86° período de sesiones
Acta resumida de la 2344ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 15 de marzo de 2006, a las 15.00 horas
P residenta:Sra. Chanet
m ás tard e:Sra. Palm
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 40 del Pacto y de las situaciones de los países (continuación)
Tercer informe periódico de la República Democrática del Congo
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 40 del Pacto y de las situaciones de los países (continuación)
Tercer informe periódico de la República Democrática del Congo (CCPR/C/COD/2005/3, CCPR/C/COD/Q/3)
Por invitación de la Presidenta, la delegación de la República Democrática del Congo toma asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Kalala (República Democrática del Congo), al presentar el tercer informe periódico de ese país (CCPR/C/COD/2005/3), dice que en la nueva Constitución, que entró en vigor en febrero de 2006, se afirma que todos los congoleños son iguales ante la ley, que las autoridades tomarán medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y que se garantizará la incorporación de una perspectiva de género en las instituciones del Gobierno. En la Constitución se garantizan también determinados derechos básicos, como el derecho a la vida y el derecho a no sufrir torturas y a no ser sometido a esclavitud. En la actualidad no existe una definición jurídica de tortura, pero en el Parlamento se está debatiendo un proyecto de ley que tipificará la tortura como delito. La esclavitud y el trabajo forzado están prohibidos en el Código Penal y el Código del Trabajo.
Aunque la República Democrática del Congo no firmó el Segundo Protocolo Facultativo, impuso una moratoria sobre la pena de muerte. La moratoria se levantó en septiembre de 2002. Sin embargo, nadie ha sido ajusticiado hasta la fecha.
Con arreglo a la Constitución, toda persona detenida debe recibir un trato que respete su vida, su salud física y mental y su dignidad. La duración máxima de la detención provisional es de 48 horas. En la Constitución se hace también referencia a los principios de la inviolabilidad de la libertad individual y la presunción de inocencia y al derecho a asesoramiento letrado y se establece la legalidad de determinadas sanciones.
Se establece asimismo que todos los seres humanos nacen libres e igualesy se garantiza el respeto de la vida privada, la libertad de pensamiento, la libertad de circulación, la libertad religiosa, la libertad deexpresión y la libertad de prensa. Se prohíbe la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio racial y se afirma que nadie puede utilizar una parte del territorio nacional como base de partida de actividades subversivas o terroristas dirigidas contra la República Democrática del Congo u otro Estado. En la Constitución se garantizan la libertad de reunión y la libertad de convocar manifestaciones y participar en ellas. Se garantiza también la libertad sindical y se reconoce el pluralismo político. Contiene asimismo disposiciones aplicables a las organizaciones sin ánimo de lucro. Protege a la familia y el derecho de todas las personas a contraer matrimonio con la persona de sexo contrario de su elección y a fundar una familia, los derechos del niño y los derechos de las minorías.
La Presidenta, tras preguntar si es posible que el Comité reciba ejemplares de la nueva Constitución, invita a la delegación a responder a las 13 primeras preguntas de la lista de cuestiones (CCPR/C/COD/Q/3).
Marco constitucional y jurídico nacional de aplicación del Pacto; lucha contra la impunidad (artículo 2)
La Sra. Kalala (República Democrática del Congo), en referencia a la pregunta 1 de la lista de cuestiones, afirma que la costumbre es una fuente del derecho de la República Democrática del Congo, siempre que no sea contraria a lo estipulado en la legislación y a las buenas costumbres. Por ejemplo, según la tradición, tras el pago de la dote se considera que una pareja está comprometida o que ha dado el primer paso en un proceso gradual hacia el matrimonio y en algunos casos incluso se les considera ya casados. No obstante, a los efectos del derecho civil, es necesario que la pareja se registre como matrimonio. Aún se reconocen algunas prácticas consuetudinarias, como las que se siguen en los casos de adulterio, mientras que otras están cayendo en desuso. No obstante, se han prohibido las prácticas consuetudinarias que son contrarias a los derechos humanos, como los tratos crueles o la confiscación de los bienes de las viudas tras la muerte del cónyuge.
