Enero de 2007

I NTRODUCCIÓN

1.El Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía se complace en responder a las cuestiones planteadas en la carta remitida con fecha de 3 de septiembre de 2007 por el presidente del Comité para la Eliminaciónde la Discriminación Racial. El Comité solicitó información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para luchar contra los prejuicios raciales y la intolerancia entre los grupos étnicos, así como sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la seguridad de los miembros de todos los grupos étnicos. El Comité solicitó además información que le permitiera comprender cómo el sistema federal del país aplica la Convención y previene y aborda los conflictos étnicos. Cabe recordar que el Gobierno participó en un debate con miembros del Comité el 13 de agosto de 2007 en que respondió a una serie de preguntas planteadas por los miembros. El Gobierno reitera su disposición a presentar su informe atrasado lo antes posible con arreglo a la Convención. También desea recordar que había señalado a la atención del Comité, por conducto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, documentos en que se destacan los pasos que se han estado dando para completar y presentar los informes atrasados. Por lo tanto, esta respuesta no reemplaza en ningún caso dicho compromiso y sólo pretende responder a las preguntas planteadas en la mencionada carta.

2.La respuesta del Gobierno expone, en primer lugar, las principales reformas constitucionales y políticas que se han introducido para hacer frente a injusticias seculares cometidas principalmente contra grupos y minorías marginados, que se vieron agravadas por un ciclo de conflictos políticos y guerras civiles. También examina la forma en que el federalismo de Etiopía se orienta principalmente hacia la protección de las minorías a fin de reducir o prevenir la intensificación de los conflictos violentos. La primera sección presenta brevemente los conflictos de Etiopía en su contexto histórico, en que se indica el hecho de que se hayan construido regímenes sucesivos sobre estructuras eminentemente represivas y discriminatorias resultó en tensiones y conflictos políticos. A continuación se explica la nueva administración constitucional, que une el derecho a la libre determinación con una forma especial de federalismo basado en las identidades comunitarias. La Constitución federal de Etiopía se basa en un análisis histórico que hizo comprender que los antiguos conflictos y guerras del país se habían originado en la absoluta falta de consideración hacia los derechos de sus diversos pueblos. Por lo tanto, la Constitución contiene salvaguardias y protección constitucionales que garantizan el respeto de los derechos de las diversas naciones, nacionalidades y pueblos. Se analizan diversos factores que todavía plantean retos de cara a la prevención, la solución y la gestión de los conflictos presentados. Sugerir que el federalismo de Etiopía ha favorecido el agravamiento de los conflictos y las tensiones políticas es, cuanto menos, una grave distorsión de la situación actual del país. El Gobierno cree decididamente que el sistema federal de Etiopía no sólo ha reducido y evitado los conflictos, sino que también ha creado las condiciones y el entorno necesarios para el crecimiento económico y la prosperidad de todos los pueblos del país. Está muy extendida la opinión de que las minorías se han visto mucho más beneficiadas con un sistema federal que con acuerdos político-institucionales alternativos.

La solución de los conflictos políticos y la protección de los derechos de las mi norías como justificación del federalismo de Etiopía

3.Etiopía es uno de los Estados más antiguos del mundo. Es un país diverso con más de 80 naciones, nacionalidades y pueblos. También existen muchos grupos religiosos con raíces cristianas, islámicas, judías y animistas. El cristianismo y el islam fueron introducidos en Etiopía en el año 300 d. C. y 700 d. C., respectivamente.

4.Sin embargo, pese a su larga historia y a su diversidad cultural, el pasado de Etiopía está profundamente anclado en tradiciones dictatoriales y totalitarias. Las minorías y las personas no cristianas estuvieron excluidas del poder y fueron a menudo descuidadas. Durante el siglo XX, especialmente durante los mandatos imperiales consecutivos del Emperador Menelik y del Emperador Haile Selassie, el Estado etíope moderno se basó en el centralismo político y las asimilaciones culturales. Su sistema sociopolítico se basaba en un sistema feudal arcaico que afianzó la discriminación y las desigualdades étnicas y religiosas. Estas políticas y prácticas se mantuvieron incólumes durante la dictadura militar conocida como el Dergue que, tras una larga lucha por la liberación encabezada por el Frente democrático revolucionario del pueblo etíope, fue derrocada en mayo de 1991.

