COMITÉ CONTRA LA TORTURA

42º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 846ª SESIÓN

celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,el lunes 10 de noviembre de 2008 a las 10.00 horas

Presidente: Sr. GROSSMAN

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN (continuación)

Cuarto informe periódico de China (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN(tema 5 del programa) (continuación)

Cuarto informe periódico de China (CAT/C/CHN/4; CAT/CHN/4/Corr.1; CAT/C/CHN/Q/4; CAT/C/CHN/Q/4/Add.1) y adiciones relativas a la Región Administrativa Especial de Hong Kong (CAT/C/HKG/4; CAT/C/HKG/Q/4; CAT/C/HKG/Q/4/Add.1) y la Región Administrativa Especial de Macao (CAT/C/MAC/4; CAT/C/MAC/4/Corr.1 y 2; CAT/C/MAC/Q/4; CAT/C/MAC/Q/4/Add.1) (continuación)

1.Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de China vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. LI Baodong (China) dice que la delegación de China ha acogido con gran interés las observaciones y las propuestas de los miembros del Comité, y les da las gracias por su actitud constructiva. Este diálogo con el Comité es a la vez necesario y positivo. En este contexto, es importante reconocer las diferencias en cuanto a la cultura y las tradiciones, el nivel de desarrollo y el sistema jurídico de los países. En los últimos años, China ha logrado avances importantes en el ámbito judicial y en materia de derechos humanos, y está determinada a continuar en esta dirección, fortaleciendo la cooperación y el intercambio internacionales y aprendiendo de terceros, principalmente a través de las opiniones del Comité. China seguirá reforzando sus actividades de sensibilización y capacitación a fin de superar los obstáculos culturales y tradicionales y de hacer realidad la tolerancia cero frente a la tortura.

3.Las autoridades chinas han intentado proporcionar al Comité una información lo más completa posible. No obstante, queda mucho por hacer en el ámbito de la estadística. China es un país en desarrollo, y los recursos de que dispone son limitados. Además, el tamaño de su población no facilita la tarea. El proceso de reforma y apertura necesita tiempo, pero el Gobierno tratará de acelerar y mejorar la coordinación entre los diferentes departamentos.

4.El Gobierno colabora con las organizaciones no gubernamentales (ONG), que desempeñan una importante función en materia de promoción y protección de los derechos humanos. China mantiene muy buenas relaciones con la mayoría de ellas y se apoya en sus actividades. Sin embargo, no debe obviarse la existencia factores complejos, como el uso de la violencia y el terror, el odio racial, las alteraciones del orden público y la subversión contra gobiernos legítimos, también presentes en China. Al amparo de los derechos humanos, un reducido número de ONG deforma la realidad y difunde información falsa con fines políticos. Algunas de ellas mienten sobre la situación de China y afirman que la tortura es habitual, a fin de engañar al Comité y perturbar sus debates. La delegación no duda de la objetividad y la imparcialidad de los miembros del Comité, que sabrán eludir cualquier manipulación.

5.La legislación china no incluye una definición específica de la tortura, pero todos los elementos recogidos en la definición de la Convención están cubiertos por las disposiciones de varias leyes relativas a diferentes delitos. Los actos de tortura penados por la ley comprenden también el sufrimiento, tanto físico como psicológico, que ocasionan los maltratos. Por ejemplo, el artículo 43 del Código Penal prohíbe no solamente la tortura, sino también el recurso a la amenaza, el chantaje o el engaño para obtener confesiones. Con arreglo al artículo 238 del Código Penal, los tratos humillantes constituyen una circunstancia agravante de la privación ilegal de libertad. Los malos tratos mencionados en los artículos 247 y 248 del Código Penal comprenden igualmente la humillación, que puede conllevar un grave sufrimiento mental. Además, las normas relativas a la instrucción de procedimientos penales por incumplimiento del deber y violación de derechos en el ejercicio de las funciones oficiales estipulan que los incumplimientos y violaciones graves que tengan un efecto perjudicial sobre la salud mental de la víctima darán lugar a una investigación para determinar la responsabilidad penal de sus autores. Por lo tanto, las disposiciones de la legislación vigente son perfectamente conformes con el espíritu de la Convención.

6.La delegación de China reconoce que existen vínculos entre las desapariciones forzadas y la tortura, pero éstas no dependen de los mismos instrumentos internacionales ni de los mismos órganos en el seno del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, que se compone de diferentes mecanismos cuyos mandatos respectivos deben respetarse. No obstante, el Gobierno de China apoya la reforma emprendida a fin de reforzar la coordinación entre dichos mecanismos con fines de promoción y protección de los derechos humanos.

7.La pertenencia histórica del Tíbet a China goza de un amplio reconocimiento entre la comunidad internacional. El Tíbet fue liberado pacíficamente y conoció una reforma democrática a mediados del siglo XX. La servidumbre se abolió y millones de personas pudieron volver a vivir en libertad. La autonomía regional que la Constitución confiere a las regiones habitadas por minorías étnicas, así como las decisiones adoptadas por el Gobierno central para promover la unidad étnica y una prosperidad común, han hecho posible que el Tíbet avance y se desarrolle de forma espectacular. Se ha encargado a las autoridades competentes que investiguen los sucesos acaecidos en marzo de 2008 en Lhasa y sus alrededores. Dichos sucesos, en los que 18 personas (entre ellas un bebé de pocos meses) resultaron muertas y 382 heridas, 58 de ellas gravemente, fueron obra de las fuerzas separatistas del Movimiento por la Independencia del Tíbet, que cometieron actos delictivos premeditados, incendiando y saqueando tiendas, casas, escuelas, hospitales y otras instalaciones. Las fuerzas del orden fueron atacadas, y uno de sus miembros fue asesinado, al tiempo que 241 agentes resultaron heridos, 23 de ellos gravemente. Estos actos violentos no solamente constituyen una violación directa del Código Penal, sino también del derecho a la vida, el derecho de toda persona a su seguridad y el derecho a la propiedad recogidos en los artículos 3 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las fuerzas de seguridad, con arreglo a derecho, detuvieron a 953 personas sospechosas en Lhasa. Otras 362 personas se entregaron por iniciativa propia. Tras los procedimientos judiciales, se condenó a 69 personas a penas de prisión por incendio voluntario, robo, obstrucción al deber de los funcionarios públicos, disturbios en la vía pública, reunión perniciosa para el orden público y violencia contra órganos del Estado; otras siete personas fueron condenadas a penas de privación de libertad por traición o comunicación ilegal de información a personas ajenas al país. Hay 8 personas en espera de juicio. Las otras 1.231 personas sospechosas fueron puestas en libertad tras haber sido objeto de medidas de educación y sanciones administrativas, y actualmente llevan una vida normal. Las fuerzas de seguridad actuaron con total legalidad e imparcialidad, y los derechos e intereses de las personas detenidas se protegieron debidamente. El tribunal popular de Lhasa y las jurisdicciones locales aplicaron estrictamente las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Los juicios fueron públicos, los acusados pudieron disfrutar de los servicios de intérpretes y los abogados de la defensa pudieron expresarse libremente. Además, las autoridades respetaron el principio de transparencia celebrando conferencias de prensa a las que fueron invitados más de 200 reporteros chinos y extranjeros, y recibiendo a varias delegaciones oficiales extranjeras. Ninguno de los diplomáticos, representantes extranjeros o periodistas recibidos fue víctima de amenazas ni presiones por parte de las autoridades, y todos ellos pudieron realizar su trabajo libremente y con total independencia. Así pues, la información proporcionada por ciertas organizaciones es errónea e infundada. Lo mismo puede decirse de las afirmaciones según las cuales no se habría renovado la licencia de los abogados que intentaron defender a las personas sospechosas.

8.La lista de 871 nombres entregada por la Sra. Gaer se transmitió sin demora a las autoridades competentes, que iniciaron inmediatamente las investigaciones correspondientes. En 200 casos no fue posible determinar la identidad de las personas en cuestión, ya que su nombre no estaba claro (debido principalmente a numerosas homonimias) y no se había proporcionado ningún otro dato, como la fecha de nacimiento o el lugar de residencia. Sea como fuere, esta lista recibe una atención prioritaria, y van a efectuarse investigaciones más exhaustivas para encontrar al resto de personas cuya identidad pudo determinarse. Se informará a los miembros del Comité de los resultados a su debido tiempo.