En cuanto a la pregunta 2, la oradora dice que se han establecido dos instituciones no judiciales, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el Observatorio Nacional de los Derechos Humanos. Tras la ratificación del Estatuto de Roma en 2002, el Gobierno se ha dirigido al Fiscal de la Corte Penal Internacional para solicitar que se ponga en marcha una investigación de las violaciones de derechos humanos. Ha pedido también que se cree un Tribunal Penal Internacional que juzgue los delitos cometidos antes de julio de 2002, pero hasta la fecha no se ha concretado nada. Además, con apoyo de la Unión Europea y la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), se ha puesto en marcha un amplio programa judicial para enjuiciar a los miembros de las milicias y las fuerzas armadas en relación con las infracciones de los derechos humanos cometidas en Ituri y las violaciones y otras agresiones sexuales cometidas contra mujeres, niñas e incluso hombres en la provincia de Equateur y se ha dictado una orden de detención internacional contra el principal instigador de la ocupación armada de Bukavu, un general que fue degradado y posteriormente expulsado de las fuerzas armadas.
En referencia a la pregunta 3, dice que el Gobierno ha tomado nota de los dictámenes del Comité sobre las diferentes infracciones comunicadas y en algunos casos ya ha comenzado a adoptar medidas en consecuencia. Por ejemplo, los 315 magistrados a que se hace referencia en la comunicación No. 933/2000 se han reincorporado a sus puestos de trabajo y han recibido la correspondiente indemnización por lucro cesante.
Igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres; prevención de la discriminación (artículos 3 y 26)
En lo que respecta a la pregunta 4, la oradora dice que en la nueva Constitución se prohíben todas las formas de discriminación contra la mujer y se afirman los principios de igualdad de representación de las mujeres e incorporación de una perspectiva de género en las instituciones.
En la actualidad se está debatiendo un anteproyecto de ley que contiene propuestas para adaptar el Código de Familia al Pacto. Entre las propuestas cabe destacar la eliminación de disposiciones como la que establece la incapacidad jurídica de las mujeres casadas, que da a los maridos una autoridad excesiva en lo que respecta a la administración de los bienes familiares conjuntos, y la que discrimina a las mujeres en caso de adulterio. También se está presionando al Gobierno para que aumente la edad mínima en que las niñas pueden contraer matrimonio de 15 a 18 años, a fin de equipararla a la de los varones, y suprima determinadas disposiciones del Código de Familia.
En respuesta a la pregunta 5 de la lista de cuestiones, la Sra. Kalala dice que el Gobierno ha emprendido medidas importantes para salvar las diferencias entre el nivel de educación de los niños y las niñas y con ese fin ha aprobado una estrategia nacional para acelerar la educación de las niñas con el apoyo financiero y logístico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La estrategia tiene por objeto aumentar la calidad de la enseñanza primaria en 2.000 escuelas, promover la escolarización y permanencia en el sistema educativo de más niñas y establecer asociaciones con otras partes interesadas en el sector de la enseñanza básica. Se han lanzado campañas de sensibilización dirigidas a los padres para luchar contra la práctica tradicional de enviar a los niños a la escuela y no a las niñas. En el primer año de la campaña se ha registrado un aumento del 36% en el número de niñas matriculadas en el primer año de la enseñanza primaria, frente al 29% en el caso de los niños, y en algunas provincias esta cifra se ha duplicado.
Sólo 8 de los 61 ministros y viceministros y 70 de los 500 parlamentarios son mujeres. Sólo 38 de los 264 directivos de empresas públicas y 37 de los 311 diplomáticos son mujeres. El primer gran éxito cosechado en lo que respecta a la igualdad de representación es la Comisión Electoral Independiente, de cuyos miembros casi la mitad son mujeres.
En lo que respecta a la pregunta 6 de la lista de cuestiones, la oradora dice que las mujeres y los niños han sido las principales víctimas de los conflictos en su país. El Gobierno es consciente de que es necesario adoptar medidas para rehabilitarlos y, con ese fin, ha puesto en marcha programas como la iniciativa conjunta para combatir la violencia sexual contra las mujeres, los jóvenes y los niños, en colaboración con organismos especializados de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. La iniciativa se compone de varios elementos, como atención médica y psicológica, reinserción en la sociedad, asistencia jurídica y reformas para luchar contra la violencia sexual. En el artículo 15 de la nueva Constitución se estipula que las autoridades harán lo posible por eliminar la violencia sexual y que todos los actos de violencia sexual que tengan como fin desintegrar una familia o exterminar a un pueblo constituirán crímenes de lesa humanidad. En la actualidad se está examinando también un proyecto de ley sobre represión de la violencia sexual. El Ministerio de Defensa interviene también mediante la adopción de medidas para sensibilizar al ejército y la policía a fin de reducir la incidencia de ese tipo de infracciones.
Derecho a la vida y prohibición de la tortura (artículos 6 y 7)
En referencia a la pregunta 7 relativa a los procesos judiciales incoados contra varios agentes de policía de Kalemie en 2004, la oradora dice que el caso se ha remitido a la Fiscalía y que uno de los agentes ha sido condenado.
