Comité contra la Tortura

46º período de sesiones

Acta resumida de la 995ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 17 de mayo, de 2011 a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Grossman

S umario

Presentación de informes por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)

Informe inicial de Ghana (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

Presentación de informes por los Estados partes en virtud del artículo 19de la Convención (continuación)

Informe inicial de Ghana (continuación) (CAT/C/GHA/1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Ghana toma asiento como participante a la M esa del Comité.

2.El Presidente invita a la delegación de Ghana a responder a las preguntas formuladas por los miembros del Comité en su sesión anterior.

3.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que la Fiscalía se propone obtener que los términos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se incorporen a la legislación nacional del Estado parte. Una vez que el Gabinete apruebe el memorando pertinente, la Fiscalía presentará la Convención al Parlamento para que este lo examine, de conformidad con el artículo 106 de la Constitución.

4.Aunque en la legislación del Estado parte no hay una definición de la tortura, el Código Penal tipifica diversos delitos comprendidos en la categoría de malos tratos a las personas, que incluye la agresión, el daño físico, la mutilación genital femenina, el homicidio y el asesinato. Los particulares pueden utilizar estas disposiciones para entablar acciones civiles en los tribunales ordinarios contra los presuntos autores y el Estado. La mala conducta de los agentes de policía se puede denunciar a la Oficina de Inteligencia y Normas Profesionales de la Policía.

5.En relación con el informe periódico inicial del Estado parte (CAT/C/GHA/1, párr. 47) y el artículo 32 1) de la Constitución, el orador reitera que la legislación de Ghana no deroga el artículo 2 de la Convención. Los tribunales de examen pueden ordenar que se ponga en libertad a un detenido y se abone una indemnización, si procede.

6.El Sr. Lartey Annan (Ghana) dice que el Gobierno no ha proporcionado financiación suficiente a la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, pero que desde su creación en 1993 los programas de la Comisión han podido financiarse gracias a la contribución de asociados externos para el desarrollo como el Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA). Se ha propuesto que su presupuesto, junto con los de otros órganos independientes, se someta directamente a la aprobación de un comité parlamentario encargado específicamente de esta función, y no al Gobierno como se hace actualmente.

7.La Comisión formó un grupo de trabajo para propugnar la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Gabinete aprobó la ratificación y el grupo de trabajo se volverá a reunir en junio de 2011 para estudiar las medidas que deban tomarse a continuación.

8.De conformidad con el artículo 15 de la Constitución y con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la Comisión ha llevado a cabo varias inspecciones de cárceles. La Comisión verifica sobre todo las condiciones de detención y envía informes con sus conclusiones al Ministerio del Interior, al Director General de Establecimientos Penitenciarios y al Inspector General de Policía. La Comisión tiene un servicio de la mujer y el niño que recibe denuncias, principalmente en relación con la protección de la infancia y, en particular, la pensión alimenticia de los niños. Las denuncias por violencia doméstica, desfloración y violación se trasladan a la policía.

9.En respuesta a las preguntas del Comité sobre la brutalidad policial en las comunidades mineras, el orador dice que desde 2006 la Comisión ha investigado y confirmado diversas denuncias de violencias cometidas por agentes de las compañías mineras contra mineros en pequeña escala y habitantes de comunidades mineras. Las conclusiones figuran en el informe de 2008, The State of Human Rigths in Mining Communities in Ghana (La situación de los derechos humanos en las comunidades mineras de Ghana). Más tarde, el Ministerio de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología estableció un comité investigador y las empresas mineras empezaron a consultar a los miembros de la comunidad y a atender sus necesidades socioeconómicas. Una víctima de la violencia, contra la que en 2006 había abierto fuego el personal de seguridad de la empresa minera AngloGold Ashanti, recibió una indemnización de unos 43.000 dólares de los Estados Unidos, así como becas de educación hasta el nivel universitario para su único hijo.

10.En lo que respecta a los santuarios trokosi (esclavitud ritual) que se encuentran principalmente en la región del Volta y donde las víctimas son retendias en "expiación" de los pecados o delitos de sus antepasados, la Comisión intenta sensibilizar a la población respecto de esta práctica para eliminar gradualmente esta tradición profundamente arraigada. Con la ayuda de International Needs (IN Network), la Comisión ha facilitado la formación profesional de los "reclusos" y ha obtenido la liberación de algunos de ellos. Posteriormente se les facilitó capital inicial para que pudieran emprender actividades económicas útiles.

11.Por último, en 2010 terminó de financiarse el programa nacional de formación en derechos humanos de la Comisión para los agentes del orden. La Comisión ha seguido contribuyendo a los cursos que imparte la policía y el personal penitenciario, y proporciona formación en derechos humanos a enfermeras y otros profesionales de la salud.

