y, en consecuencia, considerar si algún cambio en la ley o la práctica reduciría la probabilidad de que se produzcan otras muertes.

Investigación de la muerte de Mulrunji

627.Las conclusiones del magistrado instructor adjunto del Estado Chris Clements sobre la muerte de Mulrunji, que se publicaron el 27 de septiembre de 2006, pueden consultarse en http://www.parliament.qld.gov.au/view/legislativeassembly/tableOffice/documents/TP_PDFS/TP381-2006.pdf> El magistrado instructor adjunto del Estado también era magistrado del Estado en funciones en la época en que se presentaron los resultados.

628.La respuesta del Gobierno de Queensland a las observaciones del magistrado instructor en la indagatoria de la muerte de Mulrunji, presentadas al Parlamento de Queensland el 2 de noviembre de 2006, pueden consultarse en http://www.parliament.qld.gov.au/view/legislativeassembly/tableOffice/documents/TP_PDFS/TP381-2006.pdf>

629.El mismo día en que la magistrada instructora del Estado en funciones entregó sus conclusiones la entonces fiscal general, Honorable Linda Lavarch, miembro del Parlamento, remitió el asunto a la Directora de la Acusación Pública para que considerase si debía incoarse alguna acción penal contra una o varias personas.

630.El 14 de diciembre de 2006 la Directora de la Acusación Pública anunció que se había decidido que su oficina no incoaría ninguna acción penal en relación con esa muerte.

631.El 18 de julio de 2007 el fiscal general, Honorable Kerry Shine, miembro del Parlamento, presentó su informe con arreglo al artículo 11 de la Ley del fiscal general de 1999, indicando su decisión de formular cargos contra el sargento superior Christopher James Hurley. En ese informe se exponían los acontecimientos que llevaron a la presentación de esos cargos contra el sargento superior Hurley, acusándole de agresión ilegítima y homicidio en relación con la muerte de Mulrunji, el juicio y la decisión del jurado que dictó un veredicto de "inocente" el 20 de junio de 2007. Copia de dicho informe puede consultarse en <http://www.parliament.qld.gov.au/view/legislativeassembly/tableOffice/documents/TP_PDFS/TP1670-2007.pdf.>

632.Se hallará más datos sobre las medidas generales destinadas a tratar las muertes de personas privadas de libertad adoptadas por el Gobierno de Queensland a raíz de las recomendaciones del magistrado instructor en el epígrafe que más adelante se incluye sobre las "medidas referentes a las muertes de personas privadas de libertad".

633.En 2006 se comunicaron al magistrado instructor del Estado casos de muerte de personas privadas de libertad y casos de muerte como consecuencia de operaciones policiales o en el transcurso de dichas operaciones. A continuación se da la lista de los casos pendientes de juicio o que todavía se están investigando.

Muertes de  personas privadas de libertad o en operaciones policiales en 2006

Año	Muertes de  personas privadas de libertad	Muerte de  personas en operaciones de la policía	Total
1995	23	14	37
1996	26	6	32
1997	41	15	56
1998	29	9	38
1999	27	7	34
2000	19	20	39
2001	21	16	37
2002	18	17	35
2003	17	21	38
2004	13	18	31
2005	11	16	27
2006	16	16	32

634.De las 32 muertes registradas durante 2006 en cumplimiento del artículo 13A de la Ley del magistrado instructor de 1980, cuatro fueron de aborígenes.

Muertes de aborígenes privados de libertad o en operaciones de la policía de 1995 a 2006

Año	Muertes de aborígenes privados de libertad	Muertes en operaciones de la policía	Total
1995	7	0	7
1996	2	0	2
1997	6	2	8
1998	2	3	5
1999	3	1	4
2000	4	1	5
2001	5	-	5
2002	3	1	4
2003	1	2	3
2004	2	3	5
2005	1	3	4
2006	4	0	4

635.En 2006 se ultimaron 14 indagatorias sobre la muerte de "personas privadas de libertad" y 14 indagatorias sobre personas "muertas en operaciones de la policía". Se dejó constancia de los datos referentes a identidad, fecha y lugar de la muerte y la forma y causa de la muerte.

636.Información relativa a las 28 muertes en las que realizó una indagatoria:

637.Personas que murieron mientras estaban privadas de libertad:

a)8 se suicidaron ahorcándose

b)3 de causas naturales

c)1 por arma blanca

d)1 por asfixia

e)1 por caída

638.Personas que murieron a consecuencia de operaciones de policía o en el transcurso de las mismas:

a)1 de causas naturales

b)4 en accidentes de automóvil

c)4 de heridas por arma de fuego

d)1 por sobredosis de una o varias drogas

e)2 ahogadas

f)2 de heridas recibidas a consecuencia de un salto/caída

639.Con respecto a las medidas destinadas a reducir al mínimo las muertes de personas privadas de libertad por causas no naturales, todas las recomendaciones del magistrado instructor son estudiadas por el Departamento de Administración Penitenciaria de Nueva Gales del Sur y son llevadas a la práctica cuando se considera apropiado y si hay fondos para ello.

Estadísticas de las actuaciones de la policía de Queensland

Muertes de  personas detenidas o arrestadas por la policía, junio de 1997 a octubre de 2004

Nota: todas las muertes de  personas privadas de libertad fueron comunicadas al Instituto Australiano de Criminologí a y supervisadas por éste

Lugar de la muerte	Año	Sexo	Edad	Causa de la muerte	Etnia	Recibido el formulario del IAC
Cuartel de policía de Ingham	1997	M	29	Asma		SÍ
Hospital General de Townsville	1998	V	22	Quemaduras autoinfligidas	Aborigen	SÍ
Cuartel de policía de Cairns	1998	V	28	Bronquitis aguda debida a intoxicación por múltiples drogas		SÍ
Hospital Princess Alexander de Brisbane	1998	V	47	Desconocida		SÍ
Real Hospital de Brisbane	1999	M	16	Accidente de tráfico en persecución policial	Aborigen	SÍ
Lutwyche Road, Windsor, Brisbane	1999	M	15	Accidente de tráfico en persecución policial	Maorí	SÍ
Cuartel de policía de Maroochydore	2000	M	43	Pancreatitis crónica		SÍ
Escuela primaria Oval, Isla Thursday	2000	V	19	Accidente de tráfico en persecución policial	Isleño del Estrecho de Torres	SÍ
Main Terrace, Deception Bay	2000	V	30	Disparos de la policía en legítima defensa		SÍ
Gympie Road, Carseldine	2001	V	17	Accidente de tráfico en persecución policial		SÍ
Real Hospital de Brisbane	2001	V	33	Parada cardíaca		SÍ
Cuartel de policía de Maryborough	2001	V	32	Asfixiado al tragarse el propio vómito a consecuencia de una intoxicación		SÍ
Río Caboolture, Caboolture	2001	V	29	Ahogado	Papua Nueva Guinea	SÍ
Roma St, Brisbane	2002	V	32	Caída al huir de la policía		SÍ
Calle Lane Queen con Elizabeth, Brisbane	2002	V	53	Disparos de la policía en legítima defensa		SÍ
Calle Burnett, Bundaberg	2002	V	23	Disparos de la policía en legítima defensa		SÍ
Mooloolaba Road, Buderim	2002	V	35	Disparos de la policía en legítima defensa		SÍ
South Brisbane	2003	V	40	Disparos de la policía en legítima defensa		SÍ
161 Walla Road, Regents Park, Brisbane	2003	V	30	Disparos de la policía en legítima defensa		SÍ
Gasolinera de Freedom, carretera de Warrego, HattonVale	2003	V	39	Desconocida		SÍ
Celda acolchada del cuartel de policía de Hervey Bay	2003	V	40	Asfixia sin intervención mecánica debida a hipoglicemia		SÍ
Normanton	2003	V	42	Ataque de epilepsia	Aborigen	SÍ
Coen	2003	V	49	Murió en persecución policial		SÍ
Coen	2003	V	34	Murió en persecución policial		SÍ
Hopevale a Cooktown	2003	V	28	Suicidio	Aborigen	SÍ
Boonah	2004	V	37	Suicidio		SÍ
Hospital Real de Brisbane	2004	V	49	Suicidio		SÍ
Cinnabar cerca de Kilkivan	2004	V	30	Disparos de la policía en una situación de sitio		SÍ
Highgate Hill	2004	V	26	Sobredosis de anfetaminas		SÍ

Estadísticas de los servicios penitenciarios de Queensland

640.Cuando se produce la muerte de una persona privada de libertad los Servicios Penitenciarios investigan el caso, como prescribe la Ley de servicios penitenciarios de 2006.

641.En el cuadro siguiente se indica el número de muertes de reclusos condenados y de reclusos en prisión provisional en los Servicios Penitenciarios de Queensland, la causa de la muerte y si el fallecido era un indígena. El cuadro abarca los ejercicios financieros de julio de 1997 a junio de 2006. Durante ese período el número de muertes por año bajó notablemente y sólo se registraron 2 muertes por causas al parecer naturales durante el ejercicio financiero 2005-2006.

Muertes en los servicios penitenciarios, junio de 1997 a junio de 2006

Causa aparente de la muerte	1997-1998	1998-1999	1999-2000
Indígenas	No indígenas	Indígenas	No indígenas	Indígenas	No indígenas
Aparentemente no natural
Suicidio	1	3	1	4	0	5
Homicidio	0	2	0	2	0	1
Desgracia/accidente/sobredosis de drogas	0	3	0	2	0	1
Total de muertes no naturales	1	8	1	8	0	7
Muertes aparentemente naturales
Causas naturales	0	2	3	7	1	6
Total de muertes naturales	0	2	3	7	1	6
TOTAL	1	10	4	15	1	13

Causa aparente de la muerte	2000-2001	2001-2002
Indígenas	No indígenas	Indígenas	No indígenas
Aparentemente no naturales	0	0	0	2
Suicidio	1	5	1	6
Homicidio	0	0	0	0
Desgracia/accidente/sobredosis de drogas	0	0	0	0
Total de muertes no naturales	1	5	1	8
Muertes aparentemente naturales	0	1	0	0
Causas naturales	0	4	1	4
Total de muertes naturales	0	5	1	4
TOTAL	1	10	2	12

Causa aparente de la muerte	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Indígenas	No indígenas	Indígenas	No indígenas	Indígenas	No indígenas	Indígenas	No indígenas
Aparentemente no natural
Suicidio	0	4	1	2	0	2	0	0
Homicidio	0	0	0	1	0	0	0	0
Desgracia/accidente/sobredosis de estupefacientes	0	0	1	0	0	0	0	0
Subtotal	0	4	2	3	0	2	0	0
Muertes aparentemente naturales	3	0	3	5	0	2	0	2
TOTAL	3	4	5	8	0	4	0	2

Medidas referentes a las muertes de  personas privadas de libertad

642.A raíz del informe de la Comisión Real sobre las Muertes de Aborígenes en Detención de 1992, el Estado ha procurado ir aplicando poco a poco las casi 300 recomendaciones relativas a Queensland.

643.Reconociendo que un número importante de muertes de personas privadas de libertad son consecuencia de lesiones autoinfligidas, el Gobierno de Queensland ha organizado unos servicios de visitantes de celdas. El servicio cuenta con la participación de miembros de la comunidad indígena que están disponibles a tiempo parcial para visitar un cuartel de policía y reconfortar y prestar apoyo a los reclusos.

644.Su ayuda consiste en facilitar una comunicación efectiva entre los reclusos y el personal del cuartel de policía; asimismo los visitantes pueden desempeñar un papel importante en lo que hace a prevenir todo intento de lesión autoinfligida y a descubrir los síntomas que parecen indicar la necesidad de atención médica. También pueden facilitar información y servicios de apoyo y reorientación a los reclusos. Complementa la derivación de casos de los programas de privación de libertad a otros medios y permite una protección segura de las personas que deben ser detenidas, en particular en los cuarteles de la policía.

645.Los Servicios Penitenciarios de Queensland aplican un procedimiento de gestión de riesgo para que los presos que corren riesgo de infligirse lesiones o de suicidarse puedan ser identificados y tratados en consecuencia. Cuando se descubren casos de esa índole, se toman diversas medidas que pueden incluir un cambio de alojamiento, la observación a intervalos regulares por personal de los Servicios Penitenciarios, asistencia médica o psicológica y la eliminación de todo objeto que pueda utilizarse para infligirse lesiones. En el caso de los delincuentes indígenas se aplican disposiciones especiales para que puedan establecer contacto con un funcionario indígena de apoyo o un anciano indígena.

646.El 2 de noviembre de 2006 el Primer Ministro de Queensland presentó en el Parlamento la respuesta del Gobierno a las conclusiones a que había llegado el magistrado instructor en funciones en la indagatoria sobre la muerte de Mulrunji en el cuartel de policía de Palm Island el 19 de noviembre de 2004. El Gobierno de Queensland apoya en general las observaciones del magistrado instructor y ya está estudiando sus recomendaciones:

a)Detención y actuación policial: el Gobierno de Queensland siempre ha respaldado el principio de que la policía debe proceder a la detención o arresto como último recurso. La Ley de atribuciones y responsabilidades de la policía de 2000 se modificará para insertar un ejemplo que reforzará el principio. Se modificará en el mismo sentido el Manual de Procedimientos Pperacionales del Cuerpo de Policía de Queensland. Asimismo, se revisarán los métodos de adiestramiento de la policía en materia de detención y prisión provisional, sobre todo en lo que se refiere a los indígenas.

b)Centros de derivación y patrullas comunitarias: el Gobierno ya tiene establecido un programa de visitantes de celdas. Un modelo integrado de servicios de derivación, con la inclusión de patrullas comunitarias también se organizará.

c)Evaluación, vigilancia y seguimiento de salud: el Cuerpo de Policía de Queensland revisará los procedimientos actuales y mantendrá en un mínimo las situaciones en que las personas recluidas en los cuarteles de policía estén sin vigilancia.

d)Investigación: el Cuerpo de Policía de Queensland ya había celebrado un memorando de entendimiento con el magistrado instructor del Estado y la Comisión de Delincuencia y Mala Conducta acerca de las muertes de personas en detención. El Cueropo tratará de revisar ese memorando a fin de tener en cuenta las conclusiones del magistrado instructor.

647.El Gobierno ha pedido a la Comisión de Delincuencia y Mala Conducta que proceda a un examen de las cuestiones policiales en las comunidades de aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres. Entre otros extremos importantes, la Comisión investigará las prácticas actuales en materia de detención o arresto de la policía en las comunidades aisladas, en particular la vigilancia de las personas recluidas en cuarteles y otras instalaciones de policía en las comunidades aborígenes con título de gestión cooperativa de tierras.

648.La seguridad de las personas recluidas en los cuarteles de la policía quedará reforzada con las mejoras en curso o la instalación de medios de grabación digital de circuito cerrado en un período de 12 meses en todos los calabozos de los puestos de policía en las comunidades aborígenes con título de gestión cooperativa de tierras.

649.Con respecto a la instalación de medios de vigilancia en todos los cuarteles de policía, el Comisionado de Policía se ha comprometido a realizar una inspección de todos los medios de vigilancia existentes en los cuarteles de policía y a determinar un orden de prioridad general para mejorar las instalaciones en todos los cuarteles de Queensland.

650.El Gobierno sigue empeñado en estudiar las recomendaciones del magistrado instructor y prevenir semejantes tragedias.

Australia Occidental

651.La División de Normas Profesionales se encarga de garantizar que el Departamento de Servicios Penitenciarios de Australia Occidental funcione al más alto nivel de profesionalismo en todas las esferas de actuación, comportamiento y prestación de servicios. Los servicios de la División abarcan la prevención de la corrupción, el apoyo interno a los testigos, la verificación del cumplimiento, la administración de las quejas, la investigación y la administración. También coordina reformas relacionadas con las recomendaciones de estudios externos e internos, a saber:

a)Preparar informes independientes para el magistrado instructor del Estado con miras a las indagatorias sobre las muertes de delincuentes y ayudar en la coordinación y preparación de esas indagatorias;

b)Dar respuesta a los informes y recomendaciones emitidos por el magistrado instructor.

652.Todas las muertes deben ser objeto de una indagatoria en una fecha determinada por el magistrado instructor de Australia Occidental, y en ellas se incluyen las muertes debidas a enfermedades terminales, así como las que se atribuyen a suicidio.

653.En los ejercicios económicos de 2004/2005 y 2006/2007 se registraron en Australia Occidental 16 muertes de personas detenidas en una cárcel. Los informes iniciales sobre esas muertes habían indicado que de esas 16, 10 se debían a causas naturales, 5 eran suicidios y 1 se debía a desgracia. Ahora bien, cabe advertir que el magistrado instructor sólo ha terminado la indagatoria de 2 de las muertes. Durante ese período todas las muertes fueron de varones. Ocho de los 16 reclusos que murieron eran indígenas.

Lugar de la muerte	Nº de muertes
Casuarina	6
Acacia	2
Hakea	1
Albany	3
Wooroloo	1
Karnet	1
Broome	1
Roebourne	1

Edad
<30	2
30-40	3
40-50	4
>50	7

654.Se hallará información sobre los resultados de las indagatorias y las medidas encaminadas a evitar la repetición de esos hechos en informes que están disponibles en el sitio de los magistrados instructores de Australia Occidental en la red <www.coronerscourt.wa.gov.au/>. Además de una investigación de la policía de Australia Occidental, la Dependencia de Investigaciones Internas de la División de normas profesionales lleva a cabo una investigación de cada aspecto de la atención prestada a los reclusos hasta el momento de su muerte y comunica sus conclusiones al magistrado instructor.

Australia Meridional

655.En el año 2006‑2007 se registraron 4 muertes de personas en detención:

Lugar de la muerte	Sexo	Edad	Etnia	Causa de la muerte	Fecha
Hospicio	Varón	75	Caucásico	Causas naturales	21/12/2006
Centro de prisión provisional de Adelaide	Varón	34	Caucásico	Suicidio	7/2/2007
Hospital	Varón	66	Caucásico	Causas naturales	25/4/2007
Centro de Prisión provisional de Adelaide	Varón	30	Caucásico	Suicidio	29/4/2007

Esas muertes se están investigando.

656.El Departamento ha creado, bajo la presidencia de su director, un comité de revisión de las investigaciones que vigila la aplicación de las recomendaciones resultantes de las indagatorias de los magistrados instructores y de investigaciones internas. Ésta es una forma eficaz de garantizar que se toman medidas correctivas cuando es necesario. Los problemas sistémicos que se descubren con este proceso se tratan mediante una modificación de la política.

657.De mayo de 2006 a finales de junio de 2007 se han preparado siete indagatorias del magistrado instructor referentes al Departamento.

M.J. Hulsinga

Fallecido en la cárcel el 4 de octubre de 2004 – Informe del magistrado instructor entregado el 1º de mayo de 2006

658.El tribunal concluyó que la muerte se debía a causas naturales y era la consecuencia de una hemorragia cerebral temporal izquierda debida a una malformación arteriovenosa. El magistrado instructor no quiso hacer ninguna recomendación al respecto.

D.K. Walker

Muerto en la cárcel el 2 de junio de 2003 – Informe del magistrado instructor entregado el 1º de mayo de 2006

659.El tribunal concluyó que la muerte se debía a ahorcamiento. Las recomendaciones del magistrado instructor y las medidas tomadas por el Departamento comprenden:

a)Recomendación 1: que el Departamento de servicios penitenciarios organice un sistema de verificación que facilite la inspección regular de todas las cárceles de Australia Meridional para identificar y eliminar los posibles puntos propicios al ahorcamiento, allí donde sea posible, no sólo dentro de las celdas, sino también en las zonas sin vigilancia y las zonas en que la vigilancia por cámara no es muy clara.

i)En el marco de la campaña "para unas celdas seguras", el Departamento de Servicios Penitenciarios concluyó una inspección de sus establecimientos carcelarios para descubrir posibles puntos propicios al ahorcamiento. De resultas de esa inspección, se proseguirán los trabajos para eliminar los puntos de ahorcamiento en las celdas, siempre que haya fondos disponibles. Parte del proyecto es también la eliminación de los puntos de ahorcamiento en otras zonas a las que tienen acceso los presos, particularmente en las duchas comunes.

ii)El Gobierno ha anunciado recientemente que la nueva infraestructura carcelaria cumplirá las normas de "celdas seguras" y que esas normas se cumplirán también en las nuevas celdas de los establecimientos existentes.

b) Recomendación 2: que el Departamento de Servicios Penitenciarios, juntamente con el Servicio de Salud de las Prisiones, elabore y ponga en práctica un sistema mediante el cual el personal de enfermería de las cárceles documente la información pertinente acerca de los reclusos que presentan problemas de salud y que ponga esa información a disposición de los funcionarios penitenciarios para ayudarles en el día a día de la gestión de los presos que tienen a su cargo.

i)El personal de los Servicios de Salud y el personal penitenciario han colaborado para acometer esta cuestión. Se ha llevado a la práctica una gama de protocolos de sistema que mejoran considerablemente la comunicación y el intercambio de información; y

ii)el Departamento de Servicios Penitenciarios también ha organizado equipos especiales integrados por personal penitenciario y profesionales de la medicina para descubrir a los reclusos con riesgos y planificar su gestión. Dentro de esos grupos la transferencia de información entre el personal penitenciario y el personal médico es más eficaz.

El Departamento de Servicios Penitenciarios sabe perfectamente que tiene el deber de atender a los reclusos y a los delincuentes. Las nuevas normas de "celdas seguras" constituyen la referencia para la construcción de futuras cárceles y han sido aprobadas y adoptadas por todos los Estados y Territorios. Las celdas construidas según las normas "seguras" no tienen puntos de ligadura.

N.J. Brooks

Muerto en la cárcel el 6 de mayo de 2003 ‑ Informe del magistrado instructor entregado el 25 de septiembre de 2006

660.El tribunal consideró que la muerte se debía a asfixia por bolsa de plástico. El magistrado instructor concluyó que "no puede hacerse ninguna crítica a ningún funcionario del Departamento de Servicios Penitenciarios en este asunto... que los funcionarios carcelarios desempeñaron sus diversas funciones de manera apropiada" (9.1). El magistrado instructor también estaba convencido de que eran apropiadas las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones formuladas en la investigación y en el informe del Departamento (9.6).

661. El magistrado instructor hizo una recomendación al Departamento, a saber:

a) Recomendación: que el Departamento estudie la posibilidad de introducir medidas como las indicadas (en las conclusiones).

662. Resumen de las conclusiones que interesan al Departamento y medidas adoptadas posteriormente:

a) 9.2: El magistrado instructor advirtió que el Sr. Brooks nunca figuró en las notificaciones referentes a lesiones autoinfligidas de las que se tenía constancia en la época de su encarcelamiento.

i)Sin embargo el magistrado instructor consideró que no debía atribuirse gran significado a este punto. Advirtió que "... los formularios son, e incluso entonces eran, algo anticuados, de modo que si algún funcionario de la prisión advirtió el hecho es posible que no le concediera importancia."