En respuesta a la pregunta 8, dice que con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el Gobierno, en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales y asociados internacionales, organiza campañas de sensibilización en que utiliza carteles y mensajes televisados para informar de los recursos de que disponen las víctimas. Las víctimas reciben asistencia letrada y se les ofrecen servicios de rehabilitación. En la esfera de la prevención, los jueces y los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley reciben capacitación sobre el respeto de los derechos de las personas sospechosas de haber infringido la legislación penal.
En relación con la pregunta 9, la oradora dice que entre los objetivos de la transición figura el restablecimiento de la paz, la reconstrucción, la restauración de la integridad territorial y el restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Varios grupos armados se han fusionado a fin de establecer un ejército nacional reestructurado bajo un mando único, lo que contribuirá al mantenimiento de la seguridad durante las próximas elecciones. Los grupos armados se han desmovilizado y reinsertado en la sociedad. El sistema judicial, en particular el sistema judicial militar, está en proceso de reestructuración y la Corte Militar y la Corte de Seguridad del Estado se han disuelto. Sigue en marcha el proceso de colaboración con la Corte Penal Internacional, así como las operaciones militares conjuntas entre las fuerzas armadas y la MONUC, en particular en Ituri y Kivu Sur.
En respuesta a la pregunta 10, la oradora afirma que la moratoria sobre la pena de muerte se suspendió durante la guerra, debido al repentino aumento del número de delitos graves. No obstante, desde entonces nadie ha sido ejecutado y se han reanudado las negociaciones para restablecer la moratoria.
Prohibición de la esclavitud (artículo 8)
En repuesta a la pregunta 11, la oradora dice que, si bien la esclavitud está prohibida, durante la guerra varias mujeres y niños fueron secuestrados por grupos armados, en particular en Ituri, y obligados a ser esclavos sexuales. Desde el final de la guerra no han vuelto a registrarse casos de esclavitud sexual.
Seguridad personal y derecho a no ser objeto de detención arbitraria (artículo 9)
En lo que respecta a la pregunta 12, la Sra. Kalala dice que la escasez de alimentos es sin duda un grave problema en las prisiones y un motivo de preocupación para el Gobierno. Si bien en el presupuesto correspondiente a 2006 aumentaron las consignaciones para prisiones, la financiación sigue siendo escasa. No es habitual que una persona sea detenida por un delito leve; en tales casos suele imponerse una pena de multa. Los largos períodos de prisión preventiva se deben a la escasez de jueces y se están adoptando medidas para contratar nuevos jueces. El Ministerio de Derechos Humanos interviene en esos casos para velar por que se respete la normativa sobre la detención. En lo que respecta a las detenciones efectuadas por el Grupo Especial de Seguridad Presidencial, las denuncias presentadas ante el Ministerio de Derechos Humanos se remiten a los Ministerios de Justicia y Defensa, que exigen que cese ese tipo de hostigamiento y que los autores o sospechosos comparezcan ante la justicia.
Prohibición del encarcelamiento por incumplimiento de una obligación contractual (artículo 11)
En respuesta a la pregunta 13, la oradora dice que no es frecuente que se produzcan encarcelamientos por impago de deudas, pero ocurre en ocasiones. El Ministerio de Derechos Humanos condena esos casos cuando salen a la luz e informa inmediatamente al Ministerio de Justicia de las irregularidades y le pide que curse instrucciones a las autoridades judiciales para que adopten las medidas pertinentes contra los responsables. También debe constatarse si se trata de un caso de fraude. El Ministerio de Derechos Humanos organiza cursos y seminarios sobre derechos humanos en colaboración con las autoridades pertinentes y el ejército. La enseñanza en materia de instrumentos internacionales de derechos humanos es un componente de la capacitación básica que reciben los nuevos reclutas del ejército.
El Sr. Amor lamenta que, si bien el informe del país ofrece abundantes detalles sobre la legislación y la Constitución, no proporcione información sobre las medidas que se están adoptando en la práctica para aplicar el Pacto. El orador agradecería que se aclarara la posición del Pacto en el derecho interno, es decir, si puede invocarse ante los tribunales y si éstos lo han aplicado. En la nueva Constitución se afirma que los tratados y acuerdos internacionales concertados de conformidad con las normas pertinentes prevalecen sobre las leyes nacionales, a reserva de que cada tratado o acuerdo sea aplicado por la otra parte. El orador desearía saber si esa disposición se aplica sólo a los tratados bilaterales y no a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Le interesaría saber si se ha realizado un inventario de los casos en que el derecho consuetudinario es contrario al Pