Comité contra la Desaparición Forzada
Informe que Camboya debía presentar en 2015 en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención *
[Fecha de recepción: 15 de julio de 2021]
I.Introducción
1.El Reino de Camboya ha aceptado los principios internacionales de derechos humanos como uno de los fundamentos de la vida de sus ciudadanos en condiciones de paz, establecidos en el artículo 31 de la Constitución del Reino de Camboya, con arreglo al cual el Reino de Camboya reconoce y respeta los derechos humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y convenios relativos a los derechos humanos, los derechos de la mujer y los derechos del niño. Todos ciudadanos jemeres son iguales ante la ley, disfrutan de los mismos derechos y libertades y tienen las mismas obligaciones, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, credo, religión, tendencia política, linaje, condición social, posición económica o cualquier otra condición. El ejercicio de esos derechos y libertades se ajusta a lo dispuesto en la ley.
2.El Reino de Camboya se adhirió a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 27 de junio de 2013. De conformidad con el artículo 29 de esta Convención, debía haber presentado su primer informe sobre la aplicación de la Convención en 2015. No obstante, solo hasta ahora ha tenido la oportunidad y buenas posibilidades de preparar su primer informe y presentarlo al Comité contra la Desaparición Forzada.
II.Aplicación de las disposiciones
Artículo 1Prohibición de la desaparición forzada
3.En el Reino de Camboya no hay nadie en situación de desaparición forzada. En ningún caso podrán invocarse en él circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. Según dispone la Constitución, en el artículo 32, párrafo 1, todo ciudadano jemer tiene derecho a la vida, a la libertad personal y a la seguridad.
Artículo 2Definición de la desaparición forzada
4.Como Estado parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Reino de Camboya utiliza como referencia la definición de desaparición forzada contemplada en el artículo 2 de dicha Convención. En este sentido, su legislación protege a todas las personas de la desaparición forzada con arreglo a lo previsto en el artículo 38 de la Constitución, según el cual la ley garantiza lo siguiente: Nadie será sometido a maltrato físico. La vida, el honor y la dignidad de los ciudadanos están protegidos por la ley. Nadie podrá ser objeto de enjuiciamiento, detención o reclusión salvo de conformidad con la ley. Todo ciudadano gozará del derecho a la defensa por la vía judicial.
5.En consonancia con la Convención, la legislación del Reino de Camboya sanciona determinados actos que afectan a la seguridad de las personas. El artículo 588 del Código Penal dispone que el acto arbitrario de violación de la libertad personal cometido por un funcionario público o un titular de un cargo público electivo, que actúe en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de sus funciones, será castigado con una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa de 4 a 10 millones de riel.
Artículo 3Investigación por la autoridad competente
6.Teniendo en cuenta el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el artículo 38 de la Constitución mencionado antes, la desaparición forzada es un delito que debe ser objeto de investigación con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
7.La investigación de los delitos, como los casos de desaparición forzada, la lleva a cabo la policía judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, según el cual esta tiene el deber de investigar los delitos graves, los delitos leves y las faltas, así como de averiguar quiénes son los autores, detenerlos y reunir pruebas. Con arreglo a este artículo, cuando existan pruebas presuntivas de que se ha producido un delito, los agentes de la policía judicial detendrán a las personas sospechosas de haberlo cometido y las remitirán a los tribunales para que sean juzgadas.
Artículo 4Determinación de las infracciones penales en el régimen jurídico nacional
8.Teniendo en cuenta lo dispuesto en la definición de desaparición forzada que figura en el artículo 2 de esta Convención, en el Reino de Camboya la desaparición forzada es un delito contra la persona y, como tal, está contemplado en la legislación penal, en los artículos 253 a 255 del Código Penal relativos a la detención, reclusión o confinamiento ilegales, y en los artículos 588 a 591, relativos al abuso de poder contra personas. Además, la Ley de Represión de la Trata de Personas y la Explotación Sexual y la Ley de Prisiones también tipifican delitos conexos con la desaparición forzada y protegen a todas las personas contra ella.
Artículo 5Crímenes de lesa humanidad
9.En el Reino de Camboya la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada se considera un crimen de lesa humanidad, definido en el artículo 188 del Código Penal, con arreglo al cual constituye un crimen de lesa humanidad cada uno de los actos enunciados a continuación, cuando se comete en el marco de un ataque generalizado o sistemático llevado a cabo contra la población civil: el asesinato; el exterminio; el sometimiento a la esclavitud; la deportación o traslado forzosos de la población; el encarcelamiento o cualquier otra forma de privación grave de libertad en contravención de las disposiciones fundamentales del derecho internacional; la tortura; la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; la persecución de un grupo o una comunidad por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o sexuales; la desaparición forzada; el apartheid; y todos los demás actos inhumanos que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física.
Artículo 6Responsabilidad penal
10.En el Reino de Camboya, quienes participan en la comisión del delito de desaparición forzada, a saber, los autores, los coautores, los instigadores y los cómplices, tienen responsabilidad penal, lo que es coherente con el artículo 6, párrafo 1 a), de esta Convención. Los artículos 32.2 y 32.3 del Código Penal establecen que una persona no será penalmente responsable si realiza un acto que ha ordenado una autoridad legal, a menos que el acto sea manifiestamente ilegal. En los casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio o crímenes de guerra, en ninguna circunstancia se podrá eximir de su responsabilidad penal al autor, al coautor, al instigador o al cómplice, invocando cualquiera de los siguientes motivos: 1) el acto cometido está prescrito o autorizado por la legislación vigente o no está prohibido en ella; 2) la persona actuó por orden de una autoridad legítima.
