Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención

19.º a 22.º informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2012

Costa Rica *

[Fecha de recepción: 17 de enero de 2014]

Índice

Párrafos Página

I.Aspectos generales1–224

A.Introducción1–74

B.Metodología8–125

C.Proceso de Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo,Discriminación Racial y Xenofobia (artículos 1, 2 y 7 de la Convención)13–196

D.Observación general previa a entrar en las recomendaciones concretas20–227

II.Procesos institucionales y acciones en materia de eliminación del racismo,la discriminación racial y la xenofobia (artículos 1, 2 y 7 de la Convención)23–588

Normativa e institucionalidad a favor de los pueblos indígenas41–5811

III.Tipificación penal de conductas delictivas incluidas en la Convención (artículo 4 de la Convención)59–6213

IV.Derechos económicos y sociales (artículo 5 de la Convención)63–28714

A.Derecho al trabajo66–7214

B.Derecho a la vivienda73–9115

C.Derecho a la salud92–13418

D.Acceso al agua135–15125

E.Derecho a la educación152–16228

F,Derechos culturales163–17930

G.Derecho a un nivel de vida adecuado180–20633

H.Derechos de las personas migrantes y refugiadas207–26636

I.Equidad de género267–28744

V.Información relativa al artículo 6 de la Convención288–30048

Tenencia de tierras indígenas288–30048

Anexos**

1.Reservas indígenas

2.Ejes del Plan Institucional 2013-2017

3.Paneles fotovoltaicos instalados

4.Equipos V-SAT instalados que brindan atención a la población indígena y a localidades alejadas y de difícil acceso

5.Informe ICE-MEP: servicios instalados y en estudio por región y por tecnología, 2012

6.Servicios de Internet instalados en los centros educativos

7.Servicios de Internet instalados en los centros educativos en el cantón de Talamanca

8.Obras de ampliación infraestructura, Bibri - Talamanca

9.Actividades de promoción, divulgación y formación

10.Decreto Ejecutivo 37801-MEP

I.Aspectos generales

A.Introducción

En su 71.º período de sesiones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó los informes periódicos 17.º y 18.º de Costa Rica (CERD/C/CRI/18) y emitió sus observaciones finales (CERD/C/CRI/CO/18). El Comité le estableció a Costa Rica la fecha del 4 de enero de 2010 para que presentara los informes periódicos 19.º y 20.º sobre la aplicación de la Convención. Para Costa Rica no fue posible presentar el informe en la fecha prevista debido, principalmente, a la ausencia de una plataforma institucional que lo permitiera. Adicionalmente, el país, una vez que se pudo dar inicio al trabajo de recopilación de información para el informe y contando con una nueva plataforma institucional, dispuso que el informe ante el Comité debería incluir acciones y condiciones que se estaban desarrollando precisamente en momentos posteriores a enero de 2010.

Además, es importante tener en cuenta que en julio de 2010 Costa Rica debió atender una solicitud de información del Comité, dentro del marco de proceso de alerta temprana, sobre la situación de los pueblos indígenas en el sur del país en relación con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED). Este proceso se extendió también durante parte del año 2011, paralelamente a la visita del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, a Costa Rica en seguimiento al mismo tema. Estos dos acontecimientos de tanta envergadura y estrechamente vinculados a la temática de la eliminación contra la discriminación racial, hicieron que los esfuerzos institucionales se enfocaran en gran medida hacia ellos, especialmente durante el año 2011.

Tal y como se mencionara en el primer párrafo, hay una serie de procesos que se han venido desarrollando posterior al anterior Informe y diálogo con el Comité, pero un importante número de ellos han continuado, se han intensificado y muchos se han iniciado luego de 2010, año en el cual había que presentar el presente informe. Por consiguiente, el Estado costarricense consideró que no era pertinente presentar el informe periódico solamente para cumplir con la fecha planteada si el documento no iba a contener información nueva y distinta a lo indicado en el informe escrito anterior (presentado en el año 2006), cuyo diálogo con el Comité se llevó a cabo en el año 2007.

Como se verá en párrafos más adelante, Costa Rica, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, desarrolló un proceso nuevo para la elaboración del presente informe. Este recoge datos e información proporcionada por la institucionalidad pública hasta el mes de julio de 2013. Sin embargo, el Borrador de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia y su I Plan de Acción son documentos del mes de diciembre del 2013. Excepcionalmente también, hay algunos puntos donde explícitamente se indica que la información es posterior a julio de 2013.

El Estado ha tenido en cuenta las directrices para la elaboración de informes que ha definido el Comité (CERD/C/2007/1). Considerando lo anterior, Costa Rica quisiera hacer notar que, por ser este su 19.º y 20.º informe periódico, una significativa parte de su informe la dedica al seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité al país en 2007. Consecuentemente, en razón de que el informe lleva la lógica de las recomendaciones principalmente, se ha organizado la estructura del informe temáticamente, de allí que en algunos casos se encuentra que la referencia a los artículos del 1 al 7 de la Convención está agrupada. Además, por motivo del espacio con el que se cuenta y el límite de páginas que el Comité establece a los Estados, se decidió también que el énfasis del documento debía ser dar seguimiento a las recomendaciones planteadas a Costa Rica específicamente. El informe contiene un esbozo general de la mayoría de los procesos que se están llevando adelante, pero por razones de énfasis, ya explicado, como de espacio, no se ha profundizado en detalles. El Estado podrá presentar en la etapa de preguntas escritas para el país mayor información más desglosada y concreta si el Comité así también lo considera conveniente.

Costa Rica también quisiera hacer notar que debe actualizar su documento básico común, pero este es un proceso que se debe desarrollar con la plataforma institucional que se ha puesto al efecto. Valga la pena informar al Comité que de los informes pendientes ante los órganos de tratados en el ciclo más reciente para Costa Rica, este es el primer informe periódico que se está poniendo a consideración de los órganos de tratados. Por consiguiente, en este momento se está llevando adelante un proceso continuo de elaboración de informes ante órganos de tratados, etapa que coincide con la preparación del segundo informe nacional de Costa Rica para el examen periódico universal. En razón de estas circunstancias, el documento básico común ante los órganos de tratados se actualizará para un momento posterior.

Uno de los elementos transversales en cuanto a la información periódica y a la rendición de cuentas en materia de derechos humanos es el aspecto de los indicadores y estadísticas que el país debe mantener y desarrollar. A este respecto, y habida cuenta de que es uno de los temas sobre los cuales el Comité está interesado y emitió recomendaciones, es importante mencionar que en general el país está haciendo significativos esfuerzos para establecer un sistema que refleje mejor las realidades de las poblaciones desde el punto de vista de la etnicidad y, en general, con una perspectiva de derechos humanos. Si bien hay una serie de párrafos que se dedican a esta temática, Costa Rica no quería dejar pasar esta introducción sin antes referirse a este aspecto, teniendo en cuenta que es uno que deberá abordar de manera más detallada en el documento básico común.

B.Metodología

El proceso por medio del cual se han elaborado las respuestas a las recomendaciones del Comité ha sido innovador en el ámbito nacional. La creación de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH), ha facilitado una mejor coordinación, más fluida, entre las instituciones estatales, para garantizar la implementación de las obligaciones derivadas de las convenciones internacionales de Derechos Humanos, entre ellos, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

La CIIDDHH se creó en 2011 como órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para el seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales de derechos humanos, con el objeto de coordinar la implementación en el ámbito nacional de las obligaciones internacionales de derechos humanos, así como coordinar las acciones que se lleven a cabo a nivel internacional en materia de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos.

La CIIDDHH funcionó en su primer año (2012) de forma regular y sesionó en ocho ocasiones, incluidos dos talleres de trabajo sobre la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia.

Por medio de este nuevo proceso, desde el establecimiento de la CIIDDHH, se ha procurado un mayor intercambio con y retroalimentación desde la sociedad civil, especialmente con la existencia de la Entidad Permanente de Consulta con la Sociedad Civil que fue creada paralelamente a la CIIDDHH. Sin embargo, este es un proceso que seguirá en evolución desde la CIIDDHH y, si bien se han establecido canales y mecanismos de diálogo más constantes y fluidos con la sociedad civil, lo cierto es que aún resta mucho camino por transitar y fórmulas por mejorar. El aspecto positivo que debe destacarse es que desde la creación de la Comisión, el Ente Permanente de Consulta norma y legitima institucionalmente en el país el necesario diálogo que debe tenerse con la sociedad civil en los procesos de discusión, elaboración de informes, definición de acciones, entre otros aspectos, sobre derechos humanos. La elaboración del presente informe, así como el proceso para construir una Política/Plan Nacional contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia, han permitido dar pasos importantes a lo interno de la institucionalidad nacional para comprender mejor y abordar mediante formas más adecuadas el tema de la lucha contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia en el país. Desde luego que es un trabajo inacabado, pero se han tomado pasos importantes que permitirán avances mayores, más certeros y reales en este ámbito en el futuro del país.

El presente documento ha sido circulado entre organizaciones, asociaciones y representantes de la sociedad civil concernida con el fin de obtener observaciones y comentarios de previo a su presentación al Comité.

C.Proceso de Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia (artículos 1, 2 y 7 de la Convención)

En el marco del proceso de elaboración de la Política/Plan contra el Racismo, se ha venido desarrollando una importante dinámica de diálogo e intercambio con la sociedad civil, y entre mayo y diciembre de 2012 se llevaron a cabo seis talleres regionales con indígenas, afro descendientes y representantes y asociaciones de migrantes y refugiados y un taller participativo nacional, además de otras dinámicas de intercambio informales con individuos y grupos más pequeños. Estos talleres con sociedad civil y los diversos espacios de diálogo son la base para la recopilación de insumos con los cuales la CIIDDHH trabajó durante el primer semestre de 2013 en la elaboración y consolidación del borrador de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia.

Uno de los aspectos clave del proceso de recopilación de insumos, comprensión de visiones y construcción en la elaboración de la Política mencionada durante 2012, fue el importante aporte de los grupos e individuos de la sociedad civil (especialmente indígenas y afro descendientes) en cuanto a comprender que la metodología del proceso debía mejorarse e idealmente redireccionarse por parte del Estado. Sobre la base de esas observaciones y comentarios durante los primeros meses de 2013, el Estado, a través de la CIIDDHH, se abocó a redireccionar el proceso, tomándolo de manera firme desde las propias instituciones.

La CIIDDHH consideró que el proceso de construcción de la Política debía ser una responsabilidad compartida entre las diferentes instituciones, por lo que acordó que a partir de ese momento habría un mayor involucramiento de parte de la mayoría de las instituciones miembros de la Comisión con el fin de que el proceso estuviera totalmente bajo el liderazgo de la CIIDDHH y que los grupos sociales constatasen que, además de la Cancillería, es la institucionalidad nacional la que está detrás del proceso de la Política Nacional y su Plan de Acción. Con ese espíritu colectivo, se acordó un mayor apoyo logístico institucional de parte de las instituciones con el fin de facilitar la siguiente parte del proceso de elaboración del Plan.

En el borrador de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, anexo, se contiene una explicación más detallada del proceso y las acciones que tomó la CIIDDHH. Por lo pronto, vale la pena indicar que como resultado de las reflexiones y esfuerzos de la CIIDDHH y la Subcomisión que creó al efecto, en el primer semestre de 2013 se procuró generar nuevamente intercambios y facilitar mecanismos de participación diversos con el fin de atender de la mejor manera posible las solicitudes, inquietudes e intereses de la sociedad civil en el proceso de la Política. En el periodo mencionado se continuó con la participación de la sociedad civil, utilizando diferentes metodologías para contar con un documento para el direccionamiento del accionar del Estado, pero que tome en cuenta los intereses y preocupaciones de quienes son sujetos de derechos y eventuales víctimas del racismo y discriminación racial.

Durante los meses de mayo y julio de 2013, la CIIDDHH propició espacios de conversación, intercambio y diálogo en general con líderes, lideresas, individuos, grupos de cada una de las poblaciones meta del Plan, a saber, afro descendientes, indígenas y migrantes y refugiados. El principal objetivo de estos diálogos fue informar debidamente y ampliamente sobre los avances en el proceso de elaboración de la Política y recoger inquietudes, percepciones y orientaciones sobre la forma como el Estado debe abordar particularmente a cada una de estas poblaciones.

Precisamente ha sido el tema de la lucha contra el racismo, discriminación racial y xenofobia el que más se ha trabajado en el primer año y medio de existencia de la CIIDDHH y el resultado ha sido hacer el mayor esfuerzo en procura de entender, en la institucionalidad más involucrada con el cumplimiento de los derechos humanos, cuáles pueden ser los caminos para atender de mejor manera y con enfoques particulares a la población indígena, afro descendiente y migrante y refugiada en el marco de la institucionalidad y el cumplimiento de los derechos humanos.

Por consiguiente, el proceso de construcción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia sirvió de base directa para la elaboración del presente informe, por lo que la metodología que se describió en párrafos anteriores debe complementarse con la experiencia de la Política de referencia.

D.Observación general previa a entrar en las recomendaciones concretas

Costa Rica, en el presente informe, hace notar que desde la Comisión Interinstitucional sobre Derechos Humanos (CIIDDHH) y con el proceso de construcción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, se ha generado un proceso de concienciación y sensibilización en las instituciones públicas, que empieza a derivar en una comprensión de mayor amplitud sobre la necesidad de políticas institucionales y acciones con enfoques particularizados hacia los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes y refugiados.

En general, si bien no se puede afirmar que las instituciones del Estado cuentan con políticas institucionales amplias con enfoques diferenciados para estas poblaciones, es posible observar que hay grandes y diversos esfuerzos, algunos órganos específicos y programas concretos que velan principalmente por algunas comunidades indígenas y por sectores de migrantes y refugiados. Sin embargo, se echan de menos acciones institucionales enfocadas hacia la población afro descendiente, por lo que, aún y cuando las recomendaciones del Comité escasamente hacen referencia a esta población, el país reconoce que debe generar un mayor trabajo estatal hacia a esta población. Costa Rica se ha comprometido no solamente a partir de la Convención que aquí convoca, sino de otras convenciones internacionales y de instrumentos como la Declaración y Programa de Acción de Durban, a generar acciones afirmativas en favor de las personas afro descendientes.

Por ello, uno de los aspectos que el Estado quisiera dejar planteados ab initio es que además de las recomendaciones a las cuales en este Informe responde, las instituciones están trabajando más allá de estas puntuales observaciones. Precisamente con la Política Nacional, sobre la cual se ha hecho referencia, se está procurando avanzar en un mejor abordaje a las tres poblaciones, con esfuerzos integrados, construidos con las personas beneficiarias, que trasciendan los gobiernos y las acciones aisladas y sean una Política de Estado. Aún más, por lo que se propugna es por visibilizar a las tres poblaciones y especialmente en lo que atañe a pueblos indígenas y afro descendientes evidenciar que frente al pasado, donde no han sido incluidos en las políticas institucionales de largo plazo, ahora es el tiempo de generar acciones institucionales dirigidas, con comprensión de las particularidades y atendiendo eficazmente a las personas, apegado el Estado a las obligaciones internacionales de derechos humanos.

II.Procesos institucionales y acciones en materia de eliminación del racismo, la discriminación racial y la xenofobia (artículos 1, 2 y 7 de la Convención)

En la primera recomendación de sus anteriores observaciones finales, el Comité “recomienda que continúe mejorando la metodología empleada en el censo para que refleje más plenamente la complejidad étnica de la sociedad costarricense, teniendo en cuenta el principio de autoidentificación.”

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó ajustes en la metodología censal utilizada en el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, con el propósito de realizar el monitoreo de los avances en el reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, afro descendientes y migrantes.

De acuerdo con las recomendaciones internacionales emitidas por las Naciones Unidas, el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) así como los tratados internacionales de los que Costa Rica es Parte, especialmente aquellos sobre derechos humanos, se implementó el enfoque de auto-identificación étnica, el cual se refiere al derecho de las personas a auto adscribirse a un grupo étnico-racial determinado, ya sea según tradiciones culturales, ascendencia o rasgos fenotípicos generadores de identidad.

La propuesta de boleta censal fue sometida al estudio de un grupo de expertos, conformado por líderes o representantes de agrupaciones indígenas, organizaciones afro descendientes, chinas y representantes de la Escuela de Antropología, de la Escuela de Estadística, del Centro Centroamericano de Población, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Este grupo de expertos trabajó durante el año 2010 en la elaboración de la boleta censal. Durante estos trabajos, se realizaron diversas pruebas metodológicas específicas y generales. En el primer grupo de pruebas se encuentran las realizadas en las comunidades de Suretka, del distrito Bratsi, Mojoncito y Kachabri del distrito de Telire, todos estas localidades con una población predominantemente indígena en el Caribe sur del país, y en el poblado central del distrito de Cahuita – con una población principalmente afro descendiente, del cantón de Talamanca (también en el Caribe sur de Costa Rica); mientras que las realizadas en el distrito de Patarrá (ubicado hacia el sureste del Área Metropolitana) y el censo piloto de Palmares (un cantón de la provincia de Alajuela que se cuenta como el Valle Central) corresponden a las pruebas generales.

El resultado de este proceso de consultas con los grupos de expertos, fue la batería de preguntas incluidas en la boleta del Censo 2011, la cual se presenta a continuación:

Gráfico 1

Preguntas sobre condición indígena en el Censo 2011

En el caso de la pregunta Nº 10, cada uno de los conceptos reflejados fue definido por acuerdo de las organizaciones, los cuales fueron acordados de la siguiente manera:

Negro(a) o afro descendiente: corresponde a las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su diáspora;

Mulato(a): las personas que reconocen principalmente en su identidad las raíces culturales de ascendencia africana y su diáspora, a partir de uno de sus progenitores;

Chino: las personas con ascendencia proveniente de la República Popular de China, incluyendo Taiwán y Hong Kong;

Blanco o mestizo: personas que se identifican principalmente con el legado cultural histórico hispanoamericano, europeo o anglosajón;

Otro: personas que se autoidentifican con alguna etnia no mencionada en las categorías anteriores;

Ninguna: no se considera perteneciente a ninguna etnia.

Pese a que la CEPAL alude expresamente a la intencionalidad que debe tener la indagación censal y a los problemas que se derivan de las categorías “mulato”, “mestizo” y “blanco”, recomendando evitar su uso; estas se incluyeron en el X Censo Nacional, respetando los criterios de los líderes o representantes de los grupos y de los expertos que participaron en el proceso de elaboración.

Asimismo, con el propósito de respetar el derecho de las personas censadas a la auto identificación, las respuestas de aquellas personas que dejaron las preguntas en blanco, fueron sistematizadas en la categoría de “no declarado”.

Es importante destacar que las preguntas incluidas en el Censo 2011 difieren grandemente de aquellas incluidas en el anterior Censo (2000), ya que el censo reciente pretendió mejorar la medición de las diferentes etnias. Por ejemplo, en el Censo 2000, la pregunta sobre pertenencia a un pueblo indígena solamente fue realizada a las poblaciones residentes en territorios indígenas, mientras que en el Censo 2011 se le aplicó dicha pregunta a toda la población censada.

Con el propósito de contar con información para la caracterización de la vivienda tradicional indígena, se incluyó esta categoría en la variable tipo de vivienda y se contemplaron las categorías de materiales naturales (tales como chonta, caña, bambú, suita, palma, paja, entre otros) para las variables relacionadas con los materiales de la vivienda (paredes exteriores, techo y piso).

El Censo 2011 aborda la temática migrante mediante una pregunta orientada a indagar sobre el lugar de nacimiento de la persona, medido a través de una pregunta asociada al lugar de residencia habitual que tenía la madre en el momento del nacimiento de la persona censada. Asimismo, se incluyó una pregunta para indagar el año de llegada al país.

Con motivo de promover la participación de la mayor cantidad de personas en el Censo, se realizó una campaña de comunicación, la cual partió de un enfoque inclusivo, no solo en materia de etnicidad, género, migración y población con discapacidad, sino en reflejar la diversidad cultural, demográfica y social del país.

En este sentido se puede destacar la producción de anuncios radiales en los idiomas indígenas bribri, cabécar y ngöbe. Igualmente se coordinó con la Asociación de Profesionales Chinos para la emisión de volantes informativos traducidos al idioma chino (mandarín) con el fin de que las personas censistas lograran comunicar a esta población la importancia de participar en el Censo.

Asimismo, se realizaron vallas publicitarias dirigidas a la población afro descendiente, así como cuñas radiales en idioma español e inglés dirigidas a esta población. Por último, también se realizaron anuncios radiales dirigidos a la población migrante, principalmente la nicaragüense, por constituir el mayor número de personas inmigrantes en el país.

Principales resultados del Censo 2011. De acuerdo a los resultados del Censo 2011 es claro que la mayoría de la población del país (83.6%), se auto-identifica como blanca o mestiza. Es importante clarificar que aunque el Censo 2011 parece indicar que la población afro-descendiente disminuyó en comparación con el Censo 2000, esto puede explicarse por la inclusión de la identificación de mulato en el censo reciente, que no había sido incluido en el anterior. Lo mismo se puede decir del aumento de la población que se identifica como indígena.

A continuación se detallan los resultados del Censo 2011:

Cuadro 1

Porcentaje de población por auto identificación étnico-racial

Grupo Étnico-Racial	Porcentaje
Negro(a) o afrodescendiente	1 , 1
Mulato(a)	6 , 7
Chino(a)	0 , 2
Blanco(a) o Mestizo(a)	83 , 6
Indígenas	2 , 4
Otro	0 , 8
Ninguna	2 , 9
No Declarado	2 , 2

Con el objetivo de caracterizar y conocer las condiciones de vida de los diferentes grupos étnicos, se realizó análisis específicos en el Marco del Simposio “Costa Rica a la luz del Censo 2011”, realizado en el mes de noviembre de 2012. Una lectura más detallada de los resultados del Censo 2011 y las condiciones de vida de los pueblos indígenas, afro descendientes y poblaciones de migrantes y refugiadas se puede encontrar en el Borrador de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia.

Normativa e institucionalidad a favor de los pueblos indígenas

El Comité, en su segunda recomendación, exhortó a Costa Rica “a que elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”.

Como es del conocimiento del Comité, en abril de 2011, ante las consultas del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con lo que estaba aconteciendo en Costa Rica en relación con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) y su impacto en los territorios indígenas de la región, el país decidió extender una invitación directa al Relator para que visitara Costa Rica y constatara in situ la situación de los pueblos indígenas del área frente al PHED. Las recomendaciones del Relator Especial fueron aceptadas por el Estado costarricense, entre las que se encontraba la relativa a aspectos vinculados con el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas.

Costa Rica recibió con verdadero interés las recomendaciones de fondo del Relator Especial, que iban más allá del PHED, y expresó ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2011 la voluntad de buscar caminos de diálogo con las poblaciones indígenas para poder abordar aspectos de gran relevancia para los pueblos indígenas e, indiscutiblemente, para el bienestar de la sociedad costarricense. Es importante destacar lo anterior, pues establecer un ambiente de confianza que permita procesos adecuados de consulta y de construcción con los pueblos indígenas es uno de los aspectos fundamentales en los que debe trabajar el Estado conjuntamente con estos pueblos.

Una de las recomendaciones principales del Relator Especial se dio en materia de recuperación de tierras indígenas y el Gobierno coincidió con el Relator Especial en cuanto a que existe una oportunidad importante para tratar la cuestión de fondo respecto a la recuperación de tierras. El Gobierno de Costa Rica manifestó estar en la mejor disposición de entrar en un proceso de diálogo con las comunidades indígenas del país con el fin de que conjuntamente, los pueblos indígenas y las instituciones públicas, puedan construir fórmulas para implementar la recuperación a la que se aspira. Este compromiso se ha procurado implementar.

Justamente, desde la visita del Relator Especial en abril de 2011, sobre la base del seguimiento que se ha venido llevando adelante desde esa visita por las Naciones Unidas y también teniendo en cuenta que se impulsó un procedimiento de alerta temprana en el Comité, en el país se ha venido generando un proceso de intercambios y conocimiento más próximo entre el Estado y los pueblos indígenas. De hecho, en este momento existe instaurada una Mesa de Diálogo entre varios representantes de los pueblos indígenas, especialmente del sur de Costa Rica, y representantes del Gobierno, liderados por la Presidencia de la República y bajo la coordinación del Ministro de Bienestar Social.

Esta Mesa de Diálogo muy afortunadamente está siendo acompañada, en su calidad de observadores y garantes del proceso, por el sistema de las Naciones Unidas y por las Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Ambos actores son imparciales y generan una mayor confianza en el proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas.

Por disposición del Ministro de Bienestar Social y Familia, Coordinador por el Gobierno de la Mesa de Diálogo con los indígenas del sur del país, se constituyó un equipo gubernamental que ha analizado el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este análisis debe ayudar a construir los criterios del Gobierno frente al proyecto de ley para ser compartidos a través de la Mesa de Diálogo. Este proceso también procura avanzar hacia canalizar las preocupaciones de los pueblos indígenas en relación con sus derechos, principalmente en lo que respecta a sus propias formas de Gobierno y la representatividad indígena y encontrar caminos para solucionar las problemáticas que surgen de la falta de una legislación respetuosa de las formas de gobierno indígena.

Por otra parte, es importante mencionar que en cuanto al PHED, al acogerse las recomendaciones del Relator Especial a partir de su visita a Costa Rica, la visión política que se tomó fue la de facilitar un proceso de consulta sin imponerlo a los pueblos indígenas, asumiendo el proceso con paciencia y posibilitando que las partes indígenas puedan definir sus modalidades de representación y para que puedan prepararse adecuadamente antes de ir al diálogo. Este proceso se continúa monitoreando por el Relator Especial y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de que se garantice la ejecución de la decisión política tomada.

El Gobierno también aceptó que debía facilitarse las condiciones para los pueblos indígenas, con el fin de superar una relación de asimetría entre las partes y asegurar resultados duraderos de los acuerdos que se alcancen.

El proceso entre representantes indígenas del sur del país y el Gobierno, cuyos principales esfuerzos se concentran ahora en la Mesa de Diálogo, surgió a partir de las preocupaciones generadas y el seguimiento dado por el Relator Especial y el sistema de las Naciones Unidas como un todo, a raíz del PHED. Sin embargo, sus implicaciones trascienden en mucho ese proyecto y su consulta; por esto, la agenda de diálogo ha pasado a abordar también, por acuerdo entre las partes, aspectos más estructurales y preocupaciones más generales que las surgidas a raíz del proyecto hidroeléctrico.

El diálogo abierto que existe actualmente busca no solamente resolver dificultades históricas del abordaje estatal hacia los pueblos indígenas, sino también establecer caminos que generen alguna fórmula para normar o reglamentar el derecho a la consulta previa, que, como tal, aún no está reglamentado en Costa Rica. En el mes de mayo de 2013 se realizaron varias reuniones con y capacitaciones a autoridades de Gobierno y funcionarios públicos, expertos independientes, Diputados, sociedad civil, con la participación de expertos internacionales y el apoyo de Naciones Unidas sobre este tema.

El Estado tiene a su haber una serie de normas de protección de los derechos indígenas entre las que está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Ley Indígena de 1977 y su Reglamento, pero reconoce que la existencia de un marco jurídico no es suficiente para la debida protección de los derechos indígenas, si ese marco no está acompañado de políticas y acciones estatales que velen por la aplicación y cumplimiento efectivo de las normas a las que el propio Estado se ha obligado.

En su tercera recomendación, el Comité “recomienda al Estado parte que vele por que el mandato y el funcionamiento de la CONAI sean compatibles con la Convención y por que esta institución emprenda acciones de defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas”.

En diciembre de 2011, la Contraloría General de la República emitió el Informe Nº DFOE-PG-IF-11-2011 por medio del cual se analiza la actividad sustantiva y gestión financiera de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas [CONAI].

En este informe, el ente contralor concluyó que la relación entre el Estado y la CONAI no ha sido conducente a la creación de políticas públicas que aborden sustantivamente la problemática indígena. Esto ha sido producto de una falta de voluntad política de las distintas administraciones del Estado, las cuales han omitido referencias a los pueblos indígenas en sus diversos planes de desarrollo o no le han dado estabilidad a la rectoría del sector social, lo que le dificulta a la CONAI mantener canales de comunicación permanentemente abiertos.

Asimismo, la normativa interna de la CONAI no permite que la institución cuente con una misión y visión que refleje su trabajo a largo plazo, pues las mismas son modificadas cada dos años, al igual que su Junta Directiva. Igualmente, en el examen realizado por la Contraloría, quedó evidenciado que la CONAI no ha realizado las gestiones pertinentes para que el Estado se aboque a la emisión de políticas públicas dirigidas a las poblaciones indígenas.

El ente contralor concluyó que “hay claridad en las necesidades de las comunidades indígenas, lo que no se ha logrado es claridad en la CONAI para la búsqueda de los medios de coordinación necesarios entre las instituciones y las diferentes Asociaciones de Desarrollo que permitan una mejora en la calidad de vida de tales comunidades” (Página 9).

Entre las obligaciones que se establecen al Estado en la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, se encuentra la reflexión y discusión en las instituciones y en consulta con los pueblos indígenas para identificar la mejor estrategia para superar la inoperancia e ineficacia de la CONAI. En este sentido, se debe encontrar un mecanismo permanente que no solamente facilite la representación de los pueblos indígenas sino también que pueda operar y ejecutar acciones que respondan a las necesidades e intereses concretos de los pueblos indígenas y aborden con el enfoque que se requiere los derechos de los pueblos indígenas.

III.Tipificación penal de conductas delictivas incluidas en la Convención (artículo 4 de la Convención)

El Comité en su cuarta recomendación incluye la necesidad de que Costa Rica “enmiende su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención. El Estado parte debería tipificar penalmente cada una de las conductas delictivas señaladas en los párrafos pertinentes del artículo 4 de la Convención, elevando la sanción de manera proporcional a la gravedad de los hechos.”

Actualmente, en Costa Rica no existe en la corriente legislativa un proyecto de ley que busque la tipificación de las conductas delictivas señaladas en el artículo 4 de la Convención. Sin embargo, cabe destacar, como se ha mencionado ya, que la CIIDDHH ha trabajado durante los años 2012 y 2013, sobre la base del diálogo con la sociedad civil, en la construcción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia y su I Plan de Acción, cuyo borrador más reciente se encuentra anexo a este informe.

Dentro de esta Política y su Plan, se ha identificado que una de las acciones específicas que debe ejecutar el Estado es “1.2. Formular un proyecto de ley para la tipificación del racismo como delito y para las sanciones de la discriminación racial en los diferentes niveles.”

Con este accionar, el Estado costarricense pretende dar cumplimiento a la cuarta recomendación del Comité, sobre la tipificación de los delitos contenidos en el artículo 4 de la Convención.

IV.Derechos económicos y sociales (artículo 5 de la Convención)

El Estado costarricense, por medio de las instituciones rectoras, realiza diversas acciones tendientes a garantizar el pleno disfrute de los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas y afro descendientes y migrantes y refugiados.

El Comité, en sus recomendaciones quinta y sexta exhorta al Estado a que “tome las medidas necesarias para eliminar las barreras económicas, sociales y geográficas que impiden garantizar el acceso a los servicios básicos en los territorios indígenas, de manera que los indígenas no se vean en la necesidad de abandonar sus territorios ancestrales”, a “prestar especial atención al cantón de Talamanca y a las fincas bananeras” y a que “intensifique sus esfuerzos para mejorar el disfrute de los derechos económicos y sociales de los pueblos indígenas, en especial a que tome medidas para garantizar la igualdad de salarios de los indígenas con respecto a otros sectores de la población, así como el acceso a la educación y a la salud.”

En el marco de lo expuesto anteriormente, a continuación se detallan las acciones llevadas a cabo en cada sector.

A.Derecho al trabajo

De acuerdo con la asignación presupuestaria anual, la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desarrolla el Programa Nacional de Empleo (PRONAE) por medio del cual se llevan a cabo proyectos en las zonas geográficas donde reside la población indígena y, aunque los proyectos no son enfocados exclusivamente hacia esta población, las y los indígenas son uno de los grupos beneficiarios.

Asimismo, la Dirección de Empleo ha puesto en marcha el Programa para el Desarrollo de Habilidades Empresariales, denominado Emprendedurismo. Por medio de este programa se da atención especializada a las poblaciones indígenas en la zona sur del país. Un ejemplo del trabajo realizado a través de este programa es la Microempresa Tamalera Estrella DBOON que emplea a 73 personas indígenas con discapacidad, y que les ha permitido establecer su producto en diferentes puntos comerciales de la zona sur, mediante alianzas estratégicas lo que ha significado la generación de ingresos que dan sostenibilidad a la empresa.

La Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de su programación de trabajo anual incluye la inspección de las zonas indígenas, con el propósito de garantizar el pleno disfrute de los derechos laborales de las poblaciones indígenas.

