Comité de Derechos Humanos

100º período de sesiones

Acta resumida de la 27 4 9ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 14 de octubre de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Iwasawa

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud delartículo 40 del Pacto (continuación)

Cuarto informe periódico de Jordania (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud delartículo 40 del Pacto (continuación)

Cuarto informe periódico de Jordania (continuación) ( CCPR /C/ JOR /4; CCPR /C/ JOR /Q/4; CCPR/C/JOR/Q/4/Add.1; HRI/CORE/1/Add.18/Rev.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Jordania vuelve a tomar asiento como participante a la Mesa del Comité.

2.El Presidente invita a la delegación de Jordania a que siga respondiendo a las preguntas formuladas por los miembros del Comité en la sesión anterior.

3.El Sr. Masarweh (Jordania) dice que el Tribunal de Seguridad del Estado está integrado por jueces civiles y militares, cuya independencia y neutralidad están garantizadas. Estos jueces son nombrados en función de sus aptitudes y experiencia y reciben capacitación profesional continua. Ningún juez ha debido nunca abandonar sus funciones antes de la edad de jubilación ni se ha visto obligado a retirarse debido a las sentencias que hubiera pronunciado. El Tribunal de Seguridad del Estado aplica las normas de procedimiento penal de igual forma que los tribunales civiles. Todas las decisiones de este Tribunal pueden ser impugnadas ante la mayor instancia judicial del Reino, el Tribunal Supremo. Este Tribunal está integrado por jueces ordinarios, cuya independencia está garantizada por la Ley de independencia del poder judicial. El Consejo de la Magistratura, presidido por un juez, está encargado del nombramiento, la asignación y el traslado de los jueces. De acuerdo con la ley, cuando el fiscal decide iniciar acciones, debe enviar la causa al tribunal competente en un plazo razonable. En virtud de las modificaciones introducidas en 2009 en el Código de Procedimiento Penal, se limitaron las atribuciones de los fiscales y la duración de la prisión preventiva se fijo en una semana para las infracciones menos graves y 15 días para las infracciones penales. En casos excepcionales, y en el interés de la investigación, es posible prolongar la prisión preventiva. Se suprimió la obligatoriedad de la prisión preventiva para las infracciones penales. Por consiguiente, la prisión preventiva queda ahora a discreción de la autoridad judicial, que solo la ordena cuando es absolutamente necesaria para la investigación.

4.La Ley de prevención del terrorismo de 2006 no confiere poder excepcional alguno a las fuerzas del orden. Las decisiones adoptadas en virtud de esta ley corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales y quedan sometidas al control de las autoridades judiciales superiores. Hasta ahora, nadie ha sido juzgado en aplicación de esta ley. El Servicio de Información General funciona de conformidad con la legislación que rige sus actividades. Sus atribuciones son oficiales y conocidas. Coopera con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. Estas organizaciones no gubernamentales (ONG) organizan frecuentemente seminarios y cursos de formación sobre las disposiciones de los instrumentos internacionales y la legislación nacional relativa a los derechos humanos y el trato de los detenidos, a los que invitan a los representantes del Servicio de Información General y de la Dirección de Seguridad Pública.

5.La detención en los locales de la policía se rige por la legislación relativa al sistema penitenciario. Solo es posible proceder a una detención en virtud de una orden judicial. Los centros de detención de la policía están bajo el control de las autoridades judiciales y son inspeccionados por organismos como el Centro Nacional de Derechos Humanos o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Estos organismos redactan informes y los transmiten en particular al Ministerio del Interior, que se esfuerza por aplicar las recomendaciones formuladas.

6.El Sr. Alshishani (Jordania) dice que la Defensoría del Pueblo fue creada el 21 de julio de 2005 en el marco de la Dirección de Seguridad Pública. El Defensor del Pueblo rinde cuentas al jefe de dicha Dirección, y posee las mismas facultades y atribuciones que los fiscales. Se ocupa de las violaciones cometidas por los agentes del orden. Efectúa visitas sin previo aviso a las instituciones penitenciarias para verificar que los detenidos no son objeto de malos tratos, y gozan de las garantías previstas en el Pacto, y que se respeta la ley. En 2009, la Defensoría del Pueblo recibió 299 denuncias, de las que 26 se referían a malos tratos; 10 se transmitieron al Tribunal de la Policía y, en 6 casos, el responsable fue condenado a una pena de prisión o relevado de sus funciones. Los casos de malos tratos que puedan ocurrir no reflejan de manera alguna la política del Estado. La Dirección de Seguridad Pública trabaja en asociación con las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la defensa de los derechos humanos y, en 2009, se organizaron numerosas actividades conjuntas, como talleres, sesiones de formación y campañas para sensibilizar a los agentes de las fuerzas del orden sobre los derechos humanos, y en particular sobre los derechos de los detenidos.

