45° período de sesiones
Acta resumida de la 968ª sesión
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 10 de noviembre de 2010, a las 10.00 horas
Presidente:Sr. Grossman
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)
Segundo informe periódico de Camboya (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)
Segundo informe periódico de Camboya (continuación) (CAT/C/KHM/2; CAT/C/KHM/Q/2; HRI/CORE/1/Add.94)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Camboya toman asiento a la mesa del Comité.
El Sr. Sun Suon (Camboya), respondiendo a las preguntas formuladas por el Comité en la sesión anterior, dice que el Comité de Derechos Humanos de Camboya ha inspeccionado recientemente 24 prisiones municipales y provinciales y ha concluido que en muchas de ellas se han mejorado considerablemente la gestión y las condiciones de detención. El orador explica que sigue siendo imposible cumplir plenamente las normas internacionales debido a la falta de recursos de su país, que está clasificado como uno de los menos adelantados, y que, no obstante, las autoridades están aplicando medidas para mejorar las condiciones, por ejemplo el traslado de presos de cárceles en las que hay una ocupación excesiva a otras con más espacio, la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de las existentes. El orador dice que se han tomado medidas para supervisar la salud de los presos, principalmente debido a que la falta de espacio suele ser perjudicial para la salud y que el Comité de Derechos Humanos de Camboya ha determinado que todas las cárceles cuentan con un suministro adecuado de agua potable, y añade que en el párrafo 42 del informe periódico figura información sobre otras mejoras.
El Sr. Sun Suon dice que cada cárcel tiene sus propias normas internas y sus propios reglamentos para luchar contra la corrupción, que los funcionarios de prisiones que los violan están sujetos a medidas disciplinarias que pueden ir de una advertencia verbal a la formación de una causa penal y que en los párrafos 45 a 47 del informe figuran detalles sobre la prohibición de la tortura por parte de los agentes de policía y los funcionarios de prisiones.
Las acciones emprendidas para acabar con el trabajo infantil en el sector de la confección de ropa han tenido éxito y actualmente se están aplicando medidas para lograr esos mismos éxitos en la industria del desguace de buques y en el sector no estructurado. Los servicios de educación primaria y secundaria se prestan gratuitamente para fomentar la asistencia de los niños a la escuela. El trato proporcionado a los niños que han infringido la ley es conforme a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño y las demás normas internacionales pertinentes.
El Gobierno de Camboya ha alcanzado un acuerdo tripartito con Viet Nam y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por el que se reglamenta el trato dispensado a los montañeses solicitantes de asilo. El Gobierno, que mantiene una excelente relación constructiva con el ACNUR y aplica la Ley de Inmigración en todos los casos, lamenta las experiencias negativas que puedan haber tenido los solicitantes de asilo o los refugiados en Camboya, independientemente de que sean uigures chinos o miembros de cualquier otra comunidad.
Si bien en la legislación no se recoge una definición de tortura, según la Constitución, los instrumentos internacionales en los que es parte Camboya son de aplicación automática en los tribunales nacionales y, por lo tanto, los magistrados pueden referirse en sus decisiones a la definición de tortura consagrada en la Convención.
Cuando terminó el régimen Pol Pot solamente había siete abogados en todo el país, y actualmente existe un Colegio de Abogados que cuenta con alrededor de 600 miembros y hay más de 200 magistrados y fiscales, de los que 10 son mujeres. Una mujer trabaja actualmente como fiscal en las salas especiales de los tribunales de Camboya.
En la Ley de Lucha contra la Corrupción, promulgada el 17 de abril de 2010, se estipula la creación del Consejo Nacional Supremo contra la Corrupción, encargado de la planificación estratégica y de elaborar las políticas nacionales, y de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción, que se ocupa de los asuntos corrientes, la recepción de quejas, el fomento de la concienciación, las investigaciones y la prevención de delitos relacionados con la corrupción, y que ha decidido aplicar una política de tolerancia cero independientemente de la entidad o el grupo político de que se trate. En la Ley se dispone que la Dependencia debe desempeñar su función de manera independiente y contar con la asistencia de agentes de policía acreditados especialmente. Hasta agosto de 2010 se había formado para ese trabajo a unos 14 agentes de policía y para principios de 2011 habrá un segundo contingente listo para empezar a trabajar. La labor de la Dependencia se centrará en la educación pública, la prevención y el cumplimiento de la ley, con el respaldo de una asociación estratégica. El orador añade que la Dependencia está preparando actualmente sus documentos de antecedentes y su reglamento interno para lanzar su plan de acción bienal a principios de 2011. Además, Camboya es desde 2003 miembro pleno de la Iniciativa contra la Corrupción para Asia y el Pacífico del Banco Asiático de Desarrollo (BASD) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
El Sr. Ke Sovann (Camboya) dice que, si bien en la legislación penal nacional no se indica específicamente que no se puedan aducir circunstancias excepcionales para justificar la tortura, la tortura se define como un delito penal y está estrictamente prohibida en su país. Asimismo, en la ley se prevén castigos para los autores de actos de tortura.
