Año

2005

2006

2007

2008* (27/3/08)

50

81

99

21

Para dar a conocer su servicio de asistencia jurídica, en 2006, el Instituto elaboró un folleto específico sobre este tema y lo presentó durante un seminario celebrado en Bruselas en noviembre de 2006. En 2006 y 2007, los objetivos de esta misión se explicaron en una serie de sesiones de formación y presentaciones, máxime a asociaciones de mujeres y al Consejo Superior de Justicia.

En 2007, el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres, el Centro para la igualdad de oportunidades y el Departamento de Empleo organizaron conjuntamente un programa de sensibilización en materia de discriminación y en lo tocante a la nueva legislación federal destinada a combatir la discriminación, en el marco de diez seminarios distribuidos por todo el territorio del país, con el fin de promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la lucha contra la discriminación y sensibilizar al público con respecto a este tema. El principal grupo destinatario estaba constituido por los servicios de inspección, los consejeros en prevención, los sindicatos, los empleadores, los agentes sociojurídicos y los magistrados.

La aplicación de los puntos de apoyo basados en el derecho internacional privado descrita en el informe ha sido objeto a evaluación. En 2006, el número de demandas fue de 946, de las cuales un 58% fueron interpuestas por mujeres, el 41% de las cuales de nacionalidad belga y el 21% de nacionalidad marroquí. Un tercio de las demandas se refería a matrimonios y uniones de hecho, un tercio a divorcios y repudios y un tercio a la filiación, la adopción y otros temas. Esta experiencia ha suscitado reacciones muy positivas por parte de los todos los agentes involucrados y corresponde a una necesidad real que ha llevado a considerar la posibilidad de prolongar el proyecto.

6. Sírvase proporcionar datos desglosados por sexo sobre el número de demandas civiles y penales interpuestas desde la promulgación de la ley de 25 de febrero de 2003 y cuáles son relevantes para la Convención. Sírvase indicar también el número de demandas civiles y penales que han prosperado y las sanciones que se han impuesto. Sírvase indicar cuántos casos de discriminación contra la mujer en el empleo han sido denunciados por la Inspección de Leyes Sociales en ausencia de una denuncia oficial y proporcione detalles sobre su resolución. El porcentaje de denuncias de discriminación sexual presentadas en la ventanilla antidiscriminación de la Oficina regional de empleo de Bruselas (página 15 del informe) es muy bajo (5%). Sírvase proporcionar datos recientes sobre el número de casos denunciados cada año a raíz de las iniciativas de sensibilización emprendidas desde 2002 en la Región de Bruselas-Capital.

La ley prohíbe las discriminaciones directas e indirectas y la incitación a practicar una discriminación en el marco de las relaciones laborales, tanto en el sector público como en el sector privado, durante todas las etapas de la trayectoria profesional, desde los criterios de selección y contratación hasta las condiciones de remuneración, promoción y despido.

Las trabajadoras que son objeto de tales discriminaciones pueden dirigirse a las siguientes instituciones públicas competentes a nivel federal:

–El Departamento encargado del Control de las leyes sociales en el seno del Departamento de Empleo. Los inspectores están facultados para entablar un procedimiento de conciliación al objeto de poner fin al caso de discriminación. Si el empleador se niega a poner fin al caso, en los casos graves y flagrantes, los inspectores podrán levantar acta. También están facultados para elaborar un informe en el que se describan los hechos, documento que podrá reclamar el Tribunal Laboral.

Encuestas sobre discriminación

2004

2005

2006

Denuncias

14

13

14

Solicitud de información

2

Otras encuestas

3

4

3

Total

17

17

19

2004

2005

2006

Resultados de las inspecciones

Nº de medidas de seguimiento

Nº de trab.

Nº de medidas de seguimiento

Nº de trab.

Nº de medidas de seguimiento

Nº de trab.

Advertencia

2

1

2

1

2

2

Regularización

4

2

1

3

0

0

Ausencia de irregularidad

9

1

7

33

5

14

Caso cerrado

9

73

14

54

14

10

Totales

24

77

24

91

21

26

Fuente: Control de las leyes sociales, Departamento federal de Empleo, Trabajo y Concertación social.

-El Centro para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo y el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres, que prestan asistencia a las personas que son víctimas o testigos de actos de discriminación para informar, analizar las situaciones, orientar a dichas personas hacia los servicios existentes, recibir una denuncia, proponer una mediación y, en su caso, plantearse la posibilidad de entablar un procedimiento judicial.

Denuncias de discriminación, racismo y otros delitos de incitación al odio:

Total

%

Hombre

Mujer

No comunicadas

Raza

650

39%

419

64%

189

29%

42

7%

Discapacidad

192

12%

93

49%

91

47%

8

4%

Orientación sexual

111

7%

95

85%

13

12%

3

3%

Creencias religiosas o convicciones filosóficas

75

5%

37

50%

34

45%

4

5%

Estado de salud

61

4%

38

62%

22

36%

1

2%

Edad

56

3%

36

64%

17

31%

3

5%

Otros motivos (características físicas, patrimonio, nacimiento y estado civil)

38

2%

21

55%

16

42%

1

3%

Otros motivos (centro no competente, sin determinar …)

466

28%

301

65%

149

32%

16

3%

Total

1 649

100%

1 040

62%

531

32%

78

5%

Fuente: Centro para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo.

Desde su creación, el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres entablaron una acción judicial en materia civil en cuatro casos con el fin de prestar asistencia a las mujeres que habían presentado una denuncia. En 2007, siguen en curso tres asuntos pertenecientes al ámbito de las relaciones laborales.

El cuarto asunto “Rentawife” ha desembocado en una sentencia del Presidente del Tribunal de Comercio de Bruselas, en procedimiento de urgencia, el 26 de septiembre de 2007 (IEFH contra Emakina e.a). Se trataba de un anuncio insertado en un sitio Web para promover un servicio de alquiler de DVD por correspondencia, en el que se anunciaba un servicio que consistía en alquilar una mujer y recibirla por correo con la posibilidad de pedir varios ejemplares al mismo tiempo y reenviarlos en un proceso de intercambio sin fin. En el sitio Web se difundía un vídeo en el que aparecía una mujer ligera de ropa atada por las muñecas y los tobillos a punto de ser introducida en una caja por el usuario descontento, quien, tras limpiar el polvo del embalaje, la entregaba al cartero para que la devolviera al remitente. El juez llegó a la conclusión de que se trataba de una publicidad sexista que podía considerarse un caso de discriminación por razón de sexo en el sentido de la ley de 25 de febrero de 2003 y prohibió esta discriminación bajo pena de multa.

En abril de 2008, el Instituto se constituyó también en parte civil en un asunto penal relativo al asesinato de una menor de origen paquistaní a manos de su hermano, que podría considerarse un crimen de honor.

En la región de Bruselas-Capital, se ha creado en la ORBEM (Oficina regional bruselense del empleo) una ventanilla antidiscriminación con el objeto de luchar, en particular, contra los principales actos de discriminación en la contratación. Recibe solicitudes de información tanto de los desempleados como de los empleadores, además de demandas que pueden dar lugar a diversas actuaciones (asistencia, mediación o seguimiento judicial). Llegado el caso, realiza su labor dentro de un marco de colaboración oficial con el Centro para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo y el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres.

Cuando se dé una combinación de diferentes discriminaciones, este organismo tratará la demanda sobre la base de la competencia que se le ha otorgado o sobre la base de la declaración del demandante o la demandante, que no identifica necesariamente la discriminación sexual como la principal modalidad de discriminación. Si bien las demandas presentadas por los hombres son más numerosas que las presentadas por las mujeres, cabe observar que, por lo que respecta a algunos casos de discriminación vinculados a una discapacidad social, el estado de salud y las creencias religiosas, las demandas presentadas por las mujeres son más numerosas que las presentadas por los hombres.

Mayo de 2003/abril de 2004: 191 demandas, 7 demandas de discriminación por razón de sexo.

Mayo de 2004/abril de 2005: 113 demandas, de las cuales 44 fueron presentadas por mujeres, ningún registro de denuncias de discriminación por razón de sexo.

Año 2006: 103 demandas, de las cuales 44 fueron presentadas por mujeres, 3 demandas por discriminación por razón de sexo.

Año 2007: 107 denuncias, de las cuales 41 eran de mujeres, 4 demandas por discriminación por razón de sexo.

7. Sírvase indicar si Bélgica está estudiando la posibilidad de establecer una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los Principios de París (resolución 48/134 de la Asamblea General).

Durante la anterior legislatura, se debatió la creación de una Comisión nacional de derechos humanos. Este proyecto entraña numerosas cuestiones institucionales, dado que Bélgica ya cuenta con varias instituciones que tienen competencias en las cuestiones vinculadas a los derechos humanos.

En 2006, se solicitó un dictamen detallado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que fue objeto de un examen pormenorizado. Varias organizaciones no gubernamentales emitieron también su dictamen en un documento que contenía propuestas concretas para la creación de una Comisión nacional de derechos humanos.

Durante los trabajos preparatorios, la cuestión se debatió en profundidad y las diferentes opciones son objeto de un examen atento en el que se tienen en cuenta los dictámenes recibidos, los Principios de París y el entorno institucional interno. En esta etapa, aún es pronto para pronunciarse sobre una posible fecha para la creación de la institución.

Si bien no existe todavía ninguna Comisión nacional de derechos humanos, cabe señalar que ya existen instituciones específicas que se ocupan de cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Por ejemplo, además del Centro para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo, creado en 1993, en 2002 se creó el Instituto para la igualdad entre las mujeres y los hombres con la misión de velar por el respeto de la igualdad entre las mujeres y los hombres y combatir todas las formas de discriminación y desigualdad por razón de sexo, y, por último, en 2007, se creó la Comisión nacional de derechos del niño, que es una plataforma de concertación caracterizada por una amplia representación de todos los niveles de poder y de la sociedad civil. Bélgica cuenta también con una Comisión interministerial de derecho humanitario, cuya misión es coordinar las medidas nacionales de aplicación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos y examinar cuestiones relativas al derecho internacional humanitario.

Estereotipos y educación

8. El informe indica que el Estado Parte ha emprendido varias iniciativas, entre ellas la aprobación por el Senado en 2006 de una resolución sobre la imagen de la mujer y el hombre en la publicidad, a fin de eliminar determinados comportamientos, prejuicios y estereotipos tradicionales socioculturales relativos a las funciones y responsabilidades del hombre y la mujer en la familia y la sociedad en general (páginas 53 a 60). Sírvase indicar si se ha realizado una evaluación de sus efectos para determinar los principales logros y dificultades de estos programas, y si se ha adoptado alguna medida correctiva.

Además del procedimiento judicial entablado contra una empresa responsable de una publicidad sexista en Internet referida en la respuesta a la pregunta nº 6, que ha establecido una nueva jurisprudencia, en 2008, el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres encargó a la Universidad de Amberes la realización de un estudio pormenorizado sobre la definición de “sexismo”, cuyo concepto y límites resultan difíciles de definir en el plano jurídico, con el fin de buscar soluciones eficaces para luchar contra los estereotipos sexistas.

En los últimos dos años, las autoridades flamencas no han realizado estudios específicos sobre los estereotipos en la publicidad, pero sí se han realizado estudios acerca de los prejuicios y estereotipos tradicionales socioculturales relativos a las funciones y responsabilidades del hombre y la mujer en la familia. El Centro de investigación del Gobierno flamenco ha realizado estudios sobre (las actitudes hacia) la asignación de funciones a ambos sexos dentro de las familias, en los que se comparan las actitudes de las personas encuestadas (hombres y mujeres) con respecto a 15 afirmaciones relativas a la asignación de tareas y funciones a los hombres y las mujeres.

En líneas generales, los resultados de las investigaciones no indicaron cambios significativos de actitud con respecto a la igualdad entre los géneros durante el período 1996-2006. Si bien en algunos aspectos, las personas encuestadas solían apoyar la igualdad más que antes, en otros aspectos la apoyaban menos.

No obstante, ha mejorado la actitud de las mujeres mayores de 45 años y los hombres de edades comprendidas entre los 45 y los 54 años, las mujeres de escasa educación y los hombres con educación superior con respecto a la igualdad entre los géneros en la asignación de funciones.

La pregunta principal planteada en el estudio de la Comunidad francesa sobre la integración entre los jóvenes de estereotipos sexistas vehiculados por los medios, realizado en 2006 por la Universidad de Lieja, es la siguiente: ¿cómo integran los jóvenes los mensajes y las imágenes sexistas vehiculados por los programas audiovisuales, fundamentalmente televisivos?

En total, participaron más de 1.700 alumnos (de 8 a 18 años) y sus respuestas revelaron que la presencia de estereotipos sexistas en los medios es un fenómeno masivo y muy presente en los programas que ven los jóvenes.

Los autores formularon una serie de recomendaciones concretas, por ejemplo:

promoción de la educación en los medios en el entorno escolar (haciendo especial hincapié en el aprendizaje de la “lectura de la imagen”);

organización de una campaña de descodificación de los estereotipos sexistas en el ámbito escolar;

sensibilización del entorno familiar con respecto a la importancia del modo de consumo audiovisual (fomentar un consumo “reflexivo” que permita comentar con adultos lo que el joven ha visto).

En marzo de 2007, se presentó y difundió el informe definitivo sobre los resultados del estudio, con ocasión de una mesa redonda organizada en Bruselas, en la que participaron más de 100 personas. Además de la difusión de los resultados de esta encuesta al público en general, la mesa redonda ofreció a los productores profesionales de los medios, las autoridades gubernamentales y la sociedad civil la oportunidad de debatir una serie de cuestiones primordiales, por ejemplo: ¿qué líneas de actuación deben seguirse para garantizar una representación equitativa de ambos sexos en los medios? ¿Cómo reducir la influencia de estos estereotipos en los jóvenes? La publicación de los resultados del estudio fue objeto de una excelente cobertura en la prensa, en particular la prensa escrita, pero también en la televisión y en la radio.

9. Sírvase proporcionar información sobre las medidas que se han adoptado para integrar la igualdad entre los géneros y otras normas de derechos humanos en los planes de estudios de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria de las distintas regiones y Comunidades del Estado Parte.

Las tres Comunidades de Bélgica se comprometieron a incorporar los derechos del niño entre los objetivos finales obligatorios de la enseñanza.

La formulación de los objetivos finales y de desarrollo de la educación de la Comunidad flamenca de Bélgica es neutra con respecto al género. En particular, los temas interdisciplinares promueven la igualdad de oportunidades para las niñas y los niños y para los grupos desfavorecidos, dado que combaten los estereotipos y promueven una actitud respetuosa hacia las diferencias (de sexo, capacidad física, grupo étnico, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, edad, etc.).

Se están actualizando los objetivos interdisiplinares de la educación secundaria. Actualmente, la Universidad Libre de Bruselas (VUB) lleva a cabo un estudio de evaluación con el objeto de evaluar la importancia social y educativa de los objetivos, así como su viabilidad. El estudio se basa en una encuesta realizada a profesores, directores de escuela, alumnos, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales. No obstante, los principios rectores seguirán siendo los principios emancipatorios que subyacen a los actuales objetivos.

El proyecto ANKIE ofrece líneas directrices e instrumentos pedagógicos destinados a la educación primaria para fomentar la elección de estudios consciente, libre y sin sesgos de género. La idea del proyecto es que las barreras que obstaculizan la carrera profesional en el sector tecnológico serán menores si se estimula la información, la sensibilización y los cambios de actitud y comportamiento.

Recientemente se han actualizado las competencias mínimas para la profesión docente. Las competencias mínimas de los docentes son la totalidad de conocimientos y aptitudes que cabe esperar de un docente principiante. Las competencias interculturales ya estaban implícitamente incluidas, pero ahora han sido explícitamente incorporadas. Un ejemplo es el conocimiento básico y las aptitudes del docente para “estimular la emancipación del alumno”. El docente puede reconocer la individualidad de los alumnos y los grupos sociales, analizar estos aspectos con los alumnos y reforzar el desarrollo de sí mismo y la integración social del joven. Se requiere el conocimiento de las diversas culturas sociales y de los jóvenes, y de las diferencias culturales entre los grupos sociales.

En la Comunidad francesa, el decreto sobre las “misiones” de 24 de julio de 1997, en el que se definen las misiones prioritarias de la educación básica y la educación secundaria y se organizan las estructuras adecuadas para cumplirlas, establece que la Comunidad francesa debe garantizar el respeto de los principios fundamentales, que se mencionan en la pregunta nº 9 (igualdad entre hombres y mujeres y normas relativas a los derechos humanos).

Las cuatro Comisiones de los programas (para la educación básica y el primer grado de educación secundaria, para las humanidades generales y tecnológicas, para las humanidades profesionales y técnicas, para la educación secundaria especializada de la modalidad 3), competentes para todas las redes de enseñanza deben velar por que se respete el espíritu de dicho decreto que establece su creación.

Además, el Programa de acción gubernamental para la promoción de la igualdad mujeres-hombres, de la interculturalidad y de la inclusión social asigna, en el marco de sus acciones estructurales, un lugar prioritario a la lucha contra los estereotipos sexistas.

