Comité contra la Tortura

43º período de sesiones

Acta resumida de la primera parte (pública)* de la 904ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 6 de noviembre de 2009, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 19 de la Convención (continuación)

Segundo informe periódico de El Salvador (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 19 de la Convención (continuación)

Segundo informe periódico de El Salvador (continuación) (CAT/C/SLV/2; CAT/C/SLV/Q/2 y Add.1)

1.Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de El Salvador vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. Larios López (El Salvador), en contestación a la pregunta de un miembro sobre la aplicación del artículo 1 de la Convención, remite al Comité a la información incluida en los párrafos 1 y 2 de las respuestas por escrito de El Salvador.

3.En respuesta a las preguntas sobre la Comisión de la Verdad, dice que el capítulo de derechos humanos del Plan Gubernamental 2009-2014 prevé la promoción de una política de justicia, verdad y reparación, así como la asistencia a los ciudadanos que soliciten una investigación y clarificación de casos de violación de los derechos humanos. En este contexto debe señalarse que el Presidente de la República asistirá a una ceremonia conmemorativa en el próximo aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas, mencionado por algunos miembros.

4.Respecto a las preguntas sobre las condiciones en las prisiones y centros de detención para mujeres y jóvenes, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia tiene cuatro centros para la protección y rehabilitación de los jóvenes infractores que proporcionan formación profesional para ayudarlos a reinsertarse una vez han cumplido su pena.

5.Jueces de vigilancia penitenciaria y representantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Dirección General de Centros Penales, y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Ombudsman), visitan con regularidad las cárceles y los centros de detención. Pese a un informe de la Procuraduría acerca del estado crítico de los centros de detención, se proporciona comida y la electricidad funciona, y las visitas solo se prohíben si hay amotinamientos u otro tipo de problemas especiales. El Gobierno actual planea celebrar consultas con miras a adoptar el Protocolo Facultativo de la Convención. Respecto a la petición de datos estadísticos desglosados sobre delitos graves y comunes, no existen datos más detallados.

6.En cuanto a la pregunta sobre la incapacidad de las fuerzas del orden para responder a las solicitudes de la Procuraduría de información sobre los actos de tortura y malos tratos cometidos en las cárceles, el orador reitera el compromiso del Gobierno de colaborar con la Procuraduría para realizar un seguimiento de las decisiones adoptadas con respecto a los procedimientos de las instituciones gubernamentales, tal como queda referido en el párrafo 3 de las respuestas presentadas por escrito. En los párrafos 31 y 32 de las respuestas presentadas por escrito se analizan las medidas tomadas con respecto a los informes de la Procuraduría y las investigaciones llevadas a cabo como respuesta a los casos denunciados.

7.En cuanto a las preguntas sobre si la definición de tortura del Código Penal de El Salvador es suficiente, si el delito de tortura prescribe, si El Salvador considera que una pena de cárcel de tres a seis años se corresponde con la gravedad del delito, y si la legislación nacional ha creado problemas de compatibilidad con la Convención, especialmente en los casos de delitos cometidos por personas en una posición de autoridad pública, el orador se remite a la información incluida en el segundo informe periódico y en los párrafos 1 y 2 de las respuestas presentadas por escrito.

8.Respecto a las preguntas formuladas acerca de los numerosos casos de asesinatos de mujeres, el orador dice que de hecho en los últimos años ha habido un incremento de dichos crímenes, de 195 en 1999 a 348 en 2008. La mayoría de las víctimas tenían entre 15 y 39 años. Los departamentos en los que ocurrieron la mayoría de los crímenes son San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. El porcentaje de asesinatos de mujeres por violencia doméstica ha subido del 6% (14 casos) en 2003 al 11,14% (15 casos) en 2006.