9.Falun Gong no es una religión, sino más bien una secta que manipula a sus adeptos y los somete al control espiritual de su fundador y maestro Li Hongzhi. Hasta la fecha, 2.000 personas han perdido la vida a causa de Falun Gong, que constituye un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando se denunciaron sus desmanes y mentiras en China, Falun Gong comenzó a difundir rumores de persecución e información falsa, e incluso intentó derrocar al Gobierno y sabotear los Juegos Olímpicos de Beijing. La postura del Gobierno de China en relación con Falun Gong es clara. La gran mayoría de sus practicantes, engañados por Falun Gong, es atendida y recibe ayuda para recuperar una vida normal. Los pocos adeptos que obedecen instrucciones y participan en actividades delictivas son tratados de conformidad con la ley. Durante cierto tiempo, Falun Gong sostuvo que existía en el distrito de Sujiatun un campo de concentración donde estaban detenidos 6.000 de sus adeptos. Algunas personas pertenecientes a misiones extranjeras y medios de información visitaron la zona y pudieron constatar que no existía ningún campo de concentración como el descrito. Falun Gong empezó entonces a extender el rumor de un tráfico de órganos extraídos a sus adeptos, hecho que quedó igualmente desmentido. El Gobierno siempre ha aplicado las directrices de la OMS y prohíbe estrictamente cualquier forma de tráfico de órganos. Toda donación de órganos debe ser objeto de un informe escrito. El 1º de julio de 2006 se promulgó un reglamento temporal sobre el transplante de órganos, seguido en 2007 de una ordenanza sobre transplantes destinada a evitar y castigar eficazmente toda violación en este ámbito.

10.China concede una gran importancia a la protección de los refugiados, cumple con sus obligaciones en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, en el que es parte, y respeta el principio de no devolución. Desde 1978 China ha acogido a cerca de 300.000 refugiados indochinos. Sus esfuerzos, que han contribuido en gran medida al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, cuentan con el reconocimiento del ACNUR y la comunidad internacional. El Gobierno siempre ha mantenido buenas relaciones de cooperación con el ACNUR, que tiene una oficina en China y con el que realiza intercambios periódicos de alto nivel. Recientemente, la Alta Comisionada Auxiliar, la Sra. Feller, visitó China, donde pudo mantener entrevistas en profundidad sobre numerosas cuestiones. En cuanto al estatuto de los inmigrantes de la República Popular Democrática de Corea, la delegación de China recuerda la definición recogida en la Convención de 1951 y en el Protocolo de 1967, según los cuales el término “refugiado” se aplica a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de dicho país. Los nacionales de la República Popular Democrática de Corea mencionados por la Sra. Gaer entraron en China de manera irregular por motivos económicos y no solicitaron asilo político. Por consiguiente, no se trata de refugiados en el sentido de la Convención de 1951. La República Popular Democrática de Corea ha padecido graves dificultades económicas y catástrofes naturales que han llevado a numerosas personas a cruzar ilegalmente la frontera. China siempre les ha tratado con arreglo a su legislación interna, el derecho internacional y el espíritu humanitario. Su postura es razonable, legítima y beneficiosa para la paz y la estabilidad en la península coreana. Además, su política no es tan distinta de la de otros países que, particularmente después del 11 de septiembre de 2001, controlan la inmigración y organizan el retorno de los inmigrantes en situación irregular. Las autoridades chinas trabajan actualmente en la elaboración de un proyecto de ley sobre los refugiados, en colaboración con el ACNUR.

11.El Sr. ZHU Erjun (China) explica que la Constitución de China contiene disposiciones sobre la condición, los derechos, las responsabilidades, la deontología y la independencia de los jueces y los tribunales. La ley sobre la organización de los tribunales populares, promulgada en 1979 y modificada en 1983 y 2006, incluye disposiciones aún más detalladas sobre la independencia de los tribunales. La ley sobre los jueces, promulgada en 1995 y modificada en 2001, contiene disposiciones adicionales sobre la cualificación, el mandato, los derechos, las obligaciones, la remuneración, la protección social, las recompensas, las sanciones y la jubilación de los jueces. Estas disposiciones son plenamente conformes con las del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales pertinentes, así como a los principios fundamentales relativos a la independencia de magistratura, aprobados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1985.

12.El funcionamiento del sistema judicial chino no obedece a imperativos políticos, sino a la voluntad de tener plenamente en cuenta el interés general de la sociedad y fomentar la armonía social y la estabilidad. Ello no es contrario a la independencia de los tribunales y las fiscalías populares, y no supone menoscabo alguno de la profesionalidad de los jueces y fiscales. El principio según el cual los órganos judiciales utilizan “las pruebas como fundamento y la ley como norma” se aplica rigurosamente y teniendo presente el respeto de los derechos e intereses de todos los ciudadanos.

13.La ley sobre la protección de los secretos de Estado, promulgada en 1988, incluye disposiciones claras en cuanto a la definición y el alcance de los secretos de Estado y a los órganos normativos en este ámbito. El artículo 2 especifica que los secretos de Estado atañen a la seguridad y los intereses del Estado, y el artículo 9 distingue tres categorías de secretos de Estado en función de su grado de confidencialidad. La clasificación de estos datos la determinan normalmente los órganos o las entidades de los que emanan. Los casos que plantean problemas se someten al arbitraje de los servicios encargados de la preservación de los secretos de Estado a escala central, provincial, regional o municipal. En virtud del artículo 96 del Código de Procedimiento Penal, cuando un caso implica un secreto de Estado, bien por su propia naturaleza, bien debido a la información manejada en el marco de la instrucción, la elección del abogado defensor debe contar con la debida aprobación de la autoridad competente a fin de garantizar la protección del secreto.

14.La cuestión de la pena de muerte no es meramente jurídica, ya que implica consideraciones económicas, políticas, culturales y sociales propias de cada país. La abolición de la pena de muerte debe ser el resultado de un proceso histórico gradual. De momento, no se reúnen las condiciones sociales, materiales y culturales necesarias para que China tome semejante decisión. Dicho esto, la pena capital se reserva a los delitos más graves, y su aplicación está sujeta a un estricto control. Los nuevos procedimientos penales aprobados en los últimos años permiten una mejor protección de los derechos humanos de los condenados a muerte. Desde el 1º de enero de 2007, la aprobación de la pena de muerte corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Popular. La gravedad de un caso se determina en función de las circunstancias que lo rodean. Los casos más graves, susceptibles de acarrear las penas más importantes, se someten en primera instancia a un tribunal popular intermedio. Los recursos son examinados por un Tribunal Superior Popular, cuyas decisiones pueden ser revisadas por el Tribunal Supremo Popular. Este último se pronuncia sistemáticamente acerca de todas las condenas a muerte. Se elaboran estadísticas sobre la pena de muerte, la pena de muerte con suspensión de dos años, la cadena perpetua y las penas de prisión de cinco o más años. El Presidente del Tribunal Supremo Popular transmite dichas estadísticas a la Asamblea Nacional Popular todos los años en el mes de marzo y, posteriormente, se hacen públicas.

15.El Sr. LI Shouwei(China) dice que, si algún funcionario de los órganos del Estado infringe la ley en el ejercicio de sus funciones, cometiendo, entre otros, actos de tortura y violaciones de los derechos legítimos de los ciudadanos, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la salud, el Estado tiene la obligación de indemnizar a las víctimas sin dilación. La ley sobre indemnizaciones contiene disposiciones precisas acerca del alcance y la cuantía de las indemnizaciones, así como sobre el procedimiento de indemnización. Con arreglo a esta ley, las víctimas de actos de tortura que presenten lesiones corporales pueden solicitar el reembolso de los gastos médicos efectuados y recibir una indemnización correspondiente a la pérdida de ingresos ocasionada por su incapacidad laboral. También pueden concederse indemnizaciones en caso de incapacidad laboral parcial o total; en caso de fallecimiento, se concede una indemnización y se reembolsan los gastos funerarios. También existe una indemnización de subsistencia para las personas (familiares o hijos) a cargo de la persona fallecida en el caso de que éstas no puedan trabajar. Obviamente, las mencionadas disposiciones legislativas contemplan la indemnización del daño moral y la rehabilitación de las víctimas de actos de tortura. La ley sobre indemnizaciones se encuentra en proceso de modificación: a finales de octubre de 2008, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China examinó en primera lectura un proyecto de reforma destinado a racionalizar las diferentes demandas de indemnización que se pueden interponer contra el Estado, optimizar los procedimientos de indemnización y reforzar las obligaciones de los órganos del Estado en cuanto a la carga de la prueba en ese tipo de casos. En lo que respecta a la cuantía de las indemnizaciones, el proyecto de reforma precisa que se tienen en cuenta todos los gastos justificados, especialmente aquellos efectuados en concepto de medidas de rehabilitación y control médico. En caso de daño moral, se concede una indemnización adecuada.