11.Se considera que el superior que haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente es culpable de haber cometido el delito previsto en el artículo 529 del Código Penal (Omisión de denunciar un delito, y excepciones), según el cual toda persona que, habiendo tenido conocimiento de un delito cuyas consecuencias aún es posible prevenir o limitar, omita informar de ello a la autoridad judicial o a otras autoridades competentes será castigada con una pena de prisión de un mes a un año y una multa de 100.000 a 2 millones de riel. Sin embargo, están exentos de sanción los ascendientes y descendientes, así como los hermanos y hermanas, el cónyuge o las personas vinculadas por una obligación legal de secreto profesional.
12.Se considera instigador al superior que haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que guardaba relación el delito de desaparición forzada; por consiguiente, dicha persona tendrá la responsabilidad penal prevista en el artículo 28 del Código Penal.
13.Se considera cómplice al superior que no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; por consiguiente, dicha persona tendrá la responsabilidad penal prevista en el artículo 29 del Código Penal.
14.En el Reino de Camboya, ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada, conforme a lo previsto en el artículo 32 del Código Penal, mencionado anteriormente.
Artículo 7Penas impuestas
15.En el Reino de Camboya, la desaparición forzada es un delito que se castiga con arreglo a lo previsto en el derecho penal para los actos cometidos y teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes, contempladas, respectivamente, en los artículos 77 a 92 y 93 a 95 del Código Penal.
Artículo 8Prescripción del delito de desaparición forzada
16.Por lo que se refiere a la prescripción de los delitos, la legislación del Reino de Camboya diferencia entre varios tipos de delitos. El artículo 10 del Código de Procedimiento Penal establece que el plazo de prescripción de la acción penal es el siguiente: 15 años para los delitos graves; 5 años para los delitos leves; y 1 año para las faltas. El delito de desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad, es un caso particular para el cual no hay prescripción, como dispone el artículo 9 del Código de Procedimiento Penal, en virtud del cual no prescriben el delito de genocidio, el crimen de lesa humanidad ni el crimen de guerra.
17.En el Reino de Camboya los derechos de las víctimas de desaparición forzada están garantizados y protegidos por la ley. En este sentido, las autoridades competentes deberán resolver las acciones penales, civiles o administrativas interpuestas por las víctimas o su representante legal.
18.El artículo 5 del Código de Procedimiento Penal dispone que las víctimas de un delito grave o de un delito leve pueden presentar ante el juez de instrucción una denuncia como demandantes de una acción civil. Los demandantes en una acción civil pueden presentar una denuncia ante un juez de instrucción asignado a una acción penal, con arreglo a las condiciones previstas en el artículo 139 (Remisión de una denuncia al fiscal) y en el artículo 140 (Pago de fianzas) de este Código. Los tribunales penales también pueden recibir denuncias de funcionarios gubernamentales u otros agentes públicos que estén autorizados a presentar denuncias en virtud de otras leyes.
19.El artículo 6 del Código de Procedimiento Penal establece que cualquier persona que afirme ser víctima de un delito puede presentar una denuncia. Una denuncia ordinaria no da lugar, por sí sola, a la imputación de cargos penales. En caso de que el fiscal no responda a la denuncia o mantenga el expediente sin tramitar, la víctima podrá presentar una petición al Fiscal General del Tribunal de Apelación, de conformidad con el artículo 41 (Expediente sin tramitar) de este Código.
20.El artículo 13 del Código de Procedimiento Penal dispone que la víctima de un delito puede interponer una demanda civil. Para que el perjuicio pueda ser indemnizado, debe ser consecuencia directa de un delito, ser un daño personal sufrido por el denunciante, haber ocurrido y ser actual. El perjuicio puede ser de índole patrimonial, físico o emocional.
Artículo 9Territorio en que se ejerce la jurisdicción
21.En el Reino de Camboya la determinación de la jurisdicción sobre los delitos se prevé en el Código Penal de la siguiente manera:
Artículo 12: En materia penal, la ley camboyana es aplicable a todos los delitos cometidos en el territorio del Reino de Camboya, el cual incluye sus correspondientes espacios aéreos y marítimos.
Artículo 13: Se considerará que un delito se ha cometido en el territorio del Reino de Camboya si uno de los elementos del delito se ha cometido en dicho territorio.
Artículo 14: En materia penal, la ley camboyana es aplicable a los delitos cometidos a bordo de los buques que enarbolan el pabellón de Camboya, independientemente del lugar donde se encuentren.
Artículo 15: En materia penal, la ley camboyana es aplicable a bordo de los buques extranjeros que las autoridades camboyanas estén autorizadas a inspeccionar o abordar por acuerdo internacional.
Artículo 16: En materia penal, la ley camboyana es aplicable a los delitos cometidos a bordo de una aeronave registrada en el Reino de Camboya, independientemente del lugar donde se encuentre.
Artículo 19: En materia penal, la ley camboyana es aplicable a cualquier delito grave cometido por un nacional camboyano fuera del territorio del Reino de Camboya. La ley camboyana es aplicable a los delitos leves cometidos por nacionales camboyanos en un país extranjero si la conducta también es punible según la ley de ese país. Estas disposiciones serán aplicables incluso si el acusado adquirió la nacionalidad camboyana después de los actos que se le imputan.
Artículo 20: En materia penal, la ley camboyana es aplicable a cualquier delito grave cometido por un camboyano o un extranjero fuera del territorio del Reino de Camboya si la víctima es un ciudadano camboyano en el momento de comisión del delito.
22.En consonancia con dicha determinación de la jurisdicción, en los delitos de desaparición forzada el Reino de Camboya aplicará los criterios ya descritos cuando sea necesario determinarla, a fin de que, cuando los presuntos infractores se encuentren en un territorio bajo su jurisdicción, pueda ejercerla. En caso de no tener jurisdicción, extraditará o entregará a dicho infractor a otro Estado, de conformidad con sus obligaciones internacionales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 566 del Código de Procedimiento Penal, en virtud del cual puede aceptar entregar a un Estado extranjero a un residente extranjero que resida en el territorio de Camboya y que haya sido objeto de una acusación en un proceso judicial en este Estado, o haya sido condenado a pena de prisión por un tribunal de este Estado.