El Contrato estratégico para la Educación establece que: “(...) la Comisión de pilotaje se encargará de aprobar los manuales escolares, sobre la base del dictamen de los servicios de inspección. Esta aprobación tendrá una función indicativa de conformidad con lo prescrito en el decreto sobre las misiones y las referencias pedagógicas comunes y, además del diálogo intercultural y la inclusión social, tendrá también en cuenta la igualdad mujeres-hombres.”

El decreto relativo a la actualización y difusión de manuales escolares, soportes lógicos escolares y otras herramientas pedagógicas en los establecimientos de enseñanza obligatoria, adoptado el 19 de mayo de 2006, establece que la Comisión de pilotaje se encargará de aprobar a título indicativo, sobre la base del dictamen de la Inspección escolar, los manuales que se le presenten para aprobación, especialmente en relación con el respeto de los principios de igualdad.

Por último, el enfoque teórico y práctico de la diversidad cultural y de la dimensión de género es parte integrante de la formación inicial de los maestros y regentes (30 horas a lo largo de los estudios).

Asimismo, el Instituto de Capacitación en el Empleo (IFC, por sus siglas en francés), que se encarga de la formación continua de los docentes, propone una formación continua en la que se incluyen las cuestiones de la igualdad y la diversidad cultural.

En los sitios Web indicados a continuación pueden consultarse datos estadísticos más detallados sobre la enseñanza en la Comunidad francesa: http://www.enseignement.be/prof/dossiers/indicateurs/index.asp y http://www.etnic.be/index.php?m=etnic_serv_statistiques

En la Comunidad germanófona, la integración de los alumnos inmigrantes está garantizada por el decreto de 17 de diciembre 2001 relativo a la escolarización de los alumnos recién llegados, es decir, los alumnos: a) que tienen edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, no dominan la lengua de la enseñanza y tienen su domicilio o residencia habitual en una de las nueve comunas de la región de lengua alemana o para los cuales la escuela o sección en la que desean matricularse es el establecimiento de enseñanza más próximo; b) que han presentado una solicitud de reconocimiento de su condición de refugiados o se les ha reconocido su condición de refugiados de conformidad con la ley de 15 de diciembre de 1980 sobre el acceso al territorio, la estadía, el establecimiento y el alejamiento de los extranjeros;

que acompañan a una persona que ha presentado una solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado o que se le ha reconocido la condición de refugiado;

que han presentado una solicitud de reconocimiento de su condición de apátridas o que se les ha reconocido como apátridas; - que son nacionales de un país en desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de la ley de 25 de mayo de 1999 relativa a la cooperación internacional belga, o de un país en transición que sea beneficiario oficial de la ayuda del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico;

c) que están matriculados, a partir del pasado 1º de febrero, en una escuela de la Comunidad germanófona. El Gobierno podrá incluir otros países en la lista de países en desarrollo cuando estos países estén sumidos en una crisis grave.

Las escuelas corrientes ofrecen a los alumnos recién llegados una enseñanza centrada lo más posible en actividades prácticas, dado que su prioridad debe ser aprender la lengua de enseñanza e integrarse en la vida cotidiana. Además de los cursos puente impartidos en la educación primaria y secundaria, el decreto crea un consejo de integración en las escuelas primarias que imparten cursos puente con el fin de facilitar al máximo la integración escolar de los alumnos recién llegados.

10. Como el Comité pedía en sus observaciones finales anteriores, sírvase proporcionar información sobre la situación de las niñas y mujeres de origen extranjero, de minorías étnicas, especialmente romaníes, y de las mujeres inmigrantes, incluidas las solicitantes de asilo y las refugiadas, sobre la educación en materia de derechos humanos que se les ofrece, en general, y sobre la igualdad entre los sexos, en particular, así como sobre las medidas específicas que se han adoptado para ellas, a raíz de los estudios sobre las dificultades específicas a las que se enfrentan las mujeres y niñas extranjeras.

Tras examinar la cuestión de la mendicidad de los niños de la Comunidad romaní, se concluyó que el elemento central que permite establecer soluciones es la acogida de los niños y la integración escolar de los niños. Así pues, se fomentará y reforzará el acompañamiento de las familias con vistas a una escolarización más prolongada de estos niños (garantizando las condiciones materiales de escolarización y orientando a las familias en este proceso). También se introducirán ajustes en este sentido para promover el respeto de la obligación escolar, por ejemplo, mediante la inversión en servicios de orientación y seguimiento escolar estrictos.

En el marco de sus misiones, la agencia federal que aloja a los solicitantes de asilo (Fedasil) se ocupa de garantizar la igualdad de trato entre los solicitantes de asilo, cualquiera que sea su origen, y de asegurarles un servicio de acompañamiento individualizado acorde con la situación individual en cada caso. En el seno de las estructuras de acogida (grupos de charla, cursos de formación o actividades específicas) se han elaborado iniciativas para promover la emancipación de las mujeres de todos los orígenes y todas las edades. La nacionalidad o la etnia de origen de las mujeres no es un criterio que determine el tipo de acompañamiento social propuesto, aunque determinadas minorías étnicas, como los romaníes, plantean problemas específicos y son objeto de un acompañamiento más apropiado. Por otra parte, en caso necesario, los trabajadores sociales pueden dirigir a las mujeres o las niñas afectadas hacia servicios especializados en la prevención y el seguimiento de situaciones de violencia en el hogar. Las niñas y las mujeres reciben formación e información sobre sus derechos específicos en el procedimiento de asilo en relación con la salud sexual y reproductiva de la mujer, así como formación e información más generales con vistas a reducir su vulnerabilidad y fomentar su autonomía y empoderamiento. A raíz de un estudio sobre la violencia por razón de género llevado a cabo en 2006 entre solicitantes de asilo y refugiados, se elaboró un instrumento específico dirigido a los grupos destinatarios, y elaborado en colaboración con ellos, para contribuir a evitar esta forma de violencia. Actualmente se están elaborando y aplicando otras medidas concretas para sensibilizar a los trabajadores sociales y al personal de otros ámbitos con respecto al sector de recepción y asilo, por un lado, y con respecto a los grupos vulnerables, por otro.

Las autoridades flamencas han elegido un enfoque integrador que incluye al máximo número posible de hombres y mujeres de origen extranjero, si bien en contadas ocasiones se organizarán actividades basadas en el género, por ejemplo, una reunión entre mujeres con el fin de animarlas a hablar libremente de sus problemas.

En general, se ha observado una participación equitativa de hombres y mujeres inmigrantes en los cursos de integración civil que se organizan a nivel local para las personas de origen extranjero.

Afluencia del grupo destinatario de las iniciativas de integración cívica (18 años en adelante, posible permiso de residencia de larga duración,...) en 2007

Nacionalidad

Hombre

Mujer

N

%

N

%

Países Bajos

3 290

23,1%

2 771

21,4%

Polonia

1 803

12,7%

1 055

8,2%

Marruecos

962

6,8%

1 116

8,6%

Turquía

812

5,7%

734

5,7%

Bulgaria

682

4,8%

451

3,5%

Francia

478

3,4%

436

3,4%

Rumania

451

3,2%

381

2,9%

India

396

2,8%

208

1,6%

Alemania

372

2,6%

316

2,4%

Reino Unido

307

2,2%

207

1,6%

Portugal

264

1,9%

175

1,4%

Estados Unidos

248

1,7%

208

1,6%

China

167

1,6%

209

2,4%

Italia

223

1,6%

122

0,9%

Rusia

155

1,4%

270

3,0%

Tailandia

20

0,1%

270

2,1%

Filipinas

24

0,2%

190

1,5%

Total

14 212

100%

12 935

100%

Contratos de integración (inicio de la trayectoria de integración) firmados en 2007

Hombre

Mujer

Nacionalidad

N

%

N

%

Marruecos

814

15,7%

862

12,8%

Turquía

591

11,4%

619

9,2%

Rusia

246

4,7%

415

6,1%

Bélgica

201

3,9%

349

5,2%

China

180

3,5%

196

2,9%

Polonia

118

2,3%

237

3,5%

República Democrática del Congo

131

2,5%

192

2,8%

Iraq

240

4,6%

82

1,2%

Tailandia

9

,2%

275

4,1%

Ghana

101

1,9%

136

2,0%

Nigeria

52

1,0%

146

2,2%

Afganistán

114

2,2%

84

1,2%

Serbia

92

1,8%

95

1,4%

Filipinas

15

,3%

168

2,5%

Brasil

28

,5%

108

1,6%

Rumania

45

,9%

111

1,6%

Camerún

74

1,4%

97

1,4%

Irán

87

1,7%

77

1,1%

India

62

1,2%

102

1,5%

Total

5 189

100%

6 760

100%

En Flandes y Bruselas no son sólo los recién llegados constituyen un grupo destinatario de la integración civil, sino que también se anima a los migrantes que llegaron hacia un año o más a seguir una trayectoria de integración asistiendo a cursos de neerlandés y recibiendo orientación social y profesional. Algunos de estos migrantes ya han obtenido la nacionalidad belga.

Si bien hay menos mujeres que hombres entre los “recién llegados”, son más las mujeres que han firmado un contrato de integración.

Se ofrece apoyo financiero a las federaciones de organizaciones de hombres y mujeres de origen extranjero que se encargan de organizar por su propia cuenta actividades específicas basadas en el género.

También recibe apoyo financiero el SAMV (Centro de apoyo para niñas y mujeres inmigrantes), que, entre otras actividades, realiza estudios de investigación, organiza grupos de análisis, publica folletos y organiza reuniones y eventos de sensibilización. Esta organización realiza su labor aplicando un enfoque que facilita la participación de los más directamente interesados, preguntando a las mujeres de origen extranjero cuáles son sus problemas específicos y creando soluciones cuando ello es posible. Parte de la función del SAMV consiste en promover determinados intereses, reclamar atención a nivel político y elaborar medidas destinadas a las mujeres de origen extranjero. Actualmente, se está elaborando un sitio Web sobre salud sexual y reproductiva para la juventud musulmana (véase la pregunta 25).

En el marco de la lucha contra los matrimonios forzados o concertados, el Centro para el Islam en Europa de la Universidad de Gante realizó un estudio, en el período 2005-2007, sobre los factores que limitan la libertad de elección de pareja en los grupos de población de origen extranjero en Bélgica. Los resultados provisionales del estudio constituyeron el tema de una serie de talleres organizados en el transcurso de una jornada de estudio interactiva, organizada por el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres, en colaboración con el Centro para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo, el 6 de junio de 2006. Los resultados definitivos del estudio se presentaron en una sesión matinal de encuentros e intercambios que tuvo lugar el 3 de mayo de 2007. Actualmente se está elaborando un folleto informativo sobre el matrimonio y la elección del cónyuge destinado a las niñas y mujeres de origen extranjero.

Para poner en práctica las recomendaciones políticas del informe en el que se menciona la necesidad de realizar un estudio sobre la situación de los niños y los hombres de origen extranjero, el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres ha publicado una licitación a proyectos para completar la recopilación de información sobre todos los aspectos de esta problemática y adaptar las actuales medidas de prevención y asistencia a las necesidades específicas de los niños y los hombres de origen extranjero. El proyecto de investigación lo realizará el Centro para la Migración y los Estudios Interculturales de la Universidad de Amberes a partir de julio de 2008.

Por otra parte, tras la difusión de los resultados de la investigación realizada en la Comunidad francesa sobre la cuestión de los matrimonios forzados y como prolongación del coloquio que tuvo lugar bajo el título “Mariage choisi, mariage subi: quels enjeux pour les jeunes? [“Matrimonio elegido, matrimonio sufrido: ¿qué desafíos para los jóvenes”], la Comunidad francesa asignó una subvención al Centro de planificación familiar Grupo de Salud Josaphat para que elaborara un instrumento relativo a los matrimonios concertados dentro de un contexto de migración, titulado: “Matrimonio: ida y vuelta”. Se trata de una carpeta de material educativo que comprende un documento audiovisual en DVD en el que se fomenta el diálogo entre generaciones sobre la realidad de los matrimonios concertados, y cuatro cuadernos pedagógicos. Este proyecto, ultimado en octubre de 2006, se presentó a un público de profesionales de la animación vinculados o no a los centros de planificación familiar y, posteriormente, al sector educativo. En 2007, el Grupo de Salud Josaphat organizó una serie de iniciativas para difundir este material:

carta de presentación del proyecto a las instancias de enlace en el mundo escolar y paraescolar;

sesiones de formación organizadas por la red “Mariage et Migration” dirigidas a profesionales de la red asociativa y psicomédica Schaerbeekois (46 personas);

conferencias, jornadas de estudio y sesiones de formación dirigidas a un público compuesto por trabajadores sociales, educadores, docentes, animadores y mediadores escolares (205 personas);

presentaciones de la carpeta de material educativo en sesiones de animación escolar sobre la educación en la vida social, afectiva y sexual (42 niñas de los cursos 5º y 6º de enseñanza secundaria);

animaciones con el instrumento “Matrimonio: ida y vuelta” destinadas al público que frecuenta las asociaciones de educación permanente y los centros de alfabetización (356 personas);

venta del instrumento a asociaciones femeninas y feministas, centros culturales, asbl que ofrecen servicios de atención al público, centros de alfabetización, centros de planificación familiar, asociaciones en entorno abierto, servicios de policía;…

Medios: emisiones de radio en lengua turca, GOLD FM y Radio Panik.

También se recurrirá a los tres dispositivos siguientes puestos en marcha por la Comunidad francesa para responder a las dificultades específicas a las que se enfrentan las poblaciones de origen extranjero.

Dispositivo de los cursos-puente en virtud del decreto de 14 de junio de 2001 relativo a la inserción de los alumnos recién llegados a la enseñanza organizada o subvencionada por la Comunidad francesa (MB de 17 de julio de 2001), que permite a todos los niños “recién llegados” recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades. El curso-puente tiene por objeto garantizar una inserción escolar óptima en el nivel de estudios adecuado y, para lograrlo, la enseñanza impartida se centrará prioritariamente en el dominio de la lengua de enseñanza, que es el francés, y, en caso necesario, en una revisión del nivel de estudios.

El decreto de 30 de junio de 1998 relativo a las discriminaciones positivas en la educación dispone que se asignen medios suplementarios a algunos asentamientos, a fin de permitirles poner en marcha actividades docentes destinadas a ofrecer a todos los alumnos igualdad de oportunidades de emancipación social, en particular, a los asentamientos que acogen a los niños procedentes de los entornos más vulnerables entre las poblaciones de origen extranjero.

Se ha puesto en marcha un programa de “lengua y cultura de origen” en el marco de cartas de asociación bilaterales suscritas entre la Comunidad francesa y varios países de los que procede una parte importante de la población inmigrante en Bélgica: Grecia, Italia, Marruecos, Portugal, Rumania y Turquía.

Estos Estados asociados ponen a disposición de las escuelas que lo solicitan docentes encargados de impartir los cursos de lengua y cultura de origen.

En la Comunidad francesa también abunda la educación para la ciudadanía y sobre los derechos humanos destinada a todos los alumnos y profesores, a través de una iniciativa de coordinación pedagógica denominada “Democracia o barbarie”, un instrumento pedagógico sobre las “mujeres y los hombres en el mundo (2004)” y el decreto sobre la “ciudadanía”.

El decreto relativo al fortalecimiento de la educación y la ciudadanía responsable y activa en el seno de establecimientos organizados o subvencionados por la Comunidad francesa, de 12 de enero de 2007, se articula en torno a tres pilares en todas las escuelas de enseñanza obligatoria desde el inicio del curso en septiembre de 2007:

Un manual de consulta titulado “Être et devenir citoyen”, que proporciona referencias que facilitan la comprensión de la sociedad civil y política y que se refieren, entre otros temas, a los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos.

Las escuelas deben realizar, como mínimo, una actividad interdisciplinar que se inscriba dentro de la perspectiva de una educación para una ciudadanía responsable y activa, por ciclo y por grado, y que tenga por objeto facilitar la comprensión de la evolución y el funcionamiento de las instituciones democráticas, la memoria, la responsabilidad hacia los otros, el medio ambiente y el patrimonio.

Las estructuras de representación de los alumnos funcionan de forma generalizada y están reconocidas en los cursos 5º y 6º de educación primaria, así como en todas las etapas de la educación secundaria (delegados de clase y consejos de alumnos).

Violencia contra la mujer

11. El Comité, en sus observaciones finales anteriores (párrs. 151 y 152), y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer (párr. 1579 (E/ CN.4/2003/75/Add.1) han expresado preocupación por la ley del Estado Parte que tipifica los delitos sexuales como delitos contra el orden familiar y la moral pública. Sírvase explicar los motivos del mantenimiento de este concepto y esta terminología y la resistencia del Parlamento a cambiarlos. Sírvase proporcionar datos estadísticos e información sobre la violencia sexual y en el hogar, incluida la violación conyugal, y especialmente sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, condenas y sanciones impuestas a sus autores, y cualquier indemnización otorgada a las víctimas o sus familias.