9.En noviembre de 2005, la primera investigación nacional sobre los asesinatos de mujeres, llevada a cabo con la participación de órganos e instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales, determinó que las causas principales eran la delincuencia común, las maras y la violencia intrafamiliar, aunque en la mayoría de los casos se desconocía el móvil. Entre 2005 y 2008, 244 mujeres fueron asesinadas en su propia casa. Del total de las mujeres asesinadas durante ese período, 1.024 murieron por arma de fuego, 218 con instrumentos contundentes, 101 fueron estranguladas y 76, apuñaladas. En la actualidad, la Asamblea Legislativa está debatiendo una ley destinada a combatir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, que incluirá el delito de femicidio y que ha sido consensuada por los órganos del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

10.Tal como se indica en las respuestas presentadas por escrito, la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos a Consecuencia del Conflicto Armado en El Salvador ha trabajado durante los últimos cuatro años con las instituciones públicas pertinentes para localizarlos y reunirlos con sus familias. Al 31 de mayo de 2009, 70 niños han sido hallados en respuesta a 212 solicitudes de búsqueda; la desaparición de 51 de esos niños estaba directamente relacionada con el conflicto armado y la de los otros 19, con adopciones consensuadas; se han realizado 29 reencuentros familiares. La Comisión está autorizada a cooperar con otras instituciones, como la Corte Suprema y la Procuraduría, así como con instituciones privadas pertinentes. Lleva a cabo entrevistas con testigos, antiguos combatientes y personal militar, y con las personas que han visto a los niños por última vez. En ocasiones solicita información a los órganos estatales y habla con magistrados, alcaldes y funcionarios del Registro Nacional y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, así como con miembros de la Cruz Roja Salvadoreña, iglesias y orfanatos.

11.En la actualidad no existe un programa para compensar económicamente a las víctimas de desapariciones infantiles. Sin embargo, como parte del trabajo de la Comisión, se proporcionó asistencia psicológica a los niños localizados y a sus familias biológicas y adoptivas, así como ayuda de carácter social en forma de atención médica, ayuda material y jurídica, y talleres de reunificación familiar.

12.Como parte del compromiso del Gobierno de atender los problemas de los niños desaparecidos durante el conflicto armado, el 1º de junio de 2009 se puso en marcha un nuevo proyecto para reestructurar y redefinir las funciones de la Comisión de manera que se permita la participación de la sociedad civil y se pongan en práctica los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo sobre el asunto Hermanas Serrano Cruz c. El Salvador.

13.En respuesta a las preguntas sobre la designación de los jueces, el orador dice que en la capital (San Salvador) los jueces son designados por la secretaría receptora de las demandas de la Corte Suprema de Justicia, y en el resto del país las cortes competentes establecidas por la ley. Por tanto, el Fiscal General de la República no tiene potestad para nombrar o recusar jueces. Cualquiera de las partes que intervienen en un proceso penal puede recusar al juez por los motivos que se señalan en el artículo 73 del Código Procesal Penal.

14.Respecto a las preguntas sobre los casos de abusos de poder y sanciones disciplinarias, el orador dice que los delitos principales que se han imputado a funcionarios de policía han sido homicidios, robo en primer grado, facilitar y favorecer la fuga de presos, hurto, contrabando, violencia física y sexual, y conducta indebida. Se han producido encarcelamientos, destituciones y suspensiones.

15.En cuanto a las otras preguntas referentes a la violencia contra las mujeres, el orador dice que un programa para la rehabilitación de las relaciones familiares en curso desde 1996 ha venido atendiendo a grupos vulnerables de mujeres, incluidas aquellas privadas de libertad. Se han realizado campañas centradas en la salud mental, la sensibilización y la prevención de la violencia doméstica, las agresiones sexuales a niños y el abuso infantil. El 6 de julio de 2007, en el contexto de dichas actividades, se recibió una denuncia anónima de acoso sexual a mujeres detenidas. En consecuencia, se envió una carta oficial al ministerio responsable de los centros de reclusión, recomendando que se adoptaran medidas para terminar con ese tipo de actos, y que todas las investigaciones y exámenes médicos, sobre todo los de tipo ginecológico, fueran llevados a cabo únicamente por personal femenino. Se imparte formación al personal médico y administrativo, y también a los psicólogos y trabajadores sociales de los centros de detención de mujeres. No ha habido posteriores denuncias de actos de ese tipo.