23.En el Reino de Camboya, los acuerdos para la entrega (extradición) a un Estado extranjero de un responsable de un acto de desaparición forzada se ajustan a las condiciones previstas por la ley al respecto en los artículos 569 a 580 del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 10Privación de libertad durante el proceso de extradición
24.Cuando a las autoridades competentes camboyanas se las informa sobre un presunto autor de un delito de desaparición forzada que se encuentra en el territorio del Reino de Camboya y se les presenta una solicitud para su detención, seguirán los siguientes procedimientos del Código de Procedimiento Penal:
El artículo 581 dispone que el Estado requirente puede solicitar la detención preventiva de la persona buscada. En caso de urgencia, la solicitud de detención preventiva puede hacerse antes de la solicitud de extradición prevista en el artículo 579 (Certificación de la solicitud de extradición) de dicho Código. La detención preventiva, cuyo objetivo es evitar que la persona buscada se fugue, no requiere el cumplimiento de ningún otro procedimiento aparte. La persona sometida a procedimientos de detención preventiva será puesta en libertad automáticamente si el Real Gobierno de Camboya no recibe los documentos especificados en el artículo 579 (Certificación de la solicitud de extradición) dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la detención.
El artículo 582 establece que el Fiscal General del Tribunal de Apelación de Phnom Penh puede ordenar la detención y reclusión de la persona buscada. La orden de detención contendrá la siguiente información: la identidad de la persona buscada; una referencia a la solicitud de detención preventiva formulada por el Estado extranjero; el nombre completo y el título del juez que haya dictado dicha orden. La orden deberá estar fechada, sellada y firmada por el Fiscal General. La orden de detención y reclusión será ejecutable en todo el territorio del Reino de Camboya.
25.Tras la detención de un presunto autor de un delito de desaparición forzada, en consonancia con el artículo 10, párrafo 1, de la Convención, las autoridades competentes adoptarán las medidas adicionales previstas en los artículos 583 a 589 del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 11Obligación de juzgar
26.En caso de que una persona sea acusada de cometer un delito de desaparición forzada en el territorio bajo la jurisdicción del Reino de Camboya, y este no pueda extraditarla, las autoridades competentes camboyanas la detendrán y la juzgarán con arreglo a la legislación nacional.
27.En lo que respecta a la detención de un autor de un delito de desaparición forzada con miras a su enjuiciamiento con arreglo a la ley, las autoridades del Reino de Camboya aplicarán las normas de asistencia recíproca en asuntos penales (Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal). En la actualidad, el Reino de Camboya es un Estado parte en el Tratado de la ASEAN de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal y en un tratado bilateral con Vietnam. A fin de garantizar la aplicación de la asistencia recíproca en asuntos penales, el Reino de Camboya promulgó la Ley de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal el 27 de junio de 2020.
28.Con respecto a la decisión de enjuiciar a un autor de un delito de desaparición forzada, las autoridades competentes aplicarán los mismos procedimientos que en otras causas penales, previstos en el Código de Procedimiento Penal. La imposición de penas más graves o más leves depende de las circunstancias agravantes o atenuantes, que se determinarán sobre la base de la naturaleza de los actos cometidos por ese infractor.
29.En el Reino de Camboya, los autores de un delito de desaparición forzada gozan, en todas las fases del proceso penal, de las mismas garantías y protecciones previstas por la ley para los autores de otros delitos como, por ejemplo, la de no ser objeto de tortura.
30.En el Reino de Camboya, los juicios por delitos de desaparición forzada, así como por otros delitos, se llevan a cabo de conformidad con los principios de un juicio imparcial, que entrañan los siguientes procedimientos específicos:
Los tribunales se establecen por ley (Ley de Organización del Poder Judicial).
Los tribunales son jurídicamente competentes e independientes (nuevo art. 128 y nuevo art. 129 de la Constitución).
Los infractores tienen derecho, en todas las fases del proceso, a contar con abogados de su elección o designados de oficio (arts. 98, 101, 143 y 145 del Código de Procedimiento Penal).
Las audiencias son públicas.
31.El nuevo artículo 128 de la Constitución establece que el poder judicial es un poder independiente, que garantiza y defiende la imparcialidad y protege los derechos y libertades de los ciudadanos. Tiene competencia para todas las demandas, incluidas las de índole administrativa. Es ejercido por el Tribunal Supremo y por los tribunales inferiores de todas las jurisdicciones y categorías. Según el nuevo artículo 129, los juicios se celebran en nombre de los ciudadanos jemeres y de conformidad con las leyes y los procedimientos legales vigentes. Solo los jueces tienen derecho a dictar sentencia. Un juez debe cumplir con este deber con estricto respeto a las leyes, incondicionalmente y a conciencia. El nuevo artículo 132 establece que el Rey es el garante de la independencia del poder judicial y que el Consejo Supremo de la Magistratura asiste al Rey en ese cometido.
Artículo 12Investigación
32.En el Reino de Camboya, toda persona que considere que alguien es responsable de una desaparición forzada que lo afecte tiene derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que toda persona que afirme ser víctima de un delito puede presentar una denuncia.
33.Además, toda persona tiene también derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes en virtud del artículo 39 de la Constitución, según el cual los ciudadanos jemeres tienen derecho a presentar denuncias, reclamaciones o demandas ante cualquier transgresión de la ley por parte de los órganos estatales y sociales o de sus miembros.