12.El Sr. Quaye (Ghana) dice que diversos organismos independientes llevan a cabo inspecciones de cárceles y publican sus conclusiones, entre ellos, la Junta del Servicio de Policía, la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, los Comités de Visita de Cárceles y las juntas que se ocupan de los presos que van a ser liberados en breve. El Servicio de Auditoría empezó a inspeccionar las cárceles en 2009 para evaluar las condiciones de vida de los reclusos y la actuación del personal penitenciario, y en 2010 presentó su primer informe.

13.El hacinamiento de las cárceles es resultado en gran parte del cierre de prisiones que eran anteriores a la colonización británica (1844) y el posterior traslado de presos a las cárceles de Nsawam. Se consideró que la proyectada visita de Amnistía Internacional a las cárceles de Ghana en ese momento era demasiado peligrosa, pero las autoridades penitenciarias autorizaron visitas en otros momentos de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas Amnistía Internacional y Commonwealth Human Rights Initiative. En el presente año se encargará la construcción de una nueva cárcel con capacidad para 3.000 reclusos y se establecerán más campamentos agrícolas para delincuentes condenados por primera vez y presos que cumplen condenas leves. Otra finalidad de los establecimientos agrícolas es que los presos condenados aprendan las labores del campo. En fechas señaladas del año se conceden indultos y se pone en libertad a los delincuentes enfermos, ancianos o que hayan sido condenados por primera vez, lo que contribuye a descongestionar las cárceles.

14.Desde que se inició el proyecto de examen de la prisión preventiva, del programa "Justicia para Todos", el número de personas en prisión preventiva, que ascendía a una cuarta parte de la población carcelaria, ha disminuido hasta una octava parte; en el contexto de este proyecto, los tribunales celebran vistas en las cárceles o fuera de su horario normal. Desde 2007 se han beneficiado del proyecto 239 detenidos. En la vista más reciente, celebrada en mayo de 2011, 63 detenidos fueron liberados definitivamente y 32 quedaron en libertad condicional. Solo un detenido fue condenado y cuatro fueron remitidos a los tribunales ordinarios. La ONG Centre for Human Rights and Civil Liberties presentó las solicitudes en nombre de los presos.

15.En cuanto a la cuestión de los establecimientos separados para los delincuentes juveniles, dice que los infractores menores de 12 años son internados en uno de los cuatro centros de detención del Departamento de Bienestar Social, en tanto que los de 13 a 16 años permanecen en el centro penitenciario de Accra. Los infractores de 17 y 18 años pueden ir a la cárcel, pero las penas no deben exceder de tres años.

16.En todas las cárceles hay enfermerías y los médicos las visitan periódicamente. De ser necesario, los presos son enviados al hospital público más cercano para ser sometidos a tratamiento y todos los presos tienen derecho a las prestaciones del servicio sanitario nacional, lo que ha tenido como consecuencia una importante disminución del número de decesos en las cárceles.

17.Los funcionarios de prisiones, que han recibido formación en psicología, pueden aislar a los presos revoltosos y hacer un uso razonable de la fuerza cuando los reclusos se niegan a entrar en su celda. Un preso que presente síntomas de mala salud también puede ser confinado y, en caso necesario, se llama a un psiquiatra para que lo examine. Aunque la flagelación se mantiene en los reglamentos como forma de castigo, los trámites exigidos a los funcionarios de prisiones que quieran infligirlo son tan complicados que, en la práctica, ya nadie recurre a esta práctica.

18.El presupuesto de alimentación en la cárcel es de menos de 1 dólar de los Estados Unidos por preso, pero las autoridades penitenciarias intentan que aumente, quizá indizándolo al salario mínimo nacional. Los presos hacen labores agrícolas para complementar sus raciones y mantenerse sanos. El plan decenal de modernización de cárceles prevé fomentar la construcción, la agricultura y otras actividades generadoras de ingresos en beneficio de los presos que cumplen condena y también de los presos liberados. El Estado parte toma disposiciones para subsanar las deficiencias del sistema penitenciario y, en el marco de un proyecto patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para mejorar el acceso a datos más completos de los presos de los diferentes centros de detención.

19.Aunque no se ha abolido la pena de muerte, la última ejecución conocida tuvo lugar en 1993. Los presos en espera de ejecución pueden pedir un indulto al Jefe del Estado una vez cada cinco años; por lo general, las condenas a muerte se conmutan por la cadena perpetua.

20.El Sr. Boi-Bi-Boi (Ghana), en respuesta a las preguntas del Comité sobre los supuestos malos tratos infligidos a dos estudiantes de la ciudad de Wa, dice que la policía de la región occidental superior no pudo obtener confirmación de los presuntos incidentes.

