Más del 70 % de estos casos se referían a formas múltiples de discriminación en los que se alegaba discriminación por razón de “sexo” en el documento inicial, combinada con otro motivo o motivos. Con excepción del motivo específico “situación personal”, los motivos alegados con más frecuencia en combinación con la discriminación por razón de “sexo” eran “discapacidad”, “educación” y “estado civil”.
Durante el mismo período se iniciaron 11 procesos sobre la base de denuncias de acoso sexual:
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
31 de julio de 2018 |
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Acoso sexual |
4 |
1 |
4 |
2 |
– |
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 2 de la lista de cuestiones y preguntas
En su sitio web oficial, el Ministerio de Trabajo y Política Social ha publicado información detallada acerca de la Convención, el Comité, el Protocolo Facultativo de la Convención, las recomendaciones generales del Comité y las recomendaciones que este hizo a Bulgaria. El Ministerio de Trabajo y Política Social ha publicado enlaces que dan acceso a dichos documentos.
Un grupo interdepartamental, en el que participaron representantes de todos los ministerios, organismos, autoridades públicas, interlocutores sociales y organizaciones no gubernamentales, elaboró un plan de acción para la aplicación de las recomendaciones finales del Comité. A petición del Comité, en 2014 se presentó un informe provisional sobre las medidas adoptadas en relación con los puntos 4 y 7 del plan. Dichas medidas se refieren al fortalecimiento del mecanismo nacional para el empoderamiento de las mujeres y la protección contra la violencia.
Se ha presentado al Comité información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las medidas adoptadas por las autoridades búlgaras para aplicar las recomendaciones sobre las comunicaciones 31/2011 (mayo de 2013) y 32/2011 (febrero de 2014). El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Política Social y el Ministerio de Finanzas celebraron consultas para aceptar la decisión ad hoc del Consejo de Ministros de ofrecer una indemnización económica en relación con las denuncias presentadas contra Bulgaria.
Las cuestiones relacionadas con la difusión de información sobre los derechos de las mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación se debaten periódicamente en las reuniones del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Se imparten también distintos cursos de formación en la materia y se celebran seminarios e iniciativas conexas.
Por ejemplo, en el período 2013-2015, se llevó a cabo un proyecto de dos años de duración sobre el tema de la igualdad en la toma de decisiones económicas. Además, se organizó una mesa redonda internacional de expertos, que versó sobre el intercambio de buenas prácticas en la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asistieron a la mesa redonda organizaciones no gubernamentales destacadas y representantes de países de la región, entre ellos Turquía, Rumania, Croacia y Eslovenia.
Cabe señalar que en Bulgaria se celebran periódicamente actos dedicados a la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. Por ejemplo, el 7 de marzo de 2014, el Ministerio de Trabajo y Política Social organizó una jornada nacional por la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres en Bulgaria. El objetivo principal de la jornada fue presentar datos estadísticos sobre la remuneración que perciben mujeres y hombres. En 2016, asistieron a la jornada de información sobre la igualdad de remuneración en Bulgaria más de 180 activistas sindicales y presidentes de federaciones de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria y la Confederación de Trabajadores “Podkrepa”, así como representantes de asociaciones de empleadores y de instituciones del Estado, el sector académico y las organizaciones no gubernamentales.
El 11 de enero de 2017 se celebró también una mesa redonda sobre el tema “Fomento de la independencia económica de las mujeres: logros y desafíos”, como parte de del programa de cooperación para 2016-2017 entre el Ministerio de Trabajo y Política Social de la República de Bulgaria y el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Reino de Suecia.
En el período 2016-2017, la CPD impartió seis seminarios de capacitación para partes interesadas a nivel local en las cuestiones de prevención, detección y protección contra la discriminación. Los temas de la igualdad y la protección contra la discriminación también se trataron en cada uno de los seminarios regionales. Se han celebrado conferencias y se han hecho presentaciones detalladas sobre temas relacionados con la discriminación en el lugar de trabajo y el acoso sexual, así como sobre la promoción de la Convención.
Además, se estableció la CPD como un organismo estatal independiente especializado. La Comisión tiene importantes competencias en materia de prevención y protección contra la discriminación y de promoción de la igualdad de trato, entre ellas la tramitación de denuncias individuales. En virtud de la Ley de Protección contra la Discriminación, es posible iniciar procedimientos judiciales de protección contra la discriminación ante la CPD y los tribunales. Los procesos iniciados ante la CPD concluyen con la adopción de una decisión que puede ser apelada en virtud del Código de Procedimiento Administrativo. Los gastos incurridos en el proceso se sufragan con cargo al presupuesto de la Comisión.
Cualquier persona puede emprender acciones judiciales ante un tribunal regional si sus derechos en virtud la Ley de Protección contra la Discriminación o de otras leyes han sido vulnerados. Cuando los derechos de la víctima han sido afectados por un acto administrativo, los gastos del proceso de apelación se sufragarán con cargo al presupuesto del tribunal.
La igualdad de todas las personas, independientemente de su sexo, en el acceso a la justicia está garantizada mediante la prestación de asistencia letrada eficaz, regulada por la Ley de Asistencia Letrada. Se considera que la asistencia letrada consiste en:
•Asesoramiento en la etapa previa al proceso para llegar a un arreglo;
•Preparación de documentos para llevar un asunto a un tribunal;
•Representación letrada;
•Representación en el momento de la detención en virtud de la Ley del Ministerio del Interior, la Ley de Aduanas y la Ley del Organismo Estatal de Seguridad Nacional.
En 2015, el marco jurídico de la asistencia letrada fue modificado para garantizar que un mayor número de personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables tuviera acceso a ella. Se estableció una línea telefónica directa de asistencia letrada y se crearon centros regionales de asesoramiento jurídico como nuevas formas de prestar asistencia y ofrecer consultas en materia jurídica. Todos los ciudadanos, incluidos los que viven en asentamientos periféricos, las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada y las que se encuentran por debajo del umbral nacional de pobreza, tienen acceso a la asistencia letrada mediante un procedimiento simplificado. El Ministerio de Justicia es el encargado de la ejecución de un programa de justicia apoyado por el Mecanismo Financiero de Noruega. Uno de los proyectos comprendidos en ese programa consiste en mejorar el acceso a la justicia para las personas que viven por debajo del umbral de pobreza. Sus principales actividades están dirigidas a facilitar el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia jurídica, prestando especial atención a las minorías étnicas y a las víctimas de la violencia doméstica y la violencia por razón de género e invirtiendo en el desarrollo de la capacidad de los profesionales para que presten servicios de calidad a los grupos vulnerables en Bulgaria.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 3 de la lista de cuestiones y preguntas
En los últimos años, las cuestiones relativas a la violencia contra la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres han pasado a ser una prioridad del plan de estudios del Instituto Nacional de Justicia.
Actualmente se están ejecutando dos proyectos del Fondo Social Europeo, a saber: “Formación profesional de calidad para reforzar la eficiencia del sistema judicial” y “Productos y servicios de formación innovadores en el Instituto Nacional de Justicia”. Estos proyectos se ajustan plenamente a las condiciones prescritas en el Reglamento (UE) núm. 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Por otra parte, la Convención y su Protocolo Facultativo también están incluidos en la formación inicial y continua de las fuerzas policiales.
El Ministerio de Trabajo y Política Social participa como asociado en la ejecución del proyecto “Perfeccionamiento del marco jurídico nacional de conformidad con las normas del Consejo de Europa y fortalecimiento de la capacidad de las instituciones competentes que se ocupan de los casos de violencia doméstica y violencia por razón de género”. Los grupos destinatarios del proyecto son los jueces, juristas, funcionarios gubernamentales y empleados de la administración pública, trabajadores sociales, empleados de las fuerzas policiales, organizaciones no gubernamentales, víctimas de la violencia doméstica y otros. Se han realizado numerosos cursos de formación. Como resultado de ello, se preparó un proyecto de estrategia para la reducción de la violencia doméstica.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 de la lista de cuestiones y preguntas
El conjunto de instrumentos jurídicos internacionales y las normas y estándares europeos se reflejan en el ordenamiento jurídico de Bulgaria, lo que constituye un marco jurídico sólido para luchar contra las desigualdades y la discriminación de las mujeres.
La igualdad entre las mujeres y los hombres está garantizada al más alto nivel legislativo. De conformidad con la Constitución de la República de Bulgaria, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y no existen privilegios ni restricciones de derechos por motivos de raza, nacionalidad u origen social, identidad étnica propia, sexo, religión, educación, opinión, afiliación política, situación personal y social o patrimonio.
Además, existe un conjunto de documentos normativos que regulan los distintos aspectos de la participación de las mujeres y su protección en los ámbitos del empleo, la educación, el acceso a los servicios, entre otros. Entre ellos figuran el Código del Trabajo, la Ley de Fomento del Empleo, el Código de la Familia y leyes específicas, como la Ley de Protección contra la Discriminación y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En la Ley de Protección contra la Discriminación se establecen multas para quienes causen y permitan la discriminación. La CPD está facultada para imponer las siguientes sanciones administrativas:
•Dictar instrucciones de obligatorio cumplimiento por los empleadores y funcionarios para que eliminen las violaciones de la legislación en materia de prevención de la discriminación;
•Suspender la ejecución de decisiones o instrucciones de empleadores que sean contrarias a derecho y den lugar o puedan dar a lugar a discriminación.
La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres promueve la política estatal de igualdad entre mujeres y hombres, que se basa en los principios de:
•La igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política;
•La igualdad de acceso de mujeres y hombres a todos los recursos de la sociedad;
•La igualdad de trato de mujeres y hombres, y la prevención de la discriminación y la violencia por razón de género;
•La representación equilibrada de mujeres y hombres en todos los órganos decisorios;
•La superación de los estereotipos de género.
El propósito de la Ley es promover el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. La Ley crea las condiciones para el establecimiento de un entorno institucional y define los órganos y mecanismos de aplicación de todas las políticas en pro de la igualdad. Las funciones y responsabilidades de los correspondientes órganos institucionales y los mecanismos a nivel central y regional están en consonancia con la Estrategia Nacional para la Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres también establece requisitos normativos para la gestión eficaz de la política mediante la regulación del mecanismo nacional. El funcionamiento eficaz del mecanismo asegura la aplicación satisfactoria de un enfoque integrado de la formulación y aplicación de todas las políticas sectoriales, regionales y locales, así como de la realización de análisis y evaluaciones de los efectos de una decisión antes de su adopción. El uso de un enfoque integrado y la aplicación de medidas especiales de carácter temporal son instrumentos que se refuerzan mutuamente y que permitirán establecer la igualdad de hecho.
La visión que ofrece la ley es positiva y alentadora. En este sentido, la aplicación de sanciones no sería pertinente, puesto que las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios ya están reguladas por otras leyes, como la Ley de Protección contra la Discriminación. Con ese fin, se ha establecido una mención por logros importantes en la aplicación efectiva de la política de igualdad, que se concede una vez al año a instituciones del Estado (autoridades centrales y locales), organizaciones comerciales y no comerciales y organizaciones no gubernamentales.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 5 de la lista de cuestiones y preguntas
El Ombudsman, como órgano del Estado independiente, tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos, centrándose especialmente en los grupos vulnerables. El Ombudsman examina las denuncias presentadas por ciudadanos cuando se han vulnerados sus derechos humanos, en particular sus derechos económicos, sociales y culturales, de resultas de acciones u omisiones de los órganos del Gobierno y del sector privado. En el sitio web y los informes anuales del Ombudsman se puede encontrar más información sobre todas sus actividades.
En 2017, el Ombudsman inició el procedimiento para obtener la acreditación como institución de categoría A. Ya se han adoptado medidas para aplicar las recomendaciones del Comité, si bien en el caso de algunas de ellas fue preciso introducir enmiendas legislativas, incluso en la Ley del Ombudsman, para que el mandato del Ombudsman incluyera tanto la protección como la promoción de los derechos humanos. Se están dando nuevos pasos para reforzar la interacción con el sistema de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, así como para aumentar la transparencia del proceso de selección y nombramientos. El Parlamento nacional aprobó esas enmiendas en 2018, y se ha presentado una nueva solicitud de acreditación en la categoría A.
La CPD es un órgano cuasijudicial que resuelve de forma independiente las controversias relacionadas con las denuncias de discriminación, entre ellas las relativas a discriminación por razón de sexo y a formas múltiples de discriminación. Los procedimientos iniciados ante la Comisión son gratuitos, y todas las personas reciben asesoramiento y asistencia de forma gratuita cuando presentan denuncias.
A fin de prevenir o poner fin a las violaciones de lo dispuesto en la ley y prevenir o remediar sus consecuencias perjudiciales, la Comisión podrá aplicar las siguientes medidas administrativas coercitivas:
•Dar instrucciones de obligatorio cumplimiento a los empleadores y funcionarios para que corrijan las situaciones en que se ha vulnerado la legislación contra la discriminación;
•Suspender la ejecución de decisiones o instrucciones de empleadores que sean contrarias a derecho y den lugar o puedan dar a lugar a discriminación.
Las sanciones administrativas consisten en multas de 250 a 2.000 levas, aunque se pueden aplicar sanciones más severas. En el sitio web de la CPD se puede consultar información sobre los casos que tiene ante sí la Comisión.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 de la lista de cuestiones y preguntas
El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, creado en 2004, establece las bases de la estructura de coordinación nacional al más alto nivel de las autoridades ejecutivas y apoya al Consejo de Ministros en la formulación y aplicación de la política estatal en materia de igualdad de género. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género es también un órgano que facilita las consultas, la cooperación y la coordinación entre los órganos ejecutivos centrales y regionales y las estructuras de la sociedad civil. El Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Género es el Ministro de Trabajo y Política Social, que gestiona, coordina y supervisa la aplicación de la política estatal en materia de igualdad de género y tiene entre sus funciones:
•Elaborar leyes y documentos estratégicos que contengan disposiciones relacionadas con la igualdad de género y promover la adopción y modificación de dichos documentos; organizar y gestionar el funcionamiento del Consejo;
•Coordinar la elaboración y aplicación de la Estrategia Nacional y los planes para su aplicación y presentar informes al respecto;
•Coordinar la redacción de un informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres en Bulgaria;
•Prestar apoyo metodológico al poder ejecutivo en la aplicación de la política estatal en materia de igualdad de género;
•Gestionar y coordinar la participación en programas y proyectos nacionales e internacionales en el ámbito de la igualdad de género, incluso conjuntamente con las autoridades públicas y organizaciones;
•Mantener contactos con autoridades públicas especializadas similares de otros países, así como con organizaciones internacionales.
De conformidad con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género se ocupa de:
•Emitir dictámenes sobre los proyectos de documento estratégico y los proyectos de ley que contienen disposiciones relacionadas con la igualdad de género, antes de que se presenten al Gobierno;
•Participar en la elaboración de la Estrategia Nacional;
•Proponer medidas para promover la política estatal en materia de igualdad de género;
•Participar en la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos necesarios para el sistema de vigilancia.
El Consejo está integrado por:
•Los ministerios, los organismos ejecutivos y estatales y otras autoridades;
•Las organizaciones nacionales que representan a los empleados y trabajadores;
•Las organizaciones nacionales que representan a los empleadores;
•La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Bulgaria;
•Las entidades sin fines de lucro cuyas operaciones comerciales están en consonancia con las prioridades de la política estatal en materia de igualdad de género.
El Departamento de Igualdad de Oportunidades, Lucha contra la Discriminación y Prestaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Política Social actúa como secretaría del Consejo. El departamento desarrolla y coordina la aplicación de la política estatal en relación con la igualdad de oportunidades y participa en la preparación de metodologías y métodos de seguimiento y estudio. Asimismo, analiza y evalúa si la legislación nacional está en concordancia con la legislación de la Unión Europea en el ámbito de la igualdad de oportunidades, y elabora documentos legislativos y el presupuesto por programas del Ministerio en ese ámbito. Además, el Departamento participa en la elaboración de los planes de acción nacionales anuales para promover la igualdad entre mujeres y hombres y en el análisis de su ejecución. En el desempeño de sus funciones, el Departamento mantiene relaciones con otros órganos estatales, así como con instituciones de investigación y organizaciones no gubernamentales que trabajan en esa esfera. Trabaja en estrecha colaboración con los funcionarios designados por los órganos ejecutivos centrales y regionales que se desempeñan como coordinadores para la igualdad de género.