34.Las autoridades competentes que reciban denuncias sobre hechos de desaparición forzada deben registrar, a efectos de la investigación ulterior, las acusaciones respectivas, conforme a lo previsto en el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal, en virtud del cual los agentes de la policía judicial están obligados a registrar toda denuncia que hayan recibido. En el registro se incluirá adecuadamente la declaración del denunciante. A partir de entonces, los agentes de la policía judicial llevarán a cabo la investigación atendiendo a lo consignado en el registro, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, según el cual los agentes de la policía judicial recibirán las quejas o denuncias, realizarán la investigación de todos los delitos, llevarán a cabo la investigación de los delitos flagrantes y realizarán la investigación preliminar en las condiciones previstas en el artículo 84 (Diferentes facultades de los agentes de la policía judicial en materia de investigación) y en el artículo 101 (Facultades de los jueces para hacer valoraciones) de dicho Código.
35.Los denunciantes, los testigos, los abogados y cualquier persona que participe en la investigación de un delito de desaparición forzada están protegidos por la ley contra cualquier acto de malignidad o intimidación de que sean objeto como consecuencia de las demandas presentadas o las pruebas aportadas, en consonancia con el artículo 220 del Código Penal, conforme al cual los actos de violencia intencionada serán castigados con penas de prisión de 2 a 5 cinco años y con una multa de 4 a 10 diez millones de riel, si estos se cometen:
Contra una víctima o una parte civil, para impedir que denuncie un delito o trate de obtener reparación por el daño sufrido.
Contra un testigo, para impedir que declare en una investigación, una instrucción judicial, un juicio o en las actuaciones judiciales relativas a otras denuncias.
Contra una víctima o una parte civil que haya denunciado un delito o tratado de obtener reparación por el daño sufrido.
Contra un testigo por declarar en una investigación, una instrucción judicial, un juicio o en las actuaciones judiciales relativas a otras denuncias.
36.Si hay una razón imperiosa para creer que alguien está desaparecido, las autoridades competentes del Reino de Camboya llevarán a cabo una investigación aunque no haya una denuncia formal, conforme a lo previsto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, cuando los agentes de la policía judicial tengan conocimiento de un hecho, que puede ser un delito grave, un delito leve o una falta, podrán, por iniciativa propia o a instancia de un fiscal, llevar a cabo una investigación preliminar.
37.En el Reino de Camboya, la policía judicial dispone por ley de los recursos para llevar a cabo investigaciones y de las facultades para hacerlo, lo que incluye el derecho a utilizar documentos y otra información en relación con sus investigaciones, conforme a lo dispuesto en los siguientes artículos del Código de Procedimiento Penal:
Artículo 56: La policía judicial actúa como auxiliar del poder judicial y tiene el deber de investigar los delitos graves, los delitos leves y las faltas, así como de averiguar quiénes son los autores, detenerlos y reunir pruebas.
Artículo 89: En caso de delito grave o delito leve flagrantes, los agentes de la policía judicial lo comunicarán inmediatamente al fiscal. Se desplazarán al lugar de los hechos para inspeccionar la escena del delito. Protegerán todas las pruebas que constituyan pistas y puedan desaparecer. Y podrán ordenar a las personas que no abandonen la escena del delito hasta que hayan finalizado sus diligencias.
38.Tras haber obtenido el consentimiento previo de las autoridades judiciales para decidir inmediatamente al respecto, la policía judicial tiene derecho a ingresar en todos los centros de reclusión o en cualquier otro lugar en el que haya una razón de peso para creer que hay personas desaparecidas. En tal caso, si hay motivos fundados para sospechar de la existencia de delitos, la policía judicial puede, con la autorización de cualquier tribunal, entrar y registrar todas las instalaciones del lugar, como dispone el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, cuando la investigación preliminar se refiere a un delito grave o a un delito leve, los agentes de la policía judicial pueden realizar un registro y recoger las pruebas pertinentes. Los agentes de la policía judicial solicitarán el consentimiento expreso y efectivo del propietario del local. El consentimiento deberá ser escrito a mano por el propietario del local. Si el propietario es analfabeto, el oficial de policía judicial hará constar claramente en el acta que el propietario del local es analfabeto y aprueba el registro. Cuando el propietario del local esté ausente o se niegue al registro, el presidente del tribunal de primera instancia con competencia territorial podrá, a instancias del fiscal, dictar una orden de autorización del registro. El fiscal dirigirá personalmente el registro. El registro se realizará en presencia del propietario del local, o en presencia de dos testigos si el propietario está ausente. Los testigos serán seleccionados por el fiscal. Los testigos no pueden ser agentes de la policía judicial o de la Gendarmería Real que formen parte de las fuerzas operativas conjuntas que realizan el registro. El registro no puede realizarse antes de las 6.00 horas ni después de las 18.00 horas. Se aplicarán a los objetos incautados las disposiciones del artículo 92 (Colocación del sello en las pruebas) del presente Código.
39.En caso de que, mediante represión, intimidación o represalias contra los denunciantes, testigos, familiares o abogados de las personas desaparecidas o personas que participen en la investigación conexa, se injiera en el proceso de investigación, los responsables de ello serán castigados con arreglo al Código Penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 220, mencionado anteriormente.
Artículo 13Extradición
40.A efectos de llevar a cabo una extradición entre Estados partes, el Reino de Camboya no considera los delitos de desaparición forzada como delitos políticos, delitos relacionados con asuntos políticos o delitos cometidos con fines políticos. En principio, los procedimientos para hacer efectiva la extradición en el Reino de Camboya están contemplados en el Código de Procedimiento Penal, en los artículos 566 a 589.
41.Actualmente, el Reino de Camboya tiene tratados bilaterales de extradición con Tailandia (1999), la República Popular China (2000), la República Democrática Popular Lao (2005), la República de Corea (2010), Viet Nam (2014) y la Federación de Rusia (2018). Por lo que se refiere a la extradición en relación con casos de desaparición forzada, el Reino de Camboya aplica los tratados bilaterales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 567 del Código de Procedimiento Penal, conforme al cual la extradición de un residente extranjero detenido en el territorio nacional se regirá por las disposiciones de los convenios y tratados internacionales ratificados por el país. En caso de que no exista ningún convenio o tratado internacional ratificado por el Reino de Camboya, se aplicarán las disposiciones del libro 9, título I, capítulo II, del Código Penal, salvo que en una ley independiente se disponga lo contrario.