21.Para garantizar que la detención de los sospechosos se lleve a cabo en condiciones correctas, el sospechoso debe prestar declaración en presencia de un testigo independiente, elegido con su consentimiento. Por otro lado, según la directriz 195 del Servicio de Policía, durante el interrogatorio tiene que haber un abogado presente. Las salas de interrogatorios no contienen mueble alguno, salvo las sillas para los sospechosos, abogado e interrogadores. Las salas del Departamento de Investigaciones Penales de Accra han sido habilitadas con circuitos cerrados de televisión con los que se vigila que los detenidos no sean maltratados durante el interrogatorio y quede constancia de este, por si acaso el detenido denuncia haber sufrido coacciones durante el procedimiento. Si el sistema da buenos resultados, se instalarán circuitos cerrados en las salas de interrogatorios de otras regiones del país.

22.Se han denunciado e investigado en total de 43 casos de trata de seres humanos y se han pronunciado 25 condenas, todas las cuales eran de privación de libertad por un período mínimo de ocho años. La mayoría de los autores de la trata son extranjeros que trasladaron personas a Ghana con fines de explotación económica y sexual. El 12 de mayo de 2011, las autoridades de Ghana en colaboración con Interpol desarticularon una operación de trata, rescatando a 116 víctimas y deteniendo a 31 sospechosos, de los cuales 28 han sido procesados y encarcelados, y 3 seguían pendientes de juicio.

23.Todas las personas en detención policial son controladas y al menor síntoma de enfermedad se las traslada al hospital público más próximo. Todos los sospechosos en detención policial tienen derecho a consultar a un médico de su elección. Estas peticiones se conceden y un funcionario médico está presente durante el examen. Se ha instalado un circuito cerrado de televisión en los centros de detención de la policía para controlar los movimientos de los detenidos y de los agentes de policía.

24.En lo que respecta a la situación en Bawku, el delegado dice que la violencia estalló entre dos facciones, sin que las fuerzas de seguridad tuvieran conocimiento de ello. El 1º de junio de 2009 el Administrador de Distrito de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa fue atacado por asaltantes armados y resultó muerto de un disparo. Se detuvo a una persona que actualmente está siendo procesada en el Tribunal Supremo. El principal culpable sigue en libertad.

25.Se consideró que la primera Junta de Refugiados, creada en 2009, había sido ineficiente, razón por la cual en enero de 2011 se estableció una nueva Junta que se encontró con 700 solicitudes de asilo atrasadas, 300 de las cuales presentadas por liberianos. En la actualidad hay unos 11.000 liberianos refugiados que llevan en Ghana 21 años o más, y se plantea la opción de concederles residencia permanente o devolverlos a Liberia. La mayoría de ellos desea que se les envíe a un tercer país. Unos 13.000 refugiados llegaron a Ghana procedentes de Côte d'Ivoire y se han establecido varios campamentos de refugiados para darles cobijo. La policía y las fuerzas armadas de Ghana les ofrecen protección, y varias ONG y el Programa Mundial de Alimentos les prestan asistencia. También se les facilita asistencia médica. Las autoridades de Ghana reciben apoyo logístico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

26.La Sra. Wood (Ghana) dice que el 25 de junio de 2010 se recibió una petición del Relator Especial sobre la tortura para visitar Ghana en agosto de 2010. No habiéndose podido realizar todos los preparativos para esa visita, las autoridades de Ghana decidieron esperar una nueva solicitud, que no se ha recibido.

27.Los prolongados períodos de detención previa al juicio se deben a una combinación de factores, como el aplazamiento de las causas judiciales, la falta de salas y la escasez de jueces. También hay algunos problemas técnicos en los tribunales: la mayor parte de los ordenadores están averiados a consecuencia del uso excesivo, los cortes de corriente y la falta de capacidad. En consecuencia, las actas de los procesos se hacen a mano, a velocidad de dictado, lo que reduce considerablemente la rapidez de la administración de justicia. También hay problemas con los testigos y la falta de abogados, en particular cuando la Constitución exige que el acusado tenga un representante legal. Toda persona que considere que su juicio se retrasa indebidamente, tiene derecho a pedir reparación por conducto del Tribunal de Derechos Humanos.

28.En 1998 se creó una Dependencia de violencia doméstica y apoyo a las víctimas, en respuesta a la demanda de protección de los derechos de las personas vulnerables, especialmente mujeres y niños. La Dependencia fue encargada de realizar las investigaciones e interponer las demandas en los casos de malos tratos y, en colaboración con las ONG, proporcionar orientación, asistencia médica, refugio provisional y asistencia jurídica a las víctimas. La Dependencia ejecuta programas de sensibilización en escuelas, iglesias y mezquitas, en los grupos de mujeres, y entre los jefes y las reinas madres de todo el país. El número de casos de mutilación genital femenina y la servidumbre ritual se redujeron en un 25% entre 1999 y 2010, en gran parte gracias a la labor de la Dependencia de violencia doméstica y apoyo a las víctimas. La Ley de la violencia doméstica trata de la violación marital. No hay datos desglosados sobre los malos tratos de empleados domésticos.