En el informe de Bélgica se hace constar que, durante la elaboración de la ley de 28 de noviembre de 2000 relativa a la protección penal de los menores, el Gobierno que estaba al frente en ese momento había propuesto modificar el concepto de atentado al pudor y, al mismo tiempo, modernizar la estructura del Código Penal desplazando este tipo de infracción y el delito de violación contemplado en el Título VII “Delitos contra la moralidad pública y el orden familiar” al Título VIII “Delitos contra las personas”, que se refiere en particular a los golpes y las heridas. El Parlamento consideró, tomando como base sobre todo las audiencias celebradas con profesionales, que, dado que el concepto de atentado al pudor no planteaba ningún problema en particular, las modificaciones propuestas por el Gobierno no se antojaban oportunas.

Tal como se especifica en el informe, el hecho de que estas dos infracciones sigan recogidas en el Título VII no influye en la prioridad asignada a la persecución de estos delitos.

A partir de los datos estadísticos sobre las formas de violencia intrafamiliar se elaboró en 2007 un informe pormenorizado.

12. Según el informe (párr. 21) se ha establecido un nuevo Plan de acción contra la violencia conyugal para el período 2004-2007 que se aplica en las Comunidades y las regiones. Sírvase proporcionar información detallada sobre su aplicación, incluidos los recursos asignados en el marco del presupuesto gubernamental para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer, en particular los recursos destinados a aplicar el Plan de acción a todos los niveles adecuados.

El Plan de acción nacional ha permitido realizar importantes avances en la lucha contra la violencia entre miembros de la pareja, mediante 89 acciones repartidas entre varios objetivos.

Los recursos asignados a algunas de estas acciones proceden de los presupuestos ordinarios de las administraciones federales, comunitarias o regionales, y no siempre aparecen definidas como tales en el Plan. Por consiguiente, los elementos mencionados a continuación no representan la totalidad de los recursos asignados por el Estado belga, aunque sí ofrecen un panorama sustancial de los mismos.

En el ámbito de la sensibilización, el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres ha asignado un presupuesto de 42.500 euros para la impresión y difusión de un folleto titulado: “Violence: comment s’en sortir?” [Violencia: cómo superarla] destinado a las víctimas y los actores en el terreno.

La Comunidad francesa ha destinado 80.000 euros a la realización de un estudio cuantitativo y cualitativo sobre la violencia en las relaciones amorosas entre los jóvenes. También se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización de los jóvenes con respecto a la violencia en sus relaciones amorosas, a cuya financiación se han destinado 145.000 euros, y, en apoyo a la misma, el sector asociativo ha recibido 100.000 euros de la Comunidad francesa.

Como complemento al presupuesto de funcionamiento del Departamento de Enseñanza de la Comunidad flamenca, se han asignado 63.000 euros a la política de prevención y lucha contra la violencia, el acoso psicológico y sexual en las escuelas, a los que se pueden añadir 65.000 euros para un proyecto sobre la diversidad en el marco de la formación de los docentes. También se ha abordado entre los estudiantes la cuestión de la violencia entre miembros de la pareja por medio de una obra teatral producida especialmente con este fin (8.000 euros).

Los centros de promoción del bienestar general (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) de la Comunidad flamenca han recibido 61.538 euros para financiar actividades de sensibilización y formación y, a tal fin, estos centros han contratado a 14 personas nuevas que ayudarán a los trabajadores sociales en su labor de prevención y ayuda a las víctimas y a los autores.

Se han destinado 225.000 euros al acompañamiento de las víctimas en la región valona, y cada año se publica una licitación a proyectos por un importe de 50.000 euros.

Por lo que respecta a la ayuda a los autores, el servicio público federal de Justicia asignó un presupuesto de 2.487.635,16 euros en 2004, 3.069.591,61 euros en 2005 y 3.174.552,27 euros en 2006 a las medidas de intervención encaminadas a hacer un seguimiento de los autores bajo coacción judicial. En el período 2004-2007 se destinaron 1.427.000 euros procedentes del presupuesto federal para ayudar a los autores denominados "voluntarios".

En 2006, el servicio público federal de salud pública puso en marcha un proyecto de recopilación y registro de datos en materia de violencia intrafamiliar en una muestra de servicios de urgencia hospitalarios, al que se destinaron 86.000 euros, con el fin de elaborar un instrumento de registro y sensibilizar a los médicos con respecto a la necesidad de reunir datos. En 2007, el proyecto se mejoró y se amplió a un mayor número de hospitales gracias a un nuevo presupuesto de 79.000 euros. En 2007, se asignaron también 150.000 euros para financiar un proyecto destinado a los médicos generalistas, que consistía en una guía de buenas prácticas, un módulo de formación y un sistema de registro.

Los organismos de coordinación provinciales encargados de mejorar las redes entre los intervinientes y coordinar localmente todas las iniciativas en materia de violencia e igualdad disponen de un presupuesto otorgado por el Instituto, cuyo importe ascendió a 284.000 euros en 2006 y a 293.000 euros en 2007.

En marzo de 2006, el Gobierno federal asignó un presupuesto suplementario al Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres destinado a la creación de un “punto de apoyo a las víctimas de la violencia entre miembros de la pareja”, con vistas a completar su labor de coordinación del Plan de acción nacional. Este presupuesto, que ascendía a 134.000 euros, permitió, entre otras cosas, publicar una licitación para la elaboración de un instrumento de evaluación de dos circulares del Colegio de Procuradores generales. El punto de apoyo ha facilitado también la evaluación del plan, que se realizó en colaboración con un grupo de trabajo interdepartamental y con un grupo de expertos, y que se utilizará para elaborar un nuevo plan en 2008.

En su Declaración de política general de abril de 2008, el Ministro de Justicia prevé que, tras la evaluación del Plan de acción nacional de lucha contra la violencia conyugal para el período 2004-2007, en colaboración con los ministros federales competentes y con las Comunidades y las regiones, se establecerá un nuevo plan de acción, el cual deberá ampliarse a todas las formas de violencia ejercida contra la mujer (matrimonios forzados, crímenes de honor y mutilación genital femenina). Asimismo, se prestará una atención particular a la violencia contra las personas de edad avanzada. De manera más general, además de la prevención, la ayuda y la función policial, se adoptaron las medidas necesarias en el ámbito de la justicia para hacer frente a las distintas formas de violencia intrafamiliar y, a tal efecto, deberán emprenderse iniciativas tanto de sensibilización como de prevención, formación y acogida.

Por último, cabe señalar la puesta en marcha de la creación de un sitio de Internet nacional dedicado a la violencia entre miembros de la pareja, que debería estar en línea a finales de 2008.

13. ¿Cómo está afrontando el Estado Parte la vulnerabilidad de las mujeres migrantes y con discapacidad ante la violencia y otras formas de abuso contra ellas? ¿Hay servicios lingüística y culturalmente accesibles para las mujeres y niñas migrantes que son víctimas de la violencia en razón de su sexo? ¿Qué medidas especiales se han adoptado para proteger a las mujeres con discapacidad contra todas las formas de violencia?

La vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad y las mujeres migrantes se ha tenido en cuenta en las siguientes disposiciones legislativas, que se aplican a los dos tipos de víctimas:

-el apartado 2 del artículo 433 septies del Código Penal, relativo a la trata de personas, prevé un agravante de la pena en caso de abuso de la vulnerabilidad de la víctima que se encuentre en una situación administrativa ilegal o precaria, que se encuentre en una situación social precaria o que tenga alguna discapacidad;

- el apartado 2 del artículo 77 quater de la ley de 15 de diciembre de 1980 sobre los extranjeros prevé una circunstancia agravante similar;

- el artículo 433 decies del Código Penal sanciona las prácticas de los mercaderes de sueño en las que el abuso de la vulnerabilidad es una consideración esencial.

Estas tres disposiciones fueron modificadas por la ley de 10 de agosto de 2005, por la que se modifican varias disposiciones con vistas a fortalecer la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas y contra las prácticas de los mercaderes de sueño.

Por otra parte, en relación con las mujeres con discapacidad, se tuvo en cuenta el artículo 376 del Código Penal, que prevé un agravante de la pena si se ha atentado contra el pudor o se ha violado a una persona con discapacidad, enferma o embarazada.

Asimismo, se antoja oportuno mencionar las medidas generales de protección y asistencia a las víctimas previstas en la ley de 15 de diciembre de 1980, modificada en 2006 (apartados 2 a 5 del artículo 61), relativa a la asistencia a las víctimas de la trata y el tráfico ilícito.

Además, todas las instituciones que se ocupan de las personas con discapacidad y que están reconocidas por el Organismo flamenco para las personas con discapacidad, se rigen por el decreto de 29 de abril de 1997, establecido por orden del Gobierno flamenco el 15 de diciembre de 2000 y modificado el 16 de abril de 2004, relativo a la calidad de la atención prestada a estas personas.

Esta orden especifica, entre otras cosas, que cada una de las instituciones debe comprometerse a cumplir unas normas de calidad mínima en relación con la asistencia que prestan:

Una de estas normas se refiere a la integridad y al compromiso por escrito de la institución a preservar la integridad de todas las personas con discapacidad. Cada institución debe adoptar medidas específicas contra el abuso de sus usuarios y la violencia contra los mismos.

Otra norma se refiere a la declaración explícita de no discriminación por motivos de género (y otros aspectos) entre los criterios de admisión. Cada una de las instituciones ha de describir también de forma explícita cómo piensa abordar las reclamaciones de los usuarios. Si un usuario no está satisfecho con la respuesta que una determinada institución da a su reclamación, podrá dirigirse al Organismo flamenco.

Por último, un procedimiento destinado a detectar los casos de abuso y de violencia contra los usuarios de la institución y la adecuada respuesta a los mismos.

Además, el Organismo flamenco promueve un estudio sobre la incidencia del comportamiento sexual no deseado para con las personas con discapacidad, con vistas a contar con asesoramiento normativo sobre la instalación de puntos de registro.

En colaboración con el Centro de apoyo para niñas y mujeres inmigrantes, se está elaborando actualmente un sitio Web sobre la salud sexual y reproductiva destinado a la juventud musulmana (véase la pregunta 25).

Los Centros de trabajo sobre bienestar general han desarrollado medios específicos para ponerse en contacto con las mujeres migrantes, y trabajan en colaboración con el “Centro provincial para la integración” (PRIC) facilitando “intérpretes sociales” para ayudar a los trabajadores sociales que prestan asistencia a las mujeres que hablan otras lenguas. Existen intérpretes sociales para cerca de 71 lenguas. El “Hogar del bienestar”, que forma parte de los Centros de trabajo sobre bienestar general, recibe ayuda de las mujeres musulmanas que visitan, de forma voluntaria, a las familias migrantes víctimas de la violencia doméstica.

Trata y explotación de la prostitución de mujeres

14. En el informe (párr. 55 y siguientes) se menciona una amplia gama de medidas para prevenir, combatir y sancionar la trata de mujeres y niñas, pero no se proporciona ningún dato, salvo los relativos a los centros de atención. Sírvase proporcionar datos e información sobre el número de víctimas, así como sobre las denuncias, investigaciones, procesos, condenas y sanciones impuestas a los autores de estos delitos.

En relación con la trata de personas, disponemos de los datos que se exponen a continuación. No obstante, cabe señalar que algunas de las bases de datos mencionadas más abajo pueden mezclar hechos relativos al trabajo ilícito y situaciones efectivas de trata, dado que sólo a raíz de una modificación legislativa realizada en agosto de 2005, las estadísticas distinguen entre los dos tipos de infracción de forma separada.

1. En el ámbito de los tribunales, en 2006 se abrieron 451 expedientes de casos de trata de personas, la mayor parte de ellos relativos a casos de explotación sexual (291, es decir, el 64% de la totalidad de los expedientes), seguidos de los relativos a la explotación por el trabajo (135 , es decir, el 30% de la totalidad de los expedientes).

La apertura de varios expedientes por el hecho de ayudar a cometer infracciones (23 expedientes en 2006) y también por explotación de la mendicidad (2 expedientes en 2006) es prueba clara de la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones consagradas en la ley de 10 de agosto de 2005.

2. Por otra parte, las estadísticas de condenas (disponibles hasta mediados de 2004) revelan que, desde 2001, tiende a aumentar el número de condenas (256 en 2001 frente a 398 en 2003) y la severidad de las penas dictadas, en particular las penas de prisión. Se observa, en efecto, un aumento del número de penas de prisión sin suspensión condicional, así como un aumento de un 11% entre 2001 y 2003 en la duración media de las mismas.

3. En relación con la asistencia a las víctimas, la base de datos sobre “víctimas de la trata de seres humanos” elaborada por el Centro para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo, en colaboración con los tres centros de acogida especializados Pag-Asa, Sürya y Payoke, indica lo siguiente:

Entre 1999 y 2005, los tres centros registraron 3.332 denuncias de víctimas potenciales de trata y/o tráfico ilícito de personas. Un tercio de estas denuncias (1.101) condujeron finalmente a la apertura de un expediente de “víctimas”. Sobre la base del análisis de 914 expedientes, las víctimas de explotación sexual representaban el 39,6%, las víctimas de explotación económica, el 20,1%, las víctimas de tráfico ilícito, el 20,5%, la combinación de tráfico ilícito y explotación sexual, el 14,8%, y la combinación de tráfico ilícito y explotación económica, el 5%.

La mayoría de las víctimas de explotación sexual procedía de Europa oriental: Bulgaria: 16,9%; Rumania: 13,1%; Rusia: 8,3%; Albania: 6,9%; Ucrania: 5%; y Moldova: 3,9%.

Por otra parte, el 17,8% procedía de Nigeria. La nacionalidad nigeriana (29,6%) era, asimismo, la más presente en la combinación de tráfico ilícito y explotación sexual.

En 2006, 480 víctimas de trata de personas fueron orientadas hacia los centros homologados; de éstas, 160 gozan de la condición de “víctimas de la trata de seres humanos”. En 2006 había 87 mujeres y 73 hombres. Son cada vez más las mujeres que obtienen la condición de víctimas, y su participación es elevada en el sector de la prostitución, mientras que los hombres están más relacionados con la explotación económica y el tráfico ilícito.

De las 160 nuevas víctimas acompañadas, había 57 víctimas de explotación sexual (prostitución), 65 víctimas de explotación económica, 1 víctima de explotación de la mendicidad, 22 víctimas de tráfico ilícito y 13 por motivos diversos.

15. Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para prevenir y combatir la pornografía infantil en Internet, particularmente teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de las niñas, así como sobre los casos de ciudadanos belgas que están siendo procesados, dentro o fuera del Estado Parte, por delitos sexuales cometidos en el extranjero, especialmente contra niños.

La pornografía infantil es una de las formas de explotación mencionadas en el marco de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (artículo 433 quinquies, 1° del Código Penal).

Para luchar contra la pornografía infantil en Internet, se han adoptado las siguientes medidas:

1. En la legislatura anterior, los Departamentos federales de Interior y Economía establecieron un sistema central de denuncia de información presuntamente ilícita en Internet. Este sistema, que se conoce como ventanilla integrada de denuncias en Internet de la policía federal (sitio Web: http://www.ecops.be), funciona desde principios de 2007 y se ha convertido en el punto de referencia belga para todo usuario que desee denunciar determinados abusos que se dan en Internet, incluidos casos de prostitución infantil.

2. Entre 2005 y 2006, se reunió en varias ocasiones un grupo de trabajo sobre pornografía infantil integrado por miembros de la judicatura, de la policía federal y de la Brigada de delitos informáticos, del tribunal federal, así como del Servicio público federal de la Justicia.

Este grupo de trabajo persigue un doble objetivo:

luchar contra el mantenimiento de un clima activo de erotización del cuerpo de los niños destinado a un público pedófilo;

examinar la existencia de un problema y la conveniencia de recurrir a una nueva disposición, habida cuenta de los límites restrictivos del concepto de pornografía, y, por consiguiente, del concepto de pornografía infantil.

Este grupo de trabajo llegó a la conclusión de que la elaboración de directivas claras en materia de búsqueda y persecución permitiría mejorar la lucha contra la utilización de menores en la pornografía.

3. Recientemente, un Protocolo de colaboración para luchar contra los actos ilícitos en Internet, suscrito entre el Estado federal y la Asociación de proveedores de servicios de Internet el 28 de mayo de 1999, ha sido objeto de una evaluación, tras la cual se ha negociado un nuevo protocolo. Éste aún está pendiente de la firma de los ministros competentes, así como de la Asociación belga de proveedores de servicios de Internet. El protocolo prevé que, si un proveedor de servicios de Internet constata un contenido supuestamente ilícito o que un usuario centra su atención en este tipo de información, deberá notificarlo a la ventanilla integrada de denuncias en Internet de la policía federal. Este punto de contacto integrado decidirá acerca de la consideración de la información supuestamente ilícita. En caso de considerarla como tal, el expediente se transmitirá a las instancias competentes para su tratamiento ulterior. Los proveedores de servicios de Internet se comprometen a colaborar con las instancias competentes y a atenerse a las instrucciones dadas por éstas, de conformidad con la legislación.

4. En un marco de colaboración entre el Servicio “Trata de seres humanos” de la policía federal y Child Focus, se ha creado un sitio en Internet, que sirve de punto de contacto civil y a través del cual se pueden denunciar los sitios de Internet sospechosos, incluso conservando el anonimato.