7.La Sra. Ajwa (Jordania) agrega que la ley obliga a los fiscales a visitar por lo menos una vez al mes los centros de detención que dependen de su jurisdicción, para asegurarse de que nadie permanezca detenido en forma ilegal. El fiscal examina el registro del centro y las órdenes de detención y encarcelamiento, de los que hace copias, y se entrevista con todos los detenidos. El fiscal está obligado a tomar nota de cualquier denuncia formulada por estos. El personal de las instituciones penitenciarias debe colaborar con el fiscal y comunicarle todas las informaciones necesarias. Los detenidos pueden formular denuncias en forma oral o por escrito al personal penitenciario; estas denuncias deben ser inscritas en un registro e inmediatamente transmitidas a la fiscalía. Toda persona que tenga conocimiento de un caso de detención ilegal debe comunicarlo al fiscal quien, tras verificar la denuncia, ordena inmediatamente la puesta en libertad del interesado. Se prevé organizar cursos de formación para reforzar las competencias de los fiscales en estas materias. Para garantizar que los detenidos en los centros correccionales y de rehabilitación sean tratados de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por Jordania, se creó una unidad especial en el Ministerio de Justicia. Dicha unidad realiza visitas periódicas a los centros y presta asistencia jurídica a los detenidos víctimas de malos tratos.

8.La Constitución de Jordania garantiza la independencia de los jueces, que solo actúan de conformidad con la ley. La Ley de independencia del poder judicial fija las normas para verificar las competencias y el comportamiento ético de los jueces. El Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces por concurso y es el único órgano facultado para revocar a un juez. La estrategia de mejora de la justicia para 2010-2012 comprende el reforzamiento de su imparcialidad.

9.El Sr. Awamleh (Jordania) dice que la voluntad del Rey Abdallah II de fortalecer los programas de protección de las mujeres, los niños y las personas que pertenecen a grupos vulnerables se ha traducido en la aprobación de la Ley de protección contra la violencia doméstica Nº 6/2008 y en las modificaciones introducidas en el Código Penal en 2010. El Gobierno inició un estudio exhaustivo de los casos de malos tratos registrados por los servicios sociales. En 2009 se inauguraron oficinas de servicios sociales en los centros de protección de la familia de varias gobernaciones. Los centros de reconciliación familiar, creados a iniciativa de la reina Rania, ofrecen servicios de mediación familiar y acogen a mujeres golpeadas. En 2009 estos centros atendieron a 806 mujeres, frente a 299 en 2008. También se dio comienzo, en colaboración con la universidad de Columbia, a la redacción de un programa de formación de los trabajadores sociales, y se llevaron a cabo talleres de sensibilización sobre la violencia contra la mujer y de capacitación sobre la Ley de protección contra la violencia doméstica. En 2008 y 2009 se celebraron seminarios especialmente dirigidos al personal de los servicios de salud, de readaptación y de educación.

10.Los tribunales de menores son competentes para oír las causas penales en las que están involucrados menores. Cuando una infracción ha sido cometida por un menor y un adulto en forma conjunta, la causa se juzga en un tribunal especial. Se adoptan disposiciones para proteger al menor y se encarga a un supervisor del comportamiento, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social que lleve a cabo un estudio social, en particular sobre las condiciones de vida, los resultados escolares y el medio familiar del menor. El supervisor está presente en el procedimiento y vela por que se tenga en cuenta el interés superior del menor.

11.La Sra. Ajwa (Jordania) dice que los "delitos de honor" están tipificados como delitos graves. Desde la modificación del Código Penal en 2010, los autores de estos actos no pueden invocar la disposición del artículo 98, que permitía aducir el estado de ira para obtener una condena más clemente.