Los magistrados, los fiscales y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Camboya conocen perfectamente los instrumentos internacionales en los que es parte el país. Cuando se ratifica un instrumento, el texto se envía al poder judicial y el poder ejecutivo del Gobierno, junto con la recomendación de que se lo señale a la atención de los funcionarios competentes mediante sesiones de formación y otros medios, para su aplicación y para que se tomen las demás medidas necesarias.
El Gobierno de Camboya es consciente de la necesidad de acelerar la aprobación de la ley orgánica sobre la organización y el funcionamiento de los tribunales, la ley sobre la reforma del tribunal supremo de la magistratura y la ley sobre el estatuto de magistrados y fiscales. Esta cuestión tiene la más alta prioridad en el programa de reformas del Gobierno.
El orador hace hincapié en que se están preparando más leyes contra la corrupción y que en breve se iniciará una investigación de las denuncias de corrupción actuales.
Aunque no hay datos disponibles sobre las causas relacionadas con la tortura en los cinco años anteriores, en ese período los tribunales se ocuparon de algunas causas de esa índole. La falta de una base de datos es una deficiencia que el Estado parte subsanará, pero para ello necesitará ayuda para recopilar y clasificar las causas.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden investigar las actividades delictivas, como la tortura, aunque es posible mejorar estas investigaciones, para lo que es necesario impartir más formación sobre los procedimientos, los métodos y el acopio de pruebas.
Los actos de tortura y los malos tratos por parte de agentes de policía se pueden denunciar ante el Ministerio del Interior. Entre las sanciones administrativas previstas para esos delitos está la destitución; si el delito es grave, se obliga al agente a someterse a juicio.
El orador dice que las personas privadas de libertad tienen acceso a un asesor letrado en un plazo de 24 horas a partir del momento de su detención y, en el caso de que el detenido sea menor de edad, se informa inmediatamente a uno de los padres o al tutor legal. Un sospechoso puede quedar detenido durante un máximo de 48 horas antes de que se presenten cargos y, en casos muy complicados, se puede conceder a la policía 24 horas más.
El Colegio de Abogados del Reino de Camboya funciona independientemente y tiene su propio código de conducta, en el que se recogen los principios jurídicos y las prácticas internacionales. El Gobierno presta cierto apoyo financiero para permitir que los miembros del Colegio representen a las personas necesitadas.
Las salas especiales de los tribunales de Camboya han concluido el primer proceso penal contra el Khmer Rouge, la causa núm. 1, en 2010, y pronto dará inicio a la causa núm. 2. El Gobierno está satisfecho con el progreso alcanzado y tratará de lograr la justicia para el pueblo de Camboya manteniendo a la vez la paz, la seguridad y la estabilidad.
El orador dice que se han pagado indemnizaciones a todas las víctimas del régimen del Khmer Rouge. El país se ha reconstruido a pesar del embargo económico impuesto en la década de 1980 y disfruta actualmente de paz y prosperidad económica. Camboya reconoce la importancia de establecer un sistema de rehabilitación para prestar asistencia a las víctimas del régimen. Algunos hospitales públicos y clínicas privadas proporcionan servicios de apoyo psicológico a las víctimas de la tortura. Camboya mejorará el nivel de vida de sus ciudadanos y la credibilidad de su Gobierno cuando se aplique plenamente la Convención. No obstante, la aplicación deberá efectuarse de manera gradual, ya que el país tiene dificultades financieras. Aproximadamente un tercio de la población vive por debajo del umbral de pobreza y el Gobierno está aplicando una estrategia de reducción de la pobreza mediante el desarrollo económico y social que, según se espera, ayudará a reducir la delincuencia.
El orador añade que es lamentable que el informe de una organización no gubernamental (ONG) citado el día anterior no sea equilibrado.