16.Sobre la cuestión de los casos de violadores que se casan con sus víctimas y las medidas para tratar este fenómeno, el orador dice que el antiguo Código Penal de 1974 permitía eludir la responsabilidad criminal de dichos actos, pero de acuerdo con el nuevo Código Penal de 1998 el matrimonio ya no es una circunstancia atenuante. Así, esos violadores ya no pueden eludir el castigo.

17.La Policía Nacional Civil tiene un procedimiento administrativo interno para presentar denuncias contra agentes de policía que pueden utilizar las mujeres del cuerpo víctimas de abusos sexuales. A través de su programa para el saneamiento de la relación familiar, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ha atendido este tipo de denuncias, y proporciona apoyo y seguimiento, así como orientación jurídica y terapia psicológica, a las víctimas. Las agentes de policía también pueden presentar una denuncia directamente ante la Fiscalía General de la República. Si no se toman medidas, pueden dirigirse a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Una vez hayan agotado las instancias internas, pueden elevar su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

18.La fuerza policial es objetivo prioritario del trabajo del programa para el saneamiento de la relación familiar, que lleva a cabo campañas de concienciación y cursos de capacitación para la prevención de la violencia doméstica, las agresiones sexuales y el maltrato infantil.

19.En respuesta a las preguntas planteadas sobre la formación recibida por las fuerzas del orden y el personal médico y sanitario, el orador dice que el artículo 13 del Código de Conducta de la Policía contempla que los agentes no deben infligir, instigar ni tolerar ningún acto de tortura, ni ningún otro castigo o trato cruel, inhumano o degradante. El artículo 9 (8) de la Ley disciplinaria policial, que entró en vigor el 25 de enero de 2008, señala que las personas que cometan delitos graves, como los de tortura, trato cruel, inhumano o discriminatorio, o acoso, deben ser destituidas. Para combatir dichos delitos, en los dos últimos años se han llevado a cabo programas de capacitación sobre el contenido de la Convención contra la Tortura; han participado 110 altos cargos de la policía y 593 agentes de base. En la mayoría de las comisarías de policía se organizan anualmente cursos de capacitación sobre los derechos humanos de varios días de duración. La Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional Civil ha sido la responsable de preparar y difundir un boletín sobre dichas actividades, con apoyo de especialistas en derechos humanos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

20.Entre 2005 y 2008 se organizaron varias jornadas de formación para agentes de policía y unidades especiales de todo el país, dedicadas a los siguientes temas: los derechos de la mujer; la igualdad ante la ley de los agentes de policía masculinos y femeninos; los derechos y obligaciones de las agentes de policía; los derechos de los grupos vulnerables y la policía; la ética policial en su relación con los grupos vulnerables; la situación de vulnerabilidad del personal que trabaja para la policía; los derechos del niño y la normativa nacional e internacional; y las normas nacionales e internacionales en el ámbito de los derechos humanos y el derecho humanitario. Diversas instituciones conocidas han colaborado con esas iniciativas, como la Fundación de Estudios Superiores para la Aplicación del Derecho, la Fundación Olof Palme, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, la oficina del PNUD en El Salvador y UNICEF – El Salvador.

21.Para valorar los avances realizados con las jornadas sobre derechos humanos, talleres, cursos de formación y seminarios para agentes de policía, la Inspectoría General de la Policía distribuye un cuestionario anual que deben cumplimentar los agentes de policía de todos los niveles.

22.En respuesta a las preguntas sobre la suerte de los jóvenes miembros de bandas criminales (maras y pandillas), el orador dice que desde 2005 el Consejo Nacional de Seguridad Pública ejecuta el proyecto de granja-escuela para antiguos miembros de bandas y ha rescatado de éstas a 63 jóvenes, algunos de ellos mujeres. Se dedican a la ganadería avícola, a cultivar hortalizas y reciben cursos de panadería, mecánica y otros oficios. También se organizan programas de prevención para jóvenes que no han delinquido, que están en zonas de riesgo, y para aquellos que ya han cumplido una condena. Las nuevas autoridades del Consejo tienen la intención de desarrollar nuevos programas y proyectos de prevención y protección de los jóvenes en situación de riesgo.