Esos formularios han sido sustituidos por un sistema mejorado que se ha introducido para resolver el problema de la notificación, por el personal, del carácter de preso de alto riesgo. Esos nuevos métodos incluyen la aplicación del actual sistema de distintivo amarillo y la constitución de equipos de evaluación de alto riesgo.

b)9.3: Contrariamente a la práctica ordinaria de colocar por parejas a los reclusos evaluados como personas de riesgo, el Sr. Brooks ocupaba solo una celda y el magistrado instructor pensaba que ello podía haber dificultado la notificación de la condición de recluso de riesgo del Sr. Brooks al personal carcelario.

i)El Sr. Brooks estaba en una celda individual para cumplir la norma de atención a la que está obligado el Departamento. Aunque muchas veces los presos calificados de personas de riesgo son colocados por parejas en las celdas para reducir el riesgo de autolesiones, la celda individual era más apropiada para el Sr. Brooks, ya que había sido sometido en parte a un tratamiento de reasignación de género.

c)9.4: Los informes de toxicología indican que no había en la sangre del Sr. Brooks ningún nivel de la medicación antidepresiva que se le había prescrito, aunque los registros especifican que se le daba su medicación a diario, lo que parece indicar que había dejado de tomar esa medicación en algún momento; y

d)9.5: En opinión del magistrado instructor, "si el facultativo opina que es necesaria la medicación para el bienestar del recluso, el personal penitenciario tiene la potestad y el deber de administrarla, por la fuerza si es necesario, sin que haga falta ninguna otra autorización a tenor de la Ley de salud mental."

i)El personal, la dirección y el Servicio de Salud de las prisiones pueden no tener conocimiento de que un recluso ha dejado de tomar su medicación. En el caso de que el personal tenga conocimiento de la negativa del recluso, administrar la medicación por la fuerza podría presentar un riesgo aún mayor para la seguridad de los reclusos y del personal. La administración de la medicación es una función del personal de salud de las prisiones. La posición del Departamento es que la dispensación, la distribución y la gestión de todas las medicinas se haga bajo la orientación y el control del Departamento de Salud. Ello no obstante, el Departamento ha recabado la opinión de la Oficina del Asesor Jurídico con respecto a la administración por la fuerza de medicinas a los reclusos.

e)9.8: El magistrado instructor observó que "el Servicio de Salud de las Prisiones parece funcionar en relación con los reclusos de manera muy parecida a como funciona el sistema sanitario básico en relación con los ciudadanos corrientes"; y

f)9.9: En opinión del magistrado instructor, "esta situación no es del todo satisfactoria dentro del sistema carcelario y el Servicio de Salud de las Prisiones no está libre de limitaciones". El magistrado instructor reconoció que el intercambio de información entre el sistema penitenciario y el Servicio de Salud de las Prisiones ha mejorado considerablemente, pero concluyó que sigue estando "limitado de la misma manera y por las mismas razones que el intercambio de información entre los médicos y las personas distintas de sus pacientes está limitado en la comunidad en general... algo más de lo que se requiere en un Servicio de Salud de las Prisiones ".

i)A raíz de la muerte del Sr. Brooks y hasta el fallecimiento de otro recluso en enero de 2004 e inmediatamente después, el Departamento y el Servicio de Salud de las Prisiones han tratado de resolver este problema. Se han aplicado varios protocolos de sistema que mejoran considerablemente la comunicación y el intercambio de información.

ii)El Departamento también ha creado en cada establecimiento un proceso formal para evaluar, vigilar y aplicar estrategias de gestión respecto de los reclusos "de riesgo". De ese proceso oficial forma parte el rápido intercambio de información, tanto médica como penitenciaria.

iii)El Departamento prosigue las conversaciones con el Departamento de Salud para seguir mejorando y perfeccionando el proceso de intercambio de información.

iv)Este problema seguirá estudiándose con la nueva infraestructura de prisiones en que probablemente se prepararán unidades de necesidades especiales para los reclusos considerados "de riesgo" como ya se recomendó en otra indagatoria del Tribunal de Magistrados Instructores.

g)9.10: El magistrado instructor observó que el Servicio de Salud de las Prisiones no es objeto de ningún reconocimiento específico oficial y que debería considerarse la posibilidad de elaborar una descripción oficial de la existencia y de la función de ese servicio. En particular, debería preverse una flexibilización de las obligaciones corrientes de confidencialidad impuestas a los médicos.

i)Se ha indicado al Departamento que el Departamento de Salud ha recomendado que se recabe la opinión de la Oficina del Asesor Jurídico en lo que hace a la modificación de la legislación sanitaria de Australia Meridional para legitimar el intercambio de información médica entre los proveedores de atención médica de la cárcel y los proveedores de servicios distintos de los de sanidad.

B.M. Turner y T.M. Glennie

Muertos en prisión el 9 de febrero de 2004 y el 27 de septiembre de 2004 – Informe del magistrado instructor entregado el 18 de octubre de 2006

663.Se procedió a una indagatoria conjunta de las muertes de Barry Michael Turner y Troy Michael Glennie porque ambas de produjeron en circunstancias similares. La magistrada instructora declaró en su informe que estaba convencida, a la vista de las circunstancias que rodearon ambas muertes, de que la intervención de los funcionarios penitenciarios y los intentos de reanimación habían sido "apropiados y que se habían practicado en momento oportuno", pero que en ambos casos los funcionarios que intervinieron no tenían el cuchillo "Hoffman" que les habría ayudado a quitar la ligadura.

664.La indagatoria halló que el Sr. Turner murió en el centro de prisión provisional de Adelaide el 9 de febrero de 2004 a causa de la compresión del cuello causada por el ahorcamiento.

665.En la indagatoria se halló que el Sr. Glennie murió en el centro de prisión provisional de Adelaide el 27 de septiembre de 2004 por compresión del cuello causada por el ahorcamiento.

666.Las recomendaciones de la magistrada instructora y las medidas adoptadas por el Departamento comprenden:

a)Recomendación 1: como se da por supuesto que el Gobierno no tiene ninguna intención en lo previsible de destinar fondos a la mejora de las celdas de las cárceles para cumplir las normas de las "celdas seguras", que el Ministro de Servicios Penitenciarios consiga financiación destinada a convertir parte de las instalaciones existentes de manera que se cree en cada establecimiento penitenciario un grupo de celdas seguras y dignas "para necesidades especiales", donde puedan alojarse los reclusos que requieran este tipo de atención.

i)El Departamento no tiene unidades "para necesidades especiales" expresamente designadas, como se recomienda en el informe de la magistrada instructora. Los reclusos considerados como "personas de riesgo" y que muestran un potencial de autolesión pueden ser alojados en unidades de atención especial o en las enfermerías de la cárcel. Esas unidades ofrecen un entorno seguro a los reclusos hasta que puedan ser sometidos al reconocimiento médico o a tratamiento, según sea necesario, antes de su regreso a la población carcelaria en general.

ii)A raíz de la muerte del Sr. Turner y del Sr. Glennie, se introdujeron cambios y mejoras en el sistema de gestión del Departamento en caso de autolesión para que los reclusos que, a juicio del personal médico, requieren una evaluación diaria, sean identificados fácilmente y no se pasen por alto.

iii)Concretamente, los formularios de notificación de casos de lesiones autoinfligidas han sido sustituidos por un sistema mejorado que se ha elaborado para tener en cuenta el problema de la notificación de la condición de alto riesgo por el personal. Existe ahora en cada establecimiento un proceso oficial para evaluar y vigilar a los reclusos "de riesgo" y aplicarles estrategias de gestión apropiadas. Forma parte de ese proceso oficial el rápido intercambio de información, tanto médica como penitenciaria. Ello abarca también la puesta en práctica del actual sistema de distintivo amarillo y la creación de los grupos de evaluación de alto riesgo.

iv)Además, los reclusos de esta categoría no están nunca solos en su celda, sino que están alojados con otro recluso o son enviados a la enfermería como medida transitoria.

v)Se considera, por consiguiente, que esta recomendación ha sido atendida correctamente en las prácticas actuales del Departamento, aunque se estudiará de nuevo en el marco del proyecto sobre nuevas cárceles, en que probablemente se organizarán unidades para necesidades especiales, como recomienda la magistrada instructora.

b)Recomendación 2: que se suministre a todos los funcionarios de los Servicios Penitenciarios que tienen contacto con los reclusos en las cárceles de Australia Occidental y en el centro de prisión provisional de Adelaide un cuchillo "Hoffman" y que lo tengan en su posesión y a su alcance para uso inmediato siempre que estén trabajando con reclusos.

i)Es importantísimo para la seguridad de todos reclusos y del personal que las armas no estén al alcance de los reclusos. El personal que lleva armas ofrece una oportunidad ideal a los reclusos, que los pueden desarmar o quitarles las armas y utilizarlas contra otros funcionarios y reclusos.

ii)Por esa razón, el Departamento, como muchas otras entidades penitenciarias, no permite las armas en un entorno carcelario.

iii)Si esta política se ampliara y se suministraran cuchillos a todos los funcionarios, como ha recomendado la magistrada instructora, resultaría dificilísimo mantener la seguridad en una cárcel. Los cuchillos pueden perderse o robarse y su presencia en las manos de los reclusos presentaría un riesgo aún mayor para la seguridad de los reclusos y del personal.

iv)En vista de esas circunstancias, el Departamento no tiene la intención de adoptar las recomendaciones de la magistrada instructora en este caso.

v)Ello no obstante, el Departamento reconoce que debe establecerse un equilibrio en cuanto a la seguridad de los reclusos. La utilización de cuchillos Hoffman en las cárceles para los casos de emergencia es, por consiguiente, una excepción a esta norma. Hay en cada grupo de celdas un cuchillo, que está en poder del personal o que se halla en un lugar convenientemente seguro en la oficina del bloque. Los cuchillos son fácilmente asequibles al personal.

L.N. Harkin

Muerto en prisión el 20 de junio de 2003 ‑ Informe del magistrado instructor entregado el 17 de noviembre de 2006

667.El tribunal halló que la muerte se debía a una enfermedad cardíaca isquémica. El magistrado instructor consideró que las medidas adoptadas por los funcionarios de los Servicios Penitenciarios y los empleados de las ambulancias en su intento de reanimar al Sr. Harkin eran "encomiables".

668.El magistrado instructor observó que nada demostraba que el transporte en silla de ruedas hasta la enfermería hubiera tenido alguna incidencia causal en la muerte del Sr. Harkin, pero se llegó a la conclusión de que sería preferible transportar en ese medio a los presos que se quejan de dolores en el pecho. El magistrado instructor recomendó:

que el Departamento de Servicios Penitenciarios tome medidas para que haya en cada establecimiento penitenciario una silla de ruedas que pueda utilizarse para transportar a los reclusos hasta la enfermería en circunstancias apropiadas y que se den instrucciones a los funcionarios de los Servicios Penitenciarios para que sepan cuándo han de utilizarse las sillas de ruedas.

669.El Departamento tiene ahora sillas de ruedas en todos los establecimientos, para lo cual hubieron de comprarse dos sillas en los establecimientos que no las tenían.

670.Se ha redactado un memorando del director relativo a las circunstancias en que se considera apropiado el uso de sillas de ruedas y en el que se dan las instrucciones a tal efecto. Ese memorando se ha comunicado al personal penitenciario de todos los establecimientos.

S.M. Chalklen

Muerto en prisión el 3 de junio de 2005 – Informe del magistrado instructor entregado el 31 de enero de 2007

671.El magistrado instructor concluyó que el Sr. Chalklen había muerto en el centro de prisión provisional de Adelaide el 3 de junio de 2005 a causa de una enfermedad cardíaca isquémica debida a una grave aterosclerosis. Consideró que, tras el colapso que sufrió el Sr. Chalklen, los intentos de resucitarle efectuados por los funcionarios penitenciarios se desarrollaron de manera apropiada y a tiempo.

672.En el informe del Departamento al magistrado instructor hay una recomendación referente a las competencias en materia de primeros auxilios del personal institucional, recomendación que posteriormente se ha llevado a la práctica. Concretamente, los directores generales deben llevar una lista de funcionarios que tienen certificados de competencia en materia de primeros auxilios y procurar que por lo menos uno de esos funcionarios en cada guardia tenga conocimientos de primeros auxilios.

J. Trenorden

Muerte en prisión el 4 de febrero de 2004 – Informe del magistrado instructor entregado el 26 de abril de 2007

673.El tribunal dictaminó que la causa de la muerte era asfixia provocada por el efecto combinado de la compresión del cuello por el ahorcamiento y de la colocación de una bolsa de plástico sobre la cabeza. El magistrado instructor llegó a la conclusión de que el Sr. Trenorden "estaba decidido a suicidarse muy poco después de lo ocurrido el 31 de enero de 2004. También tuvo la astucia suficiente para engañar a todos los funcionarios que lo vigilaban y disimular sus intenciones suicidas".

674.El magistrado instructor reconoció que los nuevos planes introducidos en el Departamento inmediatamente después de la muerte del Sr. Trenorden deberían evitar la repetición de esos descuidos o la ausencia de información previa sobre ese tipo de riesgos. El Departamento y el Servicio de Salud de las Prisiones han organizado en cada establecimiento un procedimiento oficial para evaluar y vigilar a los presos de riesgo y aplicarles las medidas del caso. Fundamental para ese procedimiento es el intercambio rápido de información, tanto médica como penitenciaria.

675.El magistrado instructor se refirió a las conclusiones de indagatorias previas en relación con la adopción de normas de "celdas seguras" y reconoció que el Departamento había llevado a cabo una inspección de sus instalaciones carcelarias para descubrir los posibles puntos de ahorcamiento de conformidad con su propósito de aumentar la seguridad de las celdas. Como se indica en los informes del Departamento presentados anteriormente al Parlamento, gracias a esa inspección se pudieron eliminar ciertos puntos de ahorcamiento y se reacondicionaron ciertas celdas, dentro de los recursos existentes.

676.El Gobierno anunció también que las nuevas infraestructuras carcelarias cumplirán las normas de las "celdas seguras" al igual que las nuevas celdas de las instalaciones existentes.

677.Las nuevas normas de "celdas seguras" constituyen la referencia para la construcción de cárceles y han sido adoptadas por todos los Estados y Territorios para las nuevas instalaciones. Las celdas construidas con arreglo a las normas de "celdas seguras" no tienen puntos de ligadura.

678.El magistrado instructor también hace referencia al tiempo que lleva ultimar el diseño de "camas seguras". El Departamento recibió en febrero de 2007 los diseños definitivos de las camas de litera y se han pedido pliegos de condiciones a la empresa Prison Rehabilitative Industries and Manufacturing y a otros fabricantes. Como muy acertadamente hizo observar el magistrado instructor, la reposición de las literas en todo el sistema carcelario por otras de nuevo diseño dependerá del "costo estimado y de los fondos de que pueda disponer el Departamento".

679.El magistrado instructor hizo una recomendación:

a)que el Ministro de Servicios Penitenciarios y el jefe ejecutivo del Departamento de Servicios Penitenciarios estudien la posibilidad de utilizar mantas y sábanas no desgarrables en las cárceles de Australia Meridional;

b)el Departamento de Servicios Penitenciarios ha estudiado la posibilidad de utilizar sábanas y mantas no desgarrables y ha decidido que no sería apropiado adoptar esa práctica por el momento;

c)se ha considerado que la lona es el único material disponible para ese fin y que influiría considerablemente en la comodidad de los reclusos y sería contraria a la idea de dar un entorno "normalizado" a los reclusos durante su encarcelamiento;

d)ello no obstante, en cada establecimiento hay celdas equipadas con ropa de cama de lona para que pueda utilizarse esa opción en el caso de los reclusos de los que se considera que presentan un alto riesgo de lesiones autoinfligidas.

Tasmania

680.Las conclusiones y recomendaciones de la indagatoria del magistrado instructor sobre cuatro muertes en detención, así como las de una investigación de la cárcel de Risdon y del hospital de la cárcel, fueron entregadas a principios de 2001. La aplicación de esas recomendaciones se prosiguió durante 2005‑2006.

681.El encargado del examen de las operaciones, nombrado en noviembre de 2004 para vigilar la aplicación de las recomendaciones, entregó dos informes en 2005‑2006. Esos informes se referían a la aplicación, por el Servicio de Prisiones, de las recomendaciones del magistrado instructor y de las recomendaciones del Ombudsman acerca de la capacitación, las drogas, la salud de los reclusos, la seguridad y bienestar y la administración. En 2006‑2007 se presentará un informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Ombudsman en cuanto a la seguridad de las cárceles. El Servicio de Prisiones confía en que para entonces se habrá dado por concluida la aplicación de ambos informes.

Territorio de la Capital Australiana

682.Desde 2000, no se ha registrado ninguna muerte en los establecimientos penitenciarios del Territorio de la Capital Australiana. La última muerte en un establecimiento penitenciario ocurrió en 1998. Desde entonces los Servicios Penitenciarios han iniciado un proceso en que todos los presos son vigilados visualmente cada 30 minutos día y noche.

683.En 2002, murió un varón de 48 años poco después de ser excarcelado del cuartel de policía de la ciudad. Tenía varias costillas rotas a causa de una caída dentro del cuartel, pero la investigación no halló ningún elemento que pudiese indicar la implicación directa de la policía en las heridas.

Pregunta 25

Sírvanse facilitar al Comité datos estadísticos sobre las causas por delitos que entrañan condena obligatoria desglosadas por lugar, sexo, edad y etnia. Sírvanse también comentar este aspecto de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño de septiembre de 2005 (CRC/C/15/Add.268, párrafos 72 a 74).

684.A título preliminar, el Gobierno de Australia observa que cabe cuestionar que este extremo esté comprendido en el mandato del Comité y considera que el seguimiento de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño corresponde a este último Comité. Sin embargo, con ánimo de ayudar al Comité contra la Tortura, el Gobierno facilita la información que a continuación se indica.

685.En la primera parte de la respuesta se dan los datos estadísticos federales sobre las causas por delitos que entrañan condena obligatoria. En la segunda parte se dan informaciones más detalladas de Australia Occidental, que es el único Estado australiano cuyas leyes prevén condenas obligatorias pertinentes a la pregunta 25.

Información del Gobierno Federal

686.Por lo general, el derecho penal federal confiere amplios poderes discrecionales al juez sentenciador, ya que la legislación sólo prescribe una pena máxima para los delitos de que se trata.

687.Las excepciones son los artículos 232A y 233A de la Ley de inmigración de 1958, que castigan delitos relativos a la introducción de grupos de no ciudadanos en Australia. Esos delitos entrañan penas de 20 años de prisión como máximo. Los artículos 233B y 233C de la Ley de inmigración prevén condenas obligatorias en relación con esos delitos. El artículo 233B tiene por objeto evitar que se dicten en relación con cualquiera de esos delitos autos de "no culpabilidad". El artículo 233C dispone básicamente que (a menos que una persona sea menor de edad en la época del delito) el tribunal debe imponer una condena de prisión de por lo menos ocho años si se trata de un delito de reincidencia y de cinco años de prisión en cualquier otro caso; y que el tribunal debe fijar un período de por lo menos cinco años sin posibilidad de libertad condicional si hay reincidencia o de tres años en cualquier otro caso.

688.Los archivos de la Oficina del Fiscal Federal contienen la siguiente información sobre las personas condenadas en virtud de esas disposiciones:

Lugar de la condena	Condena	Edad en el momento de la condena	Sexo
Australia Occidental	5 años sin posibilidad de libertad condicional en 3 años	29	Varón
Australia Occidental	7 años y 6 meses, sin libertad condicional durante 3 años y 9 meses	30	Varón
Australia Occidental	5 años, sin libertad condicional durante 3 años	19	Varón
Australia Occidental	5 años, sin libertad condicional durante 3 años	62/80*	Varón
Australia Occidental	5 años, sin libertad condicional durante 3 años	32	Varón
Australia Occidental	5 años, sin libertad condicional durante 3 años	18	Varón
Australia Occidental	5 años, sin libertad condicional durante 3 años	19	Varón

* La información de la fiscalía era que el acusado tenía 62 años; la defensa mantenía que tenía 80.

689.Las disposiciones sobre los delitos se promulgaron en julio de 1999 y desde esa época la Oficina del Fiscal General ha incoado 431 procesos con arreglo a esas disposiciones.

690.Las disposiciones sobre condena obligatoria entraron en vigor el 27 de septiembre de 2001. Desde esa fecha, han sido condenados a tenor de esas disposiciones 120 acusados. Las disposiciones sobre condena obligatoria no afectaron a todos los procesos concluidos después del 27 de septiembre de 2001, pero la Oficina del Fiscal General no tiene información estadística fácilmente asequible sobre los asuntos en que incidieron las disposiciones de condena obligatoria.

691.La Oficina del Fiscal Federal no conserva información estadística fácilmente asequible sobre el lugar, el sexo, la edad y la etnia de los acusados en estos asuntos.

692.Las disposiciones sobre condena obligatoria en virtud de la Ley de inmigración (que se aplican a los reos culpables de contrabando de personas) no se aplican si queda establecido que las probabilidades apuntan a que la persona tenía menos de 18 años en el momento del delito.

Australia Occidental

693.La legislación sobre las condenas obligatorias (que actualmente es el párrafo 4 del artículo 401 del Código Penal (Australia Occidental) fue introducida por el anterior gobierno de Australia Occidental como parte de unos cambios generales de la legislación relativa al robo con allanamiento de morada, en particular al robo en viviendas, al robo con circunstancias agravantes y a los delincuentes que reinciden en el robo con allanamiento de morada. Esa ley sobre condena obligatoria sólo se aplica al que ha sido declarado culpable de robo en un lugar utilizado ordinariamente para la vivienda humana y cuando el reo es un delincuente reincidente en el momento de cometer ese delito (es decir, que ha sido declarado en dos ocasiones anteriores culpable de este delito de robo en hogares).

694.En los once años transcurridos desde 1997 ha habido en Australia Occidental 334 casos en que han sido declarados culpables y condenados menores de edad en cumplimiento de la legislación sobre condenas obligatorias. De esos 334 casos, 278 se referían a indígenas australianos y 56 a no aborígenes. No se dispone de datos estadísticos sobre el sexo. Sin embargo, no cabe duda de que la mayoría de las condenas en virtud de esta legislación se referían a varones. En el cuadro siguiente se da la distribución por año.

Año de la condena	Aborigen	No aborigen	Total general
1997	45	12	57
1998	10	2	12
1999	25	10	35
2000	38	3	41
2001	27	8	35
2002	33	3	36
2003	34	2	36
2004	29	7	36
2005	11		11
2006	20	8	28
2007	6	1	7
Total general	278	56	334

Estas cifras se refieren sólo a menores.

695.Las condenas obligatorias por el delito de robo en viviendas afectan a los jóvenes aborígenes en una proporción mayor que a cualquier otro grupo. En el campo de la justicia de menores, los jóvenes de la región representan aproximadamente la mitad de los jóvenes de que se ocupan los Servicios de Justicia de la Comunidad y los Servicios Penitenciarios de Menores, y de los jóvenes regionales privados de libertad, entre el 80 y el 90% son aborígenes. Entre 2000 y septiembre de 2005, 193 menores fueron condenados en virtud de las leyes sobre condena obligatoria y 168 de ellos eran aborígenes. Unos 145 de los 168 menores aborígenes en quienes recayó condena obligatoria eran de distritos regionales.

696.El apartado a) del párrafo 4 del artículo 401 del Código Penal se aplica tanto a los adultos como a los menores. Sin embargo, la legislación sobre condena obligatoria no tiene verdadera aplicación a los adultos porque cuando éstos quedan sujetos al régimen de la condena obligatoria, la pena que se les impondría de todos modos superaría los 12 meses.

697.El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de septiembre de 2005 (CRC/C/15/Add.268, párrafos 72 a 74) recomendó en el apartado f) del párrafo 74 que el Estado Federal tomara "medidas para derogar las penas preceptivas en el sistema de derecho penal de Australia Occidental". Australia Occidental considera que las penas preceptivas para el delito de robo con allanamiento de morada en el caso de delincuentes reincidentes constituyen una sanción apropiada y proporcionada, si se considera la necesidad de proteger a las personas y darles un sentido de seguridad y tranquilidad en sus hogares. En la actualidad no hay ninguna propuesta del Gobierno del Estado encaminada a modificar el párrafo 4 del artículo 401 del Código Penal. El Gobierno de Australia Occidental está convencido de que la privación de libertad es una manera apropiada de tratar el muy grave problema que presentan los delincuentes reincidentes y no es partidario de que se promulgue una legislación federal para derogar la de Australia Occidental, como recomienda el Comité de los Derechos del Niño en sus observaciones finales.

Pregunta 26

Sírvanse indicar al Comité si en las normas sobre detención de inmigrantes que se aplican a los contratistas privados que gestionan las instalaciones de detención de inmigrantes se hace referencia específica a la Convención y la normativa de derechos humanos. Sírvanse indicar también de qué forma vigilan las autoridades la observancia de las normas de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes.

698.Las normas de detención de inmigrantes no se refieren expresamente a la Convención ni a la normativa de derechos humanos. Sí hacen referencia, en cambio, a un principio fundamental según el cual las obligaciones internacionales de Australia, tales como las que se refieren a los derechos humanos, configuran el planteamiento del desempeño de la función de detención de inmigrantes y hacen referencia expresa al acceso de los inmigrantes recluidos en los centros a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, al Ombudsman Federal y a la Cruz Roja Australiana. Se hace una mención concreta de la Convención en la cláusula 1.24 de la lista 2 del Contrato de Servicios de Detención, bajo el epígrafe "Marco general, político y jurídico", y la legislación australiana sobre derechos humanos se menciona expresamente en las cláusulas 4.1.12 y 4.1.14 de la lista 2 bajo el epígrafe "Dignidad".

699.El cumplimiento de las normas de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes se fiscalizan de varias maneras. El Departamento de Inmigración y Ciudadanía hace un seguimiento de la actuación del proveedor de servicios de detención para velar por que las normas de detención de inmigrantes se cumplan realmente y que en los centros de detención se mantenga un nivel adecuado de comodidad. El Departamento:

a)recibe del proveedor de servicios informes diarios acerca de los incidentes y las quejas que se registran en los centros;

b)recaba la opinión de expertos independientes acerca de las causas o las consecuencias de cualquier incidente grave o importante que se produce en el marco general de la detención;

c)realiza inspecciones a intervalos regulares de la actuación del proveedor de servicios;

d)exige al proveedor de servicios que elabore y lleve a cabo un programa de inspecciones internas del cumplimiento de las normas de detención de inmigrantes;

e)exige del proveedor de servicios que informe mensualmente acerca de las bases de comparación descritas las normas de detención de inmigrantes;

f)organiza reuniones del comité de gestión con el proveedor de servicios para examinar y tratar de resolver cuestiones relativas a la ejecución de los servicios de detención;

g)facilita al proveedor de servicios evaluaciones oficiales trimestrales, por escrito, de la actuación de dicho proveedor, basadas en una evaluación de todos los aspectos de la prestación de servicios de detención y su comparación con las normas de detención de inmigrantes; y

h)informa a intervalos regulares al Ministro acerca de los incidentes que han ocurrido en los establecimientos de detención y acerca de la actuación general del proveedor de servicios.

700.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades está facultada para investigar un acto o práctica del Gobierno de Australia que pueda ser incompatible con los derechos humanos, definidos como los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales. La Comisión también puede hacer indagatorias sobre las denuncias de discriminación ilegal o acoso en varios ámbitos de la vida pública, en particular, la discriminación por motivos de edad, raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, sexo, embarazo, estado civil o discapacidad, y tratar de resolver esas reclamaciones.

701.El Ombudsman Federal está facultado, en virtud de la Ley del Ombudsman de 1976, para investigar los actos administrativos del Departamento, en respuesta a una denuncia o por iniciativa propia, y el Departamento ha remitido cuestiones de su propia administración al Ombudsman para que las investigue. En 2005 se modificó la Ley del Ombudsman de 1976 para conferirle poderes suplementarios en relación con la inmigración y en relación con los proveedores de servicios al Gobierno Federal, en particular como el que se encarga de prestar servicios de detención. La Ley de inmigración de 1958 se modificó de la misma manera. Se hallarán más detalles sobre esos cambios en los párrafos 6 a 9 de la respuesta a la pregunta 9.

702.El personal del Ombudsman visita periódicamente todos los centros de detención en tierra firme para conocer directamente las reclamaciones y ha establecido un proceso para garantizar que los denunciantes puedan ponerse en contacto con el Ombudsman en privado y sin temor a represalias. El Ombudsman también ha organizado un programa de visitas periódicas de inspección a los centros de detención.

703.El Ombudsman presta especial atención a las circunstancias de los niños que son objeto de otras opciones de detención, como la detención en la comunidad.

704.El Ombudsman investiga las quejas relativas a la prestación de atención médica y de cuidados mentales a los detenidos. En visitas de inspección el Ombudsman indaga sobre la adecuación de los servicios de atención de salud y tiene a un observador en el grupo asesor multidisciplinario sobre la salud en los centros de detención. Cuando el Ombudsman considera evidente la necesidad de cuidados de salud mental en el contexto de la inmigración, se toman disposiciones para plantear inmediatamente la cuestión al Departamento de Inmigración y Ciudadanía o al contratista de servicios de detención.

705.En virtud de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986, los inmigrantes de los centros de detención tienen derecho a presentar quejas a la Comisión, y en virtud de la Ley del Ombudsman de 1976 también pueden presentarlas al Ombudsman Federal. Además, el contrato de servicios de detención exige que se facilite toda solicitud de una persona de un inmigrante detenido para ponerse en contacto con la Comisión o con el Ombudsman.

706.En virtud de la Ley de confidencialidad de 1988, el Comisionado Federal de Confidencialidad está facultado para investigar todo acto o práctica de un organismo que pueda constituir un quebrantamiento del principio de confidencialidad de la información y, cuando lo considera apropiado, trata de resolver, mediante la conciliación, las cuestiones que han dado lugar a la investigación. El Comisionado también está facultado para extender informes al Parlamento Federal.

707.Con arreglo a la Ley del Auditor General de 1997, el Auditor General federal está facultado para realizar comprobaciones de la actuación de los organismos gubernamentales, incluido el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, y efectuar una revisión o examen de un aspecto determinado de las operaciones de la totalidad o de parte del sector público federal, lo cual incluiría el funcionamiento de los servicios de detención de inmigrantes. Cuando el Auditor General realiza esa revisión o examen, debe presentar un informe a las dos cámaras del Parlamento y al ministro o los ministros del ramo.

Pregunta 27

En vista de la preocupación expresada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (E/CN.4/2003/8/Add.2) y la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades respecto de la detención obligatoria de los solicitantes de asilo y de cómo afecta a la salud mental de éstos, sírvanse informar al Comité del número de incidentes de autolesiones, tentativas de suicidio y suicidios registrados en las instalaciones de detención de inmigrantes desde el último examen periódico en 2000.

708.El Gobierno de Australia considera innecesario que el Comité duplique una labor que está comprendida en el mandato del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. También considera que el Comité no es el foro apropiado para el examen de las preocupaciones concretas que se plantean.

Pregunta 28

También a este respecto y en vista de las conclusiones del informe publicado por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades en enero de 2007, en que se consignan sus observaciones tras la inspección de las instalaciones de detención de inmigrantes del continente, sírvanse facilitar información sobre los servicios de salud mental a que pueden acceder los solicitantes de asilo y comentar el seguimiento que se dará a las recomendaciones de la Comisión.

709.Para empezar, el Gobierno de Australia observa que cabe considerar que la pregunta que hace el Comité no está comprendida en su mandato, pues no está claro que guarde relación con la aplicación de las obligaciones de Australia a tenor del artículo 11 de la Convención. Sin embargo, para ayudar al Comité, el Gobierno de Australia facilita la información siguiente.

710.En el informe de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades se observa un cambio de actitud positivo del personal que gestiona o presta servicios en los centros de detención de inmigrantes. Los esfuerzos que despliegan el Departamento de Inmigración y Ciudadanía y el personal del proveedor de servicios de detención para tratar equitativa y razonablemente a los inmigrantes con una conducta clara y transparente han sido reconocidos.

711.El desarrollo del sistema de salud en los centros de detención desde el informe sobre la investigación de las circunstancias de la detención de la inmigrante Cornelia Rau, preparado por el Sr. Mick Palmer, miembro del Parlamento australiano, en julio de 2005 ("el informe Palmer"), cuanta con el apoyo del grupo asesor sobre la salud en los centros de detención, integrado por personas propuestas por las más importantes de las organizaciones médicas australianas. Para reforzar el sistema el Real Colegio Australiano de Médicos Generalistas ha ideado recientemente unas normas de salud de los centros de detención que pueden compararse con las normas australianas de medicina general.

712.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía ha tomado varias iniciativas para mejorar la salud mental y el bienestar de los inmigrantes detenidos en los centros y sigue examinando los cuidados de salud más ampliamente a fin de que sean comparables a los que se prestan a la población en general en Australia. El Departamento seguirá vigilando las necesidades en materia de salud y de salud mental de todos los inmigrantes de los centros de detención para cerciorarse de que los modelos de atención de salud y de recursos sanitarios reflejan las necesidades de los reclusos.

713.Se están atendiendo todas las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades en lo que se refiere a la salud. Se citan a continuación las recomendaciones pertinentes, con explicaciones sobre la manera cómo han sido o están siendo atendidas.

Salud mental

714. El Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales debería investigar con urgencia si es suficiente la dotación de personal de salud mental en el Centro del Norte.

Concluido: el Departamento de Inmigración y Ciudadanía estudió el horario de trabajo de los psicólogos en el centro de detención de inmigrantes del Norte (en Darwin) e incrementó las horas para hacer frente a la carga de trabajo. El Departamento de Inmigración y Ciudadanía sigue estudiando la dotación de personal en función de la población.

715. El Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales debería determinar con urgencia si son suficientes y apropiados los sistemas actuales de evaluación de salud mental y de vigilancia constante de la salud mental aplicados en el Centro del Norte. El Departamento debería comunicar los resultados de ese examen a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

Trabajo concluido: el Departamento de Inmigración y Ciudadanía consulto con el personal sanitario del Centro del Norte y también con el proveedor de servicios sanitarios para examinar sistemas de reconocimiento general de salud mental y de vigilancia constante de la salud mental en el Centro. Se acordó que los dispositivos actuales permitían atender adecuadamente a los grupos de personas del centro.

716. El Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales debería velar por que el sistema de prevención de suicidios y lesiones autoinfligidas se aplicara únicamente en beneficio de la salud mental de los detenidos. La aplicación de dicho sistema debería seguir bajo el control del personal de salud mental más bien que del personal penitenciario.

Trabajo concluido: sólo el personal de salud mental cualificado se encarga de realizar análisis completos del sistema de prevención de suicidios. El Departamento de Inmigración y Ciudadanía ha iniciado un proyecto con el Instituto de Salud Mental en las Cárceles de la Universidad de Monash para realizar un estudio del dispositivo y el protocolo que se usan actualmente en caso de suicidio y lesiones autoinfligidas en los centros de detención de inmigrantes.

717. El Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales debería estudiar la posibilidad de construir una zona de observación en Villawood que no esté en la fase uno y esté cerca del personal médico.

Trabajo concluido.

718. El Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales debería pensar en la posibilidad de ofrecer a los reclusos que sufren episodios de enfermedad mental durante la noche la posibilidad de tener acceso a un servicio telefónico de asesoramiento.

Se estudia esta posibilidad en el marco del modelo de prestación de servicios de salud. Las personas recluidas pueden tener acceso a líneas comunitarias de ayuda de salud mental como "Lifeline".

719. El Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales debería disponer de un establecimiento, dotado del apoyo adecuado, al que se pudieran trasladar los reclusos mentalmente perturbados que no requieren tratamiento en un establecimiento de salud mental administrado por el Estado, pero que ya no pueden aguantar la vida en un centro de detención.

Las decisiones de colocación de las personas detenidas se hacen en función del asesoramiento clínico. La colocación en instalaciones de la comunidad y en hospitales privados puede hacerse cuando está clínicamente recomendada.

Salud física

720. El Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales debería investigar a ciertas enfermeras y ciertos enfermeros de Villawood y tomar a su respecto rápidamente medidas correctivas apropiadas.

No se han recibido quejas concretas que avalen esta afirmación. Con todo, el proveedor de servicios sanitarios ha destacado la importancia del cumplimiento de los sistemas de gestión de las quejas asignando nuevo personal.

721. El Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales debería velar por que se atienda rápidamente a las recomendaciones que hacen los médicos, en particular de las recomendaciones de tratamiento externo.

El Departamento de Inmigración y Ciudadanía hace un seguimiento de todas las recomendaciones médicas formuladas por el proveedor de servicios sanitarios que coordina el asesoramiento médico de los facultativos de tratamiento. Todas las recomendaciones de tratamiento externo son objeto de un seguimiento oportuno, comparable con las normas de la sociedad australiana.

722.Respecto de la información sobre los servicios disponibles para las víctimas de torturas, el Comité tendrá a bien remitirse a la respuesta a la pregunta 33 y en lo que hace a la información sobre los mecanismos de seguimiento en los lugares de detención, a la respuesta a la pregunta 41.

Pregunta 29

El Comité, al tiempo que toma nota de la enmienda de la Ley de inmigración de julio de 2005, por la que se dispone que los menores de edad sólo podrán ser detenidos como medida de último recurso, pide al Estado Parte que señale cuántos menores han sido privados de libertad en el marco de la detención obligatoria de inmigrantes desde 2000 y que facilite la información correspondiente a cada año sobre la duración media de la detención que sufrieron esos niños.

723.El Gobierno de Australia considera que esta pregunta queda fuera del mandato del Comité.

Artículo 12

Pregunta 30

Sírvanse facilitar información detallada sobre cualquier caso específico de tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante o delitos análogos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y otro tipo de personal, como entre otros, los contratistas destacados en el extranjero, y en particular en el Afganistán y el Iraq, haciendo constar el número de casos, el estado de éstos, las autoridades ante las que se diligencian y el resultado de las investigaciones.

Octubre de 2004 ‑Julio de 2007

Iraq

724.En este período no se formuló ninguna queja que responda a los criterios de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante en el marco de las operaciones del Iraq.

Afganistán

725.Hubo dos reclamaciones que respondían a los criterios de trato o castigo cruel, inhumano o degradante en el marco de las operaciones del Afganistán.

726.Una queja fue investigada por la policía de las Fuerza de Defensa de Australia. La otra fue objeto de una investigación en la propia unidad. Tras la investigación, ambas quejas resultaron infundadas.

Timor Leste

727.Ha habido siete quejas que respondían a los criterios de trato o castigo cruel, inhumano o degradante en el marco de las operaciones de Timor-Leste.

728.Seis quejas fueron investigadas por el Estado Mayor Australiano y resultaron infundadas. No han sido necesarias más medidas en relación con ellas. La queja restante esté siendo atendida por la Oficina del Fiscal Militar y es objeto de nuevas investigaciones.

Islas Salomón

729.Los archivos de la Defensa indican que en este período no ha habido ninguna queja que responda a los criterios de tortura o trato o castigo cruel, inhumano o degradante en el marco de las operaciones de las Islas Salomón.

Artículo 13

Pregunta 31

Sírvanse facilitar datos sobre el número de casos registrados, investigaciones realizadas y  personas juzgadas y condenadas a nivel federal, estatal y territorial desde el último informe periódico del año 2000, incluido el tipo de pena impuesta por los delitos de tortura, tentativa de tortura y complicidad o participación en tortura.

730.Actualmente nadie se halla encarcelado con arreglo a la división 268 del Código Penal por genocidio, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, y el Fiscal Federal no ha incoado ningún procedimiento por delitos de las subsecciones 268.13 o 268.25 del Código Penal (tortura en cuanto delito de lesa humanidad o tortura como crimen de guerra) El Fiscal Federal tampoco ha iniciado acciones en virtud de la Ley de delincuencia (tortura).

731.Por otra parte, la Policía Federal Australiana y la Administración de Aduanas de Australia no han recibido ninguna queja o denuncia de torturas contra ninguno de sus funcionarios.

732.En los Estados o Territorios, con la excepción de Queensland, no hay constancia de ningún caso, investigación realizada o persona juzgada y declarada culpable de los delitos de tortura, tentativa de tortura y complicidad o participación en tortura.

733.El Código Penal de Queensland tipifica un delito concreto de tortura. En el cuadro siguiente figuran datos sobre las personas declaradas culpables de delitos relacionados con la tortura.

Número de acusados declarados culpables de delitos relacionados con la tortura en el Tribunal Supremo y en todos los tribunales de distrito de Queensland, en los  años civiles 2000-2006
Año de la sentencia	Acusado declarado culpable de	Pena	Edad (mujeres)	Edad (varones)	Total general
Menos de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Desco-nocida	Menos de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	60-64	Desco- nocida
2002	Tortura	Prisión									2	1	2	1			1			1	8
	Tortura	Rehabilitación intensiva	2																		2
Total de 2002	2								2	1	2	1			1			1	10
2003	Tortura	Prisión				1	1				1		1	2							6
	Tortura	Cese fulminante														1					1
	Tortura	Libertad condicional			1																1
Total de 2003			1	1	1				1		1	2		1					8
2004	Tortura	Prisión					1				1	2	1	6		2	1				14
	Tortura	Corrección intensiva													1						1
	Tortura	Cese fulminante						1								1					2
Total de 2004					1	1			1	2	1	6	1	3	1				17
2005	Tortura	Prisión	2										2	6	1	1	2				14
	Tortura	Corrección intensiva									2										2
	Tortura	Reeducación intensiva									2										2
Total de 2005	2								4		2	6	1	1	2				18
Año de la sentencia	Acusado declarado culpable de	Pena	Edad (mujeres)	Edad (varones)	Total general
Menos de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Desco-nocida	Menos de 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	60-64	Desco- nocida
2006	Tortura	Prisión			1		1				1		1	1		1		1			7
	Tortura	Corrección intensiva		1																	1
	Tortura	Cese fulminante									1										1
	Tortura	Trabajo en la comunidad	2								1										3
Total de 2006	2	1	1		1				3		1	1		1		1			12
Total general	6	1	2	1	3	1			11	3	7	16	2	6	4	1		1	65
Notas:
1. Los datos se refieren a adultos y a menores.
2. El acusado es la persona o la organización contra la que se han formulado uno o varios cargos penales que se juzgan juntos ante una instancia judicial. Cabe observar que con este método no se enumeran distintas personas u organizaciones. Si una persona u organización es acusada en varios juicios penales que concluyen en fechas diferentes, esa persona u organización se contará más de una vez en esta colección de datos estadísticos. Fuente: Base de datos de tribunales mantenida por la Oficina de Investigaciones Económicas y Estadísticas del Departamento del Tesoro. Fecha de preparación: 19/07/07

Artículo 14

Pregunta 32

Sírvanse facilitar datos estadísticos sobre la indemnización pagada a las víctimas de actos de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante registrados en Australia en el período de 2000 a 2006. Sírvanse desglosarlos por sexo, edad y etnia.

734.Los Estados y Territorios administran los fondos de indemnización y asistencia a las víctimas de la tortura. No hay constancia de ningún caso de indemnización pagada por los Estados y los Territorios a las víctimas de torturas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes entre 2000 y 2006. No hay ningún fondo federal. Además, no se ha registrado ningún pago ex gratia por esos motivos.

Pregunta 33

Sírvanse indicar en más detalle (con referencia a los párrafos 101 y 102 del informe del Estado Parte):

a) los servicios existentes para el tratamiento del trauma y otras formas de rehabilitación de las víctimas de tortura y la capacidad de esos servicios;

b) cuántas víctimas de tortura sufrida en Australia y cuántas víctimas de tortura antes de llegar a Australia han podido tener acceso a esos servicios;

c) la cantidad de fondos asignados por el Estado Parte a esos fines.

735.En cada ordenamiento australiano existen servicios para ayudar a las víctimas de traumas y torturas. En la primera parte de la respuesta se da información federal general acerca de las preguntas a), b) y c). A continuación se hallará información de los Estados y Territorios.

Información del Gobierno Federal

736.Todos los refugiados y todas las personas que entran en Australia por razones humanitarias pueden obtener asesoramiento a corto plazo en cuestiones de tortura y traumas, en el marco de la Estrategia Integrada de Asentamiento Humanitario. Los que requieren más asistencia, después del período cubierto por el asesoramiento a corto plazo sobre tortura y trauma, pueden ser remitidos a unos servicios de asesoramiento a más largo plazo por intermedio de los proveedores contratados por el Departamento de Salud.

737.La Estrategia Integrada de Asentamiento Humanitario es un programa nacional de asentamiento administrado por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía que presta asistencia a las 13.000 personas que cada año se instalan en Australia en el marco del programa humanitario, con apoyo y asistencia para rehacer sus vidas.

738.Los servicios prestados a los que entran en el país en el marco de la Estrategia Integrada comprenden:

a)coordinación de casos, información y derivaciones

b)recepción y asistencia a la llegada

c)servicios de alojamiento

d)servicios de asesoramiento a corto plazo sobre tortura y trauma

739.Los servicios de la Estrategia Integrada suelen prestarse durante seis meses, pero pueden prorrogarse para las personas que tienen necesidades particularmente complejas.

740.Los servicios de atención en caso de tortura y trauma que se prestan en el marco del programa de la Estrategia Integrada están destinados a todos los refugiados y todas las personas que llegan a Australia por motivos humanitarios y a quienes se han concedido plazas de reasentamiento desde el extranjero, así como a los solicitantes de asilo con visado a quienes se ha concedido protección en Australia a su llegada a la comunidad.

741.También se prestan servicios a largo plazo en los casos de tortura y trauma a esas personas, así como al colectivo más amplio de la comunidad australiana, mediante el Programa de Asistencia a los Supervivientes de Torturas y Traumas, administrado por el Departamento de Salud y personas Mayores del Gobierno de Australia.

742.Unos organismos especializados contratados en el marco de la Estrategia Integrada para atender a corto plazo a las víctimas de torturas y traumas también organizan programas de capacitación en información y concienciación y prestan asimismo servicios de consultoría y apoyo a otros proveedores, voluntarios y profesionales, tales como los doctores, dentistas, y trabajadores sociales, que pueden entrar en contacto con los refugiados y las personas que llegan por motivos humanitarios durante las diversas fases de su proceso de asentamiento. Esos organismos también se encargan de ayudar a los servicios de la comunidad en general y a otros servicios especializados a desempeñar un papel más fundamental en el ámbito de la consultoría y la rehabilitación.

743.La Estrategia Integrada de Asentamiento Humanitario cuenta con un presupuesto anual de más de 50 millones de dólares.

744.El Departamento de Salud y personas Mayores facilita fondos en el marco del Programa de Asistencia a los Supervivientes de Torturas y Traumas, a fin de ayudar a la recuperación psicosocial de las personas que entran en Australia por motivos humanitarios y que han sufrido conflictos y abusos de derechos humanos, por lo que son susceptibles de tener problemas de salud mental. El programa actual presta apoyo cada año a unas 2.500 personas.

745.En los últimos años, particularmente al desplazarse la intervención del programa humanitario de Europa y el Oriente Medio a África, se ha producido un aumento considerable del número de personas atendidas y de la complejidad de sus necesidades. Ello supone un aumento del número de niños que necesitan apoyo, ya que muchos de ellos han sufrido traumas como niños soldados y esclavos. Ha aumentado la demanda de consejeros bien cualificados, y también la necesidad conexa de educación y adiestramiento en los servicios de la comunidad en general, como los médicos generalistas y las escuelas.

746.En el presupuesto de 2007 se ha aprobado una financiación suplementaria de 12,2 millones de dólares en cuatro años para el Programa de Asistencia a los Supervivientes de Torturas y Traumas. Esos fondos permitirán a los organismos del Programa aumentar su capacidad a fin de que cada año unas 1.800 personas que entran en el país por motivos humanitarios puedan tener acceso a asesoramiento especializado a medio y largo plazo y a los servicios de apoyo conexos.

747.En la actualidad se asigna una cantidad aproximada de 5 millones de dólares al año a ocho organizaciones especializadas (una en cada Estado y Territorio) para la prestación de varios servicios, a saber:

a)asesoramiento directo y servicios conexos de apoyo (incluidos los de abogacía y las derivaciones a los servicios de sanidad y conexos de la sociedad en general) a las personas o las familias que son supervivientes de torturas y traumas; y

b)programas de educación y adiestramiento a los proveedores de servicios de salud y servicios conexos de la sociedad en general, para ayudarles a comprender y atender las necesidades de los supervivientes de torturas y traumas.

748.En cada Estado y territorio hay una organización especializada que presta servicios en el marco del Programa de Asistencia a los Supervivientes de Torturas y Traumas:

a)Nueva Gales del Sur: Servicio de Nueva Gales del Sur para el tratamiento y la rehabilitación de los supervivientes de torturas y traumas;

b)Queensland: Programa de Asistencia a los Supervivientes de Torturas y Traumas;

c)Territorio de la Capital Australiana: Casa de la Amistad;

d)Victoria: Fundación para los Supervivientes de la Tortura;

e)Tasmania: Servicio de apoyo a los supervivientes de torturas y traumas;

f)Australia Meridional: Servicio de asistencia y rehabilitación para los supervivientes de torturas y traumas;

g)Australia Occidental: Asociación para la prestación de servicios a los supervivientes de torturas y traumas, inc.

h)Territorio del Norte: Servicio del Territorio del Norte para los supervivientes de torturas y traumas.

749.Los fondos para el período cubierto por el informe y el período subsiguiente se desglosan según se indica a continuación.

	2007-2008
	Territorio de la Capital Australiana	$222.182,18
	Nueva Gales del Sur	$1.620.516,37
	Territorio del Norte	$142.660,43
	Queensland	$499.357,07
	Australia Meridional	$495.161,12
	Tasmania	$198.684,56
	Victoria	$1.426.848,75
	Australia Occidental	$534.889,50
	Total 2007-2008, IVA incluido	$5.140.299,98
	2006-2007
	Territorio de la Capital Australiana	$153.848,42
	Nueva Gales del Sur	$474.029,38
	Territorio del Norte	$75.822,67
	Queensland	$178.633,07
	Australia Meridional	$167.617,67
	Tasmania	$126.493,51
	Victoria	$474.029,38
	Australia Occidental	$185.425,90
	Total 2006-2007, IVA incluido	$ 1.835.900,00
2005-2006
Territorio de la Capital Australiana	$267.189,34
Nueva Gales del Sur	$1.075.557,50
Territorio del Norte	$191.712,84
Queensland	$400.017,64
Australia Meridional	$378.877,84
Tasmania	$240.342,52
Victoria	$1.035.052,26
Australia Occidental	$413.053,30
Total 2005-2006, IVA incluido	$4.001.803,24
2004-2005
Territorio de la Capital Australiana	$150.348,00
Nueva Gales del Sur	$452.813,00
Territorio del Norte	$76.058,00
Queensland	$176.880,00
Australia Meridional	$159.192,00
Tasmania	$123.816,00
Victoria	$452.813,00
Australia Occidental	$176.880,00
Total 2004-2005, IVA incluido	$1.768.800,00
2003-2004
Territorio de la Capital Australiana	$146.605,80
Nueva Gales del Sur	$443.539,80
Territorio del Norte	$74.108,10
Queensland	$169.544,10
Australia Meridional	$159.341,60
Tasmania	$121.093,50
Victoria	$443.539,80
Australia Occidental	$175.828,40
Total 2003-2004, IVA incluido	$1.733.601,10
2002-2003
Territorio de la Capital Australiana	$143.163,90
Nueva Gales del Sur	$433.126,10
Territorio del Norte	$72.366,80
Queensland	$165.563,20
Australia Meridional	$155.601,60
Tasmania	$118.251,10
Victoria	$433.126,10
Australia Occidental	$171.700,10
Total 2002-2003, IVA incluido	$1.692.898,90
2001-2002
Territorio de la Capital Australiana	$137.024,80
Nueva Gales del Sur	$414.551,50
Territorio del Norte	$69.263,70
Queensland	$158.462,70
Australia Meridional	$148.929,00
Tasmania	$113.180,10
Victoria	$414.551,50
Australia Occidental	$164.336,70
Total 2001-2002, IVA incluido	$1.620.300,00
2000-2001
Territorio de la Capital Australiana	$133.449,80
Nueva Gales del Sur	$410.976,50
Territorio del Norte	$65.688,70
Queensland	$154.887,70
Australia Meridional	$145.354,00
Tasmania	$109.605,10
Victoria	$410.976,50
Australia Occidental	$160.761,70
Total 2000-2001, IVA incluido	$1.591.700,00
1999-2000
Territorio de la Capital Australiana	120.982,00
Nueva Gales del Sur	372.582,00
Territorio del Norte	59.553,00
Queensland	140.418,00
Australia Meridional	131.775,00
Tasmania	99.365,00
Victoria	372.582,00
Australia Occidental	145.743,00
Total 1999-2000 (antes de la introducción del IVA)	1.443.000,00
1998-1999
Territorio de la Capital Australiana	119.053,00
Nueva Gales del Sur	366.644,00
Territorio del Norte	58.603,00
Queensland	138.180,00
Australia Meridional	129.675,00
Tasmania	97.781,00
Victoria	366.644,00
Australia Occidental	143.420,00
Total 1998-1999 (antes de la introducción del IVA)	1.420.000,00
1997-1998
Territorio de la Capital Australiana	105.856,00
Nueva Gales del Sur	324.608,00
Territorio del Norte	43.375,00
Queensland	122.793,00
Australia Meridional	114.941,00
Tasmania	86.504,00
Victoria	324.608,00
Australia Occidental	128.315,00
Total 1997-1998 (antes de la introducción del IVA)	1.251.000,00
1996-1997
Territorio de la Capital Australiana	116.845,00
Nueva Gales del Sur	350.680,00
Territorio del Norte	60.908,00
Queensland	135.141,00
Australia Meridional	127.009,00
Tasmania	96.515,00
Victoria	350.680,00
Australia Occidental	140.222,00
Total 1996-1997 (antes de la introducción del IVA)	1.378.000,00

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

750.El Gobierno de Nueva Gales del Sur creó el Servicio de Tratamiento y Rehabilitación de Supervivientes de Torturas y Traumas en 1988 para atender las necesidades de los refugiados y otras personas que habían sido torturadas o traumatizadas en su país de origen o cuando huían de ese país hacia Australia.

751.Ese organismo presta apoyo mediante servicios que crean seguridad, mantienen la confidencialidad y el respeto de los derechos de quienes buscan asistencia. Los servicios incluyen estrategias de intervención temprana, prevención secundaria, investigación, educación en la comunidad y creación de capacidad, además de intervenciones clínicas en individuos, familias y grupos. Esos planteamientos se están expandiendo y desarrollando continuamente para atender a necesidades que están en plena evolución. El servicio también desempeña un papel importante en lo que hace a organizar actividades de capacitación, apoyo y consultoría a los proveedores de servicios de salud y de servicios comunitarios para mejorar su capacidad de trabajar eficazmente con los supervivientes de torturas y traumas.

752.Los servicios corren a cargo de un personal clínico multidisciplinario de muy diversos entornos lingüísticos y culturales que reflejan la diversidad de los destinatarios y trabajan en más de 15 idiomas. Cuando no se conoce el idioma de un determinado beneficiario, los servicios se prestan con la asistencia de un intérprete. Además de su función de asesoramiento, el Servicio de Tratamiento y Rehabilitación también produce y ejecuta una amplia gama de programas y materiales de capacitación.

753.El Servicio de Tratamiento y Rehabilitación recibe su financiación básica del Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur para realizar actividades de asesoramiento, fisioterapia y psiquiatría, y también dispone de fondos suplementarios para intervenciones especializadas, tales como las que atienden a los niños traumatizados. Asimismo, recibe fondos federales para programas concretos de ayuda a los refugiados recién llegados, por ejemplo, el Programa de pronta intervención, y a los que llegan al país por motivos humanitarios.

754.El Servicio desempeña un papel decisivo al fomentar la concienciación de los problemas de los refugiados en la comunidad en general y al ayudar a otros organismos gubernamentales y no gubernamentales a mejorar la adecuación y la efectividad de los servicios que prestan a las comunidades de refugiados.

755.Esta función se lleva a cabo mediante actividades secundarias de consulta para los proveedores generalistas, en particular, los servicios de salud mental, los hospitales, los asesores escolares y otros organismos de la comunidad que desempeñan un papel de asesoramiento. El Servicio de Tratamiento y Rehabilitación dispensa capacitación primaria a los organismos de salud y de protección social sobre los efectos de la experiencia de los refugiados y los inmigrantes, así como sobre las consecuencias de la tortura y el trauma. Desempeña un papel de desarrollo comunitario al colaborar con las comunidades de refugiados para mejorar su capacidad de participación en Australia.

756.El Servicio de Tratamiento y Rehabilitación tiene una variedad de recursos concretos y de programas de capacitación que representan un valor añadido a la capacidad de otras organizaciones para trabajar eficazmente con los recién llegados. Ejemplos de ese "valor añadido" comprenden:

a)la elaboración de directrices para los generalistas que atienden a los supervivientes de tortura y trauma de refugiado;

b)la elaboración del programa de "asentamiento" para grupos, una acción que está dirigida a los maestros de escuela y los asesores escolares que trabajan con refugiados e inmigrantes (es el producto de una larga asociación entre el Servicio de Tratamiento y Rehabilitación y las escuelas del sector sudoccidental de Sydney);

c)la producción de medios de relajación progresiva en 11 idiomas (discos compactos y cintas) para los que se acogen al Servicio de Tratamiento y Rehabilitación, y prestación de otros servicios participativos (organizados sobre la base de las técnicas de relajación que, según los usuarios, han resultado útiles en las sesiones de asesoramiento y fuera de ellas).

757.El Servicio de Tratamiento y Rehabilitación atiende a toda la zona metropolitana de Sydney por conducto de centros establecidos en Auburn, Liverpool y Fairfield y también mediante 17 servicios descentralizados en la zona metropolitana. También hay trabajadores que tienen su base en Newcastle y en Wollongong para las zonas de Hunter e Illawarra; recientemente se ha establecido una base en Coffs Harbour para la zona noroccidental de Nueva Gales del Sur.

758.Se establecen servicios descentralizados de divulgación cuando se demuestra que son necesarios y que pueden constituirse asociaciones locales con los servicios de salud y de otra índole. El Servicio de Tratamiento y Rehabilitación organiza la capacitación del personal de sanidad y personal conexo, presta servicios directos destacando a personal visitante y usa medios tecnológicos como el teléfono y las videoconferencias para llegar a las zonas más aisladas.

759.Desde 1988, el Servicio de Tratamiento y Rehabilitación ha asesorado a más de 5.000 familias e individuos con su programa de servicios de asesoramiento general, y ha reconocido y ayudado a cerca de 6.000 personas con su programa de pronta intervención y evaluación de salud (programa de asesoramiento). El Servicio de Tratamiento y Rehabilitación ha ayudado a más de 1.500 jóvenes y más de 2.000 adultos en sus programas de terapia de grupos y ha desempeñado un papel fundamental en la concienciación sobre problemas de salud y psicosociales que afectan a los supervivientes de torturas y traumas.

Rehabilitación médica

760.Desde 1999 (coincidiendo con la publicación del documento "Strategic Directions for Refugee Health Care in NSW" (Directrices estratégicas para la atención de salud a los refugiados en Nueva Gales del Sur), el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur ha venido financiando un servicio de salud para los refugiados. Éste tiene por objeto proteger y promover la salud de ex refugiados, incluidos los supervivientes de torturas y otros traumas que aquejan a los refugiados, aumentando sus conocimientos en materia de salud, mejorando el acceso a una atención médica adecuada y lanzando iniciativas precisas de promoción de la salud.

761.Hay clínicas de evaluación sanitaria que funcionan semanalmente en Sydney y que en2006/2007 dieron más de 1.300 consultas a ex refugiados. Algunas de las personas atendidas son solicitantes de asilo que se hallan en espera de los resultados de su solicitud de admisión. Esas clínicas hacen evaluaciones iniciales y facilitan el acceso a los cuidados. El servicio recibe a muchas de laspersonas que le son remitidas por el Servicio de Tratamiento y Rehabilitación de Supervivientes de Torturas y Traumas.

762.Existen ahora varias clínicas en zonas rurales y otros puntos de Nueva Gales del Sur para ayudar a los refugiados que se asientan allí (por ejemplo, en Newcastle y Coffs Harbour). Se pueden ver niños con adultos en todos los servicios que se han mencionado. Además, uno de los grandes hospitales de niños (Children's Hospital Westmead) organiza cada semana dispensarios para los niños refugiados. Un gran hospital de odontología (Westmead Centre for Oral Health) abre semanalmente un dispensario para los refugiados.

763.El Servicio de Salud para los Refugiados también tiene programas educativos y destina recursos a informar a los refugiados recién llegados sobre el acceso a la atención de salud en Nueva Gales del Sur.

764.El Servicio de Salud para los Refugiados ejecuta programas de formación en toda Nueva Gales del Sur para mejorar la concienciación y los conocimientos de los generalistas y del personal del sistema sanitario público, en relación con la atención de salud a los supervivientes de traumas. En esos programas se insiste en los efectos físicos de la tortura y de otros abusos de los derechos humanos, incluido el impacto de la mutilación genital femenina en las mujeres y muchachas refugiadas.

Victoria

765.La Victorian Fundation for Survivors of Torture, Inc. (Fundación para los Supervivientes de Tortura) de Victoria está financiada por el Departamento de Servicios Humanos para que preste los siguientes servicios a los supervivientes de torturas y traumas:

a)Tratamiento psiquiátrico y apoyo psicosocial de rehabilitación;

b)Servicios de salud;

c)Prevención de suicidios;

d)Promoción de la salud.

766.Ese organismo también dedica sus fondos a actividades de capacitación, asesoramiento y apoyo para ayudar a los proveedores de servicios a atender mejor las necesidades de ese grupo de personas.

767.El Departamento de Servicios Humanos consignó 1.710.706 dólares a la Fundación en 2007‑2008. La financiación está basada en una tasa horaria de servicio y la organización tiene que atender a 13.480 horas de apoyo al año.

Queensland

768.El Programa de Asistencia a Supervivientes de Torturas y Traumas de Queensland es un servicio comunitario que atiende a una variada gama de necesidades físicas, psicológicas y sociales de los refugiados supervivientes de traumas y torturas. El organismo presta un conjunto de servicios flexibles y culturalmente adaptados a las personas que han sido torturadas o que han sufrido traumas relacionados con su situación de refugiados antes de emigrar a Australia.

El programa presta asistencia a las personas que:

a)Han sido víctimas de torturas;

b)Han presenciado o experimentado la tortura infligida a una persona cercana;

c)Han sufrido traumas durante la huida de sus hogares y países;

d) Han sido víctimas de abusos a causa de su pertenencia a un grupo político, étnico o religioso; o

e) Han conocido la guerra, los trastornos políticos y han temido por su vida.

770.Los servicios incluyen:

a)Asesoramiento y asistencia letrada individuales;

b)Asesoramiento a familias;

c)Desarrollo comunitario;

Apoyo a los jóvenes;

d) Información y educación;

Mejora de la capacidad y formación de redes.

Australia Occidental

a) Los servicios existentes para el tratamiento del trauma y otras formas de rehabilitación de las víctimas de tortura y la capacidad de esos servicios;

771.La Association for Services to Torture and Trauma Survivors, Inc. (Asociación para la Prestación de Servicios a los Supervivientes de Torturas y Traumas) presta en Australia Occidental servicios especializados a los supervivientes de torturas y otras violaciones de los derechos humanos. Los servicios incluyen el asesoramiento, el apoyo y la fiscalización de individuos y grupos, la educación (que comprende la preparación, organización y evaluación de talleres), los servicios de interpretación y traducción y sesiones de información a profesionales de la salud y el bienestar.

b) Cuántas víctimas de tortura sufrida en Australia y cuántas víctimas de tortura sufrida antes de llegar a Australia han podido tener acceso a esos servicios;

772. En el ejercicio económico de julio de 2006 a junio de 2007, la Asociación ha prestado servicios a 1.542  personas . Esta cifra incluye a las  personas atendidas por el servicio de asesoramiento de la contrata del Departamento de Salud y las  personas atendidas por los programas de asesoramiento y los programas comunitarios. (Todas las  personas atendidas por la Asociación han experimentado traumas, bien a consecuencia de torturas físicas directas, bien por haber presenciado torturas u otras formas de amenazas contra la vida.)

773. Los servicios públicos de salud mental prestan asesoramiento, atienden a urgencias, aconsejan e intervienen en los casos de niños y adultos que sufren un trastorno mental identificable. Los servicios públicos de salud mental están situados en zonas metropolitanas y rurales en toda Australia Occidental.

c) La cantidad de fondos asignados por el Estado Parte a esos fines.

774.En 2006/2007, 409.110 dólares, cantidad que se consigna anualmente.

Australia Meridional

775.En Australia Meridional los servicios de salud mental no reúnen actualmente estadísticas sobre la capacidad de los servicios de traumatismo y rehabilitación para atender a las víctimas de torturas y traumas ni tampoco sobre el número de víctimas que tienen acceso a esos servicios. La Dependencia de Salud Mental ha elaborado una plantilla mínima de registro de datos para ayudar a las organizaciones no gubernamentales en el acopio de datos. Esa plantilla empezó a utilizarse el 1º de julio de 2007. En ella se recogerá información sobre el país de origen y la utilización de servicios de intérprete, es decir sobre el idioma hablado y la fuente de referencia.

776. En 2005 el Gobierno de Australia Meridional consignó 25  millones de dólares en tres  años para la prestación de servicios (que incluía la atención a poblaciones aborígenes cultural y lingüísticamente diversas). En junio de 2007 el Gobierno asignó otros 36,8  millones de dólares en los próximos cuatro ejercicios financieros a las organizaciones no gubernamentales.

777. Los servicios a los que pueden acudir los inmigrantes detenidos, los refugiados y otras  personas vulnerables abarcan:

a) Centro de Atención a los Inmigrantes

778.El Centro de Atención a los Inmigrantes tiene la contrata del Gobierno Federal para prestar servicios de reasentamiento y dispensa asistencia y apoyo continuos a los inmigrantes y refugiados durante sus primeros cinco años de residencia en Australia Meridional. Los servicios se prestan con carácter individual o a grupos, así como por teléfono, e incluyen información y una labor de derivación hacia otros organismos de mediación, asistencia letrada, intervención en caso de crisis, asesoramiento a los inmigrantes e información al consumidor.

b) Servicio de Salud para los Inmigrantes

779.El Servicio de Salud para los Inmigrantes dispensa una atención sanitaria multidisciplinaria de alta calidad a las personas que llegan por motivos humanitarios, y con tal fin utiliza servicios personales de intérpretes para todos los casos de atención médica y sanitaria de otra índole. El Servicio también coordina su actuación con otros proveedores de servicios sanitarios para que se atiendan eficazmente todas las necesidades médicas durante el asentamiento y prepara una transición ordenada hacia los cuidados médicos primarios de la sociedad general.

780.El Servicio de Salud para los Inmigrantes tiene un buen historial de prestación de atención sanitaria compleja a las muy diversas personas que llegan por motivos humanitarios y tienen necesidades excepcionales, como pueden ser las mujeres que se hallan en riesgo y sus familias, las familias muy numerosas y las personas que han sufrido torturas y traumas muy graves. Esos son algunos de los criterios para la prestación de atención y apoyo en casos complejos. El Servicio también tiene en cuenta los demás factores que influyen en el éxito del asentamiento, incluido el aprendizaje del inglés, la vivienda, la educación y la adaptación cultural, y puede colaborar con otras entidades teniendo en cuenta esas demandas concomitantes.

781.El Servicio de Salud para los Inmigrantes recibe aproximadamente a un tercio de los refugiados recién llegados y los somete a una evaluación inicial completa de la salud, interviene en los casos que presentan problemas, pone al día la vacunación, actualiza la educación de salud y presta apoyo para la remisión a un médico generalista, y organiza un plan de cuidados, en general en un plazo de seis meses a contar del contacto inicial.

782.El Servicio de Salud para los Inmigrantes también trata a los recién llegados que le remiten otros proveedores (médicos generalistas, hospitales, etc.) y que tienen necesidades muy complejas y pueden haber estado en el país durante un año o más. La mayoría de los demás recién llegados son atendidos en clínicas de medicina general privadas tras ser derivados por el Centro de Ayuda a los Inmigrantes en virtud de una contrata celebrada con el Gobierno Federal.

783.El Servicio de Salud para los Inmigrantes cuenta con un equipo de asesoramiento (un psicólogo principal a tiempo completo y varios trabajadores sociales a tiempo parcial) que se dedica sobre todo a aconsejar sobre problemas asociados con la experiencia de los refugiados y sus dificultades de asentamiento, incluidas las relaciones familiares y los problemas relacionados con la obtención de visados.

784.Cuando hay indicios de enfermedad mental activa, el Servicio de Salud para los Inmigrantes deriva a los pacientes hacia el Servicio de Intervención de Crisis para la Evaluación de la Salud Mental o los hospitales (según convenga). También presta atención médica primaria a las personas que buscan asesoramiento, según convenga.

785.El Servicio de Salud para los Inmigrantes gastó 160.000 dólares en servicios de interpretación en el ejercicio económico 2005‑2006.

786.Los pacientes que requieren tratamiento y rehabilitación por haber sufrido torturas son remitidos a entidades comunitarias especializadas en la prestación de tales servicios, tales como el Servicio de Rehabilitación para los Supervivientes de Torturas y Traumas.

c) Servicio de Rehabilitación para Supervivientes de Torturas y Traumas

787.El Servicio de Rehabilitación para Supervivientes de Torturas y Traumas dispensa gratuitamente apoyo psicológico a los refugiados y a otros inmigrantes que han sufrido torturas y traumas.

788.Este Servicio es una organización no gubernamental sin fines de lucro que no tiene afiliación religiosa ni política y atiende a varios grupos de hombres, mujeres y jóvenes. También realiza actividades de información sobre la salud, apoyo y promoción y presta servicios de reconocimiento de salud y de remisión a centros médicos. Ofrece educación y capacitación para las personas que trabajan con los refugiados, incluidos los trabajadores sanitarios, las escuelas y otros organismos.

789.El grueso de la financiación del Servicio de Rehabilitación para Supervivientes de Torturas y Traumas procede del Departamento de Salud y personas Mayores del Gobierno Federal; por otra parte, el Departamento de Familias y Comunidades de Australia Meridional aporta una financiación suplementaria de 30.000 dólares al año.

790.El Departamento de Salud de Australia Meridional aporta a ese Servicio una financiación periódica de 187.000 dólares al año; los servicios que se prestan incluyen:

a)500 acciones de apoyo psicológico en entrevistas personales o por teléfono, junto con 16 acciones de apoyo psicológico a grupos (son dos grupos, cada uno de los cuales se reúne ocho veces);

b)Hasta 250 ocasiones de promoción individual, según las necesidades; y

c)Iniciativas con otros proveedores de servicios, suministro de información y educación.

791.El Servicio de Salud de Adelaide Centronorte también financia una sesión de medio día de consultor en psiquiatría para el Servicio de Rehabilitación de Supervivientes de Torturas y Traumas a fin de crear una vía de acceso a los servicios normales de especialistas de salud mental.

d) Los parques

792.El Centro de Salud Comunitario de los Parques acoge a refugiados recién llegados, una de sus poblaciones que merecen atención urgente. El Centro de Salud Comunitario de los Parques emplea a un trabajador somalí y contrata algunos asistentes sociales africanos como consultores para que trabajen con la juventud. Tiene servicios clínicos, realiza algunas evaluaciones médicas y ejecuta diversos programas de desarrollo comunitario o socialización que incluyen:

a)un grupo de juegos para los recién llegados: en gran parte se trata de niños africanos en edad preescolar y sus madres; en el grupo los niños tienen la oportunidad de relacionarse socialmente y las madres de ponerse en contacto con los servicios;

b)un grupo de jóvenes: el programa se desarrolla durante un semestre y en él destacan actividades de información y de apoyo psicológico acerca de las drogas y el alcohol, las relaciones y asuntos de salud sexual.

e) Servicios de atención a la infancia y a la adolescencia y servicios de salud mental

793.La sección Norte de este servicio trabaja con el Servicio de Rehabilitación para Supervivientes de Torturas y Traumas y dispensa cuidados de salud mental a los niños y adolescentes refugiados. En el primer trimestre de 2006, se recibió a 127 personas remitidas por otros sectores, y la demanda sigue aumentando.

794.La sección Sur del servicio trabaja con la escuela primaria de Bellevue Heights para elaborar un sistema de respuesta culturalmente apropiada para los recién llegados del Sudán (Dinka) y otros países africanos.

f) Cuidados compartidos con los médicos generalistas

795.El programa de cuidados compartidos con los médicos de medicina general atiende a las personas con trastornos mentales más graves de poblaciones cultural y lingüísticamente diferentes, en particular a los inmigrantes de edad avanzada, a los recién llegados y los refugiados. La financiación de ese programa es periódica para cuatro años y permitirá la colocación de enfermeros o enfermeras o profesionales afines en las consultas de médicos generalistas en toda Australia Meridional.

796.Tres puestos de cuidados compartidos empezarán a funcionar en 2007‑2008 en la División Riverland de Adelaide Centro y en la División de Adelaide Oeste de las zonas de captación de médicos generalistas.

Información adicional relativa a los inmigrantes detenidos

797.La responsabilidad primordial de los inmigrantes detenidos incumbe al Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Desde 2001 el Departamento de Salud de Australia Meridional viene prestando servicios a pequeños números de inmigrantes detenidos, a petición del Departamento de Inmigración y Ciudadanía.

798.Los inmigrantes privados de libertad, que pueden o no haber sido detenidos en virtud de la Ley de salud mental de 1993, son internados en varias unidades de hospitalización del Servicio de Salud de Adelaide Centronorte, en el Real Hospital de Adelaide y en el campus de Glenside.

799.En abril de 2005 aumentó considerablemente y de repente (hasta 15) el número de inmigrantes del establecimiento de detención de Baxter remitidos para hospitalización a unidades médicas del Servicio de Salud de Adelaide Centronorte. Ese aumento hizo que se reabriera temporalmente para alojar a los pacientes una unidad de seis camas que no se usaba en el campus de Glenside. Esa unidad se conoció con el nombre de Unidad de Estancias Especiales.

800.El número de inmigrantes detenidos remitidos a Australia Meridional para recibir tratamiento especializado en hospitales en los últimos meses ha disminuido considerablemente y ha resultado posible atender en las instalaciones hospitalarias a inmigrantes remitidos para tratamiento. El alta médica es una decisión clínica y en el proceso de planificación de las altas de inmigrantes detenidos se tienen en cuenta las necesidades de alojamiento.

801.Las personas que acuden al programa de apoyo psicológico en el Servicio Sanitario para Inmigrantes (servicio de salud pública) son, en una proporción significativa, antiguos solicitantes de asilo detenidos. El Servicio Sanitario para Inmigrantes atiende en gran parte a las necesidades de salud mental originadas por la huida, la detención, el largo proceso de obtención de la residencia permanente y las dificultades surgidas en la reunificación familiar, una vez que se consigue la residencia, para que los familiares estén reasentados en Australia. En los casos en que la tortura y el trauma constituyen un factor significativo, las víctimas son remitidas al Servicio de Rehabilitación de Supervivientes de Torturas y Traumas para que reciban una atención más especializada. Existe una estrecha colaboración entre el Servicio Sanitario para Inmigrantes y el Servicio de Rehabilitación, lo que les permite atender eficazmente a las necesidades de las personas que acuden a ellos.

Tasmania

802.En Tasmania el programa del Centro Phoenix, auspiciado por el Centro de Apoyo a los Inmigrantes, dispensa cuidados y atención a los supervivientes de torturas y traumas. El Centro de Apoyo a los Inmigrantes es una organización no gubernamental sin fines de lucro dirigida por un comité de administración integrado por voluntarios y forma parte de una red nacional de apoyo a los inmigrantes.

803.El programa del Centro Phoenix presta servicios a personas que sufren de traumas complejos asociados con experiencias de tortura y otras violaciones de los derechos humanos. La mayoría de las víctimas son refugiados y personas que llegan a Australia por motivos humanitarios. En el marco del programa se realizan evaluaciones y se presta apoyo psicológico a las personas y las familias. Los servicios también incluyen masajes y terapias naturales, musicoterapia, terapias para las familias, actividades de desarrollo comunitario, derivaciones hacia centros médicos o actividades de gestión y promoción con otros servicios. También se ofrece asesoramiento y apoyo, antes de la derivación, a otros profesionales que trabajan con las víctimas en el marco del programa.

804.El Centro Phoenix recibe financiación del Departamento de Salud y personas Mayores, el Departamento de Familias, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas y también con cargo al Programa de Atención Comunitaria y en el Hogar. Durante 2007‑2008, el Centro de Apoyo a los Inmigrantes recibirá una financiación de 403.746 dólares (sin el IVA) para prestar servicios en el marco del Programa de Atención Comunitaria y en el Hogar, incluida la administración de un centro de día, que supone la preparación de comidas, apoyo social, apoyo psicológico y servicios de promoción.

805.El Gobierno de Tasmania no cobra honorarios por los servicios de hospital y servicios comunitarios prestados a los solicitantes de asilo que no tienen permiso para trabajar en Australia.

Territorio de la Capital Australiana

806.Si se comete un delito de tortura en el Territorio de la Capital Australiana, las víctimas tienen derecho a la asistencia del Plan de Servicios a las Víctimas. Dicho Plan quedó establecido con arreglo a la Ley de las víctimas de delitos de 1994 (Territorio de la Capital Australiana), que también creó el cargo de Coordinador de la Atención a las Víctimas de Delitos, cuya función es similar a la de un Ombudsman. En el Plan de Servicios a las Víctimas se ofrecen varias intervenciones terapéuticas, físicas y psicológicas, multidisciplinarias a las víctimas de delitos o sus familiares para ayudarles a seguir participando en la vida social, económica y cultural de la comunidad. Los menores de 18 años constituyen más de la cuarta parte de las personas atendidas por el Plan.

807.El Programa de Apoyo a la Familia de la Oficina de Apoyo a la Infancia, la Adolescencia y la Familia financia la Casa del Compañero, organización de base comunitaria para los niños y jóvenes refugiados e inmigrantes y sus familias que han sufrido traumas a consecuencia de la guerra, la violación de los derechos humanos y la tortura. Los servicios incluyen:

a)Reconocimientos e intervenciones para ayudar a los niños y los jóvenes en su asentamiento y rehabilitación;

b)Intervenciones terapéuticas en niños, jóvenes y sus familias;

c)Consultas y enlace con otros servicios y grupos de apoyo.

808.Financiación en 2007‑2008:

Servicio de intervención a la infancia61.643,91 dólaresDesarrollo comunitario 66.064,37 dólares

127.708,28 dólares

Territorio del Norte

809.Los Servicios de Salud Mental del Territorio del Norte (entidad pública) aceptan de las organizaciones de refugiados tales como el Centro de Refugiados de Melaleuca y los servicios médicos primarios los pacientes que les remiten y sufren de trastornos de estrés postraumático y otros problemas graves de salud mental que requieren la intervención de especialistas, trastornos que han sufrido como consecuencia de torturas o de otros traumas sufridos antes de su llegada a Australia.

Pregunta 34

Sírvanse informar al Comité de la indemnización concedida y las medidas adoptadas para prevenir violaciones análogas tras el dictamen adoptado en el caso C. c. Australia por el Comité de Derechos Humanos en 2002, por el que se determinó que el Estado Parte había incurrido en violación del artículo  7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

810.Como indica el Comité contra la Tortura, el asunto de C. c. Australia (comunicación Nº 900/1999) ya ha sido examinado por el Comité de Derechos Humanos. Siendo así que los problemas planteados se refieren a presuntas violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y no de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Gobierno de Australia es de la opinión que abordar la cuestión nuevamente en el Comité contra la Tortura no sería apropiado. Sin embargo, para ayudar al Comité contra la Tortura, el Gobierno facilita la información siguiente en respuesta a la pregunta 34.

811.No se ha pagado ninguna indemnización al autor de la denuncia C. c. Australia porque, como observó el Gobierno de Australia en su respuesta oficial al dictamen del Comité de Derechos Humanos, enviada el 16 de agosto de 2006, el Gobierno no acepta la opinión del Comité de Derechos Humanos según la cual Australia ha violado artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular el artículo 7. Por consiguiente, el Gobierno no puede facilitar ninguna información sobre "violaciones similares" como dice el Comité en la pregunta 34 de la Lista de cuestiones.

812.Como se explica en la contestación a la pregunta 8, Australia está firmemente decidida a cumplir sus obligaciones de no devolución con arreglo al derecho internacional y considera que los procedimientos que aplica evalúan correctamente los riesgos que pueda correr una persona que haya ser deportada de Australia a otro país.

813.Para la información sobre la rehabilitación médica y psicológica después de actos de tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes en Australia, el Comité tendrá a bien remitirse a los párrafos 101 a 103 del cuarto informe y a los párrafos 137 y 138 de los informes segundo y tercero de Australia.

814.Asimismo, el Comité tendrá a bien remitirse a las respuestas del Gobierno a las preguntas 23, 28 y 33.

Artículo 15

Pregunta 35

Sírvanse especificar cuáles son las leyes y la práctica en relación con la prohibición en los juicios de las pruebas indirectas y de la información obtenida mediante tortura.

815.En cada ordenamiento de Australia, varias leyes y disposiciones del common law garantizan la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante torturas, amenazas, coacción o violencia. La primera parte de la respuesta contiene información relativa al derecho y la práctica federales en lo que hace a la prohibición en los juicios de las pruebas indirectas y de la utilización de información obtenida mediante tortura. Acto seguido se da información acerca del derecho y la práctica de los Estados y Territorios.

Información del Gobierno Federal

816.Se remite al Comité a la parte 5.1 del informe segundo y tercero de Australia presentado con arreglo a la Convención, parte en la que se describe la legislación relativa al uso de declaraciones obtenidas bajo la tortura.

817.La Ley de la práctica de la prueba de 1995 (federal) se aplica a todas las actuaciones ante tribunales federales o tribunales del Territorio de la Capital Australiana. Los "tribunales federales" incluyen a toda persona o entidad (distinta del tribunal o magistrado de un Estado o Territorio) que haya de aplicar las leyes de la práctica de la prueba. En las diligencias ante los tribunales de Estado, se aplican las leyes de la práctica de la prueba de ese Estado, incluso cuando se trata de un asunto federal (por ejemplo, el juicio por un delito federal en un tribunal estatal).

818.La Ley de la práctica de la prueba excluye muy claramente las confesiones influidas por la violencia y ciertas otras formas de conducta. El párrafo 1 del artículo 84 dice:

Los hechos reconocidos en una confesión no serán admisibles a menos que se demuestre, a satisfacción del tribunal, que la confesión y las circunstancias en que se realizó la confesión no estuvieron influidas por:

a)una conducta violenta, opresiva, inhumana o degradante, ya sea hacia la persona que hizo la confesión, ya sea hacia otra persona; o

b)la amenaza de una conducta de esa índole.

El artículo 84 se aplica tanto a los procesos penales como a los civiles.

820.Según el artículo 90 de la Ley de la práctica de la prueba, el tribunal tiene la facultad discrecional de negarse a admitir los hechos reconocidos en una confesión si, habida cuenta de las circunstancias en que se obtuvo esa confesión, no sería equitativo para el acusado admitirla.

821.También se admite, a tenor del artículo 138 de la Ley de la prueba, una facultad discrecional de índole general para excluir la información obtenida ilegalmente o de manera inadecuada. La información obtenida de manera inadecuada o en contravención de una ley australiana, o como consecuencia de esa irregularidad, no debe ser admitida a menos que la conveniencia de admitirla compense con creces el inconveniente de admitirla. "Ley australiana" significa una ley federal o de un Estado o Territorio. Hay una lista no excluyente de factores que el tribunal debe tener en cuenta al zanjar esta cuestión, incluida la naturaleza de los delitos o del acto, la gravedad de la irregularidad o la contravención, el hecho de que la irregularidad o la contravención haya sido deliberada o temeraria y el hecho de que fuera contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

822.Los artículos 84 y 138, juntamente con otras disposiciones de la Ley de la práctica de la prueba, sustituyen la norma del common law según la cual las confesiones deben ser voluntarias.

823.La Ley de las diligencias exteriores de 1994 dispone que un tribunal superior (es decir el Tribunal Superior, los tribunales federales y de familia y los tribunales supremos de los Estados cuando ejercen una jurisdicción federal) puede, a petición de una parte en las actuaciones que se realizan ante él, o una parte en las diligencias de un tribunal inferior comprendido en su jurisdicción, dictar un auto para el interrogatorio de un testigo fuera de Australia o de sus territorios exteriores.

824.La Ley de las diligencias exteriores dispone que el tribunal puede, en ese caso y en las condiciones que considere apropiadas, permitir que una parte aporte información en las diligencias. Dispone que la información obtenida en virtud de dicho auto de un tribunal no es admisible si: a) se ha demostrado, a satisfacción del tribunal, que en el momento de la audiencia la persona que dio la información podía asistir a la vista; o b) la información no habría sido admisible si se hubiese presentado en la vista. Esto significa en realidad que se aplicarían las condiciones del derecho australiano acerca de la práctica de la prueba independientemente del lugar en que se haya obtenido.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

825.Varias disposiciones de la Ley de la práctica de la prueba de 1995 (Nueva Gales del Sur) prohíben la utilización de la información obtenida mediante tortura y trato cruel, inhumano o degradante. Se trata de los artículos 84, 85 y 138.

826.En el párrafo 1 del artículo 84 se dispone que es inadmisible la información de confesiones influidas por "una conducta violenta, opresiva, inhumana o degradante", o por la amenaza de "una conducta violenta, opresiva, inhumana o degradante". No hay en la ley ninguna definición de "opresiva" pero en Wily c. Fitz ‑Gibbon, el magistrado Hill adoptó la acepción corriente de "opresiva" según figura en el diccionario de Macquarie, que define "opresivo" como el ejercicio de autoridad o poder "de una manera prepotente, cruel o injusta". Por otra parte, en Higgins c. The Queen los magistrados Sully, Bell y Hoeben observaron que el concepto de opresión "no debe limitarse a una conducta o amenaza de conducta física, sino que puede comprender la presión mental y psicológica".

827.Los términos "inhumanos" y "conducta degradante" del apartado a) del párrafo 1 del artículo 84 se basan en la fraseología de la Convención contra la Tortura y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos indica que la "conducta inhumana" y "degradante" se refiere a una conducta que deliberadamente causa graves sufrimientos mentales o físicos o una gran humillación.

828.El artículo 85 se aplica a las diligencias penales en relación con las confesiones hechas por los acusados durante un interrogatorio oficial o "a consecuencia de la acción de otra persona que puede influir en la decisión que se tome de iniciar o proseguir el procesamiento del acusado". El párrafo 2 del artículo 85 de la ley dispone que las confesiones de los acusados sólo pueden admitirse si se hicieron en circunstancias que "hagan poco probable que la verdad de la confesión quedase negativamente afectada".

829.En el apartado b) del párrafo 3 del artículo 85 se dispone que la naturaleza de las preguntas y la manera como se hicieron y la naturaleza de cualquier tipo de amenaza, promesa u otra insinuación hechas a la persona interrogada pueden tenerse en cuenta al considerar si la verdad de la confesión quedó afectada negativamente.

830.Con respecto al inciso i) del apartado b) del párrafo 3 del artículo 85, la información no es inadmisible si "hay alguna sospecha de intimidación, hostigamiento persistente o insistencia o presiones continuas o indebidas".

831.Además, el párrafo 1 del artículo 138 dispone que si la información se obtiene ilícita o indebidamente o en violación de una ley australiana o a consecuencia de un acto ilícito o la contravención de una ley australiana, el juez tiene facultad discrecional para excluirla. Según esa misma disposición, el criterio que ha de aplicarse es el de saber si "la conveniencia de admitir la información compensa el inconveniente de admitir una información obtenida ilícitamente". Ésta es la forma oficial del criterio aplicado por el common law es decir, que hay que saber si la información "se obtuvo a un precio tan alto como para ofender el sentido de la equidad o suscitar inmediatamente sentimientos de indignación moral". Evidentemente, cualquier forma de tortura satisfaría este criterio y por consiguiente la información quedaría excluida.

832.En el párrafo 2 del artículo 138 se dan ejemplos en que la información se considerará obtenida ilícita o indebidamente y, por tanto, podrá ser excluida con arreglo al párrafo 1 del artículo 138. El apartado a) dispone que realizar u omitir un acto que pueda inducir a la persona interrogada a contestar a las preguntas de manera irracional hará que la información se considere obtenida indebidamente. Así, pues, como la tortura puede hacer que una persona interrogada conteste irracionalmente, las informaciones obtenidas bajo tortura deben excluirse con arreglo al apartado a) del párrafo 2 del artículo 138.

833.También viene al caso el apartado f) del párrafo 3, según el cual una de las consideraciones que han de tenerse en cuenta al tomar la decisión de excluir la información es "si la ilicitud o la contravención era incompatible con el derecho de una persona reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o contraria a ese derecho".

834.Según el análisis que antecede, la tortura estaría constituida por varios delitos tipificados en la Ley de delincuencia de 1900 (Nueva Gales del Sur) y, por consiguiente, aplicando el párrafo 1 del artículo 138 de la Ley de la práctica de la prueba, los jueces tienen facultad discrecional para excluir la información obtenida con esas formas de tortura. Las formas de tortura que constituyen delitos según la Ley de delincuencia incluyen las siguientes (aunque la lista no es limitativa):

a)Artículo 33 (herida con intención de infligir lesiones corporales o resistir una detención);

b)Artículo 35 (herir dolosamente o infligir lesiones corporales graves);

c)Artículo 35A (azuzar dolosamente a un perro para que inflija lesiones corporales graves o daños corporales);

d)Artículo 37 (tentativa de estrangulamiento, etc.);

e)Artículo 39 (utilizar el veneno, etc. para poner en peligro la vida);

f)Artículo 41 (administrar veneno, etc., con intención de causar lesiones o molestias);

g)Artículo 59 (agresión que causa daños corporales reales);

h)Artículo 545B (intimidación o molestia con violencia o por otros medios).

835.La condición requerida por el common law respecto de la prohibición de la información obtenida por torturas o trato cruel, inhumano o degradante es la "voluntariedad", es decir que las confesiones deben ser voluntarias para ser admisibles. Esta disposición ha sido sustituida por los artículos 84, 85 y 142 de la Ley de la práctica de la prueba.

Victoria

Ley de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de 2006

836.Esta ley ofrece protección contra la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante en su artículo 10 que dispone:

"Nadie será:

a)sometido a tortura; o

b)tratado o castigado de manera cruel, inhumana o degradante; o

c)sometido a tratamiento o experimentos médicos o científicos sin su consentimiento pleno, libre e informado."

Leyes actuales de la práctica de la prueba

837.La Ley de la práctica de la prueba de 1958 afirma que la confesión no será inadmisible simplemente porque se haya amenazado al acusado, salvo que el tribunal opine que la incitación estaba verdaderamente calculada para provocar una falsa admisión de culpabilidad (artículo 149).

838.Sin embargo, la ley también protege la facultad de los tribunales de excluir cualquier tipo de información que se haya obtenido ilegalmente (artículo 5). El Tribunal Superior de Australia (Bunning c. Cross (1978) 141 CLR 54) ha enunciado los principios bien establecidos que rigen el ejercicio del poder discrecional de excluir la información obtenida ilegalmente. Entre las consideraciones que han de tenerse en cuenta figuran:

a)si la conducta ilegal era accidental o deliberada;

b)la facilidad con que se podía haber cumplido correctamente la ley; y

c)la naturaleza de la información incriminada.

Propuestas de ley de la práctica de la prueba

839.Se está trabajando actualmente para aprobar una ley uniforme de la práctica de la prueba (compatible con la mayoría de las demás jurisdicciones australianas). La Ley uniforme de la práctica de la prueba enuncia claramente que la información constituida por la confesión de uno o varios hechos no será admisible a menos que el tribunal esté convencido de que esa confesión no fue influida por "una conducta violenta, opresiva, inhumana o degradante, bien hacia la persona que hizo la confesión bien hacia otra persona, o por una amenaza de esa índole" (artículo 84).

Queensland

840.En general, toda persona tiene derecho a negarse a facilitar información que pueda incriminarle. En algunos casos este derecho individual debe contraponerse al interés público de velar por que los investigadores tengan acceso a información en determinadas circunstancias. El privilegio de no declarar contra sí mismo, independientemente de que la ley lo derogue concretamente, suele ir acompañado de restricciones en cuanto al uso de la información. En la mayoría de los casos, la información incriminatoria del declarante puede no ser utilizada en las diligencias contra la persona. En algunos casos, la información también puede no usarse para desvelar otras pruebas contra el individuo.

841.El artículo 10 de la Ley de revisión del derecho penal de 1894 (Queensland) dispone que "ninguna confesión que se presente como prueba en una actuación penal será aceptada si ha sido inducida por una amenaza o promesa de una persona con autoridad, y toda confesión hecha como consecuencia de esa amenaza o promesa se considerará inducida por éstas a menos que se demuestre lo contrario".

842.El artículo 98 de la Ley de la práctica de la prueba de 1977 (Queensland) confiere al tribunal la facultad discrecional de rechazar toda declaración o testimonio "si por cualquier razón el tribunal considera que no redundaría en interés de la justicia admitir esa declaración o testimonio".

La Ley de normas legislativas de 1992

a)En el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley de normas legislativas se declara que los principios legislativos fundamentales son los principios relativos a la legislación en que descansa una democracia parlamentaria basada en el imperio de la ley. A continuación afirma que entre esos principios figura el requisito de que la legislación tenga en cuenta los derechos y las libertades de las personas.

b)A tenor del apartado f) del párrafo 3 de ese artículo, el que la legislación de Queensland tenga en cuenta los derechos y libertades de las personas depende de que la legislación brinde una protección suficiente al derecho a guardar silencio.

c)El artículo 7 de la Ley de normas legislativas dispone que una de las funciones de la Oficina del Asesor Jurídico del Parlamento de Queensland es aconsejar sobre la aplicación de los principios legislativos fundamentales en las propuestas de legislación.

El Comité de Examen de la Legislación

a)Este Comité es un órgano de derecho público establecido en virtud de la Ley del Parlamento de Queensland de 2001.

b)El Comité asume, entre otras funciones, la responsabilidad de la aplicación de los principios legislativos fundamentales a determinados proyectos de ley y determinadas disposiciones de legislación delegada examinando todos los proyectos de ley y de legislación delegada antes que el Parlamento.

Australia Occidental

843.No hay en Australia Occidental ninguna legislación concreta que prohíba el uso de las informaciones obtenidas bajo tortura. Las leyes de la práctica de la prueba disponen que cuando queda demostrado que la información se ha obtenido bajo tortura o por cualquier otro método inapropiado, puede ser desautorizada o recibir el peso apropiado a discreción del tribunal.

Australia Meridional

844.El derecho de Australia Meridional prohíbe que se utilice ante los tribunales toda información obtenida ilegalmente o por métodos investigativos inadecuados.

845.En los ordenamientos que aplican una jurisdicción uniforme (tribunales federales, Territorio de la Capital Australiana, Nueva Gales del Sur y Tasmania) hay una disposición general que excluye la información obtenida por medios ilegales o en contravención del derecho australiano.

846.En Australia Meridional la exclusión de la información o las pruebas se rige por el common law. Esta facultad discrecional puede ejercerse por amplios motivos de política para evitar el uso de información de manera impropia o ilegal. Incumbe al acusado la carga de demostrar que la información ha sido obtenida impropiamente por esos métodos y que el criterio del equilibrio requiere que se excluya esa información.

Tasmania

847.Las prohibiciones a este respecto están reguladas en la Ley de la práctica de la prueba de 2001: en el artículo 84 (exclusión de la información obtenida por violencia o por algún otro comportamiento), citado anteriormente en relación con el artículo 2, en el marco de la pregunta 2, y en el artículo 90 (facultad discrecional para excluir la confesión) que dice:

En todo proceso penal, el tribunal puede negarse a admitir una confesión o negarse a admitir la información destinada a demostrar un extremo en particular si:

a)la información es aducida por la fiscalía; y

b)teniendo en cuenta las circunstancias en que se hizo la confesión, no sería justo para el acusado utilizar esa información.

Territorio de la Capital Australiana

Ley de la práctica de la prueba de 1995 (federal)

848.La admisibilidad de las pruebas en las actuaciones ante los tribunales del Territorio de la Capital Australiana se rige en gran parte por la Ley de la práctica de la prueba de 1995 (federal).

849.El artículo 84 de dicha Ley dispone que no será admisible la confesión, a menos que el tribunal tenga la seguridad de que esa confesión no se hizo bajo la influencia de un comportamiento violento, opresivo, inhumano o degradante o bajo la amenaza de tal comportamiento.

850.El artículo 85 de la Ley prescribe que la información obtenida durante un "interrogatorio oficial" o como consecuencia del acto de otra persona que puede influir en el trato del acusado no será admisible, salvo que se considere improbable que la veracidad de la confesión quedó afectada negativamente. Al determinar la probabilidad de que la veracidad de la confesión fuera afectada negativamente, el tribunal deberá tener en cuenta la edad, la personalidad y el nivel de instrucción del acusado; cualquier discapacidad mental, intelectual o física del acusado; la naturaleza de las preguntas formuladas y la manera como se formularon; y la naturaleza de las amenazas, promesas u otras instigaciones que se hayan hecho al acusado.

851.El artículo 90 de la Ley de la práctica de la prueba confiere al tribunal una facultad discrecional para rechazar la información dada en una confesión si, habida cuenta de las circunstancias en que se obtuvo esa confesión, no sería justo para el acusado admitirla.

852.El artículo 138 de la Ley dispone que la información obtenida como consecuencia de una acción ilícita o indebida no será admitida a menos que la conveniencia de admitirla pese más que el inconveniente de admitir una información obtenida de esa manera.

853.Al determinar si la conveniencia de admitir la información pesa más que el inconveniente de admitirla, debe tomarse en consideración:

a)El valor probatorio de la información; y

b)La importancia de la información en las diligencias; y

c)La naturaleza del delito, de la causa de la acción o de la excepción y la naturaleza del tema de las actuaciones; y

d)La gravedad de la ilicitud o contravención; y

e)Si la ilicitud o la infracción era deliberada o temeraria; y

f)Si la ilicitud o la infracción vulneraba o anulaba un derecho de la persona reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y

g)Si se han tomado otras diligencias (judiciales o no judiciales) o si es probable que se tomen en relación con la ilicitud o la contravención; y

h)La dificultad de obtener la información sin incurrir en ilicitud o infringir una ley australiana.

854.Este artículo se aplica no sólo a las confesiones, sino también a cualquier otra información obtenida bajo la tortura. Por ejemplo, si los funcionarios torturan a una persona (persona A) y como resultado de esa tortura la persona A revela a los funcionarios la ubicación de un instrumento utilizado por otra persona (persona B) en la comisión de un delito, si la persona B es procesada por un delito, se puede impugnar la admisibilidad del instrumento a tenor del artículo 138.

Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales) de 2005 del Territorio de la Capital Australiana

855.El artículo 96 de la Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales) de 2005 del Territorio de la Capital Australiana dispone que en todo juicio celebrado con arreglo a la Ley la información obtenida directa o indirectamente bajo tortura es inadmisible. Este artículo se aplica independientemente del lugar en que se haya producido la tortura. A los efectos de ese artículo, la definición de la tortura es la que figura en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el párrafo 1 de su artículo 1.

Territorio del Norte

856.Las normas de la práctica de la prueba del Territorio del Norte garantizan que no serán admisibles como pruebas las declaraciones obtenidas por un comportamiento violento, opresivo, inhumano o degradante en que el acusado se incrimine a sí mismo. En última instancia, los tribunales tienen poder discrecional para tratar con arreglo a las normas del sentido común y la legislación toda la información que se les presenta.

857.La Ley de la práctica de la prueba del Territorio del Norte confirma en el párrafo 4 de su artículo 51 el poder discrecional de los tribunales para excluir en un juicio penal la información obtenida ilícitamente o la que, si se admitiera, obraría injustamente en detrimento del acusado.

Artículo 16

Pregunta 36

Como seguimiento de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño (2005), sírvanse informar al Comité de las medidas adoptadas para prohibir el recurso al castigo corporal en las escuelas (públicas y privadas), centros de detención y lugares de atención alternativa en todos los Estados y Territorios.

858.Con carácter preliminar, el Gobierno de Australia hace observar que esta pregunta duplica la labor del Comité sobre los Derechos del Niño y que el seguimiento de las observaciones de dicho Comité corresponde a este último. Sin embargo, el Gobierno de Australia facilita la información siguiente para ayudar al Comité contra la Tortura.

Información del Gobierno Federal

859.Con arreglo a la Constitución australiana, las autoridades docentes de los Estados y Territorios tienen la obligación de cuidar de los alumnos. De igual modo, la responsabilidad de los servicios de intervención en materia de protección infantil incumbe al Departamento de Servicios Comunitarios en cada Estado y Territorio. Ahora bien, el Gobierno de Australia, a través del Departamento de Familias, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas, promueve en el ámbito nacional las mejores prácticas de prevención de los malos tratos a los niños y también de pronta intervención y prevención.

860.El Gobierno de Australia no reconoce el castigo corporal como método de fomentar los valores y el respeto en los alumnos. Es partidario de un planteamiento que sirva de apoyo a un entorno de aprendizaje seguro y basado en la colaboración. Ese planteamiento está incorporado al Marco Nacional para Escuelas Seguras, que fue respaldado en junio de 2003 por los Ministros de Educación del Gobierno Federal, de los Estados y de los Territorios. El Gobierno australiano tiene la obligación de velar por que el Marco Nacional de Escuelas Seguras se aplicara en cada escuela australiana antes del 1º de enero de 2006. Esto se aplica por igual a las escuelas católicas, las del Gobierno y las independientes. El Marco consiste en un conjunto de principios acordados en el ámbito nacional para crear un entorno escolar seguro y que represente un apoyo para los alumnos. Incluye unas soluciones apropiadas que las escuelas pueden adoptar para resolver problemas de lucha contra las novatadas, la violencia, el hostigamiento, los malos tratos a las niños y el descuido de los niños. En la aplicación del Marco, el Gobierno ha alentado a todas las escuelas a que realicen inspecciones o encuestas sobre su población escolar a fin de atender eficazmente a los casos de comportamiento abusivo y violento en las escuelas. Hasta la fecha, el Gobierno de Australia ha invertido 6,5 millones de dólares para apoyar la aplicación del Marco. Se hallará más información sobre dicho Marco en el sitio <www.dest.gov.au/schools/nssf>

861.Además, el Gobierno de Australia colabora con los Gobiernos de los Estados y de los Territorios y las entidades no gubernamentales para fomentar la seguridad en las escuelas en el sitio "Bullying. No Way!" (¡Novatadas, ni hablar!) de la red (<www.bullyingnoway.com.au>). Éste es un sitio interactivo que ofrece información valiosa a los padres, a los alumnos y los maestros sobre estrategias para luchar contra las novatadas, el hostigamiento y la violencia.

Detención de inmigrantes

862.El anexo 3 del Contrato del Departamento de Servicios de Detención dispone que no se permite el castigo corporal en el entorno de la detención de inmigrantes, y esto se aplica tanto a los niños como a los adultos.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

863.El castigo corporal se prohibió en 1986 porque se considera un medio inapropiado e ineficaz de mantener una buena disciplina, y sigue prohibido en las escuelas del Estado y las escuelas privadas.

864.En el marco del Manual sobre "Student Discipline in Government Schools and related Core Rules in NSW Government Schools 2006" (La disciplina de los alumnos en las escuelas del Estado y otras reglas fundamentales conexas en las escuelas públicas de Nueva Gales del Sur 2006), las escuelas deben examinar su código de disciplina juntamente con las autoridades escolares de sus comunidades. En el código de disciplina de cada escuela debe indicarse claramente lo que se espera del comportamiento de los alumnos. También se ofrece a los maestros una muy variada gama de estrategias para fomentar la buena conducta de los estudiantes y mantener una buena disciplina.

865.En el artículo 35(2A) de la Ley de educación de 1900 se dispone que las directrices y los códigos de las escuelas públicas no deben permitir el castigo corporal de los alumnos. El apartado h) del artículo 47 de dicha ley describe los requisitos de matrícula de las escuelas privadas y exige que las políticas de éstas relativas a la disciplina de los alumnos se basen en principios de equidad en los procedimientos y no permitan el castigo corporal de los alumnos.

866.En el párrafo 2 de la Regla 65 del Reglamento de Servicios a la Infancia de 2004 (Nueva Gales del Sur) obliga al contratista y al supervisor autorizado de los servicios a la infancia a garantizar: que las técnicas administrativas aplicadas a los niños no incluyan ningún castigo físico, verbal o emocional, incluidos los castigos que humillan, asustan o amenazan al niño; y que el niño no sea aislado por ninguna razón salvo la de enfermedad, accidente o cita previamente concertada con el consentimiento de los padres.

Victoria

Escuelas

867.De conformidad con los preceptos de la Ley de reforma de la educación y la capacitación de 2006 y con el correspondiente Reglamento de reforma de la educación y la capacitación de 2007, todas las escuelas de Victoria tienen prohibido recurrir al castigo corporal, como se especifica en las siguientes disposiciones:

a)El apartado a) del párrafo 6 del artículo 4.3.1 de la Ley prescribe que las escuelas (del Estado y privadas) no serán reconocidas a menos que la autoridad tenga la seguridad de que "las políticas de la escuela relativas a la disciplina de los alumnos se basan en principios de equidad en los procedimientos y no permiten el castigo corporal".

b)La regla 14 del Reglamento dispone que: "ningún miembro del personal de una escuela del Estado deberá administrar un castigo corporal a ningún alumno".

c)En el apartado c) del artículo 17 del anexo 3 al Reglamento se prescribe que para que una escuela (pública o privada) sea registrada, debe presentarse documentación en que se describan las políticas de la escuela relativas al comportamiento de los estudiantes y que, "de conformidad con el apartado a) del párrafo 6 del artículo 4.3.1 de la Ley, esas políticas deben basarse en la equidad en materia de procedimiento y no permitir el uso de los castigos corporales".

Centros de detención

868.En Victoria queda prohibido, a tenor de la Ley de la infancia, la adolescencia y las familias de 2005 (artículo 487), el castigo corporal de los niños recluidos en centros de prisión provisional, en centros residenciales de menores, en reformatorios de menores o ahí donde un niño puede estar detenido en un calabozo de la policía.

Custodia policial

869.Por la Ley penitenciaria de 1986 y la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria de 2006, se ve que el castigo corporal queda prohibido en Victoria.

Queensland

Escuelas

870.Las normas de las escuelas públicas de Queensland no permiten el castigo corporal. Los casos de malos tratos físicos, violencia o amenazas de violencia por parte de un maestro hacia un alumno vulneran el código de conducta del Departamento y son objeto de investigación.

871.No hay ninguna disposición legislativa que prohíba el castigo corporal en las escuelas privadas. Sin embargo, sería un delito, a tenor del Código Penal de Queensland infligir un castigo corporal a un niño (en una escuela pública o una escuela privada) a menos que mediaran circunstancias en que se admite la exención prevista en el artículo 280, que dispone que:

Es legítimo que el padre o la madre, o la persona que los sustituya, o el profesor o maestro de una escuela utilice, como medio de corrección, disciplina, contención o control, hacia un niño o alumno que esté al cuidado de la persona, la fuerza que sea razonable en las circunstancias.

872.Además, se exige ahora que en las escuelas privadas haya instrucciones por escrito acerca de la conducta apropiada del personal y de los alumnos que sean conformes a la legislación aplicable en el Estado acerca de la atención o protección de los niños. En esas instrucciones debe figurar un procedimiento para la denuncia de los daños causados y la definición del daño incluye los malos tratos físicos.

Centros de detención

873.Queensland no recurre al castigo corporal en ninguno de sus centros de prisión para menores. El funcionamiento de esos centros se rige por los preceptos de la Ley de justicia de menores de 1992 y del Reglamento de la Justicia de Menores de 2003. Cuando la intervención es necesaria, tanto la ley como el reglamento prescriben las condiciones en que se permite el uso de la fuerza física. Se da a todo el personal de los centros de prisión para jóvenes una formación profundizada sobre los métodos apropiados de tratar a los menores delincuentes, incluidos los procedimientos de relajamiento de las tensiones.

Instalaciones de cuidados alternativos

874.En el caso de los niños que están al cuidado del sistema de protección infantil de Queensland por haber sufrido malos tratos o negligencia, está prohibido por la legislación el uso del castigo corporal. En el artículo 122 de la Ley de protección de la infancia de 1999 se indican las normas que el director ejecutivo debe observar para el cuidado de cualquier niño que se haya confiado a su custodia o tutela. Las normas disponen expresamente que "las técnicas de control del comportamiento del niño no deben incluir el castigo corporal o castigos que humillen, asusten o amenacen al niño en una forma que pueda causar daños emocionales". Estas normas se aplican independientemente de que el niño esté al cuidado de un hogar de acogida, un servicio de atención residencial reconocido por el Departamento de Seguridad Infantil de Queensland o al cuidado de cualquier otra entidad.

875.Además, el recurso al castigo corporal no está reconocido por los servicios penitenciarios de Queensland. Los funcionarios penitenciarios sólo están autorizados a utilizar la fuerza razonable en las circunstancias descritas en la Ley de servicios penitenciarios de 2006.

Australia Occidental

876.El Departamento de Educación y Formación Profesional de Australia Occidental prohíbe el castigo corporal en las escuelas públicas. El párrafo 2 de la Regla 40 del Reglamento de 2000 de la Ley de educación escolar prescribe que el alumno de una escuela pública no puede ser objeto de medidas disciplinarias que supongan un castigo corporal. El castigo corporal está prohibido desde 1987 en las escuelas públicas de Australia Occidental.

877.La política de control del comportamiento en las escuelas apoya, para reprimir el comportamiento inapropiado, el uso de sanciones que no incluyen medidas de carácter físico. Esas sanciones pueden consistir en la prohibición de participar en las actividades escolares, la detención, la prohibición temporal de asistir a la escuela y la exclusión parcial o total. Las escuelas cuentan con el importante apoyo de las oficinas de educación de los distritos con el fin de seguir promoviendo la utilización de estrategias positivas para controlar el comportamiento en las escuelas públicas.

878.La Ley de servicios para la infancia y servicios comunitarios de 2004 contiene disposiciones sobre la protección y el cuidado de los niños. Los siguientes preceptos de la ley tienen que ver con la prohibición de los castigos corporales en servicios de cuidados alternativos.

a)El apartado a) del artículo 6 menciona entre los objetivos de la ley "la promoción del bienestar de los niños, de otras personas, de las familias y de las comunidades".

b)En el artículo 9 se describen los principios que deben respetarse en la administración de la ley, a saber:

i)que cada niño sea objeto de atención y protegido de daños;

ii)que cada niño viva en un entorno exento de violencia;

iii)que cada niño tenga relaciones y unos medios de vida estables y seguros.

c)La ley faculta al Departamento para que tome a su cargo a un niño y le brinde protección y atención provisionales cuando existe un peligro inmediato e importante para el bienestar del niño (artículo 37).

d)La ley faculta al funcionario que está al mando de un hospital para mantener a un niño menor de 6 años en el hospital con fines de observación, evaluación o tratamiento cuando cree que ese niño necesita protección (artículo 40).

e)El artículo 101 de la ley dispone que comete un delito la persona que, teniendo a su cargo o cuidado a un niño, observa una conducta a sabiendas de que puede tener por resultado que el niño sufra un daño por malos tratos físicos o demuestra temeridad en cuanto a los resultados de esa conducta.

f)A tenor del artículo 78 de la ley, el jefe del Departamento debe preparar una Carta de Derechos de todos los niños que tiene a su cargo y promover el cumplimiento de la misma. En la carta se afirma que el niño tiene derecho a ser respetado y a una vida sana y segura.

879.En 2004 el entonces Ministro de Desarrollo Comunitario encargó a la Sra. Gwenn Murray, experta independiente en protección infantil, que analizase las reacciones del Departamento de Desarrollo Comunitario en los casos en que se infligen daños a los niños atendidos en hogares de acogida. El informe, presentado al Gobierno en diciembre de 2005, mostró que se necesitaban cambios para proteger a esos niños. En agosto de 2006 se ultimó una estrategia para llevar a la práctica las recomendaciones de ese informe. Los resultados de las medidas descrita en la estrategia se miden por indicadores de actuación y se evalúan continuamente para garantizar que logran mejorar el cuidado de los niños.

880.En 2004 se introdujo un plan para el bienestar y la seguridad del niño maltratado, que se concentra en los niños que necesitan protección y atención porque han sido maltratados. Los malos tratos de que se habla en ese plan se refieren a los casos en que un niño o un joven ha sido sometido a abusos físicos, sexuales, emocionales, o psicológicos o ha sufrido por descuido, y en que la gravedad o la persistencia de esas situaciones ha tenido o puede tener como resultado un daño significativo. El Departamento también emplea a un abogado para los niños colocados en hogares de acogida, que ayuda a los niños en sus problemas o denuncias. Parte de sus funciones consisten en dar a los niños información y asesoramiento sobre la manera en que deben ser tratados.

881.El castigo corporal no se practica en las cárceles o centros de prisión de Australia Occidental.

Australia Meridional

882.El Departamento de Educación y Servicios a la Infancia modificó el Reglamento de educación en junio de 1991 para abolir oficialmente el castigo corporal en las escuelas públicas de Australia Meridional.

Tasmania

883.El castigo corporal no está permitido en las cárceles ni en los centros de prisión.

884.El artículo 82A de la Ley de educación de 1994 prohíbe el castigo corporal en las escuelas.

885.Se informa al personal de las obligaciones que les impone la ley con la publicación de normas y directrices de actuación.

886.Los Servicios de Protección a la Infancia prohíben expresamente el castigo corporal, los malos tratos emocionales y verbales en el cuidado de los niños. La información que publica el Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos para las personas de acogida, los trabajadores de apoyo y otros agentes indican claramente que el castigo físico o corporal está prohibido. En esa información se mencionan también otras tácticas y prácticas aprobadas que los encargados de cuidar a los niños pueden utilizar para mejorar la disciplina y atender al comportamiento deficiente. Entre esas tácticas figuran la identificación de indicadores del comportamiento deficiente, la insistencia en los puntos fuertes del niño, los medios de distraer y apartar la atención del niño a fin de que no insista en su comportamiento deficiente, y la determinación de las consecuencias que son aceptables, como los "tiempos muertos".

Para completar la orientación, el Programa del Departamento para la formación de personas, Paso a Paso, incluye información destinada a encargados de hogares de acogida, acerca de la disciplina de los niños o jóvenes cuidados fuera de sus familias. El manual de formación dice:

Se espera que los cuidadores colaboren estrechamente con el personal de los Servicios de Protección a la Infancia para idear estrategias de disciplina apropiadas al niño o al joven que tienen a su cargo. Los futuros cuidadores deben demostrar su capacidad para imponer eficazmente una disciplina a los niños sin recurrir a castigos físicos, psicológicos o emocionales. Es muy importante que la disciplina se imponga a los niños de una manera que les demuestre muy firmemente que se los valora a pesar de su conducta. La experiencia ha demostrado que pegar o imponer algún otro castigo físico no es eficaz para tratar a niños que pueden haber sufrido malos tratos o haber sido descuidados. Muchos de esos niños no han tenido la experiencia de la autoridad de un adulto que se ocupe de ellos. Los Servicios de Protección a la Infancia han redactado orientaciones de control del comportamiento para ayudar a los cuidadores a imponer a los niños una disciplina apropiada.

887.Además, el Comisionado de Tasmania para la Infancia ha propuesto también un modelo para la creación de un plan de visitantes oficiales en ámbitos familiares sustitutivos. Según la propuesta, se le ofrecería a los niños al cuidado de hogares de acogida un mecanismo independiente para denunciar casos de castigos corporales. El Departamento está estudiando la propuesta con la Oficina del Comisionado para la Infancia.

Territorio de la Capital Australiana

888.El castigo corporal está prohibido en las escuelas del Territorio de la Capital Australiana a tenor del párrafo 4 del artículo 7 de la Ley de educación de 2004. En consecuencia, todo recurso al castigo corporal en una escuela del Territorio constituiría un delito de agresión. El párrafo 4 del artículo 366 de la Ley de la infancia y la adolescencia de 1999 tipifica como delito, castigado con 50 unidades de multa o 6 meses de prisión, el hecho de someter a los niños de las guarderías a sanciones que no sean razonables en las circunstancias del caso. La persona que somete a un niño a sanciones que no sean razonables en las circunstancias no sólo tendría que responder de este delito, sino también del delito de agresión. Aunque la excepción del castigo razonable que existe en el common law puede autorizar el castigo corporal de los niños por las personas que actúan in loco parentis [véase Mansell c. Griffin [1908] 1 KB 160], lo que podría incluir al personal penitenciario, en el Territorio de la Capital Australiana este personal tienen por norma no administrar castigos corporales en ninguna circunstancia.

889.Se ha elaborado una directriz permanente sobre el uso de la fuerza para el Centro de Prisión Preventiva de Menores. Esa directriz trata del uso de la fuerza por el personal del Centro y permite el uso de la fuerza para hacer frente a un riesgo inaceptable de fuga o de daño inmediato a los niños recluidos u otros niños, jóvenes, visitantes o personal del Centro. Esta directriz permanente permite tomar medidas en determinadas circunstancias, pero no incluye el castigo corporal. Está redactada pensando en que los reclusos pueden ser muy vulnerables por los graves traumas y adversidades sufridos anteriormente y muchos de ellos pueden padecer trastornos mentales. Asimismo, es muy probable que los reclusos tengan dificultades concretas en cuanto a las relaciones interpersonales, la comprensión y el control de los estados e impulsos emocionales.

890.Las normas de la atención en ámbitos distintos del familiar dan la pauta de la política acerca del castigo corporal en esas situaciones. La política subraya que es inaceptable el castigo corporal o cualquier castigo que pueda revestir la forma de inmovilización o alimentación forzosa.

891.El modelo de educación que se utiliza en el Centro de Prisión Provisional de Menores del Territorio de la Capital Australiana está constituido por programas que actualmente ofrece el centro de educación de Hindmarsh. Se han elaborado programas que varían en función de la edad y con distinta intensidad para atender a las diversas necesidades académicas y de formación profesional y adiestramiento de los reclusos a largo plazo, y también de los reclusos a corto plazo del Centro. Esos programas se han elaborado para preparar el traslado al nuevo Centro de Reclusión de Menores de Bimberi en julio de 2008.

Territorio del Norte

892.La prohibición del castigo corporal en todas las escuelas públicas del Territorio del Norte entró en vigor el 23 de agosto de 2005. En la Ley de justicia de menores (Territorio del Norte) figuran directrices que prohíben el castigo corporal y hay una sección sobre quejas. Los artículos de la ley dan orientaciones sobre el acceso al Visitante Oficial, al Ombudsman y al procedimiento de reclamación. El Reglamento de la Justicia de Menores contiene orientaciones sobre el procedimiento de reclamación y el mantenimiento de un registro de quejas. Los menores tienen acceso a un trabajador social que los defiende y los ayuda a ponerse en contacto con los cauces apropiados de reclamación. El Manual de Instrucciones y Procedimientos del Centro de Prisión Provisional de Menores establece un mecanismo para presentar quejas.

Pregunta 37

Sírvanse facilitar información, desglosada por sexo, edad y etnia u origen de las víctimas, sobre el número de investigaciones, condenas y sanciones impuestas en casos de trata de  personas y explotación sexual comercial. Sírvanse informar al Comité del número de visados de protección de testigos expedidos a las víctimas de trata y cuántas víctimas de trata se han acogido a la asistencia de recuperación.

893.En la primera parte de la respuesta se da información sobre las investigaciones, declaraciones de culpabilidad y sanciones aplicadas en los casos de trata de personas y de explotación sexual comercial, así como sobre el número de visados de protección de testigos expedidos a las víctimas de la trata y el número de víctimas que se han acogido a la asistencia de recuperación. Después de esa primera parte sigue más información sobre Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland.

Información del Gobierno Federal

894.En el cuadro siguiente se dan las cifras oficiales de trata de personas desde enero de2004 hasta septiembre de 2006.

Número de  personas
Investigaciones penales	117
Programa de apoyo a las víctimas	66  ª
Detenciones	23
Procesamientos	14
Declaraciones de culpabilidad	4b

a: Se han expedido 44 visados de estancia por participación en causas penales.

b: En el momento de redactar el informe había tres declaraciones de culpabilidad de las que se había interpuesto apelación.

Los datos proceden de la Policía Federal de Austalia

Fuente: Putt 2007 "Human trafficking to Australia: a research challenge", T&I Nº 338.

895.Desde que se promulgó la legislación federal que prohíbe la trata de personas, se han remitido a la Fiscalía Federal 28 expedientes para que los examine. En términos generales, de los veintiocho acusados, dieciséis se enfrentan a delitos de esclavitud sexual, ocho a delitos del tipo de servidumbre sexual, dos a delitos de esclavitud no sexual, uno a delitos del tipo de contratación engañosa y uno a delitos del tipo de tráfico de mano de obra.

896.Actualmente están pendientes en los tribunales de Australia ocho asuntos de trata de personas. De ellos, uno es un asunto de contratación engañosa, uno es de trata de trabajadores y seis de esclavitud o servidumbre sexual. Uno de los delitos de esclavitud no implica la trata de mujeres a efectos de su explotación en la industria del sexo; los demás asuntos de esclavitud están relacionados con la trata de mujeres del Asia Sudoriental para trabajar en la industria del sexo.

897.Desde que se promulgó la legislación ha habido tres declaraciones de culpabilidad por trata de personas en Australia. Todas se referían a delitos de servidumbre o esclavitud sexual a tenor del Código Penal. Uno de los procesados hizo una declaración judicial de culpabilidad y dos de los procesados han recurrido sus declaraciones de culpabilidad. (Esos recursos siguen en pie.) En otro asunto el acusado fue hallado culpable (y declarado tal) de delitos de esclavitud. Ese procesado recurrió con éxito ante el Tribunal de Apelación de Victoria y las declaraciones de culpabilidad fueron anuladas. El Fiscal Federal ha interpuesto una apelación ante el Tribunal Superior a ese respecto.

898.En el asunto en que el acusado hizo una declaración judicial de culpabilidad, éste fue finalmente condenado a seis años de prisión con un período de dos años y medio sin posibilidad de libertad condicional. En los dos asuntos en que los acusados fueron declarados culpables y que han interpuesto apelación, uno de los acusados fue condenado a cuatro años de prisión con un período de dos años sin posibilidad de libertad condicional y el otro fue condenado a cinco años de prisión de los que cumplirá dos años y medio.

899.Todas las víctimas de delitos de servidumbre o esclavitud sexual han sido mujeres. En ninguno de los procesos incoados por el Fiscal Federal estaban implicados niños. De los asuntos de trata de personas que no están relacionados con la industria del sexo, una de las víctimas es un varón y la otra es una mujer.

900.Al 2 de agosto de 2007, se habían expedido visados temporales de protección de testigos (trata de personas) a catorce personas.

901.Al 3 de julio de 2007, ochenta y una personas habían recibido apoyo del Programa a favor de las víctimas de trata de personas.

Información de los Estados y Territorios

Nueva Gales del Sur

Explotación sexual comercial

902.El Sistema de Investigación sobre Información Judicial de Nueva Gales del Sur brinda una guía general en cuanto a la pauta de las condenas pronunciadas por los tribunales para determinados delitos, ya que describe las declaraciones de culpabilidad y las correspondientes sanciones pronunciadas por los tribunales. El sistema no da información relacionada con las víctimas de determinados delitos.

903.Los artículos 80D y 80E de la Ley de delincuencia de 1900 disponen, respectivamente, que es delito incitar a la servidumbre sexual y llevar un negocio que implique la servidumbre sexual. No se ha registrado ninguna declaración de culpabilidad por esos delitos en los últimos tres años.

904.Según el artículo 91A de la ley, es delito conseguir que una persona ejerza la prostitución; el artículo 91B de la ley dispone que es delito obligar a una persona, por medios tales como el fraude, la violencia, la amenaza o el abuso de autoridad o la administración de una droga o bebida alcohólica, a que ejerza la prostitución. Los archivos del Sistema de Investigación indican que entre enero de 2003 y diciembre de 2006 hubo un enjuiciamiento por el delito del artículo 91A, que terminó con una pena de multa. También hubo una declaración de culpabilidad con arreglo al artículo 91B en que se concedió al acusado un vale del artículo 9 (un vale por buena conducta) en el mismo período.

905.Los artículos 91D, 91E y 91F tipifican como delito el hecho de propiciar actos de prostitución infantil o participar en ellos, obtener beneficios de la prostitución infantil o utilizar locales para la prostitución infantil, respectivamente. Los archivos del Sistema de Investigación indican que entre enero de 2000 y diciembre de 2006 hubo cinco declaraciones de culpabilidad con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 91D, todas las cuales fueron sancionadas con penas de prisión de 12 meses a 9 años. Hubo dos declaraciones de culpabilidad con arreglo al artículo 91E en ese período. En un caso se pronunció una condena condicional y en el otro una pena de prisión de 36 meses. También hubo en ese período dos declaraciones de culpabilidad con arreglo al artículo 91F. Se pronunció contra un acusado una condena condicional de 24 meses, mientras que el otro fue condenado a 24 meses de prisión.

Victoria

906.Existen en Victoria los delitos de servidumbre sexual y prostitución forzosa, pero la policía de Victoria no ha pronunciado cargos oficiales, sino que más bien ha trabajado en operaciones conjuntas con la Policía Federal de Australia.

Queensland

907.El Código Penal de Queensland no contiene delitos relativos a la trata de personas. Si se denunciara un caso de esa índole al Cuerpo de Policía de Queensland o si este último descubriera un caso de esa índole, se contactaría a la Policía Federal de Australia para que investigara el asunto. Se aplicarían los delitos previstos en los artículos 270 ó 271 (relativos a la "servidumbre sexual") del Código Penal federal.

908.En los cuadros siguientes se consigna información relativa a las declaraciones de culpabilidad en el caso de la explotación sexual comercial.

Número de acusados declarados culpables de delitos relacionados con la explotación comercial de niños por el Tribunal Supremo y todos los tribunales de distrito de Queensland en los  años civiles 2000 a 2006 1

Año	Acusado culpable de	Condena	Mujeres	Varones	No consta	Total general
- 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	- 20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	Decono-cido	20-24	25-29
2001	Tener intereses en locales utilizados con fines de prostitución, etc.	Buena conducta														1	1											2
	Tener intereses en locales utilizados con fines de prostitución, etc.	Sanción monetaria			3	3	1	1	1							2	1	2	1		1							16
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Libertad condicional															1											1
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Buena conducta			2																	2						4
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Sanción monetaria	1	3	3	7	1	3	4	1					4	1	3	3	2	2	2							40
	Proxenetismo	Sanción monetaria			1																							1
Total de 2001	1	3	9	10	2	4	5	1					4	4	6	5	3	2	3	2						64
2002	Tener intereses en locales utilizados con fines de prostitución, etc.	Prisión																	1									1
	Tener intereses en locales utilizados con fines de prostitución, etc.	Sanción monetaria			2	1	1	2			1				1	1		2	2				1					14
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Buena conducta				2	1			1																		4
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Sanción monetaria		5	6	7	7	2	1			1		1	1	2			1									34
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	El culpable no fue castigado	1			1																						2
	Proxenetismo	Buena conducta							1																			1
	Proxenetismo	Sanción monetaria							1					1														2
Total de 2002	1	5	8	11	9	4	3	1	1	1		2	2	3		2	4				1					58
2003	Tener intereses en locales utilizados con fines de prostitución, etc.	Sanción monetaria				1	1	3			1					1	1		1									9
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Buena conducta	1	1	1	1		2														1						7
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Sanción monetaria	2	8	14	14	16	9	3	3					1	1	6	3	2		1							83
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	El culpable no fue castigado		3																		1						4
	Proxenetismo	Buena conducta																						1				1
	Proxenetismo	Sanción monetaria			1																							1
Total de 2003	3	12	16	16	17	14	3	3	1				1	2	7	3	3		1	2		1				105
2004	Tener intereses en locales utilizados con fines de prostitución, etc.	Sanción monetaria																				1						1
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Prisión							1																			1
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Buena conducta		2	5	1	1			2	1				1					1								14
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Sanción monetaria		1	7	5	7	3	5		1		2	2	3	2	3	4	2	2	2	1	1			1		54
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Reo no castigado		1		2		1																				4
	Proxenetismo	Sanción monetaria				1												1	1									3
Total de 2004		4	12	9	8	4	6	2	2		2	2	4	2	3	5	3	3	2	2	1			1		77
2005	Tener intereses en locales utilizados con fines de prostitución, etc.	Sanción monetaria																	1									1
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Prisión																		1								1
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Buena conducta								1													1					2
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Sanción monetaria	3	6	7	13	3	6	4	1	1	1		2		1		1	3	1		1					1	55
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Reo no castigado							2																			2
	Publicación y exposición de material obsceno	Sanción monetaria															1											1
	Proxenetismo	Sanción monetaria				1											1					1			1			4
Total de 2005	3	6	7	14	3	6	6	2	1	1		2		1	2	1	4	2		2	1		1		1	66
2006	Tener intereses en locales utilizados con fines de prostitución, etc.	Sanción monetaria			1						1					1					1							4
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Prisión						1																				1
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Buena conducta				2												1										3
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Sanción monetaria	1	2	5	7	4	7	7	4				1		1	1	1	1	1		2						45
	Participar a sabiendas en actividades de prostitución	Reo no castigado						1																				1
	Proxenetismo	Sanción monetaria																			1							1
Total de 2006	1	2	6	9	4	9	7	4	1			1		2	1	2	1	1	2	2						55
Total general	9	32	58	69	43	41	30	13	6	2	2	7	11	14	19	18	18	8	8	10	3	1	1	1	1	425

Notas:

1. Los datos incluyen tanto a adultos como a menores.

2. Según la definición, el acusado es una persona u organización contra la que se han formulado uno o varios cargos penales que se juzgan juntos como una sola unidad de trabajo ante un tribunal. Cabe señalar que este método no enumera a las distintas personas u organizaciones. La persona u organización acusada en varias causas penales que se concluyen en fechas diferentes será contada más de una vez en esta recopilación estadística.

3. En Queensland, los delitos relativos a la explotación comercial de niños pueden ser juzgados ante el Tribunal Supremo, los tribunales de distrito o los tribunales de primera instancia. Los datos de estos cuadros se refieren únicamente a los acusados ante los tribunales de primera instancia.

4. Los datos de tribunales de primera instancia sólo están disponibles desde 2001.

Fuente: Banco de datos de los tribunales mantenido por la Oficina de Investigación Económica y Estadística del Departamento del Tesoro.

Fecha de preparación: 19 de julio de 2007

Australia Occidental

909.No se han registrado casos.

Australia Meridional

No se han comunicado casos de Australia Meridional al Gobierno Federal.

Tasmania

No hay datos.

Territorio de la Capital Australiana

912.En el período de 2000 a 2007 hubo tres investigaciones sobre explotación sexual comercial, a saber, servidumbre sexual. Ninguna de las investigaciones dio lugar a cargos.

Territorio del Norte

913.Desde 2002 el Código Penal del Territorio del Norte (parte VI, división 6A) sanciona ciertos delitos con penas graves (por ejemplo, cadena perpetua cuando hay niños implicados), cometidos por personas que incitan a otras a iniciar una vida de servidumbre sexual o a continuar en ella. Llevan un negocio que implica servidumbre sexual, o se dedican dolosamente a reclutar personas para servicios sexuales.

913.La policía del Territorio del Norte no tiene constancia de casos de trata de personas o de explotación sexual comercial.

Pregunta 38

Con referencia al párrafo  22 del informe del Estado Parte, sírvanse informar al Comité del número de casos de mutilación genital femenina registrados que han dado lugar a enjuiciamiento.

914.La mutilación genital femenina es una cuestión regulada por la legislación de los Estados y los territorios.

Nueva Gales del Sur

915.No ha habido cambios en la legislación de Nueva Gales del Sur relativa a la mutilación genital femenina. Dicha mutilación está prohibida por el artículo 45 de la Ley de delincuencia de 1900 (Nueva Gales del Sur). Ese artículo prevé una pena máxima de siete años de prisión para ese delito. A tenor del apartado b) del párrafo 1 de dicho artículo, también puede ser castigado con pena de prisión de siete años el que ayuda, incita, o induce a otro a practicar la mutilación genital femenina o consigue los servicios de una persona para practicar dicha mutilación. Esta disposición se aplica a los actos realizados fuera de Nueva Gales del Sur cuando la víctima rside normalmente en Nueva Gales del Sur. Con arreglo a la ley no se puede aducir la excepción de consentimiento.

916.Como se ha indicado anteriormente, el sistema de investigación sobre datos judiciales brinda una orientación general sobre la pauta de las condenas pronunciadas por los tribunales de Nueva Gales del Sur para determinados delitos. No se han registrado condenas por este delito. Se necesitan más indagaciones entre la policía de Nueva Gales del Sur para determinar el número de casos de mutilación genital femenina denunciados a la policía.

917.La Ley de la infancia y la adolescencia (cuidado y protección) de 1998 dispone que la denuncia es obligatoria en el caso de los niños menores de 16 años que están en peligro de ser dañados y en las directrices interinstitucionales de Nueva Gales del Sur para la Intervención de Protección a la Infancia se menciona la mutilación genital femenina como indicador de malos tratos físicos a una niña.

918.La práctica de la mutilación genital femenina en Nueva Gales del Sur debe denunciarse a la policía en el caso de las niñas y las jóvenes. En el caso de que mujeres mayores de 18 años soliciten la mutilación genital femenina o ésta les sea practicada por terceras partes, también hay delito que debe denunciarse a la policía.

919.El Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur actúa en estrecha colaboración con los profesionales de la salud y los correspondientes grupos comunitarios para prevenir la práctica de la mutilación genital femenina y fomentar el cuidado de las mujeres afectadas a través del Programa de Educación de Nueva Gales del Sur sobre la mutilación genital femenina. Este programa viene funcionando desde 1997 y está financiado por el Departamento de Salud y patrocinado por el Servicio de Salud de la zona occidental de Sydney.

920.El Programa contra la Mutilación Genital Femenina de Nueva Gales del Sur adopta un planteamiento de derechos humanos para dar a las comunidades afectadas por esa práctica la posibilidad de reconocer el derecho de la mujer a su integridad corporal y de comprender los efectos sanitarios y sociales de la mutilación para las mujeres y las niñas. Se aplica un programa completo que comprende:

a)Programas de educación y capacitación para los profesionales de la salud que trabajan con mujeres afectadas por la mutilación genital femenina;

b)Un programa de desarrollo comunitario que trabaja con las comunidades antiguas y con las recién llegadas de países en que se practica la mutilación genital femenina;

c)La preparación y distribución de material de apoyo para la educación de las comunidades y de los profesionales.

Victoria

921.La mutilación genital femenina es uno de los tipos de malos tratos registrados por el Departamento de Servicios Humanos en sus notificaciones sobre protección de la infancia. Muy pocos casos se han registrado hasta la fecha. El Departamento de Servicios Humanos ha concertado protocolos con la policía de Victoria para la notificación mutua de los posibles casos de mutilación genital femenina.

922.La policía de Victoria advierte que la mutilación genital femenina es un problema que está saliendo a la luz, pero que es difícil cifrar el número de procesos. No constituye ningún delito concreto y los delincuentes pueden ser acusados de toda una serie de otros delitos por esa conducta.

Queensland

923.La mutilación genital femenina es un delito sancionado por el Código Penal de Queensland. En los últimos tres años el Grupo de la Seguridad Infantil y los Delitos Sexuales sólo ha investigado una de esas denuncias y tras las diversas indagaciones no se formularon cargos.

Australia Occidental

924.No se han denunciado ni perseguido casos de mutilación genital femenina desde que se promulgó la legislación correspondiente (artículo 306 del Código Penal) en 2004.

Australia Meridional

925.El Gobierno de Australia Meridional está decidido a prohibir la mutilación genital femenina. Desde 1995 la práctica de la mutilación genital femenina está tipificada como delito penal para indicar clara e inequívocamente que esa práctica nunca será sancionada por el interés público ni se justifica médicamente.

926.La Ley de consolidación del derecho penal de 1935tipifica dos delitos penales en relación con la mutilación genital femenina. El primero se refiere concretamente a los que realizan efectivamente esas operaciones y dice claramente que el consentimiento de la víctima o de los padres o tutores de la víctima no se puede aducir para rebatir los cargos. El segundo delito tiene por objeto evitar y desalentar el traslado de las niñas a lugares de ultramar en que la operación es más fácil de realizar. Contiene una cláusula de inversión de la carga de la prueba en lo que se refiere a la intención de someter a la niña a ese procedimiento, pero esa cláusula de inversión de la carga de la prueba no entra en juego a menos que la niña haya sido sacada del Estado y la operación se haya realizado efectivamente.

927.Las disposiciones de la Ley de protección de la infancia de 1993 tienen por objeto prevenir la mutilación genital femenina más que penalizar a las personas después de la realización de la misma, cuando ya es evidentemente demasiado tarde para la niña. El Tribunal de Menores, si tiene el convencimiento de que hay motivos razonables para sospechar que una niña puede verse en peligro de ser sometida a la mutilación genital femenina, puede dictar autos para la protección de la niña. En las actuaciones referentes a la mutilación genital femenina, el tribunal tiene que dar por supuesto que el interés superior de la niña es resistir la presión de las consideraciones raciales, étnicas, religiosas, culturales o familiares que puedan dar lugar a esa mutilación.

Tasmania

928.No ha habido procesos por mutilación genital femenina en Tasmania.

Territorio de la Capital Australiana

929.El artículo 74 de la Ley de delincuencia de 1900 (Territorio de la Capital Australiana) prohíbe la mutilación genital femenina, y el artículo 75 prohíbe la salida de niñas del Territorio para practicarles la mutilación genital femenina. No se han registrado ni perseguido casos de mutilación genital femenina en el Territorio.

Territorio del Norte

930.La mutilación genital femenina está prohibida por los artículos 186A a 186D del Código Penal del Territorio del Norte. No se ha registrado ningún caso de mutilación genital femenina en el Territorio.

Otros Asuntos

Pregunta 39

Sírvanse indicar si hay leyes en Australia que tengan por objeto prevenir o prohibir la producción, comercio, exportación y empleo de equipo concebido específicamente para infligir actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En caso afirmativo, sírvanse dar información sobre su contenido o aplicación. En caso negativo, sírvanse indicar si se está estudiando la posibilidad de promulgar una ley a tal efecto.

931.El Gobierno de Australia no tiene conocimiento de que haya alguna legislación en que se aborden concretamente las cuestiones planteadas en esa pregunta ni de que haya alguna propuesta de introducir controles sobre la producción, el comercio, la exportación y el empleo de equipo concebido específicamente para infligir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como la tortura es un crimen de lesa humanidad (artículo 268.13 del Código Penal), cualquier material utilizado en la tortura podría ser confiscado por constituir un instrumento utilizado en un delito penal grave.

932.El Reglamento de Aduanas (importaciones prohibidas) de 1956 regula la importación de ciertos bienes en función de la naturaleza de los propios bienes más bien que de su posible uso final. Casi todos los objetos comunes pueden ser utilizados para infligir torturas y puede resultar difícil identificar material que esté destinado concretamente a ese fin. La importación de ciertas armas y bienes estratégicos está sujeta a la expedición de una licencia del Ministro de Justicia y Aduanas. Por ejemplo, el anexo 2 del Reglamento incluye los artículos siguientes:

Punto 9: Dagas o instrumentos similares, que son instrumentos puntiagudos para herir (excluidas las espadas o bayonetas):

a)que normalmente pueden ocultarse en la persona; y

b)que tienen:

i)una hoja plana con bordes afilados (con sierra o sin ella) a todo lo largo de ambos lados; o

ii)una hoja en forma de aguja, de sección elíptica o que tiene tres o más lados;

c)hecho de cualquier material.

Punto 10: Collares de perros que tengan:

a)un dispositivo destinado a producir una descarga eléctrica; o

b)protrusiones destinadas a perforar o magullar la piel de un animal.

Punto 12: Dispositivos eléctricos de mano destinados a administrar una descarga eléctrica por contacto, distintos de las picanas de uso exclusivo con animales.

Punto 13: Dispositivos acústicos antipersonales destinados:

a)a causar discapacidad o incapacidad permanente o temporal en una persona; o

b)desorientar físicamente a una persona de alguna otra manera.

933.Además, ciertas drogas o estupefacientes ilícitos pueden utilizarse en la tortura; por consiguiente, la producción, posesión, uso, etc. de ciertas drogas o estupefacientes ilícitos pueden estar controlados en el país o en la frontera, pero esas sustancias están controladas por su naturaleza y nocividad y no necesariamente porque puedan utilizarse en la tortura.