El Sr. Nouth Savna (Camboya) dice que el mecanismo nacional de prevención ha trabajado desde su inicio con las partes interesadas, particularmente los asociados para el desarrollo, en el área de la creación de capacidad y la introducción de legislación conforme al Protocolo Facultativo y que, a pesar de la falta de recursos, el mecanismo nacional de prevención ha avanzado considerablemente en dichas áreas. La secretaría del mecanismo nacional de prevención espera con interés recibir formación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre cómo entrevistar a los detenidos, preparar cuestionarios, visitar los centros de detención y administrar las indemnizaciones a las víctimas. El Gobierno de Camboya ha tratado de mantener la independencia de cada uno de los miembros del mecanismo nacional de prevención y, a su vez, garantizar que, en el marco de una cultura muy jerárquica, el mecanismo tenga suficiente peso gracias a la participación de figuras de relevancia, como el Viceprimer Ministro.
El orador dice que no puede responder inmediatamente a algunas de las preguntas planteadas por los miembros del Comité el día anterior ya que tienen connotaciones políticas o son confidenciales, y se compromete a investigar y presentar las respuestas más adelante.
El mecanismo nacional de prevención recibe denuncias sobre todas las formas de tortura o malos tratos infligidos por las autoridades a detenidos u otras personas en instalaciones públicas. Se han aplicado las recomendaciones del ACNUDH sobre cómo mejorar el proceso de gestión de las denuncias mediante la instalación de un servicio de atención telefónica y un buzón para presentar denuncias en las propias instalaciones. Se diseñarán medidas eficaces en función del costo para permitir que se presenten las denuncias ante los tribunales penales y para asegurar que las víctimas puedan acceder a la justicia y a indemnizaciones, según corresponda. En el mandato vigente del mecanismo nacional de prevención no hay estipulación alguna en relación con las visitas no anunciadas a los establecimientos penitenciarios, aunque los miembros pueden ejercer su derecho de visita con regularidad y entrevistar a los detenidos en un medio sin represalias ni coacción.
El orador, refiriéndose a las indemnizaciones a los supervivientes del Khmer Rouge, dice que las salas especiales de los tribunales de Camboya han establecido un proceso especial para prepararse para la participación de un elevado número de denunciantes que solicitarán indemnizaciones y sus asesores letrados, con miras a poder ofrecer compensaciones morales y, posiblemente, financieras. El nuevo sistema de indemnizaciones empezará a aplicarse a partir del juicio relacionado con la causa núm. 2.
El Sr. Kong Chhan (Camboya) aborda la cuestión de la trata de personas y dice que cada año un número de camboyanos migran de las zonas rurales al medio urbano de Camboya y los países vecinos en busca de empleo. Las víctimas de la trata son atraídas a Tailandia con la promesa de que tendrán un trabajo bien remunerado y desde allí son llevadas a Malasia. Tanto hombres como mujeres y niños son víctimas de la trata. Las mujeres vietnamitas que son objeto de trata con destino a Camboya suelen ser explotadas sexualmente, mientras que los niños camboyanos que son objeto de trata con destino a Viet Nam son utilizados principalmente para mendigar.
En 2008, el Ministerio de Asuntos Sociales y Rehabilitación de Veteranos y Jóvenes recibió y rehabilitó a 105 mujeres y niños que habían sido víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Tailandia. Otros 745 camboyanos víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso han sido repatriados de Viet Nam, y 4 mujeres vietnamitas han sido devueltas a Viet Nam.
Camboya y Tailandia firmaron en 2003 un memorando de entendimiento sobre la eliminación de la trata de mujeres y niños y la prestación de ayuda a las víctimas de la trata y adoptaron directrices comunes sobre la repatriación y la reintegración. En 2005, Camboya firmó un acuerdo de cooperación bilateral similar con Viet Nam. También se han concertado acuerdos con Tailandia y Viet Nam sobre los procedimientos de identificación y repatriación de las víctimas. Camboya ha firmado un acuerdo con Malasia en virtud del cual la Embajada de Camboya en ese país utiliza un formulario específico de la Organización Internacional para las Migraciones para identificar a las víctimas de la trata. Las víctimas identificadas son repatriadas y puestas al cuidado del Ministerio de Asuntos Sociales, que se encarga de buscar a los familiares de las víctimas. Las ONG ayudan al Ministerio a identificar a las víctimas y valorar su situación, y ayudan a reintegrarlas y a proporcionarles atención a partir de ese momento. El orador añade que el Ministerio también planifica la reintegración y que entre 2007 y 2009, en cooperación con el Ministerio y organizaciones no gubernamentales, el Consejo Nacional para la Infancia de Camboya publicó directrices de política y normas básicas de protección para los niños víctimas de la trata.