12.El Sr. Lallah recuerda que el artículo 14 del Pacto garantiza al sospechoso el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo y dispone que la carga de la prueba recaiga en la acusación. Pregunta si, en caso de que un acusado declare que su confesión fue obtenida bajo coacción, el tribunal exige a la fiscalía que pruebe que dicha confesión fue espontánea y no obtenida por la fuerza u otros medios lícitos.

13.Que los tribunales de Jordania no hayan debido juzgar causas vinculadas con la Ley de prevención del terrorismo es un hecho positivo, pero cabe preguntarse si alguien ha sido detenido en virtud de dicha ley y, en ese caso, cuál ha sido su suerte.

14.El Sr. Thelin pide aclaraciones sobre el poder discrecional que, al parecer, tiene el Primer Ministro de remitir cualquier caso al Tribunal de Seguridad del Estado, con independencia de las normas fijadas por el Código de Procedimiento Penal.

15.El Sr. Amor pregunta si el hecho de que las condiciones para autorizar la poligamia se hayan hecho mucho más estrictas en 2010 constituye un intento de limitar el fenómeno y un avance hacia la eliminación de esta práctica.

16.El Sr. O ' Flaherty desearía saber si, además de las modificaciones legislativas mencionadas por la delegación, se llevan a cabo campañas públicas de sensibilización e información para promover un cambio de mentalidad de la sociedad en lo que respecta a los delitos de honor.

17.El Sr. Salvioli observa que, como ha reconocido el Estado parte, ciertas prácticas culturales muy arraigadas en la sociedad pueden ser incompatibles con las normas de derechos humanos, y que los culpables de actos de tortura y de violencia doméstica frecuentemente gozan de impunidad. Pregunta qué medidas proyecta adoptar el Gobierno de Jordania para promover el pleno respeto de los derechos humanos en la sociedad. Desearía saber qué porcentaje de las denuncias de actos de tortura dan lugar a enjuiciamientos y qué porcentaje de los actos de violencia doméstica se traducen en sanciones.

18.El Sr. Bhagwatipregunta si los jueces de mayor jerarquía del aparato judicial son nombrados por el poder ejecutivo o por un órgano independiente, de qué manera se impide toda influencia del poder ejecutivo en los nombramientos y si los jueces son totalmente inamovibles o es posible procesarlos. En caso afirmativo, desearía saber cuál sería el procedimiento y si este estaría a cargo de un órgano independiente. El Sr. Bhagwati dice que desearía recibir detalles sobre los tribunales de menores, su competencia, los casos que juzgan, las decisiones que pueden adoptar y los recursos disponibles contra estas decisiones.

19.El Sr. El - Haiba pregunta qué medidas proyecta adoptar el Gobierno de Jordania para eliminar completamente el internamiento administrativo y los centros de internamiento administrativo, que constituyen lugares de reclusión no oficiales, diferentes de los establecimientos penitenciarios y que no están regidos por reglamento alguno. Al parecer, un cierto número de mujeres víctimas de violencia están retenidas en estos centros.

20.El Sr. El-Haiba pregunta qué nuevos elementos contiene la Ley de lucha contra la trata de personas recientemente aprobada, y en qué medida este texto es conforme a las normas internacionales de protección de los derechos de las personas que pertenecen a los grupos más vulnerables, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

21.Sir Nigel Rodley pide más detalles sobre el control judicial del internamiento administrativo. En particular, desearía saber si dicho control puede referirse tanto al respeto del procedimiento como al fundamento de la decisión.

22.En lo que respecta al trato de los detenidos, sería interesante tener más detalles sobre la inspección de los locales de detención de la policía, en particular sobre los órganos facultados para hacer visitas, las restricciones que se les puedan imponer y el uso que se hace de sus informes. Es preocupante observar que el único órgano competente para examinar las denuncias de los detenidos de actos de torturas o malos tratos es la Defensoría del Pueblo de la Dirección de Seguridad Pública, que depende de los servicios de orden público. El orador dice que desearía que se formularan comentarios a este respecto y se facilitaran detalles sobre el seguimiento de las denuncias, en particular sobre las acciones judiciales que se hayan entablado.

23.En las respuestas presentadas por escrito se indica que el Centro Nacional de Derechos Humanos ha hecho varias visitas sin previo aviso al centro de detención del Servicio de Información General en estos tres últimos años, pero que estas han sido menos numerosas que las del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sería interesante saber si hay un límite al número de visitas y conocer sus resultados. El orador pregunta si se hacen públicos los informes del Centro Nacional de Derechos Humanos.