29.En cuanto al caso de Issa Molbila, el orador dice que el abogado del acusado aprovechó el proceso para recusar la designación de un nuevo jurado e impugnar que el presidente del jurado, que había sido nombrado al Tribunal de Apelación, pudiera actuar como magistrado en el Tribunal Superior sin autorización del Presidente del Tribunal Supremo. El caso llegó al Tribunal Supremo y en marzo de 2011 regresó al Tribunal Superior para ser juzgado por un nuevo magistrado.

30.El Parlamento está estudiando un nuevo proyecto de ley sobre la salud mental. Aunque se procura integrar a algunas personas con discapacidad mental en la comunidad, el estigma social vinculado a las cuestiones de salud mental hace que los familiares vean con malos ojos a los pacientes. Se están ampliando los establecimientos psiquiátricos y el nuevo proyecto de ley prevé la creación de una comisión de vigilancia de la atención psiquiátrica, facultada para recibir denuncias. La terapia de electroshock se utiliza principalmente en el tratamiento de epilépticos.

31.El Sr. Nerquaye-Tetteh (Ghana) dice que el plan de asistencia jurídica fue objeto de una campaña por televisión y radio y de un programa de divulgación en todo el país, financiado por el PNUD. El programa concluyó en 2010 porque el PNUD no renovó la financiación. En octubre de 2011 se celebrará una semana de asistencia jurídica para sensibilizar a la población. El plan debe hacer frente a varios obstáculos, como la insuficiencia de personal, equipo, vehículos y espacio de oficina. El plan solo cuenta con 15 abogados en nómina y 20 que trabajan gratuitamente. Los abogados que trabajan privadamente son reacios a ocuparse de asistencia jurídica, porque la remuneración es escasa.

32.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que se intenta investigar la corrupción judicial cuando hay pruebas suficientes. Se elaboró un código de ética para magistrados y personal judicial y se distribuyó entre los jueces y magistrados. Se han establecido dos nuevos comités de ética e integridad para resolver los problemas de mala conducta, uno de ellos presidido por el Presidente del Tribunal Supremo y el otro por un magistrado del mismo Tribunal. Se ha constituido una dependencia de denuncias para el público que desee denunciar a personal del servicio judicial y se ha creado un consejo disciplinario para tramitar esas denuncias. En la actualidad, cinco jueces están acusados de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Dos se enfrentan a acusaciones que pueden dar lugar a la inhabilitación; uno de ellos entabló pleito al servicio judicial del Tribunal Supremo y el otro presentó su dimisión, que el Presidente no aceptó. Otro juez debe responder de los cargos de malversación de fondos y un juez jubilado fue procesado por delitos cometidos cuando estaba en activo.

33.El Tribunal Supremo tiene competencias de supervisión, entre otras cosas como tribunal de apelación, y puede revisar sus decisiones en casos excepcionales que hayan tenido como consecuencia un error judicial, o cuando aparecen nuevas pruebas importantes que no estaban disponibles en el momento de la decisión original. Se ha propuesto crear un servicio de fiscalía independiente que no dependa de la dirección ni del control del Fiscal General.

34.En lo que respecta al Protocolo Facultativo, el Parlamento debe hacer frente a una considerable acumulación de trabajo que retrase la ratificación. Los miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura se declararon dispuestos a celebrar una reunión de trabajo con el Parlamento de Ghana para examinar y promover la ratificación del Protocolo Facultativo.

35.El Presidente, que se expresa en su calidad de Relator para el país, pregunta si se ha avanzado en el proceso de incorporación de la Convención a la legislación nacional. El Comité preconiza una definición normalizada de la tortura en todos los Estados partes en la Convención, ya que un entendimiento común podría facilitar la aplicación de esta y garantizar que en la legislación nacional de los Estados partes las penas sean proporcionales a los delitos. Pregunta si el Estado parte ha dejado sin efecto alguno de los derechos consagrados por la Convención en un estado de excepción, y si el Gobierno tiene intención de estipular que en la legislación nacional el derecho a ser protegido contra la tortura o los malos tratos no admite excepciones. Pregunta por qué la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa no recibe financiación con cargo al presupuesto del Estado y por qué este órgano y otros órganos independientes piden financiación directamente al Parlamento.

36.El Sr. Lartey Annan (Ghana) dice que, de acuerdo con la Constitución, el Estado garantiza la financiación de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa. No obstante, esta financiación es insuficiente y la Comisión debe buscar otros recursos.

37.El Presidente (Relator para el país) pregunta si se prevé incrementar la financiación de la Comisión.

38.El Sr. Lartey Annan (Ghana) dice que ninguna institución del país recibe suficientes recursos del Estado. Teniendo en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa es un organismo independiente, su autonomía podría estar en peligro si dependiera del Ejecutivo para su financiación. Por lo tanto, se ha propuesto que trate de financiarse por medio del Parlamento.

39.El Presidente (Relator para el país) pregunta por qué no se ha abolido por ley el castigo de azotes, siendo así que en la práctica no se aplica. Del mismo modo, puesto que la última ejecución se produjo en 1993, quizá se podría abolir la pena de muerte.

