Naciones Unidas

CERD/C/AUS/18-20

Convención Internacional sobre la Eliminación de t odas las Formas de Discriminación Racial

Distr. general

15 de marzo de 2016

Español

Original: inglés

Español, francés e inglés únicamente

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención

Informes periódicos 18º a 20º que los Estados partes debían presentar en 2014

Australia *

[Fecha de recepción: 2 de febrero de 2016]

Índice

Página

Introducción3

Respuestas a las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/AUS/CO/15-17)6

Observaciones finales 9, 10, y 25 – Creación de un mecanismo nacional de aplicación de la Convención en todo el sistema federal y examen de las leyes contra la discriminación, incluidos los requisitos de la carga de la prueba para demostrar una situación de discriminación6

Observación final 11 y observación complementaria – Apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de Australia y nombramiento de un Comisionado para la Discriminación Racial a tiempo completo, con funciones y responsabilidades8

Observación final 12 – Datos biométricos y campañas de sensibilización contra los estereotipos8

Observación final 13 – Regulación de las empresas australianas9

Observación final 14 – Acceso a los servicios, política multicultural e inclusión social11

Observaciones finales 15 y 26 – Reconocimiento de los pueblos indígenas y reconciliación15

Observación final 16 y observaciones complementarias – Respuesta de Emergencia en el Territorio del Norte y gestión de los ingresos17

Observación final 17 – Reservas al artículo 4a), carencia de legislación que prohíba la apología del odio racial en el Territorio del Norte; información sobre las denuncias, los juicios y las condenas por actos de odio racial o incitación al odio racial en los estados y territorios cuya legislación tipifica esos delitos20

Observación final 18 – Reformas legislativas a la Ley de Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes de1993 (Commonwealth), carga de la prueba y mecanismos de consulta efectiva con los pueblos indígenas21

Observación final 19 – Prestación de asistencia jurídica y capacitación al personal de las fuerzas del orden y de las profesiones jurídicas para la prestación de servicios jurídicos y de interpretación a los indígenas, que sean adecuados en el marco del sistema de justicia penal25

Observación final 20 – Tasas de reclusión de personas indígenas y prestación de servicios de salud adecuados; estudio de los factores sociales y económicos subyacentes en la relación de los indígenas con el sistema de justicia penal27

Observación final 21 – Preservación de las lenguas nacionales36

Observación final 22 – Erradicación de las desigualdades socioeconómicas, idoneidad cultural de la prestación de los servicios públicos y autoempoderamiento de los aborígenes38

Observación final 23 – Estudiantes internacionales y violencia por motivos raciales42

Observación final 24 – Políticas de inmigración y "zonas insulares extraterritoriales"42

Observación final 27 – Educación en derechos humanos45

Observación final 28 – Ratificaciones adicionales48

Anexos**

I.Introducción

Preparación y estructura del informe

1.El Gobierno de Australia se complace en presentar los informes periódicos combinados 18º, 19º y 20º en virtud del artículo 9 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (en adelante, "la Convención") al Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (en adelante, "el Comité").

2.El presente informe abarca el período del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2014. El informe no duplica la información sobre los temas abordados en los informes periódicos combinados 15º, 16º y 17º que surgieron después del 30 de junio de 2008. Tampoco duplica los temas que se incluyeron en la respuesta del Gobierno de Australia, del 29 de agosto de 2011, en seguimiento a las recomendaciones de los párrafos 11, 16 y 23 de las observaciones finales del Comité (CERD/C/AUS/CO/15-17/Add.1).

3.Australia compareció por última vez ante el Comité los días 10 y 11 de agosto de 2010. El 27 de agosto del mismo año el Comité formuló sus observaciones finales sobre sus informes periódicos combinados 15º, 16º y 17º (CERD/C/AUS/CO/15-17) (observaciones finales). El 29 de agosto de 2011 Australia presentó una respuesta a las recomendaciones formuladas en tres párrafos de las observaciones finales, sobre las que el Comité había solicitado una respuesta en un plazo de 12 meses. El 9 de marzo de 2012 el Comité formuló observaciones complementarias.

4.Este informe responde a las observaciones finales y recomendaciones del Comité de 2010 (CERD/C/AUS/CO/15-17) y a las observaciones complementarias y recomendaciones formuladas en 2012 sobre las respuestas de seguimiento a los párrafos 11, 16 y 23, y los aspectos en que se han producido cambios significativos y respecto de los cuales no consta información en otros informes presentados en virtud de otros tratados de los que Australia es parte. Cuando procede se han agrupado las respuestas.

5.El presente informe se ha elaborado de conformidad con las directrices para el seguimiento de las observaciones finales y recomendaciones, las directrices revisadas del Comité para los documentos de presentación de informes específicos para la Convención y las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos. Este informe complementa el Documento Básico de Australia de 2007, y deber leerse conjuntamente con este. La Parte 3 (subtemas G y H) del documento incluye información sobre no discriminación, igualdad y recursos efectivos que es pertinente respecto de muchos aspectos de este informe.

6.Australia señala a la atención del Comité sus informes de 2010 y 2015 presentados al Consejo de Derechos Humanos para el examen periódico universal, y el posterior informe del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, presentado en marzo de 2011, que contiene información relativa a la aplicación de la Convención en Australia.

7.Cuando procede, Australia también incluye referencias cruzadas al informe presentado recientemente en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

8.Tras las elecciones federales del 7 de septiembre de 2013, el 18 de septiembre de ese año se constituyó el nuevo Gobierno de Australia. Desde esa fecha han cambiado estrategias, políticas y programas fundamentales, así como las responsabilidades y denominaciones de algunos organismos. Esos cambios se indican en este informe cada vez que corresponde.

Consultas con los gobiernos de estados y territorios y con la sociedad civil – Referencia a la observación final 30

9.Australia tiene un sistema constitucional federal en que los poderes están compartidos entre diversas instituciones federales y los seis estados (Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur y Tasmania) y los tres territorios autónomos (el Territorio de la Capital de Australia, el Territorio del Norte y el Territorio de la Isla Norfolk). En la parte B del documento básico figura información adicional sobre la estructura política australiana.

10.Puesto que Australia es una federación, si bien el Gobierno de Australia es Estado parte en el Pacto, los gobiernos de los estados y territorios comparten la responsabilidad de cumplir con las obligaciones asumidas por Australia en virtud de la Convención. El Gobierno de Australia ha consultado a los gobiernos de los estados y territorios australianos en la preparación de este informe. Siempre que es posible, se incluyen en el documento las respuestas a las observaciones finales y recomendaciones pertinentes, recibidas a nivel federal, estatal y territorial. Sin embargo, dada la amplia variedad de iniciativas estatales y territoriales, Australia ha preparado asimismo el anexo 1, en que se ofrece un panorama más completo de las políticas y programas inter-jurisdiccionales durante el período abarcado por el informe.

11.El Gobierno de Australia reconoce la importancia de asociar a la sociedad civil en la preparación de este informe, y ha solicitado a las organizaciones competentes que le presenten comunicaciones. En el anexo 2 figura la lista de las contribuciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) y personas que se han tomado en consideración para este documento.

Seguimiento y difusión – Referencia a la observación final 31

12.El presente informe se puede consultar en la página web del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio. Se han distribuido asimismo ejemplares electrónicos, concretamente a los gobiernos de los estados y territorios, los organismos del Gobierno de Australia, la Comisión de Derechos Humanos de Australia, grupos de la sociedad civil, el sector privado, miembros del público y otros interesados.

13.Con el fin de difundir las observaciones finales del Comité, Australia ha adoptado las siguientes medidas: tras la publicación de las observaciones finales de este órgano sobre el informe y en consonancia con sus observaciones finales formuladas en 2010 (párrafo 9), el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio se reunirá con organismos del Gobierno de Australia y con los gobiernos de los estados y territorios para analizar las preocupaciones y recomendaciones del Comité. Asimismo se solicitarán las opiniones de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, de los titulares de los cargos oficiales a nivel de estados y de territorios, de grupos de la sociedad civil, de miembros del público y de otros interesados.

14.Además de publicar las observaciones finales en su página web, el Departamento solicitará a otros interesados que las hagan llegar a sus miembros.

15.En consonancia con las directrices del Comité sobre presentación de informes, de 2006, la Misión de Australia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra seguirá siendo el punto designado de enlace con el coordinador del seguimiento del Comité.

16.El Gobierno de Australia está empeñado en asegurar el funcionamiento efectivo del sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, y espera con interés el examen del presente informe por parte del Comité.

Diversidad racial de Australia

17.Australia posee una de las poblaciones con mayor diversidad cultural y lingüística y con mayor cohesión social del mundo. Además de sus habitantes originales, los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, la población de Australia está compuesta por personas procedentes de alrededor de 200 países.

18.En 2011, el Censo de Población y Vivienda de Australia, que se lleva a cabo cada cinco años, reveló que el 26% de la población del país era nacida en el extranjero, y que un 20% tenía al menos un progenitor nacido en el extranjero. De los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), solamente Luxemburgo (42%), Israel (31%) y Suiza (28%) cuentan con una población migrante proporcionalmente más importante. En 2013, el 60% del crecimiento total de la población de Australia podía atribuirse a la migración.

19.El Censo de 2011 registró una población de aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres de 548.370 personas, y hubo un 20,5% más de australianos que se identificaron como pertenecientes a ese grupo en comparación con el censo de 2006. En agosto de 2013 la población de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres ascendía a 669.900 personas, o sea el equivalente al 3% de la población total. Alrededor del 60% de la población vive en las grandes ciudades y suburbios regionales y un poco más del 20% vive en zonas distantes y muy distantes.

20.El Censo de 2011 identificó más de 300 estirpes y más de 300 lenguas habladas en Australia. Si bien el censo solo tiene en cuenta 48 de los idiomas indígenas más comunes y dos creoles, existen alrededor de otros 100 idiomas indígenas hablados por pequeños grupos de personas. En 2011, aproximadamente uno de cada diez aborígenes e isleños del Estrecho de Torres (11%) declararon que se comunicaban en una lengua indígena de Australia en el hogar y el 17% de los australianos hablan un idioma que no es el inglés.

21.Según el censo de 2011, los idiomas más comunes en Australia, con excepción del inglés, son el mandarín, el italiano, el árabe, el cantonés y el griego. Un 3% de la población habla alguno de los idiomas chinos (incluidos el cantonés y el mandarín, entre otros), lo que significa que estos son los idiomas más hablados después del inglés.

II.Respuestas a las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/AUS/CO/15-17)

22.Australia aplica la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial principalmente mediante la Ley contra la Discriminación Racial de 1975 (Commonwealth) y a través de la labor de la Comisión de Derechos Humanos de Australia. Los estados y territorios de Australia también cuentan con una amplia legislación de lucha contra la discriminación y a favor de los derechos humanos. En la Parte D del Documento Básico Común de Australia figura más información sobre el marco político y jurídico a nivel federal, estatal y territorial.

23.A continuación se ofrecen las respuestas a las preocupaciones expresadas y las recomendaciones formuladas por el Comité en sus observaciones finales (CERD/C/AUS/CO/15-17) y observaciones finales complementarias.

Observaciones finales 9, 10 y 25 – Creación de un mecanismo nacional de aplicación de la Convención en todo el sistema federal y examen de las leyes contra la discriminación, incluidos los requisitos de la carga de la prueba para demostrar una situación de discriminación

24.El Gobierno de Australia considera que cada uno es libre de expresar sus pensamientos, que los derechos están acompañados por responsabilidades, que no hay lugar para el racismo y que todas las personas deben vivir en una sociedad basada en la armonía y el respeto mutuo.

25.Los Estados pueden atender a las obligaciones de la Convención a través de diferentes mecanismos, incluida la legislación. En el caso de Australia, los sucesivos gobiernos en general lo han hecho velando por que la legislación, la política y la práctica nacionales se ajusten a las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por Australia a nivel internacional.

26.En virtud de la legislación del Commonwealth, la Ley contra la Discriminación Racial, de 1975 (Commonwealth), la Ley contra la Discriminación Sexual, de 1984 (Commonwealth), la Ley contra la Discriminación por Discapacidad, de 1992 (Commonwealth) y la Ley contra la Discriminación por Edad, de 2004 (Commonwealth) enuncian los motivos por los que está prohibida la discriminación. La Ley contra la Discriminación Racial de 1975 establece que es ilegal discriminar por motivos de raza, color, origen nacional o étnico en cualquier esfera de la vida pública y prohíbe el vilipendio por motivos raciales. La Ley prevé recursos civiles.

27.El 4 de enero de 2012 entró en vigor la Ley de Derechos Humanos (Control Parlamentario) de 2011. Esta Ley requiere que toda la legislación que se someta al Parlamento de Australia esté acompañada por una declaración donde se establezca que se ajusta a las obligaciones asumidas por el país en virtud de los siete tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que Australia es parte, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

28.La Ley exige asimismo que se establezca en el Parlamento de Australia una Comisión Parlamentaria Conjunta de Derechos Humanos. Este órgano se creó efectivamente en marzo de 2012. La citada Comisión verifica que la legislación nueva y ya existente del Commonwealth sea compatible con los derechos humanos, incluidos los citados en la Convención. El órgano puede investigar los asuntos relativos a esos derechos que le remita el Fiscal General. También cumple un papel pedagógico, para concienciar a la población sobre los derechos humanos. Desde su creación, la Comisión ha presentado numerosos informes que examinan la compatibilidad de la legislación que se someta al Parlamento, incluso con relación a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

29.El Gobierno anterior examinó y consideró la posibilidad de emprender una reforma de la legislación del Commonwealth contra la discriminación. Sin embargo, se presentó una propuesta para consolidar las leyes del Commonwealth contra la discriminación, a la que no se dio curso. Dicha reforma no forma parte de la política actual del Gobierno de Australia.

30.Asimismo, el Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y de los territorios han promulgado leyes que brindan una protección adicional contra la discriminación.

Victoria

31.En Victoria, la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2010 prohíbe la discriminación basada en los atributos individuales de una persona (como la raza), y en algunos aspectos de la vida pública, como el empleo, la educación y el acceso a bienes y servicios. La Ley prohíbe la discriminación directa e indirecta y contempla la "inversión" de la carga de prueba en relación con las denuncias por discriminación indirecta. De acuerdo con la Ley, se produce discriminación indirecta cuando una persona impone o propone imponer un requisito, condición o práctica que ponga o pueda poner en situación de desventaja a las personas que tienen una característica determinada, y el requisito, la condición o la práctica en cuestión no es razonable. A la vez que el demandante debe demostrar que el requisito le causa o puede causarle un perjuicio, la persona que impone el requisito debe demostrar que este es razonable. El demandado que desee invocar una excepción para la discriminación, ya sea directa o indirecta, debe probar que la excepción es aplicable.

32.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de la política y la aplicación en los estados y territorios abarcados en las observaciones finales 9, 10 y 25.

33.Por el momento, el Gobierno de Australia no tiene previsto revisar los requisitos sobre la carga de la prueba en las leyes contra la discriminación del Commonwealth.

Observación final 11 y observación complementaria – Apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de Australia y nombramiento de un Comisionado para la Discriminación Racial a tiempo completo, con funciones y responsabilidades

34.En agosto de 2013 Australia designó al Dr. Tim Southpommasane en calidad de Comisionado para la Discriminación Racial, a tiempo completo, en la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión investiga las denuncias por actos de discriminación racial u odio racial ilícitos e interviene en los procedimientos de conciliación conexos. Si la conciliación no da resultados, el demandante podrá presentar ante el Tribunal Federal de Australia o ante el Tribunal de Circuito Federal de Australia una solicitud de reparación, que puede consistir en una disculpa o incluso una indemnización.

35.La Comisión dispuso en 2013-2014 de un presupuesto total de 35.220.000 dólares australianos para los servicios anuales ordinarios, lo que representa un aumento de 27.110.000 dólares australianos respecto a su presupuesto para 2011-2012.

Observación final 12 – Datos biométricos y campañas de sensibilización contra los estereotipos

36.En diciembre de 2010 el Gobierno de Australia introdujo la recogida de datos biométricos entre las disposiciones para la tramitación de visados en el extranjero. Se almacenan imágenes faciales y huellas dactilares obtenidas con escáner en bases de datos protegidas. Según lo dispuesto por la Ley de Privacidad de 1988 (Commonwealth), solo tendrán acceso a los datos biométricos de los solicitantes los funcionarios autorizados en virtud de la Ley de Migración de 1958 (Commonwealth).

37.En su etapa experimental, el Programa de Recogida de Datos Biométricos en el Extranjero se aplicó a la tramitación de las solicitudes de visado en diez misiones australianas en África, Asia, Europa y Oriente Medio. Actualmente se recaban datos biométricos de los solicitantes de Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camboya, Colombia, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Francia, Ghana, Jordania, Kenya, Kuwait, el Líbano, Malasia, Nigeria, Omán, el Pakistán, Qatar, Sri Lanka, el Yemen y Zimbabwe. En Ankara, Bangkok, Islamabad, Yakarta, Kuala Lumpur, Nairobi, Nueva Delhi, Pretoria y Teherán se utilizan unidades móviles para reunir estos datos.

38.Para seleccionar los lugares de aplicación del sistema se tienen en cuenta diversos factores, entre ellos la seguridad nacional de Australia, los riesgos de fraude en los expedientes de visado, la cantidad de solicitudes y la disponibilidad de infraestructura para la recogida de datos biométricos. Todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que presentan solicitudes de visado en papel, y en ciertos casos solicitudes electrónicas, en países donde se lleva a cabo la recogida de datos biométricos, deben proporcionar sus huellas dactilares y una fotografía digital como parte del procedimiento. Los menores de 15 años solo deberán proporcionar una fotografía.

39.En mayo de 2014, el Gobierno de Australia anunció que la recogida de datos biométricos habría de ampliarse para cubrir aproximadamente 20 países adicionales en 2018.

40.Varios gobiernos de estados y territorios colaboran también con organizaciones comunitarias para hacer frente a los estereotipos raciales y culturales.

Nueva Gales del Sur

41.Multicultural NSW es una entidad de Nueva Gales del Sur que celebra amplias consultas con las comunidades afectadas por los conflictos y el terrorismo extranjeros, a fin de apoyar y promover la armonía en el seno de la comunidad. El organismo es miembro del Comité contra el Terrorismo del Estado de Nueva Gales del Sur, el Grupo Asesor de Lucha contra el Extremismo Violento de Nueva Gales del Sur y el Subcomité de Lucha contra el Extremismo Violento, del Comité contra el Terrorismo de Australia y Nueva Zelandia.

42.Desde 2010, la Comisión de Relaciones de la Comunidad ha recibido financiación en virtud del Marco Nacional de Lucha contra el Extremismo Violento para aplicar una amplia variedad de iniciativas de participación comunitaria, locales y en línea, a fin de empoderar a las comunidades, promover el compromiso intercultural y contrarrestar los efectos negativos del extremismo violento en la cohesión social y la armonía comunitaria.

43.En respuesta a las preocupaciones acerca de la posible reacción negativa contra la comunidad musulmana, a raíz de las importantes operaciones de lucha contra el terrorismo en Australia en 2014, el organismo Multicultural NSW, en colaboración con la Policía de Nueva Gales del Sur, estableció una línea telefónica denominada "Speak Out" (Exprésate) a fin de comunicar incidentes de acoso y malos tratos por motivos de raza o religión.

44.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados por la observación final 12.

Observación final 13 – Regulación de las empresas australianas

45.Australia confía en que las empresas nacionales que operan en el extranjero respeten las leyes y regulaciones locales, así como las leyes australianas que se aplican extraterritorialmente a sus actividades en el extranjero. Ello abarca las leyes sobre el soborno de funcionarios extranjeros y sanciones autónomas de Australia. Se espera que las empresas australianas se conduzcan conforme a las normas reconocidas internacionalmente en materia de responsabilidad social corporativa y derechos humanos, incluidas las relativas a la discriminación racial, y que cumplan con las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

46.El Gobierno de Australia respalda las Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos para Empresas Multinacionales. Aunque las directrices no son jurídicamente vinculantes, se confía en que las empresas que operan en Australia y las empresas australianas que operan en el extranjero actúen conforme a los principios establecidos en esas directrices y, como mínimo, apliquen las normas que estas sugieren. Australia ha establecido un punto de contacto nacional en el Departamento del Tesoro, que puede examinar las denuncias formuladas con arreglo a las directrices. El punto de contacto también ofrece un foro de debate con las partes interesadas sobre cuestiones relativas a las directrices.

47.Australia presta apoyo a los marcos voluntarios establecidos para orientar a las empresas sobre medidas de protección de los derechos humanos, en particular los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas.

48.Australia apoya el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que en julio de 2015 contaba con 120 participantes australianos, desde pequeñas y medianas empresas a grandes corporaciones como BHP Billiton, KPMG Australia y ANZ Banking Group, así como instituciones académicas, asociaciones empresariales, fundaciones y ONG. Puesta en marcha en 2009, la Red Australiana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas ofrece asistencia práctica a sus signatarios a fin de integrar y poner en práctica el Pacto.

49.El Programa de Mejores Prácticas para el Desarrollo Sostenible para la Industria Minera, iniciado en 2006, es un esfuerzo colaborativo entre el gobierno y la industria, que promueve el desarrollo sostenible y la autorregulación del sector a través de la adopción, por propia iniciativa, de los principios de las mejores prácticas. Como parte de programa se ha preparado una serie de manuales, con muy buena acogida a nivel internacional, que abarcan las mejores prácticas en la gestión de la minería, por ejemplo, en materia de participación y desarrollo de la comunidad y el trabajo con comunidades indígenas.

50.El Gobierno de Australia trabaja con el sector de los recursos, con las comunidades de aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres y con otros interesados, para establecer relaciones efectivas a largo plazo y fomentar la adopción más amplia de las mejores prácticas. A través de la iniciativa Working in Partnership, el Gobierno de Australia se esfuerza por mejorar el desarrollo del sector empresarial y aumentar las oportunidades de empleo en las comunidades de las zonas mineras.

Facilitación de un diálogo nacional sobre empresas y derechos humanos

51.El 30 de julio de 2014, la Comisión de Derechos Humanos de Australia y la Red del Pacto Mundial – Australia se reunieron con cerca de 100 representantes de algunas de las principales empresas, ONG, departamentos gubernamentales, inversores y representantes del mundo académico del país para examinar la manera de configurar las estrategias empresariales en armonía con los objetivos de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Empresa y los Derechos Humanos asistió al evento y le manifestó su apoyo.

52.En esta ocasión, 27 expertos dialogaron sobre siete temas, entre ellos, la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos, el papel del Gobierno, el acceso a los mecanismos de denuncias y reclamación, la perspectiva de derechos humanos en la participación indígena y los derechos humanos en la cadena de suministro. El evento concluyó con el compromiso de todas las partes interesadas de continuar las conversaciones y esforzarse para que las empresas australianas sean reconocidas como líderes internacionales en cuestiones empresariales y de derechos humanos. Se previó continuar el diálogo nacional en 2015.

Australia Occidental

53.Australia Occidental protege los sitios u objetos de importancia para la población aborigen mediante la Ley del Patrimonio Cultural de los Aborígenes, de 1972 (Australia Occidental). La Ley requiere que los usuarios de tierras y promotores (incluidas empresas y otros) obtengan el consentimiento del Ministro de Asuntos Aborígenes en previsión de los perjuicios que puedan causarse en los lugares significativos definidos por la Ley. Recientemente el Gobierno invitó al público a enviar sus observaciones sobre su intención de modificar la Ley para ofrecer una protección aún mayor al importante patrimonio aborigen, mediante una serie de medidas, como incrementar a 1 millón de dólares australianos la sanción para las empresas que de forma ilegal perjudican sitios aborígenes. En noviembre de 2014 se sometió al Parlamento un proyecto de ley que introduce los cambios propuestos.

Servicio de Apoyo a la Gestión Indígena

54.El Departamento de Agricultura y Alimentación de Australia Occidental inició en 2002 su Servicio de Apoyo a la Gestión Indígena, en colaboración con la Corporación de Tierras Indígenas y seis propiedades de pastoreo en la región de Kimberley gestionadas por comunidades indígenas. Se trata de un servicio de apoyo integral centrado en la gestión de la producción, la comercialización, la gestión empresarial y el fomento de la capacidad. En el marco de este servicio se enseña principalmente a identificar lo que se necesita para construir una empresa pastoral comercial dirigida exclusivamente por jefes indígenas y proveer empleos sostenibles en la actividad pastoral a los miembros de la comunidad.

55.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 13.

Observación final 14 – Acceso a los servicios, política multicultural e inclusión social

56.Se remite al Comité al quinto informe periódico del Gobierno de Australia en virtud del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente la observación final 24 (Pobreza).

Acceso a servicios

57.El Gobierno de Australia comparte el principio básico de que los programas y servicios deben ser accesibles a todos los australianos que reúnan las condiciones, responder a sus necesidades y ofrecerles resultados equitativos, con independencia de sus antecedentes culturales y lingüísticos.

58.La política de acceso y equidad multicultural del Commonwealth se basa en el respeto de la diversidad. Se trata de mejorar la capacidad de respuesta respecto de todas las modalidades de participación de los departamentos y organismos gubernamentales del Commonwealth con las comunidades multiculturales, y no solo de la prestación directa de servicios. Se requiere a los departamentos y organismos estatales que desarrollen sus propios proyectos multiculturales y los publiquen en sus sitios web. Los primeros proyectos se extienden del 1 de julio de 2013 al 30 de diciembre de 2015.

59.El Gobierno de Australia ha celebrado acuerdos con los gobiernos de Queensland, Australia Occidental, Victoria, Tasmania y Australia del Sur, en virtud de los cuales los estados asumirán la prestación de los servicios municipales esenciales en las comunidades indígenas distantes. Asimismo, el Gobierno de Australia ha asignado 154,8 millones de dólares australianos al presupuesto 2015-2016 del Territorio del Norte, para que este asuma la plena responsabilidad de la prestación de servicios municipales esenciales en las comunidades indígenas, con arreglo al nuevo Acuerdo Nacional de Asociación sobre Inversiones para las Comunidades Aborígenes Distantes del Territorio del Norte. Estos acuerdos sustituyen a las disposiciones anteriores en el marco del Acuerdo Nacional de Asociación de la Estrategia de Consolidación del Futuro en el Territorio del Norte.

60.Entre 2008 y 2014 Australia reasentó a 82.318 personas que entraron en el país por razones humanitarias. El Gobierno de Australia les brinda ayuda a través de programas como Australian Cultural Orientation (AUSCO), Humanitarian Settlement Services (HSS) y Complex Case Support (CCS) y una diversidad de actividades financiadas mediante subvenciones de instalación. Estos programas sientan la base para una colaboración a más largo plazo con proveedores de servicios en materia de educación, enseñanza del inglés y empleo. AUSCO es un programa de orientación a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones, que se ejecuta en el extranjero y está dirigido a los refugiados y titulares de visados humanitarios que se reasentarán en Australia. El programa HSS brinda las primeras ayudas a nivel práctico a los que entran por razones humanitarias, durante los primeros seis a 12 meses de su llegada. CCS ayuda a los beneficiarios que reúnen las condiciones a resolver problemas más complejos que superan el ámbito del programa HSS, por un período máximo de cinco años. Los programas Humanitarian Settlement Services y Complex Case Support son ejecutados por proveedores de servicios contratados en zonas metropolitanas y regionales, con un enfoque de gestión de casos basado en las necesidades. Las personas admitidas en el país por motivos humanitarios también pueden recabar servicios de interpretación y de traducción gratuitos, para ayudarles a acceder a otros servicios generales. Asimismo, durante sus primeros cinco años de vida en Australia, estas personas tienen acceso a servicios de subvenciones de instalación destinados a fomentar su participación social, bienestar económico y personal, independencia y conexión con la comunidad.

61.La política de asentamientos de Australia vela por que las personas que son admitidas por razones humanitarias se instalen inicialmente cerca de sus contactos existentes (familiares o amigos) en Australia y tengan acceso a proveedores de servicios con experiencia para responder a sus necesidades específicas y facilitar su acceso a otros servicios de asistencia.

62.Las personas que residen en Australia con un visado temporal de protección (TPV, por sus siglas en inglés) o con el visado de Safe Haven Enterprise (Empresa de Refugio Seguro – SHEV), introducida en 2015, no son residentes permanentes, y por lo tanto no reúnen las condiciones para el programa Humanitarian Settlement Services, ni para recibir apoyo financiado con subvenciones para servicios de instalación. Sin embargo, en virtud de las disposiciones actuales, los titulares de visados temporales de protección o de un visado SHEV tienen permiso para trabajar; acceso a Medicare y prestaciones conexas; acceso a la evaluación temprana de salud y a los servicios de intervención (incluido el asesoramiento para víctimas de tortura y trauma) y acceso a la educación para los niños en edad escolar. Asimismo, a través de Complex Case Support pueden aspirar a recibir algunas ayudas, como servicios de interpretación y traducción, pagos de seguridad social y servicios de empleo, incluidos los servicios de empleo para personas con discapacidad.

63.El Marco Nacional de Asentamientos de Australia tiene por finalidad reunir a los tres niveles de gobierno para mejorar la prestación de servicios de asentamiento, mediante una mejor coordinación y cooperación y un uso más eficaz de los recursos existentes.

Servicios para facilitar el acceso

64.El Departamento de Servicios Humanos presta servicios sociales y de salud a través de Centrelink y Medicare, así como información en varios idiomas y servicios de interpretación y traducción. Asimismo, funcionarios especializados en servicios multiculturales ayudan a las comunidades de migrantes y refugiados a conectarse con los programas y servicios del Gobierno de Australia.

65.Alrededor de 70 de estos funcionarios trabajan en todo el territorio de Australia, tanto en centros de servicios metropolitanos como regionales y rurales.

66.Para facilitar el acceso de los indígenas australianos a los servicios de Medicare, el Departamento también mantiene en cada estado y en el Territorio del Norte una red de funcionarios de enlace de Medicare, con los conocimientos y experiencia adecuados desde el punto de vista cultural. Asimismo gestiona la línea telefónica de acceso de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Australia del Sur

67.En diciembre de 2013 se aprobaron las Directrices para el Acceso Universal y la Inclusión, que ayudan a los órganos gubernamentales a evaluar si sus servicios son accesibles y sus prácticas son integradoras. El documento se centra en tres esferas principales: liderazgo y gobernanza integradores; políticas, programas y servicios integradores y fuerza de trabajo inclusiva. Las directrices se completarán con el proyecto de Directrices para acceso y equidad en una Australia del Sur multicultural.

68.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 14.

Políticas multiculturales

69.El Gobierno de Australia tiene el firme propósito de crear en Australia un entorno multicultural próspero y armonioso, y reconoce la importante contribución que los migrantes han aportado al país.

70.En virtud del enfoque del Gobierno sobre el multiculturalismo, se reconoce la importancia de que todos los ciudadanos aprendan inglés, tengan un puesto de trabajo seguro y reciban una educación de calidad. Básicamente, el enfoque de Australia consiste en un equilibrio de derechos y responsabilidades, que constituye la piedra angular de la democracia australiana. El Gobierno considera que estos pilares son fundamentales para propiciar la participación, apoyar la diversidad productiva y mantener un elevado nivel de armonía comunitaria en Australia.

71.El enfoque de Australia respecto del multiculturalismo se sustenta en diversas políticas y programas:

La Estrategia Nacional contra el Racismo define el racismo y la manera de evitarlo y atenuarlo;

A través de la Red de Funcionarios de Enlace con la Comunidad Multicultural, el Gobierno colabora con los dirigentes comunitarios y partes interesadas para seguir de cerca los puntos de vista de las comunidades multiculturales;

Se conceden subvenciones a determinadas organizaciones comunitarias para fomentar la diversidad y la cohesión social, a fin de crear conciencia, promover la comprensión, el respeto y la justicia y desarrollar un sentido de pertenencia para todos los australianos;

El 15 de diciembre de 2014 se nombró al Consejo Multicultural de Australia como entidad asesora sobre cuestiones de política y programas multiculturales durante un período de tres años.

Territorio de la Capital de Australia

72.El Gobierno del Territorio de la Capital de Australia se compromete a extraer el máximo provecho de la diversidad cultural. Su Estrategia Multicultural 2010-2013 ha sido el modelo del enfoque multicultural del Territorio. Su Marco sobre el Respeto, la Equidad y la Diversidad promueve una cultura de trabajo positiva en todos los niveles del Gobierno. La Dirección de Servicios Comunitarios recientemente dio a conocer un nuevo documento de debate sobre la política multicultural, que establece una serie de principios plasmados en adelante en la política del gobierno del Territorio. Estos principios abordan temas como derechos humanos; acceso y equidad; cuestiones relativas al envejecimiento y cuidado de las personas de edad; aceptación cultural y religiosa; política lingüística y liderazgo y gobernanza.

73.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 14.

Programa de Integración Social

74.El Programa de Integración Social de Australia fue principal programa de política del país entre 2009 y 2013. Esta iniciativa tenía como objetivo construir una Australia más sólida y justa en que todos los habitantes, independientemente de sus antecedentes culturales, idioma o religión, tuvieran las mismas oportunidades de participar, incluidos los nuevos migrantes y refugiados. En 2012 se publicó la segunda edición de How Australia is Fairing, que ofrece un parámetro de referencia para evaluar los progresos futuros, y contiene indicadores que miden, entre otras cosas, las actitudes hacia la diversidad cultural y la prevalencia de la discriminación.

75.En 2011 se presentó The People of Australia, documento que contiene la política multicultural de Australia, destinada a fortalecer la cohesión social mediante el fomento del sentimiento de pertenencia, el respeto a la diversidad y el estímulo para la adhesión a los valores australianos, la identidad y la ciudadanía dentro del marco de la legislación australiana. La política se puso a disposición del público en alemán, árabe, chino, dinka, español, francés, griego, hindi, inglés, italiano y vietnamita.

76.El Gobierno ha establecido una asociación con la Universidad de Monash para llevar a cabo un trabajo continuo de investigación sobre la cohesión social en las comunidades australianas. La Encuesta Nacional sobre el Estado de la Cohesión Social es un sondeo en línea que analiza las modalidades de participación en la sociedad australiana y los niveles de identificación, satisfacción y confianza. Esta encuesta se realiza todos los años desde 2009. Una encuesta adicional basada en la ubicación, que se apoya en investigaciones anteriores realizadas por la Universidad de Monash, analiza las actitudes de la comunidad australiana respecto de la cohesión social y evalúa su evolución en el tiempo. El Gobierno utiliza los resultados de estas encuestas para determinar las orientaciones futuras en el marco de su labor sobre las políticas de cohesión social.

Observaciones finales 15 y 26 – Reconocimiento de los pueblos indígenas y reconciliación

77.Todas las autoridades australianas tienen la firme voluntad de lograr una verdadera reconciliación con los pueblos indígenas de Australia. El Gobierno de Australia trabaja para que el reconocimiento de los australianos indígenas quede recogido en la Constitución del Commonwealth. El Gobierno sigue dialogando con las partes interesadas, en particular a través de una reunión histórica entre dirigentes aborígenes y políticos sobre la vía hacia el reconocimiento constitucional de los aborígenes.

78.La Constitución de Australia solo se puede modificar mediante un referendo. Para que prospere, el referendo debe contar con el respaldo de la mayoría de los australianos a nivel nacional y en una mayoría de estados. En general, esto requiere un apoyo sólido bipartidista, una amplia conciencia pública y una propuesta clara y de fácil comprensión. De las últimas 44 propuestas de referendo, solo ocho han sido aprobadas.

79.En el quinto aniversario de la Disculpa Nacional a los Pueblos Indígenas de Australia (13 de febrero de 2013) la Cámara Federal de Representantes aprobó por unanimidad la Ley de Reconocimiento de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, de 2013, la cual fue también fue aprobada sin oposición en el Senado en marzo de ese mismo año. La Ley entró en vigor el 28 de marzo de 2013.

80.La Ley de Reconocimiento de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres de 2013 constituye un importante avance hacia un referendo. La Ley reconoce el "lugar único y especial de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres". El 19 de marzo de 2015, la Ley se prorrogó por tres años, hasta el 28 de marzo de 2018. De este modo se asegura la continuidad del respaldo parlamentario para el reconocimiento de los pueblos originarios de Australia en la Constitución en el período previo al referendo.

81.La Ley exige que el Ministro de Asuntos Indígenas establezca un grupo de examen para evaluar si el país está preparado para convocar un referendo a fin de reconocer a los australianos aborígenes en la Constitución, y si se dan las condiciones indispensables para que prospere. Ese grupo de examen se constituyó el 27 de marzo de 2014, y presentó su informe final en el Parlamento el 19 de septiembre de 2014. Del informe se desprende que la mayoría de los australianos apoyan el reconocimiento de los aborígenes en la Constitución. El informe recomienda una serie de medidas para preparar el referendo sobre el reconocimiento constitucional de los aborígenes australianos, y está actualmente a consideración del Gobierno.

82.Reconociendo la necesidad de un compromiso a nivel parlamentario, en diciembre de 2013 se restableció la Comisión Parlamentaria Conjunta sobre el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, con el objeto de estudiar las medidas que deben tomarse para que el referendo prospere y alcanzar un consenso parlamentario multipartidista sobre el contenido y la redacción de las propuestas correspondientes. Durante 2014 y 2015, la Comisión realizó consultas públicas en toda Australia y recibió 139 comunicaciones por escrito. El informe final de la Comisión, presentado el 25 de junio de 2015, formula una serie de recomendaciones y propone diversas opciones para la modificación de la Constitución. El Gobierno de Australia analizará detenidamente el informe final.

Australia del Sur

83.El Gobierno de Australia del Sur modificó la constitución del estado para reconocer a los aborígenes en su condición de poseedores y ocupantes tradicionales de las tierras y los recursos hídricos del estado, y encomendó a todos los órganos del gobierno estatal que elaboraran planes de acción para la reconciliación.

84.Para asegurar que las personas aborígenes puedan ejercer un control efectivo sobre sus propios asuntos, el Gobierno también:

Estableció el Consejo Consultivo Aborigen de Australia del Sur, para ofrecer asesoramiento de alto nivel al Gobierno;

Estableció la Oficina del Comisionado para la Participación de los Aborígenes, como una voz independiente de la comunidad aborigen en el Gobierno;

Asumió el compromiso de elaborar una política de Autoridades Regionales Aborígenes, que afiance los puntos fuertes de la comunidad aborigen a fin de que participe de forma más efectiva en la adopción de decisiones (la aplicación de la política de las Autoridades Regionales Aborígenes está prevista en 2015);

Asumió el compromiso de apoyar a las tres autoridades estatales que rigen la tenencia de tierras aborígenes, y que poseen en conjunto más del 20% de las tierras de Australia del Sur en beneficio de los aborígenes, y

Asumió el compromiso de redactar una legislación que reconozca las estructuras de gobierno de las naciones aborígenes basadas en la libre determinación y la autoridad cultural excepcional de esas naciones. Esta legislación establecerá los principios rectores para la cooperación y permitirá la negociación de acuerdos entre el Gobierno y los grupos aborígenes.

85.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en las observaciones finales 15 y 26.

86.Como complemento de estas medidas el movimiento RECOGNISE, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Australia, ayuda a sensibilizar a las comunidades y obtener su apoyo para el reconocimiento constitucional.

Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia

87.Entre los períodos de 2009-2010 y 2016-2017, el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia recibirá 29,3 millones de dólares australianos en apoyo de su establecimiento y sus actividades.

88.En abril de 2010, el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia fue constituido como sociedad de responsabilidad limitada. Es de propiedad y está sujeta al control de sus miembros, y es independiente del Gobierno. El Congreso Nacional celebra reuniones generales cada año, desde junio de 2011. A finales de 2014, contaba con 8.206 miembros individuales y 181 miembros colectivos.

89.Atendiendo a la recomendación de la Comisión de Auditoría, el Gobierno de Australia no materializó la financiación adicional para el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, prevista en el último presupuesto del Gobierno anterior (2013-2014). El Gobierno mantendrá su sistema de consultas con los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres mediante diversos mecanismos.

Generaciones robadas

90.El Gobierno de Australia está resuelto a apoyar el proceso de desagravio y ayudar a las "generaciones robadas" a rastrear y localizar a sus familiares y a reunirse con ellos. En el momento de su Disculpa Nacional, el Gobierno aclaró que no se pagaría ninguna indemnización.

91.El Gobierno de Australia financia la Fundación para el Desagravio de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, destinada a ayudar a superar el dolor, las pérdidas y el trauma intergeneracional experimentados por los pueblos indígenas a raíz de las políticas de gobiernos anteriores.

92.En abril de 2012 se estableció el Comité Consultivo de las Generaciones Robadas con la tarea de orientar el trabajo de la Fundación. Los proyectos financiados por esta contribuyen a prevenir los suicidios y a mejorar la salud mental de personas y comunidades mediante servicios para la superación de los agravios, la educación comunitaria sobre los efectos del trauma y la gestión eficaz del dolor y la pérdida, y la creación de un equipo de profesionales para ayudar a las comunidades indígenas a reaccionar mejor ante esos sufrimientos.

93.Entre 2011 y 2014 se prestó apoyo financiero por valor de 54,4 millones de dólares australianos en favor de la iniciativa para las Generaciones Robadas, mediante:

Servicios de conexión (Link Up Services) para la localización y reunificación de familias, y asesoramiento a los miembros de las Generaciones Robadas y formación y apoyo al personal de estos servicios, a cargo de la Dependencia de Historia Familiar del Instituto Australiano de Estudios sobre los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres;

Una red de funcionarios especializados en orientación social y apoyo emocional que opera en el marco de los servicios de salud controlados por las comunidades aborígenes en toda Australia.

94.El Gobierno de Australia también ha financiado la recopilación y conservación de algunos registros de las personas que fueron separadas de sus familias, y ha aportado 100.000 dólares australianos a la Biblioteca Nacional de Australia, para facilitar al público el acceso a los registros de tradición oral. Asimismo el Gobierno ha financiado la creación de una página web accesible al público, en que 50 miembros de las Generaciones Robadas comparten sus historias y testimonios.

Observación final 16 y observaciones complementarias – Respuesta de Emergencia en el Territorio del Norte y gestión de los ingresos

95.Además de la información contenida en documento CERD/C/AUS/CO/15-17/Add.1, se proporciona al Comité la siguiente información adicional. Asimismo se remite al Comité al quinto informe periódico presentado por el Gobierno de Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y específicamente, a la observación final 15 (Respuesta de Intervención en el Territorio del Norte).

96.La Ley de Respuesta de Emergencia en el Territorio del Norte, de 2007, dejó de tener vigencia y fue derogada cuando se puso en marcha la iniciativa legislativa Stronger Futures in the Northern Territory, 2012 (Un Futuro más Sólido en el Territorio del Norte, 2012). El conjunto de legislación de Stronger Futures está integrado por tres leyes:

La Ley de Modificación de la Legislación relativa a la Seguridad Social, de 2012;

La Ley para un Futuro más Sólido en el Territorio del Norte, de 2012;

La Ley para un Futuro más Sólido en el Territorio del Norte (Disposiciones conexas y de transición), de 2012.

97.La legislación replanteó eficazmente las medidas previstas en la Respuesta de Emergencia para el Territorio del Norte, ya sea como medidas especiales o medidas no discriminatorias en virtud de la Ley contra la Discriminación Racial de 1975 (Commonwealth). Todos los elementos que componen la legislación de Stronger Futures se ajustan a esta Ley.

98.La Iniciativa para un Futuro más Sólido se elaboró tras intensas consultas con las comunidades aborígenes sobre las cuestiones que les interesan especialmente. El objeto es invertir en programas y servicios cruciales para superar la situación de desventaja de los indígenas y ofrecer más seguridad a las comunidades, en ámbitos como la salud, la educación, la vivienda y la policía.

99.El informe semestral sobre los avances de la Iniciativa para un Futuro más Sólido en el Territorio del Norte, publicado en mayo de 2014, que abarca el período del 1 de enero al 30 de junio de 2013, mostró que a pesar de la inversión, la situación ha mejorado escasamente. En el presupuesto 2014-2015 se anunció la revisión de la Iniciativa, en colaboración con el Territorio del Norte.

100.En el presupuesto para el período 2015-2016 se indicó que el Acuerdo de Asociación Nacional para un Futuro más Sólido sería reemplazado con un nuevo Acuerdo sobre Inversiones para las ComunidadesAborígenesDistantes del Territorio del Norte. El nuevo acuerdo retiene la orientación general de los resultados del acuerdo precedente y seguirá siendo sustentado por el conjunto de leyes vigentes.

Gestión de los ingresos

101.La gestión de los ingresos es una herramienta que se aplica de forma no discriminatoria, para ayudar a la población a administrar mejor sus presupuestos para pagar las prestaciones sociales y asegurar que puedan satisfacer sus necesidades básicas vitales, como alimentación, vivienda, electricidad y educación. El Departamento de Servicios Sociales aplica esa gestión en varias zonas de Australia, como:

Nueva Gales del Sur (Bankstown);

La totalidad del Territorio del Norte;

Queensland (Logan, Rockhampton, Livingstone, Cape York);

Australia del Sur (Tierras de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, región de Ceduna, Playford);

Victoria (Gran Shepparton);

Australia Occidental (área metropolitana de Perth, Peel, tierras de Kimberley Ngaanyatjarra, LavertonShire, Comunidad de Kiwirrkirra).

102.Varias evaluaciones recientes ponen de relieve las ventajas de la gestión de ingresos:

Algunas evaluaciones recientes indicaron que la gestión de los ingresos ayudó a estabilizar las pautas de gasto de las personas con graves dificultades financieras, incluso mediante una disminución significativa del consumo de alcohol y tabaco, con mejoras en el bienestar de los hijos y una menor proporción de personas que se quedan sin dinero antes de día de pago, con la consiguiente mayor seguridad para esas personas y una vida mejor para sí y para sus hijos. Los métodos de gestión voluntaria del ingreso, centrados en la protección de los hijos y evaluados por asistentes sociales, parecen producir los resultados más positivos, especialmente porque crean en los consumidores una mayor conciencia de control de sus finanzas y, en algunos casos, reducen los daños al mínimo y estabilizan las situaciones de crisis.

Se han observado múltiples indicios de que la gestión voluntaria del ingreso ha tenido un impacto positivo al contribuir a reducir el gasto en tabaco y alcohol entre los participantes en el programa. Por ejemplo, los resultados de la Evaluación provisional de la gestión del ingreso basada en el lugar mostró que las personas participantes en el programa consumieron por mes el equivalente a 26,6 bebidas menos que las que indica la cifra de referencia.

La nueva Evaluación de la gestión del ingreso concluyó que aproximadamente el 70% de las personas de origen indígena estaba "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en que la gestión del ingreso les había ayudado a mejorar su situación.

Una evaluación de la gestión voluntaria del ingreso en las tierras de Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara ha mostrado que, según algunos de los encuestados, esa gestión ayudó a los grupos vulnerables, en particular las mujeres, a atenuar el acoso financiero de los parientes y ejercer un mayor control de su propio dinero.

Un examen de la gestión del ingreso centrada en la protección de los hijos indicó que, en algunos casos la gestión del ingreso, al ayudar a estabilizar sus finanzas y disponer así de los medios y la capacidad para conseguir otra vivienda, permitió a algunos participantes emanciparse de una relación en la que eran objeto de malos tratos. El examen mostró asimismo que en la región de Kimberley, en que se aplicaba este sistema de gestión, se registró una reducción perceptible de los casos de violencia relacionada con el alcohol.

103.El 26 de agosto de 2014 la Comisión Parlamentaria Conjunta de Derechos Humanos publicó su décimo informe, que incluyó un examen de la compatibilidad de la decisión adoptada en Ceduna y la región circundante con las obligaciones de derechos humanos. La Comisión considera que las medidas relativas a la gestión del ingreso adoptadas en Ceduna y la región circundante podrían limitar una serie de derechos humanos, como los derechos a la equidad y a la no discriminación y el derecho a la seguridad social. El Departamento de Servicios Sociales ha respondido al informe demostrando que la gestión del ingreso persigue un objetivo legítimo y es razonable y proporcionada.

Observación final 17 – Reservas al artículo 4 a), carencia de legislación que prohíba la apología del odio racial en el Territorio del Norte; información sobre las denuncias, los juicios y las condenas por actos de odio racial o incitación al odio racial en los estados y territorios cuya legislación tipifica esos delitos

104.Australia cuenta con una larga tradición de respeto a la libertad de expresión y considera que sus leyes vigentes en relación con el odio y el vilipendio racial son adecuadas. En consecuencia, Australia no ha previsto introducir nueva legislación para reforzar la aplicación del artículo 4 a), ni tiene intención de retirar su reserva a este artículo.

105.A nivel federal, la Ley contra la Discriminación Racial de 1975 (Commonwealth) contiene una prohibición civil del odio racial. En virtud de esa Ley, la Comisión de Derechos Humanos de Australia dispone de atribuciones en materia de conciliación en las denuncias de odio racial. Si la conciliación no prospera, el demandante puede iniciar procedimientos judiciales en el Tribunal Federal de Australia o en el Tribunal de Distrito Federal. En las denuncias de discriminación racial la Comisión no publica datos desglosados sobre el género o la religión del demandante.

106.El informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de Australia detalla todas las denuncias que recibe. En el período2013-2014, la Comisión recibió 2.223 denuncias, de las cuales 380 (17%) se presentaron al amparo de la Ley contra la Discriminación Racial. La Comisión logró una conciliación en el 71% de las denuncias recibidas en virtud de esta Ley.

107.En virtud de la Ley del Código Penal del Commonwealth de 1995, constituye un delito instigar a la violencia contra un grupo que se distinga por su raza, religión, nacionalidad, origen nacional o étnico u opiniones políticas. En 2010 Australia aprobó una legislación federal por la que se tipifica como delito la incitación al uso de la fuerza o de la violencia hacia un grupo (o miembro de un grupo) por motivos de raza, religión, origen nacional o étnico u opiniones políticas.

108.Dentro de la estructura de los Códigos de Delitos de Australia y Nueva Zelandia no figuran códigos específicos para los delitos motivados por el odio, con excepción del delito 1333, Vilipendio racial.

109.Todos los estados y territorios, con la excepción del Territorio del Norte, han promulgado leyes que establecen prohibiciones penales o civiles específicas contra el odio racial.

110.En la mayoría de las jurisdicciones no existe el requisito de que las víctimas de un delito información deban informar sobre su nacionalidad, raza, origen étnico u ocupación. Algunas jurisdicciones pueden incluir estos factores en los sistemas de registro de delitos, pero esos datos no son obligatorios.

Queensland

111.Desde 2001 la Ley contra la Discriminación de 1991 (Queensland) incluye el delito de vilipendio racial grave. El artículo 131A prohíbe que en un acto público una persona, a sabiendas o de forma imprudente, incite al odio, o muestre desprecio o ridiculice gravemente a una persona o un grupo de personas por motivos de raza o religión, de una manera que suponga una amenaza o incitación a la amenaza de violencia física contra una persona o grupos de personas o contra sus bienes. Este delito está penado con una multa de hasta 7.969,50 dólares australianos o seis meses de prisión (en caso de un individuo) o 39.847,50 dólares australianos (en caso de una persona jurídica). En Queensland no ha habido procedimientos penales por vilipendio racial grave.

112.Véanse en el anexo 1 más ejemplo de los estados y los territorios abarcados en la observación final 17.

Observación final 18 – Reformas legislativas a la Ley de Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes, de 1993 (Commonwealth), carga de la prueba y mecanismos de consulta efectiva con los pueblos indígenas

113.Se remite el Comité al quinto informe periódico del Gobierno de Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente a la observación final 32 (Reforma del sistema de concesión de títulos de propiedad a los aborígenes).

114.Las cifras del Tribunal Nacional sobre Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes muestran que, al 30 de septiembre de 2014, el 26,1% de la tierra en Australia estaba sujeta a una decisión sobre el reconocimiento de un título de propiedad de los aborígenes. Ello se suma a las tierras que están en posesión de los indígenas en virtud de la legislación del Commonwealth, los estados y los territorios relativa a los derechos sobre las tierras. Se continúa trabajando actualmente a fin de mejorar los procesos para la resolución de las reclamaciones.

115.El sistema de concesión de títulos de propiedad a los aborígenes ha evolucionado desde que se estableció en 1993 y, tras las reformas en el Tribunal Federal y el Tribunal Nacional de Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes, en 2012 y 2009, se han registrado aumentos significativos en el número de decisiones adoptadas cada año al respecto. Por ejemplo, en el período 2013-2014, el Tribunal Federal adoptó 65 decisiones sobre la concesión de títulos, lo que constituye el número más elevado hasta la fecha en un año fiscal y un aumento significativo respecto a las 33 decisiones adoptadas entre 2012 y 2013, las 36 adoptadas entre 2011 y 2012 y las 29 adoptadas entre 2010 y 2011. En cambio, el Tribunal Federal adoptó diez decisiones entre 2009 y 2010, y un promedio de menos de diez por año desde la primera decisión tomada en el período 1996-1997 y en el principio de las reformas de 2009. La mayoría de las decisiones del Tribunal Federal fueron aprobadas sin oposición o de común acuerdo entre las partes.

116.Como resultado del aumento del número de decisiones adoptadas cada año, al 30 de junio de 2014 el Tribunal Nacional sobre Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes había registrado 410 solicitudes de reclamación de esos títulos; esta cifra es la más baja desde finales del período 1994-1995. Al 30 de junio de 2014 se habían adoptado 238 decisiones favorables al respecto.

Modificación del sistema de concesión de títulos de propiedad a los aborígenes

117.La Ley de Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes de 1993 (Commonwealth) sigue atendiendo a las necesidades de los interesados a través de reformas gubernamentales basadas en consultas con los gobiernos estatales y territoriales, los interesados pertenecientes a comunidades indígenas, en particular los órganos de representación de los aborígenes, los proveedores de servicio y las entidades jurídicas especializados en esta materia y representantes empresariales y de la industria. En virtud de la Ley de Reforma de la citada Ley, de 2009, se confirió al Tribunal Federal de Australia un papel central en la gestión por mediación de las reclamaciones de esos títulos de propiedad, al suprimir la remisión automática de la mediación al Tribunal Nacional y requerir que el Tribunal designe al individuo u organismo mediador en cada reclamación. El Tribunal Federal de Australia ha establecido una lista de prioridades para gestionar el volumen de casos relativos a títulos de propiedad de los aborígenes. Desde el 1 de julio de 2010 (hasta el final del período que abarca el presente informe) se han adoptado 175 decisiones, es decir, más de la mitad del total (309) de las adoptadas desde la introducción de la Ley en 1993.

118.En 2012 el Gobierno puso en marcha una serie de reformas a fin de alinear y distribuir mejor las funciones entre el Tribunal Federal de Australia y el Tribunal Nacional sobre Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes, y agilizar la resolución de las reclamaciones. De las 65 decisiones al respecto adoptadas por el Tribunal Federal en el período 2013-2014, 55 se alcanzaron por aquiescencia de los interesados.

119.Al 30 de junio de 2014, había 410 solicitudes de títulos de propiedad registradas en el Tribunal Nacional. Esta cifra es la más baja desde finales del período 1994-1995 (durante este período el número de solicitudes registradas se redujo en más de un tercio). Las decisiones adoptadas por aquiescencia han seguido en aumento, lo que indica que las recientes reformas están contribuyendo a agilizar el logro de resultados negociados.

Australia del Sur

120.El proceso de reconocimiento de los títulos de propiedad de los aborígenes a nivel del estado ha sentado una base para la cooperación en dicho ámbito. Dicho proceso ha dado a los grupos que reclaman títulos la ocasión de abordar el tema de los derechos de acceso a la tierra con el Gobierno y los propietarios de tierras, y de ejercer sus derechos sobre las tierras ancestrales. Hasta la fecha, aproximadamente el 73% del territorio de Australia del Sur está sujeto a reclamaciones de títulos de propiedad aborígenes y en espera de decisiones al respecto. En todo el estado se han negociado alrededor de 88 acuerdos relativos al uso de tierras aborígenes, sobre temas como el pastoreo, el gobierno local, el acceso a la tierra, cuestiones de minería e infraestructura, y se han resuelto 23 de las 44 reclamaciones presentadas en relación con títulos de propiedad.

121.La Ley del Patrimonio de los Aborígenes de 1988 (Australia del Sur) prevé asimismo la posibilidad de consultar a las poblaciones aborígenes sobre la protección de las áreas de importancia cultural, así como objetos y restos aborígenes. En virtud de la citada Ley, se han delegado algunos poderes ministeriales a los poseedores tradicionales en cuatro zonas del estado, lo que ha aumentado considerablemente su poder de decisión en materia de protección del patrimonio aborigen.

122.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en las observación final 18.

Carga de la prueba

123.El Gobierno toma nota de la preocupación expresada por el Comité en el párrafo 18 de las observaciones finales sobre los requisitos en materia de prueba exigidos para justificar la relación entre los pueblos indígenas y sus tierras ancestrales; en la Ley de Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes de 1993 (Commonwealth) esta relación se denomina "conexión". La Ley no prevé una norma expresa para demostrar la conexión entre los pueblos aborígenes y sus tierras ancestrales. La norma sobre la carga de prueba se ha desarrollado a través de la jurisprudencia.

124.El 4 de junio de 2015, la Comisión de Reforma Legislativa de Australia dio a conocer su informe Connection to Country: Review of the Native Title Act 1993 (Commonwealth). El informe examina los requisitos que la Ley de Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes impone a los reclamantes de estos títulos para demostrar su conexión con la tierra o las aguas, y las disposiciones de la Ley para contactar a las partes en las reclamaciones y autorizar tales reclamaciones. En cuanto a la conexión, la Comisión recomienda que se retiren los elementos técnicos y complejos exigidos para probar el título de propiedad aborigen y que se aclare que los derechos de propiedad y otros intereses de los aborígenes pueden adaptarse, evolucionar o transferirse entre grupos aborígenes. Asimismo la Comisión recomienda que se brinde orientación al Tribunal Federal sobre las conclusiones que pueden inferirse de la prueba del título de propiedad aborigen. El informe se examinará en el contexto de la Investigación del Consejo de Gobiernos de Australia sobre administración y uso de tierras aborígenes.

Mecanismos de consulta efectiva con los pueblos indígenas

125.El 25 de septiembre de 2013 se anunció la creación del Consejo Asesor en Asuntos Indígenas del Primer Ministro. El Consejo es un grupo no representativo, formado por miembros nombrados directamente, que asesora al Primer Ministro sobre temas indígenas y se centra en los cambios prácticos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población de aborígenes. Se encarga de dialogar con las comunidades indígenas, en particular los órganos existentes de promoción de los indígenas, a fin de asegurar que el Gobierno pueda conocer los diferentes puntos de vista.

126.Asimismo el Gobierno de Australia financia una red de proveedores de servicios en todo el territorio de Australia para ayudar a los indígenas a que se les reconozcan sus derechos de propiedad sobre tierras ancestrales, y a tomar disposiciones sobre el uso que prevén dar a esas tierras.

127.Tras la decisión de concesión de los títulos de propiedad aborígenes, la situación plantea a las jurisdicciones nuevos retos, como asegurar que los órganos competentes den a los titulares de dichas tierras los medios para aprovechar óptimamente sus activos con el fin de crear riqueza y fomentar el desarrollo económico dentro de la economía general. El Gobierno trabaja de varias maneras para hacer frente a tales desafíos.

128.Los intereses del grupo aborigen titular de la propiedad están representados por entidades jurídicas fijadas por la Ley. En 2011, tras extensas consultas públicas, el Gobierno modificó los Reglamentos de los Títulos de Propiedad Aborígenes de 1999 para ampliar la flexibilidad y la certidumbre del régimen de gobernanza de esas entidades, de manera que los titulares aborígenes puedan utilizar y disfrutar al máximo de sus derechos y participar de forma significativa en la gestión de la tierra.

129.El Gobierno de Australia y los Ministros de los estados y territorios competentes en la cuestión de los títulos de propiedad aborígenes se reunieron en agosto de 2014 para renovar y reactivar el debate sobre el funcionamiento de la Ley de Concesión de Títulos de Propiedad a los Aborígenes, de 1993 (Commonwealth). Los Ministros se comprometieron a trabajar conjuntamente para mejorar los efectos sociales, culturales y económicos derivados del reconocimiento de la propiedad entre las poblaciones aborígenes, los propietarios de tierras y las comunidades.

130.Los gobiernos del estado y de los territorios también trabajan a fin de reforzar los mecanismos de consulta con los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Territorio del Norte

131.El Gobierno del Territorio del Norte, en cooperación con el Gobierno de Australia y la Asociación de Gobiernos Locales del Territorio del Norte, está fomentando las posibilidades de colaboración mediante el Proyecto de Desarrollo de la Gobernanza y el Liderazgo. Inicialmente, el proyecto se ejecuta específicamente en favor de cinco comunidades distantes, a través de actividades como:

Desarrollar aptitudes para lograr un diálogo efectivo con el Gobierno;

Mejorar de la capacidad de gobernanza y liderazgo de los individuos y grupos comunitarios responsables de la adopción de decisiones, de conformidad con los acuerdos de asociación nacional;

Fomentar la capacidad local para participar en la planificación y prestación de servicios, y

Ayudar a comités y grupos comunitarios a elaborar y aplicar procedimientos operativos y estrategias que racionalicen el proceso de adopción de decisiones.

132.En el marco de la Iniciativa del Programa de Defensores de la Comunidad, los Ministros asumen la responsabilidad especial de conseguir que algunas comunidades distantes específicas establezcan vínculos directos con el Consejo de Ministros, en su calidad de defensor de la comunidad. Los Ministros han examinado con las comunidades una serie de temas, con especial hincapié en la comprensión y el apoyo a sus aspiraciones de desarrollo económico.

133.Se han introducido nuevos programas destinados a mejorar la colaboración con las comunidades y los residentes indígenas, que incluyen las siguientes iniciativas:

134.Círculos de líderes, programa centrado en fomentar la participación de futuros dirigentes indígenas de todo el territorio, a fin de atraer nuevas voces al diálogo y desarrollar sus conocimientos y aptitudes.

135.Consejo Asesor para Hombres Indígenas, creado para prestar asesoramiento, orientar la política y generar resultados para los indígenas varones del Territorio. El Consejo se centra en:

Aplicar estrategias de liderazgo y participación positiva que refuercen la cohesión social, la integridad cultural, la salud del hombre y el bienestar social y emocional;

Afianzar la seguridad de las mujeres, los niños y las familias del Territorio, a través de medidas de prevención que los hombres pueden aportar al problema de la violencia familiar, que sean apropiadas desde el punto de vista cultural y específicas para el contexto;

Promover la facilitación, la participación, la consulta y el asesoramiento en materia de política y la presentación de informes sobre cuestiones relativas a los hombres indígenas en el Territorio del Norte;

Destacar la importancia de nutrir el acervo social y cultural de las comunidades indígenas a fin de fortalecer los valores sociales, la cohesión social y el liderazgo.

136.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 18.

Observación final 19 – Prestación de asistencia jurídica y capacitación al personal de las fuerzas del orden y de las profesiones jurídicas para la prestación de servicios jurídicos y de interpretación a los indígenas, que sean adecuados en el marco del sistema de justicia penal

Servicios jurídicos y de interpretación para los indígenas

137.Australia ofrece diversas formas de financiación para asistencia jurídica, en particular el Programa de Asistencia Jurídica para Indígenas, que brinda un apoyo jurídico adecuado y accesible a los indígenas australianos en todo el país. En los períodos 2010-2011 y 2013-2014, el Gobierno de Australia aportó aproximadamente 275 millones de dólares australianos para asistencia jurídica indígena, y está prevista otra inversión de 350 millones de dólares australianos en los próximos cinco años. El Gobierno también financia centros comunitarios de apoyo jurídico, que ofrecen información, asesoramiento y asistencia jurídica a las personas desfavorecidas, en especial a los pueblos indígenas.

138.En cada estado y territorio funciona una comisión de asistencia jurídica. Se trata de órganos independientes creados por ley y financiados conjuntamente por el Gobierno de Australia y los gobiernos estatales y territoriales. Estas comisiones ofrecen una amplia diversidad de servicios jurídicos en los ámbitos del derecho de familia, el derecho civil y el derecho penal, centrados particularmente en ayudar a las personas desfavorecidas y vulnerables.

139.Si bien del Gobierno de Australia dedica a esas comisiones de asistencia jurídica una mayor financiación que a la asistencia jurídica indígena, es cierto que el porcentaje de beneficiarios de los servicios de las primeras es también mayor que el de los proveedores de asistencia jurídica indígena. La financiación que reciben estos últimos se reserva exclusivamente para la atención de aborígenes australianos. En cambio, las comisiones de asistencia jurídica también prestan asistencia a clientes indígenas.

140.La financiación que el Gobierno de Australia destina a la asistencia jurídica se determina en el proceso de preparación del presupuesto federal. Los fondos disponibles para programas se distribuyen a través de modelos de asignación de fondos, que aportan una base objetiva para distribuir la financiación disponible del Commonwealth entre las distintas jurisdicciones, como sustento de la igualdad de acceso a los servicios en toda Australia.

141.En el marco del Acuerdo de Asociación Nacional, un examen independiente de todos los programas de asistencia jurídica que financia el Gobierno de Australia, se determinó que en general los proveedores de servicios de asistencia jurídica funcionan correctamente, y prestan los servicios apropiados para atender a las necesidades de los australianos desfavorecidos en ese aspecto. La Comisión de Productividad llevó a cabo un estudio sobre el acceso a las facilidades en la administración de justicia, cuyos resultados fueron incluidos en un informe publicado en diciembre de 2014. En el informe, titulado The Productivity Commission Inquiry Report into Access to Justice Arrangements, se examinaron específicamente los servicios de asistencia jurídica en general y los servicios de asistencia jurídica para indígenas. En ambos casos se concluyó que persiste un nivel considerable de servicios jurídicos no atendidos.

142.La Comisión de Productividad reafirmó la necesidad de establecer servicios jurídicos específicamente para los indígenas, y determinó también que los gobiernos estatales y territoriales deberían contribuir a su financiación, teniendo en cuenta que las leyes de los estados repercutían en la prestación de servicios. Las conclusiones de ambos estudios aportaron al Gobierno elementos para el examen de las nuevas disposiciones de financiación de la asistencia jurídica a partir del 1 de julio de 2015, en particular, la anulación de las medidas de ahorro anunciadas previamente.

143.Asimismo, el Gobierno de Australia financia servicios jurídicos para la prevención de la violencia en el hogar, que tienen en cuenta las distintas sensibilidades culturales y brindan asistencia a las víctimas indígenas de la violencia familiar o las agresiones sexuales. En este sentido se financian las actividades de 14 proveedores, que ofrecen servicios en 31 localidades de todo el país. La financiación de los servicios se mantendrá en los niveles actuales en el período 2015-2016.

144.El Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y territorios brindan asistencia jurídica especializada y servicios de interpretación. Por ejemplo, a nivel del Commonwealth y del Territorio del Norte se prestan servicios de interpretación y de asistencia jurídica y comunitaria a la población indígena. Los gobiernos estatales y territoriales también ofrecen a los tribunales, los miembros de la profesión jurídica y las personas que comparecen ante los tribunales los recursos pertinentes para abordar las cuestiones judiciales que afectan a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Australia Occidental

145.El Programa de Enlace con la Población Aborigen, del Departamento de la Fiscalía General, apunta a mejorar el acceso de los aborígenes a todos los servicios que prestan los tribunales y promover su uso y la confianza en los mismos. De esta manera se está reduciendo la proporción excesiva de aborígenes que comparecen por delitos en el sistema de justicia penal. Actualmente, hay siete cargos de funcionarios de enlace con las poblaciones aborígenes. Como parte del programa, se ha preparado material pedagógico para la comunidad, fácil de transportar, para ayudar a esos funcionarios cuando imparten sesiones educativas sobre los procesos y servicios de los tribunales en las comunidades regionales y en zonas distantes. Este material utiliza un lenguaje sencillo y dibujos para explicar diferentes situaciones en que podrían hallarse las personas aborígenes.

146.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 19.

Derechos humanos y sensibilización sobre la diversidad cultural

147.El Gobierno de Australia ha puesto a disposición del público una serie de materiales educativos sobre los derechos humanos con el objetivo de:

Ayudar a los funcionarios del sector público a comprender sus obligaciones en materia de derechos humanos;

Fomentar la capacidad de los funcionarios que trabajan en los ámbitos jurídico y normativo para prestar servicios y elaborar políticas, programas y leyes compatibles con los derechos humanos;

Ofrecer orientación sobre los derechos humanos y las consideraciones pertinentes a los responsables de adoptar decisiones administrativas.

148.En todas las jurisdicciones se dictan cursos de sensibilización sobre la lucha contra la discriminación y las diferencias culturales, destinados a los agentes del orden.

149.La Policía Federal de Australia imparte una capacitación sobre la lucha contra la discriminación y la concienciación de las diferencias culturales a todo el personal recientemente contratado que asume sus funciones. Todos los oficiales jurados reciben formación sobre temas como la diversidad, concienciación intercultural, legislación en materia de derechos humanos y valores de la Policía Federal de Australia, que cubren la legislación y la política de lucha contra el racismo. Asimismo, en los cursos de formación sobre la trata de personas y lucha contra el terrorismo se han integrado temas como la diversidad religiosa y cultural, la concienciación intercultural y la legislación en materia de derechos humanos. Actualmente se está revisando el Programa de Desarrollo de la Policía Federal, destinado también a los reclutas de la policía del Territorio de la Capital de Australia, en relación con la formación para sensibilizar sobre cuestiones culturales.

Queensland

150.El Organismo encargado de Asuntos de Seguridad Pública de Queensland y el Servicio de Policía de Queensland fomentan los conocimientos de las culturas entre los miembros de ese Servicio, a fin de reforzar la confianza de la comunidad en la ley y el orden público en el estado. Por ejemplo, el Servicio de Policía ofrece los programas de capacitación en línea que se indican más adelante.

151.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados por la observación final 19.

Observación final 20 – Tasas de reclusión de personas indígenas y prestación de servicios de salud adecuados; estudio de los factores sociales y económicos subyacentes en la relación de los indígenas con el sistema de justicia penal

152.Se remite al Comité al quinto informe periódico del Gobierno de Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, concretamente a la observación final 29 (Servicios de salud en la prisión).

Derecho y justicia

153.Una de las tres prioridades del Gobierno de Australia en materia de asuntos indígenas es velar por la aplicación efectiva de la ley para garantizar la seguridad en las comunidades indígenas. El Gobierno desea reforzar la seguridad de esas comunidades, a fin de que sus integrantes puedan ganarse la vida y criar familias sanas. Asimismo, las comunidades seguras y estables estimulan las inversiones para mejorar en otros ámbitos, como la educación y el empleo.

154.El Gobierno de Australia se centra en abordar los factores subyacentes que llevan a las personas indígenas a comparecer por delitos ante el sistema de justicia penal. Todo indica que los principales factores son los malos resultados en la educación y el empleo. En consecuencia, para abordar esta situación el Gobierno se ha fijado como prioridad aumentar las tasas de escolarización y de empleo entre las poblaciones indígenas.

155.Las estadísticas ponen de manifiesto condiciones de poca seguridad en la comunidad, tasas elevadas de reclusión, penas de prisión de corta duración y mayores casos de reincidencia entre los aborígenes australianos.

Hay una proporción excesiva de australianos indígenas que comparecen por delitos ante el sistema de justicia del país, y esa comunidad tiene actualmente 13 veces más probabilidades de ingresar en prisión que los no indígenas.

En el período 2013-2014, la proporción típica de australianos indígenas que ingresaron en prisión, por edades, fue de 1.857,2 por cada 100.000 adultos indígenas, en comparación con 144 por cada 100.000 australianos no indígenas.

Al 30 de junio de 2014 los indígenas adultos, que representan solo el 3% de la población general, constituían más de una cuarta parte (27%) de la población de reclusos (Oficina de Estadística de Australia, Reclusos in Australia, 2014).

La tasa típica de ingreso en prisión de personas indígenas, por edades, ha aumentado en un 39,9% en los últimos diez años.

Si bien el número de mujeres indígenas reclusas sigue siendo relativamente pequeño (906), éstas representan la población carcelaria que crece con más rapidez.

En el período 2013-2014, los jóvenes indígenas de 10 a17 años de edad tenían 24 probabilidades más de estar detenidos que los jóvenes no indígenas. Esas probabilidades aumentaron de 21 a 24 en los cinco años que preceden al período 2013-2014. Al mismo tiempo que las tasas de los jóvenes menores sujetos a supervisión han disminuido en los últimos cinco años, esa disminución fue proporcionalmente más acentuada entre los jóvenes no indígenas que entre los jóvenes indígenas.

156.En virtud de la Estrategia para el Avance de los Pueblos Indígenas el Gobierno de Australia financia una serie de medidas para abordar los factores que llevan a personas indígenas a comparecer por delitos ante el sistema de justicia penal. Estas incluyen actividades para aumentar las tasas de escolarización y de empleo, y para combatir el consumo abusivo de alcohol. El Programa de Seguridad y Bienestar de la Estrategia se centra en actividades que apuntan al bienestar y la seguridad de la comunidad, en particular la prevención de la violencia familiar, la lucha contra el consumo abusivo de alcohol y otras sustancias, la reducción de los delitos y el apoyo a sus víctimas.

157.El presupuesto para el período 2014-2015 se centra en las prioridades que apuntan a mejorar la seguridad de la comunidad, en particular:

Invertir en infraestructura que permita una presencia permanente de las fuerzas del orden en algunas comunidades indígenas distantes;

Continuar la financiación de la iniciativa de oficiales de policía para fomentar la participación de la comunidad del Territorio del Norte;

Continuar la financiación para fomentar la participación de la Policía Federal de Australia en el Grupo de Tareas sobre el Maltrato Infantil en el Territorio del Norte.

158.De conformidad con las medidas de la Iniciativa para un Futuro Más Sólido en el Territorio del Norte, el Gobierno de Australia financia servicios de policía, unidades especializadas e infraestructura policial en zonas apartadas. Asimismo financia el servicio de intérpretes aborígenes del Territorio del Norte a fin de ayudar a los aborígenes australianos en su interacción con el sistema de justicia y el acceso a los servicios básicos de la comunidad.

159.En el presupuesto correspondiente a 2014-2015, el Gobierno de Australia asignó 54,1 millones de dólares australianos, distribuidos en un período de cuatro años, para apoyar los servicios de policía en algunas comunidades indígenas distantes en Queensland, Australia Occidental y Australia del Sur.

160.El Marco Nacional sobre Derecho y Justicia para los Aborígenes, 2009-2015, elaborado por el Comité Permanente de Fiscales Generales, sirvió de sustento a un enfoque nacional para abordar las complejas cuestiones relacionadas con la interacción entre los pueblos aborígenes e isleños y los sistemas de justicia en Australia. El Marco no impone estrategias ni medidas que los gobiernos o los proveedores de servicios deban adoptar imperativamente, sino que transmite a las jurisdicciones una orientación de buenas prácticas que podrían adoptarse, según sus prioridades y recursos.

161.El Gobierno de Australia está empeñado en mejorar la vida de los aborígenes australianos, mediante el refuerzo de la seguridad y la aplicación la ley vigente del país en las comunidades indígenas. Se hacen esfuerzos para mejorar la situación en estas comunidades en el marco de la Estrategia para el Avance de los Pueblos Indígenas, con especial hincapié en medidas prácticas que tengan una verdadera repercusión sobre el terreno.

Victoria

162.El Acuerdo sobre Justicia para los Aborígenes, suscrito entre el Gobierno de Victoria y la comunidad koori, tiene como objeto mejorar la situación de la comunidad koori en la administración de justicia y reducir la proporción excesiva de aborígenes que deben comparecer por delitos ante el sistema de justicia penal. El primer Acuerdo (2000-2006) sentó las bases para mejorar los resultados, mediante la creación de asociaciones e infraestructura sólidas, y el establecimiento de una serie de nuevas iniciativas en materia de justicia. Actualmente el Acuerdo está en su tercera etapa, que consiste en trabajar para la prevención y reducción del número excesivo de aborígenes koories que comparecen ante la justicia, con especial hincapié en la mejora de la seguridad de las familias y las comunidades koories.

163.Cada etapa del Acuerdo se basa en la precedente y la amplía. La última consolida y amplía las iniciativas y los factores que han resultado eficaces, para asegurar que el Acuerdo ofrezca los medios de responder a los nuevos desafíos.

164.El Acuerdo hace hincapié en la prevención, la intervención temprana y las soluciones alternativas a fin de reducir la proporción de miembros de la comunidad koori que debe comparecer ante el sistema de justicia. Intenta asimismo disminuir la reincidencia y prestar más atención a factores como el consumo de alcohol y drogas, la salud mental, la inestabilidad de la vivienda y el desempleo, mediante programas a favor de la reinserción y el buen comportamiento de los autores de delitos, un mayor apoyo a la transición y la continuidad de la asistencia para facilitar la reintegración de los infractores en la comunidad.

165.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 20.

Justicia restaurativa, reorientación de la inversión en la justicia y medidas alternativas

166.El Gobierno de Australia considera que los estados y territorios son los más indicados para dirigir las iniciativas de reorientación de la inversión en la justiciaen el país. Al mismo tiempo que es necesario seguir trabajando para determinar la viabilidad de un enfoque de este tipo en el contexto de Australia, el Gobierno Federal y las jurisdicciones continuarán sus esfuerzos para reducir las tasas de reclusión de indígenas. El objetivo sigue siendo aplicar soluciones prácticas sobre el terreno, que ya han demostrado su eficacia para mejorar la seguridad de la comunidad y atenuar su situación de desventaja.

167.En la reunión del Consejo Permanente sobre Derecho y Justicia, de octubre de 2013, el Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y territorios aprobaron las Directrices Nacionales de Justicia Restaurativa. Estas directrices ambiciosas aportan información sobre el uso de programas de justicia restaurativa en asuntos penales en todas las jurisdicciones. El Gobierno de Australia financia dos proyectos de justicia restaurativa en la isla de Mornington (Queensland), y en Galiwinku (Territorio del Norte). Estos proyectos tienen como objetivo resolver las controversias en las comunidades antes de que asuman mayores proporciones.

168.En 2014, el Instituto de Criminología de Australia publicó un informe de investigación sobre la justicia restaurativa en el sistema de justicia penal australiano. En el mismo se detallan las prácticas de justicia restaurativa disponibles en los sistemas de justicia penal del país, en particular las conferencias para infractores jóvenes y adultos y las prácticas de mediación entre víctimas y autores de delitos.

169.El informe determinó que existe una amplia variedad de opciones para la justicia restaurativa disponibles en toda Australia. Al 30 de octubre de 2013, estas abarcaban:

Conferencias para jóvenes infractores en todos los estados y territorios de Australia;

Conferencias para los infractores adultos en Nueva Gales del Sur y Australia del Sur;

Tribunales alternativos para aborígenes (Circle sentencing) en Nueva Gales del Sur y Australia Occidental;

Mediación entre víctima e infractor en todas las jurisdicciones, excepto en Victoria y el Territorio de la Capital de Australia.

170.El Gobierno de Australia está empeñado en evaluar el impacto de las iniciativas de justicia para indígenas a fin de establecer una base empírica sobre los medios más eficaces para reducir la comisión de delitos y la reincidencia. En 2009, el Gobierno aportó 2 millones de dólares australianos para la evaluación de los programas de justicia indígena en virtud del Marco Nacional sobre Derecho y Justicia para los Aborígenes. Como parte de este proyecto, se están evaluando en total 26 servicios de administración de justicia indígena. La mayoría de las evaluaciones se publicaron en el sitio web del Fiscal General del Commonwealth en mayo de 2014 mientras que los informes restantes se están finalizando.

Territorio de la Capital de Australia

171.En enero de 2005, el Territorio de la Capital de Australia aplicó un innovador modelo de justicia restaurativa en virtud de la Ley de Delitos (Justicia Restaurativa) de 2004. Se trata de un programa plasmado en la legislación, que se centra esencialmente en las necesidades de las víctimas. Desde que se inauguró, se han remitido a la Dependencia de Justicia Restaurativa del Territorio de la Capital de Australia más de 1.538 casos, que involucran a 2.685 víctimas y 1.960 infractores. Tras una reunión en que víctimas y autores de delitos transmiten su experiencia en el marco de la justicia restaurativa, la dependencia sondea individualmente a cada parte. En el período 2012-2013, se logró un índice de satisfacción del 97% entre los participantes.

172.En el presupuesto del Territorio de la Capital para el período 2014-2015 se ha previsto la financiación de dos proyectos sobre reorientación de la inversión en la justicia y una estrategia de reforma de la justicia. El primer proyecto tiene como objeto desarrollar una estrategia de gobierno en su conjunto para reducir la reincidencia y ofrecer alternativas fuera del sistema de justicia a los infractores y personas en riesgo de convertirse en infractores. El segundo proyecto destina 600.000 dólares australianos para un Subsidio de Enlace con el Consejo de Investigación sobre reorientación de la inversión en la justicia, que aborda el problema de las tasas de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres internados en cárceles.

173.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 20.

Tribunales alternativos para aborígenes (Circle sentencing)

174.En Australia, la justicia alternativa para aborígenes a menudo se imparte en el ámbito de los tribunales indígenas. Se han establecido tribunales alternativos para aborígenes en Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur y el Territorio de la Capital de Australia. Estos tribunales ofrecen una alternativa más adecuada y respetuosa de cada cultura, en comparación con los sistemas judiciales tradicionales. Asimismo, si bien estos foros pueden hacer uso de elementos "reparadores", no constituyen necesariamente ejemplos de justicia restaurativa, pues centran su atención en la rehabilitación del infractor y el papel tradicional de la víctima en el proceso.

Australia Occidental

175.Los tribunales alternativos proponen a los indígenas autores de delitos un proceso alternativo de determinación de la pena e incluyen a los ancianos aborígenes en el proceso de adopción de decisiones. El Tribunal Barndimalgu en Geraldton se ocupa de asuntos vinculados con la violencia familiar, y los funcionarios de establecimientos correccionales de la comunidad para adultos transmiten informes de la evaluación, el desarrollo del proceso y las diligencias previas a la condena; supervisan a los infractores mientras participan en el programa y remiten a los infractores en libertad condicional al Programa contra la Violencia Familiar Indígena. El Tribunal comunitario de Kalgoorlie-Boulder para infractores indígenas adultos está compuesto por un juez presidente y dos ancianos de la comunidad indígena. Los tribunales alternativos evalúan y supervisan los servicios mientras el infractor está en libertad bajo fianza y sujeto a vigilancia.

176.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 20.

Jóvenes indígenas en el sistema de justicia penal

177.El 20 de junio de 2011, el Comité Permanente de Asuntos Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, de la Cámara de Representantes, presentó su informe sobre losjóvenes indígenas en el sistema de justicia penal, titulado Doing time – time for doing: Indigenous youth in the criminal justice system . El Gobierno de Australia aceptó, íntegramente o en parte, las 40 recomendaciones del informe. En la respuesta del Gobierno se explican las medidas que se han tomado en relación con recomendaciones específicas.

178.Se despliegan esfuerzos adicionales para mejorar la seguridad de la comunidad indígena en el marco de Programa de Seguridad y Bienestar, que forma parte de la Estrategia para el Avance de los Pueblos Indígenas. El Gobierno de Australia financia una serie de actividades para la prevención y la determinación de soluciones alternativas para los infractores jóvenes en el marco de la Estrategia, y trabaja con los gobiernos estatales y territoriales a fin de mejorar los resultados para los menores de edad indígenas y evitar que deban comparecer ante el sistema de justicia.

Nueva Gales del Sur

179.Los datos sobre la población de jóvenes involucrados en la justicia juvenil indican que en el período 2013-2014 ingresaron en centros de detención juvenil 3.684 personas; se observa una disminución del 27%, desde el período 2009-2010.

De estas personas, 1.602 (43%) fueron identificadas como aborígenes o isleños del Estrecho de Torres; ello supone una disminución del 28% en el número de jóvenes aborígenes o isleños ingresados en custodia en el período 2009-2010;

El promedio de jóvenes en los centros de detención juvenil por día fue de 314; ello supone una disminución del 27% desde el período 2009-2010;

De los jóvenes indígenas que se encontraban sujetos a la atención o supervisión de la justicia juvenil:

2.108 se encontraban sujetos a supervisión comunitaria (equivalente a 39,8% de la totalidad de jóvenes infractores sujetos a supervisión comunitaria);

364 fueron remitidos a un programa de conferencias sobre justicia juvenil (cifra equivalente al 28% del total de jóvenes remitidos a una programa de conferencias);

1.310 fueron objeto de detención preventiva (cifra equivalente al 42% del total de jóvenes en detención preventiva);

292 fueron condenados a reclusión (cifra equivalente al 51% del total de los jóvenes condenados a reclusión).

180.La capacidad del sector de la justicia juvenil para elaborar políticas, programas y servicios apropiados a cada cultura se sustenta en el Plan Estratégico para Aborígenes y la capacitación orientada al respeto por cada cultura. El Plan Estratégico incluye la Estrategia de Contratación y Retención de Aborígenes y el Marco de Respeto por la Cultura de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. La justicia juvenil ofrece programas educativos, recreativos, profesionales, de orientación especializada y de desarrollo personal, para ayudar a los jóvenes a reintegrarse en sus comunidades tras su liberación. Los programas elaborados específicamente para los jóvenes aborígenes incluyen:

DthinaYuwali: un programa de trabajo de grupo elaborado por el personal aborigen de la justicia juvenil, destinado a los jóvenes aborígenes implicados en delitos relacionados con el uso indebido de sustancias. Este programa se aplica a jóvenes en la comunidad y en detención.

Our Journey to Respect: un programa de sesiones para jóvenes aborígenes varones, dirigido a reducir la incidencia de la violencia familiar y entre generaciones. Actualmente, el organismo revisa el programa con miras a fortalecerlo.

The Intensive Supervision Programme: un enfoque centrado en la familia, que se aplica en las zonas de Hunter y Sídney Occidental y que ha dado buenos resultados entre jóvenes infractores en general, incluidos los pertenecientes a poblaciones indígenas. El objetivo del programa es dar a los que trabajan con jóvenes los medios para abordar los factores sistémicos que conducen a la comisión de delitos o a la reincidencia. El programa aborda una serie de cuestiones, con hincapié en aspectos como la agresión, el uso indebido de sustancias, los problemas financieros, las necesidades de vivienda, los conflictos familiares y la presión negativa de los pares. De las 35 familias que completaron el programa en el período 2013-2014, el 29% eran familias indígenas.

Act Now Together Strong: una intervención intensiva centrada en la familia, cuyo objetivo es crear un cambio duradero para abordar los problemas que exponen a un joven al riesgo de reincidencia. La participación de familias indígenas en el programa es bastante elevada.

181.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 20.

Mujeres indígenas en el sistema de justicia penal

182.Teniendo en cuenta los efectos que puede tener en las mujeres su interacción con el sistema de justicia penal, los gobiernos de los estados y territorios han introducido políticas y programas específicos por género, muchos de los cuales buscan brindar orientación a las mujeres indígenas y a los funcionarios de prisiones con responsabilidades de supervisión.

Australia de Sur

183.Para comprender mejor el perfil de las mujeres aborígenes autoras de delitos en todo el sistema penal de Australia del Sur, en 2012-2013 se creó un cargo de asesor en jefe dedicado específicamente a mujeres infractoras. El asesor dirigirá la formulación de un marco estratégico para tratar en prioridad los casos de las mujeres, especialmente aborígenes, que han cometido delitos. De esta manera se prevé orientar mejor la prestación de servicios a esas mujeres.

184.Las cifras de ingresos en prisión se consignan en el informe anual sobre los servicios gubernamentales (Report on Government Services), publicado por la Comisión de Productividad de Australia. En el capítulo dedicado a la justicia, el informe incluye datos específicos sobre el ingreso en reclusión de adultos aborígenes e isleños, tanto a nivel nacional como en cada estado y territorio. El informe de 2015 indica que en algunas jurisdicciones se observó en los últimos tres años un aumento de la media de mujeres indígenas que ingresaban en prisión por día, aunque la media en Australia del Sur no aumentó significativamente (45, 47 y 47, respectivamente, en cada año, durante el período 2011 a 2014).

185.Véanse el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 20.

Aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real de Investigación del Fallecimiento de Aborígenes Detenidos

186.Todas las instancias de gobierno han adoptado medidas para aplicar las recomendaciones formuladas por la Comisión Real de Investigación del Fallecimiento de Aborígenes Detenidos a fin de reducir el número de aborígenes australianos que mueren en detención. Estas medidas incluyen la introducción de programas alternativos y mejoras en las condiciones de detención.

187.En marzo de 2011 el Senado de Australia aprobó una petición con motivo del 20º aniversario de la publicación del informe sobre las muertes en detención preventiva (Deaths in Custody Report) . En la solicitud se pedía al Gobierno de Australia que:

Tuviera en cuenta los resultados de los exámenes en curso sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real;

Se comprometiera a informar sobre los progresos y los aspectos que podían mejorarse, así como a perfilar nuevas medidas;

Trabajara con los estados y territorios en la auditoría de las normas y un sistema independiente de supervisión de los lugares de detención, y considerara diferentes opciones para promover la coherencia entre las distintas jurisdicciones.

188.Uno de los objetivos contemplados en el Marco Nacional sobre Derecho y Justicia para los Aborígenes es garantizar que los gobiernos, los proveedores de servicios y las comunidades sigan utilizando las conclusiones de la Comisión Real de Investigación del Fallecimiento de Aborígenes Detenidos como guía para abordar los problemas que se plantean en la aplicación del derecho y la justicia a los aborígenes y los pueblos isleños del Estrecho de Torres.

189.Todas las instancias de gobierno de Australia continúan financiando el Sistema Nacional de Información de Médicos Forenses, que contiene datos sobre todas las defunciones notificadas a médicos forenses desde julio de 2000 (enero de 2001 para Queensland). Esta base de datos permite establecer mejor las tendencias o pautas de las defunciones que están sujetas al deber de notificación, así como identificar los factores de riesgo y configurar las políticas a partir de los datos obtenidos.

Australia Occidental

190.Con el objeto de reducir el número de fallecimientos de personas en detención, los estados y territorios también han introducido medidas centradas en la prevención del suicidio. En Australia Occidental estas medidas incluyen:

Un sistema electrónico de gestión de las situaciones de riesgo, que aumenta la transparencia y la rendición de cuentas, a la vez que proporciona un enfoque de la prisión en su integridad, para reducir aún más los casos de lesiones autoinfligidas y suicidios.

Un sistema de apoyo y seguimiento, que proporciona una forma colaborativa de gestión de casos para los reclusos que no presentan un riesgo agudo de autoinfligirse lesiones, pero que necesitan una intervención o un apoyo y seguimiento adicionales durante la reclusión. En este supuesto se incluyen los reclusos considerados vulnerables emocionalmente, los que presentan problemas especialmente delicados de tipo cultural y espiritual, los calificados como "delincuentes sexuales peligrosos" y las personas recluidas en virtud de la Ley de Derecho Penal de 1996 (Personas con Discapacidad Mental Acusadas).

Cursos de formación para concienciar sobre el suicidio (incluido un seminario práctico de dos días, destinado al personal de guardia del Departamento de Servicios Penitenciarios y a los reclusos, para sensibilizar sobre el suicidio) con la finalidad de aumentar la capacidad de los participantes para identificar y comunicar los casos de personas en situación de riesgo.

Un programa de supresión de dispositivos de fijación en las celdas, en virtud del cual se han suprimido todos los puntos de fijación que pudieran ser usados para el suicidio en 425 celdas, así como los tres puntos utilizados más comúnmente para fijar ligaduras en 528 celdas.

Tasmania

191.En las cárceles de Tasmania no se han registrado muertes de aborígenes ni isleños del Estrecho de Torres por causas no naturales desde que se inició la recopilación de datos a principios del decenio de 1980. En este mismo período se registraron dos defunciones debidas manifiestamente a causas naturales. En la actualidad en el Servicio de Prisiones de Tasmania se han concebido espacios para alojar a los reclusos "en situación de riesgo".

192.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 20.

Condiciones de reclusión y prestación de atención médica adecuada a los reclusos

193.En relación con la observación final 29 (Servicios de salud en las prisiones), se remite también al Comité al quinto informe periódico de Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

194.En Australia, los gobiernos de los estados y los territorios son responsables de la administración y el funcionamiento de las cárceles, lo que incluye la prestación de servicios de salud. El Commonwealth no posee ni administra ningún establecimiento penitenciario.

195.Los estados y territorios ofrecen servicios correccionales de conformidad con las Directrices uniformes del régimen penitenciario de Australia, que comprenden un conjunto uniforme de principios usados por los estados y los territorios en la elaboración de sus propias normas, políticas y criterios de evaluación en materia de prácticas correccionales. Estas directrices se ajustan a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

196.Las directrices establecen que se debe tratar a los reclusos de manera justa y abierta, sin ningún tipo de discriminación. Deben, asimismo, recibir un trato compatible con sus necesidades individuales en aspectos como la salud, discapacidad, cultura y lengua. En particular, las directrices establecen que:

Se separará físicamente a determinados grupos de reclusos, por ejemplo, hombres y mujeres, adultos y menores de edad y condenados y personas en detención preventiva;

Se garantizará a los reclusos un alojamiento adecuado, lo que incluye el mantenimiento regular de las celdas y las instalaciones penitenciarias;

Se proporcionará a los reclusos ropa de vestir y de cama apropiada para el clima y suficiente para que se mantengan en buena salud;

Se les facilitará un acceso continuo a agua potable limpia y a alimentos nutritivos, adecuados para su salud y bienestar, servidos a las horas habituales y preparados de acuerdo con las normas sanitarias pertinentes.

Nueva Gales del Sur

197.Se proporciona a todos los internos, incluidos los aborígenes, una amplia gama de servicios de salud, en particular de enfermería, medicina general, psiquiatría, odontología y optometría. Cada persona que ingresa en prisión se somete a un examen médico completo.

198.Los problemas de salud de los aborígenes se abordan a través de programas y servicios generales y específicos. Por ejemplo, el equipo de salud aborigen de Justice Health administra el programa Murr-roo-ma-dhun-barn (que significa "fortalecer" en lengua worimi) para atender a los aborígenes con afecciones crónicas. El programa funciona en 15 centros penitenciarios de todo el estado (14 centros de adultos más el centro correccional de jóvenes menores de Kariong).

199.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados por la observación final 20.

Mecanismos de denuncia

200.Varias autoridades tienen competencias para investigar las quejas sobre las condiciones de reclusión, en particular las relativas a violaciones de los derechos humanos. Entre ellas figuran la Comisión de Derechos Humanos de Australia, las oficinas del defensor del pueblo de los estados y territorios, y los órganos internos de supervisión de los servicios penitenciarios (oficinas de inspección penitenciaria).

Tasmania

201.Los reclusos tienen acceso a una amplia gama de mecanismos para expresar inquietudes o presentar quejas sobre las condiciones generales o el trato que reciben a título individual. En concreto, cuentan con un sistema interno de presentación de quejas, acceso telefónico directo al defensor del pueblo y acceso a sus representantes legales y a la Comisión de Integridad, con carácter confidencial.

Observación final 21 – Preservación de las lenguas nacionales

202.Se remite también al Comité a la observación final 33 (Encuesta nacional sobre idiomas indígenas) del quinto informe periódico de Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Lenguas indígenas

203.El censo de 2011 señala que cerca de 61.000 personas hablan una lengua indígena. De estas, aproximadamente el 19% habla un idioma " creole " de Australia (es decir, una combinación de inglés, lenguas indígenas y otros idiomas).

204.El Gobierno de Australia reconoce que las artes y las lenguas son factores esenciales para el bienestar, la cultura y la identidad de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y desempeñan un papel esencial para la sostenibilidad, la vitalidad y la fuerza de esas comunidades, por lo que está empeñado en proporcionar una financiación específica a través de programas de apoyo al sector de las artes visuales y las lenguas y artes indígenas. El Gobierno sigue apoyando las actividades en el ámbito de los idiomas indígenas, para que se preserven y se puedan transmitir a las generaciones futuras, resguardando así esta parte importante del patrimonio cultural de Australia. Con miras a la preservación y revitalización de unas 250 lenguas indígenas de Australia, y su transmisión de generación en generación, el Gobierno apoya actividades comunitarias, investigaciones sobre las lenguas, así como la creación de recursos lingüísticos por parte de centros de idiomas regionales y otras organizaciones de promoción y capacitación en todo el territorio de Australia.

Territorio de la Capital de Australia

205.Las escuelas locales y las organizaciones comunitarias se asocian para elaborar programas que promueven y enseñan las lenguas, la cultura y la historia de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres.

206.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados por la observación final 21.

Lenguas indígenas en las escuelas

207.El Gobierno de Australia se ha comprometido a trabajar con las autoridades educativas de los estados y territorios para ofrecer un máximo de oportunidades de aprendizaje y opciones de vida a los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El Gobierno reconoce la importancia del aprendizaje de las lenguas indígenas en algunas escuelas y comunidades. No obstante, las decisiones acerca de los programas de aprendizaje ofrecidos por las escuelas, entre ellos la educación bilingüe, incumben a las autoridades educativas.

208.La Dirección de Planes de Estudio, Evaluación y Presentación de Informes de Australia está elaborando un marco para las lenguas de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres como parte del componente de idiomas del plan de estudios de Australia. Este marco proporcionará a las escuelas una guía para promover la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas aborígenes e isleñas.

209.El marco se aplicará a todos los idiomas de los aborígenes e isleños de Australia, con independencia de que sea una lengua todavía usada por una comunidad en su comunicación diaria, o una lengua que se intenta revitalizar. En el marco también se tendrá en cuenta que el estudio de las lenguas aborígenes e isleñas no solo se limita al presente de los aborígenes australianos, sino que también tiene relación con la continuidad de las tradiciones sociales, culturales y lingüísticas ancestrales.

210.En virtud de las nuevas disposiciones de financiación que entraron en vigor en enero de 2014, el Gobierno de Australia proporciona una importante financiación adicional a las escuelas de los estados y territorios durante un período de cuatro años. La financiación se determina en base a una cantidad por estudiante, a la que se añade un suplemento para hacer frente a las necesidades específicas de los estudiantes y las escuelas.

211.Estas cantidades suplementarias se dirigen a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, los estudiantes aborígenes e isleños, los estudiantes con un dominio limitado del inglés y los estudiantes con discapacidad, así como a escuelas pequeñas o ubicadas en regiones y zonas distantes. Los fondos adicionales proporcionados a las autoridades educativas de los estados y los territorios se pueden utilizar para prestar apoyo a los programas de lenguas indígenas.

Victoria

212.En el marco de la Visión de la Enseñanza de Lenguas del Gobierno de Victoria (2011) se apoya a las comunidades aborígenes para que amplíen la enseñanza y el aprendizaje de sus lenguas autóctonas. Ello abarca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes aborígenes y lograr que todos los estudiantes conozcan y aprecien mejor las culturas aborígenes.

213.Victoria ha adoptado las medidas siguientes:

Ha proporcionado subvenciones por valor de 100.000 dólares para crear recursos destinados al aprendizaje y para poner a prueba nuevos programas de enseñanza en tres lugares;

Ha elaborado normas y protocolos para recuperar y enseñar las lenguas y culturas aborígenes en sus escuelas.

214.La Victorian Aboriginal Corporation for Languages y la Aboriginal Association Inc. se esfuerzan por sensibilizar a la población sobre las oportunidades para el aprendizaje de idiomas aborígenes en las comunidades escolares.

215.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados por la observación final 21.

Lenguas minoritarias

216.Si bien el inglés es el idioma oficial, se hablan más de 200 lenguas en Australia. De acuerdo con los datos del censo de 2011, el 18% de la población hablaba un idioma distinto del inglés en el hogar. Las principales lenguas habladas en familia eran el mandarín (1,6%), el italiano (1,4%), el árabe (1,3%), el cantonés (1,2%), el griego (1,2%) y el vietnamita (1,1%).

Territorio de la Capital de Australia

217.La Política Lingüística 2012-2016 del Territorio de la Capital de Australia adopta el enfoque del conjunto del gobierno para el uso de los servicios de interpretación. En esta política el gobierno del Territorio detalla su empeño en que todos los ciudadanos de Canberra:

Tengan la oportunidad de aprender inglés;

Tengan acceso a los servicios lingüísticos para que puedan aprovechar mejor los servicios y programas financiados por el Gobierno;

Se sientan estimulados a aprender y valorar otros idiomas aparte del inglés;

Aprovechen las ventajas económicas del conocimiento de otras lenguas y culturas para aumentar el turismo, ampliar los mercados mundiales y promover el comercio y la educación internacional.

218.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados por la observación final 21.

Observación final 22 – Erradicación de las desigualdades socioeconómicas, idoneidad cultural de la prestación de los servicios públicos y autoempoderamiento de los aborígenes

219.Se remite también al Comité a la observación final 18 (Tasas de desempleo) del quinto informe periódico de Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

220.En 2008, el Consejo de Gobiernos de Australia acordó seis objetivos para reducir la brecha entre los australianos indígenas y no indígenas en cuanto a esperanza de vida, mortalidad infantil, educación y empleo. En 2014 se añadió un nuevo objetivo: aumentar la asistencia a la escuela dentro de los cinco años. El Primer Ministro presenta anualmente un informe titulado Closing the Gap (Cerrando la brecha) donde recoge los progresos realizados cada año con respecto a los objetivos. Estos informes se pueden encontrar en la página web del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete.

221.El informe Closing the Gap correspondiente a 2015 es el séptimo de la serie. En él se reconoce que "aunque se ha logrado mejorar la situación de los aborígenes australianos en educación y salud, en muchos otros aspectos el progreso es demasiado lento". Entre las principales conclusiones del séptimo informe se señala que:

Se ha reducido ligeramente la disparidad en cuanto a la esperanza de vida y la mortalidad de la población aborigen, pero para lograr los objetivos en este aspecto para 2031 será preciso acelerar los progresos;

En cuanto a mortalidad infantil, se avanza más lentamente en el objetivo de reducir la disparidad a la mitad, aunque todavía queda un amplio margen para alcanzarlo para 2018;

No se pudo alcanzar el objetivo de ofrecer acceso a la educación preescolar para 2013 a los niños de 4 años de comunidades indígenas distantes. Todos los estados y territorios se comprometieron, mediante una prórroga del Acuerdo Nacional de Cooperación para el Acceso Universal a la Educación Preescolar, a lograr en 2015 un acceso del 95%;

No se ha logrado ningún progreso a nivel general en el objetivo de reducir a la mitad para 2018 las desigualdades de los estudiantes indígenas en cuanto a capacidad de lectura y aritmética;

Se está en vías de alcanzar el objetivo de reducir a la mitad para 2020 la disparidad en los estudiantes que completan 12 años de enseñanza;

No se han hecho progresos en el objetivo de reducir a la mitad, antes de una década, la disparidad en materia de empleo.

222.En consulta con los aborígenes australianos y con los gobiernos se elaboró el informe Overcoming Indigenous Disadvantage (Superando la desventaja de los indígenas)de2014, en que se evalúa el bienestar de esa comunidad. El informe muestra algunas tendencias positivas en el bienestar de los pueblos indígenas, con mejoras en materia de salud, educación y economía. Sin embargo, se han observado pocos o ningún cambio en algunos indicadores, como los de alfabetización y aritmética en la escuela, por lo que se debe seguir trabajando.

223.Los resultados económicos han mejorado en el largo plazo, pues se han elevado los ingresos, ha disminuido la dependencia en las ayudas económicas, ha aumentado la propiedad de viviendas y se han incrementado las tasas de empleo cualificado y a tiempo completo. La proporción de adultos cuyos ingresos provienen principalmente del empleo ha pasado del 32% en 2002 al 41% en 2012-2013, con la correspondiente disminución en la proporción de ayudas en apoyo de los ingresos. Está en aumento la proporción de personas empleadas a tiempo completo y en cargos administrativos.

224.En 2013, el Gobierno de Australia encargó un examen de los programas de capacitación y empleo de aborígenes, a cargo del Sr. Andrew Forrest. El examen (Forrest Review) se publicó el 1 de agosto de 2014. Contiene un total de 27 recomendaciones para alcanzar la igualdad entre los aborígenes y el resto de australianos. Además de los programas de capacitación y empleo, las recomendaciones hacen referencia también a la atención prenatal, los servicios para niños preescolares, la asistencia a la escuela, el bienestar, la educación y la formación profesional, la reforma de las tierras indígenas, la vivienda y la movilidad de esas poblaciones.

225.En agosto y septiembre de 2014 se llevaron a cabo consultas a nivel nacional y se invitó a la presentación de observaciones sobre el examen. En su reunión celebrada el 10 de octubre de ese año, el Consejo de Gobiernos de Australia acordó una serie de medidas para aumentar la asistencia de los niños indígenas a la escuela y alcanzar acuerdos bilaterales con el Commonwealth sobre aspectos prioritarios dentro del examen.

226.En línea con las recomendaciones del examen de Forrest, el Gobierno está reformando los servicios para los solicitantes de empleo que residen en zonas distantes de Australia, a fin de ofrecerles vías reales de acceso al empleo mediante la realización de prácticas y la formación de aptitudes laborales. Ello incluye la introducción del programa Work for the Dole (Trabajo por subsidio de desempleo) en comunidades distantes, donde la mayoría de las personas que buscan trabajo realizan prácticas cinco días a la semana durante los 12 meses del año.

Estrategia para el Avance de los Pueblos Indígenas

227.La Estrategia para el Avance de los Pueblos Indígenas se puso en marcha el 1 de julio de 2014, en reemplazo de más de 150 programas y actividades que el Gobierno ofrecía a través de cinco programas generales. Esta nueva estructura programática flexible sustentará una nueva manera de relacionarse con las personas, comunidades, industrias, negocios y proveedores de servicios aborígenes, permitiendo la determinación y aplicación conjunta de soluciones, incluso de carácter regional o adaptadas a cada lugar, que mejoren los resultados de forma sostenible. Las nuevas vertientes programáticas son:

Puestos de trabajo, tierra y economía;

Niños y educación;

Seguridad y bienestar;

Cultura y competencias;

Estrategias para las zonas distantes de Australia.

Acuerdo de Asociación Nacional para la Prestación de Servicios en Zonas Distantes

228.En 2014-2015 se celebró una ronda de financiación mediante subvenciones, en el marco de la Estrategia para el Avance de los Pueblos Indígenas. En esta ronda, el Gobierno de Australia recomendó que se destinaran más de 1.000 millones de dólares a financiar 996 organizaciones y más de 1.350 proyectos. El 46% de estas organizaciones son indígenas, y se ha recomendado que el 55% de los fondos de esta ronda de subvenciones se destine a esas organizaciones.

229.El Departamento está examinando las directrices de la Estrategia para el Avance de los Pueblos Indígenas, y en los próximos meses emprenderá consultas públicas sobre la mencionada ronda de subvenciones y sobre las directrices de financiación, a fin de intercambiar experiencias comunitarias e institucionales del proceso hasta la fecha, y solicitar aportaciones para incorporarlas en las nuevas directrices de la Estrategia que se establezcan.

230.El Acuerdo de Asociación Nacional para la Prestación de Servicios en Zonas Distantes llegó a término el 30 de junio de 2014 y no se prorrogó debido a que en la mayoría de los casos no se había observado una mejora de los resultados en las 29 comunidades que viven en zonas distantes. El Gobierno ha asumido un nuevo compromiso con los aborígenes australianos para actuar a nivel práctico en aspectos prioritarios, como la escolarización de los niños, la obtención de empleo para los adultos y el refuerzo de la seguridad en las comunidades.

231.En virtud del nuevo enfoque de la Estrategia para el Avance de los Pueblos Indígenas, se tratará de lograr resultados trabajando con las comunidades indígenas en la búsqueda de soluciones adaptadas a los problemas locales y situando a los aborígenes en el centro de la concepción y prestación de los servicios. Gracias a la red regional del Gobierno también las altas instancias de adopción de decisiones se acercarán a las comunidades y colaborarán más eficazmente con ellas.

Política de Oportunidades para los Pueblos Indígenas

232.A través de la Política de Oportunidades para los Pueblos Indígenas las entidades comerciales de los aborígenes australianos se integrarán en la cadena de suministro del Gobierno de Australia. Esta política, que fomenta la diversidad de proveedores, es un componente importante de la estrategia del Gobierno central para reducir a la mitad la disparidad entre las cifras de empleo de los aborígenes y del resto de australianos. Si bien la política se centra en la creación de oportunidades de capacitación y empleo en las zonas donde se ejecutan los proyectos, se pueden subcontratar empresas indígenas del resto del país si no las hay a nivel local. Aunque el número de empresas y contratos puede fluctuar, en octubre de 2014 se contaban 276 empresas indígenas en la base de datos respectiva.

233.El examen de los programas de capacitación y empleo para la población indígena, denominado Forrest Review – Creating Parity (Examen Forrest: creando igualdad), formula una serie de recomendaciones, que el Gobierno está considerando, relativas a la contratación pública de bienes y servicios y la exención fiscal para las empresas dirigidas por aborígenes.

Nueva Gales del Sur

234.El Informe de situación del Grupo de Trabajo Ministerial sobre Asuntos Aborígenes (Ministerial Taskforce on Aboriginal Affairs Progress Report) esboza una serie de iniciativas que se está estudiando. Dichas iniciativas están orientadas a fortalecer la conexión entre la educación, la capacitación y el empleo.

Centros de oportunidades

235.Los centros de oportunidades ofrecen a los jóvenes orientación sobre posibles trayectorias y apoyo en su transición desde la edad preescolar hasta la educación terciaria y el empleo. Se han negociado asociaciones entre las empresas locales, los líderes del sector industrial, las ONG y el gobierno local, a fin de coordinar las oportunidades de empleo y capacitación para los aborígenes jóvenes.

Acuerdos con la industria

236.El Gobierno del Estado parte está trabajando con las organizaciones del sector industrial en iniciativas privadas, como acuerdos con industrias específicas para mejorar la ocupación y la retención de empleados aborígenes. El sector empresarial puede crear oportunidades de empleo mediante la contratación de servicios a empresas aborígenes. El sector público también puede promover una mayor ocupación y mayores oportunidades de negocios a través de los proyectos gubernamentales y la contratación pública.

Empleo de los aborígenes en el sector público

237.El Grupo de Trabajo ha pedido a la Comisión de la Administración Pública que fomente el empleo de aborígenes a nivel del ingreso en la administración y su ascenso ulterior a puestos de responsabilidad.

238.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados por la observación final 22.

Observación final 23 – Estudiantes internacionales y violencia por motivos raciales

239.El Gobierno de Australia presentó una respuesta a esta observación final el 29 de agosto de 2011. Véase también la respuesta a la observación final 17 (supra) relativa a los códigos de delitos normalizados de Australia y Nueva Zelandia.

Victoria

240.La Comisión de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos de Victoria es un organismo oficial que asume responsabilidades en virtud de la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2010, la Ley de Tolerancia Racial y Religiosa de 2001 y la Ley de la Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de Victoria de 2006. Las personas pueden presentar denuncias de discriminación racial o vilipendio ante la Comisión, que tratará de resolver la controversia, o directamente ante el Tribunal Civil y Administrativo de Victoria, que tramitará y dirimirá el asunto. En 2013-2014, el racismo fue el segundo motivo más esgrimido por las personas que presentaron una queja por discriminación a la Comisión (alrededor del 11% del total de las reclamaciones). Más de la mitad de las 25 quejas sometidas a la Comisión en virtud de la Ley de Tolerancia Racial y Religiosa se basaban en vilipendio por motivos raciales.

241.En agosto de 2014, la Comisión, la policía de Victoria y el Servicio Jurídico Aborigen de Victoria pusieron en marcha el proyecto Reporting Racism, una herramienta de denuncias en línea que permite a la comunidad aborigen presentar una reclamación en caso de un incidente de discriminación racial (incluye las denuncias de terceros).

242.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados por la observación final 23.

Observación final 24 – Políticas de inmigración y "zonas insulares extraterritoriales"

243.Australia asume con seriedad sus obligaciones en virtud de la normativa internacional de los derechos humanos y del derecho de los refugiados en lo que respecta a las políticas de inmigración, en particular las relativas a la no devolución. El Estado parte cumple estas obligaciones mediante una combinación de legislación, políticas y prácticas.

Zonas insulares extraterritoriales

244.Las "zonas insulares extraterritoriales" siguen siendo parte del territorio de Australia, y se rigen por la legislación migratoria australiana. El concepto se introdujo en 2001 y se ha mantenido para reducir los casos de personas que entran en Australia por vía marítima mediante travesías peligrosas y para disuadir las actividades de los traficantes de personas.

245.Como consecuencia del establecimiento de una "zona insular extraterritorial", los extranjeros que han entrado inicialmente a Australia por una zona de ese tipo, sin un visado válido, no pueden solicitarlo a su llegada o durante su estancia, a menos que el Ministro de Inmigración lo permita por motivos de interés público.

246.En mayo de 2013 se aprobó la Ley de Modificación de la Ley de Migración, de 2013 (Medidas en relación con la llegada irregular de personas por mar y otras medidas). (Commonwealth). Mediante la misma se modificó la Ley de Migración de 1958 (Commonwealth) y se estableció que las personas que lleguen de forma irregular por medios marítimos a la zona continental de Australia a partir del 1 de junio de 2013 tendrán la misma condición jurídica y el mismo acceso a las disposiciones de tramitación de visados que los que entren en una zona insular extraterritorial. La Ley de Migración también se modificó a los fines de que las personas llegadas de forma irregular por vía marítima después del 13 de agosto de 2012 se transfieran a los países de la región encargados de tramitar sus casos. De este modo también se eliminaron los incentivos para que las personas arriesguen sus vidas tratando de alcanzar la parte continental de Australia para eludir las disposiciones regionales de tramitación de los casos.

247.Como consecuencia de estas modificaciones, las personas no ciudadanas que lleguen a cualquier lugar de Australia por mar sin un visado válido no podrán solicitarlo a menos que el Ministro lo autorice, mientras que las personas que lleguen después del 13 de agosto de 2012 serán trasladadas a un país de la región encargado de tramitar su caso.

Suspensión de la tramitación (solicitantes de asilo afganos)

248.El 9 de abril de 2010 se suspendió la tramitación de las solicitudes de asilo de ciudadanos de Sri Lanka y el Afganistán durante un período de tres y seis meses, respectivamente. El motivo de estas suspensiones era dar tiempo para recopilar información actualizada y pertinente sobre las condiciones de seguridad y humanitarias en esos países y poder evaluar a los refugiados.

249.Las suspensiones se levantaron el 6 de julio de 2010 para los solicitantes de asilo de Sri Lanka, y el 30 de septiembre de 2010, para los solicitantes de asilo afganos. La suspensión afectó a 184 personas procedentes de Sri Lanka y 1.202 procedentes del Afganistán llegadas de forma irregular por vía marítima.

250.Se evaluaron las reclamaciones de todos estos solicitantes de asilo, caso por caso, en consonancia con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 ("Convención sobre los Refugiados") y teniendo en cuenta la información actualizada sobre el país respectivo. Se ofreció a todos los solicitantes afectados por la suspensión los servicios de un profesional del Plan de Asistencia para Asesoramiento y Solicitudes en materia de Inmigración; los afectados recibieron ayuda para preparar una declaración de sus reclamaciones.

251.Si bien los servicios del citado Plan de Asistencia siguen disponibles para las personas que llegan de forma regular, las posibilidades se limitan ahora a la asistencia en el proceso primario, y desde el 31 de marzo de 2014 se han retirado todos esos servicios a las personas llegadas por vía marítima y por vía aérea de forma no autorizada.

252.Desde que se levantaron las suspensiones en 2010, el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras (antes denominado Departamento de Inmigración y Ciudadanía) no ha suspendido la tramitación de los casos de ningún grupo de solicitantes de asilo detenidos.

No devolución

253.Como se señaló anteriormente, Australia asume con toda seriedad sus obligaciones respecto de la no devolución en virtud de la normativa internacional de derechos humanos y del derecho de los refugiados. Concede visados de protección a los solicitantes de asilo que llegan a al país legalmente (es decir, con un visado válido) si se los considera refugiados y cumplen con los requisitos de salud, carácter y seguridad.

254.Desde el 24 de marzo de 2012 se han considerado las solicitudes de protección complementaria como parte del proceso de evaluación del visado de protección. La expresión "protección complementaria" se utiliza para describir un tipo de protección destinada a personas que no son refugiados pero que, en consonancia con las obligaciones internacionales de Australia en virtud de los tratados de derechos humanos, no pueden ser devueltos a su país de origen debido a un riesgo real de que sufran ciertos tipos de daños. Estas obligaciones internacionales dimanan de los convenios internacionales de derechos humanos en los que Australia es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Segundo Protocolo Facultativo, y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

255.En cuanto a los solicitantes de asilo sometidos a las disposiciones de tramitación a nivel regional, se han establecido procedimientos para asegurar que los traslados al país de la región encargado de la tramitación son compatibles con las obligaciones de no devolución de Australia en virtud de la Convención de los Refugiados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En los memorandos de entendimiento firmados con Nauru y Papúa Nueva Guinea, donde se fijan estos acuerdos, ambos países se comprometen a evaluar, o a permitir que otros evalúen, la condición de refugiados de las personas transferidas. Además, estos países han garantizado a Australia que los solicitantes de asilo no serán expulsados ni devueltos a un país donde su vida o su libertad puedan verse amenazadas por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, o cuando exista un riesgo real de que sean sometidos a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la privación arbitraria de la vida o a la imposición de la pena de muerte.

256.La política del Gobierno es interceptar cualquier embarcación que trate de entrar ilegalmente en Australia y retirarla de forma segura de las aguas nacionales. Se han establecido medidas y garantías para que las acciones que se lleven a cabo sean compatibles con la legislación nacional australiana y con las obligaciones de Australia en virtud del derecho internacional. Existe la posibilidad de evaluar en el medio marítimo la situación de las personas que llegan por mar de forma irregular, para determinar si son aplicables las obligaciones de no devolución contraídas por Australia en virtud del derecho internacional. Las entrevistas están a cargo de agentes de protección especializados, con el apoyo de intérpretes cualificados.

257.La promulgación de la Ley de Modificación de la Legislación sobre Migración y Competencias Marítimas (Resolución de los Casos de Asilo Pendientes) de 2014 (Commonwealth) aclaró las obligaciones de derecho internacional de Australia en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y reintrodujo los visados de protección temporal para las personas que llegan por vía marítima de forma irregular. En el anexo 3 figura más información sobre esta legislación, promulgada fuera del período al que se refiere el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

258.El Gobierno de Australia se ha comprometido a trabajar en estrecha colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)a fin de abordar cuestiones de interés y preocupación común, entre ellas los problemas relativos a la migración irregular, y para mejorar de la protección de los refugiados. Se está trabajando con el ACNUR para estudiar y elaborar una serie de disposiciones prácticas para la cooperación a nivel regional, en particular a partir de la consideración de la propuesta del Alto Comisionado sobre la creación de un entorno de protección más sólido en la región de Asia y el Pacífico y las necesidades mundiales en materia de reasentamiento de refugiados.

259.En septiembre de 2012, Australia firmó su primer marco de asociación plurianual con el ACNUR, por el que se comprometía a intentar proporcionar un total de 105 millones de dólares en cuatro años (2013-2016). En el marco de esta asociación, al 30 de junio de 2014 Australia había proporcionado al Alto Comisionado 40 millones de dólares. Los fondos para los años siguientes están todavía pendientes de confirmación. El marco también establecía consultas anuales de alto nivel entre Australia y el ACNUR para plantear y examinar temas de interés mutuo.

Observación final 27 – Educación en derechos humanos

260.Se remite también al Comité a la observación final 34 (Educación sobre los derechos humanos) del quinto informe periódico de Australia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Plan de estudios de Australia

261.La labor de la Dirección de Planes de Estudio, Evaluación y Presentación de Informes de Australia se basa en la Declaración de Melbourne sobre los objetivos educativos para los jóvenes australianos. Esta declaración reconoce el papel fundamental que desempeña la educación en la construcción de una sociedad "cohesionada y culturalmente diversa, y que valora las culturas indígenas de Australia".

262.A lo largo del período 2010-2012, la Comisión de Derechos Humanos de Australia colaboró estrechamente con la citada Dirección y aportó amplias contribuciones a los planes de estudio de historia, geografía, salud y educación física, así como instrucción cívica y ciudadanía.

263.La Comisión ha publicado una serie de materiales educativos, llamados RightsED, que están correlacionados con el plan de estudios nacional. Estos materiales están concebidos para ayudar a los estudiantes a adquirir una comprensión crítica de los derechos y obligaciones de la persona, así como para desarrollar las actitudes, los comportamientos y las aptitudes adecuados para aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana.

264.El entendimiento entre culturas es una de las siete aptitudes generales del plan de estudios de "Iniciación a décimo año de enseñanza" (Foundation to Year 10). En este plan de estudio, los estudiantes australianos cultivan la comprensión intercultural en la medida que aprenden a valorar sus propias culturas, idiomas y convicciones y las de los demás. Para desarrollar esta aptitud, los estudiantes aprenden sobre las diversas culturas e interactúan con ellas, de manera que reconocen las similitudes y diferencias, crean conexiones con otros y cultivan el respeto mutuo.

265.La comprensión de la historia de los pueblos aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres es una prioridad interdisciplinaria dentro del plan de estudios de Iniciación a décimo año de enseñanza. Gracias a ello, los alumnos tienen la oportunidad de profundizar en su conocimiento de las culturas vivas más antiguas del mundo.

266.Otra prioridad interdisciplinaria en el plan de estudios de Iniciación a décimo año de enseñanza se refiere a Asia y al compromiso de Australia con ese continente. Mediante esta prioridad se asegura que los estudiantes conozcan y valoren la diversidad dentro de la región de Asia y entre sus países, y que desarrollen el conocimiento y la comprensión de las sociedades, culturas, convicciones y entornos asiáticos. Se contribuye igualmente a forjar una comprensión de la diversidad de culturas y personas que viven en Australia y fomenta la integración y la cohesión social.

267.En 2014, el Gobierno examinó el plan de estudios australiano para evaluar su solidez, independencia y equilibrio. En octubre de ese año hizo público el informe final del examen y su respuesta inicial. Como siguiente paso, se debatió sobre ese examen en un consejo formado por los ministros de educación a nivel federal, de los estados y los territorios. Los ministros acordaron unánimemente remitir a la Dirección de Planes de Estudio, Evaluación y Presentación de Informes de Australia, con carácter consultivo, las recomendaciones relativas al excesivo contenido del plan de estudios, la participación de los padres, la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad y el reequilibrio del plan (que se esbozan en la respuesta inicial del Gobierno de Australia al examen).

268.Tras esta iniciativa, el Gobierno trabajará con los sectores escolares estatales, territoriales y no gubernamentales para valorar posibles cambios en el plan de estudios.

Territorio del Norte

269.El Territorio del Norte ha trabajado para poner en práctica el plan de estudios de Australia tomando la historia y la cultura de los pueblos aborígenes e isleños como prioridad interdisciplinaria e integrándolas en todas los ámbitos de aprendizaje. Los profesores del Territorio del Norte también pueden acceder a un conjunto de módulos sobre estudios indígenas que se han creado utilizando los cuentos, las historias y las culturas locales. Actualmente se están revisando estos módulos para velar por su armonía con el plan de estudios de Australia. El objetivo es ayudar a los maestros a promover el conocimiento y la comprensión de las perspectivas indígenas e integrarlas en los diferentes ámbitos de aprendizaje.

270.A través de la enseñanza de los módulos sobre la historia y la identidad de los aborígenes, los maestros y profesores pueden ayudar a los alumnos a valorar mejor las culturas aborígenes e isleñas como parte del patrimonio de todos los australianos.

271.Véanse en el anexo 1 más ejemplos de los estados y territorios abarcados en la observación final 27.

Educación comunitaria y para adultos

272.El Gobierno de Australia ha elaborado una serie de materiales educativos fáciles de usar sobre los derechos humanos, adaptados a los funcionarios del sector público. Los materiales se prepararon, entre otras cosas, para reforzar la capacidad de los funcionarios de la justicia y la policía de evaluar si las políticas y la legislación son compatibles con los derechos humanos, y se dirigen también a los responsables de la adopción de decisiones administrativas sobre consideraciones pertinentes de derechos humanos. A nivel federal, más de 700 funcionarios del sector público recibieron formación sobre las disposiciones de la Ley de Derechos Humanos (Control Parlamentario) de 2011 (Commonwealth).

273.En Victoria y el Territorio de la Capital de Australia, dos jurisdicciones que cuentan con cartas o leyes de derechos humanos (la Ley de la Carta de Derechos y Responsabilidades de 2006, en el caso de Victoria, y la Ley de Derechos Humanos de 2004, en el caso del Territorio de la Capital), se imparte capacitación sobre derechos humanos a los graduados de la administración pública, en particular sobre los derechos, responsabilidades y obligaciones en virtud de sus respectivas cartas.

274.Una función básica de la Comisión de Derechos Humanos de Australia es promover el entendimiento y la aceptación, fomentar el debate público sobre los derechos humanos y poner en marcha programas educativos sobre esta cuestión.

275.En 2014, la Comisión publicó una serie de diálogos relativos a la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos documentos están concebidos para interactuar con las diferentes audiencias australianas e impartirles enseñanzas. La Comisión también preside la Alianza Nacional contra el Racismo, que reúne a los especialistas actuales en materia de lucha contra el racismo y multiculturalidad de los representantes gubernamentales y no gubernamentales.

276.La Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo se elaboró como parte de la Alianza Nacional contra el Racismo y se comenzó a ejecutar en agosto de 2012. La estrategia se centra en la sensibilización pública, los recursos educativos y la participación de los jóvenes, y se sustenta en la investigación, la consulta y la evaluación. Su objetivo es promover en la comunidad australiana una comprensión clara de lo que supone el racismo y la manera de prevenirlo y atenuarlo.

277.Los objetivos de esta Estrategia son:

Sensibilizar sobre el racismo y sus consecuencias en los individuos y a la comunidad en general;

Identificar y promover las buenas prácticas de prevención y atenuación del racismo, y utilizarlas como base para avanzar;

Empoderar a las comunidades y a los individuos a fin de que actúen para prevenir y atenuar el racismo, y para corregirlo cuando se produzca.

278.La principal actividad de sensibilización y participación dentro de la estrategia es la campaña " Racism. It stops with me " ("Que el racismo no cuente conmigo"). Esta campaña tiene como objetivos:

Lograr que más australianos reconozcan que el racismo es inaceptable en su comunidad;

Dar a más australianos herramientas y recursos para adoptar medidas prácticas contra el racismo;

Dar a los individuos y las organizaciones los medios para prevenir el racismo y reaccionar con eficacia cuando se manifieste.

279.La campaña cuenta con el respaldo de más de 360 organizaciones de los ámbitos de las artes y la cultura, los negocios, el deporte, la educación, la salud y la profesión jurídica, así como de organismos destacados y ONG, gobiernos locales y el sector público.

280.En septiembre de 2013, el Comisionado sobre la Discriminación Racial de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, el Dr. Tim Soutphommasane, publicó un informe donde se evaluaba la labor llevada a cabo como parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo. Se determinó que:

El 85% de los interrogados reconoció que el personal, los clientes, los compradores, los miembros y los asociados de su organización habían adquirido más conciencia del problema del racismo;

El 70% de los encuestados indicó que habían llevado a cabo actividades contra el racismo en apoyo de la campaña, como la elaboración de políticas y procedimientos para combatir el racismo, la organización de eventos y una declaración pública contra el racismo;

El 52% de los encuestados opinó que, después de participar en la campaña, estaba mejor preparado para hacer frente al racismo.

Tasmania

281.El Gobierno de Tasmania apoya la Estrategia Nacional contra el Racismo y se ha comprometido a aplicar un programa político que fomenta la integración. Se están impartiendo programas educativos que promueven la participación de los jóvenes en el logro de estos objetivos. La organización "Students against Racism" ("Estudiantes contra el racismo") ganó el Premio Escolar de Derechos Humanos de Tasmania, como ya lo había hecho en 2009.

282.Tasmania incluye la enseñanza sobre los derechos humanos en el plan de estudios. La creación y aplicación del Marco de Respeto en las Escuelas y en los Lugares de Trabajo contribuye a afianzar una cultura de respeto y confianza mutua.

283.La Oficina del Comisionado contra la Discriminación de Tasmania lleva a cabo un amplio programa de actividades para promover el entendimiento intercultural y la tolerancia racial, en particular:

La organización de 156 sesiones de capacitación en el lugar de trabajo, con más de 2.500 participantes en 2013-2014, para ayudar a las personas a definir, reconocer y abordar el racismo;

La participación en 117 sesiones de sensibilización de la comunidad, que llegaron a más de 6.800 personas en todo el territorio de Tasmania en 2013-2014;

La elaboración de un programa educativo de amplia base sobre la diversidad en las escuelas, en asociación con la organización comunitaria A Fairer World (Un mundo más justo);

La participación continuada en la iniciativa "Play by the Rules" ("Respeta las reglas del juego"), que promueve una cultura deportiva integradora y sin acoso o discriminación;

La coordinación de premios y otras actividades para celebrar la Semana de los Derechos Humanos.

Observación final 28 – Ratificaciones adicionales

284.Australia se adhirió el 21 de agosto de 2009 al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 20 de septiembre del mismo año. Australia ha recibido comunicaciones en virtud del Protocolo Facultativo y está respondiendo a ellas de buena fe.

285.El Gobierno está considerando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y, por consiguiente, su entrada en vigor en Australia. Los lugares de detención bajo el control del Gobierno están sujetos actualmente a inspecciones independientes a cargo de una serie de órganos del Gobierno federal y de los gobiernos estatales y territoriales, entre ellos el Defensor del Pueblo del Commonwealth, los defensores del pueblo estatales y territoriales y la Comisión de Derechos Humanos de Australia.

286.Australia considera que la combinación de sus sólidas medidas de protección a nivel nacional e internacional actualmente en vigor es suficiente, y no tiene el propósito de firmar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ni adherirse a ella ni ser parte en el instrumento.

287.Australia protege los derechos humanos de los migrantes y de los inmigrantes temporeros en virtud de la legislación nacional e internacional en vigor, que es coherente con las convenciones de derechos humanos en las que Australia es parte. Australia también reconoce la importancia de ofrecer una protección jurídica a los trabajadores migratorios y ha aprobado recientemente leyes nacionales que protegen mejor a los trabajadores temporeros extranjeros.

288.A Australia le preocupa la incompatibilidad de la Convención de los Trabajadores Migratorios con las políticas migratorias nacionales. Por ejemplo, la posibilidad de adherirse a esa Convención le impondría tratar a los trabajadores migratorios y a sus familiares de manera más favorable que a otros migrantes que tramitan una solicitud de visado. En ocasiones, la citada Convención no distingue entre los que están trabajando legalmente y los que lo hacen ilegalmente.

289.La ratificación del Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, 1989) no es una prioridad para el Gobierno de Australia en este momento. El Gobierno tiene un programa de reformas claro, que se centra en prestar asistencia práctica a los aborígenes de Australia. Los derechos de los aborígenes australianos están protegidos por la Ley contra la Discriminación Racial de 1975 (Commonwealth) y por la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Australia también apoya la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Gobierno celebra consulta con los pueblos indígenas de diversas formas, y continuará pidiendo su opinión a los gobiernos estatales y territoriales y a los líderes y comunidades indígenas, para seguir mejorando la situación de los aborígenes australianos.