24.El Presidente invita a la delegación a que responda a las preguntas complementarias formuladas por el Comité.

25.El Sr. Twal (Jordania) dice que, hasta la fecha, no se ha examinado ningún caso en el marco de la Ley de prevención del terrorismo de 2006. Las causas en curso se refieren a delitos tipificados en el Código Penal.

26.La Sra. Ajwa (Jordania) dice que las confesiones obtenidas por coacción no son admisibles como prueba en un procedimiento judicial y que las autoridades judiciales están obligadas a establecer las circunstancias en que se han producido las confesiones para asegurarse de que las declaraciones del acusado fueron hechas en forma libre y espontánea.

27.El Sr. Twal (Jordania) dice que el Gobierno está dispuesto a examinar nuevamente todas las disposiciones de su legislación sobre los derechos humanos y el estado de derecho y que, en el marco del amplio proceso de reforma política, jurídica y judicial al que ha dado inicio, está dispuesto a considerar todas las recomendaciones. En lo que respecta al papel del Primer Ministro en el funcionamiento del Tribunal de Seguridad del Estado, precisa que el Primer Ministro solo puede intervenir en las causas que atañen a la seguridad del Estado desde un punto de vista puramente económico, lo que hasta la fecha solo ha ocurrido una vez.

28.El Sr. Twalbah (Jordania) dice que las cifras presentadas sobre la poligamia incluyen a las parejas que están separadas de hecho o a la espera del divorcio, por lo que son superiores a la realidad. La Ley de la condición jurídica de la persona de 2010 contiene disposiciones para restringir la poligamia mediante la fijación de condiciones claras. Protege los derechos de las dos esposas estableciendo la obligación de informar a ambas de la existencia de otra unión y de asegurarles el mismo sostén material. La obligación de equidad entre las esposas también está inscrita en la sharia. La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años pero el juez puede, en circunstancias especiales, autorizar a una persona menor de edad a contraer matrimonio, a condición de que haya cumplido los 15 años de edad y que se cuente con su consentimiento y el de sus padres. Esta excepción pretende cubrir todas las posibles eventualidades y, cuando se aplica, lo que es poco frecuente, se trata en general del matrimonio de jóvenes que tienen poco menos de 18 años.

29.El Sr. Twal (Jordania) dice que es difícil presentar cifras sobre la violencia doméstica, dado que muchas mujeres no denuncian los malos tratos de los que son víctimas. Se adoptan medidas para sensibilizar a las mujeres y alentarlas a denunciar la violencia que sufren en la familia. Se han hecho campañas de información en los medios de comunicación, y la sociedad civil ejecuta numerosos programas para fomentar la evolución de las mentalidades y los comportamientos y prestar apoyo a las víctimas.

30.La edad de responsabilidad penal se elevó de 7 a 12 años de edad, tras la recomendación formulada en abril de 2010 por el Comité contra la Tortura.

31.La Sra. Ajwa (Jordania) dice que la delegación hará llegar por escrito al Comité información adicional sobre el sistema de nombramiento de los jueces y una copia de la Ley de independencia del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura está integrado por el Presidente del Tribunal de Casación, el Fiscal Jefe y el Juez Decano del Tribunal Supremo. El poder ejecutivo no interviene en el nombramiento de los miembros del Consejo, para el que se tiene en cuenta su antigüedad.

32.El Sr. Twal (Jordania) dice que la le Nº 9 de 2009 tipifica como delito penal todas las formas de trata de personas. Este texto, que fue redactado con la asistencia de expertos internacionales, contiene una definición de la trata plenamente conforme con la del Protocolo de Palermo. La ley prevé penas más severas si las víctimas son mujeres o niños. Además, se hace todo lo necesario para proteger a las víctimas, evitando que sean enjuiciadas a su vez. Está previsto crear un comité nacional de lucha contra la trata, dependiente del Ministerio de Justicia. Se está preparando una guía nacional con diversos instrumentos y recomendaciones para luchar contra la trata.