5.Los 17 años del régimen del Dergue llevaron a la militarización del país y al deterioro de la situación de seguridad. Surgió un movimiento secesionista en Eritrea y se desencadenaron luchas por la liberación en Tigray, Oromia, Afar, Somali y otras regiones del país. La junta militar, jamás dispuesta a proponer una solución política pacífica del problema del país, utilizó su fuerza militar para acallar las discrepancias. Durante la campaña, que se autodenominó "terror rojo", fueron asesinados decenas de miles de jóvenes en la capital y en otras grandes ciudades. Debido a la falta de participación democrática y a la represión, la larga historia de Etiopía se vio manchada con una serie de tensiones y conflictos.

6.El derrocamiento de la junta militar en 1991 brindó una oportunidad para iniciar reformas políticas y constitucionales. Esas reformas no eran sólo convenientes, sino también necesarias si el país quería romper con su pasado y disfrutar de la paz y la prosperidad. Los movimientos políticos y los grupos militares que habían combatido enérgicamente la dictadura militar participaron en una conferencia nacional sobre la paz y la reconciliación, celebrada en julio de 1991. Más de 27 partidos políticos participaron en esa conferencia nacional que adoptó la Carta de Transición. Los participantes en la conferencia también acordaron que la Carta serviría de constitución provisional hasta que se adoptase un documento constitucional propiamente dicho. La Carta creó el Consejo de Representantes, integrado por 87 miembros, entre los que figuraban representantes de movimientos de liberación, partidos políticos y otras personalidades destacadas. Este consejo, que hizo las veces de parlamento durante dos años y medio, también incluía representantes de las diferentes naciones, nacionalidades y pueblos del país. Este nuevo órgano político no sólo brindaba la oportunidad sin precedentes de que todas las comunidades pudieran participar en el proceso político, sino que además estaba basado en una carta que consagraba el principio de autodeterminación como un principio fundacional. También se destacaba la utilidad del federalismo como garante de una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Se crearon estados regionales en función de las diversas identidades nacionales y lingüísticas. Las oficinas y autoridades gubernamentales serían dirigidas por representantes individuales de las naciones, las nacionalidades y los pueblos.

7.El principal cometido del gobierno de transición fue curar las heridas del pasado y mantener la paz y la estabilidad. El Gobierno, con la ayuda de donantes multilaterales y bilaterales, fomentó la adopción de legislación para establecer la Fiscalía Especial a fin de investigar y enjuiciar crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio. Los antiguos ministros y miembros de la junta militar fueron enjuiciados por su participación directa en masacres y en violaciones de los derechos humanos. En diciembre de 2006 el Tribunal Supremo Federal consideró que muchos de estos altos cargos, incluido el antiguo dirigente, el Coronel Mengistu Hailemariam, eran culpables y los condenó a penas de prisión de diverso grado. El Fiscal Especial ha interpuesto un recurso por considerar la pena demasiado indulgente. Así, al enjuiciar los crímenes atroces del pasado, Etiopía ha demostrado su compromiso con sus obligaciones derivadas de las normas del derecho internacional, incluida la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

8.Durante el período de transición se estableció una Comisión de Redacción Constitucional. Tras un proceso minucioso y participativo, el documento constitucional fue adoptado el 8 de diciembre de 1994. Durante este período crucial el Gobierno promovió activamente la adhesión de Etiopía a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. En esa época Etiopía firmó y posteriormente ratificó algunos de los principales instrumentos de derechos humanos. Las diversas disposiciones de la Constitución también se inspiraron en los instrumentos y normas internacionales de derechos humanos vigentes. La Constitución afianza aún más los logros obtenidos durante el período de transición. Tal y como queda claramente plasmado en el preámbulo de la Constitución, uno de sus principales objetivos es crear una comunidad económica y política basada en el buen gobierno, el respeto de los derechos humanos y la democracia. El derecho a la autodeterminación queda claramente garantizado en virtud del artículo 39, y se crearon nueve Estados regionales basados en categorías culturales y lingüísticas. Los nueve Estados regionales de nueva creación son Harari, Benishangul Gumuz, Oromiya, Gambela, Somali, la Región de las Nacionalidades y Pueblos del Sur, Amhara, Afar y Tigray. Las ciudades multiétnicas, en concreto la capital, Addis Abeba, y Dire Dawa corresponden a la jurisdicción federal. El federalismo etíope concede a las regiones amplios derechos y autonomía de carácter simétrico. Al incorporar la autodeterminación en la Constitución federal Etiopía ha demostrado su buena disposición para aplicar la Convención y diversas recomendaciones del Comité, incluida la Recomendación general Nº 21 sobre la autodeterminación.

