Distr.GENERAL
CCPR/C/CRI/CO/5/Add.215 de diciembre de 2009
Original: ESPAÑOL
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO
COSTA RICA*
Información adicional proporcionada por Costa Rica en relación con la implementación de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/CRI/CO/5)
[17 de noviembre de 2009]
9. Al Comité le preocupan el hacinamiento y las malas condiciones de los centros de detención del Estado Parte, incluyendo aquellos administrados por las autoridades de migración (artículo 10 del Pacto)
El Estado Parte debería adoptar medidas para poner fin al hacinamiento en los centros de detención, incluyendo aquellos administrados por las autoridades de migración, y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10. En particular, el Estado Parte debería tomar en consideración las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
A partir del 20 de enero de 2009 inició su funcionamiento el Manual administrativo y de procedimientos de los Centros de Aprehensión Temporal para extranjeros en condición irregular, el cual se constituye en un instrumento que regula las diferentes actividades y procedimientos de los Centros, así como los derechos y deberes de las personas aprehendidas y de los funcionarios y funcionarias destacadas en el lugar. De conformidad con las directrices emitidas por la Dirección General de Migración y Extranjería, su aplicación es obligatoria tanto para las y los aprehendidos, sus visitantes, el personal que labora en ellos, y los demás funcionarios estatales administrativos y policiales. Igualmente será aplicable a los representantes de embajadas, consulados y las organizaciones no gubernamentales que requieran visitar a los detenidos.
Así mismo, el documento hace énfasis en los principios y derechos fundamentales de la persona, quien independientemente de su situación migratoria, goza de una serie de derechos inherentes. La aplicación del manual debe estar sustentada en el ejercicio de un control migratorio respetuoso de los derechos humanos de las personas migrantes, así como en el respeto y reconocimiento pleno de la integridad de cada persona, sin discriminación de tipo social, cultural, de género, racial o de otra índole que menoscabe su condición humana. La Dirección General de Migración y Extranjería ha rendido cuentas sobre el contenido del manual y su aplicación al Foro Permanente sobre la Población Migrante y Refugiada.
El título tercero del manual hace referencia a las condiciones generales de los centros, estipulándose no solamente cuáles son las áreas que éste debe poseer, sino también cómo deben permanecer los aprehendidos en dicho local. En el artículo 61, se establece:
Las personas extranjeras se deberán ubicar en dormitorios generales, considerando la separación para mujeres, hombres y familias, procurando agruparlas por nacionalidad, salvo casos excepcionales. En ningún caso se ubicará un número de personas que exceda la capacidad de los Centros y se deberán tomar las medidas pertinentes para evitar el hacinamiento.
Por otra parte, el Estado costarricense continúa en su empeño por fortalecer y profundizar el respeto a los derechos humanos en la ejecución de las sanciones penales. Se han hecho esfuerzos por redefinir la atención técnica de esta población, proceso que concluyó con la adopción de un nuevo Reglamento Técnico en 2007, que promueve el desarrollo de habilidades y destrezas y la comprensión de los factores incidentes en la conducta delictiva, para facilitar una vida futura sin delinquir a quienes cumplen una condena.
Como resultado, aproximadamente un 30% de la población penal cursa actualmente alguno de los diferentes niveles de la educación formal, gracias a convenios de cooperación entre el Ministerio de Justicia (MJ), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Ministerio de Educación Pública (MEP). Se estimula también la participación en actividades culturales, recreativas y deportivas, siendo que el año anterior se realizaron 1.975 eventos de este tipo. Asimismo, se propicia que organizaciones de la sociedad civil desarrollen proyectos en los establecimientos penitenciarios y se otorgan facilidades para que los detenidos mantengan comunicación con familiares y amigos.
En relación con los servicios de salud, se ha mejorado y ampliado su cobertura mediante el fortalecimiento de los programas sanitarios en las prisiones y el establecimiento de convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), habiéndose logrado tener un médico por cada 37 personas privadas de libertad, mientras que la normativa de atención integral nacional estipula la cantidad de un médico por cada 4.500 habitantes. Al mismo tiempo, se ha mantenido una política de mejoramiento y ampliación de la infraestructura penitenciaria, para brindar condiciones dignas a las personas en custodia.