42.En el caso de los Estados partes en la presente Convención que no tengan un tratado de extradición con el Reino de Camboya, la extradición por delitos de desaparición forzada se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 14Asistencia judicial recíproca
43.Dado que el responsable de un delito de desaparición forzada puede ser extraditado, el Reino de Camboya considera que la asistencia judicial recíproca es sumamente eficaz en las actuaciones penales, especialmente en cuanto a la aportación de pruebas de todo tipo para dichas actuaciones. En caso de que se le solicite asistencia judicial recíproca en una causa penal, el Reino de Camboya la proporcionará, con arreglo a su legislación nacional aplicable.
Artículo 15Cooperación internacional
44.Como Estado parte en esta Convención, el Reino de Camboya colaborará con otros Estados partes, adoptando para ello diversas medidas destinadas a la búsqueda de las personas que hayan sido objeto de desaparición forzada y a la prestación de asistencia a las víctimas de dichas desapariciones. En el caso de que una víctima de desaparición forzada fallezca, el Reino de Camboya colaborará con el Estado parte del que sea nacional dicha víctima para buscar, identificar y devolver sus restos a su país, como lo ha venido haciendo con los Estados Unidos de América y Viet Nam, en la búsqueda de restos de soldados suyos muertos en la guerra.
Artículo 16Política de no devolución
45El Reino de Camboya actúa en consonancia con su propia legislación nacional, en particular la Ley de Inmigración y el Código de Procedimiento Penal, en el ejercicio de su facultad de proceder o no a la expulsión, devolución, entrega o extradición de cualquier persona a otro Estado.
46.El Reino de Camboya es signatario de varios tratados internacionales de derechos humanos. Por consiguiente, en el ejercicio de su facultad de proceder o no a la expulsión, devolución, entrega o extradición de cualquier persona a otro Estado, se basará en los principios de respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Artículo 17Prohibición de la reclusión secreta
47.Los centros de reclusión secreta no están permitidos en el Reino de Camboya. Por consiguiente, no se puede mantener a nadie en reclusión secreta. Mantener a cualquier persona en reclusión secreta es un confinamiento ilegal, que está definido como un delito y se castiga con arreglo a los artículos 253 a 255 del Código Penal.
48.En el Reino de Camboya, los principios y las condiciones de la privación de libertad de las personas se recogen en disposiciones legislativas específicas, entre ellas las del Código de Procedimiento Penal que se presentan a continuación:
Artículo 203: En principio, toda persona acusada permanecerá en libertad. En casos especiales, podrá ser detenida temporalmente en las condiciones establecidas en el presente artículo.
Artículo 204: La prisión preventiva solo podrá imponerse en casos de imputaciones por delitos graves o delitos leves respecto de los que se prevean penas de uno o más años de prisión.
Artículo 205: La prisión preventiva podrá imponerse cuando la detención sea necesaria con los fines siguientes:
1.Poner fin al delito o impedir que vuelva a producirse;
2.Prevenir cualquier injerencia en los testigos o las víctimas o cualquier connivencia entre el acusado y el cómplice;
3.Mantener pruebas o pistas materiales;
4.Garantizar que el acusado esté a disposición del tribunal mientras este falla con arreglo a su procedimiento;
5.Proteger la seguridad del acusado;
6.Mantener el orden público para evitar cualquier caos provocado por el delito.
49.Los jueces son competentes para dictar órdenes de privación de libertad en virtud de la potestad que les confiere la ley, en particular el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal, conforme al cual un juez de instrucción estará facultado para dictar una orden de detención.
50.La privación de libertad de una persona se lleva a cabo en cumplimiento de una orden emitida por un juez para que sea recluida en un lugar oficialmente reconocido y controlado, de conformidad con el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, en que se define la orden de reclusión como la orden que se da al director de un centro penitenciarios o de detención para que admita y recluya a un acusado. Un juez de instrucción solo puede dictar una orden de reclusión respecto de acusados que deban ser mantenidos en prisión preventiva.
51.Las personas privadas de libertad estarán autorizadas a comunicarse con sus familiares, abogados y otras personas de su elección, y a recibir sus visitas suyas, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Prisiones. Los ciudadanos extranjeros privados de libertad pueden ponerse en contacto con sus autoridades consulares de conformidad con la ley, con arreglo a lo previsto en el artículo 20, párrafo 2, de la Ley de Prisiones.
52.Las autoridades competentes estarán autorizadas por ley a inspeccionar los centros de reclusión, conforme a lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, según el cual el Fiscal General del Tribunal de Apelación, el Fiscal, el Presidente de la Sala de Instrucción y el Juez de Instrucción inspeccionarán regularmente los establecimientos penales.
53.Cuando se sospecha que personas privadas de libertad pueden ser objeto de desaparición forzada, quienes tengan intereses legítimos a su respecto, como sus familiares, representantes o abogados, tienen derecho a iniciar acciones legales ante el tribunal para que este decida sobre la legalidad de la privación de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Penal, según el cual todo juez que haya recibido una denuncia por detención ilegal deberá investigar de inmediato la cuestión.
54.Todos los centros de reclusión están obligados por ley a recopilar y mantener actualizadas las listas oficiales de personas privadas de libertad, conforme a lo previsto en el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, según el cual todos los centros penitenciarios y de reclusión tendrán un registro en el que se anotará la identidad del recluido, la fecha de reclusión y la fecha de puesta en libertad. El registro será inspeccionado con frecuencia por un departamento de la fiscalía. Una vez aprobado por dicho departamento, se colocará en cada página su validación. Todos los agentes de las administraciones de los centros penitenciarios y de reclusión deberán presentar este registro al juez cuando este lo solicite y mostrarlo a los agentes de la policía judicial que ejercen sus funciones por delegación de la autoridad judicial.