23.Un número creciente de salvadoreños se refugian de la violencia criminal en el extranjero. Testigos de delitos han sido amenazados por bandas, y otros han sido víctimas de extorsiones o secuestros. En estos últimos años algunos han solicitado asilo en los Estados Unidos, afirmando que sus vidas corrían peligro si los deportaban a El Salvador. Dicho argumento no siempre es aceptado por las autoridades de los Estados Unidos. No hay estadísticas oficiales de ese tipo de casos, pero las autoridades han sido informadas de casos en los que a dichas víctimas de las bandas se les ha ofrecido protección en los Estados Unidos o México. Muchos futuros solicitantes de asilo que siguen todavía en el país piden ayuda por medio de visitas y llamadas telefónicas. Se los dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores, que les proporciona información sobre el procedimiento de asilo.

24.Respecto al artículo 99 de la Constitución, citado en el párrafo 119 del informe, el orador asegura al Comité que los extranjeros en El Salvador reciben el mismo trato que los nacionales, salvo en lo referido a los derechos políticos. Pueden solicitar asistencia consular, a menos que sean solicitantes de asilo que afirmen ser perseguidos por las autoridades de su país de origen como argumento para obtener el estatuto de refugiado, en cuyo caso sería inapropiado tener contacto con el consulado. Las normas que se aplican para otorgar el estatuto de refugiado son las de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. No obstante, también se tienen en cuenta las disposiciones de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

25.De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución, los extranjeros no pueden ser extraditados por delitos políticos. Los refugiados reconocidos pueden solicitar la residencia permanente y la nacionalidad salvadoreña, de acuerdo con la Constitución y las demás leyes aplicables en la materia.

26.Los solicitantes de asilo han entrado al país no solo por tierra y aire, sino también por mar, sobre todo procedentes de países africanos y asiáticos. Hasta la fecha nadie ha sido deportado por mar. En septiembre de 2009 se interceptó un barco de madera con 71 personas de diferentes nacionalidades a bordo que se dirigía del Ecuador a Guatemala, donde los pasajeros iban a ser trasladados a otro barco con destino a los Estados Unidos. Todos los pasajeros fueron entrevistados y recibieron cuidados médicos y alimentos. El proceso de repatriación se iniciará tras consultar a los distintos consulados. No obstante, algunos migrantes proceden de países que no tienen representación en El Salvador.

27.Los menores no acompañados reciben tratamiento prioritario, con inclusión de cuidados médicos y psicológicos. Nunca se ha contemplado deportarlos a sus países de origen.

28.Los funcionarios de fronteras y del aeropuerto internacional del país, tanto de la policía como de la Dirección General de Migración y Extranjería, reciben cursos de formación y sensibilización sobre la detección de los casos de refugiados. Los cursos están organizados por la Comisión para la Determinación de la Condición de Persona Refugiada con el apoyo de la oficina de enlace del ACNUR.

29.Durante el período comprendido entre abril de 2005 y noviembre de 2009 se asistió a 163 víctimas de trata de personas. Según un informe de la División de Admisión, Evaluación y Diagnóstico del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, entre el período de enero y julio de 2009, 18 niñas ingresaron en el albergue de niñas víctimas de trata. La Fiscalía General de la República ha investigado 47 casos de trata de personas durante el presente año. Ha habido dos condenas, una por adopción fraudulenta y la otra por trabajo o servicios forzosos. Ocho personas han sido arrestadas por el delito de trata desde principios de año. El orador presenta tres cuadros: el primero muestra el número de personas investigadas, juzgadas y condenadas durante el período 2004-2009; el segundo muestra el número de personas detenidas y el número de víctimas durante el período 2004-2008; y el tercero muestra el número de víctimas, desglosadas por sexo y nacionalidad, durante el período 2004-2009. No hay cifras sobre suspensiones de penas.