Respecto a poblaciones penitenciarias pertenecientes a grupos vulnerables, se han impulsado iniciativas para la atención de las necesidades de las personas adultas mayores, incluyendo el mantenimiento de locaciones especializadas. Igualmente, se han promovido acciones para establecer proyectos dirigidos a las mujeres privadas de libertad, con perspectiva de género. Finalmente, cabe destacar el acuerdo de abril del 2009 entre el Ministerio de Justicia y las autoridades de salud, para construir un Hospital Psiquiátrico Penitenciario, que brindará tratamiento a las personas con discapacidades mentales que cumplen condenas.
12. Aunque reconoce los esfuerzos llevados a cabo por el Estado Parte para combatir la trata de mujeres y niños, y la explotación sexual, tales como los sistemas de control y las alianzas con actores del sector privado, entre ellos hoteleros y redes de taxistas; el Comité observa con preocupación la falta de consciencia por parte de la población sobre el carácter delictivo de estos fenómenos. Lamenta además no haber recibido información clara con relación al supuesto tráfico de niños provenientes del Ecuador, ocurrido en 2004. Al Comité le preocupa que actos de esta índole puedan quedar impunes (artículos 2 y 24).
El Estado Parte debería reforzar las medidas de lucha contra la trata de mujeres y niños y en particular:
Asegurarse de que sanciones, conformes a la gravedad de los hechos, sean impuestas a quienes explotaran a aquéllos con tales fines;
Continuar con sus esfuerzos por concienciar a la población sobre el carácter delictivo de la explotación sexual de mujeres y niños;
Dar cursos de capacitación a las autoridades competentes;
Proteger a las víctimas para que puedan hallar refugio y testificar contra los imputados en causas penales o civiles, y otorgarles reparación.
El fenómeno de la Trata de Personas en Costa Rica no es un asunto exclusivo de un solo poder de la República, caso del Poder Ejecutivo (Ministerios e Instituciones Gubernamentales del Gobierno Central), ya que gran parte de la responsabilidad le corresponde al Poder Judicial (Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Juzgados) en lo que respecta a la persecución y la sanción del delito.
No obstante, con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención, por parte del Estado costarricense, en respuesta a dicho compromiso, se crea la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CNCTIMTP) coordinada por el Ministerio de Gobernación y Policía, con la finalidad de reforzar alianzas estratégicas entre las instituciones gubernamentales, agencias de cooperación internacional, fundaciones y organizaciones no gubernamentales vinculadas al combate de este delito; para maximizar recursos y resultados en la prevención, información, detección de víctimas y redes, así como la atención a personas víctimas de trata y la sanción respectiva a los tratantes, todo esto con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.
Mediante Decreto Ejecutivo (N.° 34199 del 3 de enero del 2008) el Estado costarricense reforma la Coalición otorgándole a su Secretaría Técnica (coordinada por el Viceministerio de Gobernación y Policía) una serie de funciones con la posibilidad de implementar fuentes de verificación de la información consignadas en las actividades formativas, tal es el caso de los datos generales de los y las participantes, metodología utilizada, agenda de trabajo, así como un respaldo documental de acuerdos y/o compromisos adquiridos. Cabe destacar que esta información se respalda física y digitalmente.
La tendencia mundial sobre casos de trata arroja datos de crecimiento del fenómeno en las tres vías. La región centroamericana por su situación geográfica presenta condiciones que facilitan la utilización de estas tres vías y Costa Rica no escapa a esta situación constituyéndose en un país de origen, recepción y tránsito de trata de personas en los ámbitos laboral y sexual.
Para el año 2008, la Coalición Nacional tuvo conocimiento de víctimas de trata con destino a México, Nicaragua y Japón. Nicaragua, República Dominicana, Colombia y países de Asia del Este han sido identificados como expulsores de presuntas víctimas de la trata con destino a nuestro país.
Según datos suministrados por el informe del Mapeo Geográfico 2008,San José es la ciudad de destino y “re-distribución” de Trata Interna y Transnacional de mayor importancia. Seguidamente, las provincias de Guanacaste y Puntarenas, así como las zonas fronterizas de Peñas Blancas y Paso Canoas se consideran zonas sumamente vulnerables. La tendencia sigue siendo de sur a norte, se confirma que la trata está vinculada con el fenómeno de la migración y que —para rutas terrestres— la zona norte del país es la de mayor vulnerabilidad en tanto presenta también flujos de norte a sur.
La CNCTIMTP, mediante una de sus subcomisiones, analiza (desde el año 2008) alrededor de treinta situaciones por aparente condición de trata. Destaca mencionar que únicamente dos de ellas involucran posibles víctimas de nacionalidad costarricense. En las situaciones restantes se presentan nacionalidades diversas (Guatemala, Nicaragua y Colombia). Cada una de las situaciones ha sido elevada a las instancias judiciales correspondientes.
En uno de los casos analizados, gracias a la valoración integral e interinstitucional, el Estado costarricense como medida de protección, resolvió otorgar la categoría especial de Refugio a una persona de la región centroamericana, victima que fue sometida a explotación sexual comercial. Los esfuerzos de la Coalición van dirigidos a garantizar la protección y debida atención de las víctimas creándose un Modelo de Atención que se encuentra en su fase de implementación.
La mayoría de las personas presuntas víctimas de trata detectadas en los diversas situaciones analizadas por la CNCTIMTP, presentan una condición migratoria irregular, mostrando además una serie de indicadores físicos y psicológicos propios de la trata como la desnutrición, cuadros ansiosos, lesiones físicas, entre otros.
Se considera que los posibles casos de trata son en su mayoría adolescentes mujeres, con un rango de edad de los 11 a los 19 años, son nacionales (de zona rural y urbana) y extranjeras (nicaragüenses, colombianas, dominicanas, entre otras). Muchas de estas situaciones se vinculan con la explotación sexual, el trabajo doméstico, la construcción en el caso de los hombres y actividades agrícolas, entre otras modalidades.
De acuerdo con los casos analizados por la CNCTIMTP dentro del período evaluado, los tratantes son grupos internacionales de crimen organizado que ofrecen empleos bien remunerados y aún cuando la mayoría de los casos puedan mediar documentos legales, los tratantes retienen dichos documentos.
La información detallada sobre tratantes deberá ser suministrada por las autoridades judiciales correspondientes ya que la labor de la CNCTIMTP se enfoca principalmente a la prevención, a la intervención inmediata y la atención de la víctima. Corresponde al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia la fase investigativa.
La estructura de la CNCTIMTP permite la coordinación y convergencia de acciones y proyectos que abordan la temática, desarrollándose una serie de capacitaciones sobre la prevención del delito de la trata dirigida a funcionarios públicos clave del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, diversos cuerpos policiales del país, representantes de organizaciones no gubernamentales y población vulnerable en esta materia. Se ha diseñado un Modelo de Atención Integral como un conjunto de normas, procedimientos y disposiciones que dan las líneas de acción para la atención y protección a dicha población; en el cual se operacionalizan las obligaciones del Estado desde una perspectiva de atención y protección integral, interinstitucional e intersectorial, flexible y con el objetivo de garantizar la protección, recuperación y la reintegración.
Por primera vez en la historia de Costa Rica, desde el año 2008 se han asignado recursos presupuestales al Ministerio de Gobernación y Policía para el cumplimiento de las acciones en materia de Trata. Tal es el compromiso adquirido que en el mes de febrero del año evaluado se incorporó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel Dengo Obregón” acciones estratégicas vinculadas a ésta temática; situación que refleja el compromiso del país y de las instituciones para el combate de este flagelo.
Una de las fortalezas más importantes con las que cuenta la Coalición costarricense es que la coordinación y su Secretaría Técnica se ubican dentro del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública lo que permite aprovechar la capacidad instalada que generan los cuerpos policiales adscritos a esa cartera para desarrollar la labor de prevención e identificación de posibles casos de trata, ya que como una de las políticas públicas de la institución en materia de prevención es garantizar que la población policial y administrativa cuente con procesos formales validados e incluidos en la malla curricular de formación general de la Escuela Nacional de Policía. Existen procesos de nivelación formativos para aquellos policías graduados con anterioridad al 2008, que se imparte en todas las regiones del país.
Además de los procesos formales, desde la Coalición se han realizado actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a funcionarios públicos (principalmente oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, Policía Especial de Migración y Organismo de Investigación Judicial mediante el mejoramiento de los protocolos de actuación policial para la identificación e intervención directa de víctimas de trata), representantes de organizaciones no gubernamentales y población vulnerable. Los procesos de sensibilización han sido efectivos en la medida en que existen importantes indicadores de compromiso e identificación por parte de los diferentes cuerpos policiales con la lucha contra el fenómeno a partir de los conocimientos adquiridos en estos procesos (Enfoque de Derechos Humanos, diferenciación entre Tráfico, Trata y sus modalidades, prostitución consentida, entre otros). Esto se refleja en un abordaje del fenómeno acorde con la debida diligencia con la que actúan los funcionarios públicos vinculados al tema, lo que evidencia el compromiso de país contra este delito de orden internacional y nacional que afecta el ejercicio pleno de los habitantes.
Por otra parte, la reciente conformación de la Secretaría Técnica de la Coalición y la ausencia de una estructura ejecutiva dentro del Ministerio de Gobernación y Policía, son algunos de los factores que limitan el impacto del trabajo que prevé el Plan contra este delito. Es por esta razón que uno de los proyectos para el año en curso es la presentación ante la Asamblea Legislativa de un proyecto para conformar la Coalición por vía de Ley de la República y no por Decreto Ejecutivo como existe en la actualidad.
El tipo penal que castiga el delito de Trata de Personas ha sufrido diversas transformaciones en la historia del Derecho Penal costarricense. El Código Penal de 1924, sancionaba en su artículo 318, la “Trata de Blancas”. A partir de 1941 el tipo penal sufre varias transformaciones, en 1949 el numeral referido es derogado por el numeral 218 del Código Sanitario. A partir de 1970 se determina un nuevo cambio en el tipo penal sobre la Trata de Personas, se incluye en el capítulo de las víctimas, a las personas menores de edad y se varían los verbos rectores de la norma. Se crean las agravaciones del delito, que remiten al delito de proxenetismo agravado. En el año 1998, mediante la Ley Contra la Explotación de Personas Menores de Edad se reforma el artículo 172 del Código Penal, con una última reforma en agosto de 1999.
Este delito se ha confundido con el delito de Tráfico de Personas y el de Proxenetismo Agravado a la hora de su aplicación.
Código Penal Artículo anterior:
“Artículo 172.-
Quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país de personas de cualquier sexo, para que ejerzan la prostitución o para mantener en servidumbre sexual o laboral, será sancionado con pena de prisión de tres a seis años. La pena será prisión de cuatro a diez años, si media alguna de las circunstancias enumeradas en el proxenetismo agravado”. (Así reformado mediante Ley 7899 del 3 de agosto de 1999, publicada en la Gaceta N° 159 de 17 de agosto de 1999).
La Coalición, al realizar el estudio y análisis del texto del delito de Trata de Personas del Código Penal vigente, consideró adecuar dicho texto a los requerimientos para una efectiva persecución del delito, por lo que redactó una propuesta que fue presentada por el Ministerio de Gobernación y Policía, como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. En la propuesta se sustituye el texto y se introduce por primera vez la trata interna y agravantes que deben conformar ese delito así como una pena máxima de 16 años de prisión. En ese mismo sentido la norma propuesta elimina cualquier posibilidad de confusión a la hora de su aplicación por parte de fiscales y jueces con el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes y el de Proxenetismo. En el Diario Oficial la Gaceta N.° 77 del 22 de abril del 2009 se publica la Ley N° 8720 “Ley de Protección a Víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal y al código penal”.
Artículo 172.-
“Delito de Trata de Personas.”
Será sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años, quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre sexual o laboral, a esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, a trabajos o servicios forzados, a matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular.
La pena de prisión será de 8 a 16 años, si media, además, alguna de las siguientes circunstancias:
a) La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se encuentre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad.
b) Engaño, violencia, o cualquier medio de intimidación o coacción.
c) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.
d) El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.
e) El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña.
f) La víctima sufra grave daño en su salud.
g) El hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros."
Cabe agregar que, en Costa Rica, para combatir la explotación sexual, se han logrado grandes cambios en las normas, propiamente con la Ley N.º 8590, que habla sobre el “Fortalecimiento de la Lucha contra Explotación Sexual de las Personas Menores de Edad Mediante la Reforma y Adición de varios artículos al Código Penal, Ley 4573, y Reforma de varios artículos del Código Procesal Penal, Ley N.° 7594 y que corresponden a los delitos de Violación, Relaciones Sexuales con Personas Menores de Edad, Actos Sexuales Remunerados con Personas Menores de Edad, Abusos Sexuales contra Personas Menores de Edad e Incapaces, Abusos Sexuales contra las Personas Mayores de Edad, Corrupción, Proxenetismo, Rufianería y Fabricación, producción o reproducción de pornografía.
En el ámbito de la prevención las instancias participantes de la CNCTIMTP impulsaron desde el 2008 un exitoso proceso de formación de la policía comunitaria y la divulgación de una campaña nacional de comunicación nacional dirigida a prevenir y a denunciar la trata de personas en el campo de la protección a víctimas, la Coalición en conjunto con otras instituciones, implementó la capacitación Del Protocolo Para La Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata de Personas a funcionarios consulares destacados en el extranjero; a la vez, se han realizado sesiones de Capacitación dirigidas a los funcionarios competentes de su aplicación. Asimismo, la Coalición Contra la Trata ha elaborado un Modelo de Atención y Protección a Víctimas De Trata y se ha conformado un Equipo de Respuesta Inmediata para Casos De Trata, el cual entrará en funcionamiento vía Decreto Ejecutivo N°35144-MG-MTSS, en el segundo trimestre del año 2009. Además, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), está en proceso la creación y consolidación de Sistemas Locales de Protección (SLP) que son instancias de articulación interinstitucional en las comunidades para dar respuesta efectiva a las situaciones violatorias de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, como lo es la trata de personas.
Cuando se habla de procesos de capacitación, nos referimos a actividades formativas de más de 16 horas. Aunado a este esfuerzo nacional el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, la Coalición y el UNICEF capacitaron a 50 miembros de la policía comunitaria e instructores de policía, a fin de que puedan identificar posibles situaciones de trata y capacitar a estudiantes y miembros de las comunidades en la prevención de la Trata. Además, el tema también se ha incluido en la malla curricular de la Escuela Nacional de Policía para que sea conocido por todos los niveles policiales para el 2009.
En el caso de los procesos de sensibilización, son actividades de un máximo de ocho horas, y lo que buscan es generar espacios de reflexión e información a los participantes. Se debe recalcar que los procesos informativos estuvieron a cargo de los miembros de la Policía Comunitaria, y consistieron en informar a la población sobre la Trata y qué hacer en situaciones de sospecha; además se entregaron panfletos sobre el tema en cuestión.
En atención al trabajo de cooperación de organismos internacionales, se contó con una colaboración intensa por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Save The Children, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); además de organizaciones no gubernamentales como la Fundación PANIAMOR, el Centro Internacional de Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM), Fundación Rahab, DNI, entre otros.
Como es sabido, por lo general, la trata de personas es un delito que rebasa fronteras, por lo tanto las estrategias únicamente nacionales son insuficientes, se requiere afrontar de manera conjunta y organizada en el plano subregional. Como iniciativa costarricense (el gobierno costarricense apoyó además toda la logística en lo relacionado con el recurso humano que dio apoyo a la actividad) y con la colaboración de OIM, OIT, UNICEF, Save the Children y AECID, esto quedó evidenciado en el Primer Encuentro de las Coaliciones Nacionales contra la Trata de Personas en la Región Centroamericana, México y República Dominicana (San José, 10 al 12 de noviembre de 2008), en el que funcionarios y funcionarias de los diferentes países, dialogaron ampliamente sobre la necesidad urgente de establecer mecanismos formales e informales de cooperación horizontal, de atención y protección a víctimas, de intercambio de buenas prácticas y de investigaciones especializadas, a la vez que se logra articular y coordinar los diferentes esfuerzos nacionales, bilaterales y multilaterales No se debe dejar de lado la rendición de cuentas que hace el Estado Costarricense en las diferentes instancias internacionales como es la CRM, el SICA, y la Red de Trata de Centroamérica entre otros.
El Estado costarricense cuenta con una serie de instrumentos aplicados a la protección y atención de víctimas, tal es el caso de la existencia de un Protocolo para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata, El Protocolo para Personas Menores de Edad confeccionado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el sistema de atención de situaciones incorporado con el sistema de llamadas de emergencia 911 y la construcción del Modelo de Atención y Protección promovido por la CNCTIMTP, que pretende en su fase de implementación reforzar lo existente y ajustar acciones de las instituciones para brindar una adecuada respuesta nacional, más allá de una respuesta institucional aislada e ineficiente.
Estas herramientas han sido socializadas a los funcionarios públicos que conforman las instituciones dentro del contexto de la Coalición y la respuesta integral a la trata de personas. Además de las capacitaciones formales (ya citadas en este informe) al personal policial, la Secretaría Técnica ha invertido recursos en generar procesos formativos con funcionarios de diversos Consulados, Cancillería, funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería, entre otros.
La CNCTIMTP en uno de sus ejes de actuación contempla la Atención y Protección a Víctimas de la Trata, para lo cual se conformó una Subcomisión Especial para la creación de un Modelo de Atención y Protección, lo que ha sido consignado dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
Dicho Modelo está construido mediante una serie de enfoques rectores:
Enfoque de Derechos Humanos: Partiendo del hecho que el Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación, y que estos son irrenunciables, indivisibles e inalienables;
Enfoque de género. Reconoce y toma en cuenta para brindar atención especializada, todos aquellos condicionamientos sociales que establecen formas diferenciadas de ser, de pensar y de hacer para hombres y mujeres, que históricamente han posibilitado y perpetuado relaciones de dominio y control;
Enfoque generacional. Implica que las políticas, prácticas y disposiciones institucionales deben ajustarse en todos sus alcances, para corresponderse con el momento de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, en su ciclo vital. Asimismo, implica la concepción de nuevas relaciones entre las personas adultas y las menores de edad, basadas en el reconocimiento y respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Enfoque contextual. Dispone que toda intervención institucional deba tomar en cuenta las condiciones históricas de una sociedad en particular y del contexto familiar, comunal, institucional, económico-político y socio-cultural en que puedan estar inmersas las personas menores de edad destinatarias de dicha intervención.
El Modelo de Atención y Protección incluye además normas, procedimientos, lineamientos y disposiciones que dan líneas de acción para la atención, dando cumplimiento a las obligaciones del Estado. Comprende la atención como un proceso integral en donde se incorporan múltiples respuestas interinstitucionales e intersectoriales.
Resulta destacable la consolidación de dicho Modelo en torno a sus principios rectores, descritos anteriormente, ya que esto permite cumplir con la debida atención de víctimas sin importar su estatus, nacionalidad, edad entro otros factores.
Operativamente, gracias al involucramiento de las instituciones dentro del contexto de la CNCTIMTP, se cuenta con albergues u otras formas de alojamiento destinados a la atención de víctimas, tal es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y el Patronato Nacional de la Infancia. Dichas instituciones proveen una serie de servicios especializados acorde a las necesidades de las víctimas (servicios médicos, psicológicos, asesoría legal, entre otros). Debido a la peligrosidad que representa la protección de víctimas de trata en estos albergues, se han generado protocolos de intervención policial para proteger a las víctimas en estos albergues.
La Dirección General de Migración y Extranjería mediante la aprobación de la Ley N.° 8764 de Migración y Extranjería, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 170 de 01 de septiembre del 2009, promueve dentro de su accionar la incorporación de una categoría especial para víctimas de Trata, con el fin de regular situaciones migratorias que, por su naturaleza, requieran un tratamiento diferente de las categorías migratorias (art. 94), así como otros beneficios a favor de esta población vulnerable.
El Poder Judicial tiene una Oficina de Atención a la Víctima, que además cuenta con los mecanismos necesarios para proporcionar protección tanto a víctimas como a testigos claves. Con la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, se incluyen artículos específicos para la protección de víctimas de trata y se penaliza a toda persona que rinda información que pueda poner en peligro a las mismas.
También se coordinan acciones concretas con las diversas Agencias de Cooperación Internacional y con las Organizaciones No Gubernamentales, lo que merece volver a citar el trabajo realizado junto con PANIAMOR con la colaboración de Save The Children, en torno a la elaboración del Mapeo Geográfico y Social 2008.
El estudio de situaciones involucra la participación de agencias y/o organizaciones como el ACNUR, la OIM y el UNICEF.
Cabe destacar que la Secretaría Técnica de la Coalición junto al UNICEF ha presentado un proyecto ante la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica para la creación de un albergue especializado para casos de trata.
Constantemente, el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública mediante sus cuerpos policiales realizan una serie de operativos de control y prevención que involucran el delito de la trata de personas. Lo anterior es gracias a los procesos de formación realizados por la Secretaría Técnica de la Coalición. La mayoría de las situaciones activadas y analizadas en la Subcomisión de Atención y Protección, tanto como los casos elevados al Ministerio Público investigados por el Organismo de Investigación Judicial, responden al trabajo preventivo realizado por la policía administrativa.
En su rol preventivo, la policía costarricense cuenta con una Dirección de Seguridad Comunitaria que ya ha sido capacitada y entrenada como facilitadores de prevención de la trata de personas, lo que se complementó con una campaña a nivel nacional en diferentes medios de comunicación masiva.