9.La Constitución federal ha creado un sistema parlamentario compuesto por un parlamento bicameral federal, un presidente constitucional que asume el cargo de Jefe de Estado y un Gobierno federal encabezado por un primer ministro. Los poderes del parlamento federal y del ejecutivo quedan establecidos en la Constitución. También se enumeran los poderes de los Estados regionales del país. La Cámara de la Federación, la segunda cámara del parlamento constitucional, puede interpretar la Constitución. El federalismo simétrico se establece en el sentido de que los nueve Estados constituyentes disfrutan de los mismos derechos y poderes. Los Estados regionales son responsables, entre otras cosas, de la gestión de su propia administración pública y del mantenimiento del orden público. Todos los poderes que no hayan sido conferidos expresamente sólo al Gobierno federal en colaboración con los Estados regionales, están reservados a los Estados.

10.En la actualidad las naciones, las nacionalidades y los pueblos ejercen su derecho ilimitado a utilizar sus propias lenguas. La Constitución define a las naciones, las nacionalidades y los pueblos como grupos que viven en zonas geográficas contiguas que comparten características lingüísticas, culturales, históricas y psicológicas similares. La jurisprudencia constitucional, que ha ido creciendo con las labores de la Cámara de la Federación y otros órganos constitucionales, indica que todas las categorías de grupos disfrutan de los mismos derechos. La Constitución estipula claramente que la soberanía reside en las naciones, las nacionalidades y los pueblos. Como ya se ha señalado, las políticas lingüísticas y culturales anteriores alienaban a varios grupos al negarles el derecho a emplear sus propias lenguas. En la actualidad, todas las naciones, nacionalidades y pueblos tienen derecho a emplear su propio idioma dentro de su región. Los servicios federales públicos de radio y televisión ahora emiten programas en algunos de los principales idiomas del país. Los servicios de radio y televisión regionales y comunitarios promueven la emisión de programas en idiomas minoritarios en varias regiones del país. Cada Estado regional tiene la capacidad de elegir el idioma de enseñanza de las escuelas primarias. Los municipios, zonas, woredas y barrios también tienen la capacidad de participar en este proceso. Debido a la falta de recursos, la ausencia de un sistema de escritura y otros factores, diversas comunidades han seguido empleando el amhárico como medio de instrucción. Basándose en el Programa federal de desarrollo del sector educativo, tanto el Gobierno federal como los regionales están destinando recursos para ayudar a las comunidades a adquirir la suficiente capacidad para utilizar sus propios idiomas como medio de enseñanza.

La democratización como herramienta para hacer frente a conflictos pol íticos

11.El federalismo de Etiopía se debe considerar a la luz del proceso de democratización que ha ido consolidando el país. Desde la adopción de la Carta de Transición Etiopía ha celebrado tres elecciones federales y regionales. Las primeras elecciones se celebraron en 1992, y sobre su base pasaron a dirigir las estructuras y cargos centrales y locales personas elegidas por voto popular. Las elecciones de 1992 inauguraron los primeros procesos electorales libres y justos de la historia del país. Estas elecciones han ido mejorando considerablemente de manera gradual. Etiopía procura contar con un sistema parlamentario en el que tanto el Estado federal como los regionales dispongan de órganos legislativos que elijan al órgano ejecutivo federal y a los regionales, respectivamente.

12.Las elecciones legislativas de 2005 a la Cámara de Representantes del Pueblo y a los consejos regionales son, con mucho, las elecciones más libres y transparentes que haya celebrado Etiopía. Hubo un gran nivel de competencia entre los partidos políticos, y la participación ciudadana en el proceso de votación no tuvo precedentes. Además, las votaciones se desarrollaron de forma pacífica. Un gran número de partidos políticos y candidatos independientes participaron en las elecciones regionales. Por ejemplo, en el Estado regional de Oromia participaron ocho partidos políticos y candidatos independientes.

13.Se ha planteado la cuestión en la medida en que los grupos minoritarios de los nuevos Estados regionales participan en el autogobierno y la gobernanza democrática. Teniendo en cuenta que casi todos los Estados regionales albergan grupos minoritarios en su jurisdicción, la participación de dichos grupos en los procesos de toma de decisiones a nivel regional tiene suma importancia. La Constitución garantiza la protección frente a cualquier ley o práctica discriminatoria que limite la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El artículo 38 dispone que todos los ciudadanos etíopes tienen derecho a votar y a ser elegidos sin que exista discriminación por razón de color, raza, nación, nacionalidad, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro orden, u otra situación. La aplicación de esta garantía constitucional en un arreglo federal que permita una mayor autonomía cultural no ha estado exenta de desafíos. Por ejemplo, una causa constitucional de Benishangul Gumuz, uno de los nueve estados regionales de Etiopía, sobre el derecho de personas que no hablan los idiomas empleados por los grupos locales a presentarse como candidatas en elecciones regionales no sólo demuestra los desafíos existentes sino también la forma en que las instituciones creadas por la Constitución responden a estos retos. Durante las elecciones regionales de Benishangul Gumuz, celebradas en el año 2000, las personas que hablasen los idiomas amhárico, oromiffa y tigriña fueron excluidas de presentarse como candidatas a los cargos del gobierno regional. La Junta Electoral Nacional, basada en una proclamación federal que requiere que los candidatos al gobierno regional hablen los idiomas regionales, decidió excluir a estas personas argumentando que no hablaban el idioma regional berta, que es uno de los idiomas hablados en la región. Los apelantes impugnaron la constitucionalidad de la proclamación y presentaron un recurso constitucional ante la Cámara de la Federación, la que, basándose en las recomendaciones del Consejo de Investigación Constitucional, decidió que, en efecto, la decisión de la Junta Electoral violaba la Constitución.

Beneficios del federalismo para el desarrollo

14.El Gobierno de Etiopía está profundamente convencido de que un bajo nivel de desarrollo socioeconómico no sólo genera conflictos sino que también crea las condiciones para que éstos se desarrollen y se prolonguen. En las tierras bajas de Etiopía, donde tienen lugar un número importante de conflictos, la falta de desarrollo ha sido un factor que ha contribuido a crear tensiones intermitentes. El Gobierno ha garantizado por lo tanto que sus políticas y programas económicos se encaminen a lograr un desarrollo económico rápido y sostenible, con especial atención a esas zonas desfavorecidas. Las políticas y los programas económicos del Gobierno han hecho de la reducción y mitigación de la pobreza una cuestión prioritaria. Así, la agricultura constituye el elemento central de sus políticas de desarrollo. Los gastos del Gobierno en sectores que favorezcan a los pobres, como la educación, la salud, la agricultura, la seguridad alimentaria, etc., han experimentado un aumento considerable. Las exportaciones también han registrado un crecimiento espectacular. Según la Constitución, la tierra pertenece a "las naciones, las nacionalidades y los pueblos", y el Gobierno la administra en su nombre. La falta de un régimen de propiedad específico ha sido durante mucho tiempo una fuente de disputas y conflictos locales. Actualmente, los Estados regionales de Oromia, Amhara, Tigray y la Región de las Nacionalidades y Pueblos del Sur han reglamentado la propiedad de las tierras de manera de otorgar certificados de propiedad, con lo que se asegura su posesión y se reducen los conflictos.

15.La división fiscal del poder respalda el federalismo de Etiopía. Todos los Estados regionales disfrutan de un mayor acceso a los recursos en igualdad de condiciones. La Constitución define las esferas de competencia del Gobierno federal y de los consejos regionales en la recaudación de impuestos. La Constitución otorga a la Cámara de la Federación el mandato de determinar cómo se van a repartir los ingresos recaudados mediante impuestos federales y regionales entre los diversos Estados regionales. La Cámara ha adoptado recientemente un plan que garantiza la distribución equitativa del presupuesto a los Estados regionales. Los ingresos obtenidos mediante fuentes de imposición conjuntas están claramente expuestos en la Constitución, según la cual los ingresos de la minería, la prospección de petróleo y otras actividades están constitucionalmente garantizados. La Constitución prevé planes para que estos recursos, que han ocasionado conflictos en otros países, se puedan gestionar de forma que los beneficios económicos se puedan distribuir equitativamente.

16.La Cámara de la Federación también determina la naturaleza y el alcance de las subvenciones federales que se proporcionan a los Estados regionales. Esta subvención tiene especial importancia sobre todo para los Estados regionales con infraestructuras y proveedores de servicios relativamente poco desarrollados. La Proclamación 251/2001 confiere a la Cámara de la Federación el mandato específico de hacer estudios para supervisar el impacto de las subvenciones para ayudar a las regiones desfavorecidas a alcanzar un desarrollo uniforme y equilibrado. La Cámara desempeña este mandato por conducto de su Comité de impuestos y subvenciones presupuestarias, que formula recomendaciones acerca del reparto de ingresos procedentes de fuentes tributarias conjuntas federales y estatales propuestas por el ejecutivo y acerca de las subvenciones que el Gobierno federal pueda otorgar a los Estados. Desde el 18 de mayo de 2007 la Cámara de la Federación ha establecido una nueva fórmula de presupuestos y subvenciones. En el pasado se tenían en cuenta una serie de variables, como el nivel de desarrollo, el tamaño de la población y la capacidad de recaudación de impuestos, como determinantes del sistema de transferencia del presupuesto y las subvenciones federales.

17.El federalismo y la descentralización han alentado la labor de desarrollo de Etiopía y han fomentado la provisión eficaz de los servicios. El Gobierno etíope tomó más medidas en este sentido en 2002 y 2003, como una mayor cesión de poder a las woredas.

Respuesta institucional a los conflictos

18.El federalismo de Etiopía establece diversos marcos institucionales para hacer frente a los conflictos que puedan surgir entre los Estados regionales, así como a los conflictos dentro de los Estados. La opinión de que el propio federalismo genera conflictos carece de todo fundamento científico, al menos en el contexto etíope. La historia de los sistemas políticos federales demuestra claramente que la relación entre los sistemas federales y los conflictos políticos es que el federalismo reduce o evita los conflictos. La historia del desarrollo constitucional de Etiopía y las disposiciones constitucionales indican claramente la posición destacada que ocupó la prevención de los conflictos durante la redacción de la Constitución. El argumento de que el federalismo ha suscitado tensiones y conflictos étnicos también hace caso omiso al siguiente argumento hipotético: ¿cuál sería el carácter de los conflictos y las relaciones entre las comunidades si no existiera el sistema federal? Si se tienen en cuenta las diferentes tipologías de conflictos en Etiopía, queda claro que no existe una única variable que las explique. A menudo existen muchos factores sociales, económicos y ecológicos que sostienen estos conflictos. Por ejemplo, la competencia por los recursos escasos, especialmente en tierras de pastoreo, es una de las principales causas de conflictos. A lo largo de la frontera internacional que Etiopía comparte con Kenya, el Sudán, Djibouti y Somalia los grupos étnicos que viven de cada lado de la frontera a veces inician conflictos localizados y de poca importancia. Estos conflictos no se ciñen exclusivamente a los países del Cuerno de África, sino que en varios países africanos las fronteras coloniales, trazadas artificialmente, han creado demarcaciones fronterizas que han afectado negativamente a las comunidades. La seguridad y la protección de estas comunidades en las fronteras es un tema habitual de consulta entre Etiopía y sus países vecinos. Estas consultas y marcos acordados dan prioridad a la protección de los derechos de esas comunidades como un aspecto fundamental de las iniciativas y los acuerdos transfronterizos. Etiopía también ha apoyado activamente las plataformas de colaboración subregionales para hacer frente a estos problemas. Actualmente la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) ha desarrollado un sistema de alerta temprana para identificar estos tipos de conflictos y velar por una respuesta eficaz.

19.El tráfico ilegal transfronterizo de armas pequeñas y la proliferación de éstas ha tenido un impacto negativo en las tensiones locales. La mayor disponibilidad de armas pequeñas ha avivado los conflictos locales entre los diversos grupos étnicos. En el Omo meridional un gran número de personas tiene acceso a armas pequeñas procedentes de los grupos rebeldes del sur del Sudán. Cuando la junta militar fue derrocada en 1991 sus soldados dejaron numerosas armas en manos de campesinos y de pastores nómadas. El Gobierno continúa trabajando para reglamentar las armas pequeñas y minimizar su impacto en las relaciones comunitarias.

20.La Constitución establece diversos niveles de instituciones que desempeñan un papel importante en la prevención, la gestión y la solución de conflictos. La Cámara de la Federación constituye el segundo órgano legislativo importante a nivel federal en el que todas las naciones, nacionalidades y pueblos están proporcional y directamente representados. Cuenta con 112 miembros y está compuesta por un representante de cada grupo y un representante adicional por cada millón de habitantes. Es el reflejo institucional de la inmensa diversidad del país. La Cámara de la Federación no está facultada para aprobar proyectos de ley. Sin embargo, tiene el mandato constitucional de interpretar las disposiciones de la Constitución, resolver conflictos regionales y tomar decisiones sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, incluso hasta la secesión. La Constitución confiere a la Cámara de la Federación el poder de resolver conflictos. Es correcto afirmar que la solución de conflictos sea tal vez el mandato más importante de la Constitución, que estipula sin equívocos las bases normativas para las relaciones entre los Estados. Así, los artículos 51 y 52 establecen, respectivamente, el poder y el mandato del Estado federal y de los Estados regionales. En virtud del artículo 50 el Gobierno federal y los gobiernos regionales deben respetar la autoridad y la jurisdicción del otro. El poder y el mandato de la Cámara se explican en mayor detalle en la Proclamación 251/2001. La Constitución y la proclamación ordenan a la Cámara de la Federación que conciba el mecanismo adecuado para dar respuesta a los conflictos. Cabe señalar que en las leyes se hace referencia tanto a los mecanismos modernos de solución de conflictos como a los tradicionales. Los artículos 32 y 33 de la Proclamación disponen que:

"La Cámara estudiará los medios y mecanismos tradicionales y modernos existentes para prevenir y resolver conflictos, aclarar malentendidos y concebir e institucionalizar un procedimiento de trabajo."

21.El cometido más importante de la Cámara de la Federación en la prevención, la gestión y la solución de conflictos se refleja en su mandato de determinar el derecho a la autodeterminación. La Constitución confiere a la Cámara de la Federación la responsabilidad de determinar el derecho de todas las naciones, nacionalidades y pueblos a la autodeterminación. La Constitución estipula que la Cámara de la Federación tiene el deber de promover y garantizar la igualdad entre las naciones, las nacionalidades y los pueblos. También requiere que la Cámara promueva la igualdad de derechos de estos grupos por medio de un marco democrático. Hasta ahora la Cámara ha adoptado diversas medidas con miras a aplicar las disposiciones constitucionales mencionadas. Ha alentado a las instituciones educacionales de todos los niveles a formular programas encaminados a promover la igualdad entre los diferentes grupos étnicos. No sólo ha establecido instituciones para estudiar la historia y la cultura de las naciones, las nacionalidades y los pueblos, sino que también ha alentado a las instituciones académicas y de investigación existentes a emprender programas similares.

22.Hasta ahora no se ha registrado ninguna confrontación violenta, ni siquiera manifiesta, entre Estados regionales. El artículo 48 estipula que los Estados regionales deberán tratar de resolver primero sus conflictos fronterizos mediante consultas bilaterales. En ausencia de una solución del conflicto mediante consultas bilaterales, se remitirá el asunto a la Cámara de la Federación. Se han establecido diversas plataformas interestatales para compartir experiencias y consultas entre los Estados regionales.

23.Los Estados regionales tienen la responsabilidad de garantizar el orden público a nivel regional, lo que tiene profundas consecuencias para la gestión y la solución de conflictos. Las autoridades de los Estados regionales son las primeras en dar respuesta a acontecimientos que requieran medidas para mantener el orden público. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, los órganos centrales encargados del cumplimiento de la ley no se utilizan como instrumentos de represión.

24.Otra característica importante del federalismo de Etiopía para prevenir y resolver conflictos reside en la manera en que ha dado reconocimiento oficial a las instituciones tradicionales y consuetudinarias de gestión y solución de conflictos. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, cuando se negaba el reconocimiento oficial a las normas e instituciones tradicionales, la Constitución Federal incorpora las normas tradicionales y consuetudinarias dentro de la jerarquía jurídica de Etiopía. El artículo 38 dispone que los grupos y los individuos pueden emplear sus normas consuetudinarias y tradicionales siempre y cuando su uso sea compatible con las disposiciones de la Constitución en materia de derechos humanos. En virtud del artículo 78 los consejos regionales pueden promulgar legislación relativa a normas procesales para la aplicación de las normas tradicionales o consuetudinarias. Las normas e instituciones tradicionales desempeñan un papel fundamental respecto de la gestión y solución de conflictos en un gran número de comunidades locales de Etiopía.

25.La Cámara de Representantes del Pueblo, la Oficina del Ombudsman y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también desempeñan un papel importante en la protección de los derechos de las minorías, incluso durante períodos de conflictos. Por ejemplo, la Cámara respondió al conflicto de la región de Gambella en 2003 mediante el establecimiento de una comisión de investigación para aclarar las circunstancias que provocaron la crisis y la respuesta de los Gobiernos federal y regional. Atendidos los resultados de la comisión de investigación, varios individuos, incluidos efectivos militares, fueron juzgados por el tribunal de distrito federal por su participación en el conflicto. La Oficina del Ombudsman y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen varios programas que promueven los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías.