A continuación se detallan las labores de la Dirección Nacional de Inspección en las diversas regiones indígenas:

Cuadro 2

Labores de la Dirección Nacional de Inspección

Turrialba	Pérez Zeledón	Limón
Se han realizado giras Chirripó, Beré, 100 Manzanas y Grano de Oro. Visitas a negocios comerciales y fincas donde se encuentran contratadas personas indígenas. Se verifica el trabajo infantil y adolescente, pago del salario mínimo, cobertura del seguro social, entre otros.	Se atiende a la población indígena de San Vito y Buenos Aires, específicamente en el sector cafetalero y de producción de coyol. Durante los años 2011 y 2012 se han realizado 15 visitas para verificar que se cumplan los derechos laborales de los trabajadores, la eliminación del trabajo infantil y adolescente, seguridad e higiene de los lugares que habitan los trabajadores.	Se realizan visitas dos veces al año a las fincas bananeras en el cantón de Talamanca en Sixaola. Estas fincas contratan mayoritariamente a indígenas panameños. A la fecha no se ha firmado ningún acuerdo con las autoridades panameñas para la atención de esta población, pese a que es el interés del Gobierno costarricense que esto se dé.

En materia de acceso al empleo de la población afrodescendiente, el Comité, en su 11.ª recomendación “invita al Estado parte a realizar un estudio para determinar las causas de este problema y a que tome las medidas necesarias, incluidas las de orden legislativo, para acabar con la discriminación en el trabajo y con todas las prácticas discriminatorias en el mercado laboral, y a adoptar nuevas medidas para reducir el desempleo de los afrocostarricenses en particular.”

En la actualidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encuentra desarrollando actividades de sensibilización de los funcionarios de la institución para orientar en el futuro acciones por parte de las Direcciones competentes hacia la población afro descendiente y poblaciones en condición de vulnerabilidad o que son afectadas por la discriminación y, en particular, la discriminación racial. Por esta razón, al ser un proceso que recién se ha iniciado, la solicitud en examen obliga a establecer definiciones a nivel interno para determinar las unidades responsables para su elaboración.

En todo caso, valga recordar que la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, una vez que entre en vigor, obligará a las diversas instituciones a desarrollar acciones concretas particularizadas para personas afro descendientes en los diferentes ámbitos de operativización. Específicamente el Plan de Acción de la Política dispone como una de sus acciones estratégicas “Elaborar un estudio prospectivo de empleo y de oportunidades empresariales en las zonas de residencia de las mujeres y los hombres indígenas, afro descendientes y migrantes.”

B.Derecho a la vivienda

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), a través del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) es el ente encargado en el país de otorgar viviendas bajo el carácter de interés social, las cuales son financiadas con recursos públicos, y con los cuales se ve beneficiada la población que vive en condición de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, en donde se encuentran sectores de la población indígena, afro descendiente y migrante.

La institucionalidad nacional en materia de vivienda, aplica principios de equidad, de accesibilidad y la participación con el fin de propiciar la equiparación de oportunidades de acceso a vivienda. En este sentido, las políticas de crédito y subsidio han sido muy importantes, pues han permitido a los sectores medios dotarse de una vivienda. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de 2010 y 2011, más del 75% de los hogares en Costa Rica podrían ser potenciales beneficiarios de un subsidio habitacional o Bono Familiar de Vivienda (BFV), solo considerándose su nivel de ingreso, ampliándose las oportunidades para la mayoría de estratos socioeconómicos.

Los límites a la gestión del sector vivienda, no se deben al carácter racial o étnico de las personas que reciben sus servicios, sino más que todo a los problemas financieros de la institución. No obstante ello, el MIVAH hace un esfuerzo por revisar las políticas y programas de vivienda desde una perspectiva de mayor sensibilización sobre las características y necesidades en especial de los pueblos indígenas y afro descendientes.

1.Vivienda para los pueblos indígenas

El SFNV ha mantenido programas de “vivienda indígena”, con el propósito de crear vivienda de interés social en los territorios indígenas. Desde enero de 2000 a marzo de 2012 se otorgaron un total de 5.234 BFV en los territorios indígenas, representando un 4% de los BFV otorgados en ese periodo (132.168 BFV). El MIVAH calcula que en promedio viven 5 habitantes por hogar indígena, lo que significaría una cobertura de más de 25.000 personas.

Según los datos generales del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2011, que arrojan que 104.143 personas se han auto-identificado como indígenas, se infiere que del año 2000 al 2012, se ha atendido a alrededor del 25% de la población indígena.

Es importante destacar que los datos otorgados reflejan la realidad dentro de los llamados “territorios indígenas”, sin embargo, existe la posibilidad de que una mayor población que se auto-identifica como indígena haya recibido un BFV. Estos datos no se encuentran cuantificados debido a que para gestionar un subsidio o crédito no es necesario presentar información sobre la pertenencia étnica. No obstante para otorgar un BFV en un territorio indígena determinado sí se requiere certificar que la persona es indígena.

El sector vivienda enfrenta varios desafíos cuando se trata de trabajar en territorios indígenas, los cuales son:

Las formas de propiedad: La Ley Nº 7052 por medio de la cual se crea el SFNV, establece la propiedad privada en los territorios indígenas por medio de la titulación de las propiedades construidas por el BFV. Esto contradice el régimen de propiedad colectiva que predomina en los territorios indígenas;

El Estado, a través del MIVAH está desarrollando esfuerzos para cumplir con los lineamientos que determinan los estilos de vivienda indígenas, a través de la Directriz 27 sobre “Especificaciones Técnicas y Lineamientos para la Escogencia de Tipologías Arquitectónicas para la Construcción de Vivienda y Obras de Urbanización”, las cuales son financiadas por el SFNV. Esta Directriz ha significado un cambio de política institucional, que responde a la necesidad de cambiar la lógica de la construcción de viviendas que no ha respetado la cosmovisión de los pueblos indígenas;

En ciertos casos, las Asociaciones de Desarrollo Indígena incurren en error al certificar la condición de indígenas, para acceder a los BFV;

La organización indígena es variable por territorio, por lo que es difícil la identificación de los beneficiarios.

A través de los años, el MIVAH ha desarrollado buenas prácticas en materia de vivienda indígena, entre las cuales se pueden destacar:

La existencia de proyectos de vivienda en diversos territorios que tienen relevancia sociocultural (el Estado procurará brindar los casos concretos en el momento de atender preguntas del Comité);

El MIVAH ha mantenido un marco de relación directa con diversas organizaciones indígenas a efectos de propiciar una mayor participación de la organización en la gestión de los proyectos de vivienda que se desarrolla en su territorio (el Estado procurará brindar los ejemplos en el momento de atender preguntas del Comité);

En los últimos años, se han desarrollado diversas evaluaciones sobre calidad, pertinencia y demanda de vivienda en los territorios indígenas (el Estado procurará brindar los ejemplos específicos en el momento de atender preguntas del Comité);

2.Vivienda para afro descendientes

Uno de los efectos más importantes del proceso de elaboración de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia y su Plan de Acción, ha sido la sensibilización de los diversos ministerios e instituciones públicas con el fin de que puedan comprender que la realidad de la comunidad afro descendiente tiene particularidades, las cuales hay que atender y se ha facilitado el establecimiento de vínculos directos con dicha población.

Por mucho tiempo, la institucionalidad nacional ha considerado que la comunidad afro descendiente no posee ninguna problemática específica en materia de vivienda, más allá que aquella determinada por el estrato socioeconómico de la población. Sin embargo, el MIVAH ha comenzado a desarrollar un nuevo planteamiento institucional, por medio del cual, se espera que las comunidades afro descendientes expresen sus necesidades de vivienda y de asentamientos humanos.

3.Vivienda para migrantes

Cuando se habla de migrantes, se deben tomar en cuenta las dos realidades que esta población enfrenta, es decir, aquellos migrantes en condición migratoria regular y aquellos en condición irregular.

En el caso de aquellos migrantes que posean un estado migratorio regular, no existen limitaciones objetivas, más allá de su condición socioeconómica, para que un extranjero o un hogar con uno o dos jefes de familia migrantes puedan acceder a un subsidio o crédito para vivienda. El artículo 6 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda establece que aquellos “extranjeros cuyo status migratorio y circunstancias familiares y laborales demuestren perspectivas razonables de residir en forma legal y permanente en el país, contando con sus respectivas fuentes de ingreso” tienen derecho a los subsidios o créditos para vivienda.

Los problemas se presentan al tratar con aquellos migrantes en condición migratoria irregular, pues no existen medios para probar las condiciones personales o de su núcleo familiar. El problema de identificación se exacerba cuando se toma en cuenta las diversas formas en que un migrante puede integrarse en la sociedad. A través de:

Hogares mixtos: uniones libres o matrimonios entre un ciudadano costarricense y un migrante;

Hijos costarricenses en hogares de padres migrantes o mixtos;

Hogares con miembros en condición migratoria regular e irregular.

Es importante destacar que el Estado costarricense cuenta con una legislación migratoria moderna, que no solamente propicia la regularización migratoria de las personas extranjeras bajo diferentes modalidades, sino que promueve su integración en la sociedad; lo que ha permitido incorporar estos hogares a los programas de vivienda desarrollados en zonas de precarios y tugurios.

No existe un registro que permita definir con claridad el total de migrantes que se han beneficiado con los programas de vivienda social. Esto se debe, entre otras cosas, al ocultamiento de miembros de la familia en situación migratoria irregular, así como la tendencia de incorporar nuevos miembros a partir del otorgamiento de la vivienda, o aquellos migrantes que obtienen su vivienda por la vía del matrimonio o unión libre.

Los datos con los que el MIVAH cuenta en relación con las poblaciones migrantes, son aquellos derivados de la identificación de jefes de familia que son extranjeros o costarricenses por naturalización.

El siguiente cuadro incluye tres categorías de “documentación” de los jefes de familia, con la aclaración de que todos son extranjeros de nacimiento, a pesar de que se hayan naturalizado costarricenses.

Cuadro 3

Bonos Familiares de Vivienda otorgados a hogares con jefe extranjero

Condición	Total de BFV
Extranjero	3 . 993
Naturalizado cédula 8	641
Extranjeros ID mayor A 9 Digito	1 . 544
Total	6 . 178

Fuente : Banco Hipotecario de la Vivienda .

El total de BFV otorgados a hogares con jefe de familia extranjero, de los cuales la mayoría son ciudadanos nicaragüenses, representa un 5% del total de BFV que han sido otorgados desde el año 2000 hasta la fecha. Sin embargo, esta cifra no permite conocer el total de miembros migrantes que viven en cada hogar.

El MIVAH tiene programas para brindar información a las familias sobre sus derechos en vivienda, por medio de visitas in situ a las áreas de asentamiento en tugurios, a través de las cuales se busca informar a la población de sus derechos y obligaciones.

C.Derecho a la salud

La garantía del acceso a la salud de la población en Costa Rica está bajo la responsabilidad de dos instituciones, el Ministerio de Salud como ente rector y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como prestataria de los servicios de atención directa a las personas.

El Ministerio de Salud, en su rol rector es el garante del estado de salud de las personas, así como de la calidad, oportunidad y equidad en salud, para ello define las políticas, planes y directrices en salud que deben ejecutar los demás actores del Sistema de Promoción Social de la Salud, tanto públicos como privados.

En este sentido, el Ministerio de Salud, desde su nivel central, cuenta con una Política y un Plan Nacional de Salud 2010-2021, los cuales parten de los enfoques de Derechos Humanos, Cohesión Social, Diversidad, Igualdad y Equidad de Género. Dichos instrumentos constituyen el marco para el accionar en salud tanto del sector público como del privado, y ambos instrumentos están enfocados a la atención de poblaciones vulnerables y grupos específicos.

Por otro lado, para garantizar la salud de estos grupos se han realizado acciones de capacitación en interculturalidad, tanto al personal del Ministerio como de la CCSS. Dentro de estas iniciativas, reviste de una especial importancia el Curso de Interculturalidad impartido en el último año a 140 funcionarios del Ministerio de Salud pertenecientes a áreas rectoras de salud que cuentan con territorios indígenas dentro de su área de atracción.

Asimismo, el Ministerio de Salud ha realizado talleres de etnociencia a 60 funcionarios de salud, por medio de los cuales se buscaba mejorar la atención que se brinda a la población indígena. (De requerir el Comité la información más específica sobre estos talleres, se le puede brindar en la fase de preguntas que le remite al Estado.)

Adicionalmente y con la finalidad de articular las acciones de salud dirigida a los pueblos indígenas, se creó la Comisión Nacional de Salud para Pueblos Indígenas (CONASPI), integrada por actores tanto públicos como privados involucrados en el tema. Esta Comisión es liderada por el Ministerio de Salud y tiene como tarea prioritaria la elaboración del Plan Nacional de Atención en Salud para Pueblos Indígenas e Indígenas Migrantes.

El trabajo con población indígena ha sido igualmente ejecutado en el nivel regional y local. Particularmente la Región de Rectoría de Salud Brunca, la cual cuenta con gran cantidad de población indígena, tanto móvil como estacionaria, se ha abocado a la coordinación de la Comisión Regional Indígena, en el seno de la cual se suman esfuerzos institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de estas poblaciones. Estos esfuerzos de mejoramiento van desde la inspección físico sanitaria de campamentos, baches y albergues, así como de fincas, hasta el diagnóstico de necesidades dentro de los territorios indígenas; todo esto de una manera interinstitucional y en estrecha coordinación con los asesores culturales y líderes indígenas, asegurando así que las intervenciones sean aceptadas por las comunidades.

De forma paralela, y con miras al mejoramiento del abordaje nacional para con la población migrante, el Ministerio de Salud ha participado de manera activa en la elaboración de la Política Nacional Migratoria, proceso liderado por la Dirección General de Migración y Extranjería. Con este esfuerzo se evidencia el compromiso del sector salud en el abordaje de las poblaciones vulnerables, yendo más allá de las competencias que le son asignadas y siempre con miras al mejoramiento del estado de salud de la población.

Alineado a este esfuerzo, se ha participado en el proceso para la elaboración del Plan de Integración Migratoria, dentro del cual se contempla el trabajo con el Fondo Social Migratorio y el mejoramiento de los servicios migratorios que se brindan a la población en tránsito en el país.

El acceso a los servicios de salud de la población en Costa Rica se brinda a través de la CCSS. A continuación se podrá encontrar información sobre diversas acciones que la CCSS, a través de sus Unidades Ejecutoras y Direcciones Regionales (Áreas de Salud), ha venido desarrollando, en particular en relación con las poblaciones indígenas.

La Caja Costarricense del Seguro Social ha puesto en práctica las siguientes acciones, como parte de la construcción de una política especial enfocada hacia la población indígena:

1.Modalidad de Atención para la Población Indígena e Indígena Móvil

A partir del año 2012, la CCSS se ha dedicado a incluir en sus políticas institucionales, acciones concretas dirigidas a las poblaciones indígenas y afro descendientes. Por ejemplo, a partir del 14 de noviembre de 2012, se le asignó al Área de Atención Integral a las Personas, de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, la responsabilidad de conducir un proceso técnico para avanzar hacia una atención diferenciada en salud a los pueblos indígenas e indígenas altamente móviles en el ámbito de las competencias de la CCSS, generándose la propuesta de un programa con su consecuente Plan Institucional 2013-2017, documento que actualmente se encuentra en proceso de análisis de parte de la Gerencia Médica. En esta etapa la propuesta está en el análisis institucional lo cual implicaría que, una vez aprobados los ejes y los objetivos de este Plan institucionalmente, se dé inicio a procesos de consulta y construcción con los pueblos indígenas. Los ejes desarrollados en este Plan pueden ser apreciados en el anexo 2.

Como antecedente de esta acción, en el año 2007, se inició como parte del Plan de Acción de la Gerencia Médica, un análisis y diagnóstico de las poblaciones indígenas e indígenas migrantes altamente móviles, con el fin de desarrollar un plan en la atención de la salud para estas poblaciones. En atención a esto, la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, elaboró un documento en el cual estableció una Modalidad de Atención para la población indígena e indígena migrante que mantiene principios de equidad, solidaridad, universalidad, ética e inclusión social, con ejes transversales de interculturalidad, derechos humanos, género, responsabilidad social y calidad. Esta Modalidad es la que se ha venido ejecutando en la práctica, pero ahora, como se mencionó en el párrafo anterior, se está trabajando en un Plan Institucional más integral y construido con las poblaciones.

Por otra parte, mediante oficio DJ-00751-2013 del 13 de marzo de 2013 denominado “Informe sobre buenas prácticas o acciones que se estén llevando a cabo en la CCSS en relación con la lucha contra la discriminación racial”, la Dirección Jurídica de la institución (que, valga indicar, ostentaba la representación de la CCSS en la Comisión Interinstitucional sobre Derechos Humanos) le recomendó a la Presidencia Ejecutiva las siguientes acciones a efectos de que dentro de la institución se dé todo un proceso de sensibilización sobre la población afro descendiente, indígena y migrante:

“Propiciar talleres de capacitación a efectos de sensibilizar a los funcionarios de la institución con el fin de eliminar cualquier tipo de discriminación en la atención a los usuarios. Para lo cual, se hace necesario tratar de conciliar espacios con la sociedad civil (población afro descendiente, indígena y migrante) a fin de obtener información de primera mano, sobre la manera de cómo estas personas sufren discriminación, a efectos de realizar talleres a los funcionarios de la CCSS, y lograr evitar esas actuaciones. Divulgar la información con la que ya cuenta la institución en relación con las acciones que se están realizando para la atención de estas poblaciones.”

Mediante oficio P.E. 24.677-13 del 17 de abril de 2013 la Presidencia Ejecutiva instruyó a las Gerencias Administrativa y Médica para que en forma conjunta, elaboren un plan de acción y divulgación, tendiente a cumplir con las propuestas de la Dirección Jurídica, que además se enmarcan en el contexto de construcción de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia.

2.Seminario Técnico sobre “Estrategias Preventivas para la Cobertura en Seguridad Social de Poblaciones Vulnerables”

Promovido por parte de la Gerencia Médica, en la Asociación Internacional de Seguridad Social, y que se realizó los días 24 al 26 de agosto de 2011.

3.Programas para la atención

La CCSS a través de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, desarrolla diferentes programas para la atención conjuntamente con organismos internacionales y ONGs como lo son: OIM, UNICEF, ONUSIDA, OPS, Capacity Project – Intra Health y ADC.

4.Acciones regionales

En materia de atención a la población indígena, tanto en la Región Brunca como en la Región Huetar Atlántica, regiones donde se concentra la mayor cantidad de población indígena en el país, las Unidades Ejecutoras adscritas a la CCSS, realizan acciones con la finalidad de erradicar y hacer conciencia en los diferentes cantones, sobre la discriminación racial o étnica.

Al respecto, cabe mencionar que en el Hospital de San Vito, se da la atención gratuita con costo al Estado e igualdad de condiciones a la población Ngöbe.

Gracias al Tratado Binacional Costa Rica‑Panamá, se cuenta con acuerdos en cuanto a los mecanismos de acceso a los servicios de salud, logrando así una vigilancia epidemiológica binacional, así como el transporte de medicamentos, materiales, equipos, funcionarios y pacientes entre ambos países en el cordón fronterizo.

En Ciudad Neily se realizan programas de prevención y charlas a sectores sociales, relacionadas con la atención de población indígena y otras nacionalidades. Se promueve el acercamiento de estos grupos étnicos a los servicios de salud mediante educación grupal e individual, en las áreas de:

Prevención y explotación sexual, abuso de padre de familia, manejo de límites, detección de indicadores de abuso;

Prevención del castigo físico y violencia intrafamiliar;

Información sobre los derechos y deberes de los usuarios de servicios de salud, leyes, reglamentos y códigos que respaldan a dicha población;

Salud sexual y reproductiva;

Enfermedades de transmisión sexual.

Además, se elaboran panfletos y charlas de prevención en enfermedades infectocontagiosas, así como la promoción de estilos de vida saludable.

Es importante agregar, que dos veces por año, se realizan cursos de preparación para el parto, dirigido a adolescentes. Dicha actividad consta de ocho sesiones, e incluye a la población indígena.

En enero de 2012, se llevó a cabo una actividad en Abrojo Montezuma, con la población indígena del lugar. El objetivo de dicha actividad fue el intercambio cultural con un integrante del cuerpo de paz de los Estados Unidos.

Por último, conviene indicar, que existe una comisión a lo interno del centro médico, encargada de dar seguimiento a las actividades y programas de prevención.

En el Hospital Tomás Casas Casajús se brinda la atención en salud a las poblaciones indígenas Boruca y Guaymíes, además, se realizan programas de promoción y prevención.

En el Área de Salud de Golfito se realizan charlas educativas en las visitas comunitarias de los equipos médicos, odontológicos, obstétricos y de trabajo social. Se realizan actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades que se desarrollan en el área. Además, se les informa a los actores sociales sobre los derechos y deberes de los ciudadanos al seguro social. Por último, conviene indicar que se da la atención integral del primer nivel a la población indígena, para lo cual se da el otorgamiento del aseguramiento del Estado.

En el Área de Salud de Coto Brus existen comisiones y proyectos con organizaciones internacionales en pro de la población indígena y diferentes nacionalidades.

En cuanto a las comisiones, esta área cuenta con tres: Comisión de Educación Permanente, Comisión de Atención Integral a la Población Indígena y Promoción de la Salud.

El objetivo de dichas comisiones es brindar una atención integral en salud a toda la población indígena del país. Y como logro se registra la disminución de atenciones a la población indígena en el servicio de emergencia, así como en los ingresos hospitalarios y consultas en el EBAIS.

Respecto a los proyectos que se llevan a cabo en esta área, se pueden enumerar los siguientes:

Rompiendo barreras idiomáticas: el cual tiene como objetivo capacitar al personal de salud en el manejo del idioma ngöbe. Al momento se han capacitado 60 personas en el manejo de dicha lengua;

Proyecto “Finca Sana”;

Atención a la población indígena altamente móvil en Río Sereno, EBAIS Frontera;

Proyecto “Suelo Limpio”;

Proyecto “Potabilización del Agua”;

Proyecto “Etnoturismo”;

Proyecto “Salud Sexual y Reproductiva”: llevado a cabo en el colegio de La Casona, el cual forma parte del territorio indígena;

Proyecto de Atención a adolescentes madres en La Casona (territorio indígena);

Proyecto Interculturalidad en Salud: se realizan reuniones con médicos tradicionales y parteras, y capacitaciones en atención al parto. Este proyecto tiene como objetivo brindar una atención integral en salud a toda la población indígena del cantón. Ha tenido como logro, la disminución de atenciones a la población indígena en emergencias, así como en los ingresos hospitalarios y consultas en el EBAIS;

Proyectos “Huertas Escolares”, que tiene como objetivo el rescate del consumo de hortalizas tradicionales;

Proyecto “Interculturalidad y deporte”;

Proyecto “Construcción del nuevo EBAIS de La Casona” con enfoque intercultural;

Abogacía por la identificación de la población indígena en condición irregular;

Proyecto “Nutrición Escolar” en la escuela La Casona;

Capacitación en temas específicos sobre salud a Asesores Culturales, como por ejemplo: lavado de manos, higiene personal, diarrea, malaria, tuberculosis, VIH‑SIDA, drogas, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, entre otros;

Proyecto de reforestación con árboles frutales autóctonos de la zona;

Proyecto “identificación de árboles maderables”;

Proyecto “Censo de plantas medicinales en territorio indígena”;

Proyecto VIH-SIDA en población indígena;

Proyecto “Higiene Bucodental en Población Indígena”, con un componente de interculturalidad;

Proyecto Neurodesarrollo;

Empoderamiento del Patronato Escolar, de la Escuela La Casona.

Además se realizan programas de prevención, entre los que se puede mencionar:

Desparasitación en territorio indígena;

Visitas domiciliares y charlas en escuelas en territorio indígena para instrucción acerca del adecuado lavado de manos;

Distribución de jabones en territorio indígena;

Traducción del libro de vacunas al idioma ngöbe.

El Área de Salud de Corredores cuenta con una Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, la cual realiza acciones en beneficio de grupos indígenas y refugiados. En esta área la política es brindar un trato igual a todos los usuarios de los diferentes servicios sin importar credo, clase social, género, descendencia, etc.

El Área de Salud de Talamanca (la cual cuenta con gran cantidad de población indígena así como afro descendiente) pone en práctica las siguientes acciones:

Visión de interculturalidad en los funcionarios;

Impartición de charlas sobre derechos de los usuarios;

Incorporación de personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios a laborar en la institución;

Reuniones con personas del cordón fronterizo para afianzar acciones para la atención de las poblaciones indígenas guaimíes vecinas del cordón fronterizo Costa Rica‑Panamá que en su mayoría son indocumentados con grandes problemas socioeconómicos;

Sensibilización del personal;

Talleres con los comités de salud de guaimíes;

Conformación de la Junta de Salud de Indígenas;

Trabajo con los comités de salud.

En el Área de Salud de Valle de la Estrella se brinda atención a una población indígena de aproximadamente 3.000 habitantes, y se cuenta con:

Un EBAIS completo destinado únicamente a esta población y se realizan acciones enfocadas directamente a la promoción y prevención de la salud y respeto de sus derechos;

Se brinda atención preferencial a niños y niñas indígenas, embarazadas y adultos mayores, así como se toma en cuenta la lejanía geográfica a la que pertenecen;

Se cuenta con tres Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS) indígenas, en virtud de respetar su cultura e idioma;

Excelente relación con la Asociación de Desarrollo Indígena Tayni Cábecar, con la cual se realizan reuniones mensuales, y se coordinan todas las acciones relacionadas con la salud de esta comunidad, con los líderes de la asociación.

El Área de Salud de Matina cuenta con un EBAIS dedicado a la atención de las poblaciones indígenas y ha realizado importantes esfuerzos con donaciones para el mejoramiento de los sitios de atención médica indígena, con recursos externos a la CCSS. Asimismo, cuenta con planes estratégicos que orientan el accionar de los servicios de la región.

El Área de Salud Turrialba-Jiménez que comprende el territorio indígena Cabécar, le brinda atención integral a pesar de las barreras geográficas culturales existentes. Se han dispuesto tres equipos básicos de atención integral, los cuales realizan giras a las comunidades durante todo el año, poniendo en marcha lo siguiente:

Programas de atención médica, atención primaria y vacunación;

Procesos de promoción y prevención;

Giras por parte del Laboratorio Clínico;

Giras por parte del Servicio de Odontología.

El Hospital William Allen Taylor brinda atención a la población indígena proveniente de Talamanca y de Turrialba, para lo cual, se han adoptado medidas en los servicios de salud en condiciones de no discriminación, entre las que se pueden mencionar:

Atención personalizada y prioridad por limitaciones geográficas. Por ejemplo, en lo que respecta a los servicios de laboratorio y rayos X, se atienden a cualquier hora aún en consulta externa, y no se les registra como ausentes o con o sin documentos;

Adaptación de servicios por limitaciones idiomáticas: se etiquetan los medicamentos para la población indígena con pictogramas;

Facilidades por limitaciones culturales;

Capacitación por parte del personal en lengua indígena (bribri-cabécar), en conjunto con la Universidad de Costa Rica.

En el Área de Salud Los Santos se presenta la afluencia de población migrante (principalmente ngäbe y buglé y está en incremento la llegada de población nicaragüense) ante la cosecha y recolección de café, por lo que, se han creado alianzas estratégicas con la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Consejo Nacional de Rectores y Cooperativas para promover condiciones ambientales más propicias para esta población.

Entre las estrategias, se pueden indicar:

Estrategias de saneamiento básico rural en albergues cafetaleros;

A partir del 2008 se inició un proceso de atención médica y paramédica en las fincas con énfasis en higiene personal, familiar y ambiental; siendo este equipo conformado por un médico, dos técnicos de atención primaria y un técnico de registros médicos;

Reforzamiento del servicio de emergencias durante la época de recolección de café.

En el Área de Salud de Puriscal Turrubares se localiza el territorio indígena de Zapatón. Existe un Equipo Básico de Atención Integral en Salud, el cual brinda atención a 408 habitantes del territorio indígena. Cuenta también con una Comisión Local para la Población Indígena de Puriscal (COLOSPI), la cual realiza anualmente la formulación del plan de trabajo, y con la población indígena se han implementado las siguientes acciones:

Consulta de atención integral cada 15 días en el EBAIS de visita periódica de la comunidad;

Consulta de atención odontológica una vez por mes;

Visita domiciliaria, a cargo del ATAP;

Designación de un funcionario representante en la Comisión Local de Asuntos Indígenas;

Remodelación completa del EBAIS en Zapatón en el año 2011;

Participación activa en todas las actividades realizadas por la COLOSPI.

Por último, en las unidades de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte que de forma temporal cuentan con población migrante, refugiada e indígena, por las actividades de colecta del café, corta del café, corta de caña, entre otros; los ATAPS los visitan en las covachas y se les asiste según necesidades de salud. Debido a que no cuenta con asentamientos permanentes de indígenas, ni de refugiados ni migrantes, la atención brindada a estos grupos es impartida de manera temporal.

La séptima recomendación del Comité indica que el Estado “debería tomar medidas enérgicas para combatir la mortalidad infantil en las comunidades indígenas”, sobre lo cual cabe resaltar que se evidencia un vacío, por cuanto a pesar de que la Caja Costarricense de Seguro Social realiza esfuerzos para brindar una cobertura de atención integral a las poblaciones indígenas, de manera que éstas tengan asegurado su derecho a acceso a la salud, sin que se vea menoscabada su cultura, o tengan que abandonar sus territorios ancestrales, no se cuenta con ningún dato, que evidencie una acción o proyecto, tendiente específicamente a combatir la mortalidad infantil de estas comunidades. Sin embargo, cabe indicar, en el Área de Salud Coto Brus, se lleva a cabo el Proyecto Interculturalidad en Salud, donde se realizan reuniones con médicos tradicionales y parteras, y se imparten capacitaciones en atención al parto.

D.Acceso al agua

Desde el año 2006 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se ha enfocado en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en los 24 Territorios Indígenas, donde se han logrado identificar las necesidades básicas y necesarias para la construcción de nuevos sistemas de acueductos, de conformidad con la ley y las costumbres y tradiciones de las poblaciones indígenas. En el anexo 1 se puede apreciar el mapa de Costa Rica, donde se localizan las reservas indígenas.

A partir de esa fecha, el AyA cuenta con una “Estrategia de inserción para la promoción comunal en el desarrollo de proyectos de abastecimiento de agua dentro de territorios indígenas”, la cual abarca tres fases: sensibilización, viabilidad social y capacitación.

Durante la etapa de sensibilización, la lógica de la Estrategia es que se logre hacer un efectivo abordaje de la comunidad sin violentar su modo de vida, buscando el mejoramiento en la calidad de vida de la población. A través de la inserción asertiva con la comunidad y con la integración de la misma en general, se procura garantizar la participación activa, voluntaria y consciente en el desarrollo del proyecto.

La fase de viabilidad social pretende la generación de criterios sociales, tales como:

La participación social en las diferentes actividades del proceso, para determinar con certeza la continuidad de las subsiguientes fases;

Análisis del interés comunal hacia el proyecto;

Expectativas de los beneficiarios;

Situación socio-económica local de la población;

Aspectos legales;

Forma de administración del acueducto;

Anuencia en participar activa y voluntariamente en el proceso de capacitación y construcción de las obras.

La fase de capacitación tiene el propósito de generar aprendizaje en los participantes, aplicando métodos que toman en consideración las características de la población a la cual van a capacitar, entre otras: la edad, sus costumbres, género, ubicación geográfica.

A su vez, el Instituto ha realizado acciones con entes cooperantes para obtener fondos para realizar proyectos de infraestructura y de fortalecimiento de gestión de las comunidades, tales como los que se describe a continuación.

En el año 2007, se recibió del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) una cooperación técnica y financiera no reembolsable por un monto de 50.000 dólares, y el AyA aportó una contrapartida de aproximadamente 36.047,20 dólares, para el desarrollo del proyecto “Desarrollo de capacidades de hombres y mujeres en la administración, operación y mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento, mediante la implementación de un Plan Piloto en los territorios indígenas de Alto Chirripó de Talamanca y Ujarrás de Buenos Aires de Puntarenas de Costa Rica”.

El proyecto, desarrolló una tecnología de inserción y capacitación para las comunidades indígenas, que les permitirá gestionar eficaz y eficientemente el recurso hídrico a nivel local; mediante la aplicación de los enfoques de sensibilización, viabilidad social, capacitación en administración, operación y mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento. Este se implementó de forma inicial por medio de un Plan Piloto en los territorios indígenas de Ñari Ñak, Tsiniclori o Roca Quemada, Paso Marco, Alto Ñari, Villa Damaris y Ujarrás; territorios donde AyA ya está realizando obras, teniendo en cuenta el contexto económico, social, ambiental y cultural de estos.