La Dirección de Control de Propaganda de este Ministerio, también realiza activamente una labor preventiva con la coordinación del Ministerio de Educación Pública, abarcando escuelas y colegios ubicados en zonas que muestran algún grado de vulnerabilidad.
Otra fortaleza institucional es la creación de una Plataforma de Prevención que también dirige el Viceministerio de Gobernación y Policía en donde se abarcan una serie de temáticas relacionadas como es el caso de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la Violencia de Género, entre otras. Se ha incluido en esa dinámica el fenómeno de la trata. Dicha Plataforma se encuentra fortalecida por el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas esperando crear una estructura formal dentro de la institución.
El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, el PANI, la CNCTIMTP y el UNICEF y la OIM han desarrollado en los últimos dos años campañas de divulgación entorno a este delito.
La campaña denominada “No te Dejes engañar”, que tiene como fin prevenir a adolescentes, a las familias y a las comunidades sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas, fue diseñada con los aportes de jóvenes y adultos. Esta campaña contempla anuncios de televisión, cuñas de radio, afiches, historietas y una serie de materiales didácticos que acompañan los procesos de capacitación de funcionarios de la policía comunitaria, adolescentes y adultos quienes desarrollarán charlas y planes para la prevención de la trata en sus comunidades.
El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública como ente rector de la Coalición ha venido impulsando una serie de acciones estratégicas para posicionar el tema en la agenda nacional entre las que destacan las campañas “No te dejes Engañar y “ No Más Trata de Personas ” ,actividades que generaron que de los policías capacitados trabajaran en las comunidades informando y previniendo a la población de este delito.
En el caso de la Campaña “No Más Trata de Personas”, busca visibilizar los fines de la explotación de la trata de personas incluyendo no solo la sexual forzada, sino la trata con fines laborales". Asimismo, se pretende evidenciar las poblaciones victimizadas
De igual forma, se ha desarrollado con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos actividades de sensibilización para comunicadores de medios radiales, televisivos y de prensa escrita, que se encuentran vinculados a esta temática, y que por ende requieren de un mayor conocimiento sobre este flagelo.
Con el desarrollo de los talleres Binacionales con Panamá y Nicaragua sobre las rutas o posibles rutas de Trata los/as informantes claves ubican en los mapas la información de manera que ésta se interconecta permitiendo así realizar un análisis integrado de la información plasmada en ellos y derivar de los mapas las conclusiones y las recomendaciones en estas problemáticas.
Esta información promueve un abordaje coordinado y eficaz en la intervención, prevención y represión de estos delitos entre los países, así como una actualización de Rutas terrestres Nacionales e Internacionales, Aéreas, Marítimas y Puntos No Habilitados. Aunado a estos esfuerzos, la Secretaría Técnica de la Coalición gracias al apoyo del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública junto a la Fundación PANIAMOR y Save The Children Suecia (como apoyo técnico y logístico), asumieron el reto a partir de octubre del 2008 de implementar como parte de su accionar el Mapeo Geográfico y Social como herramienta de análisis basada en la investigación-acción aplicado al estudio de la Trata de Personas vinculada con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, con el fin de hallar un resultado sinérgico -conocimiento relevante- o conclusiones factibles de ser generalizadas, para perfeccionar el proceso cognoscitivo e investigativo y de toma de decisiones, frente a la incertidumbre informacional en cualquier entorno institucional u organizacional situación que ocurre en todos los países con respecto a la ausencia de bases de datos atinentes a la trata.
Dentro de la información relevante que se ha obtenido se describe lo siguiente:
Rutas internas de trata;
Zonas de vulnerabilidad de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y de trata por provincia;
Zonas de “enfriamiento” (lugares en los que los tratantes ubican a sus víctimas por periodo de tiempo para el traslado a otras zonas, a nivel nacional o internacional);
“Puntos ciegos” (lugares no habilitados para el ingreso o egreso legal de un país);
Turismo sexual;
El perfil de los explotadores;
Víctimas (factores de riesgo; mecanismos de protección de sus derechos);
Intermediarios/as de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata;
Un estimado de casos que representa una exploración de la magnitud del problema en el país;
Un análisis de las tendencias generales observadas.