La reintegración se produce a través de un centro de tránsito a corto plazo en el que hay trabajadores sociales encargados de proporcionar apoyo psicosocial intensivo. Se proporciona refugio a largo plazo a las víctimas que no pueden ser devueltas a sus familias, Una víctima puede elegir volver a su comunidad en vez de recibir cuidados en un refugio.
El Gobierno ha adoptado medidas para asegurar la protección de los derechos de las víctimas; por ejemplo, en 2007 creó un grupo de trabajo de alto nivel encargado de luchar contra la trata de personas. El Ministerio de Asuntos Sociales ha publicado varias directivas sobre la trata de personas y en 2007 formuló una política sobre cuidados alternativos para los niños víctimas de la trata. En 2005 se creó el Comité Nacional para los Indigentes para que se ocupara de las necesidades de los niños de la calle y evitara la migración. Dicho Comité fundó un centro de asuntos sociales para proporcionar servicios de recuperación y reintegración, así como formación profesional a mujeres y niños, y, contrariamente a lo indicado en los informes, no es un establecimiento penitenciario. El UNICEF y el ACNUDH han ayudado al Gobierno a contratar a consultores independientes para que presten servicios en el centro.
El orador dice que actualmente el Gobierno está formulando un proyecto de ley de justicia juvenil en consulta con las partes interesadas pertinentes, incluidos los propios niños. Esta ley se referirá a problemas como el encarcelamiento de los delincuentes jóvenes. Los hijos de madres presas reciben atención social.
El Sr. Sun Suon (Camboya) dice que, junto con los asociados de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), su Gobierno ha avanzado en la provisión de ayuda a las víctimas de la trata de personas.
El mecanismo nacional de prevención se ve reforzado por su propio mandato: revisar con regularidad la situación de las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios para protegerlas de la tortura y los malos tratos; formular recomendaciones conformes a las normas de las Naciones Unidas para las autoridades competentes con miras a mejorar las condiciones de detención y prevenir la tortura; visitar los establecimientos penitenciarios de todo el país para obtener información de los detenidos y para evaluar las condiciones de detención; formular propuestas sobre la legislación existente y los proyectos de ley; y ayudar al Subcomité para la Prevención de la Tortura a cumplir sus funciones en virtud del artículo 20 del Protocolo Facultativo.
Las salas especiales de los tribunales de Camboya han avanzado considerablemente respecto de la prevención de la impunidad y la repetición de las atrocidades cometidas en el pasado. Se dio término a la causa núm. 1, y el proceso correspondiente a la causa núm. 2, en la que hay implicadas cuatro personas, está en curso. El Secretario General de las Naciones Unidas visitó Camboya en octubre de 2010 e hizo una declaración notable sobre el trabajo de las salas especiales de los tribunales de Camboya. Además, el 23 de febrero de 2009, el Viceprimer Ministro de Camboya y el Subsecretario General de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas hicieron una declaración conjunta en la que manifestaron su beneplácito por los considerables logros alcanzados por las salas especiales de los tribunales de Camboya desde su reunión anterior, principalmente el inicio de las audiencias públicas del primer juicio celebrado ante las salas. En dicha declaración reconocieron la importancia del avance en la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos por el anterior régimen del Khmer Rouge y, además, manifestaron su reconocimiento por los avances logrados en las sesiones conjuntas celebradas en enero y febrero de 2009 para reforzar la gestión de los recursos humanos de las salas especiales de los tribunales de Camboya, en particular las medidas de lucha contra la corrupción. Las propuestas sucesivas presentadas por cada parte en las sesiones conjuntas fortalecieron el entendimiento mutuo. Las partes llegaron a un acuerdo sobre los elementos fundamentales de una estructura dedicada a fortalecer toda la administración de las salas especiales de los tribunales de Camboya, que se ocuparía de asegurar que se cumplieran las garantías procesales debidas, incluso la protección plena del personal contra toda represalia que se pudiera producir por la denuncia de buena fe de las infracciones.
La Sra. Gaer, primera Relatora para el país, da las gracias a la delegación por haber preparado tantas respuestas a las preguntas del Comité en el poco tiempo transcurrido desde la sesión anterior.
La oradora dice que la delegación ha hecho hincapié en la necesidad de considerar el cumplimiento de la Convención por el Estado parte en el contexto de la historia reciente de Camboya y que, naturalmente, el Comité tiene en cuenta esa circunstancia, pero que la Convención es un instrumento mundial que se debe aplicar en todos los contextos. La oradora está muy impresionada por la magnitud de la cooperación del Estado parte con otros países y órganos internacionales y por el hecho de que haya unas 3.000 organizaciones no gubernamentales trabajando en Camboya, y dice que, no obstante, en el análisis final, la responsabilidad de aplicar la Convención recae en el Gobierno.