30.En relación al presunto uso de fuerza excesiva por parte de la policía en una escuela de San Jacinto, la policía entró a petición del personal académico para controlar a un padre que protestaba contra unas supuestas amenazas a su hijo. El Director General de la Policía Nacional Civil ha reconocido que se hizo un uso de la fuerza excesivo y se ha disculpado. Pese a que la Ministra de Educación solicitó una investigación, no se ha llevado a cabo ninguna.

31.Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales en el Departamento de Sonsonate y a la existencia de escuadrones de la muerte, la Policía Nacional Civil ha pedido a la Procuraduría que presente pruebas de las acusaciones, pero no se ha presentado ninguna.

32.En cuanto al homicidio de José Gilberto Soto, un salvadoreño miembro de un sindicato de los Estados Unidos, la División Criminal de la Corte Suprema ha ordenado un nuevo juicio.

33.El Gobierno de El Salvador enviará respuestas a todas las demás preguntas sin contestar en un informe posterior.

34.El Sr. Gallego Chiriboga, Primer Relator para el País, elogia a la delegación por su esforzado intento de responder a las numerosas preguntas formuladas por el Comité el día anterior. No obstante, en cierto sentido le decepciona que las respuestas a varias preguntas de fondo se vayan a proporcionar a su debido tiempo. Es preferible debatir esas cuestiones en presencia de la delegación.

35.La pregunta del orador sobre el artículo 1 se refiere al hecho evidente de que no se haya incorporado el delito de trato cruel, inhumano o degradante a la legislación salvadoreña. El orador señala a la atención de la delegación la Observación general Nº 2 del Comité y pregunta si existe algún plan para corregir la situación.

36.El orador acepta plenamente que El Salvador, como país en desarrollo que emerge de un período muy difícil de su historia, está haciendo valiosos esfuerzos para encontrar soluciones a los problemas persistentes. A ese respecto, se refiere a grupos vulnerables como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las minorías étnicas. También es esencial establecer procedimientos para atender las necesidades de los migrantes, ya que El Salvador es un país tanto receptor como de tránsito.

37.La delegación no ha contestado la pregunta del Comité sobre la detención arbitraria, especialmente de miembros de bandas. Catorce personas acusadas de actos terroristas en virtud de la legislación antiterrorista de 2006 presentaron denuncias en este sentido en julio de 2007. El orador solicita más información sobre la forma en que se aplica la legislación en cuestión.

38.En relación a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, sorprende al orador que, pese a que se ha solicitado una investigación, no se haya llevado a cabo ninguna, y que en otro caso la Procuraduría no haya conseguido aportar las pruebas solicitadas. Por consiguiente, se presume que los autores disfrutan de impunidad.

39.Al Comité le preocupa el recurso a la prisión provisional durante períodos ilógicamente largos. La delegación no ha respondido a las preguntas sobre la violencia institucionalizada en los centros de detención y sobre la falta de supervisión, que se ve obviamente dificultada por el grave hacinamiento. ¿Cómo se propone el Estado parte solucionar el problema?

40.Según la delegación, a su debido tiempo se enviará una respuesta por escrito sobre la Ley de amnistía general para la consolidación de la paz. El Comité cree que la Ley debería derogarse. No debería haber prescripción para los crímenes cometidos, y los autores no deberían disfrutar de impunidad.

41.La Sra. Belmir, Segunda Relatora para el País, felicita a la delegación por sus detalladas respuestas a muchas de las preguntas planteadas por el Comité.

42.En relación al femicidio, le impresionó particularmente oír que 244 mujeres habían sido asesinadas en su casa entre 2005 y 2008. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha relacionado el fenómeno de la violencia en El Salvador con problemas económicos y sociales, y el Estado parte ha dicho en su informe que la violencia obstaculiza el desarrollo económico y la estabilidad social.

43.La delegación ha mencionado un anteproyecto de ley para combatir la violencia contra las mujeres que se ha presentado a la Asamblea Legislativa. Pero, ¿qué puede hacerse a corto y mediano plazo para prevenir la violencia doméstica y hacer comparecer a los autores ante la justicia? Existe una necesidad inmediata de líneas de ayuda telefónica y de coordinación entre el sistema judicial y los organismos policiales. A largo plazo, las familias deben tener acceso a ayuda económica para prevenir el trabajo infantil y la trata de niños.