Las organizaciones no gubernamentales, tras un procedimiento de selección, integran el Consejo en pie de igualdad. El Estado depende de sus conocimientos especializados y experiencia profesional y recaba sus opiniones sobre cuestiones importantes para la sociedad y la política de igualdad. Los representantes de las instituciones del Estado apoyan las iniciativas de la sociedad civil y participan en ellas. Así, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género se ha convertido en un modelo sostenible de cooperación entre las instituciones, los interlocutores sociales y la sociedad civil. Se puede consultar más información sobre el Consejo en: http://www.saveti.government.bg/web/cc_19/1.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 7 de la lista de cuestiones y preguntas
La Estrategia Nacional para la Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2016-2020) fue elaborada por un grupo interdepartamental de trabajo compuesto por 42 representantes de 24 instituciones del Estado. La Estrategia se ajusta a la legislación y los documentos estratégicos nacionales principales. En su preparación se tuvo en cuenta el Compromiso estratégico de la Comisión Europea para la igualdad de género y la Estrategia de Igualdad de Género 2014-2017 del Consejo de Europa.
El objetivo principal de la Estrategia Nacional es la elaboración y aplicación de una política estatal sostenible y a largo plazo para el logro de la igualdad. Además, apunta a superar los estereotipos y lograr la igualdad de acceso a los recursos sociales y la participación de mujeres y hombres en pie de igualdad en la adopción de decisiones, asegurando así que las mujeres y los hombres se realicen social y personalmente en todas las esferas de la vida pública, económica y política.
En la Estrategia Nacional se esbozan cinco esferas prioritarias, a saber:
•Promoción de la participación de las mujeres en el mercado laboral y de la igualdad en el nivel de independencia económica;
•Reducción de las diferencias en la remuneración y los ingresos;
•Fomento de la igualdad de género en el proceso de adopción de decisiones;
•Lucha contra la violencia y protección y apoyo a las víctimas;
•Cambios en los estereotipos en los diversos ámbitos de la vida pública.
La financiación necesaria para su ejecución procede del presupuesto del Estado y los presupuestos municipales y de fuentes de financiación internacionales y europeas.
La Estrategia Nacional se ejecuta a través de planes de acción nacionales anuales en los que se relacionan medidas específicas, los organismos responsables, los fondos y los indicadores del desempeño.
Desde 2014 se han adoptado y aplicado tres planes de acción. El plan de acción vigente, aprobado en 2018, establece metas, tareas y actividades, instituciones responsables, indicadores de resultados, indicadores de los efectos, posibles causas de incumplimiento y recursos financieros.
Los resultados de la aplicación de la Estrategia Nacional se exponen todos los años en el informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres que elabora el Ministerio de Trabajo y Política Social. En ese informe se resume la información recabada de todas las instituciones que participan en la aplicación de la política de igualdad. La preparación del informe también se coordina previamente en el marco del Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 de la lista de cuestiones y preguntas
En virtud de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se pone en práctica una política estatal de igualdad entre mujeres y hombres, en particular mediante la aplicación de medidas especiales de carácter temporal. Se trata de iniciativas temporales justificadas y proporcionales, destinadas a eliminar obstáculos a fin de lograr el equilibrio de género. La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene efectos transversales y aplica de forma sistemática el principio de la igualdad de género mediante la combinación, en caso necesario, de un enfoque integrado y medidas especiales de carácter temporal.
Un ejemplo de la jurisprudencia de la CPD es una decisión en la que esta determinó que imponer la misma tasa de matrícula a las alumnas y los alumnos de un centro de formación profesional no constituía discriminación. En el transcurso del procedimiento incoado en el marco del caso núm. 285/2016, se determinó que, dadas las normas fisiológicas objetivas del 7º curso, el establecimiento de cuotas de género daba a las niñas y los niños las mismas oportunidades de ser admitidos en las escuelas secundarias más demandadas.
La jurisprudencia examinada por la CPD establecía claramente que la asignación de cuotas para niños y niñas, debido a los resultados dispares obtenidos por unos y otras en los exámenes de admisión, era una medida permisible y necesaria en el sentido de dicha disposición y, por tanto, no constituía discriminación.
En la decisión también se estableció que, sobre la base del principio de la igualdad de género, era lícito imponer medidas objetivamente necesarias y justificadas para garantizar una participación equilibrada de las mujeres y los hombres en la educación y las actividades de capacitación. Ello contribuiría a su futura realización profesional, en vista de la tendencia a largo plazo a la feminización y la participación desigual de hombres y mujeres en los distintos sectores laborales.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 de la lista de cuestiones y preguntas
En Bulgaria, los planes de estudios incluyen temas relacionados con la discriminación por razón de género y la discriminación contra las mujeres, más allá del ámbito del currículo académico. Se considera que los estudiantes de 8º curso (a la edad de 14 o 15 años) son conscientes de que las actitudes estereotipadas representan un obstáculo para comunicarse y aceptar las diferencias. En el 10º curso, la cuestión se estudia más a fondo a través de la concienciación sobre las nociones de “diferencias” y “tolerancia”. En el 11º curso, como parte de los módulos de educación sobre derechos cívicos, se espera que los estudiantes reconozcan casos de discriminación por razón de género y entiendan el razonamiento que subyace a la lucha contra ese comportamiento. Los estudiantes también deben demostrar su comprensión de la familia como unidad social, los diferentes derechos, funciones y responsabilidades existentes en ella y la dinámica de las funciones sociales. También se espera que comprendan la necesidad de superar los prejuicios. El tema de los hombres y las mujeres también forma parte de los requisitos marco de la educación en materia de derechos civiles.
La lucha contra los estereotipos de género presentes en diversos ámbitos públicos es una prioridad a largo plazo. El plan de acción nacional para 2018, en vigor, contiene 15 medidas relacionadas con la lucha contra los estereotipos de género. El plan establece las metas, tareas y actividades, las instituciones responsables, los indicadores, las posibles causas de incumplimiento y los recursos financieros.
A este respecto, el Consejo de Medios Electrónicos ha llevado a cabo una serie de actividades, incluidas las siguientes:
•Seguimiento de programas de Fox Networks Bulgaria Ltd.: el análisis de los hechos constatados ha permitido llegar a la conclusión de que los programas de este proveedor de servicios para los medios de información se caracterizan por una participación relativamente equilibrada de hombres y mujeres como anfitriones o invitados en los espectáculos;
•Seguimiento específico de programas de noticias de proveedores de servicios para los medios de información, así como del asunto de la violencia y la agresión, incluida la violencia contra las mujeres, en las siguientes cadenas: BNT 1, B TV, NOVA, TV Europe, SKAT y ALFA TV. La violencia ocupa gran parte del tiempo de los programas de noticias, y ciertos días llega a ocupar la tercera parte del tiempo total. La información sobre asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres es relativamente escasa. Se hace menos hincapié en la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres, pero el contenido de algunos programas incluye datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, los casos de discriminación por edad contra las mujeres, etc.;
•Se determinó que, durante la campaña de las elecciones a la Presidencia y la Vicepresidencia de Bulgaria en 2016 y la campaña de información y sensibilización sobre un referendo nacional, los proveedores de servicios para los medios de información respetaron las disposiciones del Código Electoral y de la Ley de Radio y Televisión. Cuando se examinó el material audiovisual utilizado durante la campaña electoral, no se detectaron casos de discriminación contra las mujeres.
La mayoría de los proveedores de servicios para los medios de información con licencia o registrados en el marco de la Ley de Radio y Televisión son empresas comerciales que establecen por sí mismas las políticas por las que se rigen. El número total de hombres que participan en los órganos directivos de estas empresas es de 205, y de mujeres, 83. Sin embargo, al 1 de febrero de 2017, la proporción de mujeres y hombres en el Consejo de Medios Electrónicos era de cuatro mujeres por cada hombre.
La CPD realiza encuestas independientes y conciencia en materia de protección contra la discriminación a través de los medios de comunicación y mediante seminarios informativos. El proyecto más reciente se denomina “Prevención de la discriminación e igualdad de oportunidades” y se llevó a cabo en 2016 y 2017. El proyecto tenía por objeto crear oportunidades y generar las condiciones necesarias para reducir los obstáculos que impedían la plena inserción de los ciudadanos búlgaros en el mercado laboral, el acceso a servicios sanitarios, sociales y de otro tipo de calidad, la superación de los estereotipos y el aumento de la inclusión social.
El Ministerio de Trabajo y Política Social también ha llevado a cabo distintos proyectos, por ejemplo “Acabar con la discriminación depende de ti” y “Lograr la igualdad en las decisiones económicas”, que se han traducido en los siguientes resultados concretos:
•32 hombres y mujeres jóvenes de tres extensas regiones del país —el suroeste, la zona centro-sur y el sureste— que vivían en instituciones para niños, privados del cuidado de sus padres, comenzaron a trabajar;
•Se concienció sobre la necesidad de que las decisiones económicas se adopten en pie de igualdad y de que se mejore el equilibrio de género entre los directores sin funciones ejecutivas en Bulgaria.
Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que la igualdad de género es una medida del desarrollo socioeconómico democrático y sostenible de la sociedad, Bulgaria seguirá mejorando su legislación, sus políticas y sus prácticas nacionales en ese sentido.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 10 de la lista de cuestiones y preguntas
Prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en todas sus formas, son prioridades a largo plazo importantes para Bulgaria. En 2017, el Ministerio de Justicia elaboró proyectos de modificación de instrumentos legislativos del derecho civil y penal. El 3 de enero de 2018, el Consejo de Ministros aprobó una decisión para pedir que el Parlamento ratificase la Convención. Debido a la fuerte presión pública, el proyecto de petición fue retirado y se presentó una queja ante el Tribunal Constitucional. El 27 de julio de 2018, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Convenio de Estambul es incompatible con la Constitución de la República de Bulgaria. No obstante, Bulgaria seguirá comprometiéndose a contrarrestar y combatir la violencia doméstica de manera adecuada y exhaustiva mejorando su marco jurídico de conformidad con las normas internacionales pertinentes.
A este respecto, en el Código Penal se incluyó un conjunto de modificaciones legislativas encaminadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y los niños y la violencia doméstica. Las modificaciones tipifican como delito el acoso y todas las formas de violencia física que se intensifican hasta poner en peligro la vida o dañar la salud de las personas. También se imponen sanciones más severas en caso de que no se cumpla una decisión judicial o una orden de protección frente a la violencia doméstica. El 7 de febrero de 2019, la Asamblea Nacional aprobó las modificaciones en segunda lectura.
En aplicación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se ha derogado el artículo 158 del Código Penal.
En virtud de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica, anualmente se asignan recursos al presupuesto del Ministerio de Justicia. Se financian proyectos de personas jurídicas sin fines de lucro que realizan actividades en virtud de esa ley. Dichas actividades abarcan la elaboración y ejecución de programas de prevención de la violencia doméstica y protección frente a ella.
Además, el Gobierno búlgaro proporciona servicios sociales específicos que permiten a todas las víctimas de violencia acceder de manera sistemática e inmediata no solo a servicios de alojamiento en situaciones de crisis, sino también a servicios de asesoramiento especializado, apoyo psicológico e intervención en situaciones de crisis. A este respecto, en el territorio búlgaro funcionan 24 centros de crisis (18 para niños y 6 para adultos) con una capacidad total de 260 plazas. Se trata de actividades delegadas por el Estado. De esos centros, 11 están gestionados por organizaciones no gubernamentales, pero su funcionamiento se financia con cargo al presupuesto estatal. En 2018, el importe medio de la financiación fue de 9.180 levas.
Los centros ofrecen servicios sociales a las víctimas de la violencia, la trata u otras formas de explotación durante seis meses: ayuda personalizada, dietas, asesoramiento jurídico u orientación sociopsicológica, en particular a través de equipos móviles de intervención en situaciones de crisis cuando se requiere una intervención inmediata. La gestión de estos servicios está a cargo de los alcaldes de los respectivos municipios. La municipalidad es el órgano encargado de que empiecen a funcionar tipos específicos de servicios sociales en el ámbito local, sobre la base de estudios y análisis preliminares de las necesidades de la comunidad, a fin de que las víctimas dispongan de un número suficiente de servicios. En 2017, los centros de crisis acogieron a 584 personas, de las cuales 183 eran mujeres víctimas de la violencia y 401 eran niños.
Además, el registro del Organismo de Asistencia Social cuenta con una lista de 589 proveedores de servicios sociales. De ellos, 27 prestan servicios residenciales y 34, servicios de asesoramiento destinados a ayudar a las víctimas de la trata y la violencia. Desde junio de 2016, funciona en la ciudad de Burgas un centro de referencia para casos de agresión sexual que es el primero de su clase. Se creó con la ayuda de la Embajada británica y está inspirado en centros idénticos del Reino Unido.
Se presta ayuda inmediata a las víctimas de la violencia doméstica, con especial atención a aquellos casos en los que la víctima está embarazada o es madre de un niño menor de 3 años, y existe el riesgo de que el niño sea abandonado. En esos casos, se toman medidas para buscar alojamiento de inmediato a la madre y el niño.
A fin de evitar que las víctimas de la violencia y las víctimas de la trata tengan que vivir juntas, el Organismo de Asistencia Social contempla la posibilidad de acogerlas en centros de crisis diferentes. En este sentido, se está estudiando la posibilidad de modificar el marco jurídico relativo a la prestación de algunos servicios sociales, incluido el servicio que prestan los centros de crisis. Cabe señalar que los asistentes sociales se enfrentan a grandes dificultades cuando trabajan en casos de violencia doméstica, sobre todo cuando los casos están relacionados con adultos víctimas de la violencia. Teniendo en cuenta lo anterior, su capacidad profesional y sus conocimientos se perfeccionan constantemente mediante cursos de actualización.
Con ese objetivo, el Ministerio de Trabajo y Política Social, en colaboración con el Organismo de Asistencia Social, elaboró una propuesta de proyecto denominada “Juntos contra la violencia”. La ejecución del proyecto comenzó en noviembre de 2017 y se espera que concluya en diciembre de 2019. Tras analizar todos los casos y los motivos de la violencia, se formularán recomendaciones para mejorar el marco jurídico, así como orientaciones prácticas para los expertos del ámbito de la sociología que trabajan en casos relacionados con la violencia.
A fin de mejorar la protección jurídica de las víctimas de delitos y el apoyo que se les presta, el Ministerio de Justicia elaboró modificaciones del Código de Procedimiento Penal con miras a que se aplicasen los requisitos de la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Las modificaciones entraron en vigor el 5 de noviembre de 2017. En virtud de ellas, se garantiza el derecho de la víctima a recibir una traducción escrita de los actos que afectan a sus derechos e intereses legítimos, en caso de que la víctima no hable búlgaro.
Existen razones especiales para nombrar a un testigo pericial a fin de que determine las necesidades específicas de protección de un testigo para que pueda participar en las actuaciones penales. Se evalúan el riesgo de victimización secundaria y repetida y las posibilidades de intimidación y represalias, y, en función de los resultados de dicha evaluación, se determinan las medidas de protección adecuadas. En el curso de la investigación, se garantiza la participación de la víctima y, en particular, se la protege de posibles riesgos y frente al sufrimiento emocional o psicológico. El interrogatorio de las víctimas durante las actuaciones penales se lleva a cabo evitando el contacto con el acusado, por ejemplo mediante el uso de dependencias especialmente equipadas para ese fin. También se aplica el principio de la inclusión in absentia de las declaraciones de personas vulnerables ya entrevistadas durante las actuaciones previas al juicio.
Durante la Presidencia búlgara del Consejo de la Unión Europea, el 4 de junio de 2018, el Consejo aprobó unas Conclusiones sobre la mejora de la cooperación policial en la lucha contra la violencia doméstica, en particular la violencia contra las mujeres. Las Conclusiones prevén numerosas medidas para mejorar la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros a fin de prevenir y combatir la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. El título del documento debe interpretarse de manera amplia, ya que abarca a las víctimas de la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres y sus hijos. El principal logro del documento es el establecimiento de Puntos de Contacto Nacionales, que llevarán a cabo una evaluación rápida y adecuada del riesgo en caso de que una víctima de violencia procedente de un Estado miembro viaje a otro Estado miembro. Las Conclusiones prevén además una serie de medidas prácticas encaminadas a mejorar el proceso de registro, el seguimiento de las medidas de protección y la ejecución de órdenes de alejamiento. Ya se ha iniciado el intercambio efectivo de información, con miras a una prevención eficaz.