33.La ley por la que se rige el internamiento administrativo será objeto de una reforma en el futuro próximo. El Gobierno es consciente de la responsabilidad que incumbe al Estado de promover la evolución de la sociedad para poner fin a ciertas prácticas nocivas. Dicho esto, es imposible no tener en cuenta las tradiciones y mentalidades que dan origen a ciertos comportamientos. En un número limitado de casos, es indispensable recurrir al internamiento administrativo, sobre todo para proteger a las mujeres en ciertas circunstancias. En todos los casos, las personas objeto de internamiento administrativo tienen derecho a consultar inmediatamente a un abogado.

34.Conviene destacar que el Comité Internacional de la Cruz Roja accede fácilmente a las autoridades y que está en frecuente contacto con el Servicio de Información General y el Departamento de Policía. El Gobierno está dispuesto a aceptar toda la asistencia jurídica, financiera y técnica, en particular la destinada a la formación y a la mejora de su legislación.

35.El Presidente invita a los miembros de la delegación a que respondan a las preguntas formuladas por los miembros del Comité sobre las cuestiones 14 a 25.

36.El Sr. Twalbah (Jordania) dice que el derecho a la libertad de religión está consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Todos los ciudadanos de Jordania tienen derecho a elegir y practicar su religión. El Estado debe proteger la libertad de culto y de religión y garantizar el ejercicio de este derecho, mientras no atente contra el orden, la moral y la seguridad públicos. El rechazo de la coacción en materia de religión también está inscrito en el Corán. En el caso de los bahaíes, Jordania es uno de los países más tolerantes de la región con esta comunidad. Los bahaíes pueden practicar su culto sin restricciones ni sufrir acoso. No se hace nada para obligarlos a cambiar de religión o creencias. Todos los ciudadanos jordanos, con independencia de su confesión religiosa, pueden ejercer sus derechos civiles y políticos. El Código Civil y la Ley de la condición jurídica de la persona de 2001 consagran el derecho de todos los jordanos mayores de 16 años de edad a poseer su propio documento de identidad, cualquiera que sea su lengua, origen étnico o religión.

37.El Sr. Twal (Jordania) aclara que las personas de la comunidad bahaí pueden declararse de religión bahaí en su documento de identidad, aunque esta no esté reconocida en la Constitución. El origen étnico no se menciona en el documento de identidad. La mención de la religión solo es obligatoria para el documento de identidad; no aparece en el pasaporte, el permiso de conducir ni ningún otro documento oficial de identificación. Más allá de las razones prácticas que motivan esta exigencia —la necesidad de conocer la religión de los candidatos al Parlamento para elaborar las listas de conformidad con las cuotas definidas por ley— es necesario entender que ni los cristianos ni los musulmanes sienten como una estigmatización el hecho de ser identificados como tales, ya que están profundamente orgullosos de serlo.

38.Desde la modificación de la Ley de prensa y medios de comunicación, el Servicio de Publicaciones ya no depende del Ministerio de Información sino del Ministerio de Cultura. Las penas de prisión previstas anteriormente para los delitos de prensa fueron reemplazadas por multas. El Tribunal de Seguridad del Estado ya no es competente para juzgar las causas vinculadas con los medios de comunicación, que ahora competen a una sala especializada de lo civil creada con este fin. Los juicios contra los periodistas acusados de haber perjudicado las relaciones diplomáticas o la familia real fueron abandonados a instancias del Rey. Se creó un instituto de formación para que los periodistas pudieran aprender a ejercer mejor su profesión, sin autocensura. Está previsto revisar próximamente en su totalidad la legislación relativa a los medios de comunicación. Jordania defiende la moderación y la tolerancia y promueve la paz. El país ha puesto en marcha numerosas iniciativas en tal sentido, como el Mensaje de Ammán, que recuerda que respetar al prójimo es un valor fundamental del islam. Jordania también alienta el diálogo entre las culturas y las religiones. Dentro de poco, el país aprobará un plan de acción nacional destinado a promover la apertura y el diálogo en las escuelas, las universidades y los medios de comunicación. La Ley de reuniones públicas de 2008 no tiene por objeto restringir el derecho de reunión, sino que organiza las modalidades de ejercicio de este derecho con miras a prevenir los riesgos de desórdenes. Para celebrar una reunión pública es necesario presentar una solicitud de autorización al gobernador, quien, en caso de rechazarla, debe motivar debidamente su decisión. El motivo de rechazo más invocado de los previstos en la ley es el del orden público. Esta decisión se puede impugnar ante el Tribunal Supremo, que es competente para entender de todas las decisiones administrativas. Cuando Israel atacó Gaza en 2008 se organizaron marchas de protesta en todo el país; se aplicó la ley y las manifestaciones, debidamente controladas, pudieron desarrollarse sin incidentes.