Asimismo, el Departamento flamenco de educación e instrucción ha adoptado medidas sobre la alfabetización mediática dirigidas a aumentar la sensibilización sobre la función de los medios en la sociedad y las aptitudes relacionadas con los medios, es decir, objetivos transversales finales en materia de educación mediática, tecnologías de la información y las comunicaciones, y educación ciudadana (derechos humanos/emancipación, véase el punto 9. supra).

En 2007 se lanzó una Campaña de educación en seguridad electrónica sobre el uso seguro de Internet dirigida a los profesores, que se publicó en “Safe online”. Entre las iniciativas de sensibilización anteriores adoptadas por las autoridades flamencas se encontraban los sitios Web www.web4me.be (OIVO ICRI, 2005, dirigido a jóvenes de 14 a 18 años),www.saferinternet.be (2005) y www.clicksafe.be (2002). También se cofinanciaron los siguientes: www.gezinsbond.be/veiligonline (para los padres) y http://www.sensoa.be/downloadfiles_shop/seks_en_internet.pdf (para los niños). En este sentido, otro sitio Web interesante es www.stopchildporno.be.

Política en materia de seguridad de Internet en la educación flamenca: la mayoría de los centros de enseñanza flamencos se han dado cuenta, finalmente, de que la utilización de un software de seguridad de alta calidad plantea un gran riesgo. Los centros de enseñanza han aprendido de sus propias experiencias con los virus informáticos, que pueden echar por tierra un mes de trabajo en un instante. Sin embargo, la seguridad técnica significa más que la simple instalación de un sistema antivirus y un cortafuego. En el año escolar 2007-2008, se proporcionó a todos los centros de enseñanza una nueva serie de directrices actualizadas sobre el uso seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La campaña se centra en las cuestiones antes mencionadas, con especial atención al acoso cibernético. Para esta campaña se elaboró material de aprendizaje sobre las identidades digitales, el acoso cibernético y cuestiones relativas a los derechos de autor.

El objetivo del proyecto SAFER INTERNET BELGIUM es encontrar la respuesta a dos problemas: cómo eliminar las diferencias entre generaciones y los distintos grupos socioculturales en relación con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y cómo mejorar la seguridad de los menores en línea. Para hacer frente a estos problemas se requiere una labor de investigación, una campaña de sensibilización a gran escala y otros tipos de medidas. Hasta ahora no existía un marco de cooperación de esas características a nivel nacional. Por ello, la plataforma SAFER INTERNET BELGIUM reúne a personas interesadas en la puesta en marcha de una campaña informativa de ámbito nacional sobre los posibles peligros que entraña el uso de Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Child Focus coordina la plataforma y colabora con una serie de asociados activos en esta esfera.

Existe un proyecto de sitio Web en el que se presta atención a los peligros más importantes: la pornografía infantil, la discriminación, las sectas, las prácticas comerciales ilícitas, los peligros técnicos y otros contenidos perjudiciales dirigidos a niños y jóvenes, tanto en Internet como a través de otros medios de comunicación convergentes como, por ejemplo, teléfonos móviles o mensajes de texto. El sitio se está construyendo en fases y constará de tres partes:

una parte destinada a los padres y profesores, en forma de escenas cortas ilustrativas de los problemas con las correspondientes fichas pedagógicas;

una parte destinada a los niños de 6 a 12 años, en forma de juegos; y

una parte destinada a los jóvenes, en la que éstos podrán encontrar información específica sobre las comunicaciones.

También existe un proyecto relativo al turismo sostenible, que aplica un enfoque transversal a la lucha contra la prostitución infantil. La Organización internacional para la erradicación de la prostitución de menores, la pedofilia y el tráfico de menores con fines sexuales informa a la agencia de sus campañas. La agencia se ha comprometido a distribuir y anunciar estas campañas en la región flamenca, dirigidas especialmente a los operadores turísticos flamencos. Asimismo, cada una de las federaciones profesionales de operadores turísticos mantiene contactos individuales con dicha Organización. La mayoría de los operadores turísticos incluyeron una declaración relativa al turismo sostenible en su código de conducta.

Por lo que respecta a la educación sobre la vida relacional, afectiva y sexual, en el mes de septiembre de 2007 se puso en marcha en la Comunidad francesa un proyecto piloto de implantación de animaciones sobre la vida afectiva y sexual.

En el marco de este programa, se proponen específicamente dos animaciones a los niños de 10 a 12 años que cursan enseñanza primaria. Éstas están dirigidas a desarrollar una visión positiva de la vida sexual y afectiva, así como a advertir a los niños, usuarios de Internet, de los riesgos de enfrentarse a imágenes pornográficas perturbadoras. Así pues, ofrecen claves para evitar efectos nefastos sobre el desarrollo del niño en general y permitir el desarrollo de una sexualidad abierta y libre. Asimismo, persiguen objetivos de prevención de los riesgos de desviaciones sexuales que se cobran víctimas menores (algunos jóvenes imitan en su vida sexual las prácticas descubiertas en las películas pornográficas, que pueden desembocar en abusos de diversa índole: violaciones, actos de violencia, “violaciones colectivas”) y de los riesgos de establecer contacto con redes de pedófilos y convertirse en víctima de la prostitución o de la pornografía.

La Comunidad francesa ha iniciado y editado dos textos de reflexión dirigidos a los profesionales del maltrato infantil, que permiten descifrar las consecuencias de la mediatización excesiva y de las repercusiones del mundo virtual sobre el desarrollo del niño; asimismo, ha puesto en marcha en los servicios audiovisuales y mediáticos medidas de prohibición de producción y difusión de materiales que publicitan las prácticas proscritas en materia de venta, prostitución y pornografía infantiles. En el decreto de 13 de octubre de 2006, por el que se aprueba el contrato de gestión de la RTBF (canal de televisión público francófono) para los años 2007 a 2011, se establece que “la RTBF se compromete de manera general a no producir, coproducir, adquirir, programar ni difundir programas cuyo contenido audiovisual sea contrario a la ley”. Asimismo, se especifica que “el colegio de autorización y control del Consejo Superior del Audiovisual se encarga de comprobar la correcta aplicación de las leyes, decretos y reglamentos en materia audiovisual y de sancionar toda infracción.”

16. Sírvase indicar qué programas de rehabilitación y reintegración existen para las mujeres y niñas víctimas de la trata y la prostitución, en particular para las que desean abandonar la prostitución. Sírvase proporcionar detalles sobre los recursos destinados a rehabilitarlas y reintegrarlas en la sociedad, en particular mediante la formación profesional, la asistencia jurídica y la atención sanitaria confidencial. Con respecto a la destipificación de la cohabitación con una prostituta (página 65), sírvase indicar casos de jurisprudencia en que los jueces hayan considerado que había explotación de la prostitución.

Bélgica otorga un permiso de residencia específico a las víctimas de la trata de personas que colaboran con las autoridades judiciales.

Ya desde 1993 existe un sistema específico de asistencia y ayuda a las víctimas de la trata de personas. Hasta hace poco tiempo, todo el procedimiento figuraba en una circular ministerial de 1994 y en dos directivas de 1997 y 2003. En estos textos se describían todas las medidas relativas a la expedición de los permisos de residencia temporales (en algunos casos, permanentes).

El fundamento jurídico actual es la ley de 15 de septiembre de 2006, por la que se modifica la ley de 15 de diciembre de 1980. La inclusión del procedimiento en la ley es consecuencia de la aplicación de diversas directivas, entre las que se encuentra la Directiva relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos y que colaboren con las autoridades competentes.

En un futuro próximo, el sistema de protección de las víctimas se describirá en una nueva circular ministerial. Dicha circular contendrá instrucciones concretas dirigidas a todos los actores implicados en la lucha contra la trata de seres humanos, a los que se insta que colaboren en este marco.

El sistema es el resultado de un compromiso entre dos preocupaciones: en primer lugar, la necesidad de proporcionar a las víctimas un conjunto de medidas en materia de ayuda y asistencia; por otra parte, la lucha contra las personas y las redes que se dedican a la trata de seres humanos.

Se ha hecho hincapié en que el sistema no sólo se refiere a la explotación sexual, sino también a otras formas de explotación, como la explotación económica, la explotación de la mendicidad, la extracción ilegal de órganos y de tejidos o el hecho de obligar a una persona a cometer un crimen o un delito.

Para que las víctimas puedan beneficiarse del sistema deben cumplir tres condiciones:

Romper el contacto con los presuntos autores de los hechos.

Someterse obligatoriamente al seguimiento de un centro especializado en la acogida de víctimas de la trata de seres humanos.

Colaborar con las autoridades judiciales, ya sea realizando declaraciones o presentando una denuncia contra los autores.

En la práctica, el procedimiento se desarrolla en tres fases principales:

La detección de las personas como víctimas de la trata por los servicios de primera línea sobre el terreno y el suministro de información relativa a las posibilidades de seguimiento y de orientación hacia un centro de acogida especializado que proporcione alojamiento, asesoramiento, ayuda psicológica, así como asistencia médica y judicial.

El período de reflexión durante el cual la víctima tiene acceso a la ayuda social.

La expedición de un permiso de residencia temporal y, llegado el caso, de un permiso de residencia permanente, y el acceso a un permiso de trabajo “C”.

Desde 1995, tres centros de acogida especializados han sido reconocidos, dotados y subvencionados por el Gobierno federal y las entidades federadas para la acogida y el acompañamiento de las víctimas de la trata de personas. Se trata de Pag-Asa (situado en Bruselas), Sürya (situado en Lieja, en la región valona) y Payoke (situado en Amberes, en la región flamenca).

Estos centros y los equipos pluridisciplinarios que los componen (educadores, trabajadores sociales, criminólogos,…) tienen la misión de proveer diferentes formas de acompañamiento a las víctimas de la trata de seres humanos. Este plan de acompañamiento se compone de una ayuda psicosocial y médica, que incluye el apoyo a la víctima a la hora de inscribirse en cursos de lengua o de formación profesional y de buscar empleo activamente, un acompañamiento administrativo y una asistencia jurídica. Los centros también disponen de una casa de acogida (ubicada en una dirección secreta).

Además, el Centro de trabajo sobre bienestar general de Amberes rehabilita a las víctimas de tráfico ilícito internacional. Las víctimas pueden vivir allí durante un breve período de tiempo. Para obtener ayuda, han de abandonar la red en la que trabajaban (y que las explotaba) y colaborar en la investigación judicial contra la red. A cambio, reciben apoyo terapéutico y capacitación para poder conducirse en la sociedad y vivir en ella.

Prisma es una asociación sin fines de lucro subvencionada por la comunidad germanófona. Organiza consultas psicológicas y jurídicas para las mujeres víctimas de agresiones de todo tipo. Asimismo, ofrece servicios de consulta en el ámbito de la sexualidad para hombres y mujeres, y gestiona una casa para el alojamiento urgente de las mujeres que se encuentran en situaciones difíciles. También existe un Centro de salud mental donde las víctimas de una agresión que ha sido objeto de un procedimiento penal pueden seguir gratuitamente un programa de acompañamiento psicosocial. Por lo general, se orienta a las víctimas hacia este centro a través del servicio de las víctimas de la Casa de Justicia o el de la policía federal.

En la región valona, algunos albergues disponen de un servicio de acogida adaptado a las mujeres prostituidas, y los “puestos sanitarios” acogen a todas las personas manteniendo el anonimato. Estas mujeres se benefician de numerosos programas de inserción profesional desarrollados en la región valona, que se describen a continuación (véase la respuesta a la pregunta 20).

El decreto de 4 de marzo de 1991, relativo a la ayuda a la juventud en la Comunidad francesa, se aplica a los jóvenes en dificultades y a todos los menores cuya salud o seguridad se ve amenazada o cuyas condiciones de educación se ven comprometidas por su comportamiento, el de su familia o de sus familiares, y, por tanto, también se dirige a las jóvenes víctimas de explotación sexual. Todos los años, este programa se ocupa de acoger a 15 menores extranjeros no acompañados que presuntamente son víctimas de la trata de personas y a realizar un seguimiento de los mismos.

En octubre de 2005 se inició el estudio “Jóvenes prostituidos-as y respuesta sociales” sobre la problemática específica de la prostitución de los menores y de la atención que se les brinda en la Comunidad francesa, llevado a cabo por Myriam Dieleman, diplomada en antropología social, con vistas a:

establecer un balance cualitativo de la prostitución de los menores en la Comunidad francesa (trayectorias de vida y situaciones de caída en la prostitución, asunción de riesgos, recorrido de menores extranjeros no acompañados) y cuantitativo (datos estadísticos disponibles a escala federal y local);

analizar la actual respuesta social y judicial al fenómeno, y esclarecer los medios y las dificultades de los intervinientes (ayuda a la juventud, social, policial, judicial).

Este estudio puede descargarse en la siguiente dirección:

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/professionnel/documents/etude/Jeunes_prostitue-es_et_reponses_sociales.pdf

Participación en la vida política y pública y en la adopción de decisiones

17. En el informe (página 14) se hace referencia a una iniciativa del Ministro flamenco para la igualdad de oportunidades emprendida en 2005 para unificar los dos decretos existentes sobre cuotas relacionadas con órganos asesores y de gestión. Sírvase indicar los resultados de esta iniciativa y proporcione datos estadísticos sobre la participación de la mujer en los órganos asesores y de gestión del Gobierno flamenco. Sírvase proporcionar información sobre cuotas o cualquier otra medida especial de carácter temporal adoptada en otras entidades federales.

El 13de julio de 2007, el Parlamento flamenco adoptó el decreto relativo a la representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos asesores y de gestión de la Administración flamenca, que ya está en vigor y se está aplicando. La base de datos flamenca VLIOM, que contiene todos los órganos asesores y de gestión del Gobierno y los ministerios flamencos, se está adaptando para instaurar y mantener continuamente una representación equilibrada de hombres y mujeres (un máximo de dos tercios de los miembros han de ser del mismo sexo). Se está informando a todos los órganos asesores y de gestión acerca de este decreto por medio de un folleto. Para cada ámbito de política del Ministerio flamenco, se ha nombrado a una o dos personas de contacto encargadas de mantener la base de datos actualizada, y se les ha informado acerca del decreto y de las obligaciones de todos los organismos. Próximamente se presentará al Gobierno y al Parlamento flamencos el primer informe relativo al seguimiento del nuevo decreto sobre cuotas. Actualmente no disponemos de información estadística general sobre la proporción de mujeres en los órganos asesores y de gestión. Esta información se pondrá a disposición de algunos órganos a lo largo de 2008, y de todos los órganos en 2009.

La participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos consultivos constituye, asimismo, una prioridad en la Comunidad francesa. En 2006, la AEIDL (Asociación Europea para la Información sobre el Desarrollo Local) realizó una evaluación de la aplicación del decreto de 17 de julio de 2002 para promover la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos consultivos.

De dicho decreto se han podido extraer una serie de lecciones:

algunas apariencias engañosas arrojan porcentajes erróneos de participación de hombres y mujeres en los órganos cuya composición conocemos: si bien las cifras globales parecen satisfactorias, la realidad presenta grandes disparidades;

las obligaciones que establece el decreto casi no se conocen y, por otra parte, apenas se tiene en cuenta en el funcionamiento de los órganos consultivos;

la obligación de mezcla de sexos añade un nivel de dificultad a las composiciones (ya) muy complejas de los órganos consultivos que se dan actualmente;

la proporción de hombres y mujeres en los órganos consultivos refleja la segregación vertical y la segmentación social de las mujeres y los hombres;

existen discriminaciones obvias y sutiles (hay más mujeres entre los efectivos, y más hombres que ejercen las funciones de presidente);

por último, las modalidades de sanción poco precisas y fácilmente eludibles, al igual que la ausencia de decretos de ejecución adoptados hasta la fecha, debilitan drásticamente el Decreto.

En 2007, la Administración elaboró un proyecto de decreto modificado y un proyecto de decreto relativo a la ejecución del decreto de 17 de julio de 2002 y por el que se modifica el decreto de 18 de abril de 2002 para proponer mejoras en el dispositivo existente.

Estas propuestas se abordarán desde el punto de vista, más amplio, de la reforma de la función consultiva de la Comunidad francesa.

En la Comunidad germanófona también existe un decreto que promueve la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos consultivos, de manera que dos tercios o más de los miembros con derecho a voto de un órgano consultivo pueden ser del mismo sexo. La imposibilidad de reunir esta condición debe estar expresamente motivada y notificarse al Gobierno. De lo contrario, y si el Gobierno considera que el motivo es insuficiente, el órgano en cuestión no podrá emitir una opinión válida.

Por su parte, la región valona cuenta con los siguientes decretos:

- los decretos de 15 de mayo de 2003 que promueven la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos consultivos y que promueven presencia equilibrada de hombres y mujeres en las materias respecto de las cuales la región ejerce las competencias de la Comunidad francesa (M.B. de 21 de mayo de 2003, p. 27944), así como sus decretos de aplicación de 27 de noviembre de 2003.

