I.Introducción

El Estado Plurinacional de Bolivia firmó el 30 de mayo 1980 la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y ratificada el 8 de junio 1990 (fecha depósito), mediante Ley No. 1100 promulgada el 15 de septiembre de 1989. De la misma forma, Bolivia firma el Protocolo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer el 10 de diciembre 1999 y ratifica el 27 de septiembre 2000 (fecha de depósito), mediante la Ley No. 2103 promulgada el 20 de junio de 2000.

El sistema de informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer “CEDAW” tiene como propósito proporcionar información sobre los avances en el cumplimiento de los mandatos que establece la Convención, de acuerdo con la obligación contenida en el artículo 18 de este instrumento jurídico, según el cual los Estados Parte se comprometen a informar sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención, en el adelanto de la mujer.

En cumplimiento con el artículo 18 de la Convención, el Estado de Bolivia ha presentado su primer informe a la CEDAW el año 1991, en 14º período de sesiones y el informe combinado II, III y IV es presentado el año 2008, en la 40º período de sesiones. Las observaciones finales del Comité, la Constitución Política del Estado (2009) y la construcción de un Estado Plurinacional han impulsado políticas para superar la discriminación contra la mujer. En este marco, el presente informe comprende los periodos V y VI, correspondientes al curso entre enero de 2008 y diciembre de 2012, sobre las recomendaciones del Comité.

Es necesario puntualizar el contexto de transformaciones institucionales en el marco de la nueva Constitución Política del Estado la cual es aprobada mediante referéndum 25 de enero de 2009 y promulgada el 9 de febrero del 2009, este marco de transformación desarrolla avances sustanciales en la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de toda discriminación y violencia. Por ello, el presente informe enfatiza la contribución al reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, avanzando hacia una Bolivia democrática y productiva, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. En este contexto hay que destacar que los derechos de las mujeres se han constitucionalizado y avanza hacia su pleno ejercicio, bajo los principios de un Estado Plurinacional.

El presente informe ha sido elaborado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), dependiente del Ministerio de Justicia, con la participación de las entidades del órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, así como con las organizaciones sociales, la sociedad civil. En el ámbito de la Administración Central del Estado, el VIO desarrolla las competencias en materia de igualdad de oportunidades de género, generacionales y de discapacidad. Este informe toma en cuenta las observaciones finales al último informe país presentado al CEDAW y las observaciones generales del CEDAW.

La presentación del informe está estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo da cuenta del contexto nacional, las políticas para la equidad de género, el estado de situación del mecanismo nacional para el adelanto de las mujeres. El segundo capítulo desarrolla los avances en el marco de cada uno de los artículos 1 al 16 del CEDAW.

II.Contexto general

2.1Contexto nacional

Bolivia, se caracteriza por una mayoría de población indígena, el año 2001 a nivel nacional, la población total era de 8.274.325 habitantes, de los cuales 50.2 % son mujeres y 49.8 % son hombres. Además, el 62.4 % es población urbana y el 37.6 % es rural. El departamento de La Paz es el más poblado del país con 2.350.466 habitantes, que representan 28.4 % del total, le sigue Santa Cruz con 2.029.471 pobladores, cifra equivalente a 24.5 %, y en tercer lugar se sitúa Cochabamba con 1.455.711 habitantes, 17.6 % del total.

De los 8.274.325 habitantes el 63% se declaraba perteneciente a algún pueblo originario, tres departamentos concentraban el 71% de la población migrante indígena, La Paz, (34%), Cochabamba (15%) y Potosí (21%). Durante estos últimos años se presenta una reconfiguración del espacio territorial, sobre la base de la auto pertenencia, en La Paz, producto de la migración altamente representada por migrantes del mismo departamento 62% de los migrantes se identificaba con el pueblo aymara y el 14% con el quechua. En Santa Cruz producto de una migración proveniente de todo el territorio nacional, la población migrante se identificaba con distintos pueblos, 26% con el quechua, 7% con el aymara, 6% con el pueblo chiquitano, 4% con el guaraní y el 2% con el mojeño. Beni, representaba también una compleja gama de identidad étnica. Entre la población migrante que habitaba el departamento el año 2001, 7% eran quechuas, 8% aymaras, 11% mojeños y 11% pertenecían a otros pueblos nativos. En síntesis la población indígena por auto pertenencia con mayor presencia en todo el país, es de origen quechua y aymara. Sin embargo la pluralidad de identidades étnicas se encuentra a nivel del todo el país.

El año 2007, 3,6 millones de bolivianos y bolivianas ocupaban el estrato medio de ingresos. El 82% de la población habitaba en áreas urbanas y cuatro de cada diez personas eran indígenas. Aunque la mayor parte de la población ocupada en este estrato (65%) estaba inserta en actividades del sector terciario (servicios y comercio) y un importante porcentaje a actividades secundarias (industria, manufacturera y extractiva). De esto emergen nuevas desigualdades sobre el que transita discriminación y tensiones sociales. Desigualdad expresada en el poder social. Los 2,8 millones de ocupados que componen este estrato se dedican principalmente a actividades agrícolas (53%), un importante porcentaje de la industria extractiva (15%), y otro tanto al de servicios (12%). El 75% realiza actividades dentro de la economía familiar, en actividades económicas diversas. Al mismo tiempo las brechas de indicadores de bienestar entre grupos ilustran la persistencia y reproducción de las desigualdades que representan restricciones en la acumulación de capacidades. Estas desigualdades afectan especialmente a las mujeres, a la población indígena, a las comunidades rurales y los hogares más pobres, siendo un desafío para el actual Gobierno acabar con la pobreza hasta el 2025.

El periodo que se informa, 2008-2012, se ha caracterizado por hechos sociales y políticos que constituyen hitos fundamentales para entender el proceso boliviano y el papel de los distintos actores políticos, entre ellos las mujeres indígenas, como protagonistas del proceso. El 2007, la Asamblea Constituyente aprueba la Nueva Constitución Política del Estado, estableciendo un catálogo amplio de derechos fundamentales, derechos colectivos, resaltando los derechos de las mujeres, posicionando por primera vez el carácter de la no violencia en razón de género y generacional.

El año 2009, se realiza el Referéndum Constitucional mediante el cual la nueva Constitución Política del Estado es democráticamente aprobada. Este hecho histórico cierra esta primera etapa en el proceso de cambio e inicia el proceso de construcción del Estado Plurinacional. Una de las primeras medidas adoptadas es la formulación de un nuevo Régimen Electoral Transitorio y la creación y consolidación del Padrón Electoral Biométrico, mediante la Ley 4021, para empadronar a la totalidad de la población boliviana en edad de votar, garantizando transparencia en las elecciones generales que se realizaron a finales del 2009. Como resultado de estas elecciones, Evo Morales es ratificado como primer presidente del Nuevo Estado Plurinacional de Bolivia.

El año 2010 y en su segundo mandato, el presidente Evo Morales conformó un nuevo gabinete que, por primera vez en la historia de Bolivia, cumplía con la equidad de género al estar conformado por un 50% de mujeres que en la gestión 2011 se mantiene. En abril del mismo año, se realizaron las elecciones municipales y departamentales. El proceso electoral, cierra otra etapa que consolida la Revolución Democrática legitimada por la amplia participación de la población boliviana.

Paralelamente, se han implementado otras medidas orientadas a la construcción del Estado Plurinacional entre las que se destacan:

•Nacionalización y recuperación de la propiedad y el control del gas y de toda la cadena hidrocarburífera, lo que ha generado más de 10 mil millones de dólares en patentes, impuestos y regalías para su redistribución. Las gobernaciones, municipios y universidades reciben más recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH.

•Gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, más de 939.276 hombres y mujeres adultas mayores de 60 años reciben la Renta Dignidad de 200 bolivianos por mes.

•Recuperación y refundación de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, procurando el acceso universal de energía eléctrica a todas las familias bolivianas. Entre 2006 y el 2010 se ha incrementado la instalación de energía eléctrica, de 33 a 51 % en el área rural; de esta manera, 434.414 hogares han mejorado sus condiciones de vida en el área rural.

•La nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL, ha aportado al Estado 167 mil dólares entre 2008 y 2010. De la misma forma, como indica el cuadro, la Empresa Estatal contribuyó con el 18% de sus ingresos a la Renta Dignidad, durante las gestiones 2010 y 2011. Se redujo la tarifa telefónica y se amplió la cobertura llegando al 85% de los municipios de Bolivia. Se aplica la Tarifa de Inclusión social por la que se paga el tiempo de llamada con “redondeo al segundo” beneficiando a 6,7 millones de usuarias y usuarios de telefonía móvil.

	2010	2011	%
Ingresos (millones de USD.)	389	470	+ 21 %
Utilidad Neta (millones de USD)	74	87	+ 18 %
Aporte Renta Dignidad (millones de USD)	33	39	+ 18 %
Inversión (millones de USD)	91	93	+2 %
Millones de Abonados	3,1	3,9	+ 26 %
Numero de Radio bases	946	1533	+ 62%
Participación de Mercado (ingresos)	40,5%	43,4%	+ 3%

•Actualmente existe 351.725 instalaciones de gas a domicilio construidas desde 1994. De este total 324.134 fueron construidas por la estatal petrolera en el periodo de la nacionalización de los hidrocarburos (2006 a agosto de 2012) aspecto que demuestra eficiencia y compromiso.

•Entre 2006 y julio de 2010, se titularon 45 millones de hectáreas de tierra beneficiando a 245.028 familias en todo el país. Desde 1996-2012, la estructura de titulación de la tierra es la siguiente: Tierra fiscal 23.276.989 hectáreas; Empresario y mediano es con una superficie de 4,280,490 hectáreas; Campesinas más interculturales 13,768,397 hectáreas; tierras altas, 8,348,110 hectáreas, tierras bajas es de 13,853,065 hectáreas y tierras fiscal 23,267,989 hectáreas de un total de 63,528,052 hectáreas. En cuanto a acceso de tierras para la mujer es de 66,226, lo que corresponde a un 23%, Mujer y Varón es de 106.872, corresponde a un 37%, y Varón es de 106,822 que corresponde a un 37%.

•El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Banco de Desarrollo Productivo otorga créditos productivos individuales y asociativos en los nueve departamentos del país con una tasa de interés del 6 % anual. Se han canalizado créditos por un monto de 1.065 millones de bolivianos manteniendo y generando 128 mil empleos.

•Con el nuevo régimen impositivo minero las recaudaciones en este rubro se incrementaron y se cuenta con mayores recursos para invertir en las regiones productoras de mineral. El 2008 las recaudaciones por regalías e impuestos a las utilidades de las empresas alcanzaron a 128 millones de dólares.

•El PIB ha crecido a una tasa promedio de 4,6% durante el periodo 2006-2010, resultando mayor al 3,1% del periodo 2001-2005. En el año 2009, a pesar de la crisis financiera y económica global, la economía registró la mayor tasa de crecimiento (3.5%) de América del Sur.

•Entre el 2006 y 2010 la inversión pública ascendió alrededor de 1.558 millones de dólares. La inversión pública es financiada con recursos propios y con la creación de empresas con participación del Estado.

•Como consecuencia de las medidas aplicadas en los últimos años, el porcentaje de personas en extrema pobreza se ha reducido en 12 puntos porcentuales, disminuyendo del 28 % en 2005 al 26 % sobre el total de la población en el año 2009.

•Según datos del PNUD, Bolivia es el país que tiene la mayor transferencia de recursos del PIB a los sectores sociales. De esta manera se disminuye la brecha de pobreza, alcanzando los beneficios a la población más necesitada de la sociedad.

Es en este contexto que se deben interpretar los avances y desafíos que se mencionan en el presente informe y, al mismo tiempo, identificar los importantes esfuerzos institucionales para mantener los logros alcanzados para avanzar en la efectivización de los derechos constitucionalizados y reconocidos en el CEDAW.

2.2Balance de la situación de la mujer en Bolivia

La Constitución Política del Estado promulgada el año 2009, es la primera Constitución redactada por una Asamblea Constituyente conformada por representantes de pueblos indígena originario campesinos, los que durante más de veinte años desarrollaron diversas estrategias para avanzar en la conquista de sus derechos, para culminar con la demanda de una Nueva Constitución Política del Estado. La Constitución fue aprobada mediante Referéndum, convirtiéndose en el primer texto constitucional en la historia del país aprobado directamente por el pueblo. En consecuencia, esta décima séptima constitución, se constituye en la más legal y legítima en la historia del país.

La aplicación plena de la CPE irá concretándose paso a paso, a medida que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional vaya redactando y aprobando un conjunto de leyes en coordinación con la sociedad civil y los movimientos sociales, otorgando de esta manera las herramientas necesarias para acabar con el colonialismo interno, la discriminación y la desigualdad, que afectaron especialmente a las mujeres, y más aún a las mujeres indígenas originarias y campesinas.

De esta manera, la elaboración y aprobación del conjunto de leyes constituyen el nuevo andamiaje normativo para la construcción del Estado Plurinacional, se convierte en una de las tareas primordiales del período. El 2010 se diseñan y promulgan cinco leyes fundamentales establecidas en la Constitución, base para las grandes reformas:

•Ley N° 18 del Órgano Electoral Plurinacional de16 de junio de 2010

•Ley N° 25 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010

•Ley N° 26 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010

•Ley N° 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 de julio de 2010

•Ley N° 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de 19 de Julio de 2010

Estas cinco leyes incorporan la equidad de género, logrando así importantes avances respecto a la garantía de los derechos de las mujeres, especialmente en lo referido a: i) los principios de equidad de género, paridad y alternancia en los procesos de presentación de candidaturas, preselección y elección de los órganos de poder; ii) el reconocimiento del acoso político como delito electoral; iii) la prohibición de la conciliación en casos de violencia y la creación de juzgados especiales de Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública; iv) reconocimiento de la importancia de asignar presupuestos públicos suficientes para la implementación de políticas para la equidad género por las entidades territoriales autonómicas, destinando como mínimo un 5% en todos los planes, proyectos y programas a nivel departamental y municipal.

Mediante Decreto Supremo No. 20272 se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” 2006 al 2011, el cual fue socializado en talleres con organizaciones indígenas, campesinas productores y empresarios. En su Capítulo IV hace referencia al apoyo a la producción como un medio fundamental para el Desarrollo de actividades del Estado y en todos los sectores de producción y servicios como: industrial, agropecuaria, desarrollo rural, hidrocarburos, minería, educación, salud, economía, cultura, medio ambiente, sabiduría ancestral, para efectivizar el carácter transversal en una Bolivia Digna, Soberana, Democrática y Productiva para Vivir Bien.

La ciencia, Tecnología e Innovación contribuirán al nuevo patrón de desarrollo del Estado boliviano, a través de la generación y adaptación y recuperación de conocimientos y tecnología para su aplicación en los procesos productivos y de servicios, hacia el logro de mejores niveles de productividad. Así mismo la recuperación y valorización de la sabiduría ancestral, los saberes locales y los conocimientos tradicionales desarrollados a lo largo de milenios por los pueblos indígenas, originarios y comunidades, a si como las culturas para el ejercicio del derecho a Vivir bien.

Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Bolivia Digna para Vivir Bien 2009-2013, se constituye en un instrumento que permite ejercer los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, para consolidar la descolonización de un Estado basado en el respeto, la igualdad, la dignidad, la complementariedad, la equidad y la soberanía para vivir bien. Es un instrumento que promueve el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de todas y todos en el marco de la Constitución Política del Estado, para combatir la discriminación, la exclusión y la postergación de los sectores más vulnerables en el país, implementando la visión plurinacional e intercultural del país. Mediante Decreto Supremo No. 29272 del 12 de septiembre de 2007 se establece como política pública de promoción del pleno ejercicio de derechos humanos desde una visión multicultural, que guarde armonía y equilibrio con la naturaleza y el cosmos y reconozca no solo los derechos individuales, sino también los derechos colectivos.

Población

La estadística poblacional de Bolivia tiene base en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el año 2001. Estos datos son: población total de Bolivia es 8.274.325 personas, conformadas por 4.150.475 mujeres y 4.123.850 hombres. Para el año 2009, las proyecciones Instituto Nacional de Estadística (INE) estimaron una población de 10.227.299 habitantes, de estos 5.101.733 (49,9%) hombres y 5.125.566 (50,1%) mujeres. El año 2001 de 8.274.325 personas, 5.008.997 personas eran indígenas, divididos por sexo: los varones indígenas eran 49.6% de la población indígena (2.482.481 personas) y las mujeres constituían el 50.4% del total de la población indígena (2.526.516 personas).

Se realizó el XI Censo Nacional de Población y Vivienda, el 21, 22 y 23 de noviembre de 2012. La nueva base de datos se utilizará para diversos fines nacionales, principalmente como fuente de información para la elaboración, ajuste y evaluación de políticas públicas de desarrollo humano, además de la inversión de acuerdo a la demografía nacional.

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades es la cabeza del sector para el diseño y la aplicación de las políticas públicas destinadas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. La normativa generada desde esta instancia es de cumplimiento obligatorio para todo el sector público, incluido el nivel departamental a través de las Direcciones Departamentales de Género o las Unidades Departamentales de Género y, a nivel municipal los Servicios Legales Integrales Municipales (en adelante “SLIM”), de atención a víctimas de violencia y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

La fragilidad del mecanismo de género se expresa en los siguientes aspectos: i) el tema financiero ya que aunque la normativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas establece la obligatoriedad de asignar recursos públicos para la equidad de género, el aporte máximo proveniente del Tesoro General del Estado no ha superado el 25% del presupuesto del VIO. ii) es un tema pendiente la jerarquización de esta instancia, ya que se encuentra en el último nivel de la estructura y jerarquía organizacional del Ministerio de Justicia.

En este marco, los principales desafíos tienen que ver con superar las limitaciones señaladas, además del fortalecimiento y organización, reforzar la coordinación con las instancias y mecanismos sub-nacionales de género en el marco del proceso autonómico.

Políticas para la equidad de género y el adelanto de las mujeres

El mecanismo para el adelanto de las mujeres, actualmente Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia, como entidad normativa y ente rector de las políticas de género e igualdad, ha elaborado el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades – Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien (PNIO), aprobado mediante Decreto Supremo 29850 del 10 de diciembre de 2008.

La aprobación del PNIO constituye una política de Estado producto de concertación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales de mujeres de todo el país. Este proceso ha hecho posible formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, que constituía una de las preocupaciones del Comité y el Estado Parte.

El PNIO se plantea como visión: “En 2020 Bolivia reconoce el aporte de las mujeres al desarrollo del país. Este reconocimiento está expresado en igualdad de oportunidades para el acceso a servicios, la plena participación en espacios de decisión y la distribución equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales, creándose las condiciones para una vida libre de violencia en razón de género”.

La estrategia diseñada se basa en:

i)Los principios del “Vivir Bien”, que se orientan a la transformación de las condiciones de subordinación, discriminación y explotación, reflejada en los niveles de pobreza, el desempleo y prácticas sociales y culturales excluyentes que constituyen obstáculos para el adelanto de las mujeres, hacia la construcción de una sociedad sin jerarquías, con justicia social y armonía con la naturaleza.

ii)El reconocimiento del aporte de las mujeres a la construcción de una sociedad, lo cual debe expresarse en políticas que aseguren igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a los servicios públicos, en la plena participación en espacios de decisión, en la distribución equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales, y en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en razón de género. Es una propuesta de cambio social y cultural de cara al logro de la igualdad y equidad de género en este proceso de cambio.

iii)El diseño de un marco conceptual renovado que tiene como base la consideración de la diversidad cultural, y por tanto plantea que la aplicación de las políticas, los programas y los proyectos incluidos en el PNIO, requiere: i) un esfuerzo adicional de adecuación a cada contexto regional y cultural, ii) el involucramiento de todos los Órganos del Estado y el liderazgo del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades como mecanismo de adelanto de las mujeres, iii) la participación activa de las mujeres y sus organizaciones sociales.

El PNIO está organizado en seis ejes: Económico, productivo y laboral, Educación, Salud, Violencia en razón de género, Ciudadanía y participación política, Fortalecimiento institucional. En relación a estos ejes, el VIO ha implementado diversas acciones, de las cuales se informa a lo largo del presente documento. En este punto haremos referencia a las estrategias para la transversalización de género implementadas como parte de sus atribuciones como ente rector para el adelanto de las mujeres.

En el periodo que informamos y en el marco de las acciones destinadas a difundir y transversalizar las políticas de igualdad de género, el VIO ha desarrollado una estrategia de articulación sectorial en la que ha priorizado los sectores de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo productivo.

En el marco del presupuesto General del Estado, para la gestión 2012, mediante Ley 211 de fecha 23 de diciembre de 2011, en el Artículo 6, en rubro transferencias público y privadas. Inciso III el Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas “FDPPOYCC” podrá transferir recursos públicos a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Originarios y Campesinas debiendo aperturar en su presupuesto institucional programas y actividades que permitan identificar el sector económico, localización geográfica, organización beneficiaria y monto a transferir. La transferencia deberá ser autorizada mediante Resolución expresa del Ministerio Cabeza de Sector.

Uno de los temas agendados por el VIO ha sido el desarrollo de mecanismos e instrumentos para avanzar en la consideración de presupuestos para la equidad de género en las políticas sectoriales y municipales. De esta manera, conjuntamente con la Mesa Nacional de Presupuestos Sensibles al Género, MNT-PSG se han trabajado propuestas para la Ley Financial del Estado y propuestas para transversalizar género en las Directrices y Clasificadores de planificación y presupuestación que son diseñadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo para orientar estos procesos en el sector publico.

Este conjunto de acciones se ha fortalecido con la introducción del Costeo de Género como herramienta para la planificación y presupuestación de las políticas y acciones en equidad de género. El primer ejercicio de Costeo del PNIO se ha realizado el 2010 con el Eje económico, productivo y laboral en relación a las acciones que implementa el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Como resultado, se ha identificado que se requiere el 1,3% del Presupuesto General del Estado Plurinacional de la gestión 2010 para las acciones priorizadas en este eje. Se tiene programado continuar con el Costeo de los demás ejes a nivel nacional y sub-nacional en la presente gestión.

El presupuesto de inversión programado para los años 2010 y 2011 del Gobierno Municipal de La Paz, señala que para el año 2010 el 1,16% del total del presupuesto, corresponde a inversión en equidad de género, para el año 2011 este porcentaje asciende al 2.12%, vinculado como en todos los casos referentes al tema, a los esfuerzos de las organizaciones e instituciones de mujeres para incorporarlas equitativamente en los presupuestos públicos.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, (en adelante: “LMAyD”), establece un marco normativo sustancial para la generación de procesos de planificación y presupuestación con enfoque de género. Recoge la experiencia y los procesos desarrollados desde la sociedad civil en articulación con el VIO, los mismos que han permitido la definición de indicadores y categorías de inversión para la equidad de género. De este modo, varios artículos de la LMAyD definen la consideración de la equidad de género en los procesos autonómicos y de descentralización. El Artículo 114 referido a los presupuestos de las entidades territoriales autónomas señala:

II.El proceso presupuestario en las entidades territoriales autónomas está sujeto a las disposiciones legales, las directrices y el clasificador presupuestario, emitidos por el nivel central del Estado, los mismos que incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades, cuando corresponda.

En este marco, se ha convocado a la Comisión de Planificación de Economía y Finanzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional para elaborar propuestas en forma conjunta y discutir ampliamente el tema de la política fiscal. Producto de este proceso se ha planteado la conformación de una Comisión Interinstitucional conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el VIO como cabeza de sector en género, la Comisión de Planificación, Política Económica y Financiera de la Asamblea Legislativa Plurinacional e instancias de la sociedad civil que trabajan este tema.

Las herramientas diseñadas para la transversalización de la igualdad de género en procesos de planificación y presupuestación han sido publicadas por el Ministerio de Justicia y el VIO en la Guía operativa para la transversalización de la igualdad de género en la Planificación Sectorial del Desarrollo. Este material ha sido socializado y transferido a técnicos/as de los ministerios priorizados (Salud, Educación. Trabajo).

Viceministerio de Descolonización

El proceso de transformaciones que vive el Estado y la sociedad boliviana, define la descolonización como uno de los ejes del proceso. En este marco, se ha creado el Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas. Entre sus atribuciones está desarrollar políticas para la prevención y erradicación de toda forma de discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia cultural. Al interior de este Viceministerio se ha creado la Dirección General de Lucha contra el Racismo, de la que depende la Unidad de Despatriarcalización, lamisma que tiene como misión “despatriarcalizar el Estado colonial y neoliberal, las familias, la sociedad y la religión”. Entre sus objetivos se encuentra el de: “visibilizar, desestabilizar, poner en crisis las relaciones patriarcales y transformar las relaciones de poder existentes en el Estado Plurinacional para constituir una sociedad justa y armoniosa”.

La creación de esta instancia permitirá diseñar normas y políticas públicas que promuevan y coordinen eficazmente la aplicación de una estrategia para la despatriarcalización en todos los ámbitos y en niveles del Estado Plurinacional.

Tal como se puede observar en el siguiente cuadro, tanto la Unidad de Género como la Unidad de Despatriarcalización, se encuentran en el nivel institucional del Estado Plurinacional, hecho que presenta retos importantes en el cumplimiento de sus mandatos y construcción de una sociedad con justicia social.

III.Aplicación de la Convención

Parte I

Artículo 1

Observaciones de la CEDAW: (7, 8, 16, 17, 22)

En relación a la discriminación, la CPE en su Art. 14:

Prohíbe y sanciona la discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género y otros que tengan por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona.

La Convención en su artículo 1, determina que el término de “discriminación contra la mujer”, como toda forma de exclusión o restricción de los derechos fundamentales sobre la base de igualdad del hombre y la mujer. Este término se ve incorporado en la normativa nacional de Ley No. 045 del 8 de octubre de 2010, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en su artículo 5 (a) Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de Derechos Humanos, en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y/o privada.

Ley No. 243 de fecha 28 de mayo del 2012, Ley contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, en su artículo 6 (c), haciendo énfasis en la participación política de las mujeres. “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, entendida como distinción, exclusión, desvalorización, denegación y/o restricción de tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en la vida política y pública del país”.

De acuerdo a la Ley No. 139 de fecha 14 de junio 2011, la Asamblea Plurinacional decreta el 24 de mayo de cada año como “Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación” en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el objetivo de que las entidades públicas privadas del sistema educativo boliviano y entidades del Estado, realizarán actos de públicos de educación, prevención y sensibilización en contra del racismo y toda forma de discriminación.

Artículo 2

Medidas legislativas

La Constitución Política del Estado, como producto de las demandas de los movimientos sociales en el marco de reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres hace referencia a los principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social en el ejercicio del derecho al vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de sus habitantes hombres y mujeres.

•Se sustenta en valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, reciprocidad, equilibrio e igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación para el ejercicio de vivir bien. Artículo 8 (II).

•Acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Artículo 9 (5).

•Equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres. Artículo 11. (I)

•Prohibición y sanción a toda forma de discriminación. Artículo14. (II).

•Prevención y sanción de la violencia de género y generacional. Artículo. 15. (II y III).

•Inclusión sin discriminación. Artículo 18 (II).

•Igual participación política. Artículo 26. (I); Artículo 147 y Artículo 210

•Derecho a la salud y seguridad social. Artículo 35 (I y II).

•Derecho a la seguridad social y la maternidad segura. Artículo 45 (I, II, III, IV y V).

•Igual remuneración por trabajo de igual valor. Artículo 48. (V y VI).

•Derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Artículo 61 (I y II).

•Derechos de la familia. Artículo 63 (II), Artículo 64 (I y II).

•Derechos sexuales y reproductivos. Artículo 66

•Equidad de género en la educación. Artículo79

•En autonomías indígenas originaria campesina, referencia a competencias. Artículo 300. Inciso 30.

•En referencia a gobiernos municipales. Artículo 302. Inciso 30.

•Política financiera con criterios de igualdad de oportunidades. Artículo 330 (I).

•Reconocimiento del valor económico del trabajo del hogar. Artículo 338.

•No discriminación en acceso, tenencia y herencia de la tierra. Artículo 395. I y Artículo 402 (2).

Respecto a los derechos de la población afroboliviana, el Art. 3 de la CPE reconoce a las comunidades afrobolivianas como parte del pueblo boliviano, hecho histórico que junto al reconocimiento de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, sienta las bases del Estado Plurinacional. Asimismo, garantiza explícitamente el derecho a la dotación de tierras fiscales y la protección de los saberes y conocimientos de esta población (Arts. 100 y 395). (Observaciones de la CEDAW 14 y 15)

La Constitución Política del Estado incorpora normativa integral de derechos humanos, referida a derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, individuales y colectivos. En este contexto, el derecho a vivir sin discriminación, ni violencia, el reconocimiento y valoración de la nueva forma de encarar los problemas basados en el reconocimiento a los valores, principios y prácticas de los pueblos indígenas como el derecho a la tierra territorio, educación indígena, autonomías indígenas, medicina tradicional, donde la temática de derechos de los pueblos indígenas, descolonización, despatriarcalización y participación de la mujer son ejes transversales.

El artículo 13 establece que:

I.Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales e interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

El artículo 15 hace referencia a:

II.Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia, como en la sociedad.

Respecto a la violencia, la CPE promueve la prevención y protección de la violencia contra las mujeres a través de medidas establecidas en varios artículos consagrando el reconocimiento del derecho de cada persona a la vida y a la integridad física, psicológica, moral y sexual. De manera particular, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad.

Así mismo La Ley 045 de 8 de octubre de 2010 hace referencia a la definición de Equidad de Género como el “reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”.

Un avance importante en amparo de la Ley N° 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, es la conformación del Comité Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que funciona bajo la tuición del Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Descolonización y su Dirección General de Lucha Contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Este Comité tiene como tareas principales: promover, desarrollar e implementar políticas públicas de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, precautelar el respeto a la igualdad y no discriminación en las propuestas de políticas públicas y proyectos de ley, realizar seguimiento, evaluación y monitoreo a la implementación de políticas públicas y normativa vigente contra el racismo y toda forma de discriminación.

La Ley de Educación No. 070, del 20 de diciembre de 2010 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” recoge los derechos constitucionalizados y establece además que la educación es “descolonizadora y despatriarcalizadora”, con lo cual se genera el marco normativo para desarrollar procesos de formación docente, currícula y procesos organizacionales enmarcados en estos lineamientos.

Asimismo, se ha promulgado la Ley N° 007 del 18 de mayo de 2010, de Modificaciones al Sistema Penal. Entre sus aspectos más importantes esta norma establece el proceso inmediato para delitos en flagrancia y endurece los castigos a jueces, juezas, fiscales, abogados/as e investigadores/as que sean sorprendidos/as en actos de corrupción. Esta ley busca ampliar la protección de ciudadanas y ciudadanos al establecer modificaciones al Código de Procedimiento Penal, al Código Penal y a la Ley de Ejecución de Penas.

Entre el 2008 y el 2012 se aprobaron un conjunto de normas y acciones a favor de la equidad de género en los ámbitos económico, político, social y cultural. Con fines de seguimiento y en respuesta a las recomendaciones del Comité, se ha compilado este conjunto de normas. Algunas de carácter muy específico se insertan en los diferentes artículos del presente informe.

Respecto a la derogación de la normativa que atenta contra los derechos de las mujeres, la Ley del Órgano Judicial, aprobada el 24 de julio de 2010, establece que a partir de su vigencia se tiene un plazo de 2 años para la reforma de los Códigos. De esta manera, se ha iniciado la revisión del Código de Familia y el Código Civil, para modificar o anular los artículos que van en contra de los derechos de las mujeres. Las propuestas elaboradas para la modificación del Código de Familia están referidas a: Trato jurídico igualitario y protección pública y privada de la familia, asistencia familiar, requisitos para contraer matrimonio, disolución de matrimonio, uniones de hecho, filiación, reproducción asistida, gestación por sustitución. Las propuestas elaboradas para modificar el Código Penal están referidas a: penalización de la violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, trata y tráfico de personas, incorporación de la figura jurídica de feminicidio en la nueva normativa penal.

La Ley N° 54 de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes del 8 de noviembre de 2010 ha modificado los Artículos 246, 247, 251, 256, 259, 270, 271, 273, 274, 277, 278, 279, 291, 308, 309, 312, 313, 314, 318, 319, 321, 323y 342 del Código Penal referidos sobre todo a vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes siendo relevante el agravamiento de penas cuando se atenta contra su seguridad afectando su vida y en casos de violencia sexual.

El reconocimiento de la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos como valores que deben incorporarse a todo nivel y en particular en el sistema de educación —establecido en el artículo 79 del texto constitucional—, constituyen pilares fundamentales para desnaturalizar y prevenir la violencia contra las mujeres.

La Ley N° 073 de 22 de diciembre 2011de Deslinde Jurisdiccional tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones en el marco del pluralismo jurídico. El Art. 5, parágrafo II de esta Ley señala: “ Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema”.

Ley No. 065 de 10 de diciembre de 2010, establece la administración del sistema integral de pensiones, así como las prestaciones y beneficios que otorga a los bolivianos y las bolivianas, en sujeción a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.

Ley No. 071 de 21 de diciembre de 2010, reconoce los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos.

Ley No. 101 de 4 de abril de 2011, Sistema disciplinario interno de la policía boliviana. El Libro Primero de la presente ley constituye un instrumento legal que garantiza los derechos de los miembros de la Institución en sus diferentes niveles y jerarquías y su sujeción consciente a la disciplina, la subordinación, la moral y la ética institucional, señalando cuales son los actos que se consideran faltas disciplinarias en sus diversas categorías y las sanciones que corresponde.

Ley No. 144 de 26 de junio de 2011, Ley de la Revolución productiva comunitaria agropecuaria. Establece normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, de los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la Madre Tierra.

Ley No. 181 del 25 de noviembre 2011, Día de la trabajadora y el trabajador del hogar en todo el territorio boliviano. Declárese el 30 de marzo de cada año como “El día de la trabajadora y el trabajador del hogar” en todo el territorio boliviano, debiendo otorgar las y los empleadores un descanso por la jornada laboral en el transcurso de ese día, sin descuento de sus haberes, en reconocimiento a su labor sacrificada.

Ley No. 214 del 28 de diciembre de 2011, declara el año 2012 como “Año de la no violencia contra la niñez y adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia”, en este marco se ha desarrollado acciones de concientización a través de talleres, campañas, cursos, y otras políticas de sensibilización para la erradicación de la violencia.

Ley No. 235 de 20 de abril de 2012, declara de necesidad y prioridad nacional la construcción, equipamiento y funcionamiento de Centros Psicosociales y Psicopedagógicos de Reinserción Social y Rehabilitación para la niñez, adolescencia y juventud con problemas de alcoholismo en los nueve departamentos del país, especializados en la atención médica, orientación psicológica, trabajo social y rehabilitación técnico-profesional.

Ley No. 243 de 28 de mayo de 2012, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, para eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia que afecta de manera directa o indirecta a las mujeres en el ejercicio de sus funciones político públicos.

Ley No. 263 de 31 de julio de 2012, Ley integral contra la trata y tráfico de personas, que garantiza los derechos fundamentales de las victimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal por los delitos.

Ley No. 274 de 10 de septiembre de 2012, Declara el día 1º de mayo de cada año “Día del Trabajo”, en reconocimiento y homenaje a la trabajadora boliviana y al trabajador boliviano, cuya esforzada labor es parte fundamental en la construcción social del vivir bien de la sociedad boliviana.

Ley No. 290 de 20 de septiembre de 2012, Declara de necesidad y prioridad Nacional, la instalación y suministro de energía eléctrica para uso y aprovechamiento de las comunidades rurales del Estado Plurinacional de Bolivia, que permite la llegada de la energía eléctrica a los hogares rurales, que impulsará distintas acciones productivas y educativas; beneficiando particularmente a la mujer indígena, originaria campesina en los valles del departamento de Cochabamba.

Ley No. 300 de 15 de octubre de 2012, Ley marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para Vivir Bien, en el objetivo de garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, para impulsar y operativizar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. En su artículo 28 establece que las tierras fiscales serán dotadas, distribuidas y redistribuidas de manera equitativa con prioridad a las mujeres.

Procesos de revisión/compatibilización normativa

Mediante el Proyecto para el Saneamiento Legislativo liderizado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Concertación y al Estado de Derecho (GTZ-CONCED) se ha desarrollado un proceso de compatibilización y adecuación del conjunto de los instrumentos legales y de los textos ordenados de toda la legislación boliviana vigente. Este trabajo ha permitido identificar en la normativa legal preexistente, contenidos discriminatorios en contra de las mujeres, originados en los fundamentos patriarcales y colonizadores de la justicia. Como producto, se ha elaborado un libro con matrices comparativas del texto constitucional y las normas madres que permitirán desarrollar propuestas para los ajustes o reformas correspondientes.

De igual manera, en 2008, el ente rector de género ha revisado a detalle las leyes vigentes, con énfasis en aquellas que contienen aspectos relacionados con las mujeres: derecho (familiar, civil, seguridad social, derecho agrario, participación política, penal, educación, etc.), tomando en cuenta que algunas leyes ya tienen un largo proceso de aplicación y otras son de reciente data. Esta revisión permitió evidenciar que si bien algunas emplean un lenguaje neutro, casi toda la normativa utiliza un lenguaje sexista, aspecto que fue ya superado con la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

El análisis de la legislación vigente es un avance importante tomando en cuenta que en Bolivia se vive un proceso histórico de amplia participación donde se encara la construcción de consensos y propuestas de ley desde las bases de la sociedad. Todas estas nuevas leyes están encaminadas a efectivizar los derechos de todas las mujeres consagrados en la nueva Constitución Política del Estado.

Paralelamente, el VIO desarrolló talleres participativos con la finalidad de evaluar los avances, retrocesos y sobre todo los impactos que han logrado las leyes a lo largo de su implementación, asimismo para recoger insumos de las organizaciones sociales y de mujeres de los diferentes departamentos del país, analizar la coexistencia de normas positivas y normas consuetudinarias. Como resultado de este proceso se cuenta con propuestas de Código Penal y Código de Familia que fueron enriquecidas por las organizaciones sociales como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) organización con la que se trabajó coordinadamente a través de su Secretaría de Género.

En el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, los ministerios y vice ministerios han venido desarrollando propuestas legislativas de acuerdo a sus acciones sectoriales que hacen énfasis en la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Propuestas de ajuste a la normativa vigente

En el actual proceso de profundización de la democracia, en un esfuerzo para incorporar el enfoque de género en diferentes normas de carácter general como el Código Civil, Código Niño Niña Adolescente, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, desde el ente rector se ha trabajado una propuesta para transversalizar el enfoque de género en la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como lineamientos para ser considerados en la construcción de las Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos.

Como un logro importante, en la perspectiva de implementar medidas de carácter temporal se puede señalar que en un esfuerzo de coordinación de los distintos actores que impulsan el respeto a los derechos de las mujeres se ha conformado una alianza entre: El Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Plataforma de Asambleístas de Mujeres (28 representantes), el Comité Impulsor de la Agenda Legislativa desde las Mujeres (que articula a 28 ONG y organizaciones de mujeres) y la Alianza de Organizaciones de Mujeres por La Revolución Cultural y Unidad (que tiene la representación de 17 organizaciones matrices de mujeres indígenas, campesinas y originarias), para la construcción colectiva de una Agenda Legislativa a favor de las Mujeres.

La importancia de esta articulación radica en la posibilidad de trabajar de manera coordinada y construyendo consensos para que las propuestas puedan ser ampliamente respaldadas en su tratamiento. En este sentido y en el interés de llegar a la Asamblea Plurinacional con documentos trabajados a detalle y con un enfoque que responda a los intereses estratégicos de las mujeres, se trabajaron en tres mesas:

•Mesa 1: que revisa y propone ajustes en códigos y normas generales;

•Mesa 2: que revisa y propone ajustes en leyes específicas;

•Mesa 3: que revisa y propone ajustes en leyes económicas, productivas y financieras.

Cada una de estas mesas tuvo una representación amplia de las organizaciones matrices de mujeres campesinas indígenas y originarias, representantes de ONG y organizaciones de mujeres y la representación de la Defensoría del Pueblo y asambleístas. En este proceso se ha construido una agenda corta de tres proyectos de leyes priorizados para su tratamiento en la Asamblea Plurinacional: Ley de Violencia y Acoso Político, Ley de Trata y Tráfico de personas y Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, las dos primeras promulgadas por el esfuerzo y la movilización de las mujeres.

La Ley 263 del 31 de julio del año 2012, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, tiene por objetivo combatir la trata y tráfico de personas y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal. El Proyecto de Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, considera los siguientes aspectos: i) que la Ley sea más integral y no solo preventiva, ii) que incluya la violencia patrimonial y económica que son formas muy frecuentes de violencia contra las mujeres, iii) incremente el tiempo de arresto para el agresor, iv) sancione la reincidencia, v) se creen Juzgados específicos para atender este tema, vi) se especifiquen tareas comunitarias y, finalmente, incluya la tipificación del acoso y el feminicidio como delitos en el Código Penal y en el de Procedimiento Penal.

Violencia sexual

La Ley No. 054 del 8 de Noviembre 2010 de protección legal de niñas, niños y adolescentes, tiene base en los Artículos 60 y 61 de la CPE, que protegen a la niñez y adolescencia, como un deber del Estado, la sociedad y la familia, prohibiendo y sancionando, toda forma de violencia, contra las niñas, niños y adolescentes. La Ley incorpora en el Código Penal la protección de la vida, integridad física, psicológica y sexual, salud y seguridad de la niñez y la adolescencia. La Ley contempla la modificación del Código penal en su Artículo 246, 247, 274, 277, 278, 279, 251, 256, 259, 270, 312, 313, 314, 318, 271, 273, 274, 291, 308 Ter, 309, 310, 318, 319, 321, 321 bis.

El Decreto Supremo No. 1302, de 1 de agosto de 2012, en su artículo primero decreta “establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo”. Este decreto fue complementado por el Decreto Supremo 1320 del 8 de agosto del 2012, que establece que: “El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor.” Con estos decretos se pretende garantizar la integridad física de las niñas, niños y adolescentes y su permanencia en los centros de estudios. En el marco del cumplimiento de estos decretos se estableció la línea gratuita para denuncias de violencia en el ámbito escolar No. 800100050 y en la página web del Ministerio de Educación: www.minedu.go.bo (pestaña Transparencia – formularios electrónicos) están los formularios para denuncias vía electrónica.

En general, si bien se evidencian avances normativos y de políticas, también se está trabajando en superar las debilidades para la efectiva implementación y cumplimiento de las leyes. De esta manera se han desarrollado acciones de sensibilización, formación y capacitación a operadores de justicia sobre enfoque de género y derechos humanos de las mujeres. Se ha impulsado una mayor coordinación entre el ente rector y los Ministerios de Salud, Defensa, Justicia, Planificación y Educación para hacer efectivas las acciones concurrentes respecto a la problemática de la violencia en razón de género, logrando que en la planificación de estas instancias se inscriban acciones y tareas específicas descritas en los párrafos precedentes.

Articulo 3

Observaciones de la CEDAW: (8)

Existen una gama de normativas para promover la participación de las mujeres en el Estado Plurinacional desde las instancias local, municipal, departamental y nacional. La Ley No. 031 de 19 de julio de 2010, referida a Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”, en el artículo 5 (incisos 4 y 11), y artículo 20, en relación a igualdad de oportunidades, hace referencia a la equidad en el acceso a los servicios públicos, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres. En referencia a la forma de gobierno de las entidades territoriales es democrática, participativa y representativa, que garantice la equidad de género.

El artículo 30 en referencia a las autonomías departamentales está conformado por criterios de población, territorio y equidad de género elegidos por sufragio universal y la representación de las naciones y pueblos indígenas originario campesino son elegidos de acuerdo a usos y costumbres, en este rubro la representación indígena, ha incorporado criterios propios de elección y decisión de sus autoridades, en algunos casos bajo los principios del chacha warmi (hombre-mujer) como instancia legítima para garantizar la participación de las mujeres, en el caso de la Amazonía boliviana, las mujeres indígenas, han hecho prevalecer el 50% (cincuenta por ciento) de decisión de acuerdo a la norma de derecho de las mujeres, en concordancia con el artículo 32 (I) de la misma ley.

La planificación respaldada en el artículo 93 (IV, 1) hace referencia a definir e implementar sus formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural con equidad de género e igualdad de oportunidades, de acuerdo a su identidad y visión, al respecto existe una larga experiencia de reproducir formas propias de gestión territorial, el manejo de pisos ecológicos para la producción y reproducción social, el acceso a sus territorios continuos y discontinuos, que garantiza en la práctica de soberanía alimentaria, con acceso a la diversidad de productos característicos de tierras de puna, valle y los yungas. Si bien hoy se han establecido en determinados territorios, sin embargo el establecimiento de familias aún es vigente bajo los principios de reciprocidad, conocidos como el ayni, minqa, yanapa y otras formas de intercambio de productos.

El sistema de planificación integral del Estado en referencia al artículo 130 se refiere al conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, administrativo y político, mediante los cuales las entidades del sector público de todos los niveles territoriales recogen propuestas de los actores sociales desde sus visiones socioculturales, para alcanzar el objetivo del desarrollo con equidad social y de género. En esta experiencia las organizaciones indígenas y campesinas, con el programa de Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas han construido proyectos productivos, tanto en tierras altas como en la Amazonía boliviana, con experiencia de implementación desde sus organizaciones, las cuales se constituyen en respuesta a sus demandas diferenciadas entre hombres y mujeres.

Situación de la violencia en razón de género

En Bolivia con la promulgación de la Ley Nº 1674 de 1995, se establece la política contra la violencia en la familia o doméstica, incorporando medidas de prevención y protección inmediata a la víctima de violencia. Sin embargo a partir del análisis de los avances se ha identificado que este problema aún no ha sido superado.

Datos preliminares del INE muestran que durante el año 2010 se registraron más de 23 mil casos de violencia, de los cuales 87% corresponde a víctimas mujeres; del total de casos de violencia registrados, 56% son mujeres que sufrieron violencia Psicológica y físical y 44% aquellas mujeres que sufrieron violencia sexual acompañada de violencia psicológica, económica y física; por otro lado de 23.089 casos de violencia registrados en el año 2010, 2.428 son ejecutados por otra persona es decir 10%.

En Bolivia, más de 284 mil hechos de violencia intrafamiliar han sido registrados por la Policía en un periodo de cinco años. Un equivalente a 56.800 hechos por año, entre violencia física, psicológica y sexual, según informe del Observatorio Nacional dependiente del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.

Fuente : Vice ministerio de Seguridad Ciudadana. 2012.

De acuerdo con los datos a mayo de 2011, entre 2005 y 2010, el 55 por ciento de la violencia registrada por la Policía fue de tipo psicológico, el 44 por ciento física y el 0,4 por ciento fue por violencia. El informe señala que Cochabamba registra el mayor índice de violencia intrafamiliar, con 69.856 casos del total nacional, seguido de Santa Cruz, con 64. 629; La Paz 45.522 hechos, Oruro 33.944; Tarija con 22.87 y finalmente Potosí con 20.980 hechos de violencia. Por otro lado, y en menor escala, están los departamentos de Chuquisaca, con 13.724; Beni 8.362 y Pando con 4.142. Sin embargo, estos tres departamentos, junto a Potosí, representan más del 50 por ciento del total de hechos registrados sólo de violencia intrafamiliar de tipo física. Por su parte, en los departamentos de Cochabamba y Oruro, las proporciones de este modo de violencia se encuentran entre el 46 al 47 por ciento. En cambio, en La Paz y Santa Cruz se han presentado los menores niveles de violencia física y los mayores de violencia psicológica. Pero en Tarija la distribución de violencia de tipo físico y psicológico es prácticamente igual.

De acuerdo a los datos del Comando General, la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones, el registro de datos sobre violencia doméstica y/o intrafamiliar de enero a septiembre del año 2012 a nivel nacional son los siguientes:

Nuevas Denuncias de hechos de violencia

Tipos de violencia	Santa Cruz	Cochabamba	La Paz	Oruro	Chuquisaca	Potosí	Tarija	Beni	Pando	Parcial
Violencia física	5 , 139	4 , 810	2 , 675	1 , 766	1 , 313	1 , 384	1 , 223	678	277	19 , 265
Violencia psicológica	5 , 259	4 , 099	3 , 819	494	1 , 030	1 , 046	711	410	192	18 , 060
Otras atenciones	11	1 , 085	1 , 232	117	214	32	41	38	0	117
Total general	10 , 420	10 , 002	7 , 784	3 , 390	2 , 565	2 , 466	1 , 990	1 , 126	469	40 , 212
Reincidencias
Tipos de violencia	Cochabamba	La Paz	Potosí	Chuquisa	Santa Cruz	Oruro	Tarija	Pando	Beni	Parcial
Violencia psicológica	2 , 135	1 , 478	318	275	372	259	129	74	10	5 , 050
Violencia física	2 , 243	538	386	357	258	329	206	77	34	4 , 428
Total general	4 , 378	2 , 016	704	632	630	588	335	151	44	9 , 478

Total General 49.690 casos.

En este marco el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, lanza el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien” como política de erradicación de la violencia con el fin de generar condiciones para una vida libre de violencia en razón de género y sanciona las prácticas discriminatorias de exclusión y subordinación a través de mecanismos institucionales e instrumentos normativos.

Entre ellas mejorar el sistema de atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Reforzar en la protección policial y judicial de las víctimas de violencia de género. Promover el conocimiento de la violencia de género en el sistema educativo. Desarrollar acciones de difusión contra la naturalización de la violencia de género. Promover contenidos preventivos de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en el ámbito de la escuela y la familia. Capacitación y sensibilización a operadores /as en atención de violencia. Acciones que son desarrolladas en los distintos ministerios y viceministerios de acuerdo a los programas y proyectos dirigidos a la erradicación de la violencia.

Medidas para el registro estadístico de la violencia

En este tema, se han logrado importantes avances, el VIO ha suscrito un convenio con el INE para que en el marco del Sistema de Estadística Nacional se integre la perspectiva de género en la producción y divulgación de estadísticas, se promueva la actualización y creación de nuevos indicadores de género que muestren la situación de las mujeres y den cuenta de las brechas existentes entre hombres y mujeres en ámbitos claves para su integración y desarrollo. Con el apoyo de este sistema y de otras valiosas fuentes de información periódicas que tiene el país como las Encuestas de Hogares, se podrá determinar avances, retos y desafíos para el cumplimiento efectivo y el monitoreo periódico de la situación de las mujeres.

El año 2007 se establece una alianza estratégica entre el ente rector, el INE y el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM conformándose el Comité Técnico Estadístico de Violencia en Razón de Género a objeto de fortalecer los registros de las entidades prestadoras de servicios públicos y privados de atención a la violencia intrafamiliar.

Sobre esta base, en el marco del Programa Nacional de Lucha contra la Violencia en Razón de Género del VIO y el Programa de Fortalecimiento de Registros Administrativos del INE, se ha implementado un Sistema Único de registros de violencia y protocolo de atención que mejora las diferentes fuentes de información a través de la reformulación de los procesos de producción de la información, unifica los registros administrativos y cualifica la atención. De esta manera se espera superar los sub registros y la falta de estandarización de criterios a fin de obtener información confiable de las entidades prestadoras de servicios públicos y privados.

La construcción participativa del Registro Único de Violencia Intrafamiliar, RUVI, y del Sistema de Información de Violencia Intrafamiliar, SIVIF, es un salto cuantitativo y cualitativo, resultado del trabajo continuo de aplicación del Cuaderno de transferencia de datos de violencia doméstica y familiar, que permite evaluar los datos, recolección, validación, procesamiento y análisis de la información de 98 SLIM y cinco ONG que trabajan en diferentes municipios en el país.

Como resultado de este esfuerzo coordinado se generan dos publicaciones: Reportes de datos estadísticos sobre denuncias de violencia doméstica y familiar – Primero y Segundo que exponen los datos registrados en el año 2009.

En el año 2009 se ha registrado un total de 81,008 casos atendidos, sin un incremento significativo en la denuncia respecto a la gestión 2008. De un total un 56,45% ha sido registrado por las instituciones que implementan la Ley No. 1674, un 12.09% por las entidades que atienden casos penales por delitos contra la libertad sexual, y un 31,46% las que atienden casos de maltrato a niñas, niños y adolescentes.

En el año 2010 se ha registrado un total de 102.267 casos por violencia, De los cuales el 51,96% han sido atendidos a través de las instituciones que trabajan en la implementación de la Ley No. 1674, Ley contra la violencia en la familia o doméstica, un 23,66% han sido atendidos por instancias penales y un 24,39% por maltrato, definidos en la Ley No. 2026. En la gestión 2011 de un total de 109,062% denuncias registradas, el 74,67% ha sido atendido por entidades designadas a través de la Ley No. 1674, un 8,55% por las que se atiende delitos contra la libertad sexual y un 16,78% por maltrato niña, niño adolescente, y en el marco de la Ley 1674 entre 2007 y 2011 se ha incrementado en un 30%.

En el objetivo de erradicación de la violencia, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha realizado la socialización de las normas vigentes en 8 municipios con la activa participación de las organizaciones de mujeres indígenas, campesinas y afrobolivianas. También durante la gestión del año 2012, se ha apoyado en la incorporación del enfoque de género en la elaboración de las cartas orgánicas, para que desde el escenario local, las mujeres aseguren su participación en la defensa de sus derechos. Así mismo ha trabajado en el diseño y producción de material de difusión institucional con la elaboración de propuestas de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Con el apoyo de AECID, se ha desarrollado acciones para el fortalecimiento de capacidades institucionales, en el objetivo de desarrollar el programa nacional de lucha contra la violencia en razón de género. Así mismo con ONU Mujeres se tiene previsto la implementación de procesos de lucha contra la violencia para el año 2013 y 2014. Se ha realizado talleres de construcción de indicadores con el INE y el Viceministerio de Derechos Fundamentales y la Oficina del Alto Comisionado. En el tema de Estrategia Nacional de Prevención de Violencia basada en Género en situaciones de desastres y/o emergencia el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha tenido una activa participación en la construcción de dicho documento, que en situaciones de desastres es la mujer quien debe enfrentar con mayor crudeza esta realidad.

A nivel departamental se ha desarrollado acciones conjuntas de asesoramiento técnico para transverzalizar el enfoque de género en el Plan departamental de Tarija y un apoyo constante a las organizaciones sociales de mujeres en los municipios en el marco del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades que respaldan el ejercicio de los derechos de las mujeres para vivir libres de violencia.

Se ha desarrollado un Plan de Capacitación a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPEP), para aplicar la perspectiva de género en políticas públicas de desarrollo productivo a través de Convenios Interministeriales. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades tiene convenios de coordinación con el Ministerio de Autonomías para la elaboración de directrices de transversalización de género en los procesos de cartas autonómicas.

En el contexto de la sociedad se ha desarrollado acciones de fortalecimiento de capacidades de liderazgo, articulación y participación de las mujeres liderezas de la sociedad civil en el marco del ejercicio de sus derechos para la implementación de modificación de normas y políticas públicas con enfoque de género de despatriarcalizacion. Se ha desarrollado acciones de seguimiento a los avances legislativos sobre los derechos de las mujeres con la participación activa de las organizaciones de mujeres. Se da seguimiento a los acuerdos firmados entre el gobierno y la Asamblea del pueblo Guaraní conjuntamente con los ministerios de salud, educación, culturas, ministerios de micro empresas y economía plural, para el cumplimiento de apoyar en la erradicación de la violencia, en mujeres indígenas guaraníes.

Instancias de protección y atención a casos de violencia

Servicios Legales Integrales Municipales (en adelante: “SLIM”), de un total de 337 municipios existentes en Bolivia, 150 cuentan con SLIM, es decir un 45% del total; de estos 150 municipios, 98 implementan el RUVI o el SIVIF. La apertura y consolidación de los SLIM supone un proceso de alta incidencia desde el ente rector de género hacia los gobiernos municipales, los cuales son fortalecidos por los gobiernos departamentales y municipales.

Se ha desarrollado talleres de fortalecimiento a los servicios legales integrales municipales, en el marco de la implementación de instrumentos estadísticos de violencia, se ha desarrollado jornadas nacionales de reflexión sobre políticas públicas de prevención, atención y sanción y erradicación contra la violencia tanto en instancias de gobierno nacional, departamental y nacional, articulando proyectos dirigidos al empoderamiento de las mujeres desde sus espacios locales. Estos proyectos son para 4.000 mujeres pobres del área rural en la implementación de proyectos productivos.

Las Brigadas de Protección a la Familia son unidades especializadas encargadas de la prevención, protección, auxilio e investigación de los casos de violencia familiar o doméstica, trabajan en estrecha relación con los SLIM. A nivel nacional hay 66 Brigadas en capitales departamentales y municipios intermedios. Entre 2007 y 2010, según información de la Comandancia de las Brigadas, se han reportado 25.050 hechos de hechos de violencia intrafamiliar y doméstica sólo en el departamento de La Paz, los mismos que son remitidos a las instancias correspondientes para su atención pertinente.

El registro de estadísticas policiales del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana señala que se han atendido a nivel nacional 152.207 denuncias de hechos de violencia intrafamiliar entre 2005 y 2010, de las cuales el 55% corresponde a abuso psicológico, 44% a abuso físico y el 0,4% corresponde a denuncias de abuso sexual.

A partir del año 2008, a iniciativa tanto del VIO y la Policía, se han fortalecido las capacidades del personal de las Brigadas a través de procesos de capacitación a los efectivos policiales incorporando en la currícula de formación, temáticas referidas a DDHH y equidad/igualdad de género, así también se han fortalecido capacidades en la parte técnica de atención a la violencia implementando la utilización de un cuaderno de centralización y sistematización de información sobre los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. De esta manera se pretende a futuro, incorporar sus registros en el Sistema Único de registros de violencia.

Unidades de Atención y Servicio Estatal de Atención y Protección Integral a Víctimas. Desde 2006, el Ministerio de Justicia realizó gestiones institucionales para que el sistema procesal penal proteja a las víctimas de delito, logrando que el 2007 el Ministerio Público estableciendo las Unidades de Atención y Protección a Víctimas y Testigos. Por otra parte, el año 2009 se creó el Servicio Estatal de Atención y Protección Integral a Víctimas, SEDAVI, para brindar, de manera gratuita, la defensa legal que evite la re-victimización. Esta entidad, que en la actualidad cuenta con nueve oficinas a nivel nacional, atendió durante la gestión 2010 a 808 personas víctimas de delitos de violencia y brindó a otras 1.686 personas orientación sobre violencia y derechos de las personas.

Casas de Justicia y Centros Integrados de Justicia. El Ministerio de Justicia cuenta a la fecha con 11 Centros Integrados de Justicia (6 de ellos en El Alto) y 2 Casas de Justicia (La Paz y Cochabamba). Ambas instancias brindan servicios gratuitos de orientación y patrocinio legal para buscar salidas alternativas a los conflictos. Entre las gestiones 2006 al 2010 atendieron un total de 303.699 casos.

En su accionar, el Ministerio de Salud ha incorporado estrategias de prevención de las violencias intragenéricas e intergeneracionales a través de la capacitación a las y los servidores públicos de este sector. El área de comunicación ha coadyuvado el trabajo de apoyo a la defensa y respeto de los derechos de las mujeres produciendo material educativo en temas como: Género en salud, La violencia en la familia, Con la familia y la comunidad promovemos la salud infantil y materna, dirigido a la población cubierta por el sistema de salud.

Considerando que la violencia victimiza a personas de todas las edades, la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de Violencia en Razón de Género y Generacional-DGPETFVRGG- dependiente del VIO, ha desarrollado procesos de fortalecimiento a los SLIM para evitar esta victimización. Asimismo, han actualizado y validado normas, protocolos y procedimientos de atención integral a la violencia sexual para los SLIM, Policía, Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Salud y Ministerio Público en todo el país, con el fin de mejorar la atención integral a víctimas de violencia sexual.

Puede notarse que existe un incremento por año, en el registro de denuncias, en las diferentes instancias, los Servicios Legales Integrales Municipales y Defensorías de la Niñez y Adolescencia, así como las Brigadas de Protección a la Familia han atendido el 32,78% de los casos, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia han atendido el 22,82% en el quinquenio con un número aproximado de 55 personas por día.

En el objetivo de erradicar la violencia y tomando los datos existentes, el VIO se encuentra trabajando en la socialización de la Ley No. 243 contra el Acoso y Violencia Política en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Potosí, Cochabamba, gobernaciones y municipios, con la amplia participación de representantes de las organizaciones sociales, asambleístas departamentales, municipales que conozcan la ley y su implementación para la defensa de sus derechos. Se hizo incidencia para la aprobación de la Ley No. 263 contra la trata y tráfico de personas, juntamente con la Dirección General de la Niñez, Juventud y Personas adultas mayores, la Asamblea Legislativa Plurinacional y Defensor del Pueblo, desde acciones de revisión técnica hasta la activa participación en su aprobación. En forma colectiva el VIO se encuentra trabajando el anteproyecto de la Ley de Derechos Sexuales y derechos reproductivos con las organizaciones sociales de mujeres y el Ministerio de Salud, con acción en los diferentes departamentos.

El VIO se encuentra en la difusión de materiales institucionales en el marco de la Campaña de Lucha contra la Violencia con el lema “ni una más violencia, nunca más”, con mensajes a nivel nacional, lo cual a su vez es comentada por radio emisoras locales en idiomas indígenas, este hecho llama la atención por cuanto es durante en esta gestión de gobierno que las mujeres mencionan: “teniendo ojos somos ciegas, con este presidente indígena, recién estamos abriendo los ojos, para conocer nuestros derechos, antes se pensaba que la violencia era natural, ahora no, porque ya conocemos nuestros derechos”.

En el marco de la lucha contra la violencia se adoptó el Decreto Supremo No. 1053 del 23 de noviembre del año 2011, el cual establece el 25 de noviembre de cada año como el “Día Nacional contra Todas las Formas de Violencia Hacia las Mujeres”, también establece que el año 2012 es el “Año de Lucha contra Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres”. Finalmente establece que el VIO coordinará con todas las instancias a nivel nacional públicas y de sociedad civil, acciones contra la violencia hacia las mujeres en el día y durante el año. En este contexto los días 26 y 27 de noviembre del 2012, se realizó el evento “Jornadas Nacionales de Reflexión sobre Políticas Públicas de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres”, las distintas instancias del órgano ejecutivo, ministerios, vice ministerios, gobernaciones departamentales, municipales y organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas han sido parte en la socialización de sus acciones y balance de las políticas ejecutadas para la erradicación de la violencia. En septiembre de 2012, se promulgó el D.S. 1363 para la creación del Comité de Lucha contra toda forma de Violencia hacia las Mujeres e implementar una Campaña Comunicacional en todo el Estado Plurinacional de Bolivia.

En este marco, durante 2012 se ha diseñado un programa estratégico de alcance nacional para integrar todos los servicios públicos y no públicos que luchan contra la violencia; su ejecución se prevé entre el 2013 y 2015; éste se denomina Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y eliminación de la Violencia en razón de Género –SIPPASE –VRG con pertinencia sociocultural. A la fecha, el mismo está en su etapa de gestión de financiamiento.

En el ejercicio de un pleno derecho de los pueblos indígenas fundamentalmente de las mujeres indígenas, campesinas, afrobolivianas, se decreta la Ley 269, de fecha 2 de agosto del 2012, en el objetivo de que los idiomas indígenas son un vehículo para regular los derechos colectivos e individuales, revitalizando los idiomas indígenas en el territorio nacional. Siendo que las mujeres indígenas históricamente han sido postergadas por las estructuras mentales de dominación del colonialismo lingüístico y cultural, teniendo como resultado la violencia. Por ello la necesidad de que los idiomas indígenas se incorporen en todos los sistemas de administración pública y privadas, oral y escrita en todos sus niveles y espacios, tanto en el sistema educativo plurinacional, salud, justicia, área de comunicación, el uso del idioma en la administración pública y entidades de servicio público y son reconocidos los idiomas indígenas en su calidad de idiomas oficiales en el Estado Plurinacional.

Caso MZ

El 11 de marzo de 2008, se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa en el 131º período de sesiones de la CIDH, firmado en Bolivia el 21 de julio de 2008 en evento público. En ese Acuerdo el Estado Plurinacional reconoce su responsabilidad internacional en el caso denominado MZ, ilustrando la situación de muchas mujeres víctimas de violencia sexual, que han sido discriminadas por el sistema de justicia y se han violado sus derechos protegidos por la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana, en particular el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia y la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

El Estado Plurinacional de Bolivia al reconocer su responsabilidad, se comprometió a adoptar una serie de medidas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos con enfoque de género, estos compromisos han sido asumidos por las diferentes instancias del órgano ejecutivo, sobre todo por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Derechos Fundamentales y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en coordinación con el Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República, con la finalidad de erradicar la discriminación del sistema de administración de justicia, y violación de los derechos protegidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades publicó el 2009 una cartilla sobre el “Caso MZ y los Compromisos del Estado Boliviano”, la misma que fue socializada en todos los eventos realizados en ese periodo.

Conforme a los acuerdos de solución amistosa del presente caso (cláusula cuarta puntos 6, 7 y 8 del mismo) se ha procedido a la creación de nueve Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, las mismas están ubicadas en ciudades capitales, incluido El Alto, donde se da celeridad a los casos ya que se cuenta con equipos profesionales integrales, lo cual constituye un avance importante en cuanto a la protección a víctimas y testigos de delitos contra la libertad sexual. Asimismo, el manejo de información obtenida en los procesos penales en delitos contra la libertad sexual brinda las seguridades necesarias en todas las actuaciones procesales ya que se cuenta con dos espacios físicos (uno en El Alto y otro en La Paz) espacios donde las víctimas prestan declaraciones en las condiciones que garantizan su privacidad, los mismos cuentan con cámaras Gesell.

La Escuela de Jueces (antes Instituto de la Judicatura) instancia encargada del Órgano Judicial, que tiene por objeto la formación y capacitación técnica de los y las servidores judiciales con la finalidad de prestar un eficaz y eficiente servicio en la administración de justicia, desarrolla cursos de capacitación de acuerdo a demanda. En la gestión 2009, se dio prioridad al Estudio y análisis de la Constitución que comprendía el estudio de los derechos y garantías constitucionales contenidas en el Titulo II del nuevo texto constitucional; asimismo difundió esta información a todos los jueces, juezas y vocales de los nueve distritos judiciales; en total se impartieron 29 cursos. A través del área de capacitación no jurisdiccional se ha incluido específicamente las temáticas: Derechos Humanos con enfoque de género y aproximación a la idea de Interculturalidad, Pluralismo Jurídico y a los Sistemas Jurídicos Indígenas.

Estos cursos son requisito indispensable para el ejercicio de sus funciones y de manera obligatoria por mandato del Art. 33 de la Ley 1817 del Consejo de la Judicatura de fecha 22 de diciembre 1997. Cada proceso de capacitación se diseña con un sistema de evaluación que requiere una aprobación de las y los participantes. El Instituto de la Judicatura remite esta información al Escalafón judicial, siendo positivas se inscriben como méritos de funcionarias y funcionarios y siendo negativas se escribe como deméritos los cuales sirven para los procesos de permanencia y selección para ascensos en la carrera judicial.

Actualmente el Consejo de la Magistratura en el marco del caso MZ en su compromiso de Estado, ha incluido indicadores sobre el grado de conocimiento de derechos humanos con énfasis en discriminación de género en la formación de administradores y operadores de justicia. Ha llevado programas pedagógicos sobre violencia y se ha dado la creación de la unidad de investigación de delitos sexuales del IDIF, bajo la conducción del VIO en coordinación con el Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Mujer y discriminación

La Ley N° 045 de fecha 8 de octubre del 2010, Contra el racismo y todas las formas de discriminación incluye las siguientes disposiciones:

a)Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales Superiores Nacionales públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primario y secundario. b) Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación; que reconozcan y respeten los beneficios de la diversidad y la plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afro boliviano.

Instancias denunciadas por discriminación

Fuente :Elaborado por el OPC con datos del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación. 2012.

En el caso de las denuncias se señala que son en mayor proporción en relación a organizaciones e instituciones, señalando que son en instancias del área de salud, educación, gobiernos municipales, donde señalan que dan mal trato discriminatorio.

Experiencias de políticas públicas departamentales y municipales

En el proceso de la construcción de un Estado unitario, social, descentralizado y con autonomías (artículo 1ro. de la CPE) se viene potenciando experiencias a nivel departamental, municipal, en énfasis en el trabajo hacia las mujeres, para el emprendimiento de su liderazgo y potencialidades locales. La CPE y la Ley marco de autonomías Andrés Ibáñez establecen nuevas competencias para las autonomías departamentales y municipales, con experiencias concretas en la implementación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través de la Dirección de Género busca promover la equidad social y mejorar la calidad de vida de la población del departamento; para superar las discriminaciones y exclusiones por razón de género. Así mismo formular, coordinar y ejecutar las políticas públicas, planes, programas y proyectos con enfoque de género con incidencia en el nivel departamental. En este marco viene desarrollando el Proyecto “Inserción y reinserción psicosocial y laboral de la mujer víctima de violencia intrafamiliar en el Municipio de Santa Cruz”, para ello realiza acciones de sensibilización a través de talleres de violencia intrafamiliar, autoestima y educación en los derechos de las mujeres; ferias distritales para difundir y socializar el proyecto; difusión y publicidad para concientizar a la población; terapias psicológicas individuales y familiares; asesoramiento social, orientación legal para empoderar los derechos de las mujeres.

El gobierno departamental de Santa Cruz, gestiona la firma de acuerdos y/o convenios con instituciones, fundaciones y entidades de capacitación para lograr la autosuficiencia económica de la mujer a través de capacitaciones en ramas técnicas laborales. A través del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en oportunidades económicos con equidad de género”, busca capacitar y fortalecer a las mujeres en acciones productivas, mediante asistencia técnica, para incrementar las oportunidades económicas en las 15 provincias del departamento. Sus componentes de acción en este trabajo es capacitación (planificación con enfoque de género, capacitación a los SLIMs), asistencia técnica (planes de negocios, personerías jurídicas, ferias productivas), comunicación y difusión.

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, a través del Plan Departamental Integral de Igualdad de Oportunidades para vivir bien 2011 al 2025, realiza debates desde un enfoque de despatriarcalización, enfoque de igualdad de oportunidades, enfoque de desarrollo integral comunitario. Los lineamientos estratégicos son: transversalización de igualdad de oportunidades y el desarrollo integral comunitario; desarrollo de cultura con igualdad y despatriacalización y buen trato. Investigación acción, medidas estratégicas de acción afirmativa según condiciones y prioridades con componentes de igualdad de hombres y mujeres, generacional y poblaciones específicas.

Las acciones realizadas en el año 2012, es la elaboración del Estatuto Autonómico Departamental y las Cartas Orgánicas Municipales desde un enfoque de género. Para el desarrollo institucional y la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y niños se ha desarrollo talleres de capacitación para prevenir e intervenir en situaciones de violencia, a través de los SLIMs y Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Se han desarrollado acciones productivas con el apoyo económico para la crianza de patos, miel de abeja, proyectos de tejidos, apoyo a la producción de flores, apoyo que llega a 500 mujeres con un monto de 664.723 bolivianos.

Otra de las acciones es el apoyo a la crianza y comercialización de pollos criollos y sus derivados en el Trópico de Cochabamba, con la entrega de pollos y alimento balanceado y talleres de capacitación, los resultados son la producción de huevos, la reproducción de los pollos, el número de familias contrapartes son 490 familias y 10.780 gallinas, se ha apoyado también en la construcción de gallineros. Otro de los apoyos financieros ha sido la implementación de la producción y manejo integral de cerdos en el Valle Alto de Cochabamba, han sido 140 mujeres beneficiarias del proyecto con 280 lechones hembras y 14 berracos, los componentes del proyecto son: producción y manejo integrado de cerdos, sanidad, infraestructura, nutrición y el proyecto de implementación de la crianza de gallinas en el Valle Bajo de Cochabamba y otras experiencias en soberanía alimentaria con la elaboración de productos a partir de los recursos naturales en sus municipios, todos los proyectos son dirigidos a las mujeres en el área rural, por ser el sector de mayor vulnerabilidad en sus derechos.

La Gobernación Autónoma Departamental de Tarija se encuentra realizando la difusión de las normas referidas a la erradicación de la violencia, realiza talleres de prevención en el marco del Programa Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), se encuentra en una activa participación para construir la Unidad de Género y generaciones con recursos inscritos en el Plan Operativo Anual, para ello se busca la articulación con mujeres.

El gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a través de la Unidad de Género, ha realizado tres encuentros departamentales de SLIM en el objetivo de capacitar sobre el tema de atención a las víctimas; fue necesaria la socialización de experiencias con mujeres en situación de discapacidad, se ha hecho reconocimiento a las mismas, por doble y triple esfuerzo que hacen para realizar acciones. Se ha desarrollado cursos y eventos de capacitación, en municipios del área rural y urbana, para atender el tema de violencia. La gobernación es parte de las acciones, a partir de información y socialización de las nuevas leyes para su aplicación. Finalmente se apertura SLIM, en Municipios donde no existe, en Uru Chipaya, por ejemplo, en este municipio ya se realiza acciones de atención a las víctimas de violencia.

Siendo las mujeres la población más vulnerable, se ha desarrollado talleres de capacitación sobre tipos de violencia que sufren las mujeres y los niños, para tener un diagnóstico y posterior evaluación. Llevaron a cabo 3 encuentros para delinear nuevas políticas, porque para la construcción de un Estado Plurinacional las normas antiguas son obsoletas que no van con los nuevos delineamientos del nuevo Estado. Se ha realizado talleres con municipios rurales para que puedan incidir en la designación presupuestaria para atender este tema.

El gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, en el marco del Servicio Legal Integral Municipal, realizan acciones de atención y prevención sobre el tema de violencia, para el año 2012, de acuerdo a la tipología es 9% de violencia sexual, 38% de violencia física, 53% de violencia psicológica, son 1076 casos de mujeres y 3 de varones. Se han realizado acciones de promoción para la prevención sobre violencia, los logros institucionales son la asignación de recursos financieros y necesarios para enfrentar la violencia intrafamiliar, aprobación de proyectos con asignación de recursos propios, coordinación con instituciones afines como juzgados de familia, brigada de protección a la familia y defensorías de la niñez. Realiza acciones de campañas, a través de espacios radiales y televisivos centrales con temáticas preventivos de la violencia intrafamiliar. Talleres de capacitación a la escuela básica de policía para la difusión de leyes sobre violencia, talleres de prevención de la violencia intrafamiliar a padres de familia en unidades educativas sobre los problemas de parejas y la influencia en los hijos. Taller de auto cuidado de la salud mental a guardias municipales.

En el marco del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua a través de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Legal Integral Municipal se ha atendido a casos de violencia física, psicológica, abandono de familia, desintegración familiar, maltrato a mujeres y niños, para la atención de problemas de violencia tiene convenios interinstitucionales con la Policía provincial, Intendencia, Comunidad Educativa, Visión Mundial Programa de apoyo Qallpa, UNFPA, Dima Comibol, Radio Pio XII. Los logros alcanzados son: Conformación de la Red Interinstitucional contra la Violencia. Apertura de oficina en la Terminal de buses para control de salida de niños y adolescentes.

La experiencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) es importante porque desde la organización ha desarrollado el Plan Estratégico de Género de la Nación Guaraní 2012 al 2016, La asamblea del pueblo guaraní, es la máxima instancia de representación de la nación guaraní, que agrupa a 26 zonas y/o capitanías guaraní (Tentaguasu) y 366 comunidades (Tentamí), en la Región del Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. Es una organización de estructura flexible. Organizada en 4 niveles: comunal, zonal, departamental y nacional. Su visión es velar y defender por el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y hombres del pueblo guaraní, permitiendo el acceso equitativo a la tierra, a espacios de decisión en el ámbito político organizativo y económico productivo en el marco de los valores y principios de la Nación Guaraní.

Los pilares fundamentales del Plan son: Identidad Cultural Guaraní y Generacional. Recuperación y valorización de las formas o modo de ser Guaraní (ñandereko), a través de la música, el tejido y la cerámica así como la relación de solidaridad, biodiversidad, roles al interior de la familia, mitos, cuentos que hacen la esencia del ser guaraní. En sus objetivos específicos están el Fortalecimiento Organizativo y Empoderamiento. Este pilar es de gran importancia porque resulta la piedra angular del sustento y funcionalidad de toda la estructura orgánica del pueblo guaraní. El otro objetivo es el liderazgo y participación política, para generar mecanismos de formación y capacitación permanente en participación política y pública que permita tener líderes y líderezas preparados. En el trabajo de casos de violencia es generar en las comunidades de los pueblos guaranís enfrentar el problema a través de mecanismos propios y efectivos. También dentro de sus acciones el emprendimiento de desarrollo económico y productivo con oportunidades para la elaboración de proyectos productivos económicos, logrando garantizar la soberanía alimentaria de las familias guaraníes, para vivir libres sin dueños ni patrones.

Otra experiencia a nivel de la sociedad civil, es la Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural y Unidad, en el objetivo de plantear la recuperación de los principios de armonía, equilibrio y reciprocidad en la comunidad, entre hombres y mujeres, para ello es importante el fortalecimiento de las instituciones con economía suficiente, coordinado desde las organizaciones matrices, trabajando en la difusión de los avances normativos y su respectivo cumplimiento e influir en los distintos órganos del Estado Plurinacional para garantizar la participación de la mujer. Así mismo incentivar proyectos productivos para experiencias de soberanía alimentaria, como un derecho de los pueblos para producir y consumir de acuerdo a sus realidades productivas.

Artículo 4

Observaciones de la CEDAW: (28, 29)

La obligación contenida en el artículo 4 hace referencia a medidas de carácter temporal. En cumplimiento con esta disposición Bolivia ha desarrollado políticas y medidas legislativas de orden temporal para acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. Estas políticas y medidas son primordialmente medidas de discriminación afirmativa, en el marco de la igualdad de oportunidades para las mujeres, quienes sufren desigualdades estructurales. Las medidas de orden temporal son de carácter de participación política y de creación de capacidades, en este sentido se desarrollarán estas políticas en el artículo 7 y 10 respectivamente.

Artículo 5

Observaciones de la CEDAW: (20, 21,23)

147.El actual proceso de construcción del Estado Plurinacional tiene base en los principios y valores, cosmovisión y prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas. De esta forma, el Estado de Bolivia reconoce la diversidad cultural (derecho a la cultura) y la pluralidad jurídica con igualdad de jerarquía como el derecho al acceso a la justicia. En este sentido el Estado de Bolivia reconoce la existencia de la jurisdicción indígena originaria campesina basada en los sistemas indígenas de justicia y prácticas consuetudinarias. Sin embargo, es la misma CPE que establece que la jurisdicción indígena originaria campesina debe respetar los derechos humanos. En esta comprensión, la Ley No. 073 de Deslinde Jurisdiccional (29 de diciembre de 2012) también establece que la jurisdicción indígena originaria campesina respeta los derechos humanos, con especial atención a los derechos de las mujeres.

Artículo 5. (RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES). I. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven y garantizan el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.

II.Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia.

Bajo este marco normativo, las prácticas consuetudinarias que reproducen una idea de inferioridad o superioridad de los sexos, estereotipos y prejuicios sobre las mujeres y vulneren derechos de las mujeres no serán entendidas como prácticas consuetudinarias en el marco de los sistemas indígenas de justicia.

El Estado Plurinacional de Bolivia para establecer una efectiva lucha contra la discriminación y racismo, ha aprobado la Ley No. 045, contra el racismo y toda forma de discriminación (8 de octubre de 2010). La Ley No. 045 instaura la definición de “acción preventiva, como medida pública para la concientización, educación y difusión de los derechos humanos contra la discriminación”. Finalmente, en el artículo 6 de la Ley No. 045 se establecen medidas de prevención y educación para erradicar la discriminación, prejuicio y prácticas consuetudinarias que reproducen la discriminación y la subordinación hacia la mujer. Las medidas son de carácter educativo, administrativo, comunicacional y económico.

Las medidas de orden educativo, la Ley No. 045 establece que se promoverá políticas institucionales de lucha contra el racismo en todos los niveles de educación, reconocimiento diversidad y la plurinacionalidad.

En el ámbito de la administración pública, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, encargada de la capacitación de las y los servidores públicos en todos los niveles del Estado Plurinacional, tiene como objetivo “Contribuir a la construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado, mediante la formación y capacitación de servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de gobierno (central, departamental, municipal y entidades territoriales indígena originaria campesinas) que sirvan al pueblo boliviano”. En este marco, tiene una oferta de capacitación que recupera los saberes ancestrales de los pueblos indígenas en la gestión de sus territorios; en coordinación con el Ministerio de Transparencia se ha diseñado un módulo de Género y transparencia y está en proceso de validación un módulo de Descolonización, despatriarcalización, políticas y presupuestos sensibles al género.

Desde 2007 y hasta la fecha, el órgano ejecutivo mediante el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades tiene una estrategia comunicacional con el fin de modificar los patrones patriarcales de las conductas de mujeres y hombres, a través de campañas comunicacionales a nivel nacional, llegando a la mayoría de la población rural principalmente, con información, sensibilización y promoción de los derechos humanos en general y los de las mujeres en particular. Los desafíos son grandes como el patriarcado instaurado pero se cuenta con la voluntad política del actual Gobierno.

En este proceso de cambio que el país vive, existe la demanda constante de organizaciones sociales de mujeres a nivel nacional y principalmente rural de talleres de capacitación y de materiales de difusión sobre derechos de las mujeres. De esta manera, el VIO ha priorizado la realización de talleres sobre Derechos Fundamentales que comprende además el conocimiento de Convenios internacionales sobre derechos humanos en el marco de la Constitución Política del Estado. El proceso de formación y capacitación de las mujeres en el área rural lleva al empoderamiento y consigo a disminuir los efectos de la violencia.

En ese mismo marco, el VIO ha convocado al Primer Concurso Nacional de Murales Por una vida sin violencia para las mujeres, dirigido a universidades públicas del Sistema Universitario, con el objetivo de lograr que las y los jóvenes universitarios del país participen activamente en la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer, a través de la elaboración de murales que expresen el rechazo de la violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial hacia las mujeres.

Como parte de su política de formación, el Ministerio Público desarrolla de manera continua la capacitación de sus funcionarias y funcionarios a través del Instituto de Capacitación del Ministerio Público, incorporando en su Plan Operativo Anual materias relativas a los derechos de los niños/niñas y adolescentes, derechos de las mujeres y todos aquellos otros derechos que consagran la Constitución Política del Estado y las Convenciones y Tratados Internacionales.

Artículo 6

Observaciones de la CEDAW: (26,27)

La CPE en su Art. 15 parágrafo V señala: “ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas.” El índice de Trata y Tráfico de personas en Bolivia se incrementó en un 92,2 % en los últimos 10 años. El 70% de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 12 a 22 años de edad, según fuente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja de la Asamblea Plurinacional.

Casos de trata y tráfico de personas atendidos por la FELC-C a nivel nacional

2008 a 2010 sobre casos denunciados

Trata y Tráfico de Seres Humanos	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Trata de seres humanos	220	286	256	192	369	1 323
Tráfico de emigrantes	15	17	26	13	30	101
Pornografía y espectáculos obscenos c/niños/niñas	3	6	15	12	12	48
Corrupción de menores	6	8	16	16	28	74
Corrupción de mayores	2	3	1	5	1	12
Proxenetismo	15	25	1	23	27	91
Publicaciones y espectáculos obscenos	3	2	9	5	2	21
Otros	1	1	1	2	4	9
Total	265	348	335	268	473	1 689

Si bien en las oficinas de la División de Menores de la FELCC a nivel nacional se registran denuncias sobre personas desaparecidas, solamente en el eje troncal (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) se generan estadísticas sobre estos delitos debido a que en estas ciudades existe la Unidad de Trata y Tráfico de Personas, siendo la ciudad de El Alto la que mayor cantidad de casos denunciados presenta.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Diputados ha socializado y validado la ley denominado Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, el cual, previo a un informe técnico de la misma Comisión, ha sido introducido para su tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la actual gestión. La Ley fue promulgada el 31 de julio del 2012. La Ley tiene como objeto garantizar los derechos humanos de las personas posibles víctimas de trata y tráfico mediante acciones integrales de prevención, protección y persecución de éste delito.

De igual manera el Consejo Nacional Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes que funciona a la cabeza del Ministerio de Justicia, en el marco de la nueva Ley de Autonomía y Descentralización, impulsa la creación de consejos departamentales y regionales, con el fin de lograr mayor coordinación y eficacia en la lucha contra este problema social. El VIO adicionalmente ha elaborado una Estrategia contra la Trata de Personas, la misma que se encuentra en proceso de difusión.