16.En lo que respecta a las contradicciones entre la ley sobre los abogados y la ley de procedimiento penal, conviene subrayar que la Constitución china y la ley sobre la legislación contienen un conjunto de reglas que determinan con claridad la jerarquía entre las diferentes normas: en particular, se prevé que toda ley nueva prevalezca sobre las anteriores, y que las leyes específicas tengan prioridad sobre las leyes generales. Es cierto que la cuestión del vínculo existente entre la reciente ley sobre los abogados y la ley de procedimiento penal es motivo de debate en los círculos jurídicos, incluidos los universitarios, así como en la sociedad en general. Hay que reconocer que la cuestión del alcance exacto de la ley sobre los abogados y de su aplicación da pie a discrepancias. Sin embargo, las autoridades chinas están estudiando el problema y trabajan para encontrar una solución adecuada.

17.El Sr. WANG Guanghui (China) reconoce que la condición y las importantes atribuciones de los fiscales chinos difieren mucho de las de otros países. De conformidad con la Constitución, las fiscalías son órganos del Estado encargados de supervisar el ejercicio de las funciones judiciales. Al igual que los tribunales, emanan de la Asamblea Nacional Popular y son responsables ante ella. Las fiscalías gozan de independencia en el ejercicio de sus funciones y no están expuestas a la injerencia de órganos administrativos, organismos públicos ni particulares. Sus amplias funciones consisten principalmente en supervisar la investigación, el juicio y la ejecución de las penas, siempre en relación directa con la protección de los derechos humanos y la prevención y la sanción de los actos de tortura. Más concretamente, las fiscalías, como órganos de control independiente, tienen competencia para recibir denuncias de particulares en relación con actos de tortura y para emitir dictámenes sobre investigaciones de actos de tortura y otras violaciones de derechos perpetradas en el marco de una investigación penal, así como sobre los medios para sancionarlos. Los fiscales también están facultados para investigar casos de violación de los derechos humanos y de los derechos democráticos por parte de funcionarios de los órganos del Estado, y para iniciar diligencias en casos de actos de tortura. Por otra parte, los fiscales tienen el cometido de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad que se hallen en establecimientos penitenciarios, centros de detención, centros de trabajo correccional y centros de detención para menores, pudiendo investigar problemas derivados de violaciones de los derechos humanos y actos de tortura, tratar dichos problemas y remediarlos.

18.En virtud de la función de supervisión que les confiere claramente la Constitución y la ley de procedimiento penal, las fiscalías populares pueden aprobar la detención de personas sospechosas. En China, los tribunales populares y las fiscalías populares son órganos judiciales y, dado que toda detención es una restricción de la libertad, les corresponde la decisión de aplicar medidas de este tipo. De conformidad con la ley de procedimiento penal, si el órgano encargado de la investigación desea proceder a la detención de una persona sospechosa, debe someter el caso al examen del fiscal, que es competente para pronunciarse sobre la conveniencia de detener a la persona en cuestión. Este procedimiento se cumple en la mayoría de los casos, pero hay dos excepciones en las que son los tribunales populares los que ejercen su poder de detención: cuando el imputado es parte en una demanda presentada por un particular o cuando es preciso detener al imputado una vez iniciada la fase del proceso penal. En cuanto a la aptitud y la condición política de los fiscales, conviene señalar que, de acuerdo con la legislación pertinente, los fiscales generales son elegidos por la Asamblea Nacional Popular y los fiscales son nombrados por la Asamblea Nacional Popular a propuesta de los fiscales generales. Los fiscales están a salvo de toda injerencia por parte de órganos administrativos, organismos públicos o particulares, y sólo pueden ser depuestos de sus funciones o sancionados en aplicación de los procedimientos contemplados en la ley. Los fiscales no tienen la obligación de ser miembros del Partido Comunista; tal es el caso del actual Vicefiscal General, el Sr. Jiang Jian-chu.

19.Por lo que respecta a la distinción realizada por los órganos judiciales entre actos de tortura constitutivos de delitos menores, graves o particularmente graves, conviene insistir en que, en aplicación de la legislación china, todos los actos de tortura están prohibidos y son sancionados. No obstante, debido a su especificidad cultural y jurídica, China considera que los delitos menores pertenecen a la esfera del derecho administrativo y, por consiguiente, deben dar lugar a sanciones administrativas. Las normas fijadas por el Tribunal Superior Popular tienen por objeto elevar a lo penal los casos en los que las personas sospechosas hayan cometido actos calificados de delitos y que motiven una investigación y, en su caso, el establecimiento de la responsabilidad penal. En el derecho chino, este procedimiento se lleva a cabo conforme al principio de proporcionalidad. En la práctica, el proceso es el siguiente: cuando las fiscalías reciben denuncias o información relativas a actos de tortura, abren un presumario. Sólo los hechos suficientemente demostrados se registrarán y darán lugar a una investigación y a un juicio, si se determina la responsabilidad penal. En cuanto a los delitos relativamente menores, cuyas consecuencias son menos graves, la fiscalía formulará recomendaciones ante los servicios competentes para que se apliquen sanciones disciplinarias y administrativas.

20.En relación con la capacitación impartida a los agentes de policía, los funcionarios de los tribunales y el personal médico, el Sr. LI Baodong (China) indica que se han impartido 800 cursos de capacitación desde 2004 bajo la supervisión del Departamento encargado de la vigilancia de las cárceles y los centros de detención de la Fiscalía Suprema Popular, y que 900 agentes de los servicios e instituciones penitenciarios han participado en programas de intercambios internacionales. China concede una importancia especial a la capacitación en el servicio: todos los fiscales disfrutan de cursos de capacitación anuales de al menos 15 días de duración, organizados en función de su nivel de responsabilidad. La capacitación de los fiscales generales corre a cargo de los servicios de la Fiscalía Suprema Popular, mientras que, en el ámbito local, los cursos se desarrollan en el marco de los servicios encargados de los casos de incumplimiento del deber y violación de derechos relacionados con actos de tortura y del Departamento encargado de la vigilancia de los establecimientos e instituciones penitenciarios. Más de 25.000 fiscales que trabajan en estos servicios asisten a cursos de capacitación anuales sobre la prohibición de la tortura, las penas aplicables a los autores de dichos actos y la protección de los derechos humanos de los presos y de las personas detenidas. Los fiscales destinados en otros servicios de la Fiscalía Suprema Popular también reciben todos los años cursos de capacitación sobre la protección de los derechos humanos. Cabe subrayar que, si se tiene en cuenta la escasez de los recursos de que dispone la Fiscalía Suprema Popular, el hecho de que 900 personas hayan participado en programas de intercambio y cooperación en el ámbito de la justicia internacional constituye en sí mismo un avance relativamente importante. A fin de aprovechar mejor los intercambios internacionales, el Departamento encargado de la vigilancia de los establecimientos e instituciones penitenciarios de la Fiscalía Suprema Popular ha recopilado los discursos sobre la protección de los derechos humanos pronunciados por los representantes chinos y los especialistas extranjeros durante dichos intercambios, de manera que ya forman parte de los manuales utilizados en el marco de los programas de capacitación.