- el decreto de 8 de diciembre de 2005 por el que se modifica el Código de Democracia Local y Descentralización en lo que atañe a las subvenciones de determinadas inversiones de interés público (M.B. de 2 de enero de 2006, p. 78, err. : M.B. de 31 de enero de 2006, p. 5190), que establece la obligación de que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres en las listas electorales locales, así como en el seno de las asambleas y los órganos ejecutivos locales.

- el decreto de 7 de noviembre de 2007 por el que se modifica el decreto de 12 de febrero de 2004 relativo al estatuto de los funcionarios para las materias reguladas en virtud del artículo 138 de la Constitución, con vistas a promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el seno de los órganos de administración de los organismos públicos (M.B. de 23 de noviembre de 2007, p. 58604).

A nivel federal, a fin de identificar formalmente los órganos a los que se aplica la ley de 20 de julio de 1990 destinada a promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de opinión, se decidió confeccionar una lista oficial que incluyera todos los órganos comprendidos en este ámbito de aplicación. Además, en la ley de 3 de mayo de 2003 que completa las medidas existentes se prevé la creación de una comisión encargada de velar por el respeto de dicha ley, que acompañará al Ministro federal de Igualdad de oportunidades. Esta misión se llevará a cabo, en particular, formulando opiniones sobre esta lista y, de forma más general, sobre la promoción de una presencia equilibrada en el seno de dichos órganos. No obstante, en la legislatura anterior no pudieron adoptarse las medidas de ejecución por las que se fija la composición y el funcionamiento de esta comisión.

Por último, en el artículo 120bis de la ley comunal se establece que un máximo de dos tercios de los miembros de un consejo consultivo pueden ser del mismo sexo. De no ser así, las opiniones emitidas no serán válidas.

18. Pregunta 18 – Los datos proporcionados sobre la representación de la mujer en el servicio exterior federal (páginas 76 y 77), así como sobre su participación en los concursos para la carrera diplomática (páginas 78 y 79), revelan que la participación de la mujer sigue siendo baja. Sírvase indicar si se han adoptado medidas, y de qué tipo, tal como recomendó el Comité en sus observaciones finales anteriores (párr. 149), para aumentar la presencia de la mujer en el servicio diplomático.

Como se indica en los informes periódicos combinados quinto y sexto de Bélgica, en los últimos años se han adoptado varias iniciativas dirigidas a aumentar la presencia de las mujeres en la carrera diplomática, como la adopción de un plan general de acción para “la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” destinado a la integración de una perspectiva de género en la política del Servicio Público Federal-Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo, así como la creación de una función específica de consejero familiar (Family Officer).

Conscientes de que los porcentajes de participación y éxito de las mujeres fue muy bajo en el último concurso de acceso a la función diplomática de 2005 (véase la página 79), y lamentando este hecho, se han emprendido iniciativas concretas para invertir esta tendencia. Dichas medidas se aplicaron a partir de la organización del siguiente concurso, que se convocó en 2007. La primera prueba del concurso se modificó en consecuencia y, de ahora en adelante, se basa en las “competencias” de la persona, más que en “los conocimientos” como tales.

El análisis de las cifras oficiales de la Oficina de selección de la administración (SELOR) de esta primera etapa muestra que este tipo de prueba es menos desfavorable para las mujeres que el sistema anterior. Aunque el aumento de la participación de las mujeres sigue siendo modesto, en esta primera etapa se registra un incremento significativo de las tasas de éxito de las mujeres en los dos grupos lingüísticos. Los resultados finales oficiales del concurso se darán a conocer en el verano de 2008.

Por otra parte, en 2008 se llevará a cabo una campaña de sensibilización, por iniciativa del Departamento federal de Personal y Organización, destinada a los estudiantes universitarios, así como un estudio exploratorio sobre el tema “género y diplomacia”.

19. Sírvase indicar si se han adoptado otras medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y las recomendaciones generales 23 y 25 del Comité, en este contexto o en cualquier otro ámbito relacionado con la participación de la mujer en la vida pública.

Bélgica ha adoptado una serie de medidas específicas y especializadas que tienen por objeto aumentar la participación femenina en diversos ámbitos de la vida pública, tales como la adopción de decisiones políticas y los puestos de responsabilidad en la Administración, la acción social y asociativa, los órganos consultivos o la vida cultural y deportiva, como ilustran los ejemplos que se exponen a continuación.

En el marco de la política local de igualdad de las mujeres y los hombres, cabe señalar la existencia, en 2007, de un proyecto específico emprendido en la provincia de Luxemburgo y seleccionado en el marco del llamamiento para la presentación de proyectos de 2007, cuyo objetivo es promover la participación equilibrada de hombres y mujeres en la adopción de decisiones. En efecto, respondiendo a los deseos de los participantes de que se impartiera una (primera) formación dirigida a las mujeres que desean entrar en política con vistas a las elecciones comunales de octubre de 2006, el Servicio provincial puso en marcha en 2007 una nueva formación, mucho más perfeccionada, titulada “Mujeres en la política, formarse para comunicarse mejor”, dirigida de forma prioritaria a las mandatarias políticas de la provincia de Luxemburgo. El contenido de la formación incluía los siguientes temas: la dirección participativa, el discurso público, las relaciones con la prensa, los mitos y realidades de los sondeos, etc. La formación, descentralizada en tres lugares, permitió a la treintena de mujeres participantes abordar el concepto de género, pasar de la teoría a la escenificación de situaciones relacionadas con las materias impartidas y, finalmente, extraer un análisis de sus puntos fuertes y puntos débiles durante estas escenificaciones de situaciones.

Cabe citar el Decreto de 17 de julio de 2003 relativo al apoyo de la acción asociativa en el campo de la educación permanente, que tiene por objeto “el desarrollo de la acción asociativa en el campo de la educación permanente que se ocupa del análisis crítico de la sociedad, la estimulación de iniciativas democráticas y colectivas, el desarrollo de la ciudadanía activa y el ejercicio de los derechos sociales, culturales, medioambientales y económicos en una perspectiva de emancipación individual y colectiva de los públicos, privilegiando la participación activa de los públicos a los que se dirige y la expresión cultural.”.

Entre los diferentes textos legislativos que favorecen la participación de la mujer en los ámbitos públicos que competen a la Comunidad germanófona, los decretos de 23 de noviembre de 2000 y de 19 de septiembre de 2006 tienen por objeto garantizar la representación de ambos sexos en los consejos de ayuda social de los centros públicos de ayuda social (CPAS).

La política flamenca en materia de cultura, juventud y deportes se centra en la participación de todas las personas.

En el análisis de la participación en la cultura, las tareas de la juventud y los deportes, las conclusiones tanto prácticas como científicas apuntan a que, para determinados grupos de personas, no resulta tan evidente encontrar el camino que responda a sus necesidades. Esta es la razón por la que, para los grupos que pueden definirse claramente (por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas que viven en la pobreza, las personas de diferente origen étnico y/o cultural, las personas con un nivel educativo relativamente bajo), se persigue una política específica o se desarrollan medidas específicas que ocupan un lugar primordial en una política no centrada en categorías, sino general.

En este contexto, el estudio ha demostrado que las mujeres no participan en menor medida en la cultura, la juventud y los deportes. Sin embargo, se sospecha que las mujeres están menos representadas en los órganos administrativos de las asociaciones deportivas y organizaciones culturales. Actualmente (2008), se está llevando a cabo un estudio para estructurar esta situación y vincular las recomendaciones sobre políticas con los resultados de las mismas. Con el fin de aumentar la diversidad en los órganos asesores, actualmente está en marcha una campaña con el lema Iedereen kan zetelen (Todos pueden tener un sitio), que va dirigida a todos los ciudadanos de Flandes, aunque se ha hecho un llamamiento a organizaciones de grupos destinatarios para que la divulguen.

Además, las autoridades flamencas brindan apoyo al SAMV (Steunpunt voor allochtone vrouwen en meisjes – Centro de apoyo para niñas y mujeres inmigrantes). Sobre la base de un estudio de 1999 en el que se comparaban las asociaciones de mujeres inmigrantes en Flandes y Bruselas, se formuló la necesidad de brindar un apoyo específico a las niñas y mujeres inmigrantes, dado que su participación suele ser muy limitada y a menudo no están presentes (de forma plena) en las estructuras de la política sobre minorías ni en el movimiento de mujeres.

Se están adoptando medidas específicas para favorecer el ascenso de las mujeres a puestos de máxima responsabilidad, tanto en el ámbito de la administración federal, a través de un Plan para la diversidad, como en el de la administración flamenca, mediante sesiones en red para mujeres y hombres con potencial directivo desde 2005, entrenamiento interno y externo y una campaña de comunicación a favor de que un mayor número de mujeres ocupe puestos de estas características. En la primavera de 2006, se presentó una excelente oportunidad para promover el ascenso de mujeres a puestos de máxima responsabilidad dentro de la administración flamenca. En abril, se declararon vacantes 32 puestos de máxima responsabilidad (“Tercera ronda”), a los que podían aspirar candidatos tanto internos como externos. Con el fin de promover el ascenso de mujeres a puestos de máxima responsabilidad, se adoptaron una serie de medidas específicas:

- Se fijó como objetivo un índice del 33% de mujeres para la ronda de contrataciones.

- Las mujeres de 30 años en adelante que ocupaban un puesto de nivel A en la administración flamenca recibieron una carta en la que se las animaba a optar a dichos puestos.

- Se lanzó una campaña publicitaria en periódicos y revistas flamencos en la que se hacía un llamamiento a las mujeres para que optaran a los puestos vacantes de máxima responsabilidad.

- Los Ministerios de Asuntos Administrativos y de Igualdad de Oportunidades enviaron un correo electrónico a las mujeres y organizaciones de mujeres para instar a las mujeres cualificadas a optar a los puestos de máxima responsabilidad dentro de la administración flamenca.

- El Servicio para asuntos de emancipación organizó una sesión de información y sensibilización dirigida a informar a las mujeres acerca de los puestos de máxima responsabilidad y las carreras profesionales dentro de la administración flamenca.

Además, se está apoyando el uso de un lenguaje con género neutro, así como el teletrabajo y las posibilidades de compaginar el trabajo y la vida familiar. En las publicaciones, se está centrando la atención en las imágenes no estereotipadas.

El Instituto de Gestión Pública (Universidad Católica de Lovaina) ha analizado este procedimiento de contratación y selección de altos funcionarios. Aunque el 49% de los candidatos a los puestos vacantes de máxima responsabilidad dentro de la administración flamenca eran mujeres, el Gobierno flamenco sólo nombró a 6 mujeres de 30. El número de candidatas ha disminuido sustancialmente (pasando a un 29%), máxime después de las dos primeras fases del procedimiento de selección, esto es, la selección de los CV y la entrevista preliminar. Tres aspectos resultaron ser decisivos: la edad (más de 40 años), la experiencia en la oficina de un ministro y la experiencia laboral dentro de la administración pública flamenca. Resultó que muy pocas mujeres cumplían estos criterios. Además, del estudio se desprende que el nombramiento de altos funcionarios a menudo va acompañado de la promoción de determinados intereses y el uso de redes políticas. Por lo general, las mujeres participan de forma menos activa en dichas redes.

Empleo y pobreza

20. Según el informe (página 45), en Valonia el porcentaje de pobreza es del 18% entre las mujeres, mientras que entre los hombres es del 12%. La pobreza de la mujer está directamente relacionada con la ausencia de oportunidades económicas. En este sentido, sírvase proporcionar información detallada sobre qué medidas específicas se han adoptado para mejorar la situación de las mujeres pobres. ¿Qué programas de lucha contra la pobreza se han elaborado, en particular planes de empleo orientados a erradicar la pobreza y reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el marco general del logro del desarrollo sostenible centrado en el ser humano?

En primer lugar, la región valona organiza varios programas de formación y empleo de mujeres. El acceso a la formación para todos los ciudadanos concierne, en particular, a las personas más vulnerables en el mercado de trabajo, tanto por su nivel de escolarización como por otros posibles criterios de discriminación, por lo que estos programas están especialmente dirigidos a las mujeres.

En 2006 se impartieron 34.500 cursos de formación dirigidos a un público “solicitante de empleo”, lo que equivale a unas 6.400.000 horas de formación. El desglose por sexo se distribuye en un 58,5% de hombres y un 41,5% de mujeres (lo que corresponde a un aumento de cerca de un 2% de la participación del público femenino en los cursos de formación dirigidos a solicitantes de empleo).

En 2006, también se amplió la oferta de cursos de formación a distancia: 2.000 solicitantes de empleo se beneficiaron de un curso de formación de este tipo. Entre estos, más del 78% eran mujeres. Esta aplastante mayoría de la población femenina se debe, en parte, a factores sociológicos (formación desde el domicilio), pero también a la estructuración de la oferta de formación. De las prácticas de inmersión lingüística, en las que se inscribieron más de 800 solicitantes de empleo, se beneficiaron alrededor del 51,5% de mujeres.

Por otra parte, la región valona está desarrollando dos asociaciones estructurales con los centros públicos de ayuda social.

Mediante un convenio marco destinado a la formación e inserción socioprofesional de los beneficiarios de estos centros inscritos como solicitantes de empleo.

Este convenio tiene por objeto asegurar la inserción de los beneficiarios del RIS (ingreso de integración social), y, en particular, de las solicitantes de empleo poco cualificadas y cabezas de familias monoparentales, en empleos sostenibles y de calidad.

Una parte de las medidas se dirige de forma prioritaria a las solicitantes de empleo poco cualificadas que se benefician del RIS, para quienes se debe desarrollar y diferenciar en mayor medida la oferta de formación y de ayuda a la inserción. Por otra parte, las medidas son proyectos globales de inserción socioprofesional que tienen en cuenta aspectos como la conciliación entre la vida privada y la vida profesional, la problemática de la movilidad de las “solicitantes de empleo” (a través de cursos de formación para obtener el carné de conducir) y del cuidado de los niños.

Mediante un convenio con los centros interesados por iniciativas que asocian objetivos sociales con una dinámica económica.

La región valona asigna una subvención de 3.719 euros por el empleo de una persona en el marco de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 60 de la ley orgánica de los CPAS. El proyecto debe suponer un incremento del volumen del empleo de los beneficiarios de la ayuda social que tienen un contrato de trabajo y prever un asesoramiento técnico de los trabajadores en cuestión, así como un programa destinado a estabilizar su empleo en el seno del CPAS o a favorecer su transición hacia otro empleo. Habida cuenta de las actividades de que se trata (lavandería y tiendas de comestibles sociales), son muchas las solicitantes de empleo que han sido insertadas en el mercado de trabajo.

Esta medida representa un presupuesto de 1.137.000 euros.

La región valona también apoyó en 2006 un programa de promoción de las medidas de lucha contra las discriminaciones relativas a la formación del mercado de trabajo, entre otras, medidas de formación dirigidas a las mujeres (solicitantes de empleo, desempleadas o trabajadoras), y en particular las inmigrantes. Estas sesiones de formación, cuyo grado de cualificación puede ser variable, se centraban en contenidos en los cuales, normalmente, las mujeres suelen estar insuficientemente representadas: formación técnica, nuevas tecnologías, gestión de empresa, etc., y para los cuales puede ser necesario actualizar las competencias transversales. Presupuesto: 350.000 euros.

Se ha puesto en marcha, a modo de experiencia piloto, un proyecto de lucha contra la discriminación en la contratación y en el empleo y la gestión de la diversidad en las empresas y organizaciones. El objetivo general era promover el desarrollo de la gestión de la diversidad de los recursos humanos como factor de integración y de creación de valor añadido dentro de la empresa.

Los objetivos específicos eran:

Desarrollar una herramienta de evaluación interna y externa de la gestión de la diversidad de los recursos humanos dentro de las empresas y organizaciones. El criterio “género” forma parte de los cuatro criterios de diversidad contemplados.

2.Preparar el lanzamiento, a modo de experiencia piloto, del “Premio 2007 a la diversidad y los recursos humanos en Valonia”, en tanto que aliciente, para luchar contra las discriminaciones en el empleo y mejorar la gestión de la diversidad en el ámbito de los recursos humanos en Valonia.

Se trataba de recompensar y alentar las iniciativas novedosas que promovieran el desarrollo de la diversidad en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. Este premio va dirigido a cuatro categorías de empleadores: las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, el sector público y el sector asociativo.

Informar de las políticas “Diversidad y recursos humanos” desarrolladas en la región valona.

Sensibilizar a las empresas y organizaciones sobre el tema de la gestión de la diversidad.

Presupuesto: 56.200 euros.

La región valona también aborda la escasez de lugares de acogida de los niños de 0 a 3 años, que constituye un obstáculo a la inserción socioprofesional, en particular de las mujeres, al mantenimiento de su puesto de trabajo y a su ascenso en el trabajo, además de las consecuencias de orden económico. En el marco de su Plan de acciones prioritarias, dirigido a revitalizar la economía de Valonia, el Gobierno valón ha decidido apoyar la política emprendida en la materia en la Comunidad francesa, con el fin de alcanzar los objetivos de la Cumbre europea de Barcelona (tasa de cobertura del 33% de aquí a 2010) mediante la adopción de diversas medidas.