39.El Sr. Awamleh (Jordania) dice que, en virtud de la Ley de asociaciones de 2008, la autoridad encargada de examinar las solicitudes de registro tiene un plazo de 60 días desde la presentación de la solicitud para pronunciarse. Transcurrido ese plazo, la solicitud se considera aceptada. En caso de rechazo, es posible presentar un recurso ante los tribunales. Desde la entrada en vigor de la ley, en 2008, solo se ha rechazado una solicitud; los autores impugnaron esta decisión y su solicitud fue finalmente aceptada. El derecho de las asociaciones a aceptar fondos o donaciones no está sometido a ninguna condición cuando se trata de donantes jordanos. En cambio, toda financiación extranjera debe ser aprobada por el Gobierno. Para ello, debe reunir varios criterios: ser legal y compatible con el orden público y las buenas costumbres, ser compatible con el reglamento interno de la asociación y estar destinada a la concreción de los objetivos de la asociación. El Gobierno dispone de 30 días desde la presentación de la solicitud para pronunciarse. Transcurrido ese plazo, la solicitud se considera aceptada.

40.La Sra. Ajwa (Jordania) dice que se ha dado inicio a un nuevo examen de la legislación sobre la infancia para verificar su compatibilidad con las normas internacionales. El Código del Trabajo prohíbe el trabajo de niños menores de 16 años. Los menores que hayan cumplido los 16 años pueden trabajar, con la condición de que presenten un certificado de aptitud expedido por un médico y una autorización firmada por sus padres. Las condiciones de trabajo están estrictamente reglamentadas: está prohibido que el menor realice trabajos peligrosos; la jornada de trabajo está limitada a seis horas y deben respetarse los días feriados y los fines de semana. La trata y la explotación de menores están severamente castigadas por la Ley de lucha contra la trata de personas de 2009. Para combatir estas prácticas, se ha adoptado una estrategia global que combina la protección y la asistencia a las víctimas con medidas de prevención y represión. La utilización de menores en la pornografía está castigada por la ley.

41.El Sr. Twal (Jordania) dice que en, en virtud de la Ley de partidos políticos de 2007, un partido político solo puede registrarse si reúne por lo menos 500 miembros fundadores. Hasta la fecha no se ha rechazado ninguna solicitud de registro. De conformidad con la ley, los partidos debidamente registrados reciben asistencia financiera del Estado. Se han adoptado medidas para mejorar el funcionamiento de los partidos. Por ejemplo, se realizan cursos de formación para los partidos sobre, entre otras cosas, técnicas de gestión, transparencia y relación con los medios de comunicación, en los que participan expertos de ONG nacionales e internacionales.

42.La mejora de la participación de las mujeres en la vida política no puede reducirse a las cuotas, sino que exige una evolución profunda de la sociedad. Se han realizado avances considerables en cuanto al acceso a la salud y a la educación, pero las mujeres siguen mayoritariamente excluidas de la vida económica y política. La creación de mecanismos, en particular legislativos, para favorecer una mayor participación de las mujeres es, sin duda, indispensable, pero también hay que llegar directamente a las principales interesadas para crear la movilización y las vocaciones necesarias. Este es el objeto de las diferentes actividades que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Político en colaboración con la sociedad civil. Las modificaciones del sistema electoral previstas en la Ley provisoria de elecciones aprobada en mayo de 2010 tienen por finalidad garantizar una mayor transparencia y una mejor representatividad. Otra señal positiva de evolución es la decisión del Gobierno de autorizar la supervisión, por observadores internacionales, de las próximas elecciones legislativas previstas para noviembre de 2010. El Ministerio de Desarrollo Político ha elaborado un ambicioso plan de reforma política y legislativa para 2011-2020, destinado a reforzar la buena gobernanza y el respeto de las normas internacionales de derechos humanos. Desde un punto de vista demográfico, es cierto que hay minorías en Jordania, pero es necesario entender que las personas que pertenecen a estas minorías no se consideran como tales; ante todo, se consideran jordanas. Este fuerte sentimiento nacional constituye una protección contra los fenómenos de aislamiento y creación de guetos que se registran en otros países.

43.El Pacto no ha sido objeto de medidas de información específicas, pero los derechos humanos constituyen el centro de numerosas actividades gubernamentales y se difunden gracias a los programas de estudios y los medios de comunicación.

44.El Sr. O ' Flaherty dice que, en su respuesta sobre la libertad de religión, la delegación se ha referido principalmente a los grupos religiosos. No obstante, el Pacto hace hincapié en el ejercicio individual —no colectivo— de la libertad de religión y, por consiguiente, en la posibilidad de cada persona de afiliarse o no a un grupo religioso. En esta perspectiva, sería útil saber cómo se aplican las normas relativas a la apostasía. Ciertamente, la apostasía no es ilegal en Jordania, por lo que es posible abandonar la religión islámica para adoptar otra, pero las respuestas escritas hacen pensar que el apóstata pierde ciertos derechos, lo que puede dar lugar a cuestiones vinculadas con el artículo 18 del Pacto. La mención de la religión en el documento de identidad puede tener una utilidad práctica para garantizar el respeto de las cuotas que favorecen a las minorías religiosas en las elecciones legislativas, pero cabe interrogarse sobre su compatibilidad con las disposiciones del Pacto relativas al respeto de la vida privada: un particular puede perfectamente desear que su religión no sea revelada. El Sr. O'Flaherty desearía saber si es cierto que un ateo o una persona que no pertenezca a ninguna de las tres principales religiones monoteístas practicadas en Jordania puede hacer constar la mención "ninguna" en su documento identidad, y si los bahaíes deben hacer constar la mención "musulmán".

45.La revisión de la legislación relativa a la libertad de prensa y a la libertad de expresión iniciada por el Estado parte debería asegurar la compatibilidad de todas las disposiciones con el artículo 19 del Pacto, en particular en lo que respecta a las condiciones para restringir la libertad de expresión. Es legítimo someter la explotación de los medios electrónicos a la obtención de una licencia, por razones técnicas, pero nada justifica aplicar el régimen de autorización previa a la prensa escrita. La legislación sigue conteniendo un cierto número de restricciones a la libertad de prensa, como la posibilidad de hacer valer la responsabilidad penal de los periodistas por escribir artículos que se consideren perjudiciales para las relaciones diplomáticas del país o la familia real. Estas disposiciones deberían ser derogadas.

46.El Sr. El - Haiba dice que el informe periódico y las respuestas escritas no contienen información alguna sobre las medidas adoptadas o previstas por el Estado parte para luchar contra la discriminación, la violencia y el odio raciales. No obstante, ningún país es ajeno a estos fenómenos, que no solo requieren medidas jurídicas sino también programas de sensibilización para modificar los comportamientos y las mentalidades. En lo que hace a la representación de las mujeres en la vida pública y política, en 1994, en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Jordania, el Comité de Derechos Humanos observó con inquietud que todavía existían, en la práctica y el derecho, desigualdades entre los sexos, en particular en lo relativo a la participación en la vida pública. Sería útil conocer las medidas adoptadas para subsanar esta deficiencia, prevenir la discriminación contra la mujer, luchar contra los prejuicios sexistas y liberar a la sociedad jordana del peso de ciertas tradiciones nocivas para los derechos de la mujer.

47.El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 1999 y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2007 observaron que existían lagunas en la legislación y en la práctica sobre la represión y prevención de la discriminación racial y la discriminación basada en el sexo. Si bien es importante aprobar normas para luchar contra todo tipo de discriminación, también son necesarios programas de formación y sensibilización. Por consiguiente, los talleres sobre la lucha contra la violencia, el odio y la discriminación organizados por el Estado parte constituyen medidas positivas, cuyo resultado ahora hay que evaluar.

48.En lo que respecta a la representación de las mujeres en la vida pública y política, el Sr. El-Haiba desearía saber el número de mujeres que ocupan actualmente escaños en el Senado, son juezas, ocupan puestos directivos, en los sectores público y privado y en la universidad, y dirigen partidos políticos o integran sus directivas.