21.Los funcionarios de los órganos de seguridad pública realizan igualmente cursos en materia de derechos humanos a lo largo de toda su carrera. Desde 2003, los órganos de seguridad pública aplican el sistema de los “tres componentes obligatorios”, en virtud del cual todo funcionario de policía debe seguir cursos de capacitación cuando asume sus funciones, cuando es ascendido y cuando desempeña una misión sobre el terreno. En la actualidad, el número total de cursos de capacitación impartidos a escala nacional es de 345.000; se impartieron cursos a 715.000 funcionarios de policía ascendidos, y los agentes de policía sobre el terreno realizan prácticas de una duración que en ningún caso es inferior a 15 días. Cabe señalar que la Convención contra la tortura y otros textos pertinentes son parte integrante de estas actividades de capacitación. Se hace hincapié en el derecho penal, el derecho administrativo y las normas internacionales de derechos humanos, con el objetivo de que los funcionarios conozcan tanto las normas de contenido como las normas de procedimiento relativas a los derechos del Estado y los derechos de los particulares. En abril de 2008, el Ministerio de la Seguridad Pública organizó, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un seminario internacional sobre la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sobre la capacitación de la policía. Se invitó a especialistas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Sudáfrica para que abordaran la cuestión de la protección de los derechos humanos por parte de la policía. Este seminario brindó una buena ocasión para intercambiar puntos de vista sobre el vínculo existente entre las normas internacionales de derechos humanos y el derecho chino.

22.La capacitación inicial de los agentes de los servicios penitenciarios se completa con prácticas organizadas periódicamente en institutos o universidades, tanto en China como en el extranjero. El principio de la prohibición de la tortura es una de las asignaturas incluidas en la enseñanza. Los manuales utilizados para la capacitación contienen textos sobre la prohibición de la tortura y, en particular, la Convención contra la tortura. Una vez terminada la capacitación, los participantes reciben una copia de la Convención en chino para que puedan estudiar y dominar su contenido. También se entrega un ejemplar de la Convención a los médicos de los servicios penitenciarios. Un total de 280.000 médicos de los servicios penitenciarios participan en los cursos impartidos anualmente a los administradores de los establecimientos penitenciarios.

23.Por lo que respecta a la capacitación de los médicos, el reglamento interno de las instituciones penales contiene disposiciones estrictas que rigen el ejercicio de sus funciones. Los médicos examinan a los reclusos siguiendo las secciones y el contenido de los formularios médicos. Sus conclusiones deben figurar por escrito y estar firmadas. De observarse traumatismos, el médico hace las averiguaciones necesarias y deja constancia escrita de ellas en el formulario, que debe estar firmado por el recluso y por las personas que lo hayan escoltado. Por otra parte, se ha instaurado un sistema de revisión médica de los reclusos. A fin de velar por el respeto de los derechos de los reclusos, el Ministerio de la Seguridad Pública organiza frecuentemente cursos de capacitación jurídica, que tratan principalmente sobre la prohibición de la tortura, dirigidos a directores, médicos y demás personal competente. Esta medida ha permitido que evolucionen las mentalidades y las conductas. Por ejemplo, en septiembre de 2007 y en junio de 2008, el Ministerio de la Seguridad Pública organizó, junto con la Cruz Roja, dos seminarios sobre el control y la mejora de las condiciones sanitarias. Dichos seminarios llevaron a la creación de mecanismos de prevención y tratamiento de las enfermedades en las cárceles y las instituciones penales, y permitieron mejorar la prevención de la tortura.

24.La capacitación impartida a los funcionarios de la policía y los tribunales, así como al personal sanitario, han dado sus frutos, permitiendo, por ejemplo, la evolución de ciertas ideas antiguas de los funcionarios de la policía y los tribunales. Los beneficiarios de esta capacitación han podido aprender de las buenas prácticas y las experiencias extranjeras y nacionales en materia de protección de los derechos humanos. En pocas palabras, la intensificación de los esfuerzos en la esfera de la capacitación ha permitido a China realizar importantes avances en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la tortura en los servicios encargados de la aplicación de la ley y la administración de la justicia. En cuanto a las informaciones de que China impediría a las organizaciones internacionales difundir los instrumentos internacionales de derechos humanos, el orador manifiesta que tales informaciones carecen de fundamento.

25.En lo que respecta a las condiciones de detención en China, la delegación invita al Comité a consultar las respuestas presentadas por escrito a las preguntas de la lista cuestiones. Como información complementaria, es preciso señalar que, desde 2001, los establecimientos penitenciarios se construyen cerca de ciudades grandes y medianas, a fin de facilitar las visitas de los familiares de los reclusos. Muchos establecimientos penitenciarios, ya sean recientes, renovados o ampliados, ofrecen un entorno y equipos de la mejor calidad. Se han mejorado significativamente las condiciones generales de detención, especialmente las de los presos. Además, China tiene previsto intensificar sus esfuerzos en este sentido para que, de aquí a 2010, la superficie media de las celdas supere los tres metros cuadrados.

26.En relación con la protección de los derechos y las libertades de los abogados, conviene recordar que el Gobierno de China es consciente de la importante función de los abogados en la protección y la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho. La reciente ley sobre los abogados da fe de esta voluntad de proteger su trabajo y sus derechos. En virtud de dicha ley, aquellos que hayan superado el examen judicial nacional y lleven trabajando en un bufete de abogados durante al menos un año podrán solicitar una licencia. La autoridad competente podrá retirar dicha licencia en caso de infracción deliberada o incumplimiento de la deontología: una práctica a todas luces similar a la del resto de países.

27.El Sr. LIU Fuchen (China) precisa que, en lo relativo a la detención provisional, el Ministerio de la Seguridad Pública y otros servicios competentes han promulgado normas sobre la construcción, la concepción y la puesta en funcionamiento de centros de detención durante la instrucción (Kan Shou Suo), lo cual ha permitido mejorar las condiciones de vida de los detenidos en espera de juicio y ofrecerles celdas con una superficie de al menos 2,6 metros cuadrados y comunicación directa con un espacio externo de al menos dos metros cuadrados de superficie. China ha proporcionado información sobre la prisión preventiva en sus respuestas escritas. El trabajo correccional, por su parte, es un sistema regulado por ley y basado en rigurosos procedimientos de aprobación. Las medidas de trabajo correccional se aplican con humanidad y dan derecho a recursos efectivos. Para más información sobre esta cuestión, se invita a los miembros del Comité a consultar el párrafo 148 del informe y las respuestas escritas de la delegación. En una reciente mesa redonda sobre los derechos humanos y el Estado de derecho organizada por China, los expertos chinos en la materia presentaron información detallada sobre prácticas y reformas emprendidas, cuya acogida fue muy favorable. Desde el punto de vista jurídico, el trabajo correccional es equivalente a las medidas de seguridad adoptadas por otros países, y constituye un medio eficaz para educar y corregir a los autores de infracciones repetidas de las normas de seguridad pública cuya gravedad no justifique la aplicación de sanciones penales. El trabajo correccional está regulado por los siguientes textos: la Decisión del Consejo de Estado sobre el trabajo correccional, las Normas Complementarias del Consejo de Estado sobre el trabajo correccional –dos textos aprobados por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular– y la Decisión sobre la prohibición de la prostitución aprobada por dicho Comité. Estos textos establecen normas precisas al respecto, así como la creación de órganos, procedimientos de aprobación y un mecanismo de control. Toda medida de trabajo correccional debe adoptarse con un respeto estricto del procedimiento legal: los gobiernos populares de todas las provincias, regiones autónomas, municipios directamente dependientes del Gobierno central y otras ciudades importantes o medianas han creado comités de supervisión encargados de decidir de forma colegiada la aplicación de las medidas de trabajo correccional con arreglo a derecho y teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad del caso.

28.Debido a la antigüedad de la normativa sobre trabajo correccional, es posible que algunos de sus aspectos no se adapten a la situación actual. Por este motivo, y a raíz de la recomendación formulada por el Comité en sus anteriores observaciones finales (A/55/44, párrs. 106 a 145), China adoptó en 2005 cinco medidas encaminadas a reformar el sistema: apoyo jurídico de un consejo, sistema generalizado de audiencias e investigaciones, acortamiento del proceso de decisión, desarrollo del trabajo correccional fuera de las instituciones y refuerzo del control. Al parecer, estas medidas están resultando acertadas: cada vez son más los abogados que intervienen en el procedimiento y sus opiniones son debidamente examinadas y tenidas en cuenta, las autoridades encargadas de aplicar las penas de trabajo correccional son controladas por las fiscalías y la duración de las medidas de trabajo correccional no exceden normalmente de un año y medio. En el marco de su labor de promoción de la democracia y el Estado de derecho, las autoridades chinas realizan estudios sobre el terreno y tienen previsto adoptar medidas que permitan seguir reformando y mejorando el sistema de trabajo correccional. El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular examinará próximamente las reformas contempladas.