Artículo 18Información sobre las personas privadas de libertad
55.Las personas con intereses legítimos en las personas privadas de libertad, como sus familiares, representantes o abogados, pueden recibir información sobre las autoridades que ordenaron la privación de libertad, las fechas, la duración, los lugares donde se encuentran dichas personas, las autoridades responsables, la gestión de dicha privación de libertad y las condiciones de salud de dichas personas. En caso de que una persona privada de libertad fallezca, un perito forense deberá realizar una autopsia para establecer la causa de la muerte, y toda la información pertinente se deberá proporcionar a la familia del fallecido. El artículo 64 de la Ley de Prisiones establece que toda muerte de un recluso en un centro penitenciario se considerará sospechosa. Los funcionarios de prisiones preservarán el lugar de la muerte y el cuerpo del fallecido y mantendrán a su disposición a los presos que puedan ser testigos. El director del centro penitenciario informará al Fiscal Real para que tome medidas de investigación. Si un recluso fallece en el hospital, el director del centro penitenciario informará al Fiscal Real. Si la muerte se considera sospechosa, el Fiscal Real encargará a la policía científica la realización de una autopsia. Además, el artículo 65 de la Ley de Prisiones dispone que el director del centro penitenciario informe sin demora a la familia, a la embajada, al consulado o al representante oficial del fallecido para organizar el traslado del cuerpo. En caso de que no haya familiares o allegados, el director del centro penitenciario informará por escrito sobre la condición de fallecido del recluso al Fiscal Real, al Director General de Establecimientos Penitenciarios y a la Oficina de Registro de Nacimientos y Defunciones del lugar de residencia habitual del recluso fallecido. Los gastos funerarios correrán a cargo del Estado, según se determine en el decreto complementario conexo.
Artículo 19Protección de los datos personales
56.La información personal, como los datos médicos, los genes y el marco de búsqueda de cualquier persona desaparecida, se mantendrán confidenciales en la investigación y la instrucción, conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 121 del Código de Procedimiento Penal. Toda persona que infrinja el secreto profesional será sancionada con arreglo al artículo 314 del Código Penal. Dicha información se utiliza únicamente con el fin de buscar a la persona desaparecida, en las actuaciones penales relativas a la desaparición forzada o en el ejercicio del derecho a solicitar una indemnización.
Artículo 20Restricciones del derecho de acceso a la información
57.En el Reino de Camboya, las investigaciones penales se consideran confidenciales; por consiguiente, cualquier información relacionada con las investigaciones puede ser restringida si dicha información puede afectar a la intimidad o a la seguridad de las personas u obstaculizar las investigaciones penales, conforme a lo previsto en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la confidencialidad de la investigación. Toda persona que participe en una investigación, especialmente los fiscales, abogados, secretarios judiciales, policías, gendarmes reales, funcionarios, peritos, traductores, médicos y otras personas competentes mencionadas en el artículo 95 (Examen técnico o científico) de dicho Código, debe mantener el secreto profesional. Sin embargo, el respeto del secreto profesional no puede ser un obstáculo para el ejercicio del derecho de legítima defensa. Además, los fiscales pueden hacer una declaración pública si creen que la información difundida en algún caso es falsa. La violación de la confidencialidad en relación con la investigación es un delito que se castiga con arreglo a la legislación penal vigente.
58.En lo que respecta a algunas de las informaciones a las que se refiere el artículo 18, párrafo 1, de esta Convención, los familiares, los representantes o el abogado de la persona privada de libertad pueden tener acceso a esta información a través del tribunal encargado de la causa, conforme a lo previsto en el artículo 129.4 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que el abogado o su secretario pueden ser autorizados por el juez de instrucción a copiar el expediente, a su costa y bajo la supervisión del secretario del tribunal.
Artículo 21Puesta en libertad
59.En el Reino de Camboya, la privación de libertad de las personas se ajustará a la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Constitución, según el cual no se permitirán la persecución, la detención ni la prisión preventiva de ninguna persona, salvo de conformidad con la ley. Por consiguiente, la privación de libertad en condiciones de desaparición forzada es un acto ilegal, por lo que la persona que sea objeto de ella debe ser puesta en libertad incondicionalmente. La persona puesta en libertad gozará de los mismos derechos y protección jurídica de los demás ciudadanos. La negativa a poner en libertad a una persona sujeta a desaparición forzada se sanciona con arreglo al artículo 589 del Código Penal relativo a la negativa a poner en libertad a una persona recluida ilegalmente.
Artículo 22Obstrucción de la justicia e incumplimiento de obligaciones de registro y suministro de información
60.En el Reino de Camboya, obstruir la aplicación de la ley es un delito punible, conforme a lo previsto en el artículo 586 del Código Penal, con arreglo al cual la adopción de medidas destinadas a obstruir la aplicación de la ley, por un funcionario público o un titular de un cargo público electo, en el desempeño de su función o con ocasión de su ejercicio, será castigada con una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa de 4 a 10 millones de riel. Si el acto de obstrucción surte efecto, la pena de prisión será de 5 a 10 años.
61.El incumplimiento de la obligación de registrar la privación de libertad de una persona o cualquier otra información pertinente que tenga en su poder un funcionario encargado del registro oficial es una falta administrativa, que está sujeta a las sanciones administrativas contempladas en las normas institucionales.
62.Negarse a proporcionar información sobre la privación de libertad de una persona o dar información falsa es un delito que se castiga con arreglo a las siguientes disposiciones del Código Penal:
Artículo 537 (Negativa a responder preguntas): La persona que, habiendo declarado públicamente que conoce al autor, al coautor, al instigador o al cómplice de un delito grave o leve, se niegue a responder a las preguntas que le formule al respecto un juez será castigada con una pena de prisión de un mes a un año y con una multa de 100.000 a 2 millones de riel.