La oradora invita a la delegación a que presente sus observaciones acerca de las amenazas recientes de cerrar la oficina sobre el terreno del ACNUDH en Camboya.
El Comité formuló muchas preguntas el día anterior sobre la preocupante falta de rendición de cuentas y sobre las denuncias de corrupción, y las respuestas que se dieron no fueron totalmente satisfactorias.
Refiriéndose a los solicitantes de asilo repatriados, la oradora dice que la delegación alega que la presencia del ACNUR garantizaba el desarrollo fluido del procedimiento, pero que fueron las autoridades de Camboya las que tomaron la decisión de firmar un subdecreto por el que se ponía término al estatus de refugiados de 20 uigures solo dos días antes de su devolución, no el ACNUR. La oradora pregunta si se tuvo en cuenta el artículo 3 de la Convención al determinar su situación y si esta fue supervisada.
La oradora agradece la información proporcionada sobre la definición de tortura; añade que, según la delegación, algunas cuestiones que no se mencionan expresamente en la definición son de todas maneras aplicables, y solicita un ejemplar del texto.
La delegación también dijo que en la Constitución se hace referencia a los tratados internacionales, que, por lo tanto, son aplicables en la legislación nacional, y se pregunta si, en la práctica, los funcionarios públicos saben que, con arreglo a la ley nacional, lo estipulado en la Convención deberá aplicarse respecto de, por ejemplo, las normas de prueba, las acusaciones y las penas en casos de tortura y malos tratos.
La oradora felicita a las salas especiales de los tribunales de Camboya por su decisión del 10 de mayo de 2010 sobre la admisibilidad de la apelación de Ieng Sary. La sala de primera instancia indicó expresamente en el párrafo 35 de su decisión que las pruebas se evaluaban de conformidad con las normas jurídicas internacionales y que en Camboya eran aplicables los instrumentos internacionales, como la Convención contra la Tortura. La oradora añade que en el párrafo 37 se indica que la pertinencia de algunos documentos de la causa Kaing Guek Eav “Duch” es escasa porque se obtuvieron mediante tortura, y que en el párrafo 38 se hace hincapié en que cabe aplicar estrictamente el artículo 15 de la Convención y que no se puede utilizar ninguna declaración obtenida mediante tortura para determinar la verdad ni para ningún otro fin. La oradora pregunta si la decisión se distribuirá de manera general y pasará a formar parte de la ley y la práctica de Camboya.
La delegación ha señalado que se están construyendo nuevas prisiones pero que si la tasa de encarcelamiento se mantiene en el nivel actual se deberá estudiar seriamente la cuestión de las alternativas al encarcelamiento. La oradora pregunta qué proporción de visitas de supervisión a las prisiones se realizan sin anuncio previo.
En la circular núm. 006 del Ministerio del Interior se estipula que todo autor de un acto de tortura estará sujeto a “un descenso de categoría o la expulsión del cuerpo de policía”. Dado que 26 guardianes o funcionarios de prisiones han sido sancionados por haber abusado físicamente, denigrado o insultado a presos, la oradora se pregunta si se ha sometido a juicio a alguno de ellos.
Aunque en la Constitución se dispone que los magistrados apliquen los tratados internacionales y la definición de tortura establecida en la Convención, ningún magistrado se ha referido nunca a la Convención en un fallo. La oradora pregunta entonces cómo aplican los magistrados en la práctica la prohibición de la tortura y si hay disponibles estadísticas sobre las denuncias y las acciones penales.
La corrupción es un problema extremadamente grave y por ello pide información precisa sobre la aplicación de la Ley de Lucha contra la Corrupción.
Algunas personas que entrevistaron a detenidos informaron al Comité de que, a pesar de que el cometido de los comités de autogestión era prestar ayuda a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, algunos de los miembros de los comités abusaban de los otros presos. Además de golpear a los nuevos presos, los obligaban a pagar por las visitas médicas, por disponer de celdas más espaciosas, acceder a mejores alimentos, poder hacer ejercicio al aire libre o recibir visitas de familiares. Al parecer, agentes que no son funcionarios públicos y que no rinden cuentas actúan con total libertad mientras las autoridades penitenciarias mantienen una actitud de indiferencia. La oradora pregunta de qué manera se designa a los miembros de los comités de autogestión, qué procedimientos existen para presentar denuncias y qué medidas se adoptan para proteger a los denunciantes.