Para el año 2010, la Organización Ingenieros sin Fronteras de Estados Unidos de América realizó un proyecto de mejoramiento de la Comunidad de Tonjibe del Territorio Indígena Maleku, en donde colaboraron con obras de construcción de las siete fuentes de captación, lo que contribuyó a mejorar las condiciones de la calidad del agua, evitando así la contaminación de origen microbiológico.

En dicho proyecto, a través de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales, el AyA fue la contraparte técnica en donde aportó material, supervisión y aval de la obra por medio de un ingeniero y, desde la perspectiva social, se dio el acompañamiento de los trabajadores sociales con el fin de acercar a la comunidad con el proyecto.

Para octubre del 2012, se concluyó la construcción y ampliación del Acueducto de la Comunidad Indígena de Térraba, obra que fue realizada con el aporte del AyA en cuanto al diseño y supervisión técnica. Los recursos financieros fueron donados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID-España), con un monto aproximado de ¢80.000.000 fondos administrados por la Federación de Municipalidades de la Región del Sur de la Provincia de Puntarenas (FEDEMSUR).

Desde el año 2006 al 2012, el AyA ha logrado diseñar, programar y ejecutar 13 proyectos de acueductos nuevos en territorios indígenas, gracias a los cuales 2.046 habitantes se han beneficiado, y lo que significó una inversión de 588.161.334 colones en los últimos seis años.

A continuación se detallan los proyectos concluidos y la población que se benefició conestos.

Cuadro 4

Proyectos del AyA

Territorio	Población	Costo
Paso Marcos de Turrialba	165	44 . 300 . 000 , 00
Alto Ñari de Turrialba	42	23 . 250 . 000 , 00
Ñari Ñak de Turrialba	132	38 . 500 . 000 , 00
Roca Quemada (Tsiniclori) de Turrialba	110	9 . 020 . 000 , 00
Jameikari de Siquirres	30	20 . 012 . 067 , 00
Cerere de Talamanca	360	59 . 361 . 326 , 00
Ujarrás de Buenos Aires	920	295 . 500 . 000 , 00
Booqueri de No.1 de Siquirres	15	16 . 169 . 285 , 00
Booqueri de No.2 de Siquirres	40	15 . 066 . 771 , 00
Karku No.1 de Siquirres	36	13 . 462 . 114 , 00
Karku No.2 de Siquirres	36	14 . 822 . 856 , 00
Tolot Satku de Matina	30	13 . 020 . 912 , 00
Bajo Bley Talamanca	130	25 . 676 . 000 , 00
Total	2 . 046	588 . 161 . 334 , 00

Es importante destacar que la participación comunal en estos proyectos ha sido considerada por el AyA como sumamente efectiva, gracias a la colaboración, en diversos casos, de las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena. Igualmente se ha logrado el apoyo del Programa de Jornales Ocasionales del Ministerio de Trabajo para procurar la contratación de mano de obra indígena. Además, las comunidades se han manifestado donando los territorios para la construcción de acueductos y servidumbres de paso de tuberías. De igual manera, aportan su tiempo para participar en actividades como reuniones, charlas y capacitaciones. Por último, se ha contado con la ayuda de las municipalidades de Turrialba y Talamanca, la CCSS de Turrialba y Talamanca, la Red de Salud Indígena, la Fundación Indígena Quircot, el PNUD y la CONAI.

Cabe indicar, que la experiencia ha demostrado que la construcción de infraestructura, sin el desarrollo de las capacidades de las personas encargadas de la administración de los acueductos comunales, afecta la sostenibilidad de los sistemas. Ante esta premisa, la Unidad Estratégica de Negocios de Administración de Proyectos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales del AyA, elaboró durante el año 2011-2012 el Proyecto Socio-Educativo denominado “Curso Introductorio-Aspectos Básicos para la gestión de las nuevas Asociaciones”, el cual está iniciando su implementación en las comunidades, incluyendo aquellas comunidades indígenas que cuenten con las condiciones que se puedan considerar adecuadas.

Esta propuesta consiste en un curso introductorio de 24 horas de instrucción, su objetivo es dar una orientación en aspectos básicos a las y los miembros de las nuevas juntas directivas de los proyectos en construcción, brindándoles una serie de contenidos, conceptos y herramientas que les permitirá iniciar su gestión con mayor seguridad, con cultura empresarial y con elementos que pueden aportar a la sostenibilidad de sus sistemas, siempre en armonía con el ambiente. Los principales ejes temáticos se enfocan en la gestión organizativa, legal, administrativa, operativa, financiera, comercial y socio-ambiental.

A su vez, se han ejecutado otras acciones que han contribuido al desarrollo de las comunidades indígenas como, por ejemplo, que el AyA por medio de sus sistemas de abastecimiento está brindando el servicio de agua potable al territorio indígena de Matambú, ubicado en Hojancha de Guanacaste.

E.Derecho a la educación

La Constitución Política garantiza el acceso a la educación gratuita y obligatoria; estipulación que se encuentra fortalecida por las leyes nacionales y normativas internacionales. Le corresponde al Ministerio de Educación Pública garantizar el acceso a la educación a todas las personas sin distinción, por lo que todos los actos propiamente administrativos del Ministerio tienen un alcance que benefician a personas indígenas, afro descendientes, migrantes, refugiadas y/o solicitantes de refugio que se encuentren matriculadas en el sistema educativo. Sin embargo existen algunas reformas, programas y proyectos que promueven una cultura sobre los derechos humanos, buscando así condiciones inclusivas, eliminando consecuentemente las situaciones discriminatorias y promoviendo un desarrollo y educación integral desde la oferta educativa.

Igualmente, le corresponde al Ministerio de Educación Pública promover la enseñanza de todos los componentes culturales y étnicos acorde con el carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad costarricense.

Por medio del Decreto Ejecutivo N° 35513 del 25 de setiembre de 2009 se creó la Dirección Regional Educativa Sulá, con lo que se busca fomentar la autonomía de todas las comunidades educativas que se encuentran en los territorios indígenas, fomentando la implementación de una propuesta educativa pertinente y contextualizada. Las Direcciones Regionales de Educación deben conciliar el curriculum nacional con las particularidades regionales y locales, respetando la diversidad cultural y del medio ambiente.

La Dirección Regional Educativa Sulá, por virtud del Decreto de su creación, tiene la capacidad de organizarse internamente de la manera en que consideren conveniente a las necesidades pedagógicas y curriculares de las comunidades educativas indígenas; previa autorización del Ministerio de Educación Pública.

En el área curricular, los programas de estudio del currículo nacional están transversados por el enfoque de derechos humanos. Cada materia tiene en su parte introductoria información general sobre la transversalidad y la obligatoriedad de implementar cada uno de los temas transversales en el trabajo del aula. La transversalidad es un proceso que debe evidenciarse en las labores programáticas del Sistema Educativo Nacional; desde los programas de estudio hasta el planeamiento didáctico que el o la docente realizan en el aula y en la planificación institucional de cada centro educativo.

En Costa Rica se han definido los siguientes temas transversales: cultura ambiental para el desarrollo sostenible, educación integral de la sexualidad, educación para la salud y vivencia de los derechos humanos para la democracia y la paz. Estos tienen como propósito hacer del ejercicio de la ciudadanía una actividad atractiva, interesante y cívica que conlleva responsabilidades y derechos.

En el área curricular de ética, estética y ciudadanía se propone estimular en la población estudiantil habilidades y capacidades para desarrollar su pensamiento, imaginación, socialización y su capacidad creadora. Se pretende que los estudiantes adquieran destrezas y habilidades que les permitan convivir en sociedad dentro de un marco de Estado de Derecho, respetando a los derechos en su sentido más pleno.

También se imparten una serie de valores que son fundamentales en la formación ética y ciudadana, tales como la justicia y la equidad; la autonomía (entendida como antítesis del autoritarismo o el mero tutelaje); la tolerancia y el respeto y aprecio de la diversidad; la expansión de la libertad en su sentido amplio de capacidad; la solidaridad y la simpatía.

Por medio del Decreto Ejecutivo 36451, se creó el Departamento de Educación Intercultural, por medio del cual se promueven diversas iniciativas:

Cuadro 5

Iniciativas del Departamento de Educación Intercultural

Fortalecimiento del Modelo Pedagógico-Tecnológico para Liceos Rurales (incluyendo Liceos Indígenas): Inversión en: mejoría pedagógica, infraestructura y equipamiento; Selección de personal y creación de un manual de puesto para territorios indígenas, el cual se está elaborandode acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y será puesto en consulta con los territorios indígenas.	Contextualización y Pertinencia en las Prácticas Educativas: Cubre la totalidad de centros educativos del país; Objetivo: eliminar estereotipos y perjuicios sobre afro descendientes, migrantes e indígenas; Tres módulos: Afro descendientes en CR; Cosmovisión y cosmogonía de los pueblos indígenas; Migración, Educación e Interculturalidad.
Promoción de la contextualización curricular y la pertenencia cultural: Cubre todas las regiones educativas del país; Objetivo: asesorar a todas las Direcciones Regionales Educativas para la construcción de proyectos vinculados con la cultura, rescate de la memoria histórica de las regiones, y aspectos invisibilizados de la historia.	Coordinación con el Departamento de Investigación: Objetivo: recuperar elementos de la memoria histórica de las regiones, a través de las investigaciones cualitativas de los Asesores Regionales.
Coordinación con UNICEF y UNESCO: Asesoría legal, asignación de presupuesto, apoyo logístico para la realización de actividades académicas, y apoyo a la labor de los docentes en Centros Educativos.	Coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería: Traducción de documentación de la DGME a lenguas indígenas.

En julio de 2013 se emitió el Decreto Ejecutivo 37801-MEP, a través del cual se reforma el Subsistema de Educación Indígena, considerando que la educación indígena debe ser “… una educación especializada, centrada en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas a preservar sus identidades en términos lingüísticos y sus vínculos naturales con su cosmovisión y expresiones culturales, económicas y sociales (...)” y que el Subsistema de Educación Indígena existente anteriormente “… carece de estructura, procedimientos y mecanismos de participación claros que propicien el pleno cumplimiento de derechos.”

El Decreto Ejecutivo de referencia, además, indica que “se realizó un proceso de consulta previa, libre e informada en cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT))”. Como objeto del Decreto Ejecutivo, en el cuerpo normativo, artículo 1: “se establecen las particularidades de la educación indígena en términos de objetivos, idiomas, enfoque, organización administrativo-territorial y recursos humanos. Igualmente se definen los procedimientos de consulta y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de las decisiones que les competen en materia educativa.” Para mayor referencia y estudio por parte del Comité, se adjunta una copia del Decreto Ejecutivo (anexo 10).

F.Derechos culturales

El Comité fomenta la protección de las expresiones culturales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. En el caso particular de Costa Rica, el Comité emitió su 13.ª recomendación, en la cual “invita al Estado parte a tomar las medidas necesarias para preservar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluidas sus lenguas”.

El Estado costarricense tiene la obligación de garantizar y promover el derecho a la cultura, apoyándose en las normas nacionales e instrumentos jurídicos internacionales que el país ha ratificado.

En materia cultural, existen tres niveles de acción:

Actividades realizadas por las instancias del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) dirigidas a la población indígena, afrodescendiente y migrante como población meta;

Actividades orientadas a que la comunidad se empodere y asuma la gestión de su cultura, contando para ello con el apoyo del MCJ;

Actividades en las que el tema sea el arte o la cultura de esas poblaciones como parte de la diversidad cultural nacional y su puesta en valor, así como la divulgación al resto de la sociedad nacional.

En relación con el nivel 1, y tomando en cuenta conclusiones de un diagnóstico realizado, el MCJ ha comenzado la generación de protocolos de trabajo con la población indígena y la población afro descendiente, que sean respetuosos y adecuados a la legislación vigente y a las particularidades de estas poblaciones. Asimismo, las diversas instancias internas del Ministerio han dado inicio a un proceso de articulación para actuar sujetos a los nuevos lineamientos. Es importante destacar que dichos protocolos están diseñados para que toda acción e inversión de la institución que afecta a las poblaciones tenga que ser decidida en el marco de un proceso de diálogo y participación de parte de estas poblaciones y sus instancias representativas.

En relación con el punto 2, se ha evidenciado la necesidad de crear espacios de diálogo y de construcción conjunta de planes de trabajo, en una vía que permita articular las actividades que se realiza no sólo desde el MCJ, sino también de la mano con otras instituciones, en un plan de acción estratégica o política con una metodología participativa formulada en atención de las necesidades, intereses y expectativas de las poblaciones indígenas, en apego a sus derechos y según sus diversas cosmovisiones.

En este proceso, en relación con los pueblos indígenas, resulta necesario que sean estos mismos pueblos quienes planteen sus demandas ante la atención gubernamental. De esta forma, el MCJ trabaja activamente en la consolidación de mecanismos que permitan proteger y fomentar el goce de los derechos culturales de los pueblos indígenas. Para ello, durante los años 2011 y 2012 se contrató los servicios de un profesional indígena para desarrollar un plan de trabajo en las diversas comunidades indígenas. Igualmente, durante el año 2013 se contrató los servicios de un profesional indígena en sociología, para desarrollar talleres en tres comunidades indígenas del cantón de Buenos Aires, con el objetivo de construir una estrategia de trabajo conjunto entre representantes comunitarios e instituciones estatales (MCJ, Instituto Nacional de Aprendizaje [INA], IMAS), para el planteamiento de proyectos culturales que respondan a las realidades y demandas de cada una de estas comunidades.

En el caso de la población afro descendiente, se ha generado un programa específico, denominado Corredor Cultural Caribe, orientado a favorecer el legado de esta población en el Caribe centroamericano desde el punto de vista de la cultura y el reconocimiento de lo específico de esta cultura, cuya matriz ha sido desde su nacimiento, supranacional.

El programa Corredor Cultural Caribe (CCC) fue presentado por el Ministerio de Cultura y Juventud en noviembre de 2010 a la Reunión de Ministros de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), realizada en El Salvador y que contó con el apoyo de la UNESCO.

El Corredor busca promover los emprendimientos, la comunicación, la cooperación, la investigación, la formación y el diálogo cultural; fortalecer el patrimonio histórico y el legado pluricultural, así como contribuir a la integración y al desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos de Centroamérica y República Dominicana.

Para su desarrollo los países firmantes de la Declaración han conformado en cada uno de ellos a las Comisiones Nacionales del Corredor con la participación del Ministerio de Cultura o su homólogo y de aliados estratégicos, tales como, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entre otros; orientando su accionar hacia fortalecer este Corredor, en las ciudades definidas por ellos mismos como emblemáticas de la cultura caribeña.

En Costa Rica, las comunidades definidas como emblemáticas son: Tortuguero, Limón Centro y Cahuita, lo que permite cubrir el área norte, central y sur del Caribe limonense.

Ley General de Cultura y Política Nacional de Cultura

Actualmente, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) se encuentra desarrollando un proceso para la construcción de la Ley General de Cultura (LGC) y la Política Nacional de Cultura (PNC), como estrategias para impulsar la construcción de herramientas que generen acciones para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en Costa Rica.

Después de la fase de diagnóstico, llevada a cabo por el Despacho del Ministro, la Dirección de Cultura y la Secretaría de Planificación y Asesoría Legal, se concluyó que a pesar de que diversas instancias desarrollan actividades dirigidas a las poblaciones indígenas, afro descendientes y migrantes, estas actividades tienen un alcance pequeño y no corresponden a lineamientos claros y específicos, y en el caso de poblaciones indígenas, no existe norma alguna que aborde la especificidad de estos pueblos.

Asimismo, vale destacar que hasta este momento, el MCJ no había mantenido una relación de comunicación directa y fluida con las comunidades indígenas; por esta razón es que durante el proceso de elaboración de la LGC y la PNC se ha mantenido un diálogo constante con las comunidades metas.

Al inicio del proceso de construcción de la LGC y la PNC no fue posible aplicar los mecanismos adecuados para garantizar la participación indígena, de acuerdo con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el MCJ está consciente de la importancia de construir conjuntamente mecanismos culturalmente pertinentes, razón por la cual se entabló un dialogo entre el Estado y representantes indígenas, transparente y honesto, que permitió diseñar la metodología de consulta para la construcción participativa de la LGC y la PNC.

Atendiendo a la importancia de la participación indígena, un primer paso fue definir conjuntamente con las poblaciones indígenas la forma de realizar la consulta sobre la LGC y PNC, para lo cual se realizaron:

Reuniones informativas en comunidades indígenas a nivel nacional sobre LGC y PNC: celebradas desde junio a diciembre de 2012, con el objetivo de desarrollar una estrategia de socialización que permite informar a los pueblos indígenas el proceso desarrollado en torno a la formulación de la LGC y PNC. Se sostuvieron varias reuniones con líderes indígenas en varios territorios, agrupados en bloques conformados por ellos mismos (bloque RIBCA (Red Indígena Bribri-Cabécar), Unión Ngäbe, bloque Huetar, territorios Maleku y territorios indígenas de Buenos Aires);

Reuniones de concertación con representantes indígenas de los territorios para acordar una propuesta de metodología para realizar la consulta: En esta segunda etapa que se desarrolló en los meses de febrero y marzo de 2013, tuvieron lugar 5 reuniones con dirigentes de los siguientes organizaciones indígenas y bloques organizativos: Mesa Nacional Indígena (MNI), Red Indígena Bribri-Cabécar (RIBCA), Territorios Indígenas de Buenos Aires, Unión Regional Ngäbe y a los Territorios del Bloque Central Norte, se contó con la participación del equipo consultor y del MCJ.

Estas reuniones han sido consideradas como encuentros de construcción conjunta entre el Equipo Consultor- MCJ y los dirigentes indígenas, que han sido espacios de dialogo de buena fe y respeto. Los resultados de estos encuentros pueden resumirse en los siguientes puntos:

Anuencia a iniciar el proceso de construcción conjunta de una propuesta metodológica de cómo realizar la consulta;

Invitar a otros actores que se sumen al proceso;

La conformación de un Comité Coordinador del proceso de consulta;

La realización de la consulta basado en tres momentos;

Etapa de información previa;

Etapa de pre consulta;

Etapa de consulta (que incluye el Foro Nacional de Consulta).

Estas etapas están en constante revisión y pueden ser modificadas mediante consenso de las partes cuando no contravengan los derechos de los pueblos indígenas. Estas etapas se inscriben en un esfuerzo del MCJ por construir un proceso inclusivo y participativo que atienda las particularidades socioculturales de los pueblos indígenas sin menoscabo de sus derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional.

G.Derecho a un nivel de vida adecuado

1.Acceso a tecnología

Se encuentra en este apartado que existen iniciativas puntuales muy positivas especialmente para los pueblos indígenas y en una de las regiones del país. Sin embargo, aún deben desarrollarse estrategias para que los esfuerzos se conviertan en una política más comprehensiva y amplia o acciones más sistemáticas de acceso a todos los pueblos y territorios indígenas del país, así como a los afro descendientes y migrantes y refugiados, en lo conducente. Para este propósito, la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia y su I Plan de Acción servirá como la principal herramienta para que las instituciones públicas logren generar estrategias y acciones sistemáticas para las 3 poblaciones meta.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), desarrolla el Centro Comunitario Inteligente (CECI) en Talamanca. A través de este CECI se desarrollan programas de capacitación en el uso de tecnología de la información y comunicación.

El CECI ubicado en Amubrë, en el Centro de Capacitación Iriria Alakölpa ú, es administrado por el Instituto Tecnológico Costarricense (TEC) y la Asociación Alakölpa Kanewak. En este Centro se mantiene una oferta permanente de cursos básicos dados por maestros y maestras bribrí.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el TEC están impulsando una iniciativa denominada “Dinamizando el desarrollo de los territorios de Telire y Bratsi”, y actualmente trabajan en dos niveles:

Reducción de brechas digitales, donde se imparte cursos básicos tanto en plataforma Windows como en software libre;

Técnico en soporte técnico. Dos indígenas bribrí están en la Escuela de Electrónica del TEC, recibiendo formación en esta área que es fundamental para el tema de mantenimiento de hardware y desarrollo de software.

El TEC, con el apoyo de la UNED, iniciará un plan de especialización con tres grupos: uno de jóvenes indígenas cabécar, organizado por ADITICA (Asociación de Desarrollo del Territorio Cabécar). Otro curso para docentes en programas que les permitirá fortalecer sus habilidades pedagógicas. Y un tercer grupo con jóvenes bribrí en CECI de Amubrí. Todos estos cursos serán ofrecidos por profesoras de la Escuela de Computación.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en Bribrí ofrece una serie de cursos en el área de la computación. El problema es el traslado de los indígenas de regiones muy alejadas. Por este motivo, la ubicación de los dos CECI es clave porque están atendiendo a las poblaciones más alejadas.

En lo que se refiere a cursos, gracias al trabajo del TEC, existen más de 452 titulaciones en cursos básicos de Word, Excel, Power Point; 30 personas indígenas con título de Técnicos en Administración de Empresas; 22 personas indígenas recibiendo el Plan de Guías Turísticos Indígenas. Asimismo, actualmente hay 12 estudiantes con título de Técnico en computación del INA y 12 estudiantes con título en Elementos de Computación.

Entre los beneficios que estos proyectos han traído a la población indígena, se pueden mencionar:

Mejorar sus procesos de aprendizaje. Al facilitar las computadoras, el personal docente puede mejorar el manejo del hardware y del software. En el caso de los estudiantes, pueden realizar sus tareas y prácticas;

Establecer contactos para poder desarrollar más proyectos. Los albergues turísticos indígenas, y algunos comercios están utilizando la tecnología para los procesos de divulgación y proveeduría;

Desarrollar los proyectos productivos que están impulsando.

Asimismo, la población indígena ha desarrollado sus propios proyectos, como por ejemplo, los albergues turísticos, de los cuales hay dos ubicados en Yorkin y están promocionados en sitios vacacionales de Internet; en Bambú está el albergue Ditsöwö y en Amubre está el albergue Koswak.

Diversas empresas como la Empresa de la Esperanza y la Cooperativa Coopesiöla, así como otros productores en cooperativas y asociaciones, utilizan la tecnología disponible para el desarrollo de sus actividades comerciales.

2.Acceso a servicios de electricidad y telecomunicación

Al igual que en el acápite anterior, se encuentra en este apartado que existen iniciativas puntuales muy positivas especialmente para los pueblos indígenas y en una de las regiones del país. Sin embargo, aún deben desarrollarse estrategias para que los esfuerzos se conviertan en una política más comprehensiva y amplia o acciones más sistemáticas de acceso a todos los pueblos y territorios indígenas del país, así como a los afro descendientes y migrantes y refugiados, en lo conducente. Para este propósito, la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia y su I Plan de Acción servirá como la principal herramienta para que las instituciones públicas logren generar estrategias y acciones sistemáticas para las tres poblaciones meta.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene dos áreas en las cuales centra su gestión, la energía y la telecomunicación, con el propósito de garantizar el acceso de toda la población nacional a estos servicios.

A pesar de que no existen políticas internas que regulen de manera expresa las acciones por desarrollar para beneficiar a las comunidades donde el ICE desarrolla sus proyectos, la institución ha implementado una estrategia de participación con las comunidades indígenas y no indígenas que ha permitido alcanzar acuerdos dentro de los cuales se negocian la obtención de beneficios para ambas partes.

En relación con los servicios de electricidad, el ICE ha implementado una serie de programas con paneles solares fotovoltaicos en viviendas de comunidades de grupos específicos (indígenas, afrocaribeñas, pesqueras, agrícolas), que están alejadas de la red eléctrica, con el fin de coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones de vida, mejoramiento de los procesos de enseñanza/aprendizaje y servicios de salud en cada una de las comunidades. Desde el año 2007 hasta el 2012, se han instalado un total de 191 paneles fotovoltaicos en comunidades indígenas (ver anexo 3).

En el Sector de Electricidad, el ICE es el mayor responsable del desarrollo de proyectos de generación eléctrica, con el fin de satisfacer la demanda eléctrica nacional, lo que conlleva a fortalecer el bienestar de la población costarricense, procurando generar ningún tipo de discriminación. El Sector de Electricidad no sólo se preocupa por la construcción de nuevos proyectos y la racionalidad de los recursos naturales, entre otros objetivos, sino que resulta de gran importancia el involucramiento con las comunidades que se encuentran alrededor de estas grandes obras, logrando de esta forma una incorporación positiva en su desarrollo.

El sector de telecomunicaciones, por su parte, busca facilitar el acceso y el servicio universal a la población nacional. En este sentido, el Proceso de Acceso Universal es una dependencia del ICE que atiende especialmente las necesidades de infraestructura y servicios en esta área. Su misión es gestionar servicios de voz y datos que contribuyan al desarrollo integral de las poblaciones menos favorecidas, entre las cuales se encuentran comunidades indígenas, afro descendientes y poblaciones de migrantes y refugiados.

En esta área, existen varios proyectos para beneficiar a grupos específicos. Por ejemplo, el Convenio ICE-Ministerio de Educación Pública, por medio del cual se instalaron 635 soluciones básicas de Internet en centros educativos en zonas de bajo desarrollo social. Esta meta fue alcanzada desde el año 2008. Asimismo, se han instalado más de 500 servicios de multimedia en centros educativos, incluyendo aquellos ubicados en zonas de desarrollo social bajo o muy bajo.

En las áreas rurales de Acceso Universal se han instalado alrededor de 500 sistemas VSAT. Estos sistemas permiten brindar servicios en beneficio de 75 familias en promedio (con un promedio de 5 miembros por familia). El cuadro en anexo 4 presenta las localidades que están siendo atendidas con estos equipos.

Con el desarrollo y aporte a este Convenio ICE-MEP, se tienen instalados 4.549 servicios. Además se encuentran en estudio 4.534 servicios adicionales. La tabla en anexo 5 muestra la cantidad de servicios instalados por tecnología, así como los que se encuentran en estudio en cada región.

Algunos de los centros educativos ubicados en localidades con comunidades indígenas, que se han favorecido con este convenio del ICE-MEP son:

Zona Huetar: Escuela Bribrí, Escuela Batsi, Escuela de Suretka;

Zona Brunca: Escuela Mädäríbotdä, Escuela Quiabdo, Escuela Huetas Tsipiri;

Provincia de Cartago: Colegio Técnico Vocacional Telesecundaria de Grano de Oro, Escuela de Sinoli, Escuela de Ñariñak, Escuela Tksariñak, Escuela China Kicha, Escuela de Tsipiriñak, Escuela de Yoldi Kicha.

De manera general se debe indicar que hasta abril de 2012, el ICE brinda una cobertura de Internet del 89% de los centros educativos del país, esperando que a futuro dicho indicador se encuentre en un 92%, siendo que dentro de estos se encuentran las comunidades indígenas, en donde se brinda dicha conexión mediante dos tecnologías: VSAT y DATA CARD, según lo indica el cuadro en el anexo 6.

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que las comunidades que son atendidas con tecnología VSAT, son beneficiadas con telefonía pública mediante el equipo terminal respectivo.

En el caso de los centros educativos atendidos con tecnología 3G, se debe tomar en cuenta que obedece a un paliativo, hasta tanto se pueda ingresar con una tecnología que permita una solución integral, tanto en la comunidad como a los centros de estudio.

El cuadro en el anexo 7 presenta la información relativa a los servicios de Internet instalados en los Centros Educativos en el Cantón de Talamanca, correspondiente al Convenio ICE-MEP, el cuadro en el anexo 8 corresponde a las obras de ampliación de infraestructura ejecutadas en el mismo cantón. Cabe destacar que no todos los Centros Educativos incluidos en los cuadros están situados en territorios indígenas.

En materia de telefonía pública, en los últimos años la densidad de teléfonos públicos se ha mantenido relativamente constante, esto debido principalmente a la baja en la demanda de este servicio, producto del despliegue de la telefonía móvil.

Con la implementación del proyecto denominado “Terminales Públicas Multipago”, se han logrado instalar en todo el territorio nacional teléfonos públicos modernos que permiten una mejor prestación de este importante servicio, que tiene como potenciales usuarios al sector turismo, inmigrantes y la población de menores ingresos. La densidad de teléfonos públicos en el año 2011 fue de un 4,49%.

Gráfico 2

Teléfonos públicos

3.Avances integrales con enfoque interinstitucional

Durante el año 2012 se desarrollaron 56 proyectos integrales/interinstitucionales en Talamanca, Bribri, Moravia, Chirripó, Alto Quetzal, Grano de Oro por medio de los cuales se han construido escuelas, Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (Ebais), acueductos y puentes; se ha dado mantenimiento a los caminos y se ha colaborado con el desarrollo de la agricultura familiar.

H.Derechos de las personas migrantes y refugiadas

En materia de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, el Comité emitió las recomendaciones 9.ª y 12.ª.

Particularmente sobre los migrantes, el Comité le recomendó al Estado “incrementar sus esfuerzos para mejorar la situación de los migrantes en Costa Rica, especialmente de las mujeres. El Estado parte debería vigilar que la Ley Nº 8487, por la que se reforma la Ley General de Migración y Extranjería garantice el pleno respeto de los derechos de los migrantes. [...] Lo invita a considerar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la protección de todos los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares”.

1.Contexto actual de la situación migratoria en Costa Rica

La Ley General de Migración y Extranjería N° 8764, entró en vigencia el 1 de marzo de 2010, y en ella se establecen los principios de la política migratoria del país, dando cumplimiento a los principios de igualdad, equidad, no discriminación e interculturalidad, con el fin de promover la integración social entre la población nacional, la migrante y la refugiada. La Ley de Migración vigente tiene como uno de sus ejes fundamentales la promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Esta normativa ha permitido fortalecer la acción institucional con una perspectiva de mayor integración de las personas migrantes y refugiadas en el país y esfuerzos institucionales más articulados y consistentes.

En este sentido, la Dirección General de Migración y Extranjería, como institución rectora de las políticas hacia la población migrante en su totalidad, dirige sus acciones y esfuerzos institucionales, sin realizar distinción basadas en etnias o género. Sin embargo, las políticas toman en cuenta las especificidades de diversos grupos como las poblaciones indígenas, las personas menores de edad, las víctimas de trata y de tráfico ilícito de migrantes y las y los refugiados.

Es por ello que, para la implementación de la Ley N° 8764, se han establecido diferentes reglamentos, de los cuales se deben destacar los referidos a Extranjería, Refugio y Personas Menores de Edad, ya que abordan desde una perspectiva integral el tema de estas poblaciones en condición de vulnerabilidad y su tratamiento.

Como se ha mencionado, una parte fundamental de la nueva normativa y del entendimiento que tiene el país del abordaje que debe tenerse del fenómeno migratorio y del trato a las personas migrantes y refugiadas, es la protección y promoción de los derechos humanos. Este objetivo se ha llevado de la mano con el concepto de integración de las personas migrantes y refugiadas en el país. A partir del año 2011 se dio inicio en Costa Rica con la publicación de los primeros Informes Nacionales de Integración. Adicionalmente, desde 2010, se cuenta en la DGME con una Dirección de Integración y Desarrollo Humano que es la encargada del desarrollo, implementación y promoción de política de integración de la DGME. Entre otros aspectos, desde la Dirección de Integración, se dan las primeras directrices para la atención de la migración desde una perspectiva de integración y derechos humanos.

El Informe Nacional de Integración es una herramienta muy importante no solamente porque tiene como premisa central partir de datos debidamente sistematizados para lograr un análisis más científico de la realidad migratoria, sino porque permite tener mayor claridad de cuál es el alcance e impacto de las políticas y programas nacionales dirigidos a las personas migrantes y refugiadas en el país.

Algunos aspectos que destacan del Informe Nacional de Integración 2012 y que facilita la evidencia sobre el estado de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, en lo que corresponde al presente Informe al Comité, son citados a continuación.

2.Estructura demográfica de la inmigración

Los resultados del Censo del año 2011 señalan que cerca del 9% de los residentes en el país nacieron en el exterior, de éstos, la población nicaragüense es la mayoritaria al representar el 75,57% del total de los extranjeros radicados en Costa Rica.

El Censo 2011 señala un descenso en la tasa de crecimiento de los inmigrantes en el país, la cual pasó de 7,5% en el periodo 1984-2000 a 2,4% para el presente periodo intercensal 2000‑2011.

La tasa general de fecundidad de las nicaragüenses dobla la de las costarricenses. Por cada 1.000 mujeres costarricenses en edad fértil (de 15 a 44 años de edad) se registran 55 nacimientos; mientras que para el caso de las de nacionalidad nicaragüense se registran 100 nacimientos por cada 1.000 mujeres.

3.Flujos migratorios actuales

El Censo 2011 señala que más del 40% de la población extranjera ingresó al país de manera posterior al año 2000.

A partir del año 2009 la producción de pasaportes y documentos de permanencia para extranjeros (DIMEX) se mantuvo entre 95.000 y 125.000 emisiones anuales.

4.Otorgamiento de la nacionalidad costarricense

Al cierre del año 2011, se contaba con 42.699 extranjeros naturalizados en el país, los cuales se distribuyen mayoritariamente en nicaragüenses, con un 52%; seguido por colombianos y salvadoreños, cada uno con un 8%.