29.Cualquier medida de trabajo correccional puede impugnarse, incluso ante los tribunales. Toda persona que sea objeto de una medida de este tipo puede interponer un recurso ante el gobierno popular o directamente ante el Comité de Supervisión, a fin de que se proceda a la reconsideración administrativa de la decisión. También es posible recurrir a los tribunales para obtener la anulación o la modificación de la decisión. Si la medida de trabajo correccional es contraria a la ley y viola los derechos legítimos del interesado, éste puede exigir una indemnización con arreglo a la legislación pertinente. En los establecimientos de trabajo correccional se protegen los derechos y los intereses legítimos de todo ciudadano, incluido el derecho de voto y la libertad de religión y de comunicación, así como la integridad física, la seguridad y los bienes personales. Además, están prohibidos los castigos corporales. Las personas que sean objeto de penas de trabajo correccional pueden incluso, previa autorización, visitar a su familia, disfrutar de vacaciones y volver a su establecimiento de enseñanza o su puesto de trabajo, y el Estado asume sus gastos de subsistencia y sus gastos médicos. Un inspector residente nombrado por la fiscalía popular es el encargado de supervisar las instituciones de trabajo correccional. Por último, la ley de 2007 sobre la prohibición del consumo de drogas suprimió las medidas de trabajo correccional destinadas a los consumidores de estupefacientes, que fueron sustituidas por medidas de rehabilitación comunitaria. Únicamente se les puede imponer una medida obligatoria de trabajo correccional en el caso de que perseveren en su hábito, aunque tienen la posibilidad de solicitar la reconsideración administrativa de esta decisión o recurrir a los tribunales.

30.En lo que respecta a la administración forzada de tratamientos médicos y la hospitalización de oficio, que son dos cuestiones distintas, China ha dado explicaciones precisas en sus respuestas presentadas por escrito. La hospitalización de oficio afecta a las personas que padecen un trastorno mental grave y no están en condiciones de dar su consentimiento. Este procedimiento se rige por las normas que establece el Departamento Administrativo de Salud. Sin embargo, la administración forzada de tratamientos médicos es una medida contemplada en el Código Penal. Pueden ser objeto de dicha medida las personas con discapacidad mental que infringen las disposiciones del Código Penal pero no pueden considerarse penalmente responsables de susactos. Actualmente se administran tratamientos médicos forzados a las personas con discapacidad mental que hayan cometido actos graves y perjudiciales. Un establecimiento especializado y un psiquiatra emiten un dictamen pericial en estos casos. Si dicho dictamen confirma que la persona en cuestión no es penalmente responsable, el órgano encargado de la seguridad pública del municipio afectado puede basarse en él para decidir la administración forzada de un tratamiento médico al interesado. Éste o su representante legal pueden impugnar la decisión y solicitar un nuevo dictamen. Si el segundodictamen confirma que el interesado no es penalmente responsable, el tratamiento médico se reanuda. Las acusaciones de que se utilizan hospitales psiquiátricos con fines ocultos carecen de fundamento.

31.La Sra. LIU Guoxiang (China) afirma que la cuestión de los castigos corporales a niños debe abordarse desde la perspectiva tanto de la justicia como de la familia. El Gobierno de China siempre ha sido abiertamente hostil a la aplicación de castigos corporales. La ley sobre la protección de los menores recoge los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y comprende un amplio abanico de medidas de protección de los derechos e intereses legítimos de los menores. En efecto, dicho texto prohíbe el uso de la violencia en el ámbito doméstico, los castigos corporales explícitos u ocultos y todo trato humillante a menores por parte del personal de los establecimientos escolares, las escuelas de párvulos y las guarderías. Se prohíbe igualmente la trata, el secuestro, el maltrato y el abuso sexual de niños. Cuando los órganos judiciales tienen conocimiento de casos penales con menores imputados o casos relacionados con la protección de los derechos y los intereses de los menores, tienen la obligación de crear estructuras especiales o, en su defecto, designar a las personas encargadas de su asistencia. Los órganos judiciales están obligados a convocar a los representantes legales de los menores cuando se les interrogue o cuando presten declaración como testigos o víctimas. Los menores recluidos o que estén cumpliendo una pena de prisión son separados de los adultos. Los órganos competentes y la sociedad en su conjunto aplican estas normas correctamente.

32.En lo referente a la labor desempeñada por China en el marco de la planificación de la familia, el Gobierno de China exige a las autoridades locales y a sus funcionarios que respeten estrictamente la ley y la apliquen de forma civilizada, absteniéndose de atentar contra los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. El artículo 19 de la ley de población y planificación de la familia establece claramente la anticoncepción como método prioritario. En virtud de dicha ley, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan utilizar métodos anticonceptivos seguros, eficaces y adaptados. Los departamentos pertinentes han realizado importantes esfuerzos para promover una elección libre e informada de los métodos anticonceptivos, gestionar las actividades de planificación de la familia dentro del respeto de las leyes y los reglamentos, evitar las operaciones quirúrgicas obligatorias e impedir las detenciones ilegales. Los infractores de las leyes y los reglamentos son considerados responsables tanto desde el punto de vista administrativo como penal. Es cierto que se han dado casos de violaciones de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en algunos municipios y aldeas. En cualquier caso, se responsabilizó a los autores de dichos abusos con arreglo a la ley. Por otra parte, la Comisión Nacional de Población y Planificación de la Familia ha exigido a sus funcionarios que aprendan de estos sucesos, controlen mejor sus actividades e impartan cursos de capacitación más eficaces en materia de respeto de la legalidad y calidad de los servicios prestados.

33.La cuestión del trato de los autores de quejas ya se abordó en las respuestas presentadas por escrito. Todos los gobiernos territoriales han creado servicios especializados encargados de recibirlos con humanidad para solucionar los problemas de la mejor manera posible. A fin de ayudar a la población a expresar sus opiniones, China ha instaurado un sistema nacional de información destinado a tratar eficazmente, por correspondencia o mediante contactos directos, los casos presentados por los autores de quejas. Si se demostrara la responsabilidad de agentes u órganos no oficiales en la detención o en las palizas propinadas a autores de quejas, los interesados serían sancionados severamente. No existen pruebas suficientes para establecer la veracidad de los supuestos actos de que habría sido víctima el Sr. Xu Zhiyong, un caso evocado por la Sra. Sveaass. No obstante, si las autoridades chinas reunieran más pruebas, este caso recibiría el trato debido y los autores de estos hechos serían juzgados. La Organización de Cooperación de Shanghai ha permitido fortalecer las relaciones entre sus diferentes Estados miembros, así como la cooperación en los ámbitos político, económico, comercial, científico, cultural y jurídico, entre otros. Esta organización, que cuenta con el reconocimiento y la estima de numerosos Estados, también ha permitido preservar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, y nunca ha tenido implicación alguna en casos de tortura.

34.China no ha reconocido aún la competencia del Comité según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Convención, pero ello no tiene incidencia alguna en su manera de cumplir con sus obligaciones. Su postura inquebrantable es que los gobiernos son los máximos responsables de la promoción y la protección de los derechos humanos, y que los países deben intensificar el diálogo en este ámbito sin desatender su soberanía nacional. El Gobierno de China tendrá en cuenta las observaciones del Comité y seguirá cooperando con él.

35.El PRESIDENTE da las gracias a la delegación por sus respuestas e invita a los miembros del Comité que lo deseen a formular preguntas adicionales.

36.La Sra. GAER (relatora para China) acoge con beneplácito la información proporcionada, pero lamenta que la delegación se limite a generalidades, sin entrar en los detalles de los casos particulares. Asimismo, la oradora lamenta la ausencia de estadísticas, que el Estado parte justifica por su condición de país en desarrollo. Hace casi 20 años que China es parte en la Convención. Además, contrariamente a otros instrumentos que protegen derechos cuya realización es gradual, como los derechos sociales, económicos y culturales, la Convención impone a los Estados una obligación inmediata: poner fin a la tortura. En realidad, el problema no es tanto la ausencia de estadísticas como el hecho de que éstas no puedan publicarse, debido a la ley sobre los secretos de Estado. Por ejemplo, el artículo 2 de esta ley califica de confidencial una parte importante de la información que el Comité debe conocer para determinar si el Estado parte cumple con sus obligaciones. Convendría que la delegación proporcionase al menos datos sobre cuestiones que normalmente deberían ser de dominio público.