1. Creación de un portal sobre la oferta de estructuras de acogida de niños.

En 2006 se creó una base de datos piloto en la región valona. Dicha base de datos cumplirá, desde su puesta en línea, dos objetivos:

Propiciar el empleo y la formación profesional, paliando la falta de información sobre la oferta y la escasa disponibilidad de lugares de acogida.

Ofrecer una herramienta de gestión de la oferta de acogida a las autoridades locales.

Por iniciativa del Ministro de Economía y Empleo, se ha reservado un presupuesto que permite la ocupación de 100 puestos de trabajo, con el fin de poner en marcha ese portal valón “Acogida de los niños”, difundir el concepto y la metodología a escala regional y subregional, así como de implantar el uso de la herramienta a nivel comunal y provincial.

2. Concesión de empleos subvencionados para la acogida de los niños de 0 a 3 años

Habida cuenta de las constataciones relativas a la escasez de lugares de acogida de niños de 0 a 3 años y del obstáculo que supone esa falta de lugares en lo que a igualdad de oportunidades y derechos en el acceso al empleo y a la formación profesional se refiere, por una parte, para el mantenimiento del puesto de trabajo y, por otra, para el ascenso en el trabajo, la región valona ha decidido contribuir, mediante la creación de empleos subvencionados (950 empleos de puericultores o puericultoras), a alcanzar el objetivo fijado para los distintos Estados Miembros durante la Cumbre de Barcelona, consistente en ofrecer un número de lugares de acogida de los niños de 0 a 3 años correspondiente al 33% de los niños menores de 3 años.

Para lograr este objetivo, la Comunidad francesa debería crear 8.000 lugares de acogida de niños de 0 a 3 años de aquí a 2009. El objetivo de Barcelona podría alcanzarse mediante las siguientes medidas:

asignando, en el seno de la Comunidad francesa, un presupuesto cada vez mayor a la Oficina de Nacimientos y de la Infancia (ONE);

gracias a los empleos subvencionados de la región valona;

gracias a un nuevo Plan SEMA más ligero, que prevé una intervención financiera menor de las empresas, pero que sólo produciría efectos a partir de 2007;

gracias al establecimiento de una modalidad de financiación alternativa para crear nuevas infraestructuras comunales de acogida colectiva de niños de 0 a 3 años.

MC2: el microcrédito de Crédal

Crédal es una cooperativa de crédito que recauda los ahorros de particulares que buscan un valor añadido social a sus ahorros. El dinero ahorrado permite proponer créditos y asesoramiento a distintos actores: empresas de economía social, microemprendedores de empresas muy pequeñas y particulares con bajos ingresos.

Desde septiembre de 2000, la función del MC² es apoyar la creación y el desarrollo de microactividades, proponiendo un préstamo y acompañamiento a los emprendedores que carecen de acceso a la financiación bancaria clásica para crear y expandir su empresa. Este acceso al microcrédito constituye uno de los instrumentos más apropiados para hacer frente a la ausencia de actividad empresarial femenina en Valonia: el 43,5% de los beneficiarios de microcréditos en 2006 eran mujeres, mientras que sólo el 16% de los jefes de empresas muy pequeñas en la región valona eran mujeres. Se observa una evolución positiva con respecto a 2005, año en que el 34% de los beneficiarios de microcréditos eran mujeres.

Dispositivo de las empresas de inserción

La misión de las empresas de inserción es desarrollar el sector de la economía social, y prestarle apoyo, con miras a favorecer el acceso al empleo y a la inserción profesional de los solicitantes de empleo poco cualificados e inscritos en el paro desde un mínimo de 24 meses, así como de los beneficiarios del ingreso de integración social y las personas con discapacidad. Se observa que el 50% de las estructuras reconocidas como empresas de inserción también lo son para los títulos de servicio (trabajadoras domésticas, principalmente), y dan ocupación a más del 95% de las mujeres. De hecho, gracias a las actividades llevadas a cabo por las empresas de inserción, las mujeres representan un 80,5% de las personas empleadas.

Empleo para mujeres en las profesiones tradicionalmente masculinas

En 2005 salió a la luz un proyecto de inserción profesional de mujeres en el sector de la construcción (objetivo: insertar a 20.000 mujeres en el sector de aquí a 2009, de un posible total de 887.000 trabajadores activos). Este proyecto se articula en el marco del proyecto EQUAL “Diversidad construcción”, llevado a cabo por la Confederación de la construcción de Valonia, que tiene por objeto integrar a las personas con discapacidad, las personas de origen extranjero y las mujeres en las profesiones del sector de la construcción.

21. El informe indica (página 102) que hay una diferencia notable entre los sueldos brutos de los hombres y las mujeres, que llega hasta el 30%. Sírvase indicar las medidas adoptadas para reducir la disparidad de sueldos entre hombres y mujeres, tanto en el sector privado como en el sector público, y explique por qué sigue existiendo esta disparidad en la administración pública.

Desde hace varios años, la principal prioridad de los responsables políticos y los interlocutores sociales en Bélgica es, sin duda alguna, eliminar la disparidad de sueldos entre mujeres y hombres.

A petición del Gobierno federal, el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres publicó, el 14 de marco de 2008, el segundo informe anual sobre la disparidad de sueldos en Bélgica. El informe, fruto de un trabajo de colaboración con diversas administraciones competentes, presenta las cifras oficiales y actualizadas de la diferencia de remuneración entre las mujeres y los hombres. Por primera vez, contiene cifras relativas a una serie de sectores, como el sector público y las pequeñas empresas, y por comisión paritaria.

La principal iniciativa emprendida por Bélgica de manera activa consiste en la introducción de clasificaciones de funciones analíticas neutras en cuanto a género, lo que implica examinar los sistemas de remuneración existentes y desterrar los prejuicios sexistas y las discriminaciones ocultas. A tal fin, el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres difundirá en 2008 una guía práctica que permitirá evaluar si los perfiles de funciones en una empresa presentan o no un carácter neutro. Otra medida tiene por objeto reforzar el balance social de la empresa, previendo para cada rúbrica del balance un desglose entre hombres y mujeres, y añadirle datos relativos a los sueldos, las indemnizaciones y las primas. Por último, también constituirá una tarea prioritaria romper el techo de cristal. El Instituto seguirá abordando la identificación objetiva de las barreras invisibles, creadas tanto por prejuicios y estereotipos como por el modo de funcionamiento de las organizaciones que mantienen a las mujeres en posiciones consideradas como menos estratégicas.

Para reducir la brecha en los salarios en el sector privado, el Ministerio de Igualdad de Oportunidades flamenco también ha elegido la brecha en las carreras entre hombres y mujeres como enfoque central de su política de integración de una perspectiva de género. A través del método abierto de coordinación, se está sensibilizando y alentando a todos los ámbitos políticos para que adopten medidas encaminadas a luchar contra la segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo, facilitar la conciliación entre el trabajo y la vida privada, estimular la igualdad de participación en trabajos (de atención) remunerados y no remunerados, y, en este sentido, reducir la brecha en los salarios. Cada dos años se realizan, ejecutan y evalúan planes de acción. Este proceso está dirigido en gran medida por la Comisión sobre Igualdad de Oportunidades, integrada por representantes de los diferentes ministerios flamencos y presidida por la Unidad igualdad de oportunidades en Flandes, dentro de la administración flamenca, encargada de preparar, aplicar y supervisar la política flamenca de igualdad de oportunidades.

En la actualidad, el Centro de apoyo a la igualad de oportunidades está elaborando indicadores de género en distintos ámbitos políticos (como el trabajo y la educación), para facilitar la supervisión de los progresos que se están realizando.

En un contexto más amplio, también se está reduciendo la brecha en las carreras y los salarios mediante la provisión de guarderías infantiles cada vez más flexibles y la prestación de incentivos financieros (como la licencia parental retribuida) a hombres y mujeres para estimular la conciliación entre el trabajo y la familia. De 2007 en adelante, las empresas que desean desarrollar servicios “favorables a la familia” (por ejemplo, servicios de planchado y lavado o de ayuda doméstica) reciben apoyo financiero de las autoridades flamencas. Sensibilizar a los hombres y padres es parte del plan; la aceptación social aumentará a medida que un mayor número de hombres desee trabajar menos para ejercer la paternidad durante un período más largo y beneficiarse de unas mayores oportunidades de conciliar el trabajo y la vida familiar.

En el marco de la futura Presidencia, que ejercerá en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea, durante el segundo semestre de 2010, Bélgica propondrá revisar los nueve indicadores relativos a la brecha salarial adoptados en 2001 bajo la anterior Presidencia belga, y sugerirá nuevos avances en este ámbito.

22. El informe indica que el desempleo de larga duración afecta a más mujeres que hombres (página 101) y que hay un porcentaje más alto de mujeres que de hombres en empleos a jornada parcial. Sírvase indicar las medidas que se han adoptado para hacer frente a este fenómeno persistente y asegurar que las mujeres tengan acceso a trabajos a jornada completa y permanentes.

En Bélgica se han adoptado medidas específicas encaminadas a luchar contra el desempleo de larga duración, que afecta mayoritariamente a las mujeres. Así pues, se anima a los empleadores a contratar a estos solicitantes de empleo desocupados de larga duración mediante bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social. Algunos desempleados se benefician, asimismo, de una activación de su subsidio de desempleo o de sus ingresos de integración. El empleador puede deducir este importe del salario que debe pagar normalmente, por lo que le resultará menos costoso contratar a estos trabajadores. Estas medidas, adaptadas en función del tipo de empleador, son las siguientes:

El sistema “ACTIVA” para el sector privado

El plan Activa es una medida en favor del empleo que prevé bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social en caso de contratación de un solicitante de empleo. Estas bonificaciones vienen asociadas a una activación del subsidio de desempleo o de los ingresos de integración social en caso de contratación de una persona completamente desempleada perceptora del seguro o de un beneficiario del ingreso de integración social. Esta medida debe culminar en un aumento de la tasa de empleo en general y de la tasa de empleo de los trabajadores de edad (45 años y más) en particular.

Los contratos de transición profesional para el sector no regido por las relaciones de mercado y el sector público

El objetivo de los programas de transición profesional, creados por los empleadores del sector público en general y destinados a los desempleados de larga duración, es ofrecer a estos desempleados de larga duración la posibilidad de adquirir una experiencia profesional que les permita mejorar su posición en el mercado de trabajo y facilitarles la transición hacia el circuito formal del trabajo. Los empleadores que crean programas de transición profesional pueden beneficiarse de algunas ventajas: bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, así como una participación en el salario neto de los trabajadores.

La reglamentación “SINE” para el sector de la economía de integración social

Gracias a la utilización activa de los subsidios de desempleo, la medida “Economía de integración social” (SINE) favorece la reintegración en la economía de integración social de desempleados cuya reincorporación al mercado de trabajo resulta muy difícil. Los empleadores que contratan a trabajadores SINE pueden beneficiarse de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y de un subsidio salarial.

Las oficinas de empleo locales

La creación de las oficinas de empleo locales en municipios o en un grupo de municipios tiene por objeto satisfacer la demanda de un determinado número de actividades que no entran en los circuitos laborales habituales y que no compiten con éstos. Además, las oficinas de empleo locales también deben responder a la demanda de empleo de los desempleados de larga duración, los beneficiarios del ingreso de integración social y algunos beneficiarios de la ayuda social financiera, que tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo.

El sistema de títulos de servicio

El sistema de títulos de servicio es una iniciativa encaminada a promover los puestos de trabajo y los servicios de proximidad. Las empresas a las que se dirige el sistema de títulos de servicio son, por ejemplo, empresas comerciales (como empresas de servicios de planchado o de trabajo temporal), autónomos que empleen a asalariados, asociaciones sin fines de lucro, mutualidades, oficinas de empleo locales, municipios, centros públicos de ayuda social y empresas con fines sociales.

El trabajador que tenga un “contrato de trabajo de títulos de servicios” pertenecerá a una de las dos categorías siguientes: los trabajadores (categoría A) que reciben subsidios de desempleo, ingresos de integración o una ayuda social financiera durante su ocupación por medio de un contrato de trabajo de títulos de servicio o los demás trabajadores a los que se emplea por medio de un contrato de trabajo de títulos de servicio (categoría B).

Por otra parte, con vistas a mejorar el acceso de las mujeres a trabajos a jornada completa, se han adoptado diversas medidas encaminadas a conciliar la vida familiar y la vida profesional, como por ejemplo:

La interrupción de la carrera y el crédito de tiempo

La interrupción de la carrera permite al trabajador que lo desee interrumpir o reducir su actividad profesional. Se garantizaron el mantenimiento de una indemnización mensual durante la interrupción, una protección contra el despido y la reanudación posterior del trabajo anteriormente ejercido. Además, algunos derechos de seguridad social del trabajador que interrumpe su carrera quedan protegidos por un sólido estatuto social.

La licencia parental

Para cuidar de su hijo, el trabajador puede, a su elección, beneficiarse de una de las siguientes formas de licencia parental y recibir un subsidio mensual:

Los trabajadores (con una ocupación a tiempo completo o a tiempo parcial) pueden suspender totalmente la ejecución de su contrato de trabajo durante un período de tres meses; dicho período puede, a elección de los trabajadores, fraccionarse por meses.

Los trabajadores con una ocupación a tiempo completo pueden reducir sus prestaciones a tiempo parcial durante un período de seis meses; dicho período puede, a elección de los trabajadores, fraccionarse por meses. No obstante, las solicitudes deberán corresponder a un período de dos meses o un múltiplo de dos meses.

Los trabajadores a tiempo completo tienen derecho a reducir sus prestaciones de trabajo en una quinta parte durante un período de 15 meses. Dicha reducción de las prestaciones puede, a elección de los trabajadores, fraccionarse por meses. No obstante, las solicitudes deberán corresponder a un período de cinco meses o un múltiplo de cinco meses.

La atención paliativa

Todos los trabajadores asalariados del sector privado tienen derecho a suspender totalmente la ejecución de su contrato de trabajo o a reducir sus prestaciones de trabajo para dedicarse a brindar atención paliativa a una persona que padece una enfermedad incurable. Dicha persona no ha de ser necesariamente un miembro de la familia. En el sector público existe un derecho similar a la licencia paliativa. Asimismo, se prevé la concesión de un subsidio mensual.

En abril de 2008, el Ministro de Empleo e Igualdad de Oportunidades se comprometió a estudiar la garantía efectiva del mantenimiento de los derechos de las trabajadoras a tiempo parcial mediante la lucha contra las trampas del empleo y el aumento de los bajos salarios netos.

Para garantizar el acceso de las mujeres a los puestos de trabajo permanentes y a tiempo completo, Bélgica realiza considerables inversiones en guarderías infantiles de calidad y, en la medida de lo posible, flexibles.

El Comité encontrará, en el anexo, datos actualizados desglosados por sexo relativos a la tasa de desempleo, la duración del desempleo, el trabajo a tiempo completo/parcial y las razones que condicionan la ocupación de las trabajadoras a tiempo completo o a tiempo parcial.

23. El informe pone de relieve la precaria situación de las mujeres migrantes en la comunidad flamenca con respecto a la diferencia salarial (página 108): “El salario de las mujeres es, en promedio, un 12% inferior al de los hombres. Además, las mujeres migrantes ganan hasta un 10% menos que las ‘occidentales’”. ¿Qué iniciativas se están poniendo en marcha para eliminar las diferencias entre la remuneración de los hombres y de las mujeres y de las mujeres migrantes y las “occidentales”? ¿Se presta una atención especial a las migrantes que sufren una discriminación agravada en el empleo? Sírvase proporcionar detalles sobre la discriminación en el empleo contra las migrantes que viven en la comunidad francesa y la región valona.

En Bélgica, todos los niveles de autoridades han establecido medidas legislativas, junto con sanciones civiles y penales, para garantizar la igualdad de trato entre las personas en el mercado de trabajo, en particular sin distinción de raza o de origen étnico, tanto en el sector privado como en el público, en lo concerniente al acceso al empleo, a la formación y al ascenso profesional, y a las condiciones de trabajo.

Por otra parte, las regiones están adoptando medidas en materia de alfabetización, formación, e integración socioprofesional de las mujeres migrantes.

En este sentido, el decreto de la región valona de 4 de julio de 1996 relativo a la integración de las personas extranjeras o de origen extranjero establece, entre otras cosas, la financiación de actividades locales de alfabetización, formación e integración socioprofesional de los migrantes. Alrededor de un 30% de los medios asignados a las iniciativas locales de integración se destinan a este ámbito (+/- 300.000 euros) cada año.

Asimismo, el Decreto prevé el desarrollo de actividades de integración socioprofesional, así como la promoción de la formación, en las misiones de los centros regionales de integración de las personas extranjeras o de origen extranjero. Se trata, en su mayoría, de programas de trabajo que parten de la formación profesional propiamente dicha –trabajo previo sobre la identidad y el proyecto de vida, formación previa con revisión del nivel lingüístico, información sobre los aspectos institucionales y legislativos, acompañamiento psicosocial individualizado, etc. En este marco, cabe señalar la elevada participación de las mujeres provenientes de la inmigración.