5.Migración y trabajo

El Censo del 2011 establece que lo(a)s (personas) extranjer(a)os constituyen más del 12% de la población ocupada del país, porcentaje que sobrepasa en más de tres puntos su representatividad demográfica en el país.

La población nacida en el exterior se concentra principalmente en la rama de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 18%, seguido por el sector comercial en 16,5%. Por su parte, la población nacida en Costa Rica muestra una participación mayoritaria en el sector comercial con un 19% y luego, en agricultura con un 13% y 12%.

6.Migración y salud

Para el año 2011, la Caja Costarricense del Seguro Social reporta tener a un total de 1.498.328 trabajadores asegurados, de los cuales el 88,63% son costarricenses y 11,37% son nacidos en el extranjero.

Del total de los 330.706 egresos de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social en el 2011, el 90,6% de los atendidos constituyó población nacida en Costa Rica, el 7% nicaragüense y el 2% restante de todas las demás nacionalidades.

7.Migración y educación

El Censo del 2011 señala menores niveles de participación de la población inmigrante en comparación con la nacional en los servicios de educación formal de primaria y secundaria, así como de educación parauniversitaria y universitaria. Por otra parte, los datos suministrados por las universidades públicas constatan que tan solo un 2,3% del total de la población estudiantil universitaria es de origen extranjero.

La población extranjera muestra un porcentaje menor del grupo de personas que sólo estudia (9%), con respecto a la población nacida en Costa Rica (18%).

La población de nacionalidad extranjera representa un 0,2% del total de becas otorgadas por FONABE (Fondo Nacional de Becas) para el año 2011, mientras que el programa de becas “Avancemos” otorgó para ese mismo año un 3% del total de (recipientes (sic)) beneficiarios del subsidio a estudiantes nacidos en el exterior.

8.Migración y vivienda

El Censo del 2011 constata una brecha considerable en las condiciones de vivienda entre la población costarricense y la extranjera, mientras que el 0,57% de la población nacida en Costa Rica vive en tugurios y el 0,13% en cuarterías, las cifras en población extranjera corresponden a un 2,24% y 1,43%, respectivamente.

El Censo señala que la población nacida en otro país muestra un mayor porcentaje de vivienda en mal estado con un 14%, frente a un 8% de la nacida en Costa Rica.

9.Niñez, juventud (capacidades diferenciadas) y grupos indígenas

Un 54% de la población nacida en el extranjero no asiste a ningún centro de enseñanza o cuido, en relación con un 38% de los nacionales.

Los porcentajes de rezago escolar en extranjeros (15,3%) de 8 a 12 años, duplica los porcentajes de la población nacional (7,1%).

Un 80,5% de los jóvenes costarricenses afirma poseer seguro médico, mientras que solo 52% de los jóvenes extranjeros cuentan con tal cobertura.

En el caso de la población indígena extranjera, un 23,4% está compuesta por la Ng(o)äbe-Buglé de Panamá, seguido por 52,5% de grupos indígenas de otros países.” (Migración e Integración en Costa Rica: Informe Nacional 2012, páginas 90‑92)

Se anexa el II Informe Nacional sobre Migración e Integración en el que se puede ver con más detalle las informaciones antes citadas y su contexto.

Valga la pena indicar que uno de los objetivos de estos informes nacionales sobre migración e integración ha sido contar con una base más clara para el diseño e implementación de políticas públicas y, en particular, de políticas de desarrollo y de integración de personas migrantes y refugiadas.

De esa manera, desde la Dirección de Integración y de Desarrollo Humano de la DGME se ha venido trabajando en un Plan Nacional de Integración, de manera que sea posible cumplir con el objetivo de contar con políticas, acciones y herramientas para la integración intercultural entre personas nacionales, migrantes internacionales y refugiadas.

Por otra parte, en agosto de 2013, el Consejo Nacional de Migración (CNM) aprobó unánimemente la Política Migratoria Integral de Costa Rica. Esta Política debe ser aprobada formalmente por el Poder Ejecutivo a través de Decreto, ya que el CNM es un órgano asesor del Poder Ejecutivo que le recomienda la política migratoria precisamente. Es pertinente indicar que, una vez que la Política sea formalmente aprobada, será, junto con la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, un hito trascendental en el país.

La Política Migratoria Integral tiene como objetivos específicos, en lo que aquí interesa, lo siguientes:

“(1) Promover mejoras en el proceso de servicios migratorios, mediante la simplificación de trámites, la coordinación interinstitucional y la creación de servicios accesibles para todos los sectores de la población meta (incluyendo personas con discapacidad);

(2) Mejorar los niveles de regularización migratoria;

(3) Mejorar el acceso y la calidad de la información sobre gestiones migratorias;

(…)

(7) Promover mejores condiciones de empleo y el respeto a los derechos laborales de las personas migrantes y refugiadas;

(8) Mejorar las condiciones de acceso a la salud de las personas migrantes y refugiadas;

(9) Mejorar y facilitar las condiciones de acceso al sistema educativo costarricense para las personas migrantes y refugiadas, en todos los niveles y modalidades de educación pública, técnica y superior;

(10) Promover la integración y respeto de los derechos humanos de la población migrante y refugiada dentro de la sociedad costarricense, sin perder el acervo cultural propio;

(…)

(13) Garantizar la protección, atención y defensa de las víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito;

(14) Garantizar la protección, atención y defensa de las poblaciones vulnerables;

(15) Garantizar que el Estado Costarricense brinde protección a toda persona con fundados temores de ser perseguida, enfrente peligro de ser sometida a tortura o a otros tratos crueles inhumanos o degradantes o no pueda regresar a su país de origen u otro, según lo establecido en la legislación nacional e internacional.

Valga la pena indicar, adicionalmente, que, en el marco de este contexto que brinda la Ley General de Migración N° 8764, se ha desarrollado un régimen excepcional de regularización migratoria en cuatro categorías, las cuales se detalla más adelante en este acápite. Este régimen, establecido por artículos transitorios en el Reglamento de Extranjería de la Ley de Migración y posteriormente, ampliado por Decretos Ejecutivos, se ha extendió en dos oportunidades y finalizó el 17 de septiembre, lo cual ha beneficiado a miles de migrantes indocumentados, con algún tipo de vínculo de más largo plazo con Costa Rica.

10.Aspectos prácticos hacia garantizar los derechos de las personas migrantes en Costa Rica y acciones institucionales

En materia de integración, a través de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano de la DGME se han realizado 10 actividades de promoción y divulgación sobre los conceptos y factores que rodean la integración, en las cuales un total de 407 personas participaron así como 11 Embajadas. El Observatorio Nacional para la Integración sesionó 8 veces, y contó con la participación de un total de 112 personas.

La Gestión de Desarrollo Comunitario Intercultural realizó varias actividades de formación:

Programa de Formación Comunal “Entre Vecinos”: se realizaron 4 talleres que contaron con la participación de 157 personas;

Formación “Rutas de Integración”: se realizaron 8 talleres y 2 actividades conexas, con la participación de 319 personas;

Programa de Formación “Equidad y Programa de Formación Municipal en Servicios Migratorios e Integración Social: se realizaron 4 sesiones de trabajo, con la participación de 124 personas.

La Gestión de Integración realizó, entre otras actividades: Programa de Migraciones: se realizaron 4 talleres con la participación de 84 personas.

El detalle de todas estas actividades puede ser visto en el cuadro en anexo 9.

A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de Extranjería, tal y como se adelantó en párrafos supra, la Dirección de Migración ha implementado cuatro transitorios desde el 2012, que incluyen como objetivos, respectivamente:

Promover la renovación del documento de acreditación de permanencia legal en Costa Rica;

De acuerdo con el principio del interés superior del niño consagrado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño y artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia se benefició a la persona extranjera que era padre o madre de persona menor de edad o mayor con discapacidad costarricense o residente reconocido;

Con fundamento en los tratados de Derechos Humanos ratificados por el país, la legislación nacional especial y en atención a la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la población extranjera con el propósito de beneficiar a la persona extranjera adulta mayor, persona menor de edad o mayor con discapacidad o persona adulta que ingresó siendo menor de edad o que a la entrada en vigencia del Reglamento contaba con veinticinco años cumplidos o menos;

El cuarto transitorio está dirigido a que el patrono, sea persona física o jurídica, pueda regularizar a las personas extranjeras que le estén prestando servicios domésticos y trabajos agrícolas remunerados, como mínimo por seis meses antes de la entrada en vigencia del Reglamento. Luego y de acuerdo con los estudios del Ministerio de Trabajo se amplió a trabajadores de la construcción, carpinteros y albañiles. Este transitorio se amplió en dos ocasiones una que vencía el 24 de abril de 2013 y la segunda que venció el 17 de setiembre de 2013.

Los resultados alcanzados por la aplicación de estos transitorios y el número de personas que han sido beneficiadas con este periodo de gracia se podrá brindar al Comité, en la fase de la lista de preguntas escritas de manera que se cuente con la información más actualizada posible. Cabe recordar que se amplió el plazo por una segunda vez y venció el 17 de setiembre. Por consiguiente, aún se está resolviendo casos y contabilizando el número de personas beneficiadas.

En otro tema, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud de las personas migrantes, la CCSS y la Dirección General de Migración y Extranjería forman parte de una Comisión Interinstitucional de Enlace, en la cual coordinan para ajustar los procedimientos de aquellas acciones derivadas de la implementación de la Ley N° 8764.

Como parte de estas acciones coordinadas, se definió a nivel institucional de la CCSS, un procedimiento temporal llamado “Lineamientos para la formalización de Aseguramientos en las Modalidades de Seguro Voluntario, Trabajador Independiente, Seguro por el Estado; así como Beneficios Familiares”, para que en un plazo de 6 meses, las personas migrantes que tienen la cédula de residencia vencida y que la misma fuera otorgada con la Ley vigente antes del 1 de marzo de 2010, puedan asegurarse y de esta manera cumplan con el requisito que les permita tramitar la renovación de la cédula residencia. Se ha buscado que esta medida beneficie a 100.000 personas migrantes que se encuentran con su documento vencido.

En la Región Huetar Atlántica (zona caribe del país) existe una Comisión para la Atención Problemática de Indocumentados junto con el Área de Salud Matina, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Migración y Extranjería, a efectos de que la mayoría de la población migrante de esta región pueda poner a derecho su estatus migratorio y pueda acceder a los servicios de salud que ofrece la CCSS. Entre las acciones realizadas por la Comisión, se encuentra las sesiones de trabajo con los patronos del Cantón de Matina donde se les brinda la información necesaria sobre los alcances y aspectos generales de la Ley de Migración y Extranjería, y en dichas sesiones participaron funcionarios del Consulado de Nicaragua, debido a la gran cantidad de ciudadanos nicaragüenses migrantes en Costa Rica.

En el Área de Salud de Curridabat (zona este de la capital), se ha iniciado un programa ideado para abrir espacios de reflexión en las comunidades, llamado “De Tertulias Saludarte, La Voz de los Migrantes… un vínculo con el otro y el nosotros”. El objetivo es socializar la Ley de Migración y abrir espacios de reflexión con la comunidad. Ha sido impartida en tres ocasiones: 30 de mayo, 27 de junio y 29 de agosto de 2012. Además, en el Festival de la Salud y el Arte, en el EBAIS de Granadilla 1 y 2, se realizó un espacio llamado Cocina de Migrantes.

Ahora bien, como parte de los esfuerzos realizados para mejorar la situación de las mujeres migrantes conviene indicar que, mediante directriz institucional se dictó el “Lineamiento Administrativo sobre los Servicios Libres de Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género”, el cual consiste en fomentar los procesos de atención de los centros de salud, la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad género, y adicionalmente facilitar, promover y apoyar en dichos centros de salud, acciones tendientes a la erradicación de la homofobia.

Por su parte, la CCSS cuenta con un Programa para la Equidad de Género, en el cual se realiza capacitaciones que promueven la eliminación de estereotipos de cualquier índole, y contra la discriminación racial específicamente. Las acciones de este programa, en general se rigen por los convenios de derechos humanos. El programa ofrece dos tipos de capacitaciones: las capacitaciones presenciales y las capacitaciones virtuales. En cuanto a las primeras, del año 2009 a la fecha, se han capacitado a 1.400 personas aproximadamente. Y en el 2012, se dio inicio a la modalidad virtual, a través del curso “Equidad de Género: un camino hacia el desarrollo social”, a través del cual, en siete meses se capacitaron a 300 personas.

Asimismo, cabe mencionar que en la CCSS se cuenta con una Política Institucional para la Igualdad y Equidad de Género aprobada en diciembre de 2010, cuyo plan de acción aprobado en marzo de 2012 señala como uno de sus lineamientos estratégicos: Fortalecer estrategias de atención integral en salud específica para grupos y población vulnerable por condiciones socioculturales y socioeconómicas (grupos étnicos y migrantes, entre otros) según condición y posición de género en los niveles locales que más lo requieran.

A través del “Modelo de Abordaje en Asentamientos en Proceso de Consolidación y Precarios”, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados brinda el servicio de agua potable a las poblaciones migrantes que residen en precarios y en riesgo social.

Este Modelo ha sido adoptado por la Comisión del Fondo Social Migratorio y presenta el siguiente esquema:

Gráfico 3

Modelo de abordaje en Asentamientos en Proceso de Consolidación y Precarios

Por otra parte, es importante mencionar que Costa Rica recibe un flujo significativo de población indígena migrante, especialmente de origen panameño, que se caracteriza por ser una población móvil que labora en los sectores de café, banano y aguacate.

Con el propósito de velar por los derechos de las personas indígenas extranjeras y en cumplimiento de los artículos 71 y 98 de la Ley N° 8764, que establece la obligatoriedad de considerar las especificidades de los pueblos indígenas, se incluyó en el Reglamento de Extranjería, el Título V denominado “Tratamiento a poblaciones indígenas extranjeras”. Su implementación viene acompañada de una serie de acciones dentro de las que destacan la regularización, enfocada a la población con arraigo en el país, a los trabajadores y a los estudiantes transfronterizos.

Lo anterior llevó a realizar una gran estrategia que involucra la coordinación interinstitucional tanto con el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Registro Civil, pero también las contrapartes panameñas. El acercamiento con los líderes de las zonas donde se encuentra esa población en Costa Rica: Sixaola, Los Santos y Coto Brus fue vital, tanto para el levantamiento de la información de las personas con arraigo en el país, como para la realización de los Talleres Informativos los cuales fueron sumamente exitosos.

Asimismo, la Dirección General de Migración y Extranjería coordinó con autoridades panameñas y la Organización Internacional para las Migraciones, la realización de tres talleres en La Comarca, Panamá.

En otro orden de ideas, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, ente rector en materia de discapacidad trabaja a través de una Estrategia de Desarrollo Inclusivo en tres Rectorías Regionales: Región Huetar Norte, Región Central Oriente y Región Brunca, en donde se benefician poblaciones migrantes, al igual que otros grupos de interés de ese Comité como indígenas y afrodescendientes. El CNREE busca mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, y en el caso de las personas migrantes, se atiende sus necesidades aunque no posean un estatus migratorio legal en el país.

El Departamento de Migraciones Laborales de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, como parte de su programación anual, desarrolla recomendaciones técnicas para el establecimiento de las cuotas de ingreso al país de trabajadores extranjeros e indígenas (principalmente panameños) dirigidas a la Dirección General de Migración y Extranjería. Igualmente, realiza capacitaciones a patronos y trabajadores en materia de migraciones laborales ordenadas. Durante el año 2012 tuvieron lugar 299 de estas capacitaciones. Por último, la Dirección Nacional de Empleo participa activamente del Foro Permanente para la Población Migrante, cuya Secretaría se encuentra en la Defensoría de los Habitantes, así como de reuniones o encuentros para la coordinación con otras instituciones que trabajan la temática migrante laboral.

En relación con la atención a los derechos de las mujeres migrantes, en el Plan de Acción de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2010-2014 se contempla la generación de acciones para la difusión, el seguimiento y la aplicación sobre la Ley sobre Trabajo Doméstico Remunerado, dirigida a la población migrante con especial impacto en las mujeres nicaragüenses, con énfasis en salarios, jornadas y cobertura de seguridad social.

Asimismo, desde el Departamento de Migraciones Laborales se realiza campañas de divulgación anual con instancias de apoyo como lo son el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), la OIT, la Defensoría de los Habitantes y la CCSS. Por último, el Departamento realiza capacitaciones en el tema de trata de personas.

Es importante destacar que el Convenio 189 de la OIT de Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos fue ratificado por Costa Rica recientemente.