Al parecer, los detenidos solo tienen acceso a asistencia letrada 24 horas después de su arresto y es fundamental que se permita el acceso desde el momento de la detención, ya que los malos tratos, por ejemplo para obtener una confesión, suelen ocurrir en ese período de tiempo. También parece ser que los acuerdos extrajudiciales son bastante comunes en las primeras 24 horas, en algunas ocasiones tras efectuar un pago para obtener la liberación. A veces se dejan abiertos los libros de registro y que la documentación está incompleta. La oradora pide que se garantice la posibilidad de ponerse en contacto con un abogado desde el mismo momento de la detención.
Preocupa a la oradora la acusación de la delegación de que los informes de las organizaciones no gubernamentales son parciales, que no se reconocen en ellos los logros del Gobierno y que son inaceptables. Parece ser una advertencia a las ONG para que modifiquen su conducta. El Comité considera que las ONG desempeñan una función fundamental en la supervisión del bienestar de las personas y de la actuación de los gobiernos. En noviembre de 2009, el Primer Ministro de Camboya había declarado que el Gobierno respetaba a las ONG locales e internacionales que actuaban en beneficio de la humanidad y ayudaban al Gobierno, y dijo que no se verían amenazadas por el proyecto de ley sobre las ONG, aunque añadió que determinadas ONG cuyas actividades parecían estar a favor del partido de la oposición sí debían temer la legislación. A raíz de ello, alrededor de 230 ONG publicaron una declaración en la que manifestaron que el momento no era propicio para una ley sobre las ONG. La oradora quisiera disponer de más información sobre la situación de la ley y que se le asegurara que se entiende correctamente cuál es la función de las ONG. Las críticas a la acción del Gobierno no deben penalizarse, y es preocupante la implicación de que las ONG que apoyan al partido de la oposición deberían someterse a una reglamentación. La oradora confía en que las ONG que se ocupan de los derechos humanos, que realizan un trabajo muy valioso en beneficio de las víctimas de la tortura y de las personas amenazadas de recibir malos tratos, no serán objeto de represalias.
La oradora deduce que el mecanismo nacional de prevención estará compuesto por miembros del poder ejecutivo porque el pueblo de Camboya, por razones culturales, venera la jerarquía y la autoridad. No obstante, en el Protocolo Facultativo se estipula que el mecanismo debe ser independiente, por lo que la oradora invita a la delegación a formular comentarios sobre la discrepancia.
Algunas de las preguntas del Comité se han descrito como demasiado sensibles o “demasiado complejas y subjetivas para contestarlas”, pero, aun así, el ponente ha asegurado al Comité que se investigarán estas cuestiones en su debido momento, por lo que la oradora agradecería que se aclarara más esa observación.
La Sra. Sveaass, segunda Relatora para el país, dice que es plenamente consciente de todas la dificultades encontradas por el Estado parte a lo largo de los años y de la magnitud de los trabajos que quedan por hacer, y que está impresionada por la variedad de planes, programas y leyes que se están aplicando o se ha previsto aplicar.
La oradora comprende que la confianza del público y la sensación de que el Gobierno se preocupa por el bienestar del pueblo son cuestiones extremamente importantes, particularmente en un contexto posterior a un conflicto. La idea de que el cambio está fomentando la prosperidad económica, la seguridad y la paz puede compensar en cierto grado las atrocidades de la era del Khmer Rouge, pero la erradicación del miedo llevará tiempo, por lo que es esencial crear mecanismos que permitan que las personas, las familias y las comunidades presenten quejas y denuncien las injusticias. Debe garantizarse a las víctimas de violación, por ejemplo, el derecho a presentar una denuncia y recibir los cuidados y la compensación apropiados, por lo que la oradora exhorta encarecidamente al Estado parte a que refuerce tales mecanismos y disponga que puedan utilizarse con facilidad.
La oradora pregunta si se incluirá a representantes de la sociedad civil en el mecanismo nacional de prevención.
Asimismo, pide que se proporcione más información sobre la propuesta de ley relativa a las ONG y dice que toda restricción de su labor puede ser antidemocrática o impedir que desempeñen su función de órgano fiscalizador.
Cuando el Comité prepara su diálogo con un Estado parte, evalúa cuidadosamente toda la información disponible del propio Estado parte, de otros órganos creados en virtud de tratados y de ONG nacionales e internacionales. Ha habido algunas denuncias graves sobre, por ejemplo, la situación en el establecimiento de Prey Speu en el período 2006-2008, por lo que la oradora desea saber si se han investigado los hechos denunciados y si se ha juzgado a los presuntos delincuentes. La oradora manifiesta que, incluso si las denuncias parecen infundadas, deben ser investigadas, especialmente cuando están relacionadas con malos tratos o con grupos vulnerables, como los menores o las víctimas de la trata de personas.