49.En lo que respecta a las medidas adoptadas para garantizar elecciones libres y transparentes, el Centro Nacional de Derechos Humanos, al que recientemente se ha encomendado el mandato de participar en la supervisión durante las elecciones, constató irregularidades durante las elecciones municipales, que habrían incidido en el resultado del escrutinio. El orador dice que desearía saber qué medidas se han adoptado para dar seguimiento a dichas constataciones.

50.El Sr. Amor observa que, para adherirse a un partido político, es necesario haber cumplido los 21 años, lo que es motivo de inquietud. El sistema de cuotas en las elecciones legislativas otorga a las minorías derechos políticos que "exceden" los derechos que corresponden a su número con respecto a la población total, lo que merece ser celebrado. Sería conveniente saber si estas minorías pueden enseñar en la escuela pública. El Sr. Amor también desearía saber si el Centro Nacional de Derechos Humanos y las ONG de Jordania participaron en la elaboración del informe periódico y si se ha informado a la población sobre el examen del Comité.

51.El Sr. Thelin desearía saber si la Ley de servicio militar obligatorio, modificada cuando volvió a entrar en vigor en 2007, contiene disposiciones sobre los procedimientos aplicables en caso de objeción de conciencia. Si no es el caso, pregunta qué medidas se prevé adoptar para dar efecto al artículo 18 del Pacto. También pregunta si el "Ejército del Pueblo" aún está operativo y si las personas convocadas a servir en sus filas pueden hacer valer su derecho a la objeción de conciencia.

52.El Sr. Twalbah (Jordania) dice, con respecto a la apostasía, que la sharia y la Constitución de Jordania reconocen y garantizan la libertad de religión y el libre ejercicio del culto religioso, que el Estado tiene el deber de proteger. Por consiguiente, toda persona que abandone el islam por otra religión no es pasible de sanción penal alguna. Los apóstatas disfrutan sin limitaciones de todos los derechos civiles y políticos. En lo que respecta a su derecho a heredar, ninguna disposición de la sharia impide a un testador designar a un apóstata como heredero universal, como nada le impide tampoco desheredar al apóstata mediante disposiciones escritas; su voluntad debe ser respetada.

53.El Sr. Twal (Jordania) dice que, en lo que respecta a la libertad de expresión, la creación de medios de comunicación electrónicos no está sometida a autorización previa alguna, como pone de manifiesto la verdadera proliferación de este tipo de medios en el país. La delegación de Jordania toma debida nota de las observaciones sobre la necesidad de suprimir las restricciones a la libertad de prensa. En lo que respecta a la representación de las mujeres en la vida pública y política, 7 de los 55 escaños del Senado están actualmente ocupados por mujeres. En el Poder Judicial hay 67 juezas en funciones, que representan el 8,8% de los efectivos. Muchas universidades de Jordania han adoptado cuotas en favor de las mujeres en todos los niveles de responsabilidad. Además, desde hace cinco años, Jordania tiene en cuenta las cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres en el establecimiento de los presupuestos de los diferentes ministerios. En el seno del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional hay un Departamento de Igualdad entre Hombres y Mujeres. En el Ministerio de Desarrollo Político, cuyo Secretario General es el Sr. Twal, hay 1 secretaria general adjunta y 4 directoras; además, la mitad de los jefes de servicio son mujeres. En lo que respecta a la representación de las mujeres en la vida política, dos partidos políticos están dirigidos por mujeres. En cuanto a la edad mínima para afiliarse a un partido político, el Sr. Twal dice que la cuestión se examinará en el marco de la reforma de la Ley de partidos políticos. La cuestión de la objeción de conciencia no se plantea en Jordania, dado que el servicio militar no es obligatorio; en cuanto al "Ejército del Pueblo", el orador dice que ha sido disuelto.

54.La delegación de Jordania agradece al Comité que, en el curso de un diálogo enriquecedor, haya señalado a la atención del Estado parte las cuestiones fundamentales que merecen un examen más detallado. Espera con interés las observaciones finales y las recomendaciones del Comité, a las que prestará su máxima atención.

55.El Presidente agradece a la delegación de Jordania sus respuestas a las numerosas preguntas del Comité, con el que mantuvo un diálogo franco y fructuoso. La invita a que haga llegar lo antes posible al Comité las respuestas por escrito a las preguntas que no pudieron tratarse por falta de tiempo, para que puedan ser tenidas en cuenta en las observaciones finales.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.