40.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que la abolición de la pena de muerte está en debate entre los activistas de derechos humanos y los grupos de apoyo a las víctimas. Existe una moratoria de facto.

41.El Presidente (Relator para el país) pregunta si las condiciones de los reclusos en espera de ejecución cumplen las normas mínimas.

42.El Sr. Quaye (Ghana) dice que las condiciones han mejorado mucho. Los reclusos reciben visitas de ONG y grupos religiosos. Cada cinco años pueden elevar un recurso al Presidente, y a los diez años la condena se conmuta por una pena de prisión.

43.El Presidente (Relator para el país) constata que Ghana reconoce las deficiencias del sistema penitenciario. Es importante que Ghana esté disconforme con algunas de sus disposiciones y que adopte medidas para modificarlas.

44.El Sr. Quaye (Ghana) dice que el Parlamento está estudiando un nuevo proyecto de ley que introducirá modificaciones en el servicio penitenciario; se revisarán las reglamentaciones antiguas y se modernizarán las cárceles.

45.El Presidente (Relator para el país) destaca la importancia de financiar la asistencia jurídica para que los pobres y los desfavorecidos puedan ejercer sus derechos. No hay bastantes abogados. Deben examinarse con atención los planes de otros países, donde los estudiantes de derecho, como parte de su formación, ofrecen asistencia jurídica a las personas acusadas de delitos menores.

46.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que el Ministerio de Justicia, en asociación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Ghana, está examinando la posibilidad de formar personal jurídico auxiliar, porque es difícil convencer a los abogados experimentados a que participen en un sistema de asistencia jurídica.

47.El Sr. Lartey Annan (Ghana) dice que la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa complementa el sistema de asistencia jurídica y hace de intermediario para las personas que no pueden acceder a la justicia por las vías tradicionales. La Comisión ofrece gratuitamente sus servicios en todo el país; aunque su campo de acción es el derecho civil, y no el penal, en algunas circunstancias obtiene la libertad condicional de presos en prisión preventiva.

48.El Presidente (Relator para el país) explica que enviar a alguien a otro Estado donde corra el riesgo de ser sometido a torturas constituye una violación del artículo 3 de la Convención. Quiere saber si Ghana se ha encontrado en esta situación alguna vez, pero aceptando las garantías diplomáticas de que la persona en cuestión no sería torturada. Hay quienes piensan que esto constituiría una violación de la Convención.

49.Toma nota de que Ghana no ha recibido ninguna solicitud de visita del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pregunta si las personas que consideran que su proceso se ha retrasado en exceso ejercen efectivamente su derecho de apelación y si las personas que entablan una acción civil contra el Fiscal General ejercen su derecho de comparecer ante un tribunal para pedir indemnización.

50.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que esos derechos se ejercen efectivamente y da el ejemplo de un abogado que fue encarcelado cuando iba a pedir la libertad condicional de un cliente. Tras ser puesto en libertad interpuso una demanda civil contra la policía y el Fiscal General y recibió una indemnización.

51.El Presidente (Relator para el país) pide a la delegación de Ghana que haga observaciones sobre las denuncias de las ONG en relación con el trato dado a las mujeres acusadas de brujería.

52.La Sra. Wood (Ghana) dice que ésas son prácticas culturales arraigadas. Es necesario sensibilizar a la población para que entienda que no se puede hacer daño impunemente a las supuestas brujas. Menciona el caso de una mujer de 72 años que fue quemada viva porque se sospechaba que era bruja. Los autores están procesados por asesinato.

53.El Presidente (Relator para el país) pregunta si Ghana considera que es necesario un proyecto de mejora del sistema de justicia tribal cuya práctica está tan extendida en las comunidades locales del país. Quiere saber si Ghana ha considerado la posibilidad de organizar actividades de formación a este respecto teniendo en cuenta que la justicia tribal tiene un efecto directo en la vida cotidiana de la población. Muchas de las cuestiones de las que se ocupa la justicia tribal guardan relación con la Convención, porque pueden dar lugar a torturas o tratos degradantes.

54.La Sra. Wood (Ghana) dice que las ONG y los organismos del Gobierno trabajan para sensibilizar a las personalidades y los jefes tribales, especialmente en el norte de Ghana.

55.La Sra. Sveaass dice que su país, Noruega, tiene gran experiencia en campañas públicas sobre cuestiones sociales. En las respuestas de Ghana se citan muchos ejemplos de campañas de este tipo que podrían contribuir a revelar la naturaleza ilegal de determinadas prácticas tradicionales.

56.Expresa su satisfacción por la labor de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia Administrativa. Pregunta si el mandato de la Comisión está estipulado en la Constitución de Ghana y por qué no envió su propio informe al Comité.

57.Desearía saber si la Dependencia de violencia doméstica y apoyo a las víctimas ha recibido más denuncias de mujeres y si oficialmente se ha prestado más atención a la situación de las mujeres. ¿Se han adoptado medidas más radicales contra los delitos de violencia en el hogar? Es de celebrar que los casos de mutilación genital femenina se hayan reducido en un 25% y la oradora querría conocer los planes del Gobierno para que sigan disminuyendo. La condena y castigo de varios autores de trata de seres humanos es un paso importante, pero se pregunta si también se han abierto investigaciones y se emprenden acciones legales contra los que explotan a los trabajadores domésticos. Pide más información sobre las medidas relativas a las mujeres y las niñas en los santuarios trokosi.

58.Ghana ha mencionado la dificultad de dar de alta a pacientes de los hospitales psiquiátricos, porque muchas veces las familias se niegan a acogerlos. Es fundamental ayudar a la población a comprender los trastornos psíquicos, y un medio de conseguirlo es la interacción de los discapacitados mentales en la comunidad, creando centros de acogida alternativos y centros de salud mental.

59.Quiere saber si hay supervisión por vídeo de los locales de interrogatorio para reducir las prácticas violentas. ¿Hay un sistema para investigar y documentar las denuncias de tortura o violencia presentadas por los internos en las cárceles u hospitales? ¿Se hace referencia en esos casos al Protocolo de Estambul?

60.Señala que el incidente entre la policía y los estudiantes de la Escuela Técnica Wa se produjo el 7 de abril y pide más información sobre ese episodio.

61.El Presidente (Relator para el país) dice que está interesado en la cuestión de la policía y la seguridad en los campamentos de refugiados. Es fundamental disponer de datos debidamente desglosados para formular políticas públicas y hacer el mejor uso posible de las competencias técnicas del Comité.

62.El Sr. Bruni dice que debe darse prioridad a la abolición del castigo de azotes en los centros de detención. En el párrafo 61 del informe inicial de Ghana (CAT/C/GHA/1) se afirma que la Ley de las fuerzas armadas no autoriza la tortura. Este es un principio excelente, de conformidad en el artículo 2, párrafo 3 de la Convención, pero el informe no menciona ningún procedimiento para su aplicación. El Sr. Bruni quiere saber lo que ocurriría si, por ejemplo, un oficial ordenase a un soldado un acto que equivalga a tortura y si hay un procedimiento de recurso que permita al soldado formular objeciones. ¿Se aplican al personal militar las disposiciones del Código Penal relativas a la tortura? ¿Cómo se aplican?

63.La explicación de la delegación de Ghana de que en los locales de interrogatorios solo hay sillas y mesas es poco convincente, puesto que, según el párrafo 92 del informe inicial, estos locales se habilitaron a título experimental dadas las grandes probabilidades de que se practiquen torturas en los centros de detención, por lo que deben estar equipados con servicio de grabación audiovisual. Quiere saber cómo se desarrollan los interrogatorios en los centros de detención que no tienen locales al efecto.

64.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que en los locales de interrogatorio hay televisión de circuito cerrado.

65.El Sr. Bruni dice que esto no se menciona en el informe inicial. Si los interrogatorios se realizan bajo la supervisión de oficiales superiores que garantizan que no se practiquen torturas, querría saber cómo se hace en la práctica.

66.La Sra. Kleopas pregunta al representante de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa si se ha establecido un mecanismo de denuncias para que las víctimas de torturas puedan ponerse en contacto con la Comisión. ¿Cuál es el procedimiento y cómo se pone en conocimiento del público? ¿Hay datos sobre casos de tortura investigados por la Comisión? ¿Se han sometido los resultados al ministerio público? ¿Es independiente de las autoridades ejecutivas la Oficina de Inteligencia y Normas Profesionales de la Policía? ¿Existe un procedimiento especial para que las víctimas de torturas en la cárcel puedan denunciar los malos tratos? Es difícil eludir la obstrucción de personas con autoridad que hayan podido ser denunciadas por practicar la tortura.

67.La Sra. Belmir dice que la respuesta de Ghana a su pregunta sobre la detención preventiva es poco satisfactoria. Las personas en detención provisional reciben el mismo trato que los presos, y el hacinamiento significa que no tienen donde dormir. Existen aplazamientos y retrasos injustificados y no es aceptable limitarse a decir que no hay suficientes tribunales. Es preciso resolver la cuestión de la detención preventiva, que también afecta a los menores.

68.Pide una respuesta a sus preguntas relativas al costo elevado del sistema de judicial, el trabajo infantil y el hecho de que el Fiscal General sea también Ministro de Justicia. El Estado parte debe esforzarse más. Las reformas del sistema de justicia penal podrían ser respaldadas por un nuevo examen, entre otras cosas de la cuestión de la detención preventiva.