Además de los medios dedicados a los programas de alfabetización, la región valona participa de forma específica en las iniciativas de aprendizaje del francés como lengua extranjera dirigidas a los migrantes (+/- 150.000 euros al año). Entre éstos predominan ampliamente las mujeres.

24. Sírvase proporcionar información detallada acerca de la aplicación de la ley de 11 de junio de 2002 sobre la protección contra la violencia y el acoso psicológico o sexual en el trabajo. Sírvase proporcionar datos sobre la cantidad de denuncias presentadas en los sectores público y privado y sobre su resolución. Sírvase proporcionar también detalles sobre las conclusiones de la evaluación de la ley realizada en 2004, y la situación de las enmiendas propuestas.

La ley de 11 de junio de 2002 sobre la protección contra la violencia y el acoso psicológico o sexual en el trabajo (y el decreto real de 11 de julio de 2002) obliga al empleador a integrar la protección de los trabajadores contra la violencia y el acoso en el trabajo en su política de prevención. Dicha protección se convirtió en un nuevo ámbito del concepto de bienestar en el trabajo. Así pues, el empleador debe adoptar medidas para impedir la aparición de tales comportamientos en la empresa y limitar los perjuicios causados a las personas cuando sucedan dichos comportamientos. Asimismo, la legislación obliga a todos los empleadores a designar a un consejero en prevención especializado en los aspectos psicosociales y, llegado el caso, a personas de confianza, y a establecer un procedimiento interno en la empresa.

La Inspección, que tiene competencia para el tratamiento de los expedientes de acoso y violencia en el trabajo, forma parte de la Dirección general de control del bienestar del Departamento federal de Empleo. La ley sobre la inspección del trabajo establece que el autor de una denuncia debe autorizar expresamente a la Inspección a revelar su identidad al empleador en cuestión, de lo contrario es imposible intervenir individualmente en favor de un trabajador dado.

En 2006 se cerraron 830 expedientes, pero en el sistema de registro sólo se introdujo información estructurada relativa a 525 de esos expedientes. Esto representa un aumento superior al 100% del número de expedientes registrados con respecto a 2005 (entonces, sólo había 254).

El número de expedientes sobre los cuales no se dispone de información estadística detallada (305 de los 830) se debe al hecho de que no se dispone de todos los datos y/o de que un expediente comienza con una denuncia pero evoluciona hacia una situación distinta.

De los datos recopilados es posible inferir algunas tendencias:

La calificación de “acoso psicológico” por los denunciantes representa alrededor del 80% de las denuncias, siendo el resto una mezcla de denuncias de tipo acoso sexual o violencia. Estas dos últimas categorías apenas aparecen de forma aislada como motivo de denuncia.

El porcentaje de hombres entre los denunciantes sigue siendo minoritario (47% en 2005 y 41% en 2006), en cambio, son una mayoría entre los designados como autores de un acto de acoso o de violencia (70% en 2005 y 69% en 2006).

En la gran mayoría de los casos, las personas acusadas ocupan una posición jerárquica superior (89% en 2005 y 85% en 2006).

Los expedientes que designan a varias personas como “autores” representan alrededor de una tercera parte de los casos (32% en 2005 y 36% en 2006).

Se observa un aumento (una duplicación) de las situaciones en las que varias personas presentan una denuncia en el mismo expediente (11% en 2005 y 22% en 2006).

En 2005, las denuncias provenían esencialmente del propio trabajador (92%), aunque esta cifra desciende al 74% en 2006; ello se debe principalmente al aumento de las denuncias procedentes de la auditoría del trabajo (3% en 2005 y 16% en 2006).

En una fase anterior a la presentación de la denuncia ante la Inspección, el denunciante ya ha establecido contacto con el consejero en prevención competente en materia psicosocial (de un 23% en 2005 a un 25% en 2006), y/o el empleador (descenso de un 28% a un 17%), el sindicato (disminución de un 22% a un 14%), la persona de confianza (de un 13% a un 10%), la policía (de un 9% a un 12%), la justicia (de un 4% a un 9%), y el consejero en prevención-médico laboral (se mantiene en un 2%). En el marco de la nueva legislación, estos datos no reflejan en modo alguno una evolución positiva. El recurso al empleador es menos frecuente, quizás porque se le acusa más a menudo.

Por lo que a la distribución geográfica de las denuncias se refiere: de 2005 a 2006, Bruselas pasa de un 43% a un 35%, Flandes cuenta con el menor número de expedientes (de un 33% a un 22%), y Valonia supera a ambas (de un 25% a un 43%).

Las empresas que emplean entre 10 y 99 trabajadores generan, relativamente, el mayor número de denuncias, que pasan de un 38% en 2005 a un 44% en 2006. Las empresas más pequeñas o más grandes representan el resto, muy similares en el tiempo (un 28% y un 26% para las empresas muy pequeñas, y un 20% y un 22% para las grandes empresas).

Los sectores de origen de las denuncias se distribuyen como sigue: el sector público general pasa de un 16% en 2005 a un 14% en 2006, y el sector de la enseñanza aumenta de un 6% a un 13%. En el sector privado (que pasa de un 78% a un 73%), el sector de la construcción aumenta de un 10% a un 16%, mientras que los sectores del comercio mayorista y minorista, de la asistencia, así como el de industria hotelera, restauración y cafeterías son menos importantes (9%, 7% y 9%).

Por lo que respecta a las medidas de prevención generales, en el 80% de los casos se ha adaptado el reglamento de trabajo mediante la inclusión de los datos que deben facilitarse, no obstante, en el 64% de los casos en 2006 falta el registro obligatorio para las empresas que están en contacto con el público, en el que se registran las declaraciones de los trabajadores que han sido objeto de violencia verbal o física por parte de terceros; mientras que en 2005, el 55% de las empresas controladas estaban en regla. Ello puede deberse a problemas en la definición del registro y en su utilización práctica, en particular en las empresas con varias sedes o con una importante tasa de violencia (escuelas, cárceles, hospitales,…).

La existencia de un análisis de los riesgos específico y mínimamente aceptable constituye una excepción (un 23% en 2005 y un 14% en 2006). Se están desarrollando herramientas de análisis en este ámbito. En esta etapa, los propios inspectores se sienten incómodos a la hora de comprobar si existe este tipo de análisis y evaluar su contenido.

El Departamento federal de Empleo ha elaborado un informe de evaluación de la ley de 2002, en el que pone de manifiesto varias problemáticas en la aplicación de la legislación, tales como dificultades de interpretación de conceptos clave y faltas de precisión reglamentaria.

Desde entonces, se ha modificado la legislación. Desde el 16 de junio de 2007, la violencia y el acoso psicológico o sexual en el trabajo son parte integrante de la carga psicosocial que ocasiona el trabajo, y el empleador debe integrar las medidas contra los comportamientos abusivos en el marco de una política de prevención de dicha carga. En efecto, no es posible distinguir entre estos comportamientos y la carga psicosocial. Por tanto, el empleador no sólo debe centrar su atención en los comportamientos de violencia y de acoso, sino también en las demás situaciones que, al igual que la violencia y el acoso, crean una carga psicosocial (como el estrés, los conflictos, etc.).

Además de otros actores clave, como las personas de confianza, los consejeros en prevención interna y externa, la inspección social, la auditoría del trabajo y los sindicatos, el Instituto para la igualdad de las mujeres y los hombres ha tratado una serie de denuncias relacionadas con el acoso fundado en el sexo o sexual.

Año

2005

2006

2007

2008* (27/3/08)

Acoso fundado en el sexo

2

8

3

1

Acoso sexual

3

2

3

En el sector público, en el seno de las administraciones públicas en todos los niveles de autoridad, se designa a personas de confianza que se encargan de recibir a las personas antes de que presenten una denuncia y tratan de poner fin a la situación. Una vez presentada la denuncia motivada, ésta se transmite a los servicios de medicina del trabajo. Por lo general, para la función de consejero en prevención se recurre a la contratación externa.

Salud

25. El informe proporciona información sobre el número de abortos desglosada por edad, lo cual indica que hay una alta tasa de abortos entre las embarazadas menores de 19 años (pág. 121). Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para aplicar las anteriores observaciones finales del Comité (párr. 158) a fin de prevenir los embarazos precoces y sobre la disponibilidad de los métodos anticonceptivos. Sírvase proporcionar información sobre las campañas de educación sexual y sensibilización para prevenir los embarazos no deseados dirigidas principalmente a las niñas y las mujeres jóvenes. Sírvase indicar qué atención se presta a las necesidades específicas de los adolescentes y qué programas, por ejemplo de educación e información sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva y sobre enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA, se han puesto en marcha.

Para prevenir los embarazos no deseados de las mujeres jóvenes, mediante un mayor acceso a los métodos anticonceptivos, y a fin de reforzar la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, un decreto real de 24 de marzo de 2004 prevé la posibilidad de celebrar convenios con las oficinas de tarificación concertadas y los organismos aseguradores, con miras a financiar parcialmente el coste de la compra de píldoras anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos para las mujeres menores de 21 años. La intervención financiera para el período 2004-2006 se ha fijado en un presupuesto anual de 4.733.100 euros.

Este decreto también prevé la concertación de convenios entre el Comité del seguro, los organismos aseguradores y las organizaciones que representan a los farmacéuticos con vistas a la financiación, para el grupo objetivo de jóvenes de entre 15 y 21 años, de campañas informativas relativas a la concesión de métodos anticonceptivos a un coste reducido y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como a la distribución gratuita de preservativos. Coste de esta medida: 525.900 euros.

El 8 de mayo de 2004, se lanzó una campaña informativa consistente en:

- Anuncios de televisión difundidos en todos los cines durante seis semanas, y en algunos canales de televisión orientados a los jóvenes durante dos semanas.

- Difusión de carteles en los que aparecen la última imagen del anuncio de televisión.

- Creación de un sitio en Internet, www.laura.be, que reúne de manera lúdica, aunque educativa, toda la información relativa a la medida que reduce el coste de la píldora y, de manera general, todo lo que concierne al “amor en forma segura”. Asimismo, remite a los sitios de actores activos en los ámbitos de la salud y de la vida sexual y afectiva.

De mayo de 2004 a agosto de 2005, el sitio Web ha recibido 90.000 visitas, lo que equivale a una media de 200 conexiones al día. Cerca de 15.000 visitantes han realizado el test en línea sobre sus conocimientos, y 18.000 han visto o han vuelto a ver el anuncio de televisión.

Simultáneamente a esta campaña, se ha organizado la distribución de 500.000 preservativos para sensibilizar a los jóvenes acerca de la importancia de la doble protección. Las jóvenes que compraron un método anticonceptivo en farmacia recibieron gratuitamente un preservativo, junto con un recordatorio de la campaña informativa. Las farmacias, los centros de planificación familiar, las mutualidades, etc. distribuyeron los preservativos restantes.

En septiembre de 2005, se lanzó una nueva campaña informativa en forma de novela fotográfica. Cuenta la historia de Laura, una madre adolescente que vive su embarazo no planificado y su maternidad con altibajos, con más bajos que altos, todo ello en un lenguaje y con imágenes al estilo de las novelas fotográficas publicadas en las revistas para los jóvenes. Se distribuyeron 200.000 ejemplares de la novela fotográfica como suplemento del número de octubre de Maks, una revista educativa distribuida en los colegios de Flandes entre los jóvenes de 14 a 18 años.

En la región francófona, la distribución de 150.000 ejemplares se realizó por conducto de los centros de planificación familiar. La novela fotográfica también puede verse íntegramente en el sitio www.laura.be. La aparición de anuncios en diversas revistas que recogen pasajes de la novela fotográfica habrá incitado a los jóvenes a navegar por el sitio. También se ha desarrollado información específica sobre la píldora del día siguiente.

Asimismo, en 2005 tuvo lugar una campaña de distribución de 900.000 preservativos destinada a aumentar la sensibilización respecto de la doble protección. El envoltorio del preservativo remite al sitio www.laura.be.

Se ha observado que la aplicación del decreto real de 24 de marzo de 2004 causaba algunos problemas sobre el terreno, por lo que ha sido necesario adaptar el decreto real de 12 de enero de 2006 (Moniteur belge de 22 de enero de 2006) para permitir al Instituto Nacional de Seguro por Enfermedad-Invalidez (INAMI) publicar, en su sitio en Internet (http://www.inami.fgov.be), una lista que incluya los nuevos métodos anticonceptivos, los cambios en el precio de venta al público y/o en la base de reembolso, a la espera de que se produzca la adaptación semestral de la lista por decreto real.

El principal objetivo de la campaña de noviembre de 2006 era llamar la atención de los adolescentes muy jóvenes (antes de que fueran sexualmente activos o al comienzo mismo de su vida sexual) sobre la necesidad de protegerse y sobre la mayor accesibilidad a los métodos anticonceptivos.

Por tanto, se envió a los padres de adolescentes de 13 años más de 100.000 ejemplares de un folleto informativo de 52 páginas pensado para los jóvenes. Además de algunos pasajes menos técnicos sobre las relaciones afectivas en general y el testimonio de personalidades de la televisión o de estrellas del pop sobre su “primera vez”, el folleto propone algunos juegos y tests educativos, pero siempre entretenidos.

La carta que acompañaba al folleto iba dirigida a los padres y transmitía un mensaje muy claro: “Su hijo está entrando en la adolescencia y es inevitable que se plantee algunas preguntas. Este folleto ha sido redactado por profesionales para él, pero os incumbe a vosotros, padres, decidir si vuestro hijo está preparado para leerlo.” Así pues, los padres tenían la posibilidad de leer el folleto con el fin de poder anticiparse a futuras preguntas.

De forma paralela, se utilizan las técnicas de comunicación más novedosas (podcast, Bot Messenger, test interactivo en el sitio Web), con el fin de informar aún mejor a los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos y “el amor en forma segura”. Además, el sitio Web sigue siendo el centro de la campaña informativa, ya que ha recibido más de 470.000 visitas desde la primera campaña de 2004. De ahora en adelante, incluye un podcast que se puede descargar y reproducir en un lector MP3 o un iPod. El uso de un Bot Messenger constituye otra forma innovadora de llegar a los jóvenes. Es decir, los jóvenes que utilizan MSN Messenger pueden añadir “Dr. Love” a sus animaciones que comunican el estado de conexión de los usuarios y recibir una pregunta sobre “el amor en forma segura” cada vez que abran una sesión. Quien dé una respuesta incorrecta recibe la respuesta correcta, y se le remite al sitio Web www.laura.be. Puesto que el sitio Web también está en el centro de una comunidad de Internet, se ha elaborado un “test sobre el sexo sin riesgo” que los jóvenes pueden realizar.

En 2006 se desarrolló una campaña de distribución de preservativos (750.000). De ahora en adelante, los centros de planificación familiar (en Valonia) y Sensoa (en Flandes) podrán poner a disposición de sus visitantes existencias de preservativos durante todo el año e incluso organizar iniciativas.

Para aplicar su política con respecto a la salud sexual y reproductiva, el Gobierno flamenco trabaja conjuntamente con varias organizaciones de expertos, con las que se han suscrito convenios a largo plazo (5 años). La más importante es Sensoa, que actúa en el terreno de la salud y el bienestar sexual, y un centro de competencia con respecto al VIH/SIDA y las ETS. Entre los diferentes grupos objetivo específicos en los cuales se concentra Sensoa (jóvenes, gays, lesbianas y bisexuales, inmigrantes, personas infectadas con el VIH), las mujeres reciben naturalmente especial atención. Por ejemplo, los folletos se ocupan particularmente del control de la natalidad, algunas secciones en el sitio Web se dedican específicamente a las mujeres, etc. En colaboración con el ‘Centro de apoyo a las niñas y mujeres inmigrantes’, se está elaborando actualmente un sitio Web para la juventud musulmana.

La Pasop y la GH@pro se han ganado un destacado perfil como organizaciones que desempeñan actividades en el terreno con respecto a la prevención y el asesoramiento, orientados específicamente hacia los trabajadores sexuales. Aquí encontramos casi exclusivamente mujeres. Estas organizaciones reciben subsidios para promover la salud sexual entre los trabajadores sexuales. Tanto Pasop como GH@pro tienen horarios de consulta, en los cuales los trabajadores sexuales pueden recibir información o presentarse para un examen médico. Se administra la vacuna contra la hepatitis B a cada trabajador sexual y se procede a un seguimiento. En 2007, estas organizaciones recibieron la visita de 1.140 trabajadoras sexuales en Flandes.

Las actuales tendencias epidemiológicas en Europa muestran que los migrantes procedentes de países donde hay epidemias generalizadas (como es el caso de muchos países del África subsahariana) representan una creciente proporción de nuevos infectados por el VIH. Hoy en día, las personas que no poseen la nacionalidad belga constituyen el grupo con mayor prevalencia del VIH (es decir, el 62,3% de todas las personas a las que se ha diagnosticado el VIH y cuya nacionalidad se sabe que no es belga). Sin embargo, no se dispone de información acerca de la nacionalidad para casi el 30% de los casos de VIH (Sasse et al. 2006). De los ciudadanos que no son belgas, el 76,5% son migrantes del África subsahariana. Entre estos últimos, se ha visto afectado un mayor número de mujeres (61%) y de grupos de edad más jóvenes con respecto a la población general de las personas que viven con el VIH. Por eso reviste tanta importancia el proyecto VIH-migrantes del África subsahariana del Instituto de Medicina Tropical de Amberes (ITG). Dicho proyecto apoya la idea de que la prevención es más eficaz cuando se realizan intervenciones al mismo tiempo en distintos niveles. El hecho de trabajar en la prevención primaria, secundaria y terciaria permite abordar tanto los factores que modifican la situación personal como los factores que modifican la situación estructural, que son fundamentales para que los migrantes del África subsahariana puedan reducir su riesgo potencial de verse infectados con el VIH.