De conformidad con lo dispuesto en ese documento, la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial preparará nuevos módulos de capacitación sobre la lucha contra la violencia doméstica, con especial atención a las formas actuales de violencia, en el contexto de la actual situación migratoria y de la violencia cibernética contra las mujeres y las niñas.
En ese marco, y en colaboración con distintas organizaciones no gubernamentales, se capacitó a cerca de 2.000 agentes de policía. La Academia del Ministerio del Interior prepara a los funcionarios para trabajar con víctimas de la violencia doméstica. Los representantes del Ministerio del Interior participan activamente en conferencias, talleres, mesas redondas y actividades informativas sobre la prevención de la violencia doméstica y la lucha contra ella.
En el período que abarca el informe, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia han ejecutado más de 18 proyectos relacionados con los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica, las actividades de sensibilización, la mejora del marco jurídico nacional, los talleres de capacitación, etc. Ha participado en dichos proyectos una gran variedad de interesados: instituciones gubernamentales centrales, regionales y locales y otras autoridades públicas, interlocutores sociales, periodistas y medios de comunicación. En el ámbito regional, se llevaron a cabo más de 150 proyectos y actividades de prevención en colaboración con organizaciones no gubernamentales.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 11 de la lista de cuestiones y preguntas
Se recopilan datos sobre todos los delitos, incluidos los delitos contra personas respecto de las que la Fiscalía de la República de Bulgaria puede ejercer orientación y supervisión. Los datos se consolidan y analizan periódicamente según un procedimiento establecido por la Ley del Sistema Judicial. En el ejercicio de sus facultades en virtud de dicha Ley, el Fiscal General ha fijado indicadores normalizados de presentación de informes para las investigaciones.
Si se determina que el autor del delito cometió el acto a causa del sexo de la víctima, este motivo puede considerarse una circunstancia agravante de la responsabilidad penal. Así se establece tanto en la Decisión núm. 7 del Tribunal Constitucional en el Caso Constitucional núm. 6 de 1992 como en la Orientación Metodológica para el Trabajo en Expedientes de Casos y Procedimientos Prejudiciales Iniciados a raíz de Alertas sobre Delitos con Elemento Discriminatorio, de 30 de diciembre de 2013, publicada por la Fiscalía. La Orientación Metodológica en cuestión se aplica, entre otras cosas, a los delitos de odio por razón de género, aunque el género no forme parte del elemento discriminatorio y no se incluya en el Código Penal como componente sustantivo independiente de un delito.
La presentación de informes estadísticos de la Fiscalía de la República de Bulgaria se ajusta a las disposiciones del Código Penal. La información contiene datos, desglosados por año, sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y dirigidas a la República de Bulgaria a fin de que esta priorice la investigación de delitos relacionados con abusos sexuales cometidos contra mujeres y niñas en el período comprendido entre 2014 y el primer trimestre de 2018. En el Anexo 1 figuran los datos relativos al inicio, el progreso y el resultado de las actuaciones penales en las que hay víctimas que son mujeres. En el Anexo 2 figuran los datos del Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria sobre el número de delitos por los que se impusieron condenas por violación en el período comprendido entre 1989 y 2017. En el Anexo 3 figuran los datos sobre las órdenes de alejamiento dictadas en las Direcciones Regionales del Interior durante el período comprendido entre 2009 y 2018.
En cuanto a la recomendación del Comité de fortalecer y seguir desarrollando de manera específica la capacidad de los jueces, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (párr. 26 d)), el Instituto Nacional de Justicia organiza actividades formativas sobre la violencia de género. Durante el proceso de formación de los magistrados, se aplican las recomendaciones del Comité relativas a la preparación que estos reciben a fin de prevenir con éxito la discriminación contra las mujeres. En el Anexo 4 figura más información al respecto.
Las mujeres víctimas de violencia pueden solicitar protección y reparación en caso de que no la hayan obtenido en el marco de un procedimiento judicial, en virtud de la Ley de Asistencia y Compensación Financiera a las Víctimas de Delitos. Se ofrece ayuda a las víctimas que hayan sufrido daños pecuniarios y no pecuniarios como consecuencia de un delito de carácter general, y se puede conceder una indemnización económica a las que hayan sufrido daños pecuniarios como consecuencia de los siguientes delitos:
•Terrorismo, homicidio doloso, tentativa de homicidio, lesiones corporales graves intencionadas, abuso sexual, violación, trata de personas;
•Delitos cometidos por orden de un grupo de delincuencia organizada o en cumplimiento de una decisión de dicho grupo;
•Otros delitos dolosos serios con consecuencia de muerte o lesiones corporales graves, a causa de las cuales están tipificados como delito;
•Cuando la víctima ha fallecido como consecuencia del delito, el derecho a recibir ayuda y una indemnización económica recae en sus herederos o en su pareja de hecho. La indemnización económica cubre, conjunta e individualmente, los daños pecuniarios causados directamente por el delito.
Las víctimas de delitos disponen de las siguientes modalidades de asistencia:
•Atención médica en caso de emergencia;
•Asesoramiento y apoyo psicológicos;
•Asistencia jurídica gratuita;
•Ayuda práctica.
En 2016, la Ley de Asistencia y Compensación Financiera a las Víctimas de Delitos se modificó y complementó exhaustivamente para racionalizar el marco regulatorio vigente relativo a los derechos de las víctimas de delitos, en particular mediante la transposición de los requisitos de la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Se llevaron a cabo las siguientes modificaciones importantes:
•A fin de concienciar a las víctimas sobre su derecho a recibir asistencia, se amplió el abanico de autoridades, organizaciones y personas que proporcionan esta información;
•Todas las víctimas de delitos de carácter general pueden acceder gratuitamente a asesoramiento psicológico y ayuda práctica;
•Se amplió la variedad de delitos intencionados graves contra la persona por los que el Estado ofrece una compensación económica;
•Se incrementó la cuantía máxima de la indemnización económica hasta las 10.000 levas para todas las personas con derecho a ella en virtud de la legislación, incluso en el caso de que estas personas sean menores de edad.
Desde que en 2007 entrase en vigor la Ley de Asistencia y Compensación Financiera a las Víctimas de Delitos, se han presentado por término medio unas 80 solicitudes de indemnización económica al año. Durante dicho período, se han concedido indemnizaciones a 185 víctimas, por un importe total de unas 380.000 levas. En el período comprendido entre 2014 y 2017, las cifras fueron las siguientes:
•Año 2014: 25 víctimas y, aproximadamente, un total de 41.000 levas en indemnizaciones;
•Año 2015: 22 víctimas y, aproximadamente, un total de 55.000 levas en indemnizaciones;
•Año 2016: 23 víctimas y, aproximadamente, un total de 48.000 levas en indemnizaciones;
•Año 2017: 20 víctimas y, aproximadamente, un total de 48.000 levas en indemnizaciones.
En total, 177 víctimas de delitos recibieron asesoramiento psicológico gratuito y ayuda práctica en el marco de la Ley de Asistencia y Compensación Financiera a las Víctimas de Delitos durante el período comprendido entre 2012 y 2016. Las víctimas de violación y agresión sexual pueden acudir al personal especialmente capacitado de los Centros de Ayuda. También existe una línea directa gratuita, que está operativa y a disposición de la ciudadanía en el número 0800 18 017. Hasta la fecha, más de 30.000 personas han solicitado ayuda.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 12 de la lista de cuestiones y preguntas
La Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (CNLTP), creada en 2004 en virtud de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas y dependiente del Consejo de Ministros de Bulgaria, organiza y coordina las actividades de colaboración entre las distintas instituciones y organizaciones, y la ejecución de la política y la estrategia nacionales en este ámbito. La Comisión actúa como informante nacional sobre cuestiones relativas a la trata de personas, lo cual incluye la presentación de informes con arreglo a la Directiva 2011/36/UE, al Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y en relación con el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la trata de personas, etc. La Comisión publica anualmente informes nacionales sobre la ejecución del Programa Nacional Anual destinado a luchar contra la trata y proteger a las víctimas. El Programa se publica en www.antitraffic.government.bg. Entre las principales funciones de la Comisión figuran la investigación y el análisis, la prevención, el desarrollo de la capacidad de los expertos, la protección de las víctimas y las modificaciones legislativas relacionadas con la trata. A través de su administración, la CNLTP también coordina el Mecanismo Nacional de Remisión y Apoyo para Víctimas de la Trata.
La Fiscalía de la República de Bulgaria es la principal fuente, a nivel estatal, de datos cuantitativos y cualitativos sobre la trata de personas. Debe tenerse en cuenta que los datos estadísticos proporcionados en el Anexo 5 son cifras agregadas, resultantes de la inclusión de víctimas y procesos de años anteriores (que actualmente están finalizando). Las principales conclusiones derivadas de los datos correspondientes al período sobre el que se informa son las siguientes:
•La trata de personas con fines de explotación sexual sigue siendo la forma más extendida de trata; sin embargo, hay un aumento continuo de la detección de víctimas de trata con fines de explotación laboral;
•Durante el período sobre el que se informa, la gran mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres.
Según el Informe de 2018 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la trata de personas, en 2017, el Gobierno búlgaro participó en seis investigaciones conjuntas con otros Gobiernos extranjeros. Por ejemplo, las fuerzas policiales de Bulgaria y Suecia actuaron contra un grupo de delincuencia organizada que reclutaba a búlgaros para obligarlos a mendigar en Suecia. A raíz de dicha investigación, se detuvo a 12 presuntos tratantes, contra los que posteriormente se presentaron cargos. En otro caso, las autoridades búlgaras y españolas investigaron a una banda de delincuencia organizada que reclutaba a mujeres con fines de explotación sexual. Se detuvo a 31 presuntos tratantes. Las autoridades iniciaron dos investigaciones relacionadas con agentes de policía que presuntamente ayudaban a proxenetas y tratantes. Además, los fiscales de la dependencia de lucha contra la corrupción investigaron a varios supervisores policiales que presuntamente recibieron sobornos de un residente de la ciudad de Dobrich involucrado en actividades de prostitución forzada. Los tribunales procesaron asimismo a dos funcionarios cómplices por extorsión de delincuentes relacionados con la prostitución y el proxenetismo. Los juicios están en curso.
En el marco de sus funciones, la Secretaría de la CNLTP también recibe alertas relacionadas con víctimas posibles o confirmadas de la trata de personas. En el período comprendido entre enero y mayo de 2018, la administración de la CNLTP recibió 35 alertas relativas a 54 personas, 26 de ellas por mendicidad forzosa, 10 por explotación sexual y 2 por hombres víctimas de trabajo forzoso. Se puede consultar la información detallada en el Anexo 6.
Las alertas sobre niños víctimas de la trata se notifican al Organismo Estatal para la Protección de la Infancia y al Ministerio del Interior. El Organismo Estatal para la Protección de la Infancia es el órgano de protección competente y el encargado de coordinar los casos relacionados con niños en la República de Bulgaria.
Las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual son en gran medida mujeres jóvenes, en su mayoría pertenecientes a minorías, con poca formación y con dificultades económicas. Se ven atraídas por la oportunidad de obtener ingresos sustanciales y disfrutar de un nivel de vida más alto en el extranjero. La mayoría de las víctimas proceden de las ciudades de Pleven, Sliven, Plovdiv y Pazardzhik. En cuanto a la trata de personas con fines de explotación laboral, quienes buscan trabajo proceden de casi todas las regiones del país. En el proceso de contratación de personal para trabajar en el extranjero, en muchos casos existe un consentimiento informado sobre el tipo de trabajo, pero no sobre las condiciones laborales. Además, las mujeres embarazadas son objeto de trata con el objetivo de vender a sus hijos recién nacidos. Se trata principalmente de ciudadanos búlgaros de origen romaní sin formación suficiente que viven por debajo del umbral social mínimo, a menudo madres solteras, madres con muchos hijos o mujeres jóvenes procedentes de familias extremadamente pobres.
La identificación oportuna de los riesgos posibles o reales de la trata y la detección de las personas objeto de trata siguen encontrándose entre los principales retos a los que se enfrentan las autoridades públicas y las organizaciones civiles que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata. La detección oficial y oficiosa es el punto de partida para establecer las necesidades individuales de las víctimas de la trata, a fin de proporcionarles un asesoramiento y un apoyo sociales, jurídicos, sanitarios y psicológicos completos. Además, se pone en práctica un plan de reintegración.
Fuera del marco de la Ley de Asistencia y Compensación Financiera a las Víctimas de Delitos, las víctimas de la trata pueden solicitar una indemnización presentando una demanda civil en el contexto de las actuaciones penales; iniciando un procedimiento civil independiente; o solicitando una ayuda especial en metálico, en virtud de la Ley de Asistencia Social.
Bulgaria concede una importancia primordial a la erradicación y el enjuiciamiento penal de la trata de personas, al respeto de los derechos humanos y a la atención eficaz a las víctimas de la trata. La legislación búlgara en este ámbito se ha ajustado a las normas internacionales y europeas. Se prevén sanciones penales más severas para la trata de personas con agravantes. Cabe destacar que Bulgaria es uno de los pocos países en los que el consentimiento de la víctima es irrelevante para determinar si el acto constituye un delito según el Código Penal. Las modificaciones introducidas en este durante los últimos años han incorporado los requisitos de la Directiva 2011/36/UE y la Directiva 2011/92/UE.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 13 de la lista de cuestiones y preguntas
Abordar las causas profundas de la trata es fundamental para la elaboración de medidas de prevención adecuadas. Desde 2016, el equipo de expertos de la CNLTP se embarcó en un amplio análisis centrado en las comunidades vulnerables de toda Bulgaria. Este análisis se considera un paso necesario y valioso hacia campañas de prevención selectivas y eficaces dirigidas a dichas comunidades vulnerables y adaptadas a su situación y necesidades específicas. La Comisión también colabora en diferentes proyectos internacionales.
La CNLTP realiza anualmente tres campañas nacionales destinadas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la explotación laboral, la explotación sexual y las formas novedosas de trata, así como sobre los nuevos avances en la lucha contra la delincuencia. La prioridad de cada una de las diez Comisiones Locales es trabajar en la prevención del delito de trata; además de estas comisiones, se ha creado una red de voluntarios para llevar a cabo sesiones de información y prevención con niños, principalmente en las escuelas y las comunidades. Cada año, la Secretaría de la Comisión, con el apoyo de las Comisiones Locales y otros expertos de instituciones y organizaciones no gubernamentales, organiza la Academia Anual de Voluntarios contra la Trata. Uno de los principales capítulos del Programa Nacional Anual de lucha contra la trata y de protección de las víctimas, que da respuesta a la estrategia de Bulgaria de lucha contra la trata de personas para 2017-2021 y se ocupa de su ejecución operativa, es el desarrollo de la capacidad y la formación de los especialistas. La Comisión organiza anualmente cursos de formación especializados para fiscales, investigadores, jueces, asistentes sociales, abogados, pedagogos y representantes del Ministerio del Interior. La Comisión también organiza foros y talleres internacionales.
La CNLTP se ha centrado durante los tres últimos años en las nuevas formas de trata y los métodos novedosos de reclutamiento: los riesgos de que exista trata entre ciudadanos de terceros países en relación con la crisis migratoria; la trata de hombres y niños con fines de explotación sexual; la trata con fines de matrimonios forzados o de conveniencia; y el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. La CNLTP ha venido organizando anualmente eventos internacionales y foros locales sobre cada uno de estos temas, con el objetivo de generar análisis de expertos, fomentar la puesta en común de buenas prácticas y contribuir a la concienciación, por ejemplo, mediante el taller regional organizado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en octubre de 2018, que se centró en las nuevas tecnologías e Internet en relación con la detección de delitos.
La capacidad total de los servicios de alojamiento especializados de la CNLTP es de 34 personas. En el período comprendido entre 2014 y 2016, se dio alojamiento a 58 personas y se les prestó ayuda y apoyo. En los nueve primeros meses de 2017, 17 personas fueron alojadas y atendidas. El centro de crisis para niños víctimas de la trata de Sofía es el primer servicio especializado de Bulgaria que atiende las necesidades de este grupo destinatario en particular. El centro de acogida para la reinserción posterior de las víctimas de la trata es también el primero del país y sirve como medida económica para ayudar a las víctimas de la trata, al ofrecerles la posibilidad de una integración a largo plazo mediante su empoderamiento. Además, en el país funcionan 14 centros de crisis para niños víctimas de la violencia y la trata, con capacidad para 145 personas, y 8 centros de crisis para adultos víctimas de la violencia y la trata, con capacidad para 66 personas. La mayoría de los centros de crisis son gestionados por organizaciones no gubernamentales en las que el Estado delega esta actividad.