69.El Sr. Mariño Menéndez pregunta el lugar que ocupa el derecho consuetudinario en la jerarquía de la legislación de Ghana, en particular respecto de la discriminación de la mujer en la propiedad de bienes y la herencia. Pide a la delegación que explique la distinción entre el estatuto de refugiado provisional y permanente. ¿Gozan los refugiados provisionales de la misma protección que los refugiados permanentes? Recomienda que se actualice el Decreto de medios de prueba (NRCD 323), aprobado en 1975, para reflejar la evolución reciente respecto de los interrogatorios de detenidos.

70.La Sra. Gaer, menciona el principio de jurisdicción universal y pregunta qué medidas adoptarían las autoridades de Ghana si en el país estuviera presente una persona condenada por la Corte Penal Internacional por torturas o crímenes de lesa humanidad.

71.¿Podría el Gobierno comentar las denuncias según las cuales mujeres embarazadas que no habían podido pagar las facturas del servicio médico fueron encerradas en jaulas en el hospital regional oriental de Koforidua? En lo que se refiere al párrafo 46 b) del informe, ¿puede la delegación describir las medidas cautelares adoptadas cuando una persona que se pone enferma mientras está en detención policial es trasladada a un centro médico?

72.En lo que respecta al caso del depósito de cadáveres del Hospital Militar 37, en el párrafo 71 del informe se menciona la degradación de los soldados, el despido de civiles y el pago de indemnización a las víctimas. Vuelve a preguntar si se han aplicado sanciones penales.

73.El Sr. Wang Xuexianse refiere a las denuncias según las cuales jefes locales poderosos suelen imponer castigos severos a personas bajo su control, y pregunta si se puede invocar alguna ley para controlar su autoridad. Según la delegación, todos los presos tienen seguro médico y el Sr. Wang Xuexian quisiera saber quien paga ese seguro.

74.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que todos los presos están amparados por el plan nacional de seguro de enfermedad. La conducta de los jefes locales está reglamentada por la Ley de jefaturas de 2008. Se ha previsto la creación de tribunales para jefes, entre otros. En lo que respecta al hospital de Koforidua, el Ministro de Salud le informó el día anterior que cuando un paciente que va ser dado de alta no puede pagar las facturas, lo visita un asistente social en el hospital, verifica sus condiciones de vida, y su lugar de residencia y organiza el pago a plazos. Por desgracia, algunos trabajadores sociales han abusado de su autoridad. Nadie ha sido enjaulado literalmente, pero algunos pacientes fueron recluidos en el hospital. Se están tomando medidas para resolver este problema. En la actualidad, las mujeres embarazadas reciben tratamiento gratuito. Se están preparando procedimientos para los casos de impago de facturas de tratamiento de niños en el hospital. A veces intervienen filántropos y ONG, pero se necesitan dispositivos de carácter permanente.

75.Los sospechosos o los presos transportados a un centro médico, no van encadenados y se respetan sus derechos. Los agentes de seguridad permanecen fuera del servicio para proteger la confidencialidad de la relación médico-paciente. La Ley de sucesiones (Ley Nº 111 PNDC) aborda la cuestión de los derechos de la viuda y la distribución equitativa de la herencia del marido fallecido. En consecuencia, las denuncias sobre el trato discriminatorio de las viudas con arreglo al derecho consuetudinario han disminuido visiblemente.

76.El pago de las costas judiciales es un grave problema en los países en desarrollo. Teniendo en cuenta que la mayoría de los abogados son reacios a encargarse de casos gratuitamente, la Junta de Asistencia Jurídica desarrolla una gran actividad de movilización de recursos financieros. Si una persona acusada por la Corte Penal Internacional trata de entrar en Ghana, las autoridades solo la admitirán si se le ha concedido la libertad condicional. Si se ha evadido de la detención policial, Ghana actuará de conformidad con la reglamentación de la Corte. Recuerda al Comité que un ciudadano de Ghana fue juez en la Corte Penal Internacional.

77.La Comisión de Examen Constitucional está estudiando la conveniencia de separar la Fiscalía General del Servicio de Fiscalía. Se están estudiando propuestas de enmienda de la Constitución para establecer un Servicio de Fiscalía independiente. En lo que respecta a los locales de interrogatorio, señala incidentalmente que sería más adecuado hablar de "entrevista", ya que la finalidad es simplemente obtener información para abrir una investigación policial. Aunque los agentes de mayor categoría tienen evidentemente más experiencia, los subalternos reciben una formación minuciosa para que sus actuaciones respondan a la reglamentación de los servicios de policía de Ghana.

78.La Sra. Wood (Ghana), en respuesta a la pregunta sobre el caso del depósito de cadáveres del Hospital Militar, dice que se puso en contacto con el oficial en cuestión para averiguar si se impusieron sanciones penales, pero todavía no ha recibido respuesta.