En materia de los derechos de las personas refugiadas, el Comité, en su 12.ª recomendación le solicita al Estado “que tome las medidas necesarias para garantizar la protección a los refugiados, así como salvaguardias para mantener la reserva de datos personales ante las autoridades del país de origen”.

El Reglamento de Personas Refugiadas, publicado mediante Decreto Nº 36831 el 1 de noviembre de 2011, establece en su artículo 8 el principio de confidencialidad para el registro y manejo de la información de los solicitantes de refugio y de las personas refugiadas declaradas. Este principio encuentra su fundamento en el derecho humano a la intimidad.

El Estado costarricense entiende que el irrespeto de este principio puede traer graves consecuencias en la vida de las personas refugiadas, por lo que existen salvaguardas establecidas para garantizar el cumplimiento de las éstas.

I.Equidad de género

Las mujeres pertenecientes a los grupos en condición de vulnerabilidad de interés para el Comité (afrodescendientes, migrantes e indígenas) son en muchos casos víctimas de doble discriminación, por lo que el Comité, en su 10.ª recomendación le recomienda al Estado que “tome las medidas necesarias para combatir la doble discriminación, basada en el género y en el grupo étnico, y lo invita a que adopte un plan nacional en materia de género destinado a las mujeres indígenas, que permita coordinar eficazmente las políticas encaminadas a proteger sus derechos. Los pueblos indígenas deberían participar en la elaboración de dicho plan.”

Los esfuerzos del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) dirigidos a combatir la doble discriminación y promover la igualdad de género, se realizan a través de tres áreas de acción, a saber: el Área de Ciudadanía Activa y Gestión Local, el Área de Desarrollo Regional y el Área de Condición Jurídica.

Actualmente, el INAMU cuenta con la Agenda de las mujeres afrodescendientes y la de las mujeres indígenas, las cuales permiten ordenar y sistematizar las necesidades y demandas de las mujeres de cara al Estado. En el marco de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG 2007-2017) se contemplan acciones institucionales a favor de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Entre estas acciones, se encuentra la acción N° 7 del objetivo estratégico 4 del Plan de Acción 2012-2017, el cual establece que se debe dar “apoyo al fortalecimiento de Agendas de las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes en sus mecanismos de gestión frente a la institucionalidad pública”.

En relación con la población indígena, el INAMU realiza una serie de actividades con el propósito de empoderar a las mujeres indígenas, de capacitarlas y garantizar que dichas mujeres conozcan y puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos.

El Área de Ciudadanía Activa y Gestión Local es la encargada de proveer asesoría y coordinación en el tema de género y derechos humanos de las mujeres indígenas a organismos e instituciones públicas. Durante el año 2011, el Área desarrolló diversas actividades que pretendían el empoderamiento de las mujeres indígenas.

Igualmente, a través de talleres de consulta se desarrolló el Proyecto de Observatorios Ciudadanos de Mujeres Indígenas, el cual comprende los 8 pueblos existentes en el país y, para su creación, se realizó dos reuniones con mujeres indígenas, dos con instituciones públicas y una reunión conjunta: el V Encuentro del Foro Nacional de Mujeres Indígenas. Esta Red de Observatorios Ciudadanos de Mujeres Indígenas fue puesta en marcha en el año 2012, por medio de talleres con las organizaciones de mujeres que ahora se encargan del Observatorio en cada una de las comunidades en donde se localizarán: Térraba, Talamanca, Bribri, Zapatón, la Casona y Conte Burica. Dentro de este marco, se realizó un curso de tecnologías de información y comunicación (TICS) para la incidencia y participación política dirigida a mujeres indígenas lideresas participantes de los Observatorios Ciudadanos.

En el marco del Foro Nacional de Mujeres Indígenas, durante el año 2011 se llevó a cabo dos reuniones en San José, en las cuales participaron 24 mujeres indígenas; y durante el año 2012 se celebraron dos Encuentros del Foro Nacional de Mujeres Indígenas, a partir del cual se realizará reuniones entre 5 mujeres del Foro Nacional de Mujeres Indígenas para dar seguimiento a los acuerdos de los Encuentros. Asimismo, el INAMU provee apoyo a las lideresas del Foro Nacional en sus gestiones ante las instituciones públicas del Estado.

Asimismo, el Área desarrolla proyectos de capacitación a mujeres indígenas, con el propósito de convertirlas en facilitadoras, quienes luego reproducirán su conocimiento. En el año 2011, se capacitó a 29 mujeres indígenas, de las cuales 21 fueron contratadas por la empresa local Corredor Biológico Talamanca Caribe, lo que dio como resultado la realización de 42 talleres impartidos a 420 mujeres indígenas distribuidas en diferentes territorios indígenas de todo el país. Durante el año 2012 se realizó dos talleres de capacitación a mujeres facilitadoras indígenas sobre derechos políticos, uno en San José y otro en Neily. Un total de 34 mujeres indígenas, procedentes de los 8 pueblos indígenas, fueron capacitadas como facilitadoras.

Por último, el Área realiza grandes esfuerzos para informar a las mujeres indígenas de sus derechos humanos, por lo que durante el año 2011 se realizó un guión para audio de la Guía sobre Derechos Políticos el cual fue posteriormente grabado en CD en idioma español y en el 2012 se tradujo a los idiomas cabecar, ngäbere y bribri.

En el año 2011 se realizó la reimpresión de Guías sobre derechos a la cultura, educación, tierra y salud de las mujeres indígenas. En esta misma línea se realizó la ilustración y el diseño de un afiche de Derechos Políticos, el cual en el año 2012 fue impreso en 170 afiches, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 60 para mujeres bribris y cabécares, 50 para ngäbes, 25 para chorotegas, malekus y huetares y 35 para mujeres teribes y brunkas.

A través del Área de Condición Jurídica, el INAMU ha realizado diversos procesos de capacitación para promotoras de los derechos humanos de las mujeres en pueblos indígenas.

Durante el año 2011, se concluyó un proceso de capacitación para la formación de promotoras en derechos humanos dirigido a mujeres indígenas en territorios Ngäbes, con el fin de fortalecer su liderazgo y empoderamiento para el desarrollo de sus capacidades ciudadanas en función de sus necesidades e intereses. El vínculo con estas mujeres se mantiene a través de la Unidad Regional del INAMU en la Región Brunca. El mismo proyecto fue desarrollado en los territorios de Boruca y Térraba, a cargo de la misma Unidad Regional del INAMU.

En la zona Bribri, el proyecto de capacitación durante el año 2011 fue desarrollado por la Unidad Regional Huetar Atlántica del INAMU, con el aporte del Área de Condición Jurídica y Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres.

En el año 2012, el proceso de capacitación de mujeres indígenas se desarrolló en la zona Huétar – Zapatón, a través de la Agenda de Trabajo con Mujeres Indígenas y el apoyo asistencial del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Durante el año 2012, en la Región Huetar Atlántica se realizó capacitaciones a mujeres indígenas en temas como incidencia política, comunal y rendición de cuentas; empresariedad; agendas regionales y multiplicadoras de conocimiento. En estas actividades participan mujeres del Foro Nacional de Mujeres Indígenas. Entre las acciones concretas desarrolladas en esta región, es posible mencionar:

Tres encuentros territoriales con lideresas indígenas para la incidencia política y comunal;

Encuentro regional de lideresas indígenas con funcionarios de instituciones de la Región Huetar Atlántica;

Participación de 15 lideresas indígenas en Seminario sobre incidencia y rendición de cuentas;

Participación de cinco mujeres indígenas en el Foro Evaluativo de Feria de Empresariedad 2011;

Participación de cinco mujeres lideresas indígenas en la Jornada de Evaluación de Agendas de Redes Regionales;

Participación de 10 lideresas indígenas en dos jornadas regionales de capacitación para multiplicadoras de conocimientos;

Participación de 10 mujeres lideresas indígenas en el Encuentro de Intercambio de Experiencias Lideresas Multiplicadoras.

En la Región Brunca se ha trabajado durante el año 2012, principalmente con mujeres ngäbes en atención integral y apoyo a la promoción de su autonomía económica. También se ha coordinado con el Área de Condición Jurídica para potenciar las promotoras en Derechos. Entre las acciones concretas desarrolladas en esta región, están:

Dos encuentros de mujeres promotoras de derechos;

Dos ferias de derechos;

Dos Asambleas Generales de la Asociación Meritre de Artesanas Sribigo;

Sesión de seguimiento a Junta Directiva de Asociación Meritre;

Foro Regional de Mujeres Indígenas;

Una Ruta de Interaprendizaje con mujeres indígenas;

Apoyo y seguimiento a Observatorios Ciudadanos.

En ambas regiones (Huetar Atlántica y Brunca) se desarrolla la Ruta de Aprendizaje: Derechos Económicos y Culturales de las Mujeres Indígenas, durante las cuales se han capacitado a 20 mujeres indígenas lideresas, de 7 etnias del país. Durante la actividad, se hizo un análisis de 4 experiencias de empresas de mujeres indígenas.

Para el cumplimiento de la acción 7, del objetivo estratégico 4 del Plan de Acción de la PIEG, en lo que respecta a mujeres afro descendientes, el INAMU ha desarrollado una línea de trabajo con ellas y sus organizaciones, que incluye:

Fortalecimiento del liderazgo de la institución y la incidencia política de las mujeres mediante el seguimiento al “Foro Nacional: Avances y desafíos de los derechos humanos de las mujeres afro descendientes” (2011):

Realización del II Foro Nacional de Mujeres Afro descendientes, 2012;

Acompañamiento en el 2013 al Comité de Seguimiento de 20 lideresas.

Fortalecimiento del liderazgo y la organización de mujeres afro descendientes en la Región Huetar Atlántica mediante el acompañamiento al Foro de Mujeres Afro descendientes de Limón:

Apoyo en el 2012 a la Escuela de Formación Política de las Mujeres Afro descendientes de Limón;

Cursos de formación de liderazgo y participación política: lideresas para el Cambio (versión virtual y presencial).

La promoción de la participación desde la diversidad se ha establecido como una prioridad.

Se ha fortalecido el trabajo con las mujeres afrodescendientes desde el ámbito regional:

El fortalecimiento organizativo de las organizaciones de mujeres desde la diversidad cultural;

En el Programa “Avanzamos Mujeres” se ha logrado crear y mantener tres grupos de mujeres afro descendientes y generar la capacitación bajo un enfoque de diversidad cultural;

Se acompaña y apoya las Agendas locales de mujeres afro descendientes locales para la incidencia política en salud, educación, trabajo, microempresariedad.

Se ha incidido en el fortalecimiento de la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar de los cantones de Limón y Siquirres con participación de mujeres afro descendientes, entre ellas, representantes del Foro de Mujeres Afro descendientes.

Cabe indicar que el 22 de julio de 2013 tuvo lugar un nuevo Foro de Mujeres Afro descendientes de Limón, con el apoyo del INAMU.

Finalmente, dentro del mencionado objetivo estratégico 4 del Plan de Acción de la PIEG (2012-2017), la acción 13 plantea la “incorporación del enfoque de género y diversidad en la Comisión de Acceso a la Justicia, para garantizar el acceso a la justicia y tutela efectiva de los derechos de las mujeres indígenas, adultas mayores, migrantes, refugiadas y víctimas de violencia”. Este es un trabajo en proceso en la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial.

V.Información relativa al artículo 6 de la Convención

Tenencia de tierras indígenas

El Comité, en su octava recomendación, le solicitó al Estado “redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de la tierra. El Estado Parte debería tomar las medidas necesarias para llevar a efecto el fallo de la Sala Constitucional (Voto 3468-02) a fin de que se delimiten las tierras de las comunidades de Rey Curré, Térraba y Boruca y se recuperen los terrenos indígenas indebidamente alienados”.

El tema de los derechos de los pueblos indígenas es de suma importancia para el Estado costarricense. Actualmente, tanto el Estado costarricense como los pueblos indígenas del país se encuentran en un momento clave para los derechos de estos pueblos.

Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han emitido recomendaciones y observaciones las cuales hacen eco de las preocupaciones y reclamos que los pueblos indígenas vienen elevando desde hace un tiempo y coinciden significativamente con los esfuerzos que el Estado costarricense está emprendiendo en el abordaje de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país.

Como se mencionó brevemente en párrafos iniciales, debido a la situación que el país estaba viviendo con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), especialmente en relación con el territorio de Térraba, se decidió extender una invitación al Relator Especial para que visitara el país y constatara in situ la situación de los pueblos indígenas en el país. La visita del Relator Especial se realizó en abril de 2011, y en relación con el PHED, Costa Rica aceptó las recomendaciones del Relator Especial y decidió rectificar el procedimiento para lograr un proceso de consulta adecuado y conforme al Convenio 169 de la OIT y los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.

Las recomendaciones del Relator Especial iban más allá del PHED, y Costa Rica las asumió y expresó ante el Consejo de Derechos Humanos en setiembre de 2011 la voluntad de buscar caminos de diálogo con las comunidades indígenas para poder abordar aspectos de gran relevancia para los pueblos indígenas y el bienestar de la sociedad costarricense.

En materia de recuperación de tierras indígenas, el Gobierno coincidió con el Relator en cuanto a que existe una oportunidad importante para tratar la cuestión de fondo respecto a la recuperación de tierras. El Gobierno costarricense externó estar en la mejor disposición de entrar en un proceso de diálogo con las comunidades indígenas del país, con el fin de que conjuntamente puedan construir fórmulas para implementar la recuperación de tierras a la que se aspira.

Se reitera lo indicado en párrafos anteriores de este mismo informe en cuanto a que desde la visita del Relator Especial, y tomando en cuenta que se impulsó un proceso de alerta temprana ante el Comité, en el país se ha venido generando un proceso de intercambios y conocimiento más próximo entre el Estado y los pueblos indígenas. Actualmente existe instaurada una mesa de diálogo entre varios representantes de los pueblos indígenas, especialmente de los pueblos del sur del país y representantes del Gobierno, liderados por la Presidencia de la República y bajo la coordinación del Ministro de Bienestar Social.

Esta Mesa de Diálogo está siendo acompañada, en su calidad de observadores y garantes del proceso, por el sistema de las Naciones Unidas y la Defensoría de los Habitantes. Al ser ambos, actores imparciales, generan una mayor confianza en el proceso de diálogo y concertación con los pueblos indígenas.

Tanto la normativa existente en el país como los pronunciamientos de la Sala Constitucional a los cuales el Comité hace referencia, denotan que en Costa Rica existe un marco jurídico favorable en materia de tenencia y recuperación de tierras indígenas. Sin embargo, el país reconoce que esto no es suficiente para la debida protección de los derechos de las comunidades indígenas, si no está acompañado de políticas y acciones estatales que velen por la aplicación y cumplimiento efectivo de las normas. No obstante, tal y como se evidencia en el presente informe, las instituciones estatales llevan a cabo diversos esfuerzos en procura de hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, buscando compatibilizar las normas y procedimientos y armonizarlos con las tradiciones y costumbres de estos pueblos.

Costa Rica está consciente del estado de vulnerabilidad en que se encuentran las poblaciones indígenas y reconoce que la ocupación ilegal de sus tierras genera una grave tensión, actos de discriminación y violencia étnica, cuyas consecuencias pueden ser lamentables. El Estado costarricense tiene claro que los actos de violencia e intimidación en contra de los pueblos indígenas amenazan, no solo la vida e integridad personal de sus miembros sino también su existencia como pueblos.

Durante el año 2012 se presentaron enfrentamientos violentos entre indígenas y no indígenas provocados por la búsqueda de recuperación de tierras por los primeros. El Estado intervino a través del Viceministro de Seguridad Pública de ese momento y garantizó la presencia policial en el territorio indígena de Salitre para mantener el orden. El Estado está consciente de que es necesario realizar mayores esfuerzos para garantizar la seguridad e integridad de los indígenas en sus territorios.

En el interés por la recuperación de las tierras indígenas, el Gobierno ha venido apoyando las gestiones de los indígenas, rechazando las invasiones a tierras indígenas por no indígenas y ha apoyado las solicitudes de desalojo.

El interés del Gobierno de atender de la mejor forma los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el de la tenencia de sus tierras, se traduce en la instauración de la Mesa de Diálogo, antes mencionada, la cual cuenta con la representación de altas autoridades del país, tales como el Ministro de Bienestar Social, el Ministro de Cultura, el Viceministro de Seguridad, la Viceministra de Planificación y el Viceministro de Educación. Además de esta Mesa de Diálogo, el Gobierno ha establecido una Comisión de Ministros que da seguimiento al tema indígena semanalmente y define líneas de avance desde el Poder Ejecutivo, especialmente en el marco de esfuerzos de diálogo y concertación.