Se proporciona asistencia social, en forma de dinero en efectivo o prestaciones, a los ciudadanos que, sin la ayuda de otros, no pueden cubrir sus necesidades básicas. Una de las condiciones exigidas para conceder una ayuda social mensual es que la persona esté desempleada y en edad de trabajar. Dicha persona debe llevar seis meses inscrita en una oficina de empleo antes de solicitar la ayuda social mensual. Para las víctimas de la trata, este período es de tres meses, contados a partir de su regreso al país, el fin de su estancia en los centros de acogida temporal o la conclusión de las actuaciones penales.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 14 de la lista de cuestiones y preguntas
En el Anexo 5 se proporciona información sobre el número de casos denunciados de explotación de mujeres en la prostitución, sobre las investigaciones, los procesos y las condenas correspondientes, y sobre las penas impuestas. Las iniciativas encaminadas a prevenir la explotación de mujeres y niñas en la prostitución forman parte de las estrategias y medidas adoptadas por los proveedores de servicios financiados por la CNLTP, que también gestionan los centros de acogida y de otro tipo de la Comisión. Además, las medidas tienen por objeto prevenir la trata repetida de las mujeres y abarcan, entre otras cosas, un apoyo intensivo durante las actuaciones penales. También forman parte de dichas medidas la elaboración y ejecución de programas destinados a empoderar y apoyar a las víctimas para que puedan vivir de forma independiente, lo cual constituye un procedimiento operativo estándar del Mecanismo Nacional de Remisión. Como medida económica, la CNLTP estableció un centro de acogida especializado en alojamiento temporal y reinserción a largo plazo. El centro está orientado a víctimas que están más o menos estabilizadas, han encontrado un empleador y necesitan más apoyo económico para ser completamente independientes. Los centros de apoyo de la Comisión también asesoran y ayudan a las mujeres que han sido objeto de trata con fines de prostitución forzada, y les ofrecen todos los servicios disponibles, incluidas sesiones sobre estrategias para abandonar la prostitución y las prácticas de explotación.
La Comisión ha colaborado con organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, The A21 Campaign, la Bulgarian Family Planning Association, etc.) en casos concretos de empoderamiento de mujeres que son trabajadoras sexuales y desean abandonar la prostitución (formación profesional y perfeccionamiento de aptitudes; ayuda médica y humanitaria, etc.).
Las autoridades competentes del Ministerio del Interior cooperan a nivel nacional e internacional. Los equipos conjuntos de investigación son uno de los instrumentos más eficaces para luchar contra la trata de personas en el ámbito de la cooperación policial internacional. En la actualidad, la Dirección General de Lucha contra la Delincuencia Organizada, perteneciente al Ministerio del Interior, colabora con Estados miembros de la Unión Europea mediante su participación en seis equipos que investigan la trata de personas. La formación profesional adecuada de los funcionarios directamente implicados en la lucha contra la trata de personas es uno de los principales factores para hacer frente al problema. Se ha informado al personal policial sobre el marco jurídico, las principales características y tendencias, los medios y métodos específicos para prevenir, detectar y neutralizar los casos de trata y la especificidad de la atención a las víctimas de la trata.
A todas las estructuras territoriales de la Dirección General de la Policía Fronteriza del Ministerio del Interior y a los puestos de control fronterizos se les ha proporcionado material informativo preparado por la CNLTP y las organizaciones no gubernamentales, en el marco de diversos proyectos relacionados con la erradicación de la trata de personas en todas sus formas y manifestaciones. El material se distribuye a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular en los consulados de Bulgaria; la CNLTP colabora estrechamente con los llamados “agregados laborales”, con el respaldo del Ministerio de Trabajo y Política Social en varias misiones diplomáticas en los Estados miembros de la Unión Europea. La cuestión de los perfiles de riesgo de las víctimas y los tratantes se ha incluido en los currículos de formación anuales (incluida la recopilación de información inicial de las víctimas y los tratantes, la detección de personas vulnerables que necesitan protección internacional entre las posibles víctimas de la trata, etc.). Las actividades de formación abordan todas las formas de trata y las medidas destinadas a garantizar los derechos de las víctimas.
Los agentes de policía de los Estados miembros de la Unión Europea y la República de Bulgaria intercambian al instante información operativa sobre las posibles víctimas y sus tratantes. El Ministerio del Interior mantiene una colaboración muy fructífera con el sector no gubernamental, con miras a ayudar a las víctimas de la trata y lograr que testifiquen en las actuaciones penales contra los tratantes en Bulgaria o en el extranjero. Los funcionarios del Ministerio del Interior informan a las posibles víctimas de trata de sus derechos y sus posibilidades de defensa jurídica y de indemnización.
Cuando se investigan casos de trata de personas, también se inicia un control de las actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de dinero. Anualmente, el Ministerio del Interior proporciona a la CNLTP toda la información disponible sobre los casos detectados de trata de personas en todas sus manifestaciones. En el marco de la ejecución del proyecto “Hacia un sistema paneuropeo de seguimiento de la trata de seres humanos”, financiado por la Comisión Europea y el programa “Prevención y lucha contra la delincuencia”, el programa anual de la CNLTP incluye la creación de un sistema único de vigilancia y análisis de datos sobre las víctimas de trata y los tratantes.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 15 de la lista de cuestiones y preguntas
El principio de la igualdad entre mujeres y hombres está enraizado en elementos sociales, culturales y políticos de la vida en Bulgaria. A lo largo de la historia, las mujeres han ocupado cargos políticos de alto nivel y esta tendencia continuó durante el período sobre el que se informa. Se ha logrado mucho en el ámbito de la igualdad de género en la vida económica, social y política, en particular gracias a la promulgación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2016. La ley establece los requisitos legales para ejecutar eficazmente la política mediante la regulación del mecanismo nacional de alto nivel normativo para la aplicación de la política estatal unificada en ese ámbito. Es necesario crear un mecanismo institucional nacional eficaz a fin de optimizar el modelo de distribución de las responsabilidades de gestión entre las autoridades competentes, lograr una asunción clara de compromisos y gestionar mejor el proceso de ejecución de las políticas y los recursos necesarios para ello.
Tras la aprobación de la Ley, se nombró a 28 coordinadores de igualdad de género (y 12 adjuntos) de ámbito regional, que son funcionarios de todas las administraciones regionales de la República de Bulgaria. Se formó a los coordinadores para mejorar sus conocimientos sobre el terreno y la aplicación de la política de igualdad de género. La introducción de coordinadores regionales en la ejecución de la política de igualdad de género es crucial, ya que proporciona información que se usa posteriormente para que la autoridad principal tome decisiones sobre cada región.
Durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea (del 1 de enero al 30 de junio de 2018), Bulgaria emprendió numerosas actividades e iniciativas a nivel nacional e internacional. El 19 de julio de 2017, durante la reunión oficiosa de ministros de trabajo, asuntos sociales, familia e igualdad de género, el trío formado por Estonia, Bulgaria y Austria firmó una Declaración sobre la igualdad entre mujeres y hombres. En dicha Declaración figuran las prioridades políticas en materia de igualdad de género y las actividades relacionadas con ellas. La Declaración se basa además en las siguientes iniciativas: el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), la estrategia “Europa 2020”, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016‑2019 de la Comisión Europea. En el texto de la Declaración, Bulgaria describe en líneas generales las siguientes actividades clave:
•Organización y celebración de la reunión del grupo de alto nivel sobre cuestiones de igualdad de género, en Sofía, los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018;
•Cooperación con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), con especial atención al tema “Las mujeres en el mundo digital”;
•Inclusión de asuntos relacionados con la presencia de mujeres en el sector de la digitalización en todos los actos pertinentes durante la presidencia búlgara del Consejo de la Unión Europea;
•Colaboración con el grupo de trabajo de asuntos sociales en relación con un conjunto de medidas que fomenten el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, especialmente el proyecto de directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y la derogación de la Directiva 2010/18/UE;
•Organización de un acto durante el 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer;
•Organización por parte de la CNLTP de un foro titulado “Los Balcanes Occidentales y la UE: Sistemas nacionales para combatir la trata de personas en Europa Sudoriental en el contexto del período de adhesión”, celebrado en Sofía los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018, con la participación de la Coordinadora de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior y la Secretaria Ejecutiva del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, y de la red de coordinadores para la lucha contra la trata de seres humanos de la región de Europa Sudoriental. En septiembre de 2018, con las conclusiones del foro regional de lucha contra la trata, la CNLTP actualizó el texto oficioso elaborado junto con el Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, titulado “Lucha contra la trata de personas en la región de los Balcanes Occidentales”.
El Ministerio de Trabajo y Política Social encargó al EIGE que iniciara una investigación sobre el tema “Igualdad entre mujeres y hombres en el mundo digital”. La idea parte de los últimos datos de Eurostat, según los cuales Bulgaria ocupa el primer lugar de la Unión Europea en cuanto a porcentaje de mujeres y chicas que trabajan en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con un 27,7 %, mientras que el porcentaje medio de la Unión Europea es del 16,1 %. Bulgaria también ocupa el primer lugar en cuanto a mujeres especialistas en tecnología de la información, con un porcentaje cercano al 30 %, frente a un promedio del 16 % en la Unión Europea. La inserción profesional de las mujeres en el sector de la tecnología de la información va acompañada de dificultades y perspectivas específicas, pero no cabe duda de que las mujeres, con su participación en este sector dominado principalmente por hombres, contribuyen al desarrollo de la sociedad moderna. Además, la competencia digital se está convirtiendo, cada vez más, en un asunto de actualidad en el contexto de la respuesta a los retos de la sociedad moderna. Los cambios tecnológicos siguen transformando el mercado laboral al ofrecer nuevas oportunidades de empleo, pero también esconden posibles riesgos para las personas menos cualificadas en materia de tecnología de la información y las comunicaciones.
El asunto de la participación de las mujeres se incorporó a todas las actividades pertinentes durante la presidencia búlgara del Consejo de la Unión Europea:
•Conferencia de alto nivel “El futuro del trabajo: un planteamiento basado en el ciclo vital”, Sofía, 21 y 22 de marzo de 2018;
•Reunión oficiosa del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea, 17 y 18 de abril de 2018;
•Conferencia SHEleader@digital 2018, Sofía, 12 de abril de 2018.
La presidencia búlgara también logró un éxito considerable en relación con el proyecto de directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. Además, en 2015, el Ministerio de Trabajo y Política Social completó un proyecto titulado “Igualdad en la adopción de decisiones en la economía”. El objetivo del proyecto era crear un entorno propicio para fomentar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en puestos directivos y superiores, en diferentes niveles de la jerarquía de las empresas. Durante la ejecución del proyecto se realizó un análisis de la situación en Bulgaria, se organizaron varios foros y reuniones (con la participación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), se promovieron modelos positivos y se elaboraron directrices metodológicas y de actuación para administradores de empresas sobre la mejora del equilibrio de género en la adopción de decisiones económicas. Gracias al proyecto, aumentó la conciencia de los grupos destinatarios y la ciudadanía en general sobre la toma de decisiones económicas y la necesidad de mejorar el equilibrio de género en los puestos directivos superiores en Bulgaria.
En 2017, el Foro Económico Mundial publicó su Global Gender Gap Report, donde Bulgaria ocupó el puesto 18º entre 144 países analizados, mientras que en 2016 ocupó el puesto 41º, lo cual representa una disminución del 76 % de la brecha de género total del país. Este hecho se debe principalmente a los notables progresos realizados en el subíndice de empoderamiento político, en particular en lo que respecta a la paridad de género en los cargos ministeriales y parlamentarios.
En diciembre de 2018, había dos Vice Primeras Ministras y cuatro Ministras en el Gobierno de Bulgaria. Hay un mayor número de mujeres en las direcciones y las jefaturas de departamento de la administración central. Las mujeres tienen una representación activa en la dirección y administración de las autoridades locales.
Respuesta a las cuestiones planteadas en los párrafos 16 y 17 de la lista de cuestiones y preguntas
Según la Ley de Educación Preescolar y Escolar, uno de los principios fundamentales del sistema educativo es la igualdad y la no discriminación. Los requisitos para la contratación de expertos en los departamentos regionales de educación, así como de profesores y directores de escuela, no hacen distinción en cuanto al género. Los empleadores ofrecen las mismas oportunidades a todos, independientemente del sexo, la etnia, la religión, la discapacidad y la orientación sexual.
Una prioridad clave para el Ministerio de Educación y Ciencia es prestar apoyo a todos los especialistas en pedagogía del sistema educativo preescolar y escolar y atraer a los jóvenes hacia la profesión docente. A este respecto, se está adoptando una serie de medidas para atraer y retener a especialistas en pedagogía motivados, garantizar la igualdad de oportunidades con miras al desarrollo profesional y respaldar la transición del trabajo a la jubilación, en particular:
•Los salarios de los especialistas en pedagogía se incrementaron un 15 % al 1 de septiembre de 2017 y se garantizó la duplicación del salario de los profesores hasta el final del mandato del Gobierno;
•Se ofrecen incentivos sociales para ayudar a los especialistas en pedagogía que trabajan y residen en localidades pequeñas, como el reembolso de los gastos de transporte o de alquiler en el lugar de destino por parte de las instituciones en el caso de la educación preescolar y escolar, la asignación de fondos para vestuario, etc.;
•Se ha introducido una norma educativa estatal relativa a la normalización y remuneración del trabajo.
En el curso académico 2016/2017 se contrató a 89.044 especialistas en pedagogía. De ellos, 77.435 eran mujeres, es decir, el 86,61 % del total, lo cual pone de relieve la marcada tendencia que existe a que quienes eligen la profesión docente sean mujeres en su mayoría, hecho que se traduce en una feminización de la profesión. Como incentivo para la inclusión de los jóvenes, entre ellos mujeres, en el sistema educativo, el Gobierno adopta medidas destinadas a mejorar la situación social de los profesores. Dichas medidas consisten, por ejemplo, en aumentar el atractivo y la facilidad de acceso de las oportunidades de aprendizaje permanente de que disponen los profesores, elaborar nuevos planes de estudios, incorporar las nuevas tecnologías, promover la educación orientada al perfeccionamiento de aptitudes, etc.
Según un estudio sobre la educación y la formación de adultos realizado a finales de 2016 y principios de 2017, la participación de la población de 25 a 64 años en las diversas formas de aprendizaje permanente es la siguiente:
•En los programas de capacitación o educación formal se han matriculado 113.900 personas (el 2,9 % de la población de esa edad). De ellas, 62.111 (el 3,2 %) son mujeres y 51.785 (el 2,6 %) son hombres;
•891.100 personas participaron en al menos una actividad de capacitación o educación no formal, de las cuales 452.152 (el 22,6 %) son hombres y 438.961 (el 22,3 %) son mujeres;
•2.013.400 personas, es decir, el 50,8 % de la población de 25 a 64 años, participaron en actividades de aprendizaje no formal. De ellas, 1.031.086 (el 52,5 %) son mujeres y 982.328 (el 49,1 %) son hombres.
Los resultados totales ponen de manifiesto que, en Bulgaria, las mujeres son más activas en las actividades de aprendizaje permanente. En lo que respecta a la ciencia, la investigación permitió llegar a la conclusión de que las mujeres constituían la mitad de los científicos del país (el 46 %).
En la ejecución del programa nacional “Calificación” para 2017, se formó a especialistas en pedagogía para que adquirieran competencias y técnicas básicas a fin de que desarrollasen aptitudes prácticas para trabajar con personas con comportamientos agresivos, anormales y delictivos y con personas que habían sufrido abandono afectivo, maltrato y explotación. Los cursos de formación tenían por objeto combatir el acoso y la violencia, incluida la violencia de género, así como prevenir y superar las repercusiones y evitar las agresiones. En total se capacitó a 270 especialistas en pedagogía.
Los datos de la fuente estadística sobre igualdad de género en ciencia y tecnología “She Figures” muestran que en 2010 el porcentaje de científicas en Bulgaria era del 50 %, mientras que la media de los 27 países de la Unión Europea era del 32 %. En el marco de la cooperación internacional entre L’OREAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se creó un programa nacional de becas denominado “Mujeres en la ciencia”. El programa concede una beca de 5.000 euros a científicas búlgaras de distintas procedencias académicas.
En el Anexo 7 se ofrece información sobre el empleo en el campo de la ciencia. Los datos se preparan sobre la base de la información más reciente proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
Según datos de Eurostat, la tasa de abandono escolar en Bulgaria en 2017 fue del 12,7 %. Existe una tendencia a la baja desde 2016, cuando era del 13,8 %. Las mujeres que han abandonado el sistema escolar representan el 13,5 % de la población general, mientras que los hombres constituyen el 12 %. Dada la necesidad de tomar medidas serias para contrarrestar estas tendencias, en 2017 se creó un mecanismo destinado a mantener a los niños y los estudiantes en el sistema educativo, lo que está en consonancia con los planes de ejecución de la Estrategia de Prevención y Reducción del Abandono Escolar y Prematuro en el Sistema Educativo (2013-2020). El mecanismo está compuesto por profesores, directores, psicólogos, policías, asistentes sociales y otros profesionales, y funciona durante todo el año en diferentes regiones del país. Durante el primer año de su funcionamiento, el mecanismo ha servido para que 23.898 alumnos vuelvan a las aulas.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 18 de la lista de cuestiones y preguntas
Como consecuencia de la recuperación económica tras la crisis, se observan tendencias positivas en el mercado laboral, en particular, un aumento del empleo y una reducción del desempleo durante el período comprendido entre 2014 y 2017. Según los datos obtenidos de la observación de la fuerza de trabajo realizada por el Instituto Nacional de Estadística, en 2017 el número de mujeres de 15 a 64 años con empleo aumentó en 50.700 (respecto a 2014) y el total asciende a 1.434.800. Durante el mismo período, el crecimiento del empleo femenino fue de 4,9 puntos porcentuales, con lo cual ascendió hasta el 63,1 % en 2017. En 2017, la tasa de empleo de los hombres fue del 70,6 %. La diferencia entre mujeres y hombres con empleo en el grupo de edad de 15 a 64 años pasó de 5,7 puntos porcentuales en 2014 a 7,5 puntos porcentuales en 2017. En el primer trimestre de 2018, la tasa de empleo de las mujeres de 15 a 64 años fue del 62,8 %. En el período comprendido entre 2014 y 2017, la tasa de empleo de las mujeres de 20 a 64 años creció 5,3 puntos porcentuales y llegó al 67,3 %. En el primer trimestre de 2018, la tasa de empleo de las mujeres de este mismo grupo de edad fue del 67,1 %.
Atendiendo a su situación laboral, las mujeres representan el 28 % (32.300) de los empleadores (114.800) y el 36 % (84.600) de los trabajadores por cuenta propia (235.300). De las mujeres con empleo (1.467.700), el 3 % trabaja a tiempo parcial. En 2017, el cociente entre las mujeres que trabajaban a tiempo completo y las que trabajaban a tiempo parcial era de 96 %:4 % (1.333.500 mujeres en total). Según los resultados de la investigación, el 1 % de todas las mujeres con empleo no tienen contrato de trabajo, un porcentaje similar al de 2014.
Respecto a 2014, se estima que en 2017 el número de mujeres desempleadas (mayores de 15 años) se había reducido en 70.300. La tasa de desempleo de las mujeres es del 5,9 %, es decir, un 0,5 % inferior a la de los hombres. La reducción del desempleo entre las mujeres fue de 4,5 puntos porcentuales durante el período comprendido entre 2014 y 2017. Durante ese mismo período, la diferencia entre la tasa de desempleo de los hombres y la de las mujeres se redujo de 1,9 a 0,5 puntos porcentuales. En el primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo de las mujeres mayores de 15 años fue del 5,1 %.
Durante el período considerado, más de la mitad (el 50,2 %) de todas las personas que participaron en las iniciativas de las políticas activas del mercado de trabajo fueron mujeres. El Organismo de Empleo se encarga de ejecutar esas iniciativas, financiadas con cargo al presupuesto del Estado y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Gracias a ellas, más de 117.000 mujeres (de un total de 234.000 personas) tienen un empleo; de ellas, 84.889 mujeres se dedican exclusivamente al trabajo (el 56,5 % del total de personas en esa situación) y 33.385 mujeres compaginan estudios y trabajo (el 39,2 % del total de personas en esa situación).
Durante el período comprendido entre 2014 y 2017, el número de mujeres desempleadas inscritas se redujo en 68.791 y llegó a 130.556. Siguen constituyendo el porcentaje mayoritario de personas desempleadas. En 2017, el porcentaje de hombres era del 55,1 %, frente al 44,9 % de mujeres. En mayo de 2018, el porcentaje de mujeres desempleadas inscritas era del 56 % (111.595) del total de personas desempleadas. Según los datos del Organismo de Empleo, el número de mujeres desempleadas que se identifican como romaníes y están inscritas en las oficinas de empleo se redujo en 30.268 durante el período comprendido entre 2014 y 2017. En junio de 2018, había 18.089 mujeres romaníes desempleadas. El cociente entre mujeres y hombres era de 57 %:43 %. Las actividades de intermediación activa de las oficinas de empleo desempeñan una función importante en la reducción del desempleo entre las mujeres romaníes, ya que proporcionan servicios de activación, disponibles a través de auxiliares de causas y mediadores romaníes, y ofrecen programas y actividades de formación y ocupación, financiados con cargo al presupuesto del Estado y al Programa Operacional de Desarrollo de los Recursos Humanos, 2014-2020. En el Anexo 8 figura más información al respecto.
De conformidad con el Reglamento (UE) núm. 1303/2013, el Gobierno fomenta la igualdad de oportunidades y la prevención de la discriminación en todas las etapas de ejecución del Programa Operacional de Desarrollo de los Recursos Humanos y en todas las medidas relativas al empleo y la educación.
Una de las orientaciones prioritarias de la Estrategia de empleo actualizada de la República de Bulgaria (2013-2020) guarda relación con el aumento de la oferta de fuerza de trabajo, lo cual abarca una amplia gama de medidas, entre las que se encuentra el establecimiento de condiciones para la conciliación de la vida familiar y profesional. A fin de lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la familia, resulta clave la función que desempeñan los servicios de cuidado de los niños y las personas mayores, que son accesibles y de buena calidad. La reincorporación exitosa al mercado laboral se ve respaldada por medidas de apoyo que proporcionan formación en materia de conocimientos y aptitudes tras la licencia parental y ofertas de trabajo para los progenitores desempleados. La utilización más generalizada de modalidades de empleo flexibles también brinda oportunidades para que los padres cuiden de sus hijos mientras trabajan.
El cumplimiento de los objetivos y medidas de la anterior Estrategia de empleo actualizada de la República de Bulgaria para 2008-2015 contribuyó a la reducción de la división profesional vertical y horizontal entre hombres y mujeres. El Ministerio de Trabajo y Política Social fomenta la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Las iniciativas, los programas y las medidas destinados a aumentar la competitividad de las mujeres en el mercado laboral se ponen en práctica mediante su inclusión en los planes de formación profesional y en actividades formativas sobre competencias clave. Una parte de los gastos de los empleadores en concepto de salarios y aportaciones al seguro están cubiertos por los fondos del presupuesto estatal, cuando se da trabajo a progenitores solos desempleados y a madres con hijos de hasta 5 años. Existe una medida específica, regulada en la Ley de Fomento del Empleo, que alienta a los empleadores a ofrecer puestos de trabajo y empleo a tiempo completo y a tiempo parcial a personas desempleadas que sean progenitores solos (o padres adoptivos) y madres (o padres adoptivos) de hijos de hasta 5 años. Se ofrece a los padres capacitación profesional.
Tras las modificaciones introducidas en 2017, las personas que empiezan a trabajar en una ciudad situada a más de 50 km de su lugar de residencia reciben una ayuda económica que cubre los gastos de guardería, jardín de infancia, alquiler de vivienda y acceso a Internet.
La legislación búlgara prevé diversas medidas de apoyo y protección para las personas que deseen disfrutar de una licencia de maternidad o paternidad o para el cuidado de un hijo, que estén disfrutando de una licencia de ese tipo o que vuelvan al trabajo después de dicha licencia. En los supuestos está también incluida la adopción. Cuando un progenitor con licencia por embarazo y parto o para el cuidado de un hijo vuelve a trabajar, tiene derecho a ocupar el mismo puesto de trabajo o uno similar y a beneficiarse de cualquier posible mejora de las condiciones de trabajo. Además, el empleado tiene derecho a proponer al empleador una modificación de la duración y la distribución de su jornada de trabajo, por un período de tiempo determinado, u otras modificaciones de la relación laboral, para facilitar el proceso de reincorporación al trabajo. A fin de propiciar una mejor conciliación de las obligaciones laborales y familiares del trabajador o empleado, el empleador debe tener en cuenta la propuesta de modificación, cuando exista tal oportunidad.
Además, la legislación laboral prevé la posibilidad de utilizar una licencia para reconocimientos médicos en el caso de las trabajadoras o empleadas embarazadas, incluidas las que se encuentran en una fase avanzada de un tratamiento de fecundación in vitro. La duración de la licencia se determina en función del tiempo necesario para la realización del reconocimiento médico, con la correspondiente certificación de una autoridad sanitaria. El empleador se encarga de pagar la licencia. Además, la madre o madre adoptiva tiene derecho a una licencia por lactancia y alimentación del niño, si regresa al trabajo antes de que expire la licencia oficial.
Desde el 1 de junio de 2017, las nuevas disposiciones de la legislación laboral y en materia de seguros fomentan la reincorporación anticipada de las madres a la vida profesional. Se prevé que la trabajadora o empleada reciba una indemnización económica, equivalente al 50 % de la indemnización a que tenga derecho, si finaliza antes de tiempo o no utiliza la licencia por embarazo y maternidad.
Además, el empleador no puede asignar a las mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni a las trabajadoras y empleadas en fase avanzada de un tratamiento de fecundación in vitro, un trabajo que suponga un riesgo o ponga en peligro su seguridad y salud, incluida la realización de turnos de noche, ni puede obligarlas a hacer dichos trabajos. Las horas extraordinarias y el trabajo nocturno no están permitidos para las madres con hijos de hasta 5 años ni para las madres que cuidan de niños con discapacidad, independientemente de la edad del niño, a menos que den su consentimiento por escrito.
Una trabajadora o empleada que esté utilizando una licencia solamente puede ser despedida en caso de cierre del lugar de trabajo. En caso de despido por motivos disciplinarios, se solicitará una autorización previa de la Inspección de Trabajo. La rescisión del contrato de trabajo de la madre de un niño de hasta 3 años, trabajadora o empleada, que sea trasladada a otro puesto de trabajo solo está permitida si lo autoriza la Inspección de Trabajo. En el caso de las trabajadoras que son transferidas a otro puesto, se tiene en cuenta la opinión de la comisión de expertos laborales.
El Programa Operacional de Desarrollo de los Recursos Humanos también prevé medidas encaminadas a fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la conciliación de la vida profesional y personal, y en el marco de dicho Programa se aplica el principio de la igualdad entre mujeres y hombres como elemento esencial en el plano horizontal y se prohíben las distintas formas de discriminación. Hasta la fecha, el número total de participantes en las actividades de las operaciones asciende a 125.494, de los cuales 69.050 son mujeres (el 55 %). Los resultados positivos que se han expuesto se deben a la ejecución de proyectos de empleo y educación que hacen hincapié en el principio general de la igualdad de género.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 19 de la lista de cuestiones y preguntas
Según datos de Eurostat, en Bulgaria, la tasa de desigualdad salarial por razón de género es del 14,4 %, frente a una tasa del 16,2 % en la Unión Europea (según indican los datos de 2016). El Instituto Nacional de Estadística estima que en 2017 el porcentaje fue del 13,2 %.
Se han incorporado normas contra la discriminación para proteger el ejercicio del derecho de los empleados a trabajar. El empleador tiene obligaciones directas en relación con la garantía de igualdad de condiciones de trabajo, la remuneración de igual salario por trabajo igual, la oferta de igualdad de oportunidades de formación, formación profesional y reciclaje, así como de desarrollo profesional y ascenso en rango y cargo, aplicando criterios objetivos en la evaluación del desempeño.
En el marco de un estudio sociológico nacional representativo realizado por la CPD, algunos de los participantes señalaron que había desigualdad salarial entre hombres y mujeres en las mismas condiciones de trabajo y que ciertas descripciones de funciones iban en detrimento de las mujeres. Según el estudio, las mujeres embarazadas también parecen ser víctimas de infracciones de la ley, en particular del derecho a trabajar, entre otras cosas, con respecto a las vacaciones o la licencia de enfermedad, cuando se las despide del trabajo o no se las nombra a otras oportunidades de empleo. Se han presentado varias denuncias de irregularidad en los pagos durante la licencia de maternidad. Se considera que la causa fundamental de esas prácticas discriminatorias es la renuencia a seguir el procedimiento burocrático para la concesión de vacaciones y licencias de enfermedad, y no la falta de respeto de la legislación laboral.
El informe independiente titulado “Discrimination and the Protection of Women in the Field of Labour”, presentado en abril de 2018, contiene recomendaciones y directrices específicas para prevenir la discriminación en el trabajo y proteger a las mujeres contra ella. El informe muestra que la participación de las mujeres y su comportamiento en el mercado laboral, en la actualidad, están determinados por el desarrollo y las necesidades de las nuevas tecnologías y las corrientes de información, lo que implica que se necesite personal femenino altamente calificado dada la competencia en el mercado laboral. Una contribución clave del informe es que precisa las comunidades de mujeres que corren mayor riesgo de discriminación.
El Segundo Panel Arbitral Permanente de la CPD examina las denuncias y alertas de discriminación por razón de sexo, afiliación sindical y acoso sexual y denuncias relativas al ejercicio del derecho a trabajar en virtud de la Ley de Protección contra la Discriminación. Los expedientes examinados por el Segundo Panel Permanente, en los que se determinó discriminación por razón de sexo, se basan principalmente en denuncias de violación del principio de igual salario por trabajo igual de la Ley de Protección contra la Discriminación. En casos similares durante el período que abarca el informe, la CPD ha impuesto multas a los empleadores y la obligación de elaborar directrices claras y específicas para el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones de la Ley de Protección contra la Discriminación.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 20 de la lista de cuestiones y preguntas
El Ministerio de Finanzas no recopila datos sobre las repercusiones de las bajas contribuciones fiscales en las elevadas tasas de empleo informal y no declarado de mujeres y niñas. La legislación y la práctica en materia de impuestos y seguridad social se ajustan a lo establecido en las disposiciones de la Convención.
A fin de proporcionar protección social adecuada a los grupos más vulnerables se aplica una política de asistencia social que tiene en cuenta las principales prioridades europeas, la dinámica de los procesos socioeconómicos y las condiciones y el entorno específicos en Bulgaria. El principio de igualdad de trato está consagrado en la legislación vigente en el ámbito de la asistencia social. La concesión de prestaciones sociales no permite la discriminación directa o indirecta de personas por motivos de sexo, raza, nacionalidad, etnia, genoma humano, ciudadanía, origen, religión, creencias, educación, afiliación política, situación personal o social, discapacidad, edad, orientación sexual, situación económica, patrimonio o cualquier otra disposición establecida por la ley o por un tratado internacional en el que la República de Bulgaria sea parte.
En virtud de las disposiciones de la Ley de Asistencia Social, la asistencia social se presta preservando la dignidad humana de los ciudadanos y sobre la base del trabajo social, aplicando un enfoque individual y realizando una evaluación exhaustiva de las necesidades de las personas y las familias. La base para determinar los montos de prestaciones sociales necesarias a fin de proporcionar un ingreso mínimo para satisfacer las necesidades vitales básicas de las personas, en función de su edad, situación económica, estado de salud y patrimonio, empleo y escolarización es el ingreso mínimo garantizado, que en 2018 aumentó a 75 levas. Se utiliza un sistema de tasas de ajuste de un 165 % en relación con los criterios establecidos. En función del grado de riesgo, se definieron 11 grupos con diferentes montos de renta mínima diferenciada.
En 2019 se aprobó una nueva Ley de Servicios Sociales. Esta Ley regula la prestación, utilización, planificación, financiación, calidad, control y seguimiento de los servicios sociales en la República de Bulgaria. Los principales objetivos de la ley son garantizar el acceso a los servicios, su calidad y eficiencia, y el disfrute del derecho a un hogar y a formar parte de una comunidad, así como promover un enfoque integrado y la colaboración público-privada. Los servicios sociales se definen como actividades para evitar la exclusión social y superarla, fomentar el empoderamiento y mejorar la calidad de vida. Se basan en la labor social, el enfoque individual y la evaluación de las necesidades individuales. Todas las personas, y no sólo los grupos vulnerables, deben tener derecho a servicios sociales de acceso público. Entre ellos cabe mencionar los servicios de información, asesoramiento y capacitación para el desarrollo de aptitudes y la realización de los derechos sociales.
Se facilitará el acceso a los servicios sociales, no sólo a través de una elección informada con asesoramiento acerca de los servicios y los proveedores, sino también mediante la eliminación de ciertos requisitos formales y la creación de un mapa nacional de servicios sociales. Se prevé que la Ley entre plenamente en vigor en 2020.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 21 de la lista de cuestiones y preguntas
La República de Bulgaria contribuye activamente a la estrategia Europa 2020, que promueve el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La estrategia nacional de salud 2020 prevé medidas básicas destinadas a mejorar el acceso y eliminación de las desigualdades en materia de salud mediante el desarrollo de un sistema integrado de atención de emergencia, la optimización de la atención hospitalaria y ambulatoria, el desarrollo de la cibersalud, la adopción de una política eficaz en materia de drogas y la mejora de la calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes. Con estas medidas se pretende aumentar la eficiencia del sistema y asignar los recursos de manera equitativa para atender las necesidades de la población.
El plan de acción para aplicar la estrategia, los programas y los proyectos se lleva a cabo en estrecha cooperación con las instituciones y las organizaciones no gubernamentales, y se ha elaborado para respetar la aplicación continua y sistemática de los requisitos de la Convención, si bien en algunos casos se han logrado resultados que han superado las expectativas. Algunas de las formas innovadoras de servicios integrados de salud y servicios sociales son: los centros de asesoramiento en materia de salud, los consultorios y equipos móviles, los mediadores sanitarios y el trabajo sobre el terreno, precedidas o apoyadas por una serie de campañas de sensibilización para garantizar que las mujeres del Estado estén informadas y sean conscientes de sus derechos en virtud de la Convención.
El plan de acción nacional 2015-2020 establece los siguientes objetivos:
•Ofrecer cuidados preventivos de salud maternoinfantil;
•Garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud para las personas desfavorecidas de grupos étnicos minoritarios;
•Aumentar el número de romaníes cualificados empleados en el sistema sanitario. Desarrollar diferentes formas de trabajo para la comunidad y dentro de ella (mediación y centros sanitarios-sociales);
•Aumentar los conocimientos sobre la salud y facilitar el acceso a información sanitaria;
•Ampliar la cobertura de los asegurados desfavorecidos de grupos étnicos minoritarios, en particular el grupo de personas que llevan mucho tiempo desempleadas.
La ejecución de todos los programas y proyectos está en consonancia con la Estrategia Nacional de Integración de los Romaníes de la República de Bulgaria (2012-2020) y el Programa de Integración de los Romaníes 2012-2020. Estas políticas se elaboraron en consulta con las comunidades romaníes, el sector civil, las instituciones públicas responsables y el mundo académico. En la puesta en práctica de las actividades, los esfuerzos se orientaron a informar y educar a ambos sexos sobre la salud general, los seguros médicos, la inmunización, el VIH, el sida y la salud sexual y reproductiva, prestando especial atención a los embarazos en la adolescencia. De conformidad con los requisitos del Consejo de Derechos Humanos, como medida preventiva de control de la natalidad a fin de evitar los abortos, se proporcionan servicios adecuados de planificación familiar y anticonceptivos asequibles.
Para aumentar el nivel de las actividades de prevención en zonas remotas o de difícil acceso, el Ministerio de Salud ha desplegado consultorios y equipos móviles que atienden a las personas sin seguro médico, incluidas las de origen romaní, y las que tienen obstáculos para acceder a centros sanitarios. En 2017 se realizaron 1.799 exámenes en consultorios pediátricos móviles, y se proporcionaron tratamientos de inmunización y reinmunización, diagnóstico y prescripción de la terapia adecuada según fuera necesario. Durante el mismo año, se realizaron 1.018 pruebas preventivas de detección de cáncer de mama en consultorios móviles habilitados para hacer mamografías. Se diagnosticó a 681 mujeres con problemas de salud. Se llevaron a cabo 2.055 exploraciones en consultorios ginecológicos móviles en las que se diagnosticó con cáncer, principalmente de cuello uterino, a 859 mujeres con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años. Todas ellas fueron remitidas a tratamiento.
Se llevan a cabo campañas regionales de salud centradas en la reducción y prevención de las enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil. Los cuerpos de inspección, los médicos generalistas y los municipios centran sus esfuerzos en los grupos vulnerables de la población romaní. En los últimos años, la Red de Mediadores de Salud ha logrado resultados positivos en la concienciación de la población romaní sobre cuestiones relacionadas con la salud. En 2015 la Red contaba con 170 trabajadores en 101 municipios, y en 2017 la organización aumentó la plantilla a 215 trabajadores en 115 municipios.
El Programa Nacional de Prevención y Control del VIH y las Enfermedades de Transmisión Sexual incluye el Programa de Prevención y Control del VIH/sida, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Es el mayor programa de salud de Bulgaria para la prevención a largo plazo de la infección por el VIH. A través del Programa se llega a todos los grupos de alto riesgo, entre otros, los consumidores de drogas; los trabajadores sexuales, la comunidad romaní; los reclusos; y las personas que viven con el VIH/sida. Con la ayuda de más de 50 organizaciones no gubernamentales, se prestan servicios a nivel local. Hay centros de prevención e información en las 28 regiones del país. En la actualidad, las escuelas secundarias incluyen en sus programas la educación sexual y sanitaria. Cada año se llevan a cabo varias campañas nacionales, con servicios de asesoramiento anónimos y gratuitos, sobre el VIH/sida y se distribuyen preservativos y materiales de educación sanitaria gratuitos. Se adopta un enfoque no discriminatorio que se ajusta a las normas internacionales. Se ha llegado a 2.980 personas de la comunidad romaní de entre los grupos de mayor riesgo de consumidores de drogas. A modo de respuesta al 26º período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito, especialistas del Ministerio de Salud participaron en un grupo de expertos sobre la elaboración de una guía técnica de la UNODC para la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH en las cárceles.
La calidad de los servicios médicos para las mujeres embarazadas, las madres y los niños ha mejorado gracias a la aplicación satisfactoria de las medidas establecidas en los siguientes documentos estratégicos clave: Documento conceptual sobre los objetivos de salud para 2020, Estrategia Nacional de Salud 2020 y Programa de Desarrollo Nacional: Bulgaria 2020. Los servicios médicos están organizados de modo que se garantiza la igualdad de trato en el diagnóstico y el tratamiento, así como el cumplimiento de los requisitos de puntualidad, calidad y continuidad de los procesos de diagnóstico y tratamiento.
En el marco del Programa Nacional para Mejorar la Salud Maternoinfantil 2014-2020 se prestan servicios de salud independientes del seguro médico. El diagnóstico precoz y el tratamiento complejo de ciertas enfermedades han mejorado significativamente. Los Centros de Salud y Asesoramiento en materia de Salud Maternoinfantil ofrecen consultas y visitas domiciliarias a mujeres no aseguradas romaníes, madres lactantes, niños y niñas con discapacidad, con enfermedades crónicas y niños prematuros. Se ofrece asesoramiento adicional sobre el embarazo de riesgo. En 2017 se prestaron servicios médicos durante el parto, de examen y de reconocimiento a casi 7.000 mujeres no aseguradas, independientemente de que el seguro médico sea obligatorio, en todo el país. En consonancia con las recomendaciones internacionales, se ha incrementado el número de revisiones durante el primer trimestre de embarazo y se ha reducido las del segundo.
El Programa BG07 “Iniciativas de salud pública” se centra en cinco áreas: salud reproductiva, protección de la salud infantil, salud mental, mejora de la gestión de la atención sanitaria y problemas específicos de salud de la población romaní. A través de este programa se ejecutaron 29 proyectos. Se han distribuido 436 dispositivos médicos de alta tecnología y 131 especialistas médicos han asistido a cursos de capacitación, lo que ha contribuido a la calidad del diagnóstico prenatal y la atención neonatal en 33 hospitales de las 28 regiones del país. Como resultado de esos esfuerzos, ha disminuido la tasa de mortalidad de lactantes y, al mismo tiempo, ha aumentado la tasa de detección de malformaciones durante el embarazo. Con el programa se realizaron 8.022 visitas de reconocimiento médico y asesoramiento gratuitas a domicilio para mujeres embarazadas y niños de hasta 3 años de edad, centradas en los grupos de riesgo, en particular la población romaní. Se impartieron cursos de capacitación para más de 1.600 padres y madres. Con ello, muchas mujeres, niños y niñas romaníes recibieron atención médica y tratamiento adecuados. Los propios beneficiarios están dispuestos a contribuir activamente a la celebración de más actividades y reuniones de información, así como a la organización de grupos de asistencia mutua. Se llevaron a cabo campañas de sensibilización sobre cuestiones relacionadas con la protección de la salud maternoinfantil; la capacidad para la crianza de los hijos; el derecho al seguro médico; la prevención; la anticoncepción y el acceso a diversos servicios sanitarios, sociales y de otro tipo. Como principal resultado, en algunas comunidades se ha conseguido eliminar una serie de malentendidos, incluso en materia de anticoncepción. Tras aclarar la importancia del seguro médico, ha aumentado el número de mujeres, niños y niñas asegurados.
En el marco del Programa BG07 se han ejecutado tres proyectos destinados a mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Los proyectos se centran específicamente en los grupos vulnerables. Se realizaron más de 1.500 reconocimientos médicos de personas de grupos destinatarios y más de 5.400 consultas médicas. Se han realizado más de 6.000 pruebas de enfermedades de transmisión sexual y se han proporcionado suministros y equipos médicos a fin de satisfacer las crecientes necesidades. Se han prestado servicios integrales de salud de planificación familiar y anticoncepción a los grupos destinatarios, especialmente a los adolescentes romaníes.
Se ha establecido un Centro de Planificación Familiar, Salud Sexual y Reproductiva en el marco del proyecto de Establecimiento de la Planificación Familiar y Prevención de Salud Reproductiva en Niños y Adolescentes de 10 a 19 años de edad. Se ha examinado a 604 niñas (más del 50 % romaníes) para detectar infecciones de transmisión sexual y se les ha proporcionado asesoramiento ginecológico. Profesionales médicos y psicólogos especializados en salud sexual y planificación familiar han atendido a 96 jóvenes (más del 50 % de origen romaní). Se han realizado 32 actividades de educación sanitaria para los grupos destinatarios. Se han forjado relaciones de confianza entre los profesionales médicos y la juventud a través de campañas activas en las zonas de población romaní con la asistencia de organizaciones no gubernamentales y escuelas. También se ha ofrecido asesoramiento psicológico.
Además, se ha prestado apoyo financiero a 135 estudiantes y doctorandos romaníes, en su mayoría mujeres, para sufragar los gastos de educación y en forma de becas. Tras graduarse, asistirán a la población romaní, lo que fortalecerá la confianza entre los médicos y los pacientes.
El Fondo Nacional de Seguros Médicos participa activamente en la atención de la salud a través de un conjunto de medidas con garantía presupuestaria que tienen por objeto ofrecer un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para prevenir la discapacidad permanente o los resultados adversos. El fondo ofrece acceso en función del grupo etario a exámenes de prevención y seguimiento y servicios de dispensarios, así como a estudios para quienes corren el riesgo de desarrollar enfermedades de importancia social como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y ciertas enfermedades oncológicas (cáncer de cuello uterino y de mama). Se ha creado un Consejo Público de Derechos del Paciente con funciones básicas de seguimiento y análisis de las actividades relacionadas con los derechos de los pacientes, la aplicación del marco jurídico y la formulación de propuestas de enmiendas o adiciones al mismo. En virtud de la Ley de Protección contra la Discriminación, cualquier ciudadano, independientemente de su sexo, puede presentar una denuncia ante la CPD y, sobre la base de su dictamen, puede interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios, cuyo importe lo determinarán los tribunales.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 22 de la lista de cuestiones y preguntas
En Bulgaria, la definición de zonas rurales se basa en dos criterios: la densidad de población y la población de la ciudad que se considera como centro municipal. Sobre la base de estos parámetros, de un total de 264 municipios, 231 se definen como rurales; esos municipios abarcan el 81,4 % del territorio nacional y en ellos vive el 42 % de la población búlgara. Sin embargo, la falta de datos estadísticos específicos sobre las zonas rurales hace necesario usar la definición de región rural que establece la Unión Europea, según la cual, hay tres tipos de regiones: las predominantemente rurales, las intermedias y las predominantemente urbanas. De acuerdo con esta clasificación, las 28 regiones de Bulgaria deben considerarse de la siguiente manera: siete regiones predominantemente rurales (RR); veinte regiones intermedias (RI) y una región urbana (RU) que es la ciudad de Sofía. En 2016 todas esas categorías experimentaron una evolución positiva frente a la de 2013. Pueden consultarse los datos estadísticos en el Anexo 9.
La igualdad de género es una condición previa básica del Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020 que es aplicable a todas sus medidas. Se proporciona información, asistencia de expertos y formación para la creación de capacidad a beneficiarios actuales y potenciales de ambos sexos. En todos los proyectos de inversión del Programa es fundamental crear puestos de trabajo y garantizar ingresos seguros. El desarrollo social y económico de las zonas rurales tiene por objeto crear nuevos puestos de trabajo, reducir la pobreza, favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida en tres ámbitos prioritarios, a saber:
•Facilitar la diversificación de la economía y crear nuevos puestos de trabajo;
•Aumentar la competitividad territorial de las zonas rurales mediante la mejora de la calidad de vida y de las condiciones empresariales, incluida la exportación del potencial socioeconómico de las zonas rurales mediante el fomento del desarrollo local impulsado por las comunidades en el marco del enfoque LEADER;
•Garantizar la igualdad de acceso de la población rural a las oportunidades empresariales y de empleo.
Las intervenciones contribuyen al desarrollo del potencial económico, la preservación de la perspectiva demográfica y la inclusión social de los desempleados, especialmente de los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los romaníes. Además, se ha concedido prioridad a la región del noroeste.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 23 de la lista de cuestiones y preguntas
La Estrategia Nacional de Integración de los Romaníes es el documento que describe la visión gubernamental a largo plazo para la integración efectiva de los romaníes. Para poder aplicar el plan se establecieron 28 estrategias regionales y 220 planes de acción municipales. El objetivo estratégico del documento es crear las condiciones para la integración equitativa de los ciudadanos romaníes y búlgaros, pertenecientes a otros grupos étnicos, en la vida social y económica garantizando la igualdad de oportunidades y la igualdad de acceso a los derechos, bienes y servicios, haciéndolos partícipes en todas las esferas públicas y mejorando su calidad de vida. La Estrategia promueve el acceso no discriminatorio a la educación, la salud, el empleo y la vivienda, haciendo hincapié en los derechos de las mujeres, los niños y las niñas, la protección del orden público, la prevención y la lucha contra toda manifestación de intolerancia y el discurso de odio. Los progresos en la aplicación de la Estrategia se logran mediante el sistema de seguimiento establecido. Este sistema reúne información a nivel municipal, regional y nacional en una plataforma de información única. Es una herramienta fiable para desarrollar y mejorar las políticas, entre otras cosas, evaluar su eficacia, eficiencia, sostenibilidad y su gasto en relación con su impacto.
La Secretaría del Consejo Nacional de Cooperación en Asuntos Étnicos y de Integración implementó con éxito el proyecto “T.E.A.M. – Together wE Achieve More”. El proyecto tiene como principal objetivo fortalecer el proceso consultivo nacional mediante la puesta en marcha de una Plataforma Nacional Romaní. La Plataforma se considera un mecanismo de diálogo, intercambio, participación y cooperación entre todas las partes interesadas pertinentes para la Estrategia Nacional de Integración de los Romaníes, lo que está en consonancia con la promoción del principio de no discriminación por diversos motivos. Así pues, el Punto de Contacto Nacional Romaní está reforzando el proceso de consulta actual para la colaboración y el diálogo activos entre todas las partes interesadas, en todo el territorio nacional. En el marco del proyecto, se organizaron dos reuniones con las partes interesadas pertinentes, centradas en el desarrollo de la juventud romaní y las mujeres romaníes, con el fin de crear capacidad y fomentar el empoderamiento. Estos temas también forman parte de los seis cursos de capacitación regionales. Como resultado, se logró mejorar la capacidad de las partes interesadas pertinentes, incluidas la juventud y las mujeres romaníes, y de las partes interesadas regionales y locales.