Artículo 545 (Prestación de falso testimonio y circunstancias eximentes): El falso testimonio prestado bajo juramento ante cualquier tribunal de justicia o ante un agente de la policía judicial que actúe respaldado por una comisión rogatoria será castigado con una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa de 4 a 10 millones de riel. Sin embargo, dicho testigo será eximido de sanción cuando se retracta de su testimonio de forma espontánea y dice únicamente la verdad antes de que se haya tomado la decisión de poner fin al procedimiento de investigación o de juicio.
Artículo 23Formación en derechos humanos
63.En el Reino de Camboya, los agentes de la autoridad responsables de vigilar a las personas privadas de libertad y del trato que se da a estas reciben formación sobre profesionalidad, código de conducta y derechos humanos. La Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que supervisa la reclusión de las personas privadas de libertad en todo el país, ha venido colaborando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya en la realización de varios cursos de formación sobre las reglas para el tratamiento de las personas privadas de libertad.
64.Dado que la Constitución protege a todas las personas de la privación ilegal de libertad, cualquier orden o instrucción que permita o fomente la desaparición forzada es contraria a sus principios y no es aplicable.
65.En el Reino de Camboya, todos los funcionarios públicos reciben tanto educación y formación relacionadas con el derecho como formación práctica adicional. Se ha animado mucho a los funcionarios públicos cuyas actividades tienen que ver con el derecho y los derechos humanos a que asistan a cursos de formación, seminarios y charlas sobre temas clave relacionados con la comprensión de los asuntos jurídicos y de derechos humanos.
66.A fin de promover y proteger los derechos humanos, el Real Gobierno de Camboya estableció el Comité Camboyano de Derechos Humanos, institución encargada de impartir educación y formación a todos los niveles sobre el derecho internacional de los derechos humanos a los funcionarios públicos, agentes de la autoridad y personal de las fuerzas armadas, entre otros.
67.Con miras a dar a conocer los principios fundamentales de derechos humanos recogidos en las leyes nacionales e internacionales y en los tratados conexos que Camboya ha ratificado y difundirlos entre los agentes de la autoridad, las autoridades locales, los estudiantes, los trabajadores, los ciudadanos y los pueblos indígenas, el Comité de Camboyano Derechos Humanos ha colaborado con los ministerios y departamentos competentes, las autoridades locales y otras partes interesadas en la organización de seminarios sobre derechos humanos en varias provincias del país. El contenido del artículo 23 de esta Convención también forma parte del programa de educación mencionado.
68.A efectos de crear conciencia entre la población acerca los derechos humanos, de enero de 2017 a julio de 2020, el Comité Camboyano de Derechos Humanos realizó 107 visitas sobre el terreno, de las que se beneficiaron 9.687 destinatarios (5.595 de ellos mujeres), entre los que figuraban, según el grupo beneficiario previsto, estudiantes de secundaria y pasantes de escuelas de magisterio, la población en general y funcionarios de las administraciones locales de las comunas o sangkats. De 2017 a 2019, el Presidente del Comité Camboyano de Derechos Humanos en persona dictó 18 conferencias relacionadas con los derechos humanos destinadas a 5.760 funcionarios (2.940 de ellos mujeres), miembros de las fuerzas armadas, jueces, fiscales y estudiantes en varias provincias.
69.De 2017 a 2019, el Comité Camboyano de Derechos Humanos colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya en la organización de siete seminarios y cursos de formación para funcionarios públicos sobre el derecho de los derechos humanos y sobre los tratados, pactos y convenciones internacionales que Camboya ha ratificado.
70.La Real Academia de Profesiones Judiciales ha incorporado módulos sobre el derecho internacional de los derechos humanos en el programa de formación de jueces, fiscales, secretarios judiciales y alguaciles. El Centro de Formación de Abogados también incluye en su programa de formación módulos sobre dicho derecho.
Artículo 24Derechos de las víctimas
71.En el artículo 4 de esta Convención se establece que la desaparición forzada deberá se tipificada como delito en la legislación penal nacional; de esa manera, toda persona que sea objeto de una desaparición forzada será considerada víctima de un delito.
72.Toda víctima de una desaparición forzada tiene derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de dicha desaparición, la evolución y resultados de la instrucción y la suerte de la persona desaparecida. A este respecto, en principio, el abogado de la víctima puede solicitar al juez competente una copia del expediente de la instrucción, lo que le permitirá informar a la víctima sobre la evolución y los resultados de esta.
73.En caso de que se produzca un delito de desaparición forzada, la policía judicial buscará y procurará localizar y poner en libertad a las personas desaparecidas, en virtud de su calidad de autoridad competente, establecida en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, conforme al cual “[L]a policía judicial actúa como auxiliar del poder judicial. Tiene el deber de investigar los delitos graves, los delitos leves y las faltas, así como de averiguar quiénes son los autores, detenerlos y reunir pruebas.” En caso de que una víctima de desaparición forzada fallezca, las autoridades competentes tomarán medidas de conformidad con los procedimientos legales aplicables.
74.En el ordenamiento jurídico camboyano está contemplado el derecho de las víctimas de infracciones penales a demandar por daños y perjuicios. Por ejemplo:
El artículo 39 de la Constitución dispone que “[L]os ciudadanos jemeres tienen derecho a presentar denuncias, reclamaciones o demandas en relación con cualquier transgresión de la ley por parte de los órganos estatales y sociales o de sus miembros. La resolución de las reclamaciones y demandas es competencia de los tribunales”.
El artículo 14 del Código de Procedimiento Penal establece que “[U]n perjuicio puede ser compensado mediante el pago de una indemnización por daños y perjuicios, la devolución a la víctima de los bienes que le hayan sido arrebatados o la restitución de los bienes dañados o destruidos a su estado original. La indemnización por daños y perjuicios debe guardar proporción con el daño causado”.