Los mapeos en las zonas fronterizas terrestres se elaboraron mediante Talleres Binacionales con policías de frontera, funcionarios migratorios, oficiales de investigación y fiscales de los dos países (Panamá 27 y 28 de noviembre de 2008 y Nicaragua 28 y 29 de enero de 2009) involucrados de cada zona. Por otro lado, el Mapeo Nacional (Costa Pacífico Central) se elaboró en el mes de octubre con informantes claves costarricenses del sector salud y educación.
Otra fuente de información es la Línea telefónica de Emergencia 911, en la cual se registran posibles casos de Trata de Personas, las que se derivan con las autoridades correspondientes como es el caso del PANI, Ministerio de Seguridad Pública, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre otros. En observancia a este punto, cada registro es debidamente documentado con un código específico.
Es importante subrayar que, tanto el OIJ como el Ministerio Público (Fiscalías) cuentan con sus propias fuentes de información y verificación de casos, lo que conlleva al desarrollo las diversas investigaciones en proceso.
El tema del manejo y recopilación de información sobre la trata es uno de los retos planteados mediante la operacionalización con cada de una las instituciones gubernamentales competentes, del Modelo de Atención y Protección creado el pasado 2008. Dicha acción permitirá un manejo de información eficaz.
Estudios recientes de organismos internacionales han evidenciado la existencia redes de delincuentes dedicadas a la trata de personas en la región centroamericana. Numerosos son los casos presentados a instancias judiciales y a instituciones de protección en busca de asistencia e intervención judicial. El análisis de casos paradigmáticos reflejan el complejo nivel de organización de estas redes así como las nefastas consecuencias de las personas objeto de de este delito.
Conociendo plenamente que un delito organizado solo se puede enfrentar de forma organizada, los países de la región a su vez han creado plataformas de coordinación inter-institucional que defina su actuación en las áreas de prevención, atención a victimas y persecución del delito. La mayoría de los países ya cuentan con un plan nacional de acción, donde se convocan diferentes competencias y responsabilidades de actores claves a nivel nacional. Durante los procesos de elaboración e implementación de estos planes de acción, estas plataformas —también llamadas coaliciones, mesas o grupos— han venido generado una amplia experiencia de acercamiento a la problemática, de lecciones aprendidas y de trabajo conjunto.
Dado que las redes de trata actúan tanto a nivel nacional como internacionales, se hace necesario a su vez fomentar la coordinación bilateral y multilateral para una efectiva respuesta en la atención de los casos, en los esfuerzos de prevención y en la persecución y sanción de los tratantes.
A pesar de que el tema de trata de personas se ha venido trabajando de forma conjunta a través de foros permanentes tales como las comisiones del Sistema de Integración Centroamericana, la Conferencia regional sobre Migración, entre otros, se hace necesario mayor coordinación a nivel operativo y atención de casos concretos entre estas plataformas nacionales.
Para que esto ocurra, sin embargo, es urgente la necesidad de propiciar un encuentro donde las y los funcionarios se conozcan, intercambien ideas, lecciones aprendidas y sobretodo que conduzca a la creación de mecanismos de coordinación y seguimiento de casos concretos que traspasen las fronteras.
La labor de los organismos internacionales ha sido fundamental en el avance que los países han logrado en el combate a la trata de personas. El apoyo técnico y financiero de estas agencias, unido al compromiso manifiesto de los gobiernos para enfrentar esta problemática, ha probado ser piezas claves para los logros que se ha obtenido en la región frente a esta problemática.
Por otro lado en los últimos dos años Costa Rica ha sido pionera en la coordinación interagencial para potencializar la ayuda internacional y evitar la duplicidad de esfuerzos. Es por esta razón que los días 11 a 13 de noviembre del 2008, se realizó en Costa Rica el Primer Encuentro de Coaliciones Nacionales contra la Trata de Personas en la región centroamericana. Se contó con la participación de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana y México, y lo que se buscó fue promover y fortalecer el intercambio de experiencias y la coordinación transfronteriza entre las plataformas nacionales creadas en los países centroamericanos para enfrentar este delito.
Lo que se busca es crear un marco de acción regional para el combate, la prevención y la atención a víctimas de trata de personas, principalmente con fines de la explotación sexual, en América Central (el bien público regional). En este proyecto participan cinco países Centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) que identificaron la necesidad de contribuir a la definición de estándares, políticas y procesos regionales para combatir y prevenir la trata de personas y mejorar la atención a las víctimas del delito, particularmente a las mujeres y menores de edad de ambos sexos.
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