37.La delegación sigue sin precisar si la ley sobre los abogados prevalece sobre el Código de Procedimiento Penal. Tampoco se ha facilitado la información solicitada con respecto a varias personas conocidas, como Chen Guangcheng, Ablikim Abdureyim, el Panchen Lama Gendun Choekyi Nyima y el obispo Su Zhimin. Del mismo modo, no basta con afirmar que no existen lugares de detención secretos destinados a los autores de quejas; el Comité desea disponer de información concreta sobre los autores de quejas desaparecidos que se mencionan en la lista de cuestiones.

38.En lo que respecta a los disturbios en el Tíbet, la Sra. Gaer da las gracias a la delegación por haber facilitado una lista más detallada de las personas desaparecidas, pero insiste en la necesidad de realizar una investigación independiente de estos sucesos. En cuanto a las expulsiones, la oradora desea saber qué procedimiento permite a las autoridades asegurarse de que el interesado no corre el riesgo de ser sometido a tortura en el país al que se le envía, ya se trate de un inmigrante de la República Popular Democrática de Corea o de un sospechoso expulsado en el marco de la ayuda mutua entre los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai. Por último, la relatora se pregunta cómo puede un fiscal ejercer funciones de investigación y vigilar su propia conducta al mismo tiempo. Otros países con sistemas mixtos similares los modificaron para combatir mejor la práctica de la tortura, y la oradora desea saber si el Estado se plantea hacer lo mismo.

39.La Sra. SVEAASS (correlatora para China) señala que numerosos juristas y jueces chinos cuestionan el trabajo correccional. Sin embargo, parece no hacerse nada para modificar esta práctica, cuya constitucionalidad fue puesta en duda por expertos de alto nivel. La Asamblea Nacional Popular debía examinar un proyecto de ley en este sentido en 2007, pero se ignora que ocurrió con dicho examen. Tampoco se sabe cuáles son los mecanismos de vigilancia y de recurso. Convendría saber si el Estado parte tiene previsto dar su autorización para que organismos internacionales inspeccionen los campos de trabajo correccional.

40.No se ha abordado la cuestión de los uigures en las respuestas escritas. Ahora bien, dado que el propio Gobierno ha admitido que quedaba mucho por hacer en relación con los derechos sociales y económicos de esta minoría, cabe preguntarse por el avance de los derechos reconocidos por la Convención. Entre los reclusos cuyo caso fue comunicado al Gobierno, figuran militantes uigures, algunos de ellos detenidos por el simple hecho de haber traducido documentos a su idioma. En cuanto a los adeptos de Falun Gong, muchos de ellos parecen haber sido víctimas de tortura, según el Relator Especial sobre la tortura. Si el Gobierno quiere combatir este movimiento, que califica de “secta maléfica”, debe hacerlo con los medios judiciales, y no con la tortura. El derecho a no ser torturado es un derecho absoluto, aplicable a toda persona con independencia de los actos que haya podido cometer. Por otra parte, debería concederse una atención especial a la cuestión de los transplantes, ya que, aparte de las alegaciones de correlación entre la extracción de órganos y la represión de los miembros de Falun Gong, se ha afirmado que los establecimientos en los que se practican dichas extracciones no cuentan con las competencias médicas necesarias.

41.Aunque los sucesos de la plaza de Tianamen se remonten a 1989, aún no es tarde para investigarlos, respetando así el derecho de las víctimas a la justicia y a recibir una indemnización. Al tratarse de investigaciones de casos de tortura, convendría saber si se utiliza el Protocolo de Estambul. Por otra parte, la información es un elemento esencial en la protección de los derechos humanos, por lo que sería útil saber si los militantes de los derechos humanos tuvieron la posibilidad de preparar, por ejemplo, la celebración del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por último, se invita a la delegación a indicar qué medidas se han adoptado para prevenir la violencia contra las mujeres reclusas y luchar contra la trata de mujeres y de niños, así como a comentar la acusación según la cual un maestro llamado Yao Lifa habría desaparecido recientemente tras haber sido detenido por las autoridades por haber ayudado a varias personas a votar.

42.El Sr. Mariño Menéndezseñala que la existencia de un sinfín de calificaciones penales que abarcan diferentes aspectos de la tortura en la legislación del Estado parte, en lugar de una definición de la tortura, complica la labor del Comité. La desaparición forzada se identifica con la tortura en la práctica y en la jurisprudencia internacionales, ya que, aun tratándose de un delito penal separado, no deja de ser una forma de tortura para los allegados de la víctima. En lo que respecta a los inmigrantes clandestinos, conviene recordar que el principio de no devolución no se aplica únicamente a los solicitantes de asilo, sino a todo extranjero que pueda ser objeto de tortura en el país al que sería devuelto. En este sentido, sería útil saber si un extranjero amenazado de expulsión puede recurrir la decisión e invocar este riesgo ante una autoridad judicial, y si existe un control jurisdiccional de las decisiones de expulsión. En lo que respecta a la ley sobre los secretos de Estado, se invita a la delegación a precisar si interviene una autoridad judicial en la decisión por la que se declara confidencial una información y si se sustituye a los abogados a los que se retira un expediente en virtud de esta ley.

43.Por último, el Sr. Mariño Menéndez pregunta si las fiscalías, de las que se ha afirmado que son un órgano judicial que trabaja en paralelo con los tribunales, pueden intervenir en un procedimiento penal en curso, y si una persona juzgada por tortura, por ejemplo un funcionario, puede incurrir en responsabilidad administrativa y civil a la vez, o si la primera se reserva a los delitos menores y la segunda a los más graves.

44.El Sr. GALLEGOS CHIRIBOGA celebra que el Gobierno de China esté dispuesto a investigar los casos que se le señalen. En efecto, es esencial que las violaciones de la Convención no quedenimpunes y que se cree un mecanismo de vigilancia social para garantizar una verificación transparente de las denuncias de tortura y malos tratos.

45.La Sra. BELMIR solicita aclaraciones sobre las atribuciones respectivas de la judicatura y del ministerio público, ya que el desequilibrio que parece existir entre estas dos instancias impide garantizar la independencia de la justicia. En cuanto a la pena de muerte, el Estado parte asegura que está reservada a los delitos más graves, pero su aplicación es frecuente y cabe interrogarse sobre la noción de “gravedad” cuando se sabe que la evasión fiscal o la malversación figuran entre los delitos sujetos a esta pena. Por último, la oradora agradecería recibir una explicación más clara de la prisión preventiva, cuya duración sigue siendo a todas luces excesiva, y de la ley sobre los secretos de Estado, cuya complejidad hace que resulte inaccesible para los simples ciudadanos.

46.El PRESIDENTE hace hincapié en que al Comité le resulta difícil determinar en qué medida la legislación china abarca todos los aspectos de la tortura en el sentido de la Convención, especialmente la tortura psicológica. La forma más sencilla de eliminar toda ambigüedad es incorporar el artículo 1 al derecho interno.

47.La protección de los secretos de Estado es legítima siempre y cuando no restrinja los derechos de la población. La dificultad estriba en encontrar un equilibrio entre la protección y el riesgo de abuso. Ahora bien, de las respuestas del Estado parte se desprende que es el órgano del que proviene una determinada información quien determina, en primer y último lugar, su grado de confidencialidad y su clasificación como secreto de Estado. Una decisión de esta naturaleza no debería competer a un único órgano, y menos aún a un órgano administrativo. Las estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte forman parte de los datos protegidos como secretos de Estado. Así, cabe preguntarse, por ejemplo, si puede acusarse de violación de un secreto de Estado a un abogado que se sirva de estos datos para demostrar ante un tribunal que la pena de muerte se impone con mayor frecuencia a determinadas categorías de personas.