La medidas de reparación incluyen la restitución, la rehabilitación y el restablecimiento del honor y la dignidad.
75.Aunque en la Constitución no se hace una mención específica de la suerte de las personas que han sido objeto de desaparición forzada, sí está previsto en ella el derecho de las víctimas a la protección legal en interés de la sociedad, en particular en su artículo 36.4, en que se establece que todo ciudadano jemer tiene derecho a la seguridad social y a otras prestaciones sociales que determine la ley.
76.El derecho a participar en organizaciones o asociaciones está protegido por la ley, en particular en el artículo 42 de la Constitución, que dispone que los ciudadanos jemeres tienen derecho a crear asociaciones y partidos políticos. Estos derechos se determinarán por ley. Los ciudadanos jemeres también pueden participar en organizaciones de masas para el beneficio mutuo o dedicadas a proteger los logros nacionales y el orden social.
Artículo 25Protección de la infancia
77.Como Estado parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Reino de Camboya se ha interesado por la protección de los niños adoptando todas las medidas necesarias para promover sus derechos e intereses. El artículo 48 de la Constitución establece que el Estado deberá proteger los derechos de los niños contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular los derechos a la vida, a la educación, a la protección en tiempos de guerra, y a la protección de la explotación económica o sexual. Asimismo, el Estado deberá proteger a los niños de todas las formas de trabajo que interfieran con su educación o que sean perjudiciales para su salud o su bienestar.
78.En el Reino de Camboya, en cualquier circunstancia, sustraer a un menor de la persona que tiene su custodia legal es un delito que será castigado por la ley penal, como puede verse a continuación:
El artículo 327 del Código Penal establece que sustraer a un menor de la persona que tiene su custodia legal será castigado con una pena de prisión de un mes a un año y una multa de 100.000 a 2 millones de riel. El delito se castigará con una pena de prisión de 1 a 3 años y una multa de 2 a 6 millones de riel si se mantiene al menor fuera del territorio del Reino de Camboya.
En particular, la sustracción con fines de lucro y explotación es castigada por la Ley de Represión de la Trata de Personas y la Explotación Sexual, cuyo artículo 10 dispone que la persona que sustraiga ilegalmente a otra con fines de lucro, agresión sexual, producción de pornografía, matrimonio contra la voluntad de la víctima, adopción o cualquier forma de explotación será castigada con pena de prisión de 15 a 20 años cuando la víctima sea menor de edad.
79.En relación con situaciones de desaparición forzada, la representación engañosa, ocultación o destrucción de documentos que muestren la verdadera identidad de un niño, lo que constituye una ocultación de su existencia, se castiga con arreglo al artículo 333 del Código Penal. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, llevarse a un niño es un delito. En caso de que se produzca un delito de este tipo, las autoridades competentes deben investigar, buscar y encontrar al niño que ha sido sustraído ilegalmente y establecer su identidad a fin de que pueda ser devuelto a su familia de origen.
80.En el Reino de Camboya se prevén procedimientos claros para los distintos sistemas de adopción y formas de custodia de los niños, los cuales están contemplados por la ley en los artículos 1012 a 1023 del Código Civil y en la Ley de Adopción Internacional.
81.En el Código Civil, la adopción se divide en dos categorías:
La adopción plena, cuyos procedimientos se especifican en los artículos 1007 a 1019.
La adopción simple, cuyos procedimientos se especifican en los artículos 1020 a 1033.
82.Por lo que se refiere a los procedimientos de adopción internacional, estos se especifican en los artículos 5 a 53 de la Ley de Adopción Internacional.
83.A fin de promover la protección de la infancia, el Real Gobierno ha publicado la Política Nacional del Sistema de Protección de la Infancia 2019-2029. Esta Política Nacional determina tres pilares estratégicos clave, centrados en la prevención, el control de las intervenciones y la prestación de servicios de respuesta, y establece las normas que deben cumplirse de forma sistemática en cuatro ámbitos, el jurídico y reglamentario, el sanitario, el educativo y el asistencial. Al mismo tiempo, a fin de garantizar su aplicación efectiva y satisfactoria, también determina acciones específicas para los ministerios e instituciones que trabajan en la promoción de los derechos de los niños. El Real Gobierno de Camboya ha instado a las instituciones competentes a que elaboren una ley de protección de la infancia, en cuyo proyecto está trabajando actualmente el Ministerio de Asuntos Sociales, Veteranos y Rehabilitación de los Jóvenes, con el apoyo y el patrocinio del UNICEF en Camboya.
III.Conclusión
84.El Reino de Camboya ha adoptado varias medidas jurídicas, judiciales y administrativas, así como diversas políticas, a fin de garantizar respuestas oportunas, coherentes y completas a los problemas relacionados con la desaparición forzada. Las medidas y políticas adoptadas, que se describen en el presente informe, están en consonancia con las obligaciones internacionales contraídas por el Reino de Camboya en relación con las personas víctimas de desaparición forzada y sus familias, tanto en el marco del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario.
85.El Reino de Camboya no dispone actualmente de datos estadísticos en relación con la desaparición forzada ni tiene oficialmente conocimiento de ninguna causa penal conexa. El Reino de Camboya mantiene su posición de cumplir con las obligaciones previstas en la Convención con el objetivo de proteger a todas las personas contra la desaparición forzada.
86.Tras la presentación del informe nacional inicial, el Reino de Camboya participará en los debates con el Comité contra la Desaparición Forzada y espera recibir aportaciones y reflexiones constructivas que le permitan mejorar las instituciones legales y las normas jurídicas existentes en Camboya, con el ánimo de prevenir, combatir y eliminar los delitos relacionados con la desaparición forzada y contribuir a ello, conforme se señala en los propósitos de la Convención.