Bulgaria también participa en el programa JUSTROM, un programa conjunto de la Comisión Europea y el Consejo de Europa sobre el acceso a la justicia para las mujeres y los viajeros romaníes en Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia y Rumania. El programa ofrece asesoramiento y servicios jurídicos gratuitos a mujeres y niños romaníes, y a otros grupos minoritarios. Estos servicios incluyen asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la violencia doméstica, los abusos sexuales, la trata de personas, la discriminación, el acoso en el trabajo, el divorcio, la patria potestad, las visitas, los contactos, las prestaciones, la adopción, el acoso y la violencia policiales, la asistencia social, la atención sanitaria y la preparación de documentos y papeles para oficinas e instituciones. El programa ofrece información jurídica, asesoramiento y asistencia en dos centros de asistencia jurídica ubicados en las ciudades de Veliko Tarnovo y Plovdiv. También tiene por objeto aumentar la capacidad del poder judicial y de las fuerzas del orden para aplicar las normas contra la discriminación. El programa refuerza aún más la sinergia y la coherencia entre los marcos institucionales de la Unión Europea y el Consejo de Europa, las estrategias nacionales de integración de los romaníes y las iniciativas de la sociedad civil.
Entre 2017 y 2018 se ofreció asesoramiento jurídico y se informó sobre el programa a más de 1.000 personas. Se ha ayudado a más de 200 personas a presentar solicitudes y denuncias a las instituciones pertinentes, mayormente a mujeres de la comunidad romaní. Más de 180 de los casos estaban relacionados con la violencia por razón de género, como la violencia doméstica y la trata de personas. Un número significativo de casos se refería a cuestiones de origen, asuntos familiares, acceso a los servicios básicos, entre ellos, los servicios de agua y comunicación; acceso al empleo y a la asistencia social, así como a procedimientos penales y de ejecución.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 24 de la lista de cuestiones y preguntas
Discriminación
En cuanto a las estadísticas sobre la situación de los grupos desfavorecidos, la CPD publica informes independientes en el ámbito de la tolerancia en cuanto al género y la no discriminación, entre otros temas. Algunos de los logros más significativos son el informe sobre la discriminación y las actitudes no objetivas basadas en la etnia, el sexo, la discapacidad, la orientación sexual, la edad y las creencias (2007);el estudio sociológico nacional representativo organizado a nivel de territorio para determinar y elaborar perfiles de los grupos y las comunidades que corren un mayor riesgo de discriminación (2016); y el informe sobre la discriminación contra las mujeres y su protección en el ámbito laboral (2018).
Los mecanismos de protección contra la discriminación establecidos en la Ley de Protección contra la Discriminación se aplican a todas las personas en el territorio de la República de Bulgaria, incluidas las mujeres musulmanas. En lo que respecta a la participación igualitaria de las mujeres musulmanas en la vida política y social, la CPD contribuye a garantizar el ejercicio de los derechos en pie de igualdad, y la participación igualitaria en la vida política y social de todas las personas en el territorio de la República de Bulgaria, incluidas las mujeres musulmanas, a través de:
•Actividades encaminadas a cambiar el entorno institucional y las actitudes públicas que impiden la participación igualitaria en la vida política y social;
•Actividades de elaboración y consulta de políticas y leyes nacionales de diversas esferas temáticas, entre ellas, la igualdad y la participación igualitaria en la vida política y social mediante la cooperación con las autoridades ejecutivas;
•Actividades de protección del derecho a la igualdad en la vida política y pública iniciando procesos especializados ante la CPD.
Se están llevando a cabo campañas periódicas de sensibilización y cursos de capacitación de representantes de las autoridades estatales y del Gobierno local para difundir información sobre el marco jurídico de protección y prevención de la discriminación en Bulgaria. Esto incluye garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la educación y la capacitación; adoptar medidas especiales en favor de las personas o grupos de personas desfavorecidas; lograr una participación equilibrada de hombres y mujeres y la participación representativa de los grupos lingüísticos, religiosos y étnicos vulnerables en la toma de decisiones, etc.
En 2017, expertos y miembros de la CPD organizaron seis seminarios de formación en el marco del proyecto “Prevención de la Discriminación e Igualdad de Oportunidades”. Además, se celebraron 800 reuniones y talleres informativos y 97 mesas redondas y debates para fomentar la labor de la Comisión en la protección contra la discriminación.
Se garantiza y respeta el derecho de todas las personas a practicar su religión, independientemente de su sexo y origen. Los migrantes y refugiados que profesan diferentes religiones pueden practicar y observar las normas de su religión en los centros de detención y de migración. Durante las festividades religiosas, se respetan sus tradiciones y costumbres. A las mujeres musulmanas no se les prohíbe expresamente el uso del velo u otros símbolos religiosos.
Refugiados y migrantes
El Organismo Estatal para los Refugiados está aplicando políticas y medidas sobre migración y asilo, teniendo en cuenta la situación específica de las mujeres afectadas por un conflicto armado. Las medidas adoptadas tienen por objeto facilitar la integración de las mujeres solicitantes de asilo y protegerlas de todas las formas de explotación, maltrato, violencia y discriminación.
El Organismo está trabajando para mejorar las políticas y medidas de eliminación de la discriminación contra las mujeres solicitantes de asilo en Bulgaria, y se centra en las actividades siguientes:
•Identificar tempranamente las vulnerabilidades específicas, evaluar las necesidades y ofrecer servicios de modo oportuno, y prestar asistencia a lo largo de todo el proceso de concesión de protección internacional, teniendo en cuenta las necesidades concretas de las mujeres;
•Garantizar que las mujeres que solicitan protección internacional puedan elegir ser atendidas por entrevistadores, intérpretes y asistentes sociales de su mismo sexo;
•Proporcionar acceso a un mecanismo de presentación de denuncias; ofrecer asesoramiento jurídico y representación legal; realizar entrevistas y consultas. El Organismo Estatal para los Refugiados ofrece instalaciones adecuadas dentro de las colectividades territoriales;
•Organizar cursos de capacitación para el personal del Organismo y para intérpretes que trabajan con mujeres que han sufrido discriminación;
•Ofrecer servicios psicológicos para las mujeres víctimas de discriminación por razón de género;
•Ofrecer servicios de atención especial para hijos de mujeres víctimas de discriminación por razón de género;
•Garantizar un entorno seguro para las solicitantes de protección internacional como medida para evitar la violencia por razón de género;
•Velar por el derecho a acceder a la educación obligatoria, que incluya cursos de idiomas, programas de alfabetización, y aprendizaje y educación permanentes; educación informal e independiente e intercambio cultural para la inclusión y el empoderamiento de las mujeres víctimas de discriminación; facilitar el acceso a la educación superior y establecer procedimientos sólidos y transparentes de reconocimiento de las calificaciones adquiridas en el extranjero.
Las prioridades actuales del Organismo se centran en la mejora de los sistemas de seguimiento existentes, el establecimiento de objetivos de política relacionados con la protección de los derechos de las mujeres víctimas de discriminación y el seguimiento de sus repercusiones. A este respecto, el Organismo Estatal para los Refugiados difunde información sobre métodos para prevenir la violación de sus derechos, como por ejemplo películas sobre la trata de personas proporcionadas por la CNLTP, folletos sobre la explotación laboral proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y dibujos animados del Organismo traducidos a cuatro idiomas. En 2018, el Organismo Estatal para los Refugiados actualizó y adoptó los Procedimientos Operativos Estándar para la Prevención de la Violencia Sexual y por Razón de Género y la Respuesta ante Ella. A fin de mejorar la situación de las mujeres refugiadas y migrantes en la República de Bulgaria, el Organismo, en cooperación con el ACNUR y el UNICEF, colabora con los interesados pertinentes en el intercambio de buenas prácticas. Además, en 2018 se impartieron dos cursos de capacitación sobre la identificación inicial y la remisión de las víctimas de la trata de personas con representantes del Organismo Estatal para los Refugiados, la Dirección de Migración, la Policía de Fronteras y organizaciones internacionales y no gubernamentales.
De conformidad con la Ley de Asilo y Refugiados, las personas que solicitan protección internacional pueden alojarse en los centros de registro y recepción del Organismo Estatal para los Refugiados o en otro lugar de acogida. Durante el proceso de concesión de la protección internacional, el extranjero tiene derecho a alojamiento y alimentación y a la asistencia social de la que gocen todos los ciudadanos búlgaros, seguro médico y atención psicológica, acceso a la atención y servicios médicos gratuitos, servicios de interpretación o traducción y acceso al mercado laboral si el proceso no se completa en el plazo de tres meses. Las condiciones de acogida de las mujeres y las niñas alojadas en los centros del Organismo Estatal para los Refugiados cumplen las normas de acogida y alojamiento de extranjeros que solicitan protección internacional. El alojamiento debe asignarse en función del origen étnico, país de origen, religión, sexo, estado de salud y estado civil. Los menores no acompañados se alojan con otros menores no acompañados, teniendo en cuenta su nacionalidad y origen étnico.
De conformidad con los requisitos de la legislación nacional, cada solicitud de protección internacional se examina de manera individual, objetiva e imparcial, teniendo en cuenta todos los hechos, circunstancias y pruebas pertinentes que favorezcan la situación del refugiado. Cierta información se considera como “datos personales confidenciales” y los solicitantes no están obligados a revelarla, por lo que no se dispone de datos estadísticos al respecto.
Al aplicar los procedimientos relativos al retorno y readmisión, Bulgaria observa estrictamente las prácticas y disposiciones europeas bien establecidas. Entre ellas figura la Directiva 2008/115/CE relativa a normas y procedimientos comunes para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular; las Veinte directrices sobre el retorno forzoso, del Consejo de Europa; los acuerdos sobre readmisión de residentes ilegales; la recomendación de la Comisión sobre el establecimiento de un Manual de Retorno común; y el Plan de Acción de la Unión Europea en materia de retorno.
En el contexto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, la legislación búlgara regula la garantía de los derechos de los extranjeros en situación irregular, quienes pueden acceder libremente a un procedimiento de protección internacional. Las personas que no han solicitado protección internacional, o a las que se les ha denegado, están sujetas a las disposiciones de la Ley de Extranjería de la República de Bulgaria. Si se cumplen determinados requisitos jurídicos, se adoptan medidas administrativas coercitivas y se organiza la expulsión del país o el retorno de esas personas a sus países de origen o a terceros países seguros. La Dirección de Migración del Ministerio del Interior, en estrecha cooperación con la OIM, da prioridad a alentar y ayudar en la adopción de decisiones de regreso voluntario a los países de origen. La OIM puede asesorar a las personas que se alojan en los centros especiales de alojamiento temporal para extranjeros. El principio que garantiza el respeto de los derechos de los extranjeros alojados en un centro especial de alojamiento temporal para extranjeros es el derecho de recurso y la revisión judicial de las medidas administrativas coercitivas que se les imponen, así como de su alojamiento en el centro.
Durante su estancia en un centro especial de alojamiento temporal, los extranjeros tienen derecho a:
•Una cama, ropa de cama, alimentos y enseres de aseo personal;
•Servicios de luz, calefacción y condiciones necesarias para el mantenimiento adecuado de la higiene personal;
•Uso de instalaciones deportivas durante los horarios correspondientes;
•Visitas de abogados, familiares, amigos, representantes de organizaciones no gubernamentales y funcionarios diplomáticos y consulares;
•Envío y recepción de correspondencia de conformidad con los requisitos de seguridad postal;
•Servicios médicos y apoyo psicológico y social;
•Custodia de efectivo, objetos de valor y efectos personales. Todas las pertenencias se devuelven al extranjero o a su familia al abandonar el centro.
Todos los extranjeros gozan de igualdad de trato y garantías jurídicas de respeto de sus derechos en pie de igualdad. A fin de velar por su seguridad, en los centros especiales de alojamiento temporal para extranjeros, se aloja a las mujeres y a los hombres por separado. Se crean condiciones de acogida especiales para las familias con hijos menores de edad y las personas vulnerables. La Ley de Extranjería de la República de Bulgaria prohíbe el alojamiento de menores no acompañados en los centros especiales de alojamiento temporal para extranjeros, independientemente de su sexo. Los centros cerrados que gestionaba la Dirección de Migración no acogían a menores migrantes acompañados durante más de tres meses.
El funcionamiento de los centros especiales de alojamiento temporal para extranjeros se rige por las normas europeas sobre las condiciones en este tipo de centros. Esos centros están custodiados por agentes de policía de ambos sexos. Es obligatorio que la sección de mujeres esté protegida por una agente de policía. En el ejercicio de sus funciones oficiales, los agentes de policía (entrevistadores) aplican la Metodología de Trabajo Social con Extranjeros Alojados en los centros especiales de alojamiento temporal para extranjeros, que utiliza en todo momento un enfoque personalizado y sociopsicológico. La Metodología regula las condiciones y la forma de interacción del personal del centro con representantes de instituciones y organizaciones externas que prestan asistencia a los migrantes. Todos los agentes han recibido capacitación especializada en el trato con las personas del grupo destinatario. Una prioridad esencial de la labor de los centros especiales de la Dirección de Migración es trabajar con las personas vulnerables. Las personas con necesidades médicas especiales (mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermos crónicos) se alojan en la enfermería del centro y están bajo observación médica constante. A los enfermos crónicos se les proporcionan dietas alimenticias adecuadas y la terapia que necesitan. Este tipo de enfermos reciben asesoramiento diario de psicólogos del Instituto de Psicología del Ministerio del Interior empleados en el centro especial, que hacen un seguimiento de su estado e informan a la administración del centro de que se trate. La Dirección de Migración coopera estrechamente con las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales para ayudar a las personas que se alojan en los centros especiales, y a los grupos de migrantes vulnerables, además de asistirles en su retorno voluntario a los países de origen.
El ACNUR presta una asistencia especialmente importante para la mejora del funcionamiento de los centros especiales de alojamiento temporal para extranjeros, ayuda a organizar cursos de formación sobre asistencia a extranjeros que solicitan protección, obtener traducciones de documentos, distribuir material informativo a extranjeros y organizar servicios de interpretación de idiomas poco comunes. En el marco del proyecto “Aplicación de un sistema de seguimiento de flujos de migrantes”, se concedió al personal de la OIM acceso periódico a los centros para entrevistar a extranjeros. La primera fase del proyecto hace un seguimiento de los flujos de migrantes nacionales afganos y pakistaníes, y la segunda fase, de los flujos de migrantes nacionales de terceros países de habla árabe.
El personal de la Dirección de Migración del Ministerio del Interior fue incluido como grupo destinatario en un proyecto ejecutado por la OIM titulado “Fortalecimiento de la capacidad nacional de la República de Bulgaria en el ámbito del asilo y los migrantes”. En mayo de 2017, funcionarios de la Dirección participaron en cinco cursos de capacitación en apoyo psicosocial y sanitario organizados en Sofía y en la ciudad de Harmanli, con representantes del Organismo Estatal para los Refugiados y de la Cruz Roja de Bulgaria. En septiembre de 2017, la OIM organizó otros cinco cursos de capacitación en el marco de un proyecto sobre trabajo con migrantes vulnerables y solicitantes de protección y protección de los derechos humanos, que se llevaron a cabo en los centros especiales de alojamiento temporal para extranjeros de Sofía y de la ciudad de Lyubimets.
Los especialistas del Instituto Médico del Ministerio del Interior ofrecen servicios médicos las 24 horas del día a extranjeros alojados en los centros especiales de alojamiento temporal. Si es posible, o cuando las mujeres alojadas lo solicitan expresamente, los exámenes los llevan a cabo médicos de su mismo sexo. Todos los tratamientos se sufragan con presupuesto del Ministerio del Interior.
El período de detención de los migrantes ilegales en centros que se cerraron de la Dirección de Migración no variaba en función del sexo. La estancia en un centro especial de alojamiento temporal para extranjeros dura todo el transcurso de las circunstancias por las que el migrante ilegal entró en el centro, pero no puede exceder los seis meses. Cuando la persona en cuestión se niegue a cooperar con las autoridades competentes o la recepción de los documentos necesarios para el retorno o la expulsión se demoren más allá de la fecha de expiración, el Director de la Dirección de Migración podrá dictar una orden para prorrogar la estancia en el centro durante un período no superior a otros 12 meses.