La oradora entiende que se ha hecho lo necesario para supervisar adecuadamente el regreso de las personas a Viet Nam u otros países y para ocuparse de las personas repatriadas a Camboya. Pide que se proporcionen más detalles acerca de los programas de rehabilitación mencionados por la delegación y que se asegure que las instalaciones de que se trate no son establecimientos de detención ilegales en los que se producen violaciones de la Convención.
La oradora pregunta por los reglamentos que rigen a los comités de autogestión de las prisiones y si se pueden imponer sanciones en caso de que se produzcan actos ilegales.
La delegación ha asegurado al Comité que los reglamentos y los códigos de conducta son aplicables a los agentes de policía y a los funcionarios de prisiones, y que se imponen sanciones cuando se producen malos tratos y torturas. La oradora deduce, sin embargo, que no se ha presentado ante un tribunal penal ningún caso basado en denuncias contra agentes de policía o funcionarios de prisiones. No se ha presentado ninguna estadística sobre procedimientos administrativos o judiciales ni sus resultados. La oradora hace hincapié en que se deben tomar medidas judiciales no solo en los casos de asesinato, sino también en los casos de tortura y malos tratos.
Se han presentado varias denuncias graves sobre el trato dispensado al pueblo Khmer Kampuchea Krom en Viet Nam y Camboya, por ejemplo, la falta de tarjetas de identidad, la denegación de algunos derechos y la pérdida de tierras. La oradora pregunta qué medidas se adoptarán para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Habiendo observado con mucho interés que se está formando a médicos para que den tratamientos y presten servicios de rehabilitación a las víctimas de la tortura y la violencia sexual, la oradora espera que también se proporcione asistencia a las personas que comparezcan ante las salas especiales de los tribunales de Camboya.
El Sr. Mariño Menéndez felicita al Gobierno por los esfuerzos realizados para proteger a los niños de las peores formas de trabajo infantil y pregunta si los niños nacidos en Camboya reciben automáticamente la ciudadanía camboyana y las protecciones correspondientes de que gozan los ciudadanos del país. El orador se pregunta si los miembros de la minoría Khmer Krom tienen derecho a la ciudadanía camboyana y si ha habido casos de personas pertenecientes a dicha minoría que hayan sido deportadas a Viet Nam.
Asimismo, desea saber más sobre la Ley de Lucha contra el Terrorismo y en qué medida esta respeta las normas internacionales sobre la detención previa al juicio y el acceso a la justicia y al asesoramiento letrado. El orador ve con preocupación que se violen los derechos humanos básicos en el contexto de las usurpaciones de tierras que se producen en el país. Pregunta qué medidas se están adoptando para proteger a las personas desplazadas por la fuerza y añade que parece que se está persiguiendo a los sindicalistas en todo el país. Pregunta a este respecto cuáles son las medidas vigentes para protegerlos y qué acciones judiciales se han emprendido tras la muerte de Chea Vichea.
El Sr. Gaye dice que no solo se debe incorporar en la legislación nacional la definición de tortura del artículo 1 de la Convención, sino que también se deben penalizar la tortura y los malos tratos, a los que deben imponerse las penas adecuadas. En el párrafo 9 del informe del Estado parte se indica que un magistrado puede utilizar el mandamiento judicial de capias sin citar al acusado previamente, lo que parece ser un retroceso en el contexto de la protección de las libertades individuales, ya que una persona podría no comparecer al no saber que el tribunal instruye un caso contra ella. El orador pregunta si en la legislación de Camboya se prevén alternativas al encarcelamiento, lo que contribuiría a solucionar el problema de la falta de espacio en las cárceles, así como a la reintegración de los delincuentes en la sociedad.
El orador se pregunta cómo pueden protegerse los funcionarios públicos que reciben órdenes ilegales de las represalias de sus superiores si se niegan a ejecutar las órdenes. Agrega que, según información de las ONG, a menudo las presas son víctimas de violencia sexual y malos tratos, lo que se puede explicar por la falta de funcionarias de prisiones que se aduce en el párrafo 54 del informe. El orador da las gracias a la delegación por la información proporcionada sobre la competencia del Consejo Constitucional e indica que sigue pensando que sería útil incluir una disposición en la Constitución en la que se indicara expresamente que los instrumentos internacionales tienen autoridad legal.