El Estado Plurinacional de Bolivia aumentó significativamente sus esfuerzos policiales y judiciales contra los delitos de trata y tráfico. El 2007, la Policía boliviana abrió 118 investigaciones contra la trata y tráfico de personas, lo que significa un marcado incremento en comparación con el año 2006. Los agentes policiales y los fiscales especializados en la lucha contra la trata y tráfico de personas iniciaron siete procesos judiciales por el delito de trata y tráfico en las cortes y lograron cinco sentencias, con penas impuestas a los criminales convictos por trata y tráfico desde tres hasta siete años de prisión; la actual Ley No. 263 amplia las sanciones para estos delitos. La fiscalía de Santa Cruz formó una unidad integrada de asistencia a las víctimas compuesta por investigadores policiales, fiscales, personal médico y psicológico para investigar crímenes de trata y tráfico y de abuso sexual y para proporcionar asistencia directa a las víctimas.

La Policía Boliviana, a través de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas, aplica técnicas proactivas como controles en prostíbulos y otros lugares rescatando en la gestión 2010 un total de 129 mujeres menores de edad que sufrían de explotación en trabajo de prostitución.

El gobierno boliviano aumentó los recursos y fortaleció la colaboración con autoridades municipales y ONG para la protección de las víctimas de trata y tráfico. A partir del año 2007, la fiscalía en Santa Cruz ofrece un refugio temporal capaz de albergar a 120 víctimas de trata y tráfico de personas. La Gobernación del departamento de La Paz también implementó un refugio con capacidad para 40 víctimas de explotación sexual comercial y el Gobierno Municipal de La Paz implementó un refugio de emergencia que presta asistencia a víctimas de trata y tráfico, además de servir a otras víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

De acuerdo al Informe del Defensor del Pueblo (2012), según datos proporcionados por la Policía Boliviana y el Observatorio de la Trata y Tráfico de Personas, desde el año 2007 al 2012 se han registrado más de 1.500 casos de trata y tráfico, con un alto índice en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Según la Coordinadora de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía General del Estado de Bolivia, en el Ministerio Público se procesan 116 casos por estos delitos, la mayor cantidad se concentran en las ciudades de La paz, Santa Cruz y el Alto. Según la división de trata y tráfico de seres humanos de la Policía Boliviana, el 2012 se reportaron 1298 personas desaparecidas, retornaron solo 458 personas, siendo La Paz, el departamento con mas alto índice de denuncias, seguido de Cochabamba, Santa Cruz. Para prevenir, atender y proteger la situación de las niñas, niños y adolescentes se ha realizado la conformación de 12 Redes en poblaciones fronterizas y 4 Redes departamentales en el objetivo de realizar acciones conjuntas entre ellas: estricto control en las oficinas de migración de frontera, con la exigencia de requisitos legales de viaje para menores. Se consiguió que municipios fronterizos cuentan con partidas presupuestarias en sus Plan Operativo Anual para acciones de prevención. Se cuenta con Resolución Administrativa del Fiscal General que instruye a los fiscales la inmediata atención en temas de trata y tráfico y atención en violencia sexual en menores.

Los pilares de la política de la trata son la prevención, protección y persecución. En ese marco, las instancias del Estado encargadas de esta política hacen esfuerzos por alentar a las víctimas a cooperar con la investigación y el enjuiciamiento de quienes las sometieron a trata y tráfico. Aunque el Estado generalmente proporciona protección legal apropiada a las víctimas de trata y tráfico, algunas son encarceladas o condenadas por actos ilegales cometidos como resultado directo de ser víctimas de trata y tráfico. Se trabaja en establecer procedimientos efectivos para identificar a las víctimas de trata y tráfico entre los grupos poblacionales con derechos más vulnerables como son las personas privadas de libertad detenidos, mujeres prostituidas, trabajadores migrantes y trabajadores infantiles.

Entre 2008 y 2010, el Estado mantuvo sus esfuerzos de prevención y de concientización pública por medio de 75 seminarios contra la trata y tráfico de personas y de campañas educativas, alcanzando aproximadamente a 2.800 personas. Asimismo, se trabajó estrechamente con varias ONG y organizaciones internacionales en actividades de prevención.

Desde la gestión 2008 se firmó un convenio con la República de Chile con el fin de coordinar acciones para proteger a la población vulnerable de las fronteras que delimitan ambos países. Este trabajo se realiza con todas las instituciones que hacen a esta problemática como la Policía Boliviana, INTERPOL, Migración, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, ONG y la sociedad en general. Es un primer ejemplo de coordinación binacional e interinstitucional, pues ha surgido del debate y de la reflexión colectiva de ambos países.

Existe un Plan Decenal para trabajar la trata y tráfico de personas en coordinación con los países fronterizos del MERCOSUR. Las instancias responsables de su ejecución son el Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores, las gobernaciones y las alcaldías fronterizas. En ese marco, la Defensoría del Pueblo anunció papel articulador para la adhesión a la Red Anti Trata y Tráfico - RTT Mercosur & Países Asociados, en calidad de máxima institución de los derechos humanos en Bolivia.

El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, ha elaborado el año 2010 contenidos iniciales sobre trata y tráfico de personas para incluirlos en la currícula de formación de escuelas y colegios.

El VIO ha contribuido en la construcción de consensos sobre esta temática, siendo parte activa en la consulta nacional realizada por el Ministerio de Gobierno, garantizando la participación y opinión de las mujeres ya que como problemática afecta al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Así mismo se ha impulsado la consulta a niños/ niñas y redes que trabajan para la protección de los derechos identificando la necesidad de prohibir programas comunicacionales que inciten a la violencia, atender la problemática del trabajo infantil y adolescente e incluir temas de protección en la currícula escolar e impulsar la creación de escuelas de padres, con fines preventivos.

La Ley 263 de fecha 31 de Julio de 2012, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas es difundido por el Vice ministerio de Igualdad de Oportunidades en los diferentes departamentos del país, en coordinación con los movimientos sociales y entidades de gobierno local y departamental. Los fines de la Ley son: 1. establecer medidas de prevención de delitos de trata y tráfico, 2. implementar y consolidar políticas de protección, atención y reintegración para las víctimas, 3. fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra éstos delitos y 4. promover y facilitar la cooperación nacional e internacional.

En el cumplimiento del artículo 6 de la Convención y de los artículos 7 al 14 de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, el 16 de agosto del presente año, en la ciudad de La Paz, tuvo la primera reunión el Comité del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, conforme al artículo 8, inciso 1, 2 y 3, conformado por los Ministerios, Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Planificación para el Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Pública, Representación del Ministerio Público, Representación del Defensor del Pueblo y Sociedad civil organizada. Se conformó Comisiones que son los siguientes: 1. Preventivo: Comisión de Educación y Capacitación, Comisión de Comunicación, Información y Sensibilización, Comisión de Prevención Laboral, Comisión de Seguridad Ciudadana, Comisión de Fronteras y Migración. 2. Comisión de Protección, Atención y Reintegración de las Víctimas de Trata y Tráfico: Comisión de Salud, Comisión de Derechos Fundamentales, Comisión de Niño, Niña y Adolescente, Comisión de Género, Comisión de Reinserción Laboral, 3. Persecución Penal: Comisión del Ministerio Público, Comisión de Policía Nacional y Defensa. 4. Marco Reglamentario y Presupuestario: Comisión de Redacción de Reglamento, Comisión de Gestión de Presupuesto. Las comisiones están presididas y están implementadas por las Carteras de Estado del ramo correspondiente, que son parte del Consejo Plurinacional.

Parte II

Artículo 7

Observaciones de la CEDAW: (18, 19, 30, 31)

La CPE contiene un listado importante de articulados sobre participación y ciudadanía para las mujeres, así el artículo 11 señala: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. El artículo 26 señala que: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen el derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

Los artículos 172 y 278 de la CPE, explicitan la participación en equivalencia e igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en la conformación del gabinete ministerial y las asambleas departamentales y abren el camino a la paridad y alternancia de género. El Decreto Supremo No. 29894 del 7 de febrero del 2009, establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, en su artículo 14 (I, 12) se incorpora la participación de las mujeres como servidoras en todas las instituciones estatales.

El derecho a la participación política, además de estar consagrado en la CPE está calificado como un derecho fundamental de cada ser humano en diferentes instrumentos internacionales, pero, a pesar de este reconocimiento como derecho universal, en la práctica se observan barreras para la plena participación de las mujeres. En función de superar esta situación y promover la igualdad y justicia social como valores básicos colectivos, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado la Ley N° 4021 Régimen Electoral Transitorio de 14 de abril de 2009, la Ley de Órgano Electoral, promulgada el 17 de junio de 2010 y la Ley de Régimen Electoral, promulgada el 30 de junio de 2010, incorporando los principios constitucionales de inclusión, no-discriminación, igualdad de oportunidades, equidad de género, equivalencia, paridad y alternancia en la participación política de las mujeres.

La Ley del Régimen Electoral, incluye la igualdad y equivalencia de observancia obligatoria entre los principios que rigen el ejercicio de la Democracia Intercultural (artículo 2 incisos e y h), Reconoce la equivalencia de condiciones entre mujeres y hombres para el ejercicio de los derechos políticos (artículo 4). El artículo 11 se refiere a la equivalencia de condiciones y obliga a las autoridades a garantizar y cumplir con la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con base en los criterios de alternancia y paridad.

Asimismo, establece que en las listas de candidaturas a senadoras y senadores, diputadas y diputados, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales municipales y otras autoridades electivas, se garantizará que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva.

En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, como son los de diputadas/os uninominales y asambleístas departamentales por territorio, la paridad y alternancia de género se expresará en titulares y suplentes, y en el total de las circunscripciones titulares por lo menos el 50% de las candidaturas titulares pertenecerán a mujeres. El artículo hace mención específica a que las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos respetarán los mismos criterios. Sin embargo, se ha tenido dificultades en el cumplimiento de esta norma debido a los estereotipos machistas en la definición de candidaturas. La misma Ley, en diferentes artículos, ratifica y complementa lo dispuesto en el artículo 11 respecto a los criterios de paridad y alternancia.

La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional contempla principios tales como la plurinacionalidad y el pluralismo jurídico, institución que estará conformada por siete magistradas y magistrados titulares y siete magistradas y magistrados suplentes, siendo que al menos dos magistradas y magistrados provendrán del sistema indígena originario campesino. Un avance en el Órgano Judicial es la designación de una profesional indígena originaria como magistrada, ahora como parte del Consejo de la Magistratura de nuestro país.

Haciendo efectiva la participación política de las mujeres, el Estado Plurinacional ha institucionalizado mediante la Ley No. 018 del Órgano Electoral Plurinacional (16 de junio de 2010), la participación de las mujeres en el Órgano Electoral Plurinacional en todos sus niveles, teniendo como principio la equivalencia, equidad de género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para asegurar el derecho de votar y ser elegidas en elecciones públicas. En el Tribunal Supremo Electoral se garantiza la composición de 7 miembros de los cuales por lo menos tres serán mujeres (artículo 12). En los Tribunales Electorales Departamentales la composición es de 5 miembros de los cuales, 2 serán mujeres (artículo 33). Estos tribunales tienen la obligación de verificar en todo el proceso electoral el estricto cumplimiento del principio de equivalencia, garantizando la paridad y alternidad entre varones y mujeres (artículos 23, 24, 25 y 38).

El actual Tribunal Supremo Electoral está conformado por 7 vocales: 4 Vocales varones: Wilfredo Ovando Rojas (Presidente del TSE), Ramiro Paredes Zarate, Irineo Valentín Zuna Ramírez y Marco Daniel Ayala Soria. 3 Vocales mujeres: Wilma Velasco Aguilar (Vice Presidenta del Tribunal), Fanny Rosario Rivas Rojas y Dina Agustina Chuquimia Alvarado.

La Ley No. 031, en el marco de La Ley de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de fecha 19 de julio del año 2010, en el artículo 5 (11) referida a la equidad de género que garantiza el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres para alcanzar el logro de justicia social e igualdad de oportunidades. Las bases para el régimen de autonomías en el artículo 7 (II, 8) y artículo 12 (I), establecen los principios de equidad e igualdad de oportunidades; la Ley No. 031 incluye en las áreas de salud, educación, trabajo, con plena justicia social, promoviendo la descolonización. Así mismo, la equidad e igualdad de oportunidades deben ser tomadas en cuenta en las diferentes formas o tipos de autonomías artículo 30 (1) y artículo 32 (I). En referencia a los estatutos y las cartas orgánicas artículo 62, deben ser redactadas bajo un régimen de igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapacidad. Los Planes de Desarrollo Municipal se enfocan en el desarrollo humano, con equidad de género artículo 93 (IV). La Ley marco de Autonomías y Descentralización, garantiza la participación de las mujeres en el escenario político.

La participación en las elecciones nacionales de diciembre 2009 ha producido un avance importante e histórico de participación política de las mujeres tanto en su condición de titulares y suplentes. El siguiente cuadro muestra la participación política de las mujeres:

Representación política

Legislatura	Diputadas Titulares	Diputadas Suplentes	Senadoras Titulares	Senadoras Suplentes
1982/1985	1	3	-	3
1985/1989	4	7		3
1985/1993	11	13	2	2
1993/1997	11	19	1	1
1997/2002	13	28	1	9
2002/2007	24	28	4	6
2005/2010	19	37	1	10
2010/2014	33	97	17	19

Fuente: Tribunal Supremo Electoral.

Este cuadro permite evidenciar la observancia al artículo 7 de la Convención, CPE y la Ley de Régimen Electoral en la efectiva participación política de la mujer en Bolivia. La composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuenta con 130 asambleístas en representación de todos los departamentos del país. De este total, el 72% son hombres 28% son mujeres. La Cámara de Senadores está compuesta por 36 senadores titulares, de los cuales 17 son mujeres, representado el 47.2% de esta Cámara. La participación indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional actualmente cuenta con 7 representaciones de circunscripción nacional, de estos, únicamente una mujer indígena es titular.

El funcionamiento y organización al interior de la Asamblea Plurinacional se divide en Cámara de Diputados y Senadores, al interior de la Cámara de Diputados existen 12 comisiones para la gestión 2012 – 2013, de las 12 comisiones 3 son presididas por mujeres. En la Cámara de Senadores existe 9 comisiones de las cuales 4 están presididas por mujeres, muestra que las mujeres sólo ocupan la Presidencia en 4 de las 22 Comisiones de la Asamblea.

Participación Política a nivel departamental. Asambleístas Titulares y Suplentes a Abril 2010

Departamento	Hombres titulares	Mujeres suplentes	Mujeres titulares	Hombres suplentes
Chuquisaca	15	15	4	4
La Paz	27	27	13	13
Cochabamba	24	24	6	6
Potosí	24	24	8	8
Tarija	14	14	13	13
Santa Cruz	18	18	5	5
Beni	15	15	9	9
Pando	12	12	3	3
Oruro	27	27	6	6
Totales	176	176	67	67

Fuente: Tribunal Supremo Electoral.

En el marco del proceso autonómico y de descentralización, se crean las Asambleas Departamentales como organismos con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental (artículo 277 CPE), con la competencia de elaborar normas que regulen la realidad social, económica y política en el departamento. Como resultado de las elecciones de enero de 2010, las mujeres alcanzan el 27% del total de asambleístas titulares.

A nivel municipal, se logró un importante avance, ya que las mujeres representan el 43% (786) de concejalías titulares electas. En relación a la conducción de los Gobiernos Autónomos Municipales, 22 son Alcaldesas de 337 municipios existentes, y representan el 7% del total.

Se puede observar la existencia y funcionamiento de instancias organizativas de mujeres a nivel de las organizaciones matrices indígena originaria campesinas; con quienes el mecanismo, en el marco de las acciones concurrentes según ejes estratégicos definidos en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, promueve el respeto a la participación política de las mujeres a través de acciones de capacitación en el ejercicio de sus derechos democráticos.

Acoso y violencia política

Se reconoce el acoso político como delito electoral (artículo 238 inciso p), estableciendo que la persona que hostigue a una candidata o candidato con el objeto de obtener contra su voluntad la renuncia a su postulación o a su cargo, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si bien esta norma es una previsión importante para abordar los frecuentes casos de acoso a mujeres políticas, esta norma no protege a las mujeres que son electas y no explicita otras formas de violencia.

La Ley No. 243 de fecha 28 de mayo del 2012, Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, dentro de sus fines están: 1. Eliminar actos, conductas y manifestaciones de acoso y violencia política, 2. Garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 3. Desarrollar e implementar políticas y estrategias públicas para la erradicación de toda forma de acoso y violencia política hacia las mujeres (artículo 4). La Ley determina la nulidad de actos cuando estos son originados en hechos de acoso o violencia política debidamente probados (artículo 9). La Ley establece que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades debe diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, estrategias y mecanismos contra el acoso y la violencia política (artículo 10).

En el marco de las autonomías la Ley establece que en los diferentes tipos de autonomías (departamental, regional, municipal, e indígena, originaria campesina) en sus estatutos autonómicos, cartas orgánicas y normas básicas institucionales, establecerán medidas de prevención contra los actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres (artículo 11). La normativa desarrolla las sanciones al acoso y/o violencia política hacia las mujeres mediante: vía administrativa como faltas y sanciones administrativas y disciplinarias, vía constitucional conforme a la garantía de las acciones de defensa, establecidas en la CPE, vía penal tipificando el acoso y/o violencia política contra las mujeres como delitos.

Un obstáculo para la participación y representación política de las mujeres a nivel nacional, departamental y municipal son las acciones violentas ejercidas en contra de ellas. La Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, ha reportado 249 casos de acoso y violencia política entre 2000 y 2009, mismos que han sido atendidos y registrados con respaldo y denuncias ante autoridades, lo que estableció un promedio de 28 casos por año.

Medidas para mejorar la gestión de las mujeres en cargos de representación

Actualmente, de los 339 municipios del país, 22 son liderados por mujeres, por lo que es de interés del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en coordinación con otras instancias, fortalecer la gestión de los mismos. En este sentido, se están adoptando medidas piloto para fortalecer las capacidades de las concejalas en ejercicio.

Por su parte, el Ministerio de Transparencia Institucional Lucha Contra la Corrupción está desarrollando un proyecto piloto con el objetivo de: fortalecer las capacidades de 10 autoridades alcaldesas municipales para una gestión transparente con enfoque de género y en el acceso a la información, rendición pública de cuentas, control social y ética pública en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción.

Finalmente, el artículo 162 de la CPE marca un hito en la historia boliviana al dar también a los y las ciudadanas atribuciones legislativas a través de la iniciativa legislativa con tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La aplicación de este derecho marca una nueva forma de relacionamiento entre el Estado y los/las ciudadanas, al posibilitar la generación de leyes más pertinentes a la diversidad y pluralidad sociocultural y política de los bolivianos y las bolivianas.

El VIO ha respaldado y acompañado la realización de tres espacios de articulación y diálogo entre mujeres que se han denominado Cumbres Sociales de Mujeres; la primera convocada por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, CNMCIOB-BS, luego de los acontecimientos acaecidos en Sucre el 24 de mayo de 2008. Este evento posicionó la unidad de las mujeres frente a las acciones de racismo y de intolerancia. La Segunda Cumbre Social, realizada el año 2009, dio inicio a la articulación de las diversas organizaciones de mujeres, denominándose la misma Alianza de Organizaciones de Mujeres por la Revolución Intercultural y Unidad. El año 2011, con la Tercera Cumbre Social de Mujeres, se terminó de construir una agenda y se adoptaron resoluciones tanto para el fortalecimiento a los niveles organizativos internos como para la vigilancia y control social respecto a la aplicación de la normativa existente, así como el respaldo a una agenda legislativa que contemple iniciativas normativas a favor de las mujeres.

En el tema de garantizar mayor participación de las mujeres en espacios de decisión de acuerdo al Informe del Defensor del Pueblo (2012), en la posibilidad de generar mayor igualdad de oportunidades en la gestión política y pública, se ha incorporado Representantes Defensoriales a mujeres. De los nueve representantes departamentales, actualmente son 5 mujeres que se encuentran en estos espacios, bajo la instrucción de promover el enfoque de despatriarcalización e igualdad plena en las gestiones defensoriales de incidencia sobre la construcción de cartas orgánicas y estatutos autonómicos.

Documentos de Identidad

El Estado Plurinacional de Bolivia comparte las preocupaciones del comité de la CEDAW sobre la problemática del registro y la identificación de las y los ciudadanos bolivianos. En este sentido, se han implementado medidas para simplificar los procedimientos y modernizar los sistemas de registro.

El Programa Nacional de Cedulación Gratuita “Existo yo, existe Bolivia” aprobado mediante Decreto Supremo N° 28626 de 6 de marzo de 2006, opera en los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 4298 de 2 de mayo de 2007 del Ministerio de Gobierno que establece las condiciones generales para la conformación de las brigadas móviles y digitalización de tarjetas de identificación personal. Además, el acuerdo de Operatividad de 26 de octubre de 2009 establece los requisitos para la obtención de la cédula de identidad, determinando como documento indispensable la presentación del certificado de nacimiento y otros documentos de acuerdo a la edad del solicitante de la cédula de identidad.

A través del Programa Derecho a la Identidad II de la Corte Nacional Electoral, CNE, -enfocado en la población mayor de 12 años del área rural de los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Beni y Pando-, se realizaron correcciones de partidas con y sin costo que ascendieron a 45.801 de las cuales 23.418 (51.1%) correspondía a mujeres, en tanto que 22.382 eran de hombres (48.9%). Respecto a las inscripciones de partidas de nacimiento, se alcanzó un total de 10.312, de las cuales 5.031 pertenecían a hombres (48.8%) en tanto que 5.281 a mujeres (51.2%), es decir hay una ligera diferencia a favor de la población femenina.

El Decreto Supremo Nº 0269 de 26 de Agosto de 2009 dispuso recursos a ser ejecutados en la gestión 2009 con la finalidad de dar solución a la falta de certificados de nacimiento y cedulas de identidad entre las beneficiarias del Bono Juana Azurduy (la norma exige un documento de identidad de la madre para poder acceder al Bono). De esta manera, la implementación del Bono constituyó un instrumento eficaz para efectivizar el ejercicio del derecho a la identidad entre la población femenina.

Desde septiembre de 2010 funciona el Servicio de Registro Cívico, SERECI. Los trámites para rectificar errores ortográficos, de letras, dicción, fechas o lugares de nacimiento ya no son un problema, puesto que desde la implementación del SERECI, el trámite dejó de ser judicial y actualmente es un proceso administrativo, gratuito e inmediato.

Para implementar este servicio, los libros que llenan los/las oficiales de Registro Civil fueron digitalizados y los datos del ciudadano almacenados en una base de datos. Por tanto, las eventuales correcciones se realizan en el sistema digital. Este es un importante avance ya que facilita a la población en general y en particular a las mujeres, rectificar su inscripción y por ende ejercer su derecho ciudadano.

Cédulas gratuitas otorgadas por el SERECI 2006-2010

	Gestión
Departamento	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Total – Bolivia	65.557	114.074	81.550	123.879	87.050	472.111

Fuente: SERECI.

Cédulas gratuitas por área urbana o rural otorgadas por SERECI 2006-2010

Departamento	Urbano	Rural	Total
Total – Bolivia	159.426	312.685	472.111

Fuente: SERECI.

Entre marzo del 2006 y junio del 2011, se entregó más de 500 mil cédulas a ciudadanos y ciudadanas que por razones geográficas y económicas no podían acceder a su cédula de identidad, principalmente de las áreas rurales y periurbanas del país. En todo el territorio nacional se ha carnetizado al 66.23% de la población en las zonas rurales y 33.77 % en las urbanas, de los cuales 76% han sido personas menores a 18 años , 22% entre 18 y 59 años y 2% mayores a 60 años.

En general, los logros importantes en el periodo informado han sido: el registro gratuito del nacimiento de niñas de 0 a 11 años establecido en el Decreto Supremo No. 0269 de fecha 26 de agosto de 2009, para la reglamentación de obtención gratuita del Certificado de Nacimiento. Se incrementó sustancialmente el número de mujeres, que han logrado corregir errores en sus certificados de nacimiento o han logrado inscribir sus nacimientos, y el incremento de mujeres habilitadas para participar en los procesos electorales.

Padrón Biométrico

La instalación del Padrón Biométrico constituye uno de los avances más importantes para el registro de los y las ciudadanas en el marco del derecho a la participación en los procesos de consulta ciudadana. El 2009 cuenta con 4,8 millones de personas inscritas de las cuales las mujeres constituyen el 50,95 por ciento del total de ciudadanos/as habilitados/as, mientras que los varones llegan al 49,05 por ciento. Para el año 2011 el comportamiento del registros en el Padrón Biométrico presenta un crecimiento porcentual de de 0,18% respecto al 2009, lo que significa 36.433 mujeres habilitadas para hacer uso de su derecho de participación política.

A nivel departamental, tanto en el Padrón Nacional Electoral de 2008 al 2011, las mujeres han representado más del 50% en relación a los hombres en los departamentos de las regiones de valles (Cochabamba, Chuquisaca y Tarija) y altiplano (La Paz, Oruro y Potosí), en los llanos exceptuando a Santa Cruz, Pando y Beni se encuentran por debajo del 50%.

En el marco de la realización del referéndum autonómico la Dirección de Asuntos Electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, afirmó que el nivel de confiabilidad del Padrón electoral boliviano está por encima del 96 por ciento, superior al estándar internacional requerido para la realización de un proceso electoral; en este sentido se puede observar un avance del registro de las mujeres en los últimos años.

Artículo 8

El Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero del 2009 de “Estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional” señala en su Título VII de Representación ante organismos Internacionales, capítulo I que la misma será ejercida por hombre o mujer que se encuentre en cargo de Ministra o Ministro.

Para la presente gestión 2012 el Estado Plurinacional cuenta con 21 Embajadores de los cuales 16 son hombres y 5 mujeres, 8 Encargados de Negocios a.i., de los cuales 7 son hombres y una mujer, finalmente existe 4 Embajadores ante organismos internacionales. A nivel de consulados, existen 67 representantes cónsules (entre cónsules honorarios y cónsules), de los cuales 51 son varones y 16 mujeres.

Artículo 9

La CPE ha consolidado el derecho a mantener la nacionalidad de origen en todos los casos. En el artículo 143 se establece :

I.Las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas extranjeras o ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen. La nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera. II. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

Asimismo, la CPE señala en su artículo 141:

La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son bolivianas y bolivianos por nacimiento, las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión diplomática; y las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano.

Parte III

Artículo 10

Observaciones de la CEDAW: (13, 16, 20, 32, 33)

La CPE en el artículo 78 (II) señala que “la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo”. En el artículo 79 “La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos”.

Ley No. 070 de 20 de diciembre 2010. Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez

Con la promulgación de la Ley Educativa “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, se efectivizan los mandatos de la CPE para avanzar hacia una educación de calidad, descolonizadora, despatriarcalizadora, productiva y comunitaria, intra e intercultural.

La Ley establece entre los fines de la educación: “promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos” orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena, originario campesinos, interculturales y afro bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional para el Vivir Bien.

En cuanto a la interculturalidad, el artículo 3 (8) (Bases de la Educación) expresa que la educación:

Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas, promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas y todos, a través de la valoración y respeto recíproco entre culturas.

La Ley Educativa “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” constituye el instrumento normativo central para avanzar en términos de transformación de patrones socio culturales que discriminan a las mujeres y los pueblos, en concordancia al artículo 5 de la Convención. La Ley postula una revolución educativa basada en un modelo socio-comunitario productivo. Esta ley está orientada a la transformación de la sociedad y señala en sus bases y fines la descolonización, despatriarcalización y la equiparación de oportunidades, entre otros, como sustento para la construcción del Vivir Bien. Además de los pueblos indígenas, se orienta a las comunidades interculturales y afro bolivianas, con lo que se sientan claramente los postulados de la CEDAW en estos temas. Los artículos de la Ley referidos a éste ámbito son:

Artículo. 3 Entre las bases de la educación se señala: Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien.

Artículo 10 Complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, cívica, derechos humanos, equidad de género, derechos de la Madre Tierra y educación en seguridad ciudadana.

En el artículo 4 (6) menciona promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.

En este marco, el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación, 2010-2014 explicita la decisión de promover una educación equitativa y de calidad ampliando la cobertura en áreas rurales y periurbanas de manera prioritaria para facilitar el acceso y la permanencia de mujeres, jóvenes adultos e indígenas. En ese entendido se definen cuatro ejes estratégicos: i) equidad y oportunidad, ii) educación de calidad, iii) educación productiva, y iv) fortalecimiento de la gestión institucional.

Asimismo, se explicita entre los principios articuladores la intra-interculturalidad, el plurilingüismo, la justicia social, erradicación de la pobreza; equidad de género y generacional, equilibrio y armonía con la naturaleza, que le dan unidad y sentido general a las acciones y políticas que diseña y ejecuta. El Ministerio de Educación garantiza una educación productiva comunitaria y de calidad para todos y todas, con pertinencia socio cultural, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza que sustenta el desarrollo plurinacional para vivir bien, a través del fortalecimiento de la gestión educativa.

El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación, 2010-2014 define claramente que la despatriarcalización es:

[…] transformar el sistema de dominación, de subordinación, de opresión fundado en la distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, donde los hombres tienen bajo control los aspectos más importantes de la sociedad (la economía, la política, lo público, el trabajo, etc.). Al mismo tiempo plantea como uno de sus objetivos: Equidad en la distribución y redistribución del producto social, riqueza y excedentes económicos, para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de mujeres y hombres, donde predomina la búsqueda del Vivir Bien.

Este marco estratégico y conceptual constituye una base fundamental para el avance de los derechos de las mujeres en el ámbito educativo. De esta manera, el VIO, en coordinación con la Unidad de Diseño Curricular del Ministerio de Educación, ha elaborado y validado el documento “Educación Sexual y Reproductiva y Género” (autoestima, violencia), los contenidos serán insertos en los planes y programas de estudios en la nueva propuesta curricular.

Los principios articuladores del Plan Estratégico Institucional 2010-2014 parten de la equidad de género y generacional, inspirado en las relaciones armónicas de los pueblos indígenas, “la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de género la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos” artículo 79 de la CPE. Así mismo basado en las relaciones armónicas sociales, el legado de los pueblos indígena originarios campesinos incorporado en la CPE, es el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Artículo 342. Este principio es incorporado en el Plan Estratégico Institucional en su enfoque orientador a través de las acciones concretas que el Sistema Educativo Plurinacional debe estar orientado a conservar, proteger y aprovechar de manera equilibrada los recursos naturales renovables y no renovables.

Medidas para avanzar en cobertura y permanencia

Cobertura educativa

En el siguiente cuadro se observa que entre 2008 y 2010 la cobertura bruta en todos los niveles educativos ha disminuido levemente de 84.92% a 79.62%. Para el 2010, las brechas de género son leves a favor de las mujeres. Continua la tendencia respecto a la cobertura por niveles: mientras que en el nivel primario la cobertura es la más alta; en el nivel inicial y secundaria es considerablemente más baja. En el caso del nivel inicial se explica porque es obligatoria recién a partir de la aprobación de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez.

Entre el 2008 y 2010 la cobertura neta de matrícula descendió de 71.70% a 70,6%. Aún así, en el nivel inicial y primario, la participación de las mujeres fue ligeramente superior a la de los hombres; en el nivel secundario se registra también una mayor participación de las mujeres.

Tasa de término en primaria y secundaria

Según el Sexto Informe sobre los ODM, la cifra observada para 2009 muestra que la Meta 3, que se refiere a eliminar la brecha de género en la tasa de término, ha sido prácticamente alcanzada, aunque debe notarse que, dada la tendencia en este indicador, será necesario considerar acciones para evitar que la brecha negativa siga aumentando en desmedro de los varones.

Bolivia: Tasa de Término Bruta de 8vo de primaria por género, 2006-2010

(En porcentaje)

Fuente: ISIyAE – Ministerio de Educación. Preliminar

La Tasa de Término Bruta en Primaria y Secundaria, muestra un leve descenso en primaria y un leve crecimiento en secundaria. En el caso de secundaria más de la mitad de los estudiantes que cursan este nivel culminan sus estudios, sin embargo, son las mujeres quienes desde el 2006 han tenido un porcentaje ligeramente superior en la conclusión del nivel.

Bolivia: Tasa de Término Bruta de 4º de secundaria por género, 2006-2010

(En porcentaje)

Fuente: ISIyAE – Ministerio de Educación. Preliminar

En el periodo 2006-2010, tanto para 8vo de primaria como para 4to de secundaria, la tasa de término muestra una ligera ventaja a favor de las mujeres quienes son las que más finalizan el último curso del nivel. Asimismo, en el año 2010 se observa que ocho de cada 10 estudiantes culminan el último grado de primaria.

Entre los incentivos académicos para que los/las estudiantes de 4to. de secundaria del área rural culminen sus estudios y continúen estudios superiores, es importante mencionar las becas para estudiantes indígenas en universidades privadas del país, mediante el Programa de Beca Solidaria, implementado por el Ministerio de Educación que garantiza la igualdad de oportunidades en lo concerniente al acceso a la formación profesional superior. Durante el 2010, 39 universidades privadas otorgaron becas a 300 estudiantes de escasos recursos económicos procedentes de organizaciones indígena originario campesinas. Entre el 2006 y el 2010, más de 10 mil jóvenes accedieron a la educación superior y educación técnica tanto dentro como fuera del país (Ministerio de Comunicaciones, 2010).

Mediante Decreto Supremo No. 23425, las organizaciones disponen de 300 becas anuales para jóvenes hombres y mujeres con escasos recursos económicos, el cual constituye el 10% de estudiantes de las universidades privadas, las mismas que son distribuidas de la siguiente manera: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 50 becas, Confederación Indígena del Oriente de Bolivia, 50 becas, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 50 becas, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, 50 becas, Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias de Bartolina Sisa, 50 becas, Confederación Obrera Boliviana 50 becas.

Metas en educación 2010-2014

Proyecto	Unidad de Medida	2008	2010	2011	2012	2013	2014
Bono Juancito Pinto	No de Alumnos Beneficiarios con el pago del bono	1 , 681 , 135	2 , 432 , 801	2 , 470 , 211	2 , 507 , 621	2 , 545 , 032	2 , 582 , 442
Estudiante documentado	No. De estudiantes con certificado de nacimiento y cedula de identidad.		137 , 215	192 , 101	291 , 544
Alimentación y nutrición para la educación	No de maestros capacitados		2 , 080	5 , 000	6 , 000	6 , 000	6 , 000
No. De textos para maestros con contenidos de alimentación y nutrición impresos		5 , 000	6 , 000	6 , 000	6 , 000	6 , 000
Estrategia de atención y educación a la primera infancia (AEIP)	No. De educadores populares con certificación.		926	2 , 316	1 , 389
Población infantil que accede a modalidad y/o forma de atención		279 , 000	294 , 000	1 , 389
Situación y acceso a la educación de la mujer y los niños de la 1ra. Infancia en la Amazonía	No de talleres de coordinación y socialización con las organizaciones sociales y el CEAM		2
Internados y transporte escolares	No. De alumnos beneficiados		2 , 500	2 , 800
Incentivo al estudio	No. De Unidades educativas beneficiadas con becas para estudiantes de secundaria.		680	1 , 359	2 , 039	2 , 718	3 , 398
No. De becas para estudiantes de secundaria		11 , 015	21 , 863	32 , 743	43 , 639	54 , 519
Participación comunitaria para el acceso y permanencia a la educación.	No. De folletos y afiches elaborados y distribuidos		4 , 000	5 , 300	4 , 300	4 , 300	2 , 500
Acceso y permanencia de jóvenes en los institutos de Educación Superior Técnica tecnológica, artística y lingüística (Becas).	No. De jóvenes con programas de alimentación y material de estudio.		500	500	1 , 000	1 , 500	2 , 500
Todos somos diferentes pero iguales en nuestro derecho a educarnos.	No. de centros de educación especial convertidos o construidos en centros de estudios psicosociopedagógicos.			18	36	36	36
No. De boletines de información sobre educación inclusiva.			14 , 000	14 , 000	1 , 4000	1 , 400

Fuente: Ministerio de Educación. 2011.

Sobre la base del Curriculum Base Plurinacional de carácter intracultural, intercultural, plurilingüe, descolonizar, comunitario, territorial, productivo y participativo se está trabajando en curriculum regionalizado, concretizado en siete regiones, tomando en cuenta criterios culturales, lingüísticos, geográficos, territoriales y productivos. Iniciando su implementación con la educación en lengua materna.

En cuanto a libretas escolares en lenguas indígenas. En consenso con las organizaciones sociales de diferentes pueblos, se implementó imprimir libretas escolares en base a idiomas indígenas. En el propósito de rescatar, desarrollar saberes, conocimientos y lenguas de los pueblos indígenas, se sistematizaron 23 alfabetos en idiomas indígenas. Así mismo se han instalado centros de investigación y capacitación para maestros de los pueblos indígenas, en el objetivo de rescate de saberes y conocimientos.

Mediante Resolución Ministerial No. 758 se otorgaron ítems a los pueblos indígenas, originarios para el funcionamiento de Institutos Plurinacional de Estudios de lenguas y culturas, para promover la cultura, identidad, idioma indígena de la región. Así mismo, la elaboración del diseño curricular base de la formación de maestros, para el potenciamiento de los saberes, conocimientos y diversidad lingüística de los pueblos indígenas, en el marco de igualdad de oportunidad a través del respeto recíproco en las culturas. En cuanto a escuelas superiores de formación de maestros, se incorpora la modalidad “B” de ingreso directo para bachilleres de las naciones y pueblos indígenas. Se tiene un programa que abarca a 8.243 participantes y cuenta con 111 centros tutoriales y varios ubicados en territorios indígenas a nivel nacional. A su vez cuenta con un Programa de Especialización y Actualización de Maestros de Secundaria.

En el marco de la CPE y mediante Decreto Supremo No. 29664 se crearon 3 universidades indígenas. Universidad Apiaguaiki Tupa, en el Municipio de Machereti, comunidad Ibo, en el departamento de Chuquisaca, municipio con importante población guaraní. Universidad Tupak Katari (aymara) ubicado en Warisata, departamento de La Paz. Casimiro Huanca (quechua) ubicado en el Municipio de Chimore en el departamento de Cochabamba. Desarrollan 12 carreras relacionadas a la producción y desarrollo comunitario: agronomía altiplánica, industria textil, zootecnia y veterinaria e industria de alimentos, agronomía tropical, forestal, industria textil, piscicultura, Se ha beneficiado 1.495 jóvenes estudiantes de pueblos indígenas. En la gestión 2011 el Tesoro General de la Nación (TGN) desembolsó Bs. 45.3 millones destinadas para las tres universidades indígenas.

El Bono Juancito Pinto

Mediante Decreto Supremo N° 29321 de 24 de octubre de 2007, se establece el marco institucional y los mecanismos técnicos operativos, administrativos y financieros para la entrega del Bono “Juancito Pinto”, instituido como un subsidio de incentivo a la permanencia escolar. El Decreto Supremo establece las fuentes del financiamiento de este Bono: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Corporación Minera de Bolivia y recursos del Tesoro General de la Nación, particularmente recursos procedentes del IDH.

La medida se inscribe en el marco de la Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario del Plan Nacional de Desarrollo, y es definida en consideración a que “las tasas de inasistencia y abandono escolar no se han reducido de manera significativa, afectando la permanencia escolar y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio”. El monto del bono alcanza a 200 Bolivianos, siendo los beneficiarios niños y niñas del nivel primario hasta 6° grado, así como alumnos de educación especial y de educación juvenil alternativa. En 2007 se incorporó el beneficio a los y las escolares de séptimo de primaria y en la gestión 2008 se amplió el pago para las y los alumnos/as de octavo de primaria. 

Respecto a la incidencia del bono en la permanencia escolar, el dato promedio que se tenía es de un 5, 07 % de deserción escolar, que se redujo al 3,9 % para el 2007; para el año 2008 se calcula entre 3.5 y 3.6 %, lo que muestra que este bono está cumpliendo el objetivo de lograr mayor permanencia de las y los estudiantes en las escuelas.

En 2010, el Bono Juancito Pinto, benefició a 1.625.058 niños y niñas que cursaron de primero a octavo de primaria. Las y los escolares beneficiados/as con el Bono Juancito Pinto en el área rural fueron 660.159 y en el área urbana 1.020.976. Y en la gestión 2011 se beneficiaron un total de 1.688.268 niñas y niños de unidades educativas en todo el país.

La siguiente tabla muestra el avance logrado en número de beneficiarios/as del 2006 al 2010, en la otorgación de este incentivo.

Beneficiarios del Bono Juancito Pinto en educación regular, 2006 - 2010

Gestión	Cobertura	Beneficiarios
2006	1ro. a 5to Grados	1 , 085 , 360
2007	1ro. a 6to Grados	1 , 322 , 812
2008	1ro. a 8to Grados	1 , 681 , 135
2009	1ro. a 8to Grados	1 , 728 , 751
2010	1ro. a 8to Grados	1 , 625 , 058

Fuente: UEBJP – Ministerio de Educación. Gestión 2010.

La otorgación paulatina del Bono Juancito Pinto tuvo su impacto en términos progresivos, no sólo por la ampliación de su cobertura a niños/as de hasta 8vo grado de primaria durante el 2008, sino por los alcances de la medida, que si bien su impacto no es de carácter netamente educativo, pues repercute en una dimensión amplia dentro del circuito socio-económico en cada contexto, región y cultura; puede decirse que este programa tuvo un impacto importante al alcanzar el objetivo de la permanencia en el nivel primario de educación regular. Por tanto, es previsible que en la medida de la sostenibilidad del Bono, se pueda esperar un aumento progresivo de beneficiarios/as, y también, una incidencia mayor sobre el acceso educativo y sobre la reducción de las tasas de abandono.

En la gestión 2011, se beneficiaron un total de 1.688.268 niñas y niños de unidades educativas de todo el territorio nacional. Y en la gestión 2012 se beneficiaron 1.789.943 niñas y niños de primero de primeria, a segundo de secundaria recibieron su Bono Juancito Pinto en 14.405 unidades educativas. Así mismo programas específicos de atención a las niñas y pueblos indígenas originaria, bajo los siguientes programas: 1. Escuelas de rivera, en las unidades que se encuentran en las riveras de los ríos y lagos, las cuales en un 90% corresponden a la parte amazónica. 2. Escuelas de frontera, beneficia a los pueblos que se encuentran en las riveras. 3. Escuelas liberadoras, que se encuentran en zonas de explotación y riesgo de esclavitud como es el caso del pueblo guaraní.

En cuanto a Telecentro educativos comunitarios, 406 telecentros educativo fueron instalados desde el año 2006 en el área rural, un 95% se encuentran instalados en el área rural para pueblos indígenas, los cuales juegan un rol importante en el recolección de información sobre saberes y conocimientos tradicionales y con activa participación de los pueblos indígenas y campesinos, por cuanto ellos desarrollan sus propios programas.

Permanencia y abandono escolar

En general, la tasa de abandono se ha reducido tanto en el nivel primario como secundario. Resulta relevante mencionar que en ambos niveles el porcentaje de abandono es mayor en los varones, si bien en primaria la brecha es leve, se ensancha en secundaria. Los datos preliminares al año 2010 muestran una tasa de abandono del 0,9% en primaria (una reducción de 2 puntos porcentuales respecto a la gestión anterior), y del 2,2% en secundaria (una reducción de 3 puntos porcentuales respecto al 2009).

Bolivia: Tasa de abandono en educación regular según nivel y sexo, 2006-2010

(En porcentaje)

Nivel	2006	2007	2008	2009	2010(p)
Primaria	5,7	4,2	4,6	2,9	2,9
Mujer	5,4	4,0	4,3	2,5	2,5
Varón	6,0	4,4	4,8	3,1	3,2
Secundaria	8,5	7,6	7,2	5,3	2,3
Mujer	7,5	6,6	6,4	4,4	4,4
Varón	9,5	8,5	8,1	6,1	6,12

Fuente: SIE – Ministerio de Educación. Preliminar

Desagregando el indicador por área geográfica se observa que la tasa de abandono se ha reducido del 5% el 2008, al 3,13 % el 2010 en el área urbana, mientras que en el área rural se redujo de 5,9% el 2008, al 4,04 % el 2010.

Este importante avance sólo puede ser explicado por un conjunto de acciones, entre las que se puede citar la mejora en la oferta educativa a través del incremento del número de ítems dotados por el Estado a estos niveles y la construcción de nueva infraestructura educativa; la ampliación del bono Juancito Pinto así como su ejecución consistente y sostenida, y a la implementación de políticas locales por parte de muchos municipios como ser el transporte escolar, la alimentación y nutrición (almuerzo y desayuno escolares) u otros hechos que han coadyuvado a reducir significativamente el abandono escolar.

Gratuidad del título de bachiller

Entre las acciones focalizadas con el objetivo de incentivar la conclusión de 4to. de secundaria y reducir la tasa de abandono en dicho nivel y mejorar el acceso a la educación, se ha determinado mediante Ley N° 3991 de 2009, la otorgación gratuita del título de bachiller, lo cual genera una motivación extra para que los/las estudiantes terminen la secundaria y es uno de los factores que incide en la reducción de la tasa de abandono. El 2009 fueron entregados 132.229 diplomas destinados a educación regular y 18.862 para educación alternativa.

El 2010 se ha iniciado el programa Ciudadela y Transporte Escolar Rural en 5 municipios rurales de frontera, con el cual se beneficiaron 2.354 estudiantes con la construcción de internados en el área rural.

Hasta aquí se puede señalar que, en general, el comportamiento de la tasa de abandono expresa de una manera más nítida la incidencia de las políticas educativas en los resultados cuantitativos en la educación, así como las repercusiones de factores indirectos, como las políticas de estabilidad económica y social. Se incluye en este aspecto, a manera de ejemplo, el incremento salarial, que para el sector educativo corresponde al 5% en el 2010, siendo que en el periodo 2006-2010 el acumulado representó un incremento del 42%.

Medidas para erradicar el analfabetismo

Paralelamente al proceso de elaboración de la CPE, se han implementado medidas para erradicar el analfabetismo y el 2006 se inicia el Plan Nacional de Alfabetización “Yo si puedo” que se aplica en castellano y también en otros idiomas nacionales, como son el aymara y quechua. Como resultado, la tasa de analfabetismo bajó al 3,5% por lo que el 20 de diciembre del 2008 el país se declaró como territorio libre de analfabetismo, luego de dos años y medio de iniciarse la movilización que contó con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela; países que precedieron a Bolivia en alcanzar esta meta en el continente americano. Se calcula que unas 827 mil personas mayores de 15 años aprendieron a leer y escribir en este proceso, de las cuales 700.000 son mujeres. Es decir, que de cada 10 personas alfabetizadas, 8 son mujeres.

La etapa de consolidación o post alfabetización denominada “Yo sí puedo seguir”, se ha iniciado el 2009 para garantizar un proceso de continuidad y afianzamiento de procesos de lectura y escritura. La post-alfabetización comenzó en mayo de 2009, actualmente se cuenta con 12.161 puntos (grupos de participantes) de post-alfabetizados en todo el país (3.397 más puntos respecto al 2009) y durante la gestión 2010 se incorporaron 173.829 participantes, 27.663 personas más que el año 2009.

Para la implementación del programa se disponen de contenidos curriculares en diversas lenguas originarias: aymara, quechua, mojeño, trinitario, besiro y guaraní, contextualizados a la realidad regional y local. Estos programas ayudan a los/las beneficiados/as a disponer de nuevas herramientas para que puedan desarrollar su vida, principalmente, reduciendo las consecuencias de la discriminación histórica que han sufrido especialmente las mujeres indígenas.

Certificación de Competencias

Una demanda sentida de todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar pero que han aprendido algún oficio de forma empírica, ha sido el reconocimiento de estas habilidades. Desde principios del 2009 se instala el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, como instancia desconcentrada del Ministerio de Educación, con el fin de dar respuesta a esta demanda, con lo cual se delimita las ocupaciones en función de las experiencias, saberes y conocimientos. A partir de este reconocimiento formal de sus competencias, las personas están en posesión de un documento útil en los ámbitos laboral y académico, otorgado por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Entre enero y noviembre de 2009 se certificaron las competencias de 4.986 personas, de las cuales la mayoría correspondían a hombres (3.323) y un número menor a mujeres (1.663). Las ocupaciones en que las mujeres son más numerosas son: agricultora de diferentes pisos ecológicos (724), trabajadora asalariada de hogar (271), confeccionista de ropa a nivel industrial y mensajera auxiliar de oficina (195). A pesar de que algunas de estas ocupaciones no son las mejor remuneradas, constituye una oportunidad para que las mujeres del sector informal accedan en mejores condiciones al mercado laboral.

Educación Alternativa

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Alternativa y el Programa de Educación Técnica Alternativa, ETA, busca impartir y promover la educación básica y la especialización técnico productiva a través de los 400 centros que funcionan en todo el país. El 2009, fueron equipados 27 centros con el propósito de convertirlos en experiencias modelo. Las y los participantes fueron beneficiados con la capacitación y posterior inserción en el mercado laboral y productivo, fortaleciendo así las estructuras socio económicas en las diferentes poblaciones donde funcionan. La currícula de estos centros incorpora temas de género y discriminación en el marco de los Ejes Articuladores de Derechos, Salud, Discriminación y Equidad de Género.

En el marco del Observatorio Plurinacional de la calidad educativa se trabajó en la prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en educación regular instancia que presentó el primer informe en cumplimiento del artículo 7 del Decreto Supremo No. 0762 en el marco del Sistema Plurinacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa, en el objetivo de describir el estado de situación de la prevención y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en el ámbito educativo, específicamente en el Subsistema de Educación Regular, desde la fecha de promulgación de la Ley No. 045, octubre 2010 hasta el primer trimestre de la gestión 2012.

Número de denuncias en cuatro gestiones

Gestión 2009	Gestión 2010	Gestión 2011	Gestión 2012 (primer trimestre)
13	19	139	41

Fuente: Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. 2012.

Denuncias según formas de discriminación 2011

Fuente:Elaborado por el OPCE con datos del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, 2011.

El Porcentaje más alto de discriminación en el año 2011 es por discriminación de género con un 14%, sin embargo si se agrupa las denuncias por discriminación cultural 9% por identidad de pueblo indígena 10% y por raza 6%, se refiere a un 25% de discriminación racial.

Denuncias según formas de discriminación 2012 (1er. Trimestre)

Fuente: OPCE con datos del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. 2012.

Apoyo con material educativo a niños y niñas guaraníes

En coordinación con UNICEF se dotó de 5.000 mochilas con material educativo a niños de 5 municipios Muyupampa, Carapari, Lagunillas, Cuevo y Macharetí, en el objetivo de impulsar el acceso y la permanencia de niños y niñas de los pueblos indígenas. Se creó el proyecto de educación intercultural bilingüe en la Amazonía, desde el año 2005, el Ministerio de Educación en coordinación con UNICEF ejecuta el proyecto Educación Intercultural para la Amazonía (EIBAMAZ) para los pueblos Tacana, Moseten, Tsimane, Mobima y Cabideño con tres áreas de trabajo: 1) Investigaciones de saberes y conocimientos tradicionales, 2) Capacitación a los docentes en educación intercultural y 3) Producción de materiales. Dentro de este proyecto también se beneficiaron los departamentos de La Paz y Beni.

En el marco de convenios con los gobiernos municipales y organizaciones indígenas y sociales, se han puesto en funcionamiento 64 escuelas de gestión pública intercultural, dirigido a líderes, indígenas, campesinos, servidoras y servidores públicos departamentales y municipales en temas de las normas referidas a pueblos indígenas. En el año 2011 se han capacitado a 1.915 personas. En el tema de cultura y los idiomas oficiales indígenas, se han capacitado a 2.835 servidoras y servidores públicos en la instrumentalización de los idiomas indígenas. También se ejecutan programas de diplomado y maestría en modalidades presenciales, semi presenciales y a distancia que fueron capacitados en el marco de gestión pública comunitaria se han formado hasta el año 2011, 296 profesionales con énfasis en temas indígenas, normativa nacional e internacional y nuevas formas de desafío que nos enfrenta la realidad boliviana.

Medidas en el ámbito educativo

En el marco de coordinación de acciones concurrentes sobre la temática de violencia y en observancia a la aplicación de los valores de la ética pública, en abril de 2009 el Ministerio de Educación ha creado la Unidad de Transparencia en sujeción al Decreto Supremo 29894 del mismo año. La Unidad hace seguimiento a aquellas denuncias dentro del sistema educativo referidas a violencia física, psicológica, abuso sexual o violación sexual, así como a casos de corrupción, cobros indebidos, y todas aquellas denuncias o quejas que quebranten las normas de la institución. La mayoría de las denuncias están relacionadas con el maltrato de docentes a estudiantes. Entre marzo y diciembre de 2010 se han recibido 174 denuncias de maltratos psicológicos y/o físicos a niñas/os, 30 denuncias de violación de derechos, 14 denuncias de acoso sexual, 10 denuncias de discriminación y 8 denuncias de violación o intento de violación.

El Ministerio cuenta con un Reglamento de Faltas y Sanciones que tipifica las denuncias en leves, graves o muy graves; en este último caso, por ejemplo, el empleo de castigos corporales o psicológicos, amerita proceso disciplinario. En ciertos casos, se hace seguimiento conjuntamente con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de los gobiernos municipales para apoyo y evaluación psicológica, a partir del resultado se puede solicitar proceso disciplinario.

Formación profesional de mujeres en las Fuerzas Armadas

En el marco de la ejecución del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Bolivia han desarrollado procesos de incorporación de políticas de inclusión de mujeres en las Fuerzas Armadas. El Programa Igualdad de Oportunidades, incluye a jóvenes y señoritas en los diferentes Institutos Militares del Ejército, la Fuera Aérea y la Fuerza Armada. Al 2011 se ha incrementado de 0,3% a 3% la presencia femenina en estas instancias, como parte de la lucha en contra de la discriminación de las mujeres, se han realizado eventos de análisis y sensibilización sobre el tema.

Los institutos de formación profesional de las Fuerzas Armadas abren sus puertas. El Colegio Militar “Cnl. Gualberto Villarroel” re-abre sus puertas el año 2003, la escuela de militar de música “Tcnl. Adrián Patiño” abre sus puertas el año 2008, la Escuela Militar de Sargentos “Sgto. Maximiliano Paredes” el año 2008, el Colegio Militar de Aviación “Tte. Gral. Germán Bush Becerra” el año 2007, el Politécnico Militar de Aeronáutica “Sbtte. Tec. José Max Ardiles” el año 2005, Escuela Naval Militar “V. Almte. Ronant Monje Roca” el año 2009 y la Escuela de Sargentos de la Armada “Sgto. Reynaldo Zeballos” el año 2010. De la misma forma las fuerzas armadas cooperan con Fuerzas de Paz -Cascos Azules- donde participan bolivianas y bolivianos a nivel del sistema de Naciones Unidas.

Artículo 11

Observaciones de la CEDAW: (11, 12, 34, 35, 36, 37, 38, 39)

Medidas especificas de protección de los derechos laborales (no discriminación en el empleo y la igualdad de remuneración por trabajo igual)

Según el artículo 48 (V) de la CPE, el Estado “promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor en el ámbito público y privados”. Y las “mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas e hijos. Se garantiza la inmovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad”. Artículo 48 (VI). La responsabilidad del Ministerio de Trabajo es establecer mecanismos eficaces de vigilancia del cumplimiento de la norma vigente y garantizar la no discriminación en el empleo. En este marco, se cuenta con varias disposiciones legales destinadas a este fin (además de los decretos, leyes y otros ya mencionados en el Artículos 1, 2, y 3 de este Informe).

La Ley No. 274, decreta que cada 1ro. de Mayo “Día del trabajo” en reconocimiento y homenaje a la trabajadora y al trabajador boliviano, cuya esforzada labor es parte fundamental en la construcción social del vivir bien.

En el marco del cumplimiento del artículo 11 de la Convención, el Estado de Bolivia ha institucionalizado la protección laboral de la mujer mediante diversos decretos supremos que reglamentan y establecen los mecanismos de protección a la mujer. Detallamos estos decretos por orden cronológico. Decreto Supremo No. 28159 de fecha 17 de mayo del 2005, que establece un régimen de las familias y comunidades cautivas que trabajan por cuenta ajena en condiciones de subordinación y dependencia en actividad agropecuaria que no son retribuidas en especie, dinero, mixto y en otros casos que no se establecen retribución alguna al interior de propiedad privadas ocupados ancestralmente por ellas en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, y que no tengan tierra en propiedad. Para estas comunidades indígenas se desarrolla un régimen social y agrario para superar la situación de cautiverio y esclavitud. Actualmente se desarrolla el programa “Escuelas Liberadoras” del Ministerio de Educación en zonas de explotación y riesgos de esclavitud con particular atención al pueblo guaraní para garantizar respeto a los derechos humanos.

El Decreto Supremo No. 29802 de fecha 19 de noviembre 2008 establece en el ámbito agrario que se entenderá por sistemas de servidumbre, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias, personas cautivas o formas análogas, que con o sin consentimiento son obligadas a trabajar sin ningún pago de salario o especie o por debajo del salario mínimo (artículo 2). El Instituto Nacional de Reforma Agraria para verificar y establecer estos sistemas, independientemente de las acciones en materia laboral, penal u otras, elaborará una guía que establezca los criterios, la metodología y procedimientos para verificar y establecer estos sistemas (artículo 6).

El Decreto Supremo N° 29608 de 18 de junio de 2008 que modifica el DS N° 27477, dispone la obligación de instituciones públicas y privadas que prestan servicio público de contratar el 4% de personas con discapacidad del total de su personal. Asimismo determina la obligatoriedad de los gobiernos municipales de otorgar el 10% de sus licencias de funcionamiento para el comercio informal a personas con discapacidad. Por otra parte, establece la inamovilidad funcionaria de personas con discapacidad lo que ha permitido la inclusión laboral, así como su estabilidad laboral. A nivel nacional se cuenta con un total de 170 personas con discapacidad en empleo formal, de las cuales 93 son mujeres. Por otra parte, en el marco de esta normativa, 447 Responsables de Recursos Humanos de 284 entidades públicas a nivel nacional fueron educados y sensibilizados para el cumplimiento del Decreto Supremo mencionado.

El Decreto Supremo Nº.12 de fecha 19 de febrero 2009, reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y el padre progenitores, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos o afectarse su nivel salarial, ni su ubicación de puesto de trabajo tanto en el sector público y privado, lo cual da cuenta del avance en términos de las responsabilidades compartidas en relación a la crianza de los hijos/as.

El Decreto Supremo Nº 107 de fecha 1ro. de mayo de 2009, establece el goce pleno de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores dependiente asalariados, establece un mecanismo por el cual la constatación de la Inspectoría del Trabajo en forma fundamentada y con respaldo probatorio constituye prueba pre-constituida en la garantía Infracción a Leyes Sociales en vigencia, que procesa ante el juez de trabajo y seguridad social.

Políticas Públicas de orden laboral

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, la política de empleo diseñada para la gestión 2006-2011 se sustenta en que la baja productividad de los sectores y de las empresas ha impedido un crecimiento sostenido de empleos, salarios y en general del nivel de vida de la población boliviana. De esta manera, constituye un avance fundamental la nueva concepción que articula el desarrollo productivo y el empleo digno y que se refleja en el Plan Sectorial de Desarrollo Productivo y Empleo Digno, involucrando tanto al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, como al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Ambos encargados de implementar el mencionado Plan.

El Plan identifica una serie de estrategias para el logro de los objetivos propuestos, destacamos dos que constituyen el marco de referencia para las acciones a implementarse desde los ministerios responsables:

Nueva Política de Dignificación Laboral aplicada al sector

Tiene como propósito el otorgar un nuevo significado a las relaciones labores en el país, a través de orientaciones que mejoren la calidad de las condiciones del trabajo y el reconocimiento de la seguridad ocupacional, certificación de competencias, eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, así como otros servicios de apoyo a los/las empleadores/as y trabajadores/as.

Apoyo al desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos socio-laborales en las unidades productivas

Tiene como propósito desarrollar capacidades en el conjunto de las unidades productivas para crear las condiciones que les permitan avanzar en el cumplimiento de sus derechos socio-laborales a través de procesos de asistencia técnica y acompañamiento permanente hacia la certificación del trabajo digno, el cual será emitido luego de la verificación del cumplimiento de alguna de las coberturas establecidas; así la eliminación del trabajo infantil, del trabajo forzoso y el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres en condiciones de equidad, se constituirán en los primeros eslabones a ser cumplidos, ya que son parte de los derechos fundamentales, humanos y laborales de toda la población boliviana.

Política de empleo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en el marco del mencionado Plan, ha diseñado una propuesta, de Política de Empleo del Estado Plurinacional que contempla cinco pilares, entre ellos, la política de “conciliación de lo laboral con una vida digna” con el objetivo de democratizar el cuidado de la familia con responsabilidad social contribuyendo a la redistribución de tareas entre hombres y mujeres dentro del hogar y entre las familias y el Estado”. Con ello se asumen los mandatos de la CPE en relación a este tema y se avanza en los compromisos asumidos en la CEDAW.

Asimismo, este Ministerio ha implementado, a través de la Dirección General de Empleo, acciones que favorecen a las mujeres para su incorporación al ámbito laboral, con protección de sus derechos socio-laborales. Estas acciones son, a) capacitación y orientación laboral, b) capacitación laboral a personas con discapacidad, c) bolsa de trabajo:

a)La capacitación laboral permite desarrollar diversas competencias tanto laborales como sociales de la población (conocer sus derechos laborales, manejar técnicas de presentación en entrevistas de trabajo, negociar el salario que percibirán; elaboración de productos de calidad dirigidos al mercado y otros), lo que les permite el ejercicio de su derecho a un empleo digno. Se ha capacitado un total de 909 personas, de las cuales 459 son mujeres (50.5%).

b)Mediante el Proyecto de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad, han sido capacitadas 720 personas en situación de discapacidad a nivel nacional de las cuales 430 son mujeres (59.7%). Las capacitaciones fueron hechas en los siguientes rubros: chocolatería y decorado, repostería, tejido plano. Además por iniciativa de las personas con discapacidad conformaron micro empresas y se colaboró con la legalización de las mismas.

c)La Bolsa de Trabajo apoya especialmente a las trabajadoras del hogar por medio de la firma de contratos de trabajo, apoyando de esta manera al ejercicio de sus derechos socio-laborales en condiciones más dignas (garantiza el ejercicio de su derecho a un salario justo y el respeto de los horarios de trabajo). En la gestión 2009-2010 se ha prestado servicios a 10.384 personas, de las cuales 5.232 son mujeres, es decir más del 50% de beneficiarios/as.

El Ministerio implementa el Programa Mi Primer Empleo Digno en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mediante acciones de formación técnica laboral a mujeres y hombres. Entre el 2008-2011 se ha capacitado a 1.583 mujeres y 1.472 hombres en su mayoría jóvenes. Asimismo, se ha implementado un bono especial para las mujeres jóvenes embarazadas con el fin de superar las limitaciones sociales y culturales que enfrentan las jóvenes embarazadas para acceder a oportunidades de capacitación y empleo.

Medidas en el ámbito del Desarrollo Productivo y empleo digno

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el marco del Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo Digno ya mencionado, ha implementado diversos programas destinados a generar condiciones de empleo digno e incluyen la visión de fortalecer la participación e iniciativas de las mujeres emprendedoras en la micro, pequeña y mediana industria en los programas y servicios que se ejecutan.

A través del programa ALBA–TCP se han ejecutado 380 proyectos productivos, con un financiamiento de Bs. 12.6 millones. Se aprobaron 411 proyectos unipersonales y asociativos en rubros como textiles que favorecen principalmente a las mujeres. Asimismo, se encuentran en etapa de ejecución 7 proyectos de alto impacto que también contemplan una alta participación de las mujeres: 1) Mercado Modelo Plan 3.000 (Santa Cruz), 2) Mercado Pompeya (Beni), 3) Planta procesadora de Cítricos (Tarija), 4) Planta de Leche (Pucarani–La Paz), y 5) Planta Procesadora de Harina de Plátano (Beni).

El Fondo Fiduciario de Reconversión Productiva ha logrado viabilizar el acceso a créditos, capacitación y asistencia técnica a las y los comercializadores de prendería usada, para que opten por un cambio de actividad que contribuya al fortalecimiento y crecimiento del aparato productivo nacional. Se realizó el desembolso a nivel nacional de 565 créditos comerciales y productivos por un total de Bs. 17.7 millones. Para el 2009 se identificaron 303 beneficiarios reconvertidos.

Se ha reorientado el Fondo de Maqui centros y Encadenamientos Productivos para financiar capital de operaciones e inversión en todo el territorio nacional a micro y pequeños productores con el fin de lograr mayores volúmenes de producción. Los recursos desembolsados a la fecha ascienden a un monto total de Bs. 42.7 millones, beneficiando a 195 unidades productivas.

Las capacidades asociativas de los y las micro y pequeños productores y productoras se han fortalecido, lográndose comprometer un monto de Bs. 5.4 millones en la Feria Invertida del Compro Boliviano promovida por el Ministerio de Defensa. Con el nuevo Decreto Supremo N° 29190, el Compro Boliviano, COMPROBOL, mejoró las oportunidades de participación en las compras estatales a pequeños productores/as urbanos y rurales, generando incentivos y condiciones para producir y consumir producto nacional, beneficiando a 4.900 productores entre el 2007 y el 2008.

Las acciones de capacitación y asistencia técnica del Programa PRO BOLIVIA, han ejecutado varios eventos específicamente dirigidos a mujeres: capacitación y asistencia técnica en gestión de la producción textil, introducción al patrocinio, diseño y ensamblado de maquinas de confección industrial, encuentro de lideresas, capacitación en técnicas básicas de elaboración de objetos cerámicos. Se beneficiaron 255 unidades productivas lideradas por mujeres.

Mediante Insumos Bolivia se han implementado acciones que han permitido mejorar la economía de las mujeres: instalación e implementación de 2 plantas de fabricación de textiles en la ciudad de Riberalta, se ha capacitado y empleado a 38 mujeres (86% del personal total); instalación e implementación de una planta procesadora de palmito, empleando a 25 mujeres (59% del personal).

En el objetivo de asegurar y desarrollar habilidades de los y las jóvenes de zonas urbanas y periurbanas de bajos ingresos se desarrolla el Programa “Mi primer empleo digno”, que facilita e incrementa la inserción laboral de jóvenes varones y mujeres entre 18 a 24 años, que han culminado el segundo año de secundaria en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 2.740 jóvenes de las cuatro ciudades han sido beneficiados con el proyecto, de los cuales 80% de los y las jóvenes realizan pasantías en empresas.

Medidas en el sector minero

El Ministerio de Minería y Metalurgia, MMM ha elaborado el anteproyecto de la nueva Ley de Minería -como norma especial del sector minero metalúrgico- en el cual se establece la aplicación de mecanismos eficaces de vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente para garantizar la no discriminación en el empleo y la igualdad de remuneración por trabajo igual además de la protección contra el trabajo infantil en el sector.

En la gestión 2008-2009, el MMM ejecutó el Programa APEMIN II con el objetivo de reducir la migración de población hacia las zonas productoras de coca, para este fin el Programa APEMIN ha mejorando el nivel de vida y generado oportunidades de empleo (tradicionales y alternativas). La estrategia de implementación hace una efectiva evaluación sobre género del Programa.

Por otro lado, el 2010 se ha iniciado el Programa EMPLEOMIN que prevé elaborar la estrategia para transversalizar la temática de género y generacional en las diferentes acciones del Proyecto y establece dos estrategias específicas a favor de las mujeres del sector: i) Construcción y puesta en marcha de Ingenio para la Asociación de Palliris de Llallagua. Estudio de identificación para el empoderamiento económico y social de mujeres en centros mineros de Morococala, Santa Fe, Japo y Poopó a través de la identificación y desarrollo de unidades productivas alternativas a la minería. ii) Fortalecimiento institucional a las cooperativas mineras para que en la actualización de normas y reglamentos internos contemplen aspectos específicos a la igualdad de oportunidades para las mujeres de acceso a una fuente de trabajo en similares condiciones a los varones.

Medidas respecto al Trabajo doméstico

Uno de los avances más importantes en términos de la valorización del trabajo doméstico, ha sido la inclusión en la CPE, del artículo 338 que señala: “el Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las cuentas públicas”. En este marco se inscriben varias iniciativas como la elaboración del Plan de incidencia en el Censo Plurinacional donde se incorporará una pregunta relativa al costo del "trabajo de cuidado" o "costo del trabajo en el hogar" y la Encuesta de Uso de Tiempo de los Hogares, EUTH 2010.

Es importante destacar que la EUTH 2010 del INE es la primera prueba piloto que se ha realizado en Bolivia en base a la información del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 5 de septiembre de 2001. Uno de los principales aportes sociales de esta encuesta es proporcionar insumos que permitirán incluir un enfoque de género en el análisis de políticas, al visibilizar los roles que cumple cada persona en el hogar. Esto permitirá la elaboración de indicadores básicos para la medición de las desigualdades de género en el trabajo, así como para la valorización económica del Trabajo No Remunerado.

Respecto a las trabajadoras del hogar, la promulgación de la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar ha constituido un importante avance en términos formales, sin embargo, no existe información oficial respecto a los avances en términos reales, por lo que queda pendiente el desafío de definir medidas que permitan el cumplimiento de la Ley por parte de los/las empleadoras, más aun considerando que el porcentaje de la población ocupada en esta categoría laboral se ha incrementado del 5.37% el 2005 al 7.17% el 2007. En procura de coadyuvar al cumplimento de la Ley, el Ministerio de Trabajo ha establecido el funcionamiento de una Bolsa de Trabajo, que permite que las trabajadoras del Hogar puedan acceder a contratos en el marco de la mencionada Ley.

Medidas en relación al trabajo de niños, niñas y adolescentes

La CPE mediante su artículo 61 (II) prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que las niñas, niños y adolescentes realicen en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. La Ley No. 2450 de 9 de abril del año 2003, de Regularización del Trabajo Asalariado del Hogar, la Ley establece que todo niño, niña, adolescente que preste un servicio ajeno al núcleo familiar, pariente consanguíneo o mantener algún grado de afinidad debe sujetarse a lo previsto en el Código Niña, Niño y Adolescente.

En el marco de los convenios y convenciones asumidas por Bolivia en relación al trabajo infantil, el INE con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, a través del Programa de Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil, SIMPOL ha realizado el Estudio sobre la Magnitud y características del Trabajo Infantil en Bolivia, Informe Nacional 2008, en base a la Encuesta de Trabajo Infantil, ETI, realizado el mismo año, con el fin de cuantificar la incidencia y analizar la naturaleza del complejo fenómeno del trabajo infantil y adolescente y orientar políticas para su reducción y erradicación.

Según datos de este estudio, el 2009 son más de 800 mil niñas, niños y adolescentes que trabajan en Bolivia, estos trabajadores representan el 21.3% de la población económicamente activa del país. A muchos de los niños y niñas trabajadores, la obligación y el sacrificio laboral les impide asistir a la escuela y vivir su infancia.

El programa “Lucha contra las peores formas de Trabajo Infantil” diseñado en el marco del Plan Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, PNEPTI, 2000-2010, se implementó en Potosí, Santa Cruz, Bermejo, Riberalta a través de cuatro subcomisiones: Subcomisión de la zafra de caña, Subcomisión de la Castaña, Subcomisión de Minería, Subcomisión Urbana. A partir de estas subcomisiones se trabaja en cada lugar para la identificación y disminución del trabajo infantil, principalmente buscan el cumplimiento de las normas y convenios internacionales. Estas subcomisiones tienen un Plan que incluyen visitas a la zafra o zonas mineras, inspecciones laborales, capacitaciones e información en derechos, etc.

A la fecha se ha elaborado la Guía de Inspección de Trabajo Infantil y Adolescente en Bolivia, la misma que es aplicada por inspectores laborales y sirve para capacitar a los/las nuevos/as inspectores/as laborales. Asimismo se han realizado campañas anuales con motivo del Día del Niño (12 de abril) contra el Trabajo Infantil con elaboración de calendarios, cuadernos, afiches informativos y trípticos.

El Plan Nacional de Erradicación Progresiva de Trabajo Infantil, PNEPTI 2000-2010 se encuentra en proceso de evaluación para identificar fortalezas y debilidades y a partir de los resultados se formulará el Plan Quinquenal. En relación a la normativa se está elaborando un Decreto Supremo para la eliminación de las 23 Peores Formas del Trabajo Infantil.

Los derechos de las personas con discapacidad están protegidos en la CPE. En este marco, se implementan una serie de medidas destinas al cumplimiento de estos derechos constitucionalizados. Así, mediante Ley N° 3925 se crea un Fondo Especial para la atención a personas con discapacidad (con un monto de Bs. 40 millones que anteriormente eran utilizados como un subsidio a los partidos políticos). Este fondo se destina al desarrollo de capacidades de inserción laboral, a través de diversos programas: el Programa de emprendimientos productivos “Produzcamos juntos”; el Programa de construcción y equipamiento de la Escuela Taller de Ortesis y Prótesis en La Paz y El Alto. El Ministerio de Trabajo cuenta con un Observatorio del Trabajo que recibe quejas a través de un sistema de inspectorías laborales.

Seguridad social

Después de 14 años, se promulga una nueva Ley de Pensiones que reestructura el sistema de jubilación que regía desde 1996. Entre los principales cambios se destaca la incorporación de un modelo social que pretende mejorar las rentas bajas a través de un Fondo Solidario.

Asimismo, incluye entre sus principios la Igualdad de Género que es definida como “proveer mecanismos necesarios y suficientes para cerrar brechas de desigualdad, en las prestaciones y beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo entre hombres y mujeres”. El artículo 78 se refiere a la reducción de edad de jubilación para las mujeres:

I.La Asegurada que tenga al menos ciento veinte (120) aportes al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y/o al Sistema Integral de Pensiones, por cada hijo nacido vivo podrá solicitar que se le disminuya un (1) año en la edad de acceso a la Prestación Solidaria de Vejez, hasta un máximo de tres (3) años. Este beneficio es excluyente al determinado en el artículo precedente. II. Por cada hijo nacido vivo, la Asegurada podrá acceder a la Prestación de Vejez con reducción de edad de un (1) año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres (3) años. Esta reducción aplica a lo dispuesto para los casos establecidos en el inciso C del Artículo 8 de la presente Ley.

Políticas salariales

Desde una perspectiva de evolución histórica, el salario mínimo nacional ha sufrido incrementos sustanciales, especialmente entre las gestiones 2006 a 2009, alcanzando el 30%, considerando como referente las gestiones 2003‐2005 y el salario mínimo nacional de Bs. 440 En la gestión 2009 se ha incrementado en 14% para los sectores de salud y educación, y el 12% para los sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la gestión 2010, el salario mínimo vital fue fijado en Bs. 815.30, es decir se incremento en un 20% en relación al año anterior. Este incremento fija el salario mínimo en más de 100 $us mensuales, con lo que Bolivia se coloca en relación a las recomendaciones internacionales.

En relación a la población ocupada por rama de actividad las mayores brechas están en la actividad agrícola, y ganadera (21,58%) y la menor en la administración pública, defensa y seguridad social (90,34%). Este último dato muestra un avance importante en el sector público en relación a las brechas de género en el ingreso laboral.

Ingreso laboral de la población ocupada por sexo y rama de actividad económica – 2007

	Hombre		Mujer		Total		Ratio
Rama de actividad económica	Población ocupada	Ingreso por medio (Bs/mes)	Población ocupada	Ingreso por medio (Bs/mes)	Población ocupada	Ingreso por medio (Bs/mes)	Porcentaje del salario de las mujeres respecto al de los hombres
Agricultura, ganadería y caza	871 596	554,74	801 436	119,74	1 673 032	346 36	21,58%
Silvicultura y pesca	13 198	1 591,74	252	577,89	13 450	1 572,75	36,31%
Explotación de minas y canteras	70 697	2 770,29	1 712	1 034,59	72 409	2 729,25	37,35%
Industria manufacturera	331 337	1 436,72	183 521	749,25	514 858	1 191,67	52,15%
Producción y distribución de electricidad, gas y agua	13 173	2 241,59	2 281	778,70	15 454	2 025,67	34,74%
Construcción	31 035	1 592,93	5 923	881,05	316 273	1 579,60	55,31%
Venta y reparaciones	266 825	1 658,73	406 974	935,18	673 799	1 221,71	56.38%
Hoteles y restaurantes	33 880	2 011,71	125 423	932,15	159 303	1 161,75	46,34%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	242 126	1 836,70	30 205	1 114,95	272 331	1 756,65	60.70%
Intermediación financiera	17 243	3 766,88	10 830	802,90	28 073	3 395,00	74,41%
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	94 094	1 777,59	42 837	2 265,40	136 931	1 930,19	127,44%
Administración pública, defensa y seguridad social	107 625	2 556,25	44 489	2 314,53	152 114	2 485,55	90,54%
Educación	92 083	2 478,62	130 981	1 734,61	223 064	2 041,75	69,98%
Servicios sociales y de salud	39 958	2 905,21	69 590	1 654,75	109 548	2 110,86	56,96%
Servicios comunitarios y personales	66 404	1 479,41	82 504	887,02	148 908	1 151,19	59,96%
Hogares privados	6 042	883,22	154 776	767,32	160 818	771,67	86,88%
Organismos extraterritoriales	321	5 200,00	1 675	2 725,65	1 996	3 123,58	52,42%
Total	2 576 952	1 401,91	2 095 409	736,27	4 672 361	1 103,39	52,52%

En relación a la inserción laboral, las mujeres están en ocupaciones que generan menos ingresos, trabajos que requieren menor capacitación y tecnología, se han producido cambios: entre el 2003 y el 2007 ha disminuido la participación de las mujeres en la categoría “cuenta propia” (es decir mujeres insertas en el sector informal de la economía) de 37,76% a 32,47% respectivamente. En la categoría de jefe también se ha incrementado su participación, de 1,81% el 2003 a 2,88% el 2007.

Así también se identifica que en relación a la ocupación principal, se ha incrementado el número de mujeres ocupadas como profesionales, de 4,35% el 2003, al 6,83% el 2007. Al mismo tiempo se observa que ha disminuido el porcentaje de mujeres que trabaja en servicios y comercio, de 27,55% el 2003 al 22,59% el 2007. Estos datos muestran tendencias interesantes en relación a la apertura de oportunidades en otros ámbitos laborales. En ese sentido es interesante destacar que en ámbitos tradicionalmente masculinos como el de “técnicos y profesionales de apoyo”, la participación femenina se ha incrementado del 3,19% el 2003 al 4.41% el 2007.

Erradicación del Trabajo Forzoso

El Ministerio de Trabajo en la Gestión 2011, tuvo como objetivo del 2011 al 2015 “lograr 64.000 trabajadoras y trabajadores de pueblos indígenas, originarios campesinos en las actividades de la zafra de la castaña en Riberalta y Pando, Ganadería del Chaco Tarijeño, Chaco Cruceño y Estancias Ganaderas del Beni, ejerzan sus derechos socio laborales hasta 2015”. La Unidad de Derechos Fundamentales a través del Área de Pueblos Indígenas y Erradicación del Trabajo Forzado (dependiente del Ministerio de Trabajo) en la gestión 2011, en los sectores del Chaco y Amazonía boliviana alcanzó los siguientes logros: Guía para la erradicación de la servidumbre del trabajo forzoso y otras formas análogas, en cumplimiento con el Decreto Supremo No. 29292 de fecha 3 de octubre del año 2007.

Los responsables del Área de Erradicaron del Trabajo Forzoso de las Regiones del Chaco y la Amazonía de Bolivia, atendieron 447 denuncias realizados por incumplimiento de leyes socio labores. 128 casos de denuncias en la región de Alto Parapetí, Camiri del Departamento de Santa Cruz, 40 casos de denuncias en la región del Carapari y Yacuiba del departamento de Tarija y 279 casos de denuncias en la región de Trinidad en el departamento del Beni. Realización de dos mesas Tripartitas en Riberalta con zafreros, barraqueros y empleadores y gobierno para tratar el precio de la Caja de Castaña para la zafra de 2011 y 2012, 30.000 personas en la zafra de la castaña en el procesamiento y comercialización de este producto.

De acuerdo al Decreto Supremo 1001 de fecha 5 de Octubre del 2011, se autoriza a los Ministerios de Trabajo, Empleo y Prevención Social, de Justicia, Desarrollo Productivo y Economía Plural, y al Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, realizar transferencias publico-privadas a favor de la Asamblea de Pueblos Guaraníes. La Asamblea del Pueblo Guaraní está integrada por las capitanías Guaraní de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca y agrupa a todo el pueblo guaraní del Chaco boliviano.

Artículo 12

Observaciones de la CEDAW: (40, 41, 42, 43)

La CPE en referencia al tema de salud en el artículo 35 (II) señala que el sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena, originario campesinos. Así mismo el Estado tiene la responsabilidad de promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena, originario campesinos (artículo 42). La referencia específica a mujeres indígenas está fundamentada en el artículo 45, las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural, quienes gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los períodos prenatales y posnatal.

La CPE marca un avance fundamental al reconocer los derechos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (artículos 58 y 66), quedando así establecido el marco constitucional referencial para el diseño e implementación de toda la normativa y políticas públicas.

Art.35 I “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.”

Art 35 El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Art. 36 El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud.

Asimismo, cabe resaltar el artículo 58 de la Carta Magna que reconoce a niños, niñas y adolescentes como personas con derechos específicos para garantizar sus intereses, aspiraciones y necesidades específicas.

En el proceso de descentralización y construcción de un Estado Plurinacional, basado en autonomías, la salud tiene un régimen a nivel nacional y de autonomías; en este entendido la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley 031 de fecha 19 de julio del 2010, establece como una de sus finalidades que las autonomías impulsan “la integración social de sus habitantes bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo la descolonización”.

En nivel central del Estado tendrá las siguientes competencias: elaborar la política nacional de salud, armoniza relaciones de cooperación internacional, ejercer la rectoría y garantizar el funcionamiento del Sistema Único de Salud en todo el territorio nacional. Coordinar, supervisar y fiscalizar la implementación de una política de gestión nacional y capacitación de recursos humanos en el sector salud. El Estado garantiza la recuperación de la medicina tradicional en el marco del Sistema Único de Salud, artículo 81 de la CPE.

En el cumplimiento de las normas nacionales y la Convención sobre salud, el Estado ha incorporado a la normativa nacional decretos supremos que aseguran una efectiva implementación del derecho a la salud en mujeres. El Decreto Supremo No. 28968 del 13 de diciembre de 2006, reglamenta las prestaciones y seguro de salud para los bolivianos de ambos sexos y ciudadanos extranjeros con radicatoria permanente que tenga 60 o más años de edad, que no gocen del sistema de Seguro Social Obligatorio ni de otro tipo de seguro, se encontraran protegidos bajo el Seguro Medico Gratuito de Vejez.

La normativa existente en el ámbito de la salud es amplia y responde a las distintas problemáticas vinculadas a los derechos de las mujeres. El Estado aprobó el modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural (SAFCI), mediante Decreto Supremo No. 29601 de fecha 11 de junio del 2008. El Decreto Supremo establece el modelo de atención de salud, estructura la red de establecimientos de salud, estructura los niveles de salud: local, municipal, departamental, nacional; espacios de deliberación intersectorial. En el marco de la ejecución del SAFCI y las atribuciones conferidas al Ministerio de Salud, se aprueban los siguientes Planes Estratégicos a nivel nacional, estos planes tienen una cobertura temporal desde 2009 al 2015.

Plan Nacional de Salud 2010–2020, tiene como objetivo eliminar la exclusión social en salud. El Plan nacional comprende planes estratégicos: Plan Estratégico para mejorar la salud materna perinatal y neonatal en Bolivia 2009 – 2015, para enfrentar la reducción de la muerte materna y la mortalidad perinatal. Señalar que este Plan también responde a los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Plan Estratégico Nacional de salud sexual y reproductiva en Bolivia 2009–2015, tiene el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres en las diferentes etapas de la vida, con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad, mediante la organización de servicios de salud de calidad, la coordinación interinstitucional, intersectorial e interagencial y la participación protagónica de individuos, familias y comunidades.

El Plan Nacional de prevención, control y seguimiento de cáncer de cuello uterino en Bolivia 2009–2015, tiene por objetivo reducir la morbi-mortalidad por cáncer de cuello uterino en el ámbito nacional, mediante la implementación de intervenciones estratégicas de promoción de la salud, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de cuello uterino, dentro de los establecimientos del Sistema Nacional Salud, en el marco de la política SAFCI.

Plan Nacional para la Salud y Desarrollo integral de los adolescentes 2009–2013, contribuye a mejorar las condiciones de salud de los adolescentes y jóvenes, favoreciendo el ejercicio de sus derechos a través de la formulación de intervenciones preventivo y promocionales, en el marco del Plan de Desarrollo Quinquenal de juventudes, movilizando recursos públicos y privados en el contexto del SAFCI.

En el marco de la relación salud, género, e interculturalidad, adoptaron medidas de orden administrativo: normas y el Protocolo Clínico sobre el Empleo del Misoprostol en Ginecología y Obstetricia 2009 y la Resolución Ministerial 268/11-Ministerio de Trabajo. Disposición que concede un día de asueto a las trabajadoras de los sectores público y privado para que se efectúen exámenes de Papanicolaou y de mamografía, esta disposición es de carácter obligatorio, las empresas que no cumplan con ese mandato, serán sancionadas con multas.

El Ministerio de Salud y Deportes en el Plan Sectorial de Desarrollo, Eje 2, propone como objetivo “disminuir las inequidades y desigualdades (sociales, de género y culturales)”, respondiendo a este objetivo a partir de la Unidad de Promoción de la Salud y el Área Funcional de Género, se diseña el Lineamiento Estratégico de Género en salud, orientados a disminuir la discriminación y segregación de la mujer en todos los sectores sociales que estén limitando el ejercicio de sus derechos.

El mandato constitucional, permite al Ministerio de Salud y Deportes implementar el modelo de atención SAFCI, este modelo busca que el derecho a la salud se ejerza como un derecho fundamental que el Estado garantiza para que las personas, la familia y la comunidad tengan una atención integral. Con la nueva política SAFCI se propone que en el ámbito de interculturalidad se trabaje en la orientación de “…la articulación, complementariedad y reciprocidad en base a la aceptación, reconocimiento y valoración mutua de nuestros conocimientos practicas en salud que se da entre pueblos indígenas, originarios, campesinos, afro bolivianos y comunidades interculturales, a fin de contribuir al logro de relaciones simétricas de poder”.

De esta manera se ha incorporado el enfoque de género en la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural que elimina las brechas de desigualdad en la atención sanitaria entre géneros, incorporando indicadores de género en el Plan Sectorial de Desarrollo de Salud 2010-2020 cuyo objetivo ha sido evidenciar las relaciones de desigualdad entre los sexos y los efectos que influye sobre la salud, las oportunidades y la vida de las personas.

El reconocimiento jurídico y la participación política y ciudadana de los pueblos indígenas originarios campesinos ha influido para que actualmente las políticas públicas desarrollen mecanismos para la inclusión social y la reducción de la pobreza de los/as indígenas. Esto atañe también al sector salud, que cuenta con distintas estrategias, entre ellas la creación de un Viceministerio de Medicina Tradicional.

El Vice ministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad tiene la misión de fortalecer la medicina tradicional y su articulación, complementación con el Sistema Único de Salud, en un modelo de gestión y atención con enfoque intercultural, género e inclusión social. Su objetivo institucional es mejorar la salud y la calidad de vida de la población en general, mediante el impulso de la política sanitaria: SAFCI y la protección, revalorización, promoción, investigación de la medicina tradicional y natural.

La comprensión de salud desde el Viceministerio de Medicina Tradicional está sustentado en la concepción integral del vivir bien, su comprensión tiene un sentido espiritual a partir de la dualidad hombre y mujer. La medicina tradicional se fundamenta en los saberes y las prácticas con conocimientos ancestrales, la cosmovisión y las raíces filosófico culturales. El concepto de salud para la medicina tradicional andino/amazónica, está asentado en una cosmovisión integral entre la persona y su estrecha relación con la naturaleza, en equilibrio, armonía permanente, basada en la divinidad y comunicación con las deidades. La enfermedad está concebida como un desequilibrio de la persona con su propio entorno natural, por ello su curación es el re establecimiento de esta relación de la persona con la naturaleza.

Las acciones desarrolladas en la gestión 2012, han sido: Registro Nacional de Médicos/as, Parteras/os y Naturistas. Desde el año 2010 a través de la Dirección General vienen desarrollando un registro único a nivel nacional a las y los médicos, tradicionales, naturistas, parteras/os tradicionales. En coordinación con los Comités departamentales de registro de medicina tradicional, SEDES y el Viceministerio de Medicina tradicional realizan ferias departamentales y nacionales de medicina tradicional, en coordinación con el Ministerio de Salud, SEDES La Paz, y representantes del sector de medicina tradicional. Se tiene el Anteproyecto de Ley de Medicina Tradicional ancestral elaborada, revisada y presentada a la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Deportes, también presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El hospital de Patacamaya en el departamento de Oruro, contará con dos nuevas salas de parto con adecuación cultural.

En el área de registro de laboratorios artesanales dependiente del Vice ministerio de Medicina Tradicional viene coordinando el registro de los laboratorios artesanales con las redes en salud, y la continuidad de talleres de diálogo en los diferentes departamentos a nivel nacional, en el objetivo de realizar acciones conjuntas y de coordinación con las y los médicos tradicionales, parteras/os, curanderas/os en salud.

El Seguro de Salud para el Adulto Mayor, SSPAM, propone una atención de manera intercultural, tanto al varón como a la mujer, respetando sus derechos de acuerdo a lo que establece el modelo SAFCI. Tomando en cuenta que un mayor número de esta población son mujeres, de acuerdo a los Servicios Sociales para el Adulto Mayor de la Dirección de Género y Asuntos Generacionales de las alcaldías, 30 de cada 100 personas de la tercera edad sufren algún tipo de maltrato físico o verbal, maltrato emocional, abandono, maltrato cultural, económico u algún tipo de maltrato. En el marco de atención a esta población se promovió la creación de nueve Centros de Orientación Socio Legal para las Personas Adultas Mayores (COSLAM), en los municipios de Guayamerín, Yacuiba, Sena, Monteagudo, Tarija, Uncía, Punata, Copacabana y Caracollo (Informe Defensor del Pueblo, 2012). A su vez los municipios de Tarija, Cobija, Trinidad, Chimoré y Yacuiba, cuentan con atención de políticas públicas para este sector de la población.

El Seguro Universal Materno Infantil, SUMI, administrado por los gobiernos municipales, está dirigido a disminuir la morbi-mortalidad materna e infantil, además de aumentar la cobertura por medio de prestaciones esenciales de salud, con orientación preventiva y curativa, otorgando prestaciones a las madres desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto y a los niños y niñas hasta los cinco años de edad.

Un esfuerzo importante desde la gestión 2009 es el trabajo desde la Unidad de Promoción de la Salud y del Área de Género que viene trabajando en la estructuración de lineamientos estratégicos, para abordar el tema de los derechos de las mujeres y de las diferentes poblaciones con derechos más vulnerables que conforman la sociedad, documento que se ha denominado Lineamientos estratégicos de la política de Género en Salud 2011–2015: “Mujeres y Hombres construyendo el movimiento por la salud integral”.

Bono Juana Azurduy

El Decreto Supremo N° 66 de 3 de abril de 2009, crea el Bono Juana Azurduy con el objetivo de disminuir la mortalidad materno infantil y la desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años. Según el Ministerio de Salud mediante el Bono se ha logrado disminuir la desnutrición en el país del 27 al 15% en niños menores de dos años y el municipio de Zudáñez de Chuquisaca fue declarado libre de mortalidad materna en octubre del 2010. A la fecha existen 35 entidades pagadoras, 500 puntos de agencias distribuidas en las poblaciones más lejanas, además de cajeros móviles que se trasladan a poblaciones alejadas donde no existe conexión a Internet.

El Bono benefició a 226.787 madres y 638.208 niños y niñas menores de dos años. Además 150.000 madres asisten a sus controles prenatales y posnatales. Al mismo tiempo el Bono ha incrementado la demanda de servicios integrales de salud de mujeres embarazadas, a través de transferencias individuales por el cumplimiento de corresponsabilidades en salud. Esto se complementa con la otorgación gratuita de certificado de nacimiento y cédula de identidad para las madres. El Estado invirtió 90 millones de bolivianos para cancelar el beneficio y 10 millones destinados a los consultores médicos donde las y los médicos atienden a los/as niños/as y las madres, brindando asistencia nutricional y en salud sexual y reproductiva. Para el 2011 excede la inversión anterior de la gestión 2010 y articula parteras en el marco del programa familia en área rural.

Bolivia es pionera en la aplicación de políticas de lactancia materna -reconocidas por UNICEF el 2009- con la promulgación de la Ley de Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de los Sucedáneos, Decreto Supremo Nº 1155 aprobado el 6 de marzo de 2009.El Estado Plurinacional garantiza constitucionalmente a la población el acceso a los medicamentos, priorizando los medicamentos genéricos.

En este marco de protección a la población con capacidad diferenciada se ha adoptado el Decreto Supremo No. 1133 de fecha 8 de febrero del 2012, en el objetivo de establecer una Renta Solidaria por un monto de Bs. 1.000 (un mil 00/100 bolivianos) para personas con discapacidad muy grave y grave, en forma anual, apoyo económico que será financiado por el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad.

Avances y medidas adoptadas

Acceso a la salud

El Ministerio de Salud y Deportes y el Instituto Nacional de Seguros en Salud, INASES, indican que para el 2009 la situación de afiliación a algún seguro de salud corresponde a 3.131.733 de un total 10.227.299 habitantes, la cobertura en salud para la población femenina, para el mismo año corresponde a 51,30% que acceden a un seguro social y en el caso de los hombres alcanza a 48,703 %.

Población Protegida por los Seguros de Salud: Gestión 1980-2010

Fuente: Anuario Seguros de Salud 2010. Ministerio de Salud y Deportes e INASES.

Los porcentajes de acceso según pertenencia étnica señalan que: acceden a los servicios de salud un 51 % de los que declararon pertenecer a algún pueblo indígena, frente a un 63.9 % de los no indígenas. De este 51% que acceden, la población femenina más desprotegida es la campesina e indígena pues la mayoría de las mujeres que no están aseguradas son de habla guaraní con un 81%; quechua o aymara con un 77%, en cambio las mujeres que hablan castellano representa un 20%.

Se ha observado que el acceso a los servicios de salud ha mejorado en relación a atención de partos, inmunización y tratamiento de enfermedades. Sin embargo la ENDSA 2008 señala que el 92% de las mujeres bolivianas identifican al menos un problema de acceso a los servicios de salud.

Fecundidad

Según los datos de la ENDSA, el 2008 la tasa global de fecundidad (TGF), sigue siendo alta aunque con una disminución de 3.8 (2003) a 3.5 hijos por mujer. Además, ha persistido la brecha entre los lugares de residencia, en el área rural la TGF supera por casi el doble (5.5 hijos el 2003 a 4.9 hijos el 2008) a la del área urbana (3.1 hijos el 2003 a 2.8 hijos el 2008), no obstante en la zona rural la disminución fue mucho mayor (INE, 2004 y 2008). Persiste una diferencia entre el número de hijos/as que las mujeres desean y los que tienen; las mujeres que pertenecen al quintil más pobre tienen cerca de 7 hijos en promedio en contraste con los tres que deseaban tener, en tanto que las mujeres del quintil más rico tienen la cantidad de hijos que deseaban tener (dos). Según el Ministerio de Salud y Deportes, explica por la dificultad de acceder a información, orientación y servicios de anticoncepción que tienen las mujeres pobres.

La labor de difusión sobre orientación en salud reproductiva debe alcanzar una mayor efectividad asumiendo la visión intercultural en las comunidades indígenas, campesinas, bajo concepción cultural de los pueblos. En este sentido cada pueblo tiene una comprensión sobre su cuerpo, sexualidad y la familia.

Embarazo adolescente

De acuerdo con las proyecciones del INE (2008) hay 2.2 17.056 millones de personas cuyas edades van de 10 a 19 años y el 2010 esta población llegará a 2.282.602 millones tratándose de la mayor generación de adolescentes de la historia del país. En este sentido, su comportamiento sexual y sus intenciones reproductivas tienen una importancia crítica para la futura magnitud de la población boliviana. Se estima que de las 523.092 mujeres jóvenes entre 15 y 19 años de edad que viven en el país para el año 2008, algo más de 80.000 ya son madres o se encuentran embarazadas. Mientras que en las áreas urbanas se registra un promedio de 67 hijos por cada 1.000 mujeres adolescentes, en las áreas rurales del país este promedio llega a 132, casi el doble. Estos datos permiten al Estado asumir el problema en ésta dimensión, es decir que el problema se asienta en mujeres muy jóvenes, lo que exige un diseño de estrategias con exclusividad para esta población, asumiendo como ejes transversales la interculturalidad, salud sexual, lucha contra la violencia y pobreza en áreas rurales.

El porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas tiende a subir con el tiempo, de 14% el 1998 a 16% el 2003 y a 18% el 2008.En este sentido, el embarazo en adolescentes es en la actualidad uno de los problemas más acuciantes de salud pública. (ENDSA).

Continúa baja la utilización de métodos de anticoncepción por los/as adolescentes (6.1% de métodos modernos y 3.1% tradicionales). Se evidencia la necesidad de que la educación sexual y reproductiva es una necesidad en los y las adolescentes (38%) y las mujeres jóvenes de 20 a 24 años (27%) que el promedio nacional (20%).

La persistencia de falta de información en salud sexual y reproductiva y servicios adecuados, que junto a condiciones de pobreza, nivel educativo, violencia sexual y género, sobresalen entre las determinantes asociadas con embarazos no deseados en adolescentes. Según la ENAJ, los/las adolescentes y jóvenes demuestran escaso conocimiento de sus derechos para acceder a la educación en salud (20%) y a tener un nombre como parte de su identidad (14%). Respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, la tasa de desconocimiento alcanza un 50%. Este hecho ha impulsado campañas de difusión y sensibilización sobre la situación de encarar una vida de salud reproductiva con decisión y conciencia, a través de diferentes formas de información, oral y escrita. Las acciones realizadas por parte del Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes institucionalizarán en la currícula educativa la aplicación de la educación para la sexualidad en todos los ciclos y niveles.

El Estado nacional encara el tema de embarazo adolescente como se observa en la legislación nacional, en las normas del país sobre Salud Sexual y Reproductiva y sobre adolescencia y juventud:

•La anticoncepción para adolescentes previa orientación y asesoramiento, con objetivos de evitar embarazos no deseados, aborto y contraer Infección de Transmisión Sexual incluyendo el VIH/SIDA.

•El registro en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), de las actividades de atención a adolescentes y jóvenes, incluyendo variables relacionadas con el embarazo, anticoncepción, violencia sexual e ITS/VIH/SIDA.

•Se garantiza legalmente a las adolescentes embarazadas su derecho a la educación y procurarles atención especial en materia de salud.

•En el modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural–SAFCI, se ha dado operacionalidad a la atención diferenciada en adolescentes, a partir de la conformación de redes sociales favoreciendo entre la oferta y la demanda.

La Ley N° 54 de 8 de noviembre de 2010 Reformas al Código Penal, propone mecanismos de protección a adolescentes victimas de trata, prostitución, abandono, contagio de enfermedades de transmisión sexual, rapto, proxenetismo. Esta Ley endurece las penas hacia los transgresores de los/as adolescentes.

Frente al alto índice de embarazos adolescentes, el Ministerio de Salud y Deportes ha levantado una Línea Base sobre cuidados obstétricos y neonatales de emergencia, CONE, que se ejecuta dentro del Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Materna y Neonatal, así como del Plan de Salud Sexual y Reproductiva (2009-2015), donde se plantea mejorar el acceso a los servicios de salud especialmente para la atención del proceso reproductivo, la atención inmediata del recién nacido/a, así como las posibles hemorragias en la primera mitad del embarazo y consecuencias de embarazos no deseados, como la información para la utilización de métodos de planificación familiar.

Uno de los compromisos más importantes asumidos por el Estado en el Organismo Andino de Salud, es promover la Ley para la Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes, (REMSAA XXVIII 143). Por otra parte la contribución al fortalecimiento de los vínculos intersectoriales desde el año 2007 al 2012 se han realizado jornadas por la prevención del embarazo adolescente con más de 10.000 jóvenes a nivel nacional, lo que ha permitido impulsar temas de juventud en los estatutos autonómicos, cartas orgánicas y planes estratégicos a nivel departamental y municipal. Y a nivel regional, se ha logrado, aprobar, el 23 de noviembre de 2012, la “Política Andina: Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo”, con el objetivo de lograr que los países andinos determinen estrategias y realicen acciones oportunas, efectivas y eficaces, que contribuyan a que las/los adolescentes puedan ejercer de manera universal el derecho de acceder a la información y a servicios de salud pertinentes a sus realidades y destinados a favorecer un desarrollo saludable, a través de fortalecer las capacidades socio sanitarias de los países en la atención específica de las necesidades adolescentes, incluyendo el área de la salud sexual y reproductiva, libre de coacción y violencia y considerando la prevención del embarazo.

Salud materna

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 2008 y el INE señalan que la situación de la salud materna tiende a mejorar. Los indicadores muestran que de un 70% de mujeres que asistían a un control prenatal con médico se ha aumentado a 77%. Sin embargo las diferencias por zona de residencia continúan siendo grandes para el 2008 el 91% de las mujeres urbanas recibieron esta atención en cambio sólo 58% en el área rural. También es alarmante la diferencia por nivel educativo, porque únicamente el 52% de las mujeres sin ningún tipo de educación formal acceden a controles prenatales con un médico, en cambio el 97% de las mujeres con educación superior sí tienen este servicio. Igualmente preocupa la brecha entre los departamentos de Bolivia, el porcentaje más bajo de mujeres que asisten a sus controles está en Potosí (55%) en relación a los altos niveles de Tarija (84%) y Santa Cruz (90%).

Los datos que se registran a nivel de los servicios prestados corresponden a:

Coberturas de control prenatal, según tipo de control prenatal 2008 – 2010

Tipo de control Prenatal	2008	2009	2010 preliminar
Consultas prenatales nuevas	366,700	383,887	386,352
Consultas prenatales repetidas	724,758	838,568	88,233
Consultas de control Prenatal antes del Quinto Mes	206,131	227,346	237,350
Consultas de Control Prenatal a partir del Quinto mes	160,569	156,541	149,002
Consultas del Cuarto control Prenatal	148,585	164,911	163,258

Fuente: Min de Salud /INE

Respecto a la atención del parto por un médico, la ENDSA permite notar que el porcentaje se ha elevado de un 56% en el 2003 a 66% en el 2008. Pero nuevamente se revela que hay diferencias por área de residencia ya que en la zona rural son menos los partos atendidos por un médico tan solo 42% frente a 87% de la zona urbana, nuevamente se manifiesta una brecha por departamento ya que en Potosí se encuentra el porcentaje más bajo de partos atendidos por médicos (42%) frente a los altos niveles de Tarija (80%) y Santa Cruz (90%).

Sobre los partos que fueron atendidos en instituciones de salud, se observa que se aumentó de 57% en el 2003 a 68% en el 2008. Pero como en el anterior caso, los niveles más bajos están en el área rural de Bolivia (44%), así también en el departamento de Potosí (47%) en relación a Santa Cruz (92%).

De acuerdo a los registros que se tienen en los servicios prestados se puede observar que se ha incrementado el número tanto de atención prenatal como de parto por médico.

Atención prenatal y de parto por médico según área de residencia

Área de residencia	2007	2008	2009	2010	Total
Área rural	441.971	449.663	507.676	529.815	1.929.125
Área urbana	776.904	790.380	879.690	900.275	3.347.249
Total	1.218.875	1.240.043	1.387.366	1.430.090	5.276.374

Elaboración propia según datos del SNIS

En relación con el embarazo en adolescentes, se tiene poca información acerca de los cuidados durante el embarazo, parto y puerperio. El 37% de madres adolescentes tienen anemia, tienen necesidades insatisfechas relacionadas a aspectos nutricionales, psicosociales, problemas de piel, entre otros, en el área de salud sexual y salud reproductiva acceso a educación sexual, atención diferenciada, información sobre su salud. Asimismo, madres adolescentes están expuestas a riesgos relacionados con el inicio de la actividad sexual a temprana edad, violencia, ITS/VIH/SIDA, embarazos no deseados y abortos.

De acuerdo con datos del MSD, un 85% de adolescentes embarazadas ha recurrido a la atención prenatal. En la mayoría de los casos prácticamente no hay diferencias en el porcentaje de adolescentes y el resto de las mujeres en edad fértil. Sin embargo, entre las adolescentes se observa un mayor porcentaje con un número menor de controles o que el inicio del control fue ligeramente más tardío. Respecto a la atención del parto, este porcentaje baja en relación con los controles prenatales.

Mortalidad Materna

La Razón de Mortalidad Materna, RMM, entre 1994 y 2003 se redujo de 390 a 229 por cada 100.000 nacidos vivos. La mortalidad materna sigue siendo mayor en las áreas rurales donde las mujeres, especialmente las adolescentes, corren el riesgo de morir 4,4 veces más que en relación al área urbana (64,3% y 15,3%). Además, el 47% de las mujeres que fallecieron tenían menos de 30 años, el 71% tenía menos de 6 años de escolaridad. El 38% de las mujeres en el área urbana, en edad fértil tuvo anemia; un 42.8% en el área rural el 2008.

De acuerdo al Informe del Defensor del Pueblo (2012) seis de cada diez niños, niñas y adolescentes sufren necesidades básicas insatisfechas y cinco de cada diez viven por debajo de la línea de la pobreza. Cada año nacen en Bolivia 255 mil niños y niñas, pero ya en el primer mes mueren más de 7 mil y otros 7 mil no llegan a cumplir el primer año de vida, otros 70 mil sufren de desnutrición crónica, lo cual se incrementa la posibilidad de que niños y niñas mueran antes de cumplir el mes de vida. Sin embargo el esfuerzo de estos últimos años, por parte del gobierno, se refleja en la reducción de la mortalidad infantil (50 por mil nacidos vivos en 2008), la mejora en los niveles nutricionales de niños y niñas menos de cinco años de edad (22% de desnutrición crónica), y en el incremento en la cobertura de protección de vacunas y lograr la erradicación de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal.

También para equiparar las condiciones de vida, de esta población joven con un alto grado de vulnerabilidad, se ha incrementado el acceso del agua potable y saneamiento hasta un 75% de población total, lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida; durante estos últimos años los propios niños, niñas y adolescentes han avanzado en la construcción de espacios y tener mayor protagonismo desde sus propios espacios.

La ENDSA 2008 indica que la mortalidad neonatal representa un poco más del 50% de la mortalidad infantil (menores de un año) y el 40% de la mortalidad de la niñez (menores de 5 años). La tasa de mortalidad ha disminuido en el área rural de 35 a 26 por cada 1.000 nacidos vivos, en tanto que en el área urbana se revela una leve disminución de 20 a 21 por 1.000 nacidos vivos.

En cinco años el porcentaje de partos atendidos por personal médico se ha incrementado del 56% al 66% en todo el país, aunque con grandes diferencias por área de residencia (87% urbano, 28% rural) y nivel de educación (35% sin educación y 97% con educación superior).

Las decisiones de las mujeres para buscar ayuda oportuna están todavía muy influenciadas por la pareja o los parientes, evidenciando su falta de empoderamiento. El acceso a servicios para control prenatal y parto para mujeres del área rural sigue siendo bajo. Esto es más problemático en regiones alejadas. Frente a esta situación el SUMI ha asumido una política acertada para la eliminación de las barreras económicas al acceso a los servicios.

Las pruebas rápidas de VIH y otras ITS (Sífilis) en los controles prenatales han contribuido a la prevención y tratamiento oportunos, evitando mayor riesgo a las madres y sus niños/as. La anticoncepción de emergencia, disponible a la población mediante el SUMI, ayuda a prevenir un embarazo no deseado.

Aborto

En Bolivia el aborto constituye la tercera causa de muerte materna contribuyendo con un 9,1% al total de muertes maternas. Según investigaciones se señala que se producen en el país unos 100 abortos clandestinos cada día, en condiciones que ponen en grave riesgo la salud de las mujeres en todo el país. La principal causa es el embarazo no deseado (Ministerio de Salud y Deportes, 2009b).

Se aprueba la inclusión del Misoprostol dentro de la lista de insumos básicos del Seguro Universal Materno Infantil, para todos los usos Gineco-Obstétricos de conformidad a los Protocolos y Procedimientos aprobados (MDS, 2009).

En la Asamblea Legislativa Plurinacional existe un Proyecto de Ley para reglamentar el aborto terapéutico para las mujeres, que fue trabajado por la Comisión de Derechos Humanos. El proyecto de Ley plantea, la regulación de la interrupción legal del embarazo en el marco de los derechos fundamentales a la vida, la salud y a la seguridad establecidos en el artículo 7 inc. a) y del mandato contenido en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado.

Anticoncepción

En los últimos años, según la ENDSA, se ha producido un aumento del uso de los métodos llamados tradicionales (de 23% en el 2003 a 26% en el 2008), manteniéndose constante el uso de métodos modernos (35%). En los últimos años tanto en el área rural como urbana el método anticonceptivo más utilizado continúa siendo el ritmo o abstinencia periódica. Sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos, la inyección es la más utilizada, incluso se registra un incremento importante de 8% el 2003 a 11% el 2008, en cambio el DIU ha disminuido de 10% el 2003 a 8% el 2008.

La anticoncepción de emergencia en el país fue aprobada e introducida hace más de 5 años. Sin embargo, siendo un método de importancia para el ejercicio de los derechos de las mujeres no hay información sobre su acceso y uso.

La necesidad de Planificación Familiar sigue siendo mayor entre las mujeres más jóvenes. La ENDSA 2008 menciona que el 38% de las adolescentes (15 a 19 años), no acceden a anticonceptivos en comparación con el 9% entre las mujeres de 45-49 años. En relación al uso del condón entre los adolescentes de 15 a 19 años sólo el 2% usaron condón.

Ante esta situación, se observa poca articulación interinstitucional e intersectorial para prevenir la vulneración de los derechos de mujeres, adolescentes y jóvenes y reducir brechas e inequidades en el acceso a servicios incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, nutrición y protección social. La comprensión adulta sobre el tema, es una barrera de fondo que no permite reconocer de manera efectiva a los/as adolescentes como sujetos, es decir personas con autonomía y con capacidad para participar activamente en las políticas públicas, tanto en relación a sus derechos como sus proyectos de vida.

Cáncer de cuello uterino

El Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento del Cáncer de Cuello Uterino 2009-2015 identifica los principales problemas e intervenciones para la prevención, detección y tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino (CACU), indica que el incremento en la cobertura del Papanicolaou no es suficiente si no se llega al 80% de las mujeres en edad de riesgo. Además la cobertura de 2007 equivale al 11.6%, (312.374 mujeres), esta tasa corresponde al número de muestras de PAP tomadas, y no al número de mujeres con resultado citológico. Incorpora la prueba de Inspección Visual con Acido Acético, IVAA, que es una prueba rápida de detección y adecuada para lugares inaccesibles a servicios de salud o a la prueba del PAP, principalmente el área rural. Incluye en el SUMI la atención de esta patología hasta el estadio in situ. Situación relacionado con el acceso de las mujeres a este servicio, en este contexto la Ley No. 269 del 21 de agosto de 2012, garantiza su derecho lingüístico para el acceso a los servicios públicos, en el derecho al ejercicio de la plurinacionalidad.

Se ha implementado el proyecto piloto de vacuna contra este cáncer inicialmente en tres departamentos. A la fecha fueron administradas gratuitamente la primera de tres dosis a 3.890 niñas entre 9 y 13 años, 1.300 en El Alto, 1.290 en Oruro, y 1.300 en el chaco chuquisaqueño.

Infección de Transmisión Sexual/VIH/SIDA

El Sistema Nacional de Información en Salud indica que hasta el año 2008 se notificaron 3.588 casos (2.424 personas con VIH y 1.164 casos de SIDA), de los cuales 1 de cada 3 (28%) se presenta en adolescentes y jóvenes, constituyéndose en el grupo de mayor riesgo.

En general, se ha mejorado en el registro y notificación de la enfermedadgracias a que el Programa de ITS/VIH/SIDA ha estado implementado pruebas rápidas y gratuitas del VIH. Las pruebas rápidas de VIH están llegando sobre todo a mujeres embarazadas y trabajadoras sexuales, en cambio son menos las pruebas que llegan a los hombres lo cual les pone en una situación riesgosa.

La prueba rápida y el correspondiente incremento de los recursos asignados por el Estado, ha permitido aumentar la cobertura de notificación de casos de forma más oportuna, ello ha incido en una reducción importante de la prevalencia de SIDA. La integración de los programas de prevención y de atención se considera un avance que mejora la salud y tiene un impacto expansivo en la comunidad.

La promulgación de la Ley No. 3729 de fecha 8 de agosto del 2007, para la prevención del VIH-SIDA, protección de los Derechos Humanos y Asistencia Integral Multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH-SIDA (2007) y su correspondiente reglamentación, son el marco para el Plan Estratégico Multisectorial 2008-2012 con enfoque de derechos y la constitución del CONASIDA refuerzan un enfoque intersectorial. Asimismo, se constata una mayor sensibilización y participación de la sociedad civil, incluidos grupos organizados de Personas que viven con VIH/SIDA.

Artículos 13 y 14

Observaciones de la CEDAW: (11, 13,17)

El Estado Parte comparte las preocupaciones de la CEDAW en este tema y está desplegando una diversidad de medidas encaminadas a superar la extrema pobreza que afecta en general a los pueblos indígena originario campesinos y en especial a las mujeres. Es importante mencionar que como resultado de estos esfuerzos, en los últimos 4 años la extrema pobreza se ha reducido en un 10%. Aun así, la pobreza se manifiesta con mayor fuerza en el área rural 63,94 %, mientras en el área urbana el promedio total alcanza a 23,67 %.

La CPE en referencia a los Derechos de las Naciones y pueblos indígenas, originario campesinos, artículos 30 (I, 1, 4, 5, 6, 7, 13,14 y 17) manifiesta el reconocimiento a los sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión, a que sus formas de ser, pensar y hacer se respetan en el marco del ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En relación a la estructura económica del Estado, éste “reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos” artículo 306 (I). La economía plural comprende como la garantía de respeto a las tierras colectivas y privadas, se promocionará y fomentará el área comunitaria de la economía como una alternativa solidaria en el área rural y urbana.

La Ley No. 3545, de fecha 28 de Noviembre de 2006, referida a la Modificación a la Ley No. 1715, Reconducción de la Reforma Agraria, que tiene por objeto incorporar nuevas disposiciones a la Ley No. 1715 de fecha octubre de 1996, como adecuar y compatibilizar a la Ley No. 3351 de febrero 2006, uno de los aportes importantes en el marco de Disposiciones Transitorias hace referencia a la equidad de género. “Se garantiza y prioriza la participación de la mujer, en los procesos de saneamiento y distribución de tierras. En caso de matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en primer lugar. Igual tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios mujeres y hombres que se encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado civil”.

La Ley No. 144 del fecha 26 de junio 2011, Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria tiene por objeto normar el proceso para la soberanía alimentaria, estableciendo bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de los productos agropecuarios y forestales, de las y los diferentes actores de la economía plural, en armonía y equilibrio con las bondades de la madre tierra. Mejorando el acceso a insumos, infraestructura productiva, asistencia técnica y capacitación y el manejo sostenible y adecuado del agua y los recursos genéticos para garantizar los procesos productivos.

La Ley No. 144 en el artículo 13, señala: “fortalecer de manera integral la base productiva con énfasis en las prácticas locales y ancestrales de las comunidades para una gestión integral que optimice el uso y acceso del agua para riego desde una visión de manejo de cuencas que proteja el agua para la vida, recuperación de la fertilidad del suelo mediante la reposición de cobertura vegetal, abonos orgánicos, terrazas y la conservación e incremento de la biodiversidad a través de la recuperación y crianza de semillas nativas y producción de semillas mejoradas y otras acciones que protejan la biodiversidad contra la biopiratería y la tendencia al monopolio de las transnacionales de semillas”.

La Ley No. 300 de fecha 15 de octubre 2012, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en su artículo 1 “tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para vivir bien, garantizando la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando, fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación”.

La Ley tiene por objeto orientar el desarrollo integral, a través de políticas específicas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para Vivir Bien, en armonía integral y equilibro con la Madre Tierra, bajo los principios de relación armónica, justicia social, justicia climática, economía plural, diálogo de saberes. Vivir bien a través del desarrollo integral implica la construcción de una sociedad justa, equitativa, en armonía y equilibrada con la Madre Tierra, artículos, 7 y 8. Las bases y orientación del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, se sustenta en el artículo 23, respetando los sistemas de vida de cada pueblo.

Las bases y orientaciones del Vivir Bien, están alienados a la revalorización, protección y aplicación de conocimientos ancestrales, colectivos e individuales de los pueblos indígenas relacionadas con la capacidad de regeneración de la Madre Tierra y el uso de la biodiversidad, bajo el respeto del derecho a la consulta con los pueblos. El desarrollo integral para Vivir Bien en armonía y equilibrio de la Madre Tierra, será regido por un Consejo Plurinacional como instancia que garantiza su cumplimiento, el cual estará constituido por representantes de la Asamblea Plurinacional, Órgano Ejecutivo, Defensoría de la Madre Tierra, los Gobiernos autónomos, departamentales, sectoriales y organizaciones sociales.

Políticas públicas: Avances y medidas adoptadas

En este contexto el Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Tierras ha implementado diferentes unidades operativas: Unidad Desconcentrada del Programa de Apoyo a la Seguridad, para el año 2011, ha realizado acciones concretas como: Talleres artesanales y capacitación, 40 talleres en artesanías, número de beneficiarios de este proyecto son, 8.125; apoyo a la producción agropecuaria, 240 hectáreas de semilla de papa sembradas, 316 hectáreas de forraje cultivados, establecimiento de 75 hectáreas conservadas, 14 invernaderos, 6 silos construidos, 1.000 hectáreas de maíz y trigo, 240 hectáreas de papa y 240 colmenas, número de beneficiados con estas acciones son 9.362 familias.

Construcción de infraestructura, 314 hectáreas incrementales con riego, 7415 familias beneficiadas. Fomento a la producción agroindustrial, una planta para el beneficio de la castaña, 162 cabezas de ganado, un centro productivo multifuncional de alimentos, 6 carpas solares y un centro de acopio, número de familias beneficiadas 1.713 familias. Más de 26.000 familias originarios campesinos se han beneficiado con proyectos orientados a fortalecer las capacidades productivas.

En el Programa alianzas rurales, se han capacitado a 1.834 beneficiados con talleres de capacitación y fortalecimiento organizativo productivo en administración técnica y financiera de sus planes de alianzas. Transferencia directa de recursos por el monto de 76 millones de bolivianos que beneficiaron a 7.577 familias, con resultados como 79 organizaciones productoras, 25.676 jornales contratados y pagados por familias productoras. Los efectos directos, 262 organizaciones de productores campesinos han ampliado sus conocimientos respecto a la gestión productiva, administrativa y financiera. Más de 7.500 familias originarias y campesinas han transferido recursos para las iniciativas productivas, fortaleciendo su economía familiar. Más de 3.400 familias organizadas en 79 organizaciones productivas han mejorado su ingreso, sus condiciones de vida y su seguridad alimentaria.

A través del Proyecto de Desarrollo Económico Territorial con Inclusión, el proyecto trabaja en 36 municipios de los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa Cruz, apoyando a más de 15.000 familias de pequeños productores. 105 asociaciones de productores agropecuarios reciben más de 11 millones de bolivianos para financiar sus iniciativas productivas, se refiere transferencia directa, de las cuales son beneficiadas 1.5750 personas.

La Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica, este programa promueve alianzas productivas entre diferentes actores económicos a nivel local, entre pequeños productores rurales y acciones de mercado, con transferencia directa de recursos económicos, se ha conformado el Primer Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca en el año 2011. El Vice ministerio de Desarrollo Rural ha elaborado 81 proyectos para todo el país,, beneficiando a 222.781 familias a nivel nacional, dirigido fundamentalmente para pueblos indígenas y campesinos.

Acceso a Tierra y Territorio

El Vice ministerio de Tierras, se encuentra profundizando el proceso de saneamiento de tierras, en base al Plan de Desarrollo Sectorial y el Plan de Nacional de Desarrollo. El año 2011 se ha elaborado 26 informes Técnicos y Certificados correspondiente al Registro de Identidad de Pueblos Indígenas, Originarios, con certificación de 24 en tierras altas y 2 en tierras bajas. También se han elaborado y remitido al Instituto Nacional de Reforma Agraria 26 informes de necesidad y uso del espacio territorial, para su titulación. Se han constituido 45 demandas campesinas, indígenas, originarias e interculturales asentada en 118.540 hectáreas en los departamentos Pando, Santa Cruz, Beni y La Paz. Se ha realizado las siguientes acciones en el marco del Instituto Nacional de Reforma Agraria: Saneamiento de 59.4 millones de hectáreas. Dotación de 1.3 millones de hectáreas, Reversión de 79.784 hectáreas de tierras fiscales. De las acciones mencionadas los efectos directos son: 724.112 familias cuentan con títulos de tierras. 8.771 han sido dotadas con tierras fiscales. 79.784 hectáreas han sido revertidas para su posterior dotación, 9.067 hectáreas de tierras están disponibles para saneamiento y titulación.

Acceso a servicios básicos

Entre el 2006 y 2009, más de 478.000 personas se beneficiaron con servicios de saneamiento básico en todo el país; la cobertura de electricidad en el área rural, subió del 35,8% al 47% el 2009 con lo que 434.413 hogares se beneficiaron con electricidad, estos avances contribuyeron a mejorar las condiciones de vida en el área rural. (Min. Planificación, 2006-2009).

Acceso al Agua

Las luchas reivindicativas de la población boliviana para asegurar el acceso al agua como un derecho humano se han traducido en la Constitución Política del Estado. En este marco, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ha asumido explícitamente el reto de considerar la equidad de género en sus programas y normativa ; de este modo, el Reglamento Nacional de Presentación de proyectos de Agua y Saneamiento incorpora la equidad de género en el componente de Desarrollo Comunitario (norma de cumplimiento obligatorio y debe ser presupuestado), considerando la educación sanitaria y ambiental, educación en salud e higiene con el objetivo de mejorar la participación de la mujer y lograr la sostenibilidad de las inversiones.

En la gestión 2010, se elaboró la Guía de Implementación del Enfoque de Equidad de Género en los Proyectos del Sector de Saneamiento Básico, instrumento que operativiza la transversal de equidad de género a través de métodos y técnicas que se adaptan al ciclo de los proyectos y del desarrollo comunitario, lo cual permitirá a actores públicos, privados y de la sociedad civil, involucrarse en las decisiones e implementación de la estrategia Social Sectorial en Bolivia. De esta manera se ha avanzado en la incorporación de la igualdad de género en el diseño de políticas sectoriales, programas y proyectos, superando la visión asistencial y paternalista que vulnerabiliza a las mujeres y las reduce a sus roles de madre, esposa y amas de casa.

Proyectos de agua potable y saneamiento básico

Concluidos	Total beneficiarios/as: 3.486.363
En ejecución	Total beneficiarios/as: 1.397.912
Programado	Total beneficiarios/as 2.881.849

El Programa Nacional de Cuenca de Riego con enfoque de Cuenca ha apoyado para el aumento de ingreso agrario de los hogares rurales a través del aumento de superficie agrícola bajo riego con mejoramiento y distribución del agua, para fines productivos. El programa se ejecuta con dos componentes, I. Inversiones para el desarrollo comunitario, se financia estudios de pre-inversión, construcción, rehabilitación, en 33 proyectos de riego comunitario comprendidas en siete departamentos del país, aproximadamente en 9.000 hectáreas. El componente II. Se financia a Servicio Nacional de Riego (SENARI) y Plan de Desarrollo de Riegos (SEDERIs), para la asignación de derecho de uso de agua y asistencia técnica y capacitación.

La Dirección de Cuencas y Recursos Hídricos viene promoviendo la Gestión Integral de Cuencas y Recursos Hídricos a nivel regional a partir de los siguientes planes: Plan Director de la Cuenca del Rio Katari, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El Plan Director de la Cuenca Rio Grande y el Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó.

Acceso a la vivienda

En el marco del Decreto Supremo N° 28794 de 12 de julio de 2006, se crea el “Programa de Vivienda Social y Solidaria, PVS, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como instrumento de la nueva política de vivienda, con la finalidad de establecer y consolidar mecanismos de faciliten el acceso de la vivienda digna priorizando a la población de menores recursos económicos, bajo los preceptos de equidad social. Unos de los objetivos del Programa hace mención explícita a las mujeres: “f) la inclusión de la mujer como participante y beneficiaria, que puede acceder a soluciones habitacionales mediante crédito y subsidio con o sin aporte propio tanto en el área urbana como rural”.(Sistema de información de proyectos, VMVU)

Este acceso a las viviendas de interés social puede realizarse mediante crédito y/o subsidio con o sin aporte propio en el área urbana o rural. Los departamentos que están siendo beneficiados con un mayor número de mujeres son Tarija, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba que representan un 76% (7.463 personas) del total de personas favorecidas.

Nivel de instrucción

El nivel de instrucción de las mujeres muestra importantes avances: mientras el 2003 solo el 8,98% accedía al nivel secundario, el 2007 accedía el 12.5%. En el mismo periodo el acceso de las mujeres rurales al nivel superior ha subido del 3,68% al 5,2%8 respectivamente. (Encuesta Continua de Hogares 2003, 2004,2005).

Bono Juana Azurduy, el Bono Juancito Pinto y el Bono Dignidad

En el ámbito social, el Bono Juana Azurduy, el Bono Juancito Pinto y el Bono Dignidad, beneficiaron a las mujeres niños/as y ancianos/as del área rural. El Bono Juana Azurduy llega a 208 mil madres y 341 mil niños cada año. Se ha disminuido la desnutrición crónica en menores de 2 años de 20,64% en el año 2008 a 15,89 % en el 2010, con una inversión de Bs. 94 millones hasta el 2010.

Acceso a tierra

Los avances en términos de titulación son importantes, entre el 2008 y el 2010, más de 28 mil títulos han sido emitidos exclusivamente para mujeres. La efectivización de la norma, aún enfrenta una diversidad de dificultades, como la ausencia de documentación personal que limita el registro de las mujeres como titulares de la tierra, la exclusión de mujeres en procesos de saneamiento, las resistencias de los hombres y de las propias mujeres en relación a los usos y costumbres, el desconocimiento de la normativa y los procedimientos para la titulación, entre otros. Se distribuyeron 9.994.878 hectáreas a los pequeños productores y pueblos indígenas, entre 2007-2009.

Titulación de tierras 2008-2010

	Mujeres	Mujer-Hombre	Hombre	Persona Jurídica
2008	6.949	10.082	12.356	1.309
2009	12.303	20.044	15.824	1.696
2010	9.457	13.437	13.814	1.134

Medidas para el Desarrollo rural

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene la finalidad de favorecer un desarrollo rural integral, sustentable y planificado que articule las diversas potencialidades productivas de las regiones y culturas para nivelar los desequilibrios económicos y sociales y las economías de acumulación individual. En este marco se ha formulado el Plan de Desarrollo Sectorial “Revolución rural y Agraria”, de actual implementación a través de los Viceministerios de Desarrollo Rural y Agropecuario, el Viceministerio deTierras y el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

La diversidad de programas que ejecuta el Ministerio en el marco del Plan están articulados a organizaciones sociales y favorecen a productores y productoras individuales o familias rurales. Si bien este enfoque impide identificar -en la mayoría de los casos- el número de mujeres beneficiarias de estos programas, sin embargo, considerando que es un hecho que las mujeres dedicadas a la actividad agropecuaria juegan un rol fundamental en los procesos productivos y de generación de ingresos, es pertinente identificar el conjunto de medidas que se vienen implementando para dotar de mejores condiciones de acceso a crédito, bienes, tierra, semilla, capacitación técnica, y otros, que resultan fundamentales para avanzar en términos del vivir bien.

Entre los programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se destacan los siguientes: El Centro de Investigación Acuícola Boliviano (CIDAB) los logros alcanzados a 2011, ha apoyado a pescadores para el desarrollo de la trichicultura en la Cuenca del Lago Titicaca, basado con jaulas flotantes, estableciendo 240 jaulas flotantes en cinco provincias, para producir 82 toneladas de trucha, beneficiando a 700 familias.

Apoyo a la valorización de la economía campesina de camélidos con el apoyo de agentes de sanidad animal y 17 farmacias veterinarias, cofinanciación a 37 ferias orientadas al intercambio de experiencias y conocimiento de la crianza de ganado, y producción de derivados de cuero, carne y fibra, gastronomía y eventos que permiten revalorizar los productos nativos.

Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria

Tiene como objetivo gestionar, administrar y ejecutar programas y proyectos integrales enmarcados en la política de seguridad y soberanía alimentaria, en apoyo a la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos en cantidad y calidad adecuada, dirigidos al consumo y para venta.

Se han ejecutado más de 110 proyectos con características de apoyo a la infraestructura productiva, asistencia técnica, capacitación y transferencias directas entre otras tipologías. Se ha beneficiado a 118.000 productores de los municipios más vulnerables a la inseguridad alimentaria de Bolivia.

Programa “EMPODERAR”

Permite realizar transferencias directas de recursos a los miembros de las alianzas de productores/as. Se han firmado 258 convenios de financiamiento con las organizaciones de productores y productoras que cuentan con planes de alianzas aprobadas, permitiendo al proyecto contar con un acumulado de 568 organizaciones de productores que reciben transferencias directas del proyecto, alcanzando a beneficiar a 22.742 familias productoras del total de las alianzas y comprometer Bs. 232 millones. 3.976 representantes capacitados, de los cuales 1.806 han sido en la gestión del 2010.

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF

Tiene como objetivo promover e incentivar la innovación agropecuaria y forestal, fortaleciendo la producción y productividad sustentable, optimizando los recursos y las capacidades institucionales propias del sistema de innovación en su conjunto, para contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. Entre los resultados se reportan: entrega de 71 sistemas de micro riego en el departamento de La Paz y 35 en el departamento de Oruro; introducción de la Alfalfa en la cuenca lechera de los departamentos de La Paz y Oruro; conformación y apoyo al desarrollo de redes, producto de un trabajo articulado dirigido a apoyar a pequeños/as y a medianos/as productores/as agricultores/as en diferentes rubros. Capacitados/as 422 productores/as de 16 comunidades del departamento de La Paz. Se beneficiaron 2.651 hombres y 2.125 mujeres; en total 4.776 familias.

Plan Vida- Programa de erradicación de extrema pobreza

El Ministerio de Planificación del Desarrollo viene implementando el Plan Vida, diseñado para trabajar sobre las causas estructurales de la pobreza y realiza intervención integral con una visión social y productiva de largo plazo. En su primera fase opera en los 37 municipios más pobres del país y arrancó con la construcción de 1.200 viviendas en el Norte de Potosí. En esta región, nueve de cada diez personas son extremadamente pobres, por lo que la iniciativa está destinada a resolver la problemática de la vivienda en varios municipios del Norte de Potosí.

En el marco del Programa de erradicación de extrema pobreza en los municipios del Norte de Potosí ejecutado a través del Fondo de Inversión Productiva y Social y el Programa de Apoyo y Seguridad Alimentaria, se implementan proyectos productivos y de infraestructura en las zonas de extrema pobreza. Uno de los aspectos más destacables es la participación de las Mama Autoridades del Norte de Potosí y la Federación Sindical de Mujeres Originarias del Norte Potosí, en los procesos de priorización de proyectos, junto a otras instancias sindicales y originarias de la zona. En este proceso se registraron 245 proyectos de infraestructura y 244 proyectos productivos que fueron ejecutados en la gestión 2011.

Entre el 2006 y el 2010 la inversión en pequeños productores ha sido de 71.409.965 millones de dólares, lo cual prácticamente duplica las inversiones en el periodo 2001-2005 (42.153.980 millones de dólares), lo cual es generar condiciones para avanzar hacia el Vivir Bien.

Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas, FDPPIOYCC

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas, FDPPIOYCC, se crea por Decreto Supremo Nº 28571 de 22 de diciembre de 2005, con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Asimismo, en su artículo 9º se establece que el FDPPIOYCC tendrá como fuente de financiamiento regular, el flujo de recursos provenientes del cinco por ciento (5%) de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Los principales beneficiarios del Fondo son organizaciones de campesinos e interculturales, entre ellas la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, CONAMAQ, y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, que, a su vez, agrupa a los pueblos guaraní y mojeño de Beni. El directorio del Fondo está conformado CONAMAQ, CSUTCB, CSCB, CIDOB, CPEMB, CPESC, APG y CNMCIOB "BS", la actual Directora Ejecutiva fue postulada por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa”.

El Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPOIOYCC) ha desarrollado las siguientes actividades: 800 proyectos con ficha evaluación, 460 proyectos con visitas de campo, 300 proyectos con aprobación previa, 330 proyectos con resolución ministerial del Desarrollo Rural y Tierras, 322 proyectos con el primer desembolso.

Programa SEMILLA

El Programa Semilla (Programa de Patrimonio Productivo y Ciudadanía a Mujeres Productoras y Emprendedoras Rurales) es una iniciativa estratégica conjunta entre el Ministerio de Justicia -a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, VIO, el Fondo para los Objetivos del Milenio, y el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia-, el mismo inició sus acciones el año 2009. El Programa Semilla beneficia a las mujeres a través de servicios financieros que les brindan la oportunidad de i)contar con recursos para iniciar y expandir sus emprendimientos económicos, ii)servicios ciudadanos a través de la capacitación y gestión de trámites para ejercer sus derechos y iii)acompañamiento técnico a medida, para fortalecer sus capacidades productivas y gerenciales.

Esta iniciativa es novedosa en la medida en que pretende apoyar el ciclo de formación de capital, buscando medios de vida sostenibles para ellas y sus familias a través de acceso a recursos productivos, bienes de capital, asistencia técnica y capacitación, articulación a mercados, planes de vivienda y propiedad de la tierra, además de apoyar con acciones para que las mujeres hagan un ejercicio efectivo de sus derechos.

El Programa ha alcanzado logros importantes: concretó un apoyo financiero al desarrollo de actividades económicas en 18 de municipios y 4 departamentos del país (6 en Cochabamba, 4 en Oruro, 4 en Potosí y 4 en Santa Cruz). Llegando a un total de 1.605 Unidades Económicas Rurales beneficiadas, en las tres modalidades de financiamiento que brinda el Programa (capital semilla, capital de arranque y capital en sociedad). En 14 de meses de operación (gestión 2009 y 2010) se logró la patrimonialización de 1.605 Unidades Económicas Rurales (UER´s).

El Programa ha definido dos indicadores para medir el impacto de sus acciones: el Incremento en Ventas de las UER y la patrimonialización de la UER. El incremento de ventas mensual en promedio ha sido de 49%. En cuanto a la patrimonialización, de manera global, las UER lideradas por mujeres presentan un incremento en el 50% de su patrimonio productivo.

El programa al año 2011, son 3.753 mujeres reciben apoyo para lograr su autonomía económica y el ejercicio de sus derechos. A partir de acuerdos y convenios con los Municipios de Colcha K, San Pablo de Lípez, San Antonio de Esmoruco y Uyuni (Potosí), Pojo, Tiraque, Mizque, Pocona, Totora y Colomi (Cochabamba), Uribicha y San Julián (Santa Cruz), Huari, Challapata, Caracollo y el Choro (Oruro), el Programa ha logrado que los gobiernos municipales realicen acciones de inversión destinadas a cerrar las desigualdades en razón de género, por un total de Bs.1.539.000. Esta inversión contempla la implementación de infraestructura productiva, maquinaria y equipo, capacitación, promoción, difusión y asistencia técnica.

Finalmente el año 2013, la Organización de Naciones Unidas, declaró como “el Año Internacional de la Quinua” Doc. A/, RES/66/221, esta declaración permitirá desarrollar políticas a favor de la producción de la quinua, principalmente porque Bolivia, es el primer país productor de este grano milenario. Esto mejorará las condiciones de vida de la mujer productora en el área rural.

Parte IV

Artículo 15

La igualdad ante la ley entre hombres y mujeres se encuentra respaldado en el CPE en su artículo 14 (I) la cual señala: “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”. En relación a la capacidad, toda persona tiene capacidad jurídica, como se señala en el Código Civil No. 12760, artículo 3. La cual a su vez se encuentra respaldada en el Código de Procedimiento Civil artículo 52 en que se establece que toda personaes capaz intervenir en el proceso y pedir protección al Estado.

La CPE, en el artículo 1ro. reconoce y se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro de un proceso integrador como país. El reconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, se establece a partir del reconocimiento de sistemas propios, en el que aplican sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Artículos 190, 191 y 192 de la CPE. La Ley No. 027 de fecha 6 de julio del 2010, Ley del Tribunal Constitucional dentro de sus principios de Justicia, reconoce el pluralismo jurídico que proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado Plurinacional artículo 3.

La Ley N° 73 de Deslinde Jurisdiccional de 29 de diciembre de 2010 establece, tanto en sus principios como en relación a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, los derechos de las mujeres indígena originaria campesinas, entre los que destaca el derecho a acceder a la justicia y a la administración de justicia, lo cual constituye un avance fundamental en el marco del proceso de descolonización y despatriarcalización que vive el país.

Artículo 4. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan, promueven, protegen y garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, en el acceso a la justicia, el acceso a cargos o funciones, en la toma de decisiones, en el desarrollo del procedimiento de juzgamiento y la aplicación de sanciones;

Artículo 5 Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia.

En este punto es importante citar el informe: Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA/Ser. L/V/II. Doc. 34) de 28 de junio 2007. El informe sobre el derecho al acceso a la justicia, en relación a los pueblos indígenas puntualiza que el tema se aborda en dos niveles, uno frente al estado (donde el estado debe asegurar el goce de este derecho) y otro enfoque que el acceso a la justicia es el reconocimiento de los sistemas indígenas de justicia; párrafo 277: “La situación del acceso a la justicia de los pueblos indígenas debe ser analizada desde dos perspectivas: i) Los obstáculos adicionales con los cuales se encuentran estos sectores de la sociedad cuando intentan obtener respuestas ante autoridades del sistema de justicia oficial; y ii) El reconocimiento del derecho y la administración de justicia indígena. Estos dos aspectos hacen parte del derecho de acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas y en forma alguna pueden considerarse excluyentes en el sentido de que el cumplimiento de uno exime al Estado de garantizar el otro”.

En el marco del cumplimiento de este artículo 15 de la Convención, referido al derecho de acceso a la justicia y protección judicial, La CPE establece recursos de acceso sencillo, rápido y efectivo contra violaciones a derechos fundamentales, estos son: la Acción de Amparo Constitucional, Acción de protección de privacidad y acción popular, referida a la protección de derechos.

Artículo 16

Observaciones de la CEDAW (44, 45)

La protección respecto al matrimonio, se establece en la Sección de Derechos de las Familias, de la CPE, en el que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral, todos sus integrantes tiene igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades (artículo 62). Así mismo el matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en igualdad de derechos y deberes de ambos conyugues. También hace a referencia a uniones libres o de hecho que reúne las mismas condiciones de estabilidad y singularidad y que sean mantenidas por una mujer y un hombre y es el Estado que protege y asiste a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones. Artículo 64 (I, II).

Un avance muy importante es el referido a la filiación. El artículo 65 de la CPE establece que:

En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación.

En relación a este tema, se ha promulgado la Ley N° 3934 Gratuidad de Pruebas de ADN de 18 de septiembre de 2008 que determina que las pruebas científicas de paternidad libres de costo serán aplicadas sólo en casos de procesos judiciales de reconocimiento de hijos/as en los ámbitos civil y familiar. Los/as beneficiarios del examen gratuito de ADN son todos los menores descritos en el artículo 2 de la Ley 2026 (Código del Niño Niña y Adolescente) y se garantiza el servicio en todo el territorio nacional. Sin duda, esta Ley constituye un avance fundamental para garantizar los derechos de los niños/as y previene las múltiples dificultades que enfrentan las mujeres para el reconocimiento de los hijos y el cumplimiento de las obligaciones paternas.

Respecto a la edad para contraer matrimonio, coincidiendo con las preocupaciones del Comité, el VIO ha avanzado en una propuesta para el nuevo Código de Familia y plantea que debe existir una igualdad en cuanto a las edades, siendo la edad adecuada para contraer matrimonio, tanto para el hombre y la mujer, 18 años cumplidos.

En cuanto al derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, uno de los indicadores más críticos es la Tasa de Fecundidad Deseada y Observada. Tal como se ha señalado en el artículo12 del presente informe, la fecundidad deseada y observada han disminuido levemente entre el 2003 y el 2008. Estos datos, que sin duda requieren mayor análisis, muestran una tendencia cada vez más pronunciada a decidir sobre el número de hijos/as y por tanto avances importantes en relación a la autonomía de las mujeres.

El Decreto Supremo No. 0269 de fecha 26 de agosto de 2009, reglamenta la obtención gratuita del Certificado de nacimiento y la obtención de certificados duplicados a los beneficiarios y beneficiarias del Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy y la extensión y renovación de cedulas de identidad a simple fotocopia de la misma.

Los avances que respaldan respecto a la protección de los derechos de la mujer, se encuentran basados en leyes y decretos como el Decreto Supremo 0012 de fecha 19 de febrero 2009 de inamovilidad laboral y el Decreto Supremo No. 496 que garantiza la inamovilidad de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. El Decreto Supremo No. 1212 de 1ro. de mayo del 2012 que otorga licencia de paternidad, por el tiempo de dos días de licencia en el objetivo de impulsar la responsabilidad familiar del padre al núcleo familiar en igualdad de condiciones.