79.La Dependencia de violencia doméstica y apoyo a las víctimas facilitó datos estadísticos para el período comprendido entre enero y diciembre de 2010. En este período los tribunales conocieron 954 casos; 118 inculpados fueron condenados y 23 fueron absueltos, y están pendientes 794 casos. Lamentablemente, no puede ofrecer datos estadísticos sobre el trabajo infantil. La pobreza es uno de los principales factores que impide la eliminación de este fenómeno. El Ministerio de Recursos Humanos, Juventud y Empleo tiene previsto un programa de sensibilización pública que pondrá en evidencia el efecto negativo del trabajo forzoso de toda clase. Asegura al Comité que Ghana espera reducir a cero la tasa de mutilación genital femenina.

80.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que el militar que torturó a una víctima hasta la muerte, en el caso de Issa Molbila, ha sido inculpado ante un tribunal ordinario. Aunque la Ley de las fuerzas armadas prevé la celebración de un consejo de guerra en determinados casos, ello no excluye la competencia de los tribunales ordinarios. La elección del tribunal se deja al arbitrio del Fiscal General. En general, las fuerzas armadas no son competentes en los casos de homicidio.

81.El Sr. Lartey Annan (Ghana) dice que la Dependencia de la mujer y el niño, de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, se ocupa de las cuestiones relacionadas con la igualdad de género, la integración, los derechos de la mujer y la protección del niño. Los casos de violencia doméstica se remiten a la Dependencia de violencia doméstica y apoyo a las víctimas, de la policía de Ghana. El Tribunal Supremo decidió recientemente que el mandato de la Comisión se limitaba a investigar las violaciones de derechos humanos cuando recibía una denuncia de una persona identificable. Los centros de detención se supervisan habitualmente para verificar que los detenidos no se encuentran en condiciones inhumanas o degradantes, y ello no depende de que se hayan presentado denuncias. No habiéndose tipificado el delito de tortura por problemas de definición, nadie ha presentado denuncias de tortura. Además, la competencia de la Comisión se limita a lo civil, sin que se extienda a lo penal.

82.Toda persona, y por consiguiente los presos también, tiene derecho a presentar denuncias. La Comisión acepta las denuncias presentadas por teléfono, correo electrónico o télex, incluso de denunciantes que estén fuera del país. Las denuncias también pueden presentarse en nombre de personas que, por determinadas circunstancias, no estén en condiciones de presentarlas personalmente a la Comisión. Los 99 distritos y las 12 oficinas regionales reciben e investigan las denuncias gratuitamente. Se presentan informes anuales al Ministerio del Interior y a los órganos pertinentes sobre las condiciones de las cárceles que equivalen a tratos degradantes o inhumanos. Cuando se denuncian casos de trato brutal, acoso o uso excesivo de la fuerza por la policía, la Comisión tramita de las denuncias bajo la rúbrica de la mala conducta profesional, remitiéndose a las Normas Profesionales de la Policía de la Oficina de Inteligencia.

83.El Sr. Boi-Bi-Boi (Ghana) dice que los servicios de policía se dividen en 11 regiones y 55 divisiones. Las divisiones se subdividen en 174 distritos y 788 comisarías. Se han establecido los llamados asentamientos de tiendas de campaña que funcionan como comisarías en las regiones alejadas y vulnerables. Todas las denuncias se registran, y se toma declaración al denunciante. Cuando se localiza al sospechoso, se le entrevista, se reúnen las pruebas y el caso se remite a las autoridades judiciales competentes.

84.El Sr. Quaye (Ghana) dice que hay un procedimiento sencillo pero eficaz para tramitar las denuncias de los presos. En todas las celdas y pabellones hay libros de reclamaciones. Un comité de visita comprueba los libros dos veces al mes como mínimo, y escucha las quejas de los presos. El Comité elabora un informe y se inician las investigaciones correspondientes. Varios funcionarios de prisión han sido procesados y degradados o despedidos por mala conducta. En las cárceles no hay locales de interrogatorios.

85.El Sr. Barton-Odro (Ghana) dice que los militares no tienen que obedecerlas órdenes ilícitas de un superior. Si consideran que se han violado sus derechos, pueden interponer una demanda ante un tribunal de derechos humanos. El denunciante que desconfíe de los mecanismos de la Oficina de Inteligencia y Normas Profesionalesde la Policía tiene otras opciones, como presentar una denuncia a tenor de la Ley de denuncia de irregularidades de 2006. El Fiscal General es quien dirige el departamento de la Fiscalía que tramita las denuncias contra autoridades públicas de conformidad con la mencionada ley.

86.La Sra. Wood (Ghana) dice que los trabajadores domésticos pueden presentar denuncia por malos tratos a la policía. Coincide en que se debe instruir al público en general para que acepte a las personas que salen de los hospitales psiquiátricos. Recientemente los trabajadores sociales y el hospital psiquiátrico han emprendido un proyecto destinado a devolver a sus familias a los pacientes internados durante un período prolongado.

87.El Sr. Barton-Odro (Ghana) asegura al Comité que la delegación ha tomado nota cuidadosamente de los motivos de preocupación expuestos, y las autoridades de Ghana tomarán medidas para encontrar soluciones.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.