48.En lo referente a la libertad de expresión de los abogados y los secretos de Estado, es cierto que la aprobación de la nueva ley sobre los abogados constituye un avance. Esta cuestión preocupa igualmente a otros órganos creados en virtud de tratados y titulares de mandato, especialmente al Relator Especial sobre la tortura, quien señaló, por ejemplo, que todo abogado que aconseje a un cliente que se retracte de una confesión forzada puede ser procesado con arreglo a la ley sobre los secretos de Estado, cuyo alcance es amplísimo. Por último, puede considerarse positivo que, en sus respuestas, China parezca haber tenido en cuenta la opinión del Comité según la cual las desapariciones forzadas son asimilables a actos de tortura en el sentido de la Convención.

49.El Sr. LI Baodong (China) dice que la delegación de China tratará de responder a todas las preguntas formuladas, especialmente a las que se refieren a casos concretos. Se ha solicitado a las autoridades centrales información complementaria sobre estas importantes cuestiones y, cuando disponga de ella, la delegación ofrecerá al Comité respuestas más precisas.

50.El Sr. SHE Yang (China), recordando la historia de las instituciones del Dalai Lama y del Panchen Lama, explica que el proceso de designación de este último, establecido hace más de 200 años, es aceptado por todos los monjes tibetanos. En 1995 se eligió al nuevo Panchen Lama de acuerdo con la práctica establecida y respetando estrictamente los acuerdos históricos e institucionales vigentes; esta elección se sometió al Gobierno central, que la aprobó. Todo aquel que, alejándose de la práctica histórica y de las tradiciones, desee designar por sí mismo a un nuevo candidato estaría infringiendo dichas normas. El nuevo Panchen Lama goza de la aceptación de los monjes y la población tibetanos, y existe un informe sobre sus actividades. En cuanto a la desaparición de Gedhun Choekyi Nyima, las autoridades chinas han indicado que se realizó una investigación exhaustiva de la que se desprende que Gedhun Choekyi Nyima y su familia viven una vida normal y que no desean ser molestados. Las autoridades competentes no han recibido ninguna queja de sus allegados, y su desaparición no consta en ningún informe, lo cual lleva a pensar que la información a la que ha hecho referencia la Sra. Gaer no es exacta.

51.El Sr. LI Baodong (China), refiriéndose al resto de casos concretos que se han citado, dice que desearía disponer de algunos días más para poder responder a las preguntas formuladas. El orador espera que los miembros del Comité puedan aportar información más detallada sobre estos casos a fin de permitir que las autoridades lleven a cabo investigaciones lo suficientemente serias. La delegación expresa su agradecimiento a los miembros del Comité que han reconocido los esfuerzos realizados por el Gobierno de China para aplicar la Convención. A lo largo del examen del informe de China, el Comité ha formulado observaciones y propuestas muy pertinentes, y la delegación se compromete a transmitirlas al Gobierno, que las tendrá debidamente en cuenta. Será preciso elaborar programas para aplicar las propuestas relativas a objetivos a mediano y largo plazo. En cuanto a las propuestas de carácter técnico, las autoridades harán lo posible por coordinar la acción de los servicios afectados para llevarlas a la práctica. La prohibición de la tortura es una tarea delicada que presenta numerosas dificultades para un país en desarrollo. China seguirá velando por la aplicación de las disposiciones de la Convención e invertirá importantes esfuerzos en pro del fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho. Las relaciones con el Comité seguirán considerándose de gran importancia y se acogerá favorablemente cualquier ocasión de dialogar con él en el futuro.

52.El PRESIDENTE invita a las delegaciones de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao a responder a las preguntas planteadas por los miembros del Comité en una sesión anterior.

53.El Sr. O’NEILL (Región Administrativa Especial de Hong Kong) señala que las autoridades de Hong Kong no se plantean extender la aplicación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados a la Región. Al no ser esta Convención aplicable a Hong Kong, la suboficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Hong Kong es la encargada de tramitar las denuncias de los refugiados. El procedimiento de presentación de reclamaciones es conforme con las directrices de la Oficina del Alto Comisionado y, siempre que este procedimiento esté en curso, los solicitantes de asilo no serán enviados a lugares en los que corran el riesgo de ser perseguidos en el sentido de la Convención. En lo referente a las denuncias según las cuales varios solicitantes de asilo que afirman haber sido torturados son objeto de juicios y detenciones arbitrarias, el orador afirma que la política de Hong Kong consiste en no iniciar procesos judiciales contra personas que se encuentren en esta situación mientras siga en curso el procedimiento que les concierne. Sin embargo, dichas personas pueden ser procesadas si cometen delitos penales, aunque nadie puede ser detenido de forma arbitraria y sólo se impone la detención cuando está fundada en motivos válidos. Los menores que dicen haber sido víctimas de actos de tortura reciben, por su parte, una atención cuidadosa y son tratados con paciencia y amabilidad. Durante el procedimiento que les concierne, disfrutan de los servicios de un intérprete y se hace todo lo posible por que puedan hacer valer sus derechos. Se les alberga en instalaciones separadas, y el hecho de que un solicitante de asilo sea menor constituye un argumento contra su detención.

54.En lo tocante a la independencia del Consejo independiente de quejas contra la policía, el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong tuvo en cuenta la recomendación formulada por el Comité en 2000 de que Hong Kong tratara de conferir a la Oficina el estatuto de órgano estatutario y la dotara de mayores competencias. El Decreto sobre el Consejo independiente de quejas contra la policía, aprobado en julio de 2008, establece un marco jurídico a tal fin, instaurando mecanismos de control cruzados para que todas las quejas contra agentes de policía se traten de forma rigurosa, equitativa e imparcial. Además, la independencia y la imparcialidad del Consejo se ven reforzadas por diversas disposiciones de carácter institucional y administrativo, como el hecho de que los funcionarios públicos, incluidos los miembros o los antiguos miembros de las fuerzas policiales, no puedan formar parte de él. La Oficina de quejas contra la policía, por su parte, es un servicio separado del resto de servicios policiales que se encarga de tratar las quejas contra miembros de las fuerzas policiales y realizar investigaciones al respecto. Dichas investigaciones tienen por objeto determinar los hechos relacionados con las quejas presentadas, gracias, entre otras medidas, a entrevistas con los demandantes, los testigos y los demandados, así como a la organización de ruedas de reconocimiento. El Consejo independiente de quejas contra la policía cuenta con importantes poderes que le permiten, por ejemplo, exigir a la policía que abra una investigación o proceda a iniciar una nueva investigación sobre una denuncia presentada. Además, los miembros y los observadores del Consejo están habilitados para asistir a las entrevistas organizadas por la Oficina de quejas contra la policía. Por lo tanto, este sistema de dos niveles constituye un mecanismo eficaz para tratar las quejas contra la policía, aunque el Consejo no las investigue por sí mismo.

55.En lo que respecta a las acusaciones según las cuales la policía habría cometido abusos durante varias investigaciones sin que las denuncias presentadas al respecto fueran objeto de una investigación formal, la delegación precisa que se han elaborado directrices y manuales muy completos para las fuerzas policiales y que todo agente que haya ejercido de forma reprobable sus funciones es objeto de medidas disciplinarias y, en caso de haber infringido la ley, de sanciones penales. El efecto disuasivo de estas disposiciones es eficaz. Asimismo, todo agente policial recibe una capacitación completa y constante sobre sus deberes y obligaciones.