La Sra. Belmir dice que, en muchos casos, los delincuentes jóvenes son víctimas de malos tratos y deben ser considerados víctimas más que delincuentes. Se debería adoptar una estrategia más integral para abordar sus necesidades y poner fin al ciclo de delincuencia.
El Sr. Wang Xuexian dice que, debido a los diferentes términos utilizados en las respuestas de la delegación, en la Constitución y en la decisión del Consejo Constitucional, no le queda claro si los instrumentos internacionales de derechos humanos son directamente aplicables en el Estado parte.
El Presidente pregunta qué procedimientos se utilizan para designar a los magistrados y para destituir a los que no están debidamente cualificados. La ley orgánica sobre la organización y el funcionamiento de los tribunales y la ley de enmienda del Tribunal Supremo de la Magistratura fueron presentadas al Parlamento en 2002 y siguen pendientes de aprobación por lo que le gustaría recibir información actualizada sobre la situación. Desea también conocer el número total de magistrados que hay en el país, el número de magistradas, el número total de abogados y el número de abogadas. Felicita a Camboya por su legislación progresista sobre la violación en el matrimonio, y pregunta cuántas sentencias condenatorias se han dictado en las causas de violación en general y en las causas de violación en el matrimonio en particular.
Solicita también información adicional sobre los reglamentos del Estado para la admisión en el Colegio de Abogados, incluido el número de personas admitidas, y dice que el mecanismo nacional de prevención debería tener autoridad para realizar visitas sin anunciar a los establecimientos penitenciarios. Si bien es importante que los miembros de ese mecanismo sean personas respetadas que ocupen puestos de autoridad, se deben evitar los conflictos de interés. Por lo tanto, los miembros no deberían pertenecer a los organismos supervisados por el mecanismo.
El Sr. Sun Suon (Camboya) recuerda la trágica historia de su país y hace hincapié en las dificultades que afronta en su intento por cerrar ese capítulo oscuro de su historia y mirar hacia el futuro. El Gobierno de Camboya fomenta la participación de la sociedad civil, y tanto las ONG nacionales como internacionales están llevando a cabo una importante labor de derechos humanos. Las principales dificultades consisten en establecer un diálogo constructivo con esas organizaciones y evitar la politización de su labor, ya que la democracia en Camboya es joven y frágil. El orador pide al Comité que tenga en cuenta lo que se ha logrado hasta la fecha, por ejemplo la reducción de la pobreza extrema y la elevación del nivel de vida.
Reconoce que es necesario que exista una institución nacional de derechos humanos y dice que el Gobierno está adoptando medidas para crear una institución de ese tipo, aunque necesitará tiempo para hacerlo. La independencia del mecanismo nacional de prevención es también una cuestión importante, pero el hecho de disponer del mecanismo ya representa un avance. la privatización de la tierra después del régimen del Khmer Rouge resultó en la usurpación de tierras por inversores extranjeros y nacionales, por lo que el Gobierno está intentando reglamentar la situación. En ocasiones, el Gobierno ha recibido señales contradictorias del Comité: anteriormente fue criticado por no haber reglamentado las ONG y ahora que ha adoptado la Ley sobre organizaciones no gubernamentales, el Comité le pregunta por qué restringe la actividad de estas. No obstante, el Gobierno acepta sus carencias y se compromete a aplicar las recomendaciones del Comité.
En la Constitución se estipula claramente que todos los Khmer Krom son camboyanos, por lo que no son un grupo minoritario en Camboya, aunque tal vez lo sean en Viet Nam. No obstante, los ciudadanos con doble nacionalidad están sujetos a otra jurisdicción, que se aplica de la misma manera a todos los camboyanos que tienen doble nacionalidad, independientemente de cuál sea el otro país. La pobreza es la principal causa del trabajo infantil y Camboya está avanzando claramente en la abolición de esa práctica a través de instituciones como el Consejo Nacional para la Infancia de Camboya.
El Gobierno cree en la reconciliación nacional, pero es difícil juzgar al Khmer Rouge en las salas especiales de los tribunales de Camboya debido al doloroso pasado del país. El aspecto más importante del proceso es restañar las heridas dejadas por el régimen. La corrupción es un problema y el Gobierno se ha comprometido a obligar a rendir cuentas a los funcionarios corruptos, pero el proceso será largo porque hacen falta campañas de concienciación pública y considerables recursos humanos y financieros.
El Presidente da las gracias a la delegación por el compromiso demostrado y le pide que, si tiene más respuestas para presentar, las envíe a la Secretaría por escrito.