La Dirección de Migración, en colaboración con las partes interesadas pertinentes, lleva a cabo búsquedas de los familiares separados para su reunificación. La reunificación se lleva a cabo mediante el retorno al país de origen o a un tercer país, siempre que sea posible. Al instalar a extranjeros en los centros de la Dirección de Migración se respeta estrictamente el principio de no separar a las familias y se aloja a todos sus miembros en locales familiares propios. Durante su estancia en un centro especial de alojamiento temporal para extranjeros, todas las personas alojadas, independientemente de su sexo, reciben suministros diarios para uso personal (artículos de higiene y sanitarios) y ropa, si es necesario. También se les proporcionan tres comidas al día y servicios médicos gratuitos. Periódicamente, las organizaciones no gubernamentales e internacionales donan alimentos, ropa y medicamentos.
Las estadísticas anuales del número de migrantes alojados en los centros de la Dirección de Migración son las siguientes:
Número total de mujeres migrantes alojadas
|
Año |
Centro Especial de Alojamiento Temporal para Extranjeros de Sofía |
Centro Especial de Alojamiento Temporal para Extranjeros de Lyubimets |
Centro de Refugiados de Elhovo |
|
2014 |
208 |
114 |
1 535 |
|
2015 |
495 |
705 |
1 782 |
|
2016 |
857 |
989 |
1 008 |
|
2017 |
298 |
429 |
6 |
|
30 de junio de 2018 |
85 |
44 |
Cerrado |
Desglose por año/edad
|
Año |
Centro Especial de Alojamiento Temporal para Extranjeros de Sofía |
Centro Especial de Alojamiento Temporal para Extranjeros de Lyubimets |
Centro de Refugiados de Elhovo |
|||
|
Mayores de 18 años |
Menores de 18 años |
Mayores de 18 años |
Menores de 18 años |
Mayores de 18 años |
Menores de 18 años |
|
|
2014 |
140 |
68 |
90 |
24 |
1 535 |
585 |
|
2015 |
182 |
313 |
454 |
251 |
1 782 |
1 176 |
|
2016 |
532 |
325 |
882 |
107 |
1 008 |
820 |
|
2017 |
183 |
115 |
274 |
155 |
6 |
3 |
|
30 de junio de 2018 |
55 |
20 |
29 |
15 |
Cerrado |
Cerrado |
Asistencia social
El Organismo de Asistencia Social se compromete a prestar apoyo social a extranjeros con permiso de residencia permanente en Bulgaria, a aquellas a las que se les haya concedido el estatuto de refugiados o el estatuto humanitario y a las que disfrutan de protección temporal. Se conceden ayudas mensuales, puntuales y específicas. El procedimiento para que las personas y familias con protección internacional accedan a la asistencia social es el mismo que el que deben seguir los ciudadanos de Bulgaria, pero con cierta flexibilidad en las condiciones. Un refugiado o extranjero con estatuto humanitario que haya solicitado asistencia social mensual debe cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento de aplicación de la Ley de Asistencia Social.
Capacitación
En febrero de 2014, el Instituto Nacional de Justicia, conjuntamente con la organización no gubernamental búlgara Forum Association, impartió cursos generales de concienciación sobre el derecho de los refugiados para 32 participantes, de los cuales 20 eran jueces y 12 fiscales. El Plan Especial de Apoyo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en Bulgaria se aplicó desde finales de 2014 hasta finales de octubre de 2017. Transcurrido ese tiempo, se prorrogó su aplicación hasta el 31 de octubre de 2018. El objetivo general del Plan era seguir mejorando y perfeccionando el sistema de asilo y acogida en Bulgaria. Al aplicar sus medidas, el Instituto Nacional de Justicia centró sus esfuerzos en dos direcciones principales, a saber: 1) organizar en Bulgaria actividades de capacitación conjuntas con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, y 2) participar en la organización de visitas de estudio de jueces administrativos a varios Estados miembros europeos, para tratar cuestiones de actualidad determinadas por el Tribunal Administrativo Supremo y otros tribunales administrativos pertinentes de Bulgaria.
En el período comprendido entre septiembre de 2014 y julio de 2018, el Instituto Nacional de Justicia y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, con la cooperación de formadores expertos búlgaros y extranjeros, organizaron los siguientes seminarios:
•Taller sobre la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo, para 25 participantes (18 jueces y 7 fiscales);
•Taller sobre problemas prácticos reales relacionados con los procedimientos de concesión de protección, para 29 participantes (18 jueces, 9 fiscales y 2 auxiliares judiciales);
•Taller de derecho europeo en materia de asilo, fronteras e inmigración, para 24 jueces, 10 fiscales, 1 auxiliar judicial y 6 expertos;
•Taller de desarrollo profesional sobre la aplicación de la guía práctica judicial de información sobre los países de origen, en el que participaron 9 jueces, 20 fiscales, 1 auxiliar judicial y 1 empleado judicial.
Durante dicho período, en 2016, el Instituto Nacional de Justicia colaboró con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo en la organización de dos visitas de estudio al Reino Unido y Francia. Ambas visitas fueron de carácter práctico. A los jueces participantes se les brindó la oportunidad de asistir a audiencias en todos los niveles pertinentes del sistema judicial. Se les informó de antemano sobre la esencia de las audiencias y, cuando fue posible, se reunieron con el magistrado presidente.
Desde 2015, el Instituto Nacional de Justicia ha participado activamente en la ejecución del proyecto conjunto de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y la Fiscalía de la República de Bulgaria titulado “Establecimiento de una Respuesta Integral de la Justicia Penal a los Delitos Motivados por el Odio”, que versa sobre la capacitación de fiscales de Bulgaria en diversos aspectos de los delitos motivados por el odio. En el período comprendido entre 2015 y julio de 2018, se impartieron seis cursos de capacitación a grupos mixtos de fiscales y agentes de policía. En 2016, se capacitó a 46 fiscales y 3 agentes de policía, mientras que en 2018 se capacitó a 36 fiscales y 34 agentes de policía.
En 2018 se impartieron cursos de capacitación para el personal del Organismo Estatal para los Refugiados sobre los siguientes temas:
•Evaluación de riesgos y apoyo a los testigos y sobrevivientes de actos de violencia; intervención en situaciones de crisis y apoyo a las personas en situación de crisis; desarrollo de una perspectiva de los traumas y el trastorno por estrés postraumático; protección y prevención en casos de violencia sexual contra los niños y las mujeres;
•La violencia por razón de género entre los refugiados y solicitantes de asilo;
•La violencia sexual y la explotación sexual de los niños puede prevenirse;
•Establecimiento de prácticas regionales comunes de apoyo psicosocial a los refugiados y solicitantes de asilo, testigos o sobrevivientes de violencia de género u otro tipo de violencia;
•Estabilización de niños traumatizados de familias de refugiados;
•Lucha contra la violencia por razón de género contra las mujeres, las niñas y los niños migrantes y solicitantes de asilo.
El personal de los centros especiales de alojamiento temporal para extranjeros de la Dirección de Migración ha recibido varios cursos de capacitación y ha participado en ejercicios y seminarios sobre los temas siguientes:
•Estilos de comunicación e interacción;
•Aspectos específicos del trabajo en espacios cerrados;
•Agresión y control de la ira;
•Orientación metodológica para las autoridades del Ministerio del Interior sobre la utilización de los distintos tipos de medios auxiliares, características técnicas y normas de manipulación y almacenamiento seguro;
•Tratamiento psicológico para personas vulnerables;
•Discriminación, estereotipos y prejuicios;
•Aspectos específicos del trabajo con personas de diferentes orígenes culturales;
•Interacciones oficiales de los funcionarios que trabajan con extranjeros con deficiencias mentales alojados en los centros;
•Trabajo con migrantes vulnerables y solicitantes de protección internacional;
•Protección de los derechos humanos;
•Apoyo psicosocial y sanitario a nacionales de terceros países;
•Trabajo con menores migrantes no acompañados;
•Seminario de capacitación sobre detención y alternativas a la detención, organizado por el ACNUR y el Consejo de Europa;
•Seminario de capacitación sobre las dificultades de trabajar con extranjeros que necesitan protección internacional, organizado por el ACNUR y la Academia del Ministerio del Interior;
•Seminario de capacitación sobre la protección de la libertad de religión y la lucha contra la discriminación y la violencia fundadas en la religión o las creencias;
•Curso de capacitación para trabajar con menores migrantes no acompañados, organizado por el UNICEF;
•Curso sobre el proceso de concesión de acceso al territorio y de protección internacional, organizado por el ACNUR.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 25 de la lista de cuestiones y preguntas
Bulgaria ha adoptado medidas para velar por que el concepto de bien ganancial conjunto se extienda a los bienes inmateriales, entre otros, las pensiones, las prestaciones de seguros y otros beneficios profesionales. Según el Código de la Familia, los bienes gananciales abarcan todos los derechos reales adquiridos durante el matrimonio, como resultado de una contribución conjunta, que son de propiedad conjunta de ambos cónyuges, independientemente de quien los haya adquirido. La contribución conjunta, independientemente del sexo del cónyuge, puede consistir en fondos invertidos y trabajo, cuidado de los hijos y tareas domésticas. Se presume que la contribución es conjunta, salvo prueba de lo contrario. Al mismo tiempo, la legislación de Bulgaria prevé la posibilidad, en caso de que se den los hechos jurídicos necesarios, de eliminar los bienes gananciales y transformarlos de una copropiedad indivisible a una copropiedad divisible en partes iguales. Ambos cónyuges tienen derecho a interponer una demanda por falta de contribución conjunta, así como a reclamar la asignación de una parte mayor de los bienes comunes si su aportación a la adquisición supera significativamente la del otro cónyuge.
Existen recursos efectivos que garantizan la posibilidad de que las mujeres reclamen y reciban de su exmarido o expareja la manutención de sus hijos. En virtud del Código de la Familia, todo excónyuge que no pueda trabajar y no pueda ganarse la subsistencia tiene derecho a recibir manutención. La cuantía de la manutención se determina en función de las necesidades del excónyuge y de la situación financiera de la persona que está obligada a proporcionarla. En su calidad de representante legal del hijo o la hija menor, el progenitor podrá emprender acciones judiciales para solicitar manutención por cuenta y en nombre del hijo o la hija. Además, la parte interesada que no pueda costearlo tiene acceso a la Oficina Nacional de Asistencia Jurídica.
En cuanto a las medidas adoptadas para afrontar y prevenir con mayor eficacia los matrimonios precoces y forzados, cabe señalar que esos actos están tipificados como delitos en el Código Penal. El secuestro por la fuerza con fines de matrimonio o la coacción para contraer un matrimonio arreglado están sancionados con una pena de privación de libertad de hasta tres años. Todo progenitor u otro familiar que reciba un pago por acceder al matrimonio arreglado de su hija o de otra mujer de su familia será castigado con una pena de privación de libertad por un período no superior a un año o con una multa, así como a una amonestación. La legislación de Bulgaria también tipifica como delito la cohabitación extramatrimonial forzada con cualquier persona menor de 16 años.
Los municipios ayudan a proporcionar distintos servicios y programas de salud social en los vecindarios con población predominantemente romaní. Los funcionarios están sensibilizando a la población contra la cohabitación con menores y los partos a edad temprana. La orientación metodológica del Organismo Estatal para la Protección de la Infancia sobre la prevención del abandono en hospitales de maternidad es una medida para la detección y la prevención tempranas de tales actos. Esta medida está orientada específicamente a las personas comprendidas en las categorías de riesgo, en particular la comunidad romaní. El Organismo participa en diversos foros y actividades relacionados con la prevención del abandono infantil, la sensibilización y la mejora de la interacción entre los especialistas responsables. En la actualidad, los grupos interministeriales están estudiando la posibilidad de modificar la legislación.
En 2017, en relación con las medidas y actividades de prevención del parto a una edad temprana, se llevaron a cabo 72 inspecciones en consultas de médicos generalistas, en 151 municipios y con 120.220 pacientes, de los cuales 23.627 eran niños, en particular romaníes. Los resultados de las inspecciones se describieron detalladamente en un análisis publicado en el sitio web del Organismo Estatal para la Protección de la Infancia.
Entre enero de 2016 y diciembre de 2017, gracias a la labor de las organizaciones no gubernamentales, se ejecutó el proyecto Red de Prevención de las Emancipaciones Prematuras, con el objetivo de fomentar la cooperación entre los sistemas de protección de la infancia, los sistemas de salud y educación, la justicia y la policía y coordinar sus actividades de lucha contra el matrimonio precoz en las comunidades romaníes, aplicando, al mismo tiempo, un enfoque centrado en los niños. Se organizaron seminarios y charlas para sensibilizar a los diferentes grupos destinatarios de las comunidades romaníes y lograr que cambien sus actitudes y comportamiento con respecto al matrimonio infantil. Se impartió capacitación a asistentes sociales, maestros, personal sanitario, representantes de la justicia y agentes de policía para informarles de las repercusiones del matrimonio infantil en el desarrollo de niños y niñas y explicarles los mecanismos de interacción existentes. También se educó a 1.000 niños y niñas sobre cómo protegerse del matrimonio precoz. Se está redactando un informe comparativo, que incluirá conclusiones y recomendaciones generales, mejores prácticas y protocolos de interacción para prevenir el matrimonio precoz en los países asociados al proyecto.
Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 26 de la lista de cuestiones y preguntas
Tras el último informe de 2011, han tenido lugar una serie de acontecimientos importantes que han permitido que la legislación del país se ajuste aún más a las normas internacionales de protección de los derechos humanos. Se ha aprobado una serie de enmiendas jurídicas primordiales que han reforzado el marco jurídico e institucional para la protección de todos los derechos y libertades.
En 2013, por decisión del Consejo de Ministros, se estableció el Mecanismo Nacional de Coordinación para los Derechos Humanos. Su objetivo es mejorar la coordinación entre las autoridades públicas que participan en la ejecución de la labor derivada de las obligaciones y compromisos asumidos por Bulgaria en el ámbito de los derechos humanos. El Mecanismo Nacional de Coordinación para los Derechos Humanos considera la posibilidad de firmar nuevos instrumentos internacionales y de adherirse a ellos y recomienda modificaciones de la legislación nacional y las prácticas administrativas. El Mecanismo está compuesto por ministros, jefes de organismos estatales e instituciones independientes. También cuenta con representación de organizaciones no gubernamentales.
Se creó un procedimiento para indemnizar a los ciudadanos y a las personas jurídicas por los daños y perjuicios resultantes de las demoras injustificadas en la tramitación de los procedimientos civiles, administrativos y penales, así como de la interrupción de las actuaciones previas al juicio. La Asamblea Nacional (2012) también encargó al Gobierno que presentara un informe anual sobre la aplicación de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Bulgaria. En 2014, el Gobierno tomó la decisión de, por única vez, indemnizar a los denunciantes respecto de los cuales los órganos creados en virtud de los instrumentos universales de derechos humanos de las Naciones Unidas habían recomendado indemnizar por daños y perjuicios. En 2015, el Mecanismo Nacional de Coordinación para los Derechos Humanos aprobó un mecanismo jurídico de compensación financiera.
En el período que abarca el informe, la República de Bulgaria se adhirió a importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, a saber:
•El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
•La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
•La Convención para Reducir los Casos de Apatridia;
•El Protocolo 15 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Los compromisos internacionales asumidos por el país en los últimos años demuestran la alta prioridad que concede a los derechos humanos. En 2013 y 2014, Bulgaria presidió con éxito la labor de la Tercera Comisión durante el sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre noviembre de 2015 y mayo de 2016, el país asumió la Presidencia rotatoria del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Durante el mandato se aprobaron varios documentos importantes que determinan el programa del Consejo para los próximos años y son pertinentes para nuestras políticas nacionales. Uno de los principales logros fue el lanzamiento oficial de la nueva Estrategia del Consejo de Europa para los derechos de los niños y las niñas (2016-2021).
En el período 2017-2018, Bulgaria presidió la Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y desempeñó un papel fundamental en la preparación, organización y celebración de los períodos de sesiones 10º y 11º de la Conferencia. En el primer semestre de 2018, el país presidió por primera vez el Consejo de la Unión Europea. Bulgaria incorporó la necesidad de fortalecer la promoción y protección de los derechos sociales, económicos y culturales e hizo especial hincapié en los derechos del niño, la igualdad entre los géneros, la libertad de expresión y la libertad de religión o de creencias, y en la lucha contra el antisemitismo.
Los esfuerzos constantes en este ámbito hicieron que Bulgaria fuera elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2019-2021. Nuestro objetivo será garantizar el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de ninguna clase.