56.Con las nuevas directrices sobre el cacheo de reclusos aprobadas el 1º de julio de 2008 se pretende principalmente garantizar que los cacheos se realicen respetando la dignidad de las personas cacheadas y limitando al máximo las molestias ocasionadas. En particular, los cacheos deben correr a cargo de agentes del mismo sexo que la persona cacheada; solamente agentes del mismo sexo que ésta están presentes durante el cacheo y la duración de esta operación se determina caso por caso en función de las circunstancias. Se establecen tres niveles de cacheo: el cacheo que no implica que la persona cacheada se desvista; el cacheo en el que la persona en cuestión se desviste parcialmente; y el cacheo en el que ésta retira su ropa interior. Este último tipo de cacheo sólo debe efectuarse si existen motivos serios que lo justifiquen y habiendo informado previamente al detenido. Las autoridades policiales redactan y verifican un informe detallado del cacheo, al tiempo que velan por el debido respeto de estos nuevos procedimientos. El cacheo de los solicitantes de asilo y de las personas que afirmen haber sido torturadas y se encuentren detenidas por otros motivos tiene lugar al llegar al lugar de detención y cuando vuelven a acceder a él después de una salida. El objetivo es asegurarse de que no se encuentran en posesión de objetos peligrosos con los que puedan infligirse lesiones a ellos mismos o a otras personas, o intentar evadirse. Existen directrices para que todos los cacheos se realicen respetando la dignidad de la persona cacheada y para que quede constancia escrita de ellos. Las personas que deseen formulas reclamaciones en relación con un cacheo pueden presentar una queja ante el Departamento de Inmigración u otras instancias. Dichas quejas dan lugar a una investigación y a la adopción de las medidas apropiadas. Por último, en lo referente al trato humano de los trabajadores sexuales, la delegación indica que, a finales de 2007, la policía revisó sus directrices relativas a la vigilancia del comportamiento de los agentes policiales que intervenían en operaciones de protección de las buenas costumbres.

57.El Sr. COSTA OLIVEIRA (Región Administrativa Especial de Macao), abordando la cuestión de la trata de personas, precisa que los primeros enjuiciamientos por este motivo se instruyeron en virtud de la antigua ley. El orador señala que aún no se han iniciado procesos en virtud de la nueva legislación pero, entre el 26 de junio y el 22 de septiembre de 2008, la policía abrió 11 investigaciones que determinarán la conveniencia de iniciar procesos judiciales. Con respecto a la detención y la expulsión de inmigrantes en situación irregular, el Sr. Costa Oliveira precisa que sólo se adoptan medidas de expulsión contra las personas en situación irregular y no, por ejemplo, contra las personas en situación regular que ejercen una actividad ilícita. Todaexpulsión se acompaña de una prohibición de entrada en la Región Administrativa Especial de Macao durante un período determinado. Nunca se ha recurrido una decisión de expulsión, pero sí varias medidas de prohibición de entrada en el territorio, las cuales, por otra parte, pueden adoptarse por distintos motivos. Los migrantes en situación irregular pueden permanecer detenidos en una comisaría durante un período máximo de 48 horas, o en un centro de retención especial durante 60 días como máximo. Dado que este centro aún no se ha construido, los migrantes en situación irregular acaban siendo liberados si no comparecen ante un juez en el plazo de 48 horas estipulado por la ley, lo cual explica que el procedimiento de expulsión sea a menudo tan rápido.

58.Parece existir un malentendido en cuanto a la cuestión de la mayoría de edad penal y la afirmación según la cual los menores reciben el mismo trato o son sometidos al mismo régimen que los adultos. Como se indica en los párrafos 131 y siguientes de las respuestas a la lista de cuestiones, los menores de 16 años que cometen delitos penales son recluidos en un centro de menores, y no en una prisión. Del mismo modo, los menores son juzgados por un tribunal especial para ellos, y no por un tribunal ordinario. La mayoría de edad penal se sigue adquiriendo a los 16 años.

59.Se ha preguntado si el aumento del número de casos de violencia contra mujeres se ha visto acompañado de un aumento del número de enjuiciamientos por tales hechos. Las autoridades no disponen de datos específicos sobre los procesos judiciales iniciados al respecto, ya que los datos recopilados guardan relación con el tipo de delito constatado –lesiones corporales, por ejemplo–, sin que se establezca una distinción entre los casos de violencia doméstica y el resto de casos. No obstante, el Gobierno ha adoptado medidas preventivas en la materia y ha reforzado su apoyo a las ONG locales que se ocupan de este problema, con las cuales realiza campañas de sensibilización. Además, el Instituto de Bienestar Social ofrece ayuda y asesoramiento a las personas afectadas, y se ha incrementado la capacidad de acogida de refugiados. Aún así, el Gobierno es consciente de la necesidad de adoptar un enfoque integral para hacer frente a este problema y está elaborando actualmente una serie de disposiciones legislativas a tal fin.

60.La Sra. GAER (relatora para China) sigue preguntándose por la definición de la tortura. En lo referente a la cuestión de los refugiados, la oradora dice que el Comité no se ocupa de la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, sino que centra su atención en la cuestión del respeto de la obligación impuesta por el artículo 3 de la Convención contra la Tortura de no devolver a una persona a otro Estado en el que corra peligro de ser torturada. No obstante, la Sra. Gaer considera que no dispone de elementos suficientes para estar plenamente convencida de que este artículo es aplicable y se está aplicando en el caso de Hong Kong. A juicio de la oradora, únicamente las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y no las del artículo 3 de la Convención, son aplicables en la materia, pero desea cerciorarse de ello. La Sra. Gaer continúa preocupada asimismo por la cuestión de la existencia de un procedimiento independiente de presentación de reclamaciones contra la policía, y acoge con interés la información adicional aportada en ese sentido. Por último, la oradora se muestra sorprendida por las importantes diferencias entre la naturaleza de las cuestiones abordadas por el Comité en lo referente a las regiones administrativas de Hong Kong y Macao y la de las cuestiones relativas a la República Popular China. China ha realizado modificaciones legislativas encomiables y, efectivamente, ha adoptado medidas para promover la prevención de la tortura y sancionar los actos de tortura. Sin embargo, el Comité sigue profundamente preocupado por determinadas prácticas mencionadas por la prensa china, así como por las condenas injustificadas, la falta de rigor de las investigaciones, la falta de profesionalidad de la policía y la persistencia del recurso a confesiones obtenidas mediante tortura. En el caso de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, el Comité está preocupado por la transparencia, la responsabilización y el control independiente de las actividades policiales. La eficacia de las medidas adoptadas por China –que la oradora considera muy positivas– se ve amenazada por problemas persistentes: el recurso a la ley sobre los secretos de Estado, de contenido impreciso y alcance muy amplio; el acoso y la intimidación a los abogados; la utilización de personal que no está obligado a rendir cuentas de sus actos; la ausencia de un mecanismo de control ciudadano de los lugares de detención o de un órgano independiente habilitado para visitarlos; y, por último, la ausencia de investigaciones exhaustivas e imparciales.

61.La Sra. SVEAASS (correlatora para China), dirigiéndose a los delegados de Hong Kong y Macao, dice que, en el futuro, sería importante abordar la cuestión de los medios para asistir a las mujeres y los niños que son víctimas de la trata de seres humanos. La oradora concede una gran importancia a la utilización del Protocolo de Estambul por parte del personal médico, y desea saber en qué medida se utiliza ese Protocolo en el marco de los procedimientos de solicitud de asilo. La Sra. Sveaass desea igualmente que la delegación de Hong Kong explique por qué ni siquiera se plantea la aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Las respuestas ofrecidas en cuanto al procedimiento de solicitud de asilo y los derechos de los solicitantes de asilo son interesantes, pero sería deseable un tratamiento más exhaustivo de la cuestión en el futuro. La delegación de Macao ha confirmado lo que indicaba en sus respuestas presentadas por escrito en relación con la detención de menores, por lo que cabe esperar que se revisen las disposiciones relativas al aislamiento de menores. Por último, en lo referente al mecanismo de vigilancia de las actividades policiales creado por la Región Administrativa Especial de Hong Kong y, en concreto, al Consejo independiente de quejas contra la policía, la oradora desea saber si, cuando éste se convierta en órgano estatutario, tendrá mayores poderes de investigación, estará facultado para formular recomendaciones de carácter jurídico o vinculantes y contará con recursos humanos suficientes.

62.El SR. O’NEILL (Región Administrativa Especial de Hong Kong) considera que las respuestas aportadas por la delegación de Hong Kong han puesto de manifiesto numerosos elementos positivos, y espera que el Comité los tome en consideración.

63.El Sr. COSTA OLIVEIRA (Región Administrativa Especial de Macao) precisa que la delegación de Macao no ha ahondado en la cuestión de la detención de menores y en la correspondiente ley porque no había entendido que ésta ultima se consideraba criticable; la delegación ha tomado buena nota de las observaciones y preocupaciones formuladas al respecto por el Comité, y las transmitirá al Gobierno.

64.El PRESIDENTE da las gracias a la delegación por las respuestas aportadas.

65.La delegación de China se retira.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

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