44.El Comité desearía recibir información más detallada sobre el poder judicial y la propuesta de modernización del sistema judicial.

45.El Sr. Gaye dice que las respuestas de la delegación demuestran claramente que el Estado parte desea cooperar totalmente con el Comité.

46.Según el informe, la Fiscalía General forma parte de la Procuraduría y su principal función es defender los intereses del Estado y la sociedad investigando y enjuiciando los delitos, e incoar procedimientos judiciales o criminales, ya sea de oficio o a petición de parte. La Fiscalía General también nombra y destituye a los fiscales adscritos a la Corte Suprema, los tribunales de apelación, los tribunales militares y los juzgados de primera instancia. El orador teme que en tales circunstancias pueda surgir un conflicto de intereses, ya que no existe una división de poderes clara entre los responsables de investigar y enjuiciar las causas.

47.El informe se refiere en diversos contextos a procedimientos disciplinarios por abuso de autoridad. El orador entiende que los casos de violencia física pueden considerarse como abuso de autoridad, pero la violencia física también puede constituir tortura y debe acarrear un proceso criminal, y no disciplinario. Además, los procesos disciplinarios no son transparentes, ya que se celebran en privado sin escrutinio público. Los autores deben comparecer ante la justicia y las víctimas deben recibir reparación.

48.El Sr. Mariño Menéndez agradece a la delegación el gran esfuerzo que ha realizado con los recursos de los que disponía. Espera recibir respuestas a las preguntas más complejas a su debido tiempo.

49.La delegación ha confirmado que la violencia de las bandas en ocasiones empuja a los salvadoreños a pedir asilo en el extranjero, normalmente en los Estados Unidos o México. Le desconcierta la información de que se dirige a esas personas al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener información sobre el proceso de asilo. ¿Significa eso que se anima a los salvadoreños víctimas de la violencia a solicitar asilo en el extranjero, ya que el Estado es incapaz de proporcionarles protección en su propio país?

50.La Sra. Gaer dice que, según las estadísticas presentadas por el Estado parte, la proporción de mujeres que fueron asesinadas en El Salvador entre 1999 y 2006 se duplicó. Esa constatación es trágica en cualquier caso, pero la oradora se pregunta si significa que la cifra se ha duplicado en términos reales, o si los esfuerzos para documentar el fenómeno se han intensificado. Pregunta qué elementos se contemplan en el delito de femicidio, que el Estado está estudiando tipificar.

51.Sobre la cuestión de las circunstancias exculpatorias que se reconocían previamente en el caso de que un violador se casara con su víctima, la oradora pregunta si tales circunstancias siguen reconociéndose pese al cambio en la ley del Estado parte. Agradecería cualquier información que la delegación pudiera aportar sobre tales casos, especialmente sobre las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente.

52.La Sra. Sveaass pregunta si, como parte del Plan Gubernamental 2009–2014, el Gobierno pretende derogar la Ley de amnistía para la consolidación de la paz. Pese a que se felicita de los actos previstos en recuerdo de los sacerdotes jesuitas asesinados en 1989, apreciaría también más información sobre la investigación de dichos asesinatos.

53.El Sr. Wang Xuexian desea dejar constancia de su indignación ante el fenómeno de los asesinatos de mujeres en El Salvador. Es inconcebible que se permita la existencia de un fenómeno tal. El orador urge vivamente al Gobierno de El Salvador a tomar todas las medidas necesarias, incluida la inmediata promulgación de un proyecto de ley sobre la violencia contra las mujeres, para prevenir y erradicar esa lacra.

54.La Sra. Kleopas dice que se suma a la preocupación expresada por otros miembros del Comité sobre la existencia de impunidad en el Estado parte. En relación a otro asunto, pregunta si el proyecto de ley con el que se pretende prohibir el castigo corporal en todos los lugares fuera del hogar, con el cual se reitera la justificación del uso de castigos corporales por parte de los padres, significa que el Gobierno no tiene intención de abolir el castigo corporal en el hogar, en contra de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño.