934.El Reglamento de Aduanas (exportaciones prohibidas) de 1958 prohíbe la exportación de ciertos artículos sin la autorización del Ministerio de Justicia y Aduanas. Entre los artículos sujetos a reglamentación figuran, entre otros, los bienes militares y de doble uso (estos últimos son los que puedan tener una utilización en la fabricación de armas de destrucción masiva), según están definidos en la lista de artículos de defensa y estratégicos. Esa lista está constituida en cumplimiento de los regímenes internacionales de control de las armas. Además, de conformidad con las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Reglamento fiscaliza la exportación de objetos paramilitares a ciertos destinos designados en las sanciones.

Información de los Estados y Territorios

935.No hay en la legislación de los Estados y Territorios ninguna disposición que se refiera concretamente al material destinado a infligir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Pregunta 40

Sírvanse indicar las medidas adoptadas para garantizar que los detenidos por las fuerzas australianas destacadas en el extranjero, y en particular en el Afganistán y el Iraq, no reciban un trato que constituya violación de la Convención cuando se entreguen a otras fuerzas.

Observaciones generales

936.Las Fuerzas de Defensa de Australia no entregan a ninguna persona a otro país a menos que tenga la seguridad de que esa persona no será sometida a tortura ni a ninguna otra forma de trato cruel, inhumano o degradante.

937.Todo el personal de las Fuerzas de Defensa recibe, antes de su despliegue y durante su despliegue, capacitación en la normativa de derechos humanos y en el derecho de los conflictos armados. Se da al personal de las Fuerzas de Defensa un adiestramiento concreto sobre el tratamiento de las personas detenidas. Ese adiestramiento se basa en las instrucciones o procedimientos operativos permanentes de las Fuerzas en materia de detención, que contienen órdenes y orientaciones que dimanan de las obligaciones internacionales y nacionales de Australia y de los requisitos de la política, y son compatibles con ellos. Las Fuerzas de Defensa desplegadas deben observar unos claros requisitos de comunicación de todas las alegaciones de malos tratos de personas detenidas y todas esas alegaciones son investigadas sin tardanza, eficaz e imparcialmente. En todas las operaciones son desplegados oficiales juristas y asesores de política para prestar a los comandantes desplegados asesoramiento jurídico y político sobre las obligaciones internacionales y nacionales de Australia y los requisitos en materia de política.

Iraq

938.La mayoría de las tropas de combate de las Fuerzas de Defensa en el Iraq operan bajo el mando de la División Multinacional – región sudoriental, en colaboración con el Reino Unido. Sin embargo, también hay un destacamento de seguridad basado en Baghdad. El Reino Unido es la nación al mando de la División Multinacional, a la que están incorporadas las más de las fuerzas de Australia. La política de Australia en el Iraq consiste en transferir a las personas detenidas al Reino Unido. Australia ha pedido al Reino Unido ciertas seguridades acerca del trato de los prisioneros.

Afganistán

939.Los elementos de las Fuerzas de Defensa en el Afganistán operan bajo el mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (FIAS), en cooperación con los Países Bajos. Los Países Bajos son la nación que está al mando de la FIAS en la provincia de Oruzgan, donde están basadas la mayoría de las fuerzas de Australia. En el Afganistán Australia tiene por norma transferir a los prisioneros a los Países Bajos para que los entreguen al Afganistán. Australia ha celebrado acuerdos con los Países Bajos acerca del trato de las personas detenidas por las Fuerzas de Defensa de Australia. Esos acuerdos son compatibles con la política de la FIAS y las obligaciones nacionales e internacionales de Australia.

Timor-Leste

940.Los elementos de las Fuerzas de Defensa de Australia operan en Timor‑Leste como parte de la Fuerza Internacional de Seguridad (FIS), en cooperación con Nueva Zelandia. La FIS entrega directamente a los detenidos a la policía de las Naciones Unidas, salvo que se hayan concertado otros métodos con las Naciones Unidas y el Gobierno de Timor‑Leste. Australia ha celebrado ciertos acuerdos con las Naciones Unidas acerca de los detenidos.

Islas Salomón

941.El personal de las Fuerzas de Defensa desplegado en las Islas Salomón presta apoyo militar de seguridad a las Fuerzas de Policía Participantes, para contribuir al mantenimiento del orden. Las Fuerzas de Defensa entregan directamente los prisioneros a la Fuerza de Policía de las Islas Salomón o a las Fuerzas de Policía Participantes a la brevedad posible. El trato de los prisioneros está regulado por el derecho de las Islas Salomón, que comprende la prohibición de la tortura, consagrada en su Constitución. El artículo 7 de la Constitución de las Islas Salomón declara que "nadie será sometido a tortura ni a castigos u otros tratos inhumanos o degradantes".

Pregunta 41

Sírvanse informar al Comité de si, a raíz del informe de marzo de 2004 de la Comisión Permanente Mixta sobre Tratados, que es independiente, se ha producido alguna novedad en cuanto a la postura del Estado Parte sobre la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención. Al respecto, sírvanse aclarar si existe un mecanismo u órgano de vigilancia con mandato que le permita acceder a las cárceles y otros lugares de detención estatales, federales y territoriales y recibir denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos de las  personas privadas de libertad.

Información del Gobierno Federal

942.El Gobierno de Australia no ha tomado aún ninguna decisión oficial en cuanto a la adhesión al Protocolo Facultativo.

943.El Gobierno de Australia ha manifestado en muchas ocasiones que abriga ciertas preocupaciones de procedimiento y de fondo en cuanto al Protocolo Facultativo. Éste fue aprobado por votación y no por consenso. El Gobierno australiano prefiere decididamente que los tratados sobre derechos humanos sean aprobados por consenso, y no por una votación, para que tengan un amplio apoyo.

944.El Protocolo Facultativo crea un subcomité del Comité contra la Tortura para visitar lugares en que hay personas privadas de libertad en países que son Partes en el Protocolo. Pasar a ser parte en el Protocolo Facultativo constituiría una invitación permanente a las visitas del subcomité.

945.El Comité contra la Tortura ya está facultado para realizar visitas a sus Estados Partes, siempre que medie el consentimiento del país interesado. Por consiguiente el Gobierno de Australia considera que la invitación permanente contenida en el Protocolo Facultativo es innecesaria.

946.De conformidad con sus iniciativas permanentes de reforma de los órganos creados en virtud de tratados, el Gobierno cree que los recursos de las Naciones Unidas deberían utilizarse para lograr el máximo efecto benéfico posible. La creación de un subcomité para visitar los países que ya son Partes en la Convención contra la Tortura no serviría para lograr ese objetivo.

947.El Gobierno de Australia tiene por norma aceptar todas las solicitudes de visita presentadas por los comité de derechos humanos y los expertos encargados de procedimientos especiales a menos que haya una razón poderosa para no hacerlo. Australia considera importante que le asista el derecho de estudiar caso por caso las solicitudes de visita en cuanto al fondo.

948.En el plano interno, Australia tiene un fuerte poder judicial independiente que conoce de las alegaciones de tortura, que constituirían un delito penal si se probasen.

949.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades también está facultada para investigar cualquier acto o práctica del Gobierno de Australia que sea incompatible con los derechos humanos, en particular la prohibición de la tortura que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

950.Los poderes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades no alcanzan a la investigación de actos o prácticas de un organismo de inteligencia. Las denuncias de violaciones de derechos humanos por un órgano de inteligencia se remiten al Inspector General de la Seguridad e Inteligencia.

951.El Ombudsman Federal está facultado para investigar las quejas acerca de los actos administrativos de los departamentos y organismos del Gobierno australiano.

Mecanismos de vigilancia en las cárceles y los centros de detención

952.No existen cárceles federales en Australia. Según la Constitución, los Estados y Territorios se encargan del encarcelamiento de los delincuentes estatales y federales y son responsables de las condiciones en que están recluidos.

953.La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades está facultada para conocer de las quejas de los reclusos federales que alegan que un acto o práctica del Gobierno Federal es contrario a un derecho humano.

954.Todas las personas recluidas en un centro de detención de inmigrantes tienen derecho a presentar reclamaciones acerca del centro de detención o de su trato en éste. Tienen total libertad para tramitar el curso de sus quejas sin ningún miedo a las consecuencias negativas de su acción.

955.Los inmigrantes detenidos en los centros pueden presentar una reclamación:

a)al proveedor de servicios de detención o al personal departamental del centro;

b)al Ombudsman Federal;

c)a la policía;

d)a los organismos estatales y territoriales de protección de la infancia; y

e)a otros organismos externos como la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

956.La detención de inmigrantes también está bajo la constante vigilancia de entidades externas tales como las comisiones parlamentarias, la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, el Ombudsman Federal, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Grupo Asesor en materia de Detención de Inmigrantes para velar por que los inmigrantes sean tratados humana, decente y equitativamente. Además, los parlamentarios federales y las comisiones parlamentarias visitan regularmente los centros de detención y las residencias de inmigrantes, e informan sobre las condiciones de vida en esos lugares.

957.El Ombudsman Federal y la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades están plenamente autorizados para recabar información a fin de investigar las quejas, y están capacitados para realizar sus propias investigaciones sobre los aspectos de la detención de inmigrantes.

958.A este respecto, el artículo 14 de la Ley del Ombudsman de 1976 dispone que el Ombudsman Federal está facultado para entrar, en un momento razonable del día, en cualquier lugar ocupado por un departamento o proveedor de servicios del Gobierno Federal para investigar quejas y llevar a cabo sus propias investigaciones. Esta disposición se aplica a todos los establecimientos de detención de inmigrantes. Además la Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986 dispone que el Comisionado puede recabar información de los organismos gubernamentales.

959.Se hallará más información relativa al Ombudsman Federal y a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades en la respuesta a la pregunta 26.

Mecanismos de vigilancia en el ámbito estatal y territorial

960.Todos los Estados y Territorios tienen también sus propios mecanismos de vigilancia para prevenir la tortura en las cárceles y establecimientos similares. De esos mecanismos forman parte las actividades de capacitación y vigilancia de los agentes de policía y los funcionarios carcelarios. La conducta de los agentes de policía es vigilada y analizada por Ombudsman independientes y por órganos de derechos humanos en las cárceles, así como por otras entidades gubernamentales. En el informe de Australia presentado al Comité contra la Tortura en 1997 figura una lista de los organismos administrativos federales, estatales y territoriales de examen.

961.Desde 1996 viene aplicándose en Australia un conjunto de orientaciones uniformes para los centros penitenciarios, cuya versión actual puede consultarse en el sitio <http://www.aic.gov.au/research/corrections/standards/aust-stand_2004.pdf>. Esas orientaciones reflejan las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y las reglas mínimas del Consejo de Europa, con algunas modificaciones para adaptarlas a las condiciones australianas. No tienen fuerza de obligar, pero sirven de orientación a los órganos legislativos y a las autoridades penitenciarias, incluso sobre cuestiones que tienen que ver con la protección de los derechos humanos en las cárceles, a saber:

a)la prohibición de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, de los castigos corporales, de la reducción de la ración alimentaria y de otros castigos crueles, inhumanos o degradantes;

b)la información escrita y verbal acerca de todas las cuestiones que se refieren al encarcelamiento del recluso en una forma y un lenguaje que el recluso pueda entender;

c)la posibilidad de hacer reclamaciones o peticiones a una autoridad designada;

d)el derecho a informar a las familias de la detención del recluso y el derecho a un acceso continuo al teléfono y a las visitas;

e)el derecho a pedir asistencia letrada y a recibir visitas;

f)un alojamiento adecuado y las necesarias facilidades para mantener una higiene general;

g)la prohibición de los castigos colectivos;

h)la limitación del uso de dispositivos de restricción física y de sustancias químicas, salvo cuando hayan fracasado otras medidas;

i)el castigo de los delitos cometidos en la cárcel únicamente de conformidad con las leyes y reglamentos en vigor y tras un proceso con las debidas garantías;

j)el suministro de ropa de vestir, ropa de cama, alimentos y agua, incluidas las dietas especiales cuando sean necesarias por razones médicas o por observar prescripciones religiosas;

k)la prestación de servicios de salud (médicos y dentales) y el acceso a la atención de especialistas y de psiquiatras.

Nueva Gales del Sur

Visitantes Oficiales

962.Los Visitantes Oficiales son nombrados por el Ministro de Justicia en virtud del artículo 228 de la Ley de delincuencia (administración de las penas) de 1999. No pueden ser nombrados los empleados del Departamento de Servicios Penitenciarios ni ninguna persona responsable de la administración de un centro penitenciario o centro de detención temporal, ni tampoco ningún empleado o persona relacionados con esos centros.

963.La Ley exige que los visitantes oficiales visiten el centro al que han sido asignados por lo menos una vez al mes. Los visitantes reciben y tramitan las quejas de los reclusos (distintos de los varones de la categoría AA y las mujeres de la categoría 5) y del personal, y examinan el centro. Informan al Ministro cada seis meses.

964.De conformidad con el reglamento, los directores generales deben anunciar a los reclusos y al personal la fecha y la hora de la presencia del Visitante Oficial en el centro.

Jueces y magistrados

Cualquier juez del Tribunal Supremo o de un tribunal de distrito y cualquier magistrado puede en cualquier momento visitar y examinar cualquier complejo penitenciario, centro reformatorio o centro de detención temporal ( artículo  229 de la ley).

Ombudsman

A lo largo de todo el año se producen visitas de representantes del Ombudsman en los centros penitenciarios. Antes de la visita, se fijan carteles para anunciar a los reclusos la fecha y la hora de la visita, momento en que los reclusos pueden presentar sus quejas. Los reclusos también tienen siempre acceso telefónico gratuito y sin vigilancia al Ombudsman.)

El día de la visita el Director General o el funcionario en quien haya delegado debe velar por que estén fácilmente localizables todos los reclusos que han pedido ver al representante del Ombudsman. Durante todo el día el representante del Ombudsman podrá ponerse en contacto con el Director General y hacerle preguntas sobre cuestiones que requieran atención y resolución, si ésta es posible y apropiada.

Victoria

Las siguientes entidades u organizaciones pueden entrar en las cárceles de Victoria para recibir quejas sobre presuntas violaciones de los derechos humanos:

a) la Inspección Penitenciaria

b) los Visitantes Oficiales (bajo la dirección de la Inspección Penitenciaria)

c) el Ombudsman de Victoria

d) la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de Victoria

e) la policía de Victoria

f) el Fiscal General de Victoria

Queensland

En los Servicios Penitenciarios de Queensland, la misión de la Oficina del Jefe Inspector consiste en realizar un examen externo independiente y especializado del trato de los delincuentes y de la aplicación de las normas y prácticas operacionales en de los establecimientos de los Servicios Penitenciarios de Queensland. Cada examen sirve de ayuda a los Servicios Penitenciarios para: actuar de manera transparente y responsable, tratar con seguridad y humanidad a los reclusos y realizar programas de readaptación y de formación y orientación profesionales para los reclusos.

La Oficina del Jefe Inspector también coordina el Plan de Visitantes Oficiales. Éstos son nombrados de entre la colectividad por los Servicios Penitenciarios de Queensland en cumplimiento de la Ley de Servicios Penitenciarios de 2006. El Plan de Visitantes Oficiales desempeña un papel importante en el sistema penitenciario de Queensland porque constituye un programa de visitas regular, independiente y de fácil acceso para ayudar a los reclusos a tramitar y resolver sus quejas. En cuanto representantes de la comunidad, constituyen también un mecanismo para garantizar que las decisiones administrativas adoptadas en los establecimientos de servicios penitenciarios sean transparentes y responsables. Los Visitantes Oficiales informan directamente al Jefe Inspector del resultado de las investigaciones y de otras cuestiones relativas al desempeño de su cargo. Esos informes ayudan al Jefe Inspector a descubrir los problemas sistémicos y forman parte del proceso de inspecciones del centro. Se hallará más información sobre estos mecanismos en: http://www.dcs.qld.gov.au/Publications/Corporate_Publications/Miscellaneous_Documents/Chief%20Inspector.pdf .

Otro mecanismo es la Oficina del Ombudsman de Queensland. Ésta es una entidad independiente de investigación de las denuncias y su papel fundamental consiste en verificar que los organismos públicos (los departamentos e institutos del Gobierno y los consejos locales) actúen con equidad y tomen las decisiones acertadas para el pueblo de Queensland. La Ley de servicios penitenciarios de 2006 autoriza al Ombudsman de Queensland para tener acceso a los establecimientos de servicios penitenciarios. La correspondencia de un recluso con el Ombudsman es correo confidencial a tenor de la Ley de servicios penitenciarios de 2006 y sólo puede ser abierta en muy limitadas circunstancias. Los reclusos pueden llamar por teléfono a la Oficina del Ombudsman en determinados momentos y gratuitamente. Se hallará más información en: http://www.ombudsman.qld.gov.au/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=22 .

Australia Occidental

La Ley de salud mental de Australia Occidental prevé varios mecanismos de vigilancia independientes del Servicio de Salud Mental para proteger a las  personas que sufren una enfermedad mental y que han pasado a ser pacientes involuntarios detenidos.

La Junta de Examen de la Salud Mental estudia la condición de los pacientes involuntarios detenidos previa petición o a intervalos periódicos con carácter obligatorio. Para realizar esos exámenes, la Junta tiene acceso sin limitación al hospital autorizado y puede hablar con los pacientes, los cuidadores y el personal clínico.

El Consejo de Visitantes Oficiales puede actuar como defensor de los pacientes involuntarios detenidos y ayudarles en una revisión de la Junta de Examen de la Salud Mental o a tramitar una queja. Los Visitantes Oficiales tienen pleno acceso a cualquier parte de un hospital autorizado en cualquier momento del día o de la noche.

El Jefe de Psiquiatría es responsable de la atención médica y del bienestar de todos los pacientes involuntarios, incluidos los que están detenidos, y responde asimismo de la calidad de los cuidados prestados en los establecimientos de salud mental, incluidos los hospitales autorizados. En esa capacidad, el Jefe de Psiquiatría o el personal de su oficina tienen pleno acceso a todos los hospitales autorizados del Estado. El Jefe de Psiquiatría fiscaliza a intervalos regulares, a través de un marco de administración clínica, las normas del servicio prestado a los pacientes involuntarios detenidos.

Para más información acerca del Inspector de los Servicios Penitenciarios de Australia Occidental, el Comité tendrá a bien remitirse a la información facilitada por Australia Occidental en su respuesta a la pregunta 22 de la lista de cuestiones.

Australia Meridional

En Australia Meridional hay varios organismos de vigilancia autorizados para entrar en todas las cárceles de Australia Meridional y recibir y tramitar las quejas de los reclusos. Se trata de:

a) los Inspectores Visitantes, nombrados por el Ministro, que visitan cada cárcel y hablan con los reclusos semanalmente;

b) los capellanes visitantes;

c) el Ombudsman;

d) el Consejo Asesor de los Servicios Penitenciarios, órgano independiente que extiende informe directamente al Ministro para vigilar y evaluar la administración y el funcionamiento de la Ley de servicios penitenciarios de 1982 ;

e) el Ministro;

f) los servicios de apoyo a los reclusos y delincuentes aborígenes;

g) el Movimiento pro Derechos de los Aborígenes.

Tasmania

En febrero de 2006 el Gobierno de Tasmania creó, basándose en la Ley de salud mental de 1996 , el Plan de Visitantes Oficiales de Tasmania como órgano independiente para visitar la Unidad de Salud Mental Segura del Estado, el Centro Judicial Wilfred Lopes de Salud Mental, a fin de evaluar la adecuación del cuidado de los pacientes e investigar las denuncias presentadas por  personas que reciben atención o tratamiento por enfermedad mental.

El Ombudsman está facultado para examinar las decisiones administrativas adoptadas por una autoridad o en nombre de esa autoridad. Esto incluye el examen de las decisiones administrativas relativas a la detención de  personas en el sistema carcelario.

Territorio de la Capital Australiana

La Ley de administración penitenciaria de 2007 dispone que la Oficina del Visitante Oficial tiene potestad para inspeccionar las instalaciones de detención, hablar con los detenidos e investigar las quejas. En lo que se refiere a los menores detenidos, el nombramiento de un Visitante Oficial se hace con arreglo al artículo  41 de la Ley de la infancia y la adolescencia de 1999 . La función del Visitante Oficial consiste en visitar e inspeccionar los refugios e instituciones para niños y adolescentes, visitar a los niños y adolescentes que reciben protección terapéutica y conocer, investigar o remitir a otras instancias las quejas acerca del cuidado, la detención o el tratamiento de esos niños y adolescentes. Las quejas que recibe el Visitante Oficial en general se refieren a las necesidades sociales y ambientales de los jóvenes del centro de detención de menores. De igual modo, el Ombudsman puede examinar y revisar las acciones de la policía y de las autoridades penitenciarias, y hacer las recomendaciones del caso.

La Ley de terrorismo (poderes extraordinarios temporales) de 2006 dispone que el Comisionado de Derechos Humanos y el Ombudsman deben ser informados de la detención de  personas en virtud de un auto de prisión preventiva y que el Ombudsman puede conocer de las quejas de las  personas detenidas.

La Ley de derechos humanos de 2004 dispone que la Comisión de Derechos Humanos del Territorio de la Capital tiene poderes para examinar el efecto de las leyes y, en particular, realizar inspecciones sobre los derechos humanos. En 2005 el Comisionado de Derechos Humanos del Territorio de la Capital hizo una inspección en el centro de detención de menores de Quamby en virtud de esas disposiciones de la ley. En esa inspección se descubrieron varias violaciones, en particular, los registros o cacheos corporales de los reclusos como procedimiento normal, y no simplemente cuando hay una "sospecha razonable" de que los reclusos posean artículos  peligrosos o contrabando, y el hecho de confundir el sistema de gestión de la buena conducta con la remisión de la pena. El Gobierno del Territorio de la Capital, a través de la Oficina de Apoyo a la Infancia, la Adolescencia y la Familia, está aplicando una amplia gama de recomendaciones para mejorar las condiciones de la detención. (Se hallará más información en la respuesta a la pregunta 23.)

A raíz de la promulgación de la Ley de derechos humanos en julio de 2004, el Comisionado para la Discriminación fue nombrado también Comisionado de Derechos Humanos. Desde entonces se ha ampliado la Oficina de Derechos Humanos que se ha convertido en Comisión para los Derechos Humanos y abarca las funciones desempeñadas por otros comisionados para la discapacidad y los servicios comunitarios y la infancia y la juventud. Con arreglo a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de 2005 , los respectivos comisionados tienen amplias funciones para atender las quejas y vigilar la introducción de mejoras sistémicas en la producción de servicios para los niños y los adolescentes vulnerables.

La defensa letrada de determinados individuos es una función que corresponde al abogado defensor público (antes llamado Abogado de la Comunidad). El Defensor Público es un cargo de derecho público. El personal de su oficina visita cada mes el centro de detención de menores en cumplimiento de un memorando de entendimiento y, cuando resulta apropiado, atiende a las quejas más graves para defender los intereses del niño o del joven.

Territorio del Norte

El Departamento de Justicia ejecuta un Programa de Visitantes Oficiales en todos los establecimientos de detención de adultos y de menores. El Programa realiza una vigilancia independiente, cada mes, de conformidad con la legislación, a saber, la Ley de prisiones (servicios penitenciarios) (parte V, artículos  22 a 26) y la Ley de justicia de menores (parte 9, artículos  169 a 172). El Programa tiene por finalidad velar por que los derechos de los reclusos se respeten de conformidad con las intenciones del Gobierno.

Los Visitantes Oficiales reciben formación y se mantienen al tanto de los cambios introducidos en las normas y los requisitos a medida que se introducen mejoras en las condiciones de vida de los reclusos cada vez que la dirección de la cárcel estudia y resuelve los problemas sistémicos.