El papel de los medios de comunicación y de la educaci ón en la promoción de la tolerancia y la prevención de conflictos

26.El artículo 29 de la Constitución prevé el derecho a la libertad de expresión, que se define ampliamente para incluir la libertad de buscar, recibir y transmitir información. Esto ha alentado la proliferación de los medios de comunicación privados. En la actualidad existen más de 100 publicaciones impresas, y desde hace poco el país, basándose en una nueva proclamación federal sobre radio y televisión, ha comenzado a otorgar licencias a empresas privadas de radio y televisión.

27.La libertad de expresión es una manifestación importante del derecho a la igualdad. Es fundamental que todas las personas y grupos puedan, sin ningún tipo de discriminación, expresar su opinión, su cultura, sus creencias, etc. Hoy más que nunca se publican y se distribuyen en el país un gran número de contenidos mediáticos sin ninguna censura previa. La Constitución dispone que los programas de radio y televisión financiados con fondos públicos deben ser administrados de forma que se garantice una mayor diversidad de opiniones. Esto ha dado lugar a una serie de reformas de la prensa, la radio y la televisión. En la actualidad, los medios de comunicación públicos no sólo están abiertos a diferentes posiciones y opiniones, sino que también existe diversidad en el formato de las presentaciones. Ahora es habitual que algunos programas de radio y televisión, y diversos periódicos, se difundan o publiquen en varios idiomas. Debido a la falta de recursos, el número de idiomas que se utilizan en los programas de radio y televisión de las cadenas públicas es bastante limitado. Sin embargo, esta situación está cambiando gradualmente con la proliferación de cadenas de radio y televisión en las regiones y comunidades.

28.Las limitaciones de la libertad de expresión se suelen estipular en las constituciones de toda sociedad democrática. La Constitución Federal de Etiopía también prevé posibles limitaciones de la libertad de expresión. En este sentido, el artículo 29 dispone que algunas de estas limitaciones figuran en el Código Penal Federal revisado, que entró en vigor en 2005. Esta medida es compatible con el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

29.La tradición centralista de Etiopía no había promovido el pluralismo cultural, por lo que se menospreciaron la cultura y las tradiciones de diversos grupos, incluidos grupos minoritarios. La institucionalización de un federalismo culturalmente informado requiere que se promuevan y estudien las numerosas tradiciones y patrimonios culturales. Para ello el Gobierno adoptó la primera política cultural de Etiopía, cuyos objetivos son, entre otros, el reconocimiento y la promoción de los patrimonios culturales de todos los grupos del país, la promoción del estudio y las investigaciones culturales, la promoción de la tolerancia y el entendimiento culturales, el aumento de la capacidad del sector cultural del país, el establecimiento de centros culturales, el aumento del papel de la cultura en las labores de establecimiento y mantenimiento de la paz, etc.

30.La educación posiblemente sigue siendo el instrumento más importante para hacer frente a los conflictos, provocados en parte por la discriminación y los prejuicios. Puede promover los principios de la tolerancia cultural y la diversidad. Los Planes de desarrollo I y II del Gobierno para el sector de la educación se aplicaron con el objeto de ampliar el acceso a la educación a todos los sectores de la sociedad etíope. El número de escuelas primarias está aumentando a un ritmo impresionante. Por ejemplo, las escuelas primarias han pasado de ser 11.780 en 2000/01 a 16.513 en 2004/05. Más del 80% de estas nuevas escuelas están construidas en zonas rurales. La tasa de escolarización también ha aumentado considerablemente. Teniendo en cuenta el nivel de escolarización relativamente bajo de las zonas de pastoreo en Afar, Somali y Benishangul Gumuz se iniciaron programas educacionales especiales mediante escuelas móviles a fin de responder a esas necesidades especiales. El Gobierno sigue alentando a los distritos locales a desempeñar un papel activo en la dirección y la administración de las instituciones educativas.

31.La Constitución de la República Democrática Federal de Etiopía garantiza a las naciones, las nacionalidades y los pueblos de Etiopía amplio derecho a desarrollar su propia cultura. Este hecho, que supone una sorprendente ruptura con el pasado, ha llevado a la protección de un derecho a la educación más amplio y a la adopción de la lengua materna como medio de instrucción. Actualmente todos los alumnos de la enseñanza primaria de Etiopía tienen derecho a aprender en su propia lengua materna. La experiencia de Etiopía es sin duda pionera en este campo.

32.La educación cívica y ética está incorporada como un componente fundamental de la política educacional de Etiopía. En la actualidad esta asignatura se imparte en los tres niveles de educación, incluso en las instituciones de educación superior. La supervisa el Departamento de Educación Cívica y Ética, que depende del Ministerio de Educación a nivel federal. Las oficinas de educación regionales son responsables de las actividades a nivel local. En este programa los ciudadanos reciben orientación en materia de derechos humanos, diversidad cultural y tolerancia. La protección de los derechos de las minorías también figura en los libros de texto.

Conclusión

33.El Gobierno espera haber dado respuesta, en la medida de lo posible, a la solicitud del Comité, a través de la comunicación del Presidente, sobre la cuestión del federalismo étnico. Tal vez haya personas y grupos que opinen que el federalismo nunca debería haberse considerado como opción para Etiopía. Sin embargo, el Gobierno considera que tales opiniones se basan en orientaciones políticas estrechamente asociadas al pasado no democrático, centrista y totalitario de Etiopía. La tensión entre las visiones unitaria y federalista del mundo se manifestó durante la redacción de la Constitución federal. Las críticas a la configuración federal de Etiopía proceden bien de extranjeros que no entienden suficientemente el paradigma político y constitucional actual de Etiopía, o bien de unas pocas élites etíopes que defienden enérgicamente su propio programa político. Los partidarios del unitarismo no aceptarán la configuración federal bajo ninguna condición, al tiempo que existen ciertas personas y grupos con un programa separatista. Lo que ambos bandos tienen en común es que su perspectiva política no está basada en principios y que su principal objetivo no tiene nada que ver con la paz, la coexistencia pacífica y los derechos humanos. A fin de impugnar la reputación del nuevo sistema político de Etiopía, suelen atacar la configuración federal basándose en acontecimientos que no tienen ninguna relación con ella. Para esos grupos o individuos incluso los conflictos locales ocasionados por el robo de ganado están provocados por la configuración federal. Pero lo sorprendente es que la cultura política etíope esté madurando gradualmente para brindar una plataforma en la que incluso esas categorías de individuos puedan expresar sus opiniones.

34.Quienes temen que el sistema federal de Etiopía tal vez pueda fomentar los conflictos suelen citar el artículo 39 de la Constitución, que establece el derecho de cada nación, nacionalidad y pueblo a la autodeterminación, incluso hasta la secesión. Para esas personas esta garantía constitucional de la autonomía territorial fomenta la independencia y los posibles conflictos. La experiencia federal de Etiopía no aporta ninguna prueba que justifique tal afirmación. Lo que ha ocurrido desde el establecimiento del sistema federal es que las regiones están más interrelacionadas e integradas que nunca. Las regiones que se habían visto desatendidas durante los regímenes anteriores se están beneficiando de los planes fiscales y las políticas económicas actuales, que centran la atención especialmente en las comunidades locales.

35.El sistema federal tiene estructuras incorporadas que protegen a las minorías de la discriminación y los prejuicios. En la actualidad todas las naciones, nacionalidades y pueblos de Etiopía disfrutan plenamente del derecho a la autodeterminación. Son libres de desarrollar su cultura y patrimonio, y siguen beneficiándose de un federalismo fiscal que les garantiza una mayor autonomía para explotar sus propios recursos y beneficiarse de ellos. Los programas de reforma constante de la descentralización fomentan el autogobierno y la buena gestión política y administrativa a nivel de distrito.

36.En el contexto etíope, los programas y las reformas políticas, junto con la promoción del crecimiento económico, reducen significativamente el riesgo de conflictos. Al mismo tiempo se establecen instituciones y programas para hacer frente a los conflictos que puedan surgir. En este sentido, la Cámara de la Federación tiene el mandato constitucional de resolver los conflictos que puedan producirse entre Estados regionales. La Constitución también reconoce formalmente el papel de las normas e instituciones tradicionales en la prevención, la gestión y la solución de conflictos. Estos mecanismos tradicionales son a menudo importantes para las diversas naciones, nacionalidades y pueblos del país ya que permiten avanzar en el fortalecimiento del sistema federal de Etiopía, que es sin duda un experimento único en la historia del país. Los pueblos de Etiopía desean fervientemente poder contar con el apoyo y el aliento de la comunidad internacional en general, y de órganos como el Comité en particular, para poder perseverar en este intento histórico.

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