En junio de 2001, se inició un programa organizado de detección del cáncer de mama, invitando a todas las mujeres de entre 50 y 69 años de edad a someterse a un examen mamográfico gratuito. El porcentaje de participación es de un 45% de todas las mujeres del grupo seleccionado.

La Comunidad francesa lanza un proyecto piloto de 4 x 2 horas de sesiones de animación sobre la vida social, afectiva y sexual (EVRAS), que se desarrollan en 12 establecimientos escolares de la siguiente manera:

alrededor de 10 años: relación entre niñas y niños, identidad sexual, referencia al cuerpo

alrededor de 12 años: pubertad, primera sensibilización sobre la vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano - niñas) y la hepatitis B, así como sobre los embarazos precoces

alrededor de 14 años: a partir de la planificación familiar: información acerca de la sexualidad, las ETS, los anticonceptivos y los embarazos precoces

alrededor de 16 años: a partir de la planificación familiar: trabajo partiendo de las experiencias personales

En cuanto a la información sobre el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, algunas asociaciones especializadas y subvencionadas, total o parcialmente, por la Comunidad francesa editan dos veces al año folletos generales y específicos dirigidos a los adolescentes.

En la Comunidad germanófona existe un grupo de prevención del SIDA, de cuya coordinación y seguimiento se encarga el Departamento de Salud del Ministerio de la Comunidad germanófona. Dicho grupo está actualmente integrado por 11 mujeres y hombres especialmente formados para informar sobre el tema “SIDA” y su prevención. Todos los años, en los meses de abril/mayo y octubre, estos colaboradores se reúnen con todas las escuelas de la Comunidad germanófona para informar sobre el tema “SIDA” y su prevención. El público al que se dirigen son jóvenes de 14 y 15 años (tercer año de la enseñanza secundaria)

26. En el informe se menciona la mutilación genital de las niñas (páginas 5, 25, 26, 44 y 90). Sírvase proporcionar datos estadísticos sobre la incidencia de este fenómeno e indicar qué medidas se han adoptado para prevenirlo y combatirlo en las comunidades de inmigrantes, y sobre los resultados de estas medidas.

En el marco de la Conferencia interministerial “Integración en la sociedad” de 21 de noviembre de 2006, se había elaborado un proyecto de Plan de acción nacional en materia de lucha contra la mutilación genital femenina. Se había establecido un grupo de trabajo encargado de estudiar 11 propuestas incluidas en ese proyecto, que, lamentablemente, no se han materializado.

En su Declaración de política general del mes de abril de 2008, el Ministro de Justicia prevé que, tras la evaluación del Plan de acción nacional de lucha contra la violencia conyugal para el período 2004-2007, en colaboración con los ministros federales competentes y con las comunidades y las regiones, se establecerá un nuevo plan de acción, el cual deberá ampliarse a todas las formas de violencia ejercida contra la mujer, y, en particular, a la mutilación genital femenina.

Desde hace varios años, el Departamento federal de Salud Pública se encarga del envío y de la publicación de un folleto elaborado por el Profesor Amy de la Universidad Libre de Bruselas. En éste figuran las referencias de la asociación GAMS como sede de referencia. La ASBL GAMS-Belgique realiza un trabajo de (in)formación y sensibilización sobre esta temática en Bélgica. Entre otras cosas, tiene previsto emprender, a partir de 2008, dos campañas nacionales: la primera, el 6 de febrero de 2008, con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina, y en junio de 2008, una campaña de sensibilización antes de las salidas de vacaciones con el lema “Pas d'excision pour ma fille!” [“No a la ablación de mi hija”].

Matrimonio y familia

27. Sírvase proporcionar información actualizada (página 133) sobre el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de marzo de 2006 sobre las amenazas o el uso de la violencia para obligar a alguien a contraer matrimonio. Sírvase proporcionar también datos estadísticos sobre este fenómeno.

1. El 25 de junio de 2007, entró en vigor la ley de 25 de abril de 2007, por la que se inserta un artículo 391 sexies en el Código Penal y se modifican algunas disposiciones del Código Civil con vistas a incriminar el matrimonio forzado y ampliar los medios que permiten anularlo, publicada en el Moniteur Belge de 15 de junio de 2007.

En virtud de esta ley, en el nuevo artículo 146 ter de nuestro Código Civil se establece que “Tampoco hay matrimonio cuando éste se contrae sin el libre consentimiento de ambos cónyuges y el consentimiento de al menos uno de los cónyuges se ha dado bajo violencia o amenaza”.

La nueva disposición permite al funcionario del Registro Civil negarse a celebrar el matrimonio en caso de tratarse de un matrimonio forzado. De ahora en adelante, el matrimonio forzado será susceptible de una nulidad absoluta, que podrá ser invocada por el Ministerio Público, los propios cónyuges y todos aquellos que tengan un interés en el mismo.

Por otra parte, también se establece una sanción penal. Se prevé sancionar con una pena de prisión de un mes a dos años o con una multa de 100 a 500 euros a toda persona que, recurriendo a violencias o amenazas, obligue a alguien a contraer matrimonio. La tentativa de matrimonio forzado también es punible.

Cabe señalar que se sanciona igualmente el matrimonio forzado sobre la base del apartado 3, párrafo 1, y del apartado 3, párrafo 2, del artículo 79 bis de la ley de 15 de diciembre de 1980 sobre el acceso al territorio, la estadía, el establecimiento y el alejamiento de los extranjeros cuando este fenómeno coincide con el del matrimonio ficticio. En efecto, esta disposición sanciona con una misma pena a toda persona que haya recurrido a violencias o amenazas para obligar a alguien a celebrar un matrimonio ficticio con el único fin de obtener un permiso de residencia o de que se conceda un permiso de residencia a su cónyuge.

2. En el proyecto de ley presentado a fin de preparar la ley de 25 de abril de 2007, se había expuesto la envergadura del fenómeno de los matrimonios forzados en Bélgica, haciendo referencia a las siguientes fuentes de información:

En 1999, la Universidad Libre de Bruselas había realizado entrevistas sobre la problemática de los matrimonios forzados a mujeres turcas y marroquíes residentes en Flandes y Bruselas.

El 27% de las mujeres entrevistadas mayores de 40 años declararon haber contraído matrimonio por obligación. El 13% de las mujeres migrantes de la primera generación turca de entre 17 y 24 años reconocieron haber contraído matrimonio por obligación. Por lo que respecta a las mujeres marroquíes entrevistadas, este índice era de un 8%.

A petición de la Dirección de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de la Comunidad francesa, la Universidad Católica de Lovaina realizó un estudio relativo, en particular, a los matrimonios forzados en la Comunidad francesa, en el que participaron 1.200 jóvenes alumnas con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, a lo largo de un período que iba de diciembre de 2003 a junio de 2004. A los fines de este estudio, el matrimonio forzado se había definido como “el que se realiza sin el consentimiento válido de ambas partes, y en el que la coacción es un factor”.

Según este estudio, el 73,4% de las jóvenes afirman que los matrimonios forzados siguen produciéndose en Bélgica; el 23% declara haber conocido casos de matrimonio forzado, de los cuales un 16 % entre conocidos y un 7 % dentro de la familia. El estudio revela asimismo que las niñas tienen mayor conciencia del problema de los matrimonios forzados. Lo mismo se aplica a las personas interrogadas de más edad, aquellas que cursan una rama técnica o profesional, que asisten a una clase de religión islámica o cuyo padre tiene un nivel de formación inferior al de secundaria. Los resultados de esta encuesta exploratoria se publicaron en el número 15 de Faits et Gestes [Hechos y Gestos] en diciembre de 2004, en el que se presentaban los principales resultados bajo el título “Mariage choisi, mariage subi : quels enjeux pour les jeunes” [“Matrimonio elegido, matrimonio sufrido: ¿qué desafíos para los jóvenes”]. Para reforzar los vínculos entre los diferentes actores y emprender un enfoque coordinado y transversal de la problemática, esa publicación estuvo acompañada por un coloquio sobre la problemática de los matrimonios forzados, organizado el 21 de enero de 2005.

Además de mencionar esos estudios, el proyecto de ley señalaba que diversas asociaciones habían denunciado casos de matrimonio forzado y que se habían realizado otros estudios a pequeña escala.

3. Dado el carácter reciente de la ley por la que se incrimina el matrimonio forzado, actualmente no disponemos de estadísticas judiciales.

28. En sus observaciones finales anteriores (párr. 165 y 166), el Comité expresó su preocupación por la naturaleza discriminatoria de las disposiciones jurídicas sobre la transmisión de apellidos. Sírvase indicar qué medidas se han adoptado para asegurar la igualdad entre los padres en la transmisión de los apellidos a los hijos. ¿Cuál es el estado actual de todos los proyectos de ley enumerados en las páginas 135 y 136 del informe? ¿Se ha fijado un plazo para su promulgación?

Tras la disolución de las Cámaras legislativas federales, el 2 de mayo de 2007, se consideró que las proposiciones de ley que se citan en el informe anterior carecían de valor (véase la ley de 5 de mayo de 1999 relativa a los efectos de la disolución de las Cámaras legislativas frente a proyectos y proposiciones de ley de las que conocen).

Durante la legislatura actual, se han presentado nuevas proposiciones de ley que tienen por objeto introducir, sobre todo, la igualdad entre los padres en lo concerniente a la atribución del apellido al niño. No obstante, el Parlamento no ha fijado aún el calendario para el examen y la posible aprobación de estas proposiciones de ley.

29. Sírvase proporcionar información acerca de la investigación y las conclusiones sobre las diferencias entre hombres y mujeres respecto de las consecuencias económicas de la disolución de una relación. Sírvase proporcionar información sobre el tipo de bienes distribuidos al disolverse una relación e indique, en particular, si la ley reconoce los bienes intangibles (es decir, fondos de pensiones, pagos por cese en el empleo o seguros) como parte de los bienes que deben repartirse. Sírvase indicar también si la legislación prevé la distribución de la capacidad futura para generar ingresos y del capital humano, o si tiene en cuenta la mayor capacidad para generar ingresos o el capital humano a la hora de repartir los bienes (por ejemplo, mediante la concesión de una suma fija que refleje el porcentaje estimado del otro cónyuge en este tipo de activos, o permitiendo que se decrete el pago de una indemnización al cónyuge).

1. La organización jurídica de las relaciones patrimoniales entre cónyuges queda establecida por el capítulo V del libro III del Código Civil, relativo a los regímenes matrimoniales y en el que figuran los artículos 1387 à 1474.

En virtud de estos artículos, el régimen aplicable a falta de contrato entre las partes es el de la comunidad jurídica, basado en la existencia de tres patrimonios: el patrimonio propio de cada uno de los cónyuges y el patrimonio común sobre el que cada uno de los cónyuges posee derechos iguales (artículo 1398 del Código Civil).

El objetivo de este régimen es garantizar la igualdad de los cónyuges con respecto a todos los ingresos y bienes adquiridos por ellos durante el matrimonio y asegurar un poder de gestión compartido sobre dichos ingresos y bienes. Este sistema protege, en particular, al cónyuge que no disponga de ingresos profesionales propios durante el matrimonio.

Así pues, constituyen el patrimonio común todos los ingresos de la actividad profesional de cada uno de los cónyuges, al igual que todos los ingresos e indemnizaciones sustitutitas o que los completen (apartado 1 del artículo 1405 del Código Civil): en particular, se contemplan las indemnizaciones por causa de desempleo o despido, así como las ventajas extrajurídicas concedidas por la empresa, como un fondo de pensiones complementario.

Constituyen, asimismo, el patrimonio común todos los bienes adquiridos a título onerosos por uno de los cónyuges o por ambos cónyuges durante el curso del régimen.

No obstante, se prevén algunas excepciones a esta última norma: constituyen, pues, bienes propios el derecho a las pensiones, pensiones vitalicias o prestaciones de naturaleza similar cuyo titular sea sólo uno de los cónyuges (apartado 4 del artículo 1401, del Código Civil – únicamente el derecho a la pensión es propio, las cantidades ingresadas pertenecen al patrimonio común) al igual que, con sujeción a determinadas condiciones, un seguro de vida suscrito por uno de los cónyuges en beneficio propio (apartado 7 del artículo 1400 del Código Civil: el capital será común si se ingresa durante el curso del régimen matrimonial, y será propio si se ingresa tras disolverse éste).

En caso de disolución del régimen jurídico, éste cesará en el futuro: los ingresos de los cónyuges dejan de alimentar el patrimonio común y los bienes que cada uno de ellos pudiera adquirir ya no forman parte del activo que debe distribuirse. Por tanto, no existe mecanismo de participación en los ingresos o en los bienes adquiridos una vez disuelto el régimen.

La ley permite a los cónyuges adoptar convenios que modifiquen el régimen jurídico, aunque no autoriza ninguna derogación de las normas relativas a la gestión de los patrimonios propios y común (artículo 1451 del Código Civil).

Asimismo, la ley permite a los cónyuges adoptar un régimen distinto del régimen jurídico, en particular, un régimen de separación de bienes en el que cada uno de los cónyuges mantiene como propios sus ingresos y ahorros (artículo 1466 del Código Civil).

En este último caso, no existe ni patrimonio común ni posibilidad alguna de participar automáticamente en los bienes del cónyuge. No obstante, las normas del régimen primario (artículo 212 a 224 del Código Civil), que son aplicables a todos los cónyuges, siguen siendo aplicables e introducen cierta solidaridad entre los cónyuges, por ejemplo, al obligarles solidariamente a abonar todas las deudas contraídas para atender las necesidades del hogar y de la educación de los hijos (artículo 222 del Código Civil).

2. Por lo que respecta a la pensión alimenticia resultante del divorcio, el 1º de septiembre de 2007 entró en vigor la ley de 27 de abril de 2007 por la que se reforma el divorcio (Moniteur Belge de7 de junio de 2007). Dicha ley ha introducido, en particular, algunas modificaciones que conciernen a la pensión alimenticia entre cónyuges (principalmente, los artículos 229 y 301 del Código Civil). Así pues, a falta de convenio entre las partes, la ley de 27 de abril de 2007 prevé que, en el marco del divorcio por causa de desunión irremediable, el juez podrá acordar, a solicitud del cónyuge necesitado, una pensión alimenticia a cargo del otro cónyuge. El legislador ha optado por un derecho ampliado, dado que éste está abierto al cónyuge que haya solicitado y obtenido el divorcio por causa de desunión irremediable. Con todo, ese derecho a una pensión alimenticia puede ser excluido si el posible deudor demuestra que el solicitante ha cometido una falta grave que hace que la convivencia de los cónyuges ya no sea posible (por ejemplo, el perpetrador de actos de violencia contra el cónyuge no podrá obtener una pensión alimenticia). De ahora en adelante, si bien la nueva ley permite al juez conceder el divorcio sin demostrar culpa alguna, no excluye toda referencia a la culpa en lo que concierne a las consecuencias financieras del divorcio.

El juez fija el importe de la pensión, que debe cubrir al menos la situación de necesidad del beneficiario y no puede superar la tercera parte de los ingresos del cónyuge deudor de la pensión. Puede adecuar el importe en función de las opciones económicas presentadas por las partes durante su convivencia y, en particular, para evitar que se sancione al cónyuge cuya carrera se haya visto perjudicada por la vida en pareja.

Otro aspecto innovador de la ley se refiere a la limitación en el tiempo de la pensión alimenticia, que no deberá exceder el período de duración del matrimonio, salvo que medien circunstancias excepcionales.

Enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención

30. Sírvase indicar si el Estado Parte está considerando la posibilidad de aceptar la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.

Consciente de la importancia que reviste el funcionamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Bélgica, al igual que los demás países de la Unión Europea, ha copatrocinado la resolución 62/218 de la Asamblea General, que, entre otras cosas, autoriza al Comité a reunirse en cinco períodos de sesiones en el bienio 2008-2009, de los cuales tres se celebrarían en salas paralelas, para que el Comité pueda recuperar el retraso acumulado en el examen de los informes.

Considerando que la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 todavía no ha entrado en vigor, Bélgica ha seguido apoyando soluciones alternativas para que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pueda ejercer sus funciones en forma satisfactoria. En este momento, Bélgica está considerando la posibilidad de entablar el procedimiento de ratificación en lo que concierne a la enmienda del párrafo 1 del artículo 20. En efecto, Bélgica reconoce la necesidad de conceder más tiempo al Comité para que ejerza sus funciones de manera previsible y sostenible sobre una base previsible y duradera.