55.El Presidente suscribe las declaraciones efectuadas por otros miembros del Comité sobre el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas sobre El Salvador (S/25500) referente a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y otras dos personas el 16 de noviembre de 1989. Es importante recordar los hechos principales del caso, y examinar las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Tras dar lectura a fragmentos del informe que resumen el incidente, el Presidente destaca en particular el hecho de que tres de los cinco militares condenados hayan sido liberados bajo fianza y hayan permanecido en las fuerzas armadas. También destaca el hecho de que los asesinatos fueran premeditados y que en su organización y ejecución hubiera participado un gran número de personal militar. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional desempeñaron un importante papel para poner fin al conflicto en El Salvador por medio de la labor de la Comisión de la Verdad. Tras sacar sus conclusiones, la Comisión de la Verdad recomendó la creación de un fondo especial para otorgar compensaciones apropiadas a las víctimas de violencia en el conflicto, que ocasionó 70.000 muertos. También recomendó la construcción de un monumento nacional en el que constasen los nombres de todas las víctimas; que se reconociera el buen nombre de las víctimas y los graves delitos que habían terminado con su vida; y la proclamación de una festividad nacional en memoria de las víctimas como símbolo de reconciliación nacional.

56.El Presidente señala que todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad fueron rechazadas por el Gobierno en el momento en que se publicaron; sin embargo, el Gobierno actual ha destacado la importancia de cumplir esas recomendaciones y ha prometido hacerlo así en su Plan actual. La delegación salvadoreña puede desempeñar un importante papel para contribuir al diálogo con el Comité y comunicar al Gobierno la importancia otorgada por el Comité del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que llevó a cabo un trabajo tan valioso en El Salvador. La impunidad de los crímenes relativos al asesinato de los sacerdotes jesuitas no solo afecta al pasado, sino que puede también extender una sombra sobre el futuro. El Presidente se felicita, por tanto, del acto simbólico del Presidente de la República de rendir homenaje a los fallecidos en esta tragedia.

57.La comunidad internacional, y el Comité en particular, siguen los actuales acontecimientos en El Salvador con gran interés. Un aspecto que le preocupa especialmente al Presidente del Comité es la cuestión de la selección y formación de las fuerzas del orden. Dado que el pueblo salvadoreño tiene motivos legítimos para estar preocupado por la seguridad pública, esta cuestión adquiere una importancia añadida y requiere el uso de métodos de selección apropiados, los cuales, por supuesto, deben compaginarse con el respeto de los derechos humanos de los solicitantes a puestos en la Academia Nacional de Seguridad Pública.

58.La comunidad internacional ha estado apoyando a El Salvador durante todo el período de transición y espera que el Estado parte continúe progresando en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención.

59.El Sr. Larios López (El Salvador) asegura al Comité que su Gobierno reconoce la gravedad de los asuntos que se han expuesto, y también los valiosos esfuerzos del Comité para ayudar a la sociedad salvadoreña a mejorar su trayectoria en materia de derechos humanos. El Gobierno es consciente de que debe hacer frente a la dolorosa realidad del pasado de El Salvador. El orador entiende la indignación de los miembros del Comité ante los desafortunados acontecimientos que sucedieron en su país y los lamenta profundamente. El Gobierno que fue elegido en junio de 2009 está totalmente comprometido a enfrentarse con todos los desafíos que se le presenten en ese sentido. Le anima el hecho de que se hayan apreciado mejoras significativas durante el período transcurrido desde que El Salvador presentó su informe inicial al Comité, y el orador espera que en el siguiente informe periódico se notifiquen mayores mejoras. El hecho de que la delegación haya decidido responder por escrito a algunas de las preguntas del Comité se debe no solo a la actual carencia de la información solicitada, sino también al hecho de que la seriedad de las preguntas merece que las respuestas del Gobierno tengan el mismo grado de seriedad. El orador agradece al Comité sus esfuerzos para ayudar a El Salvador.

Se levanta la parte pública de la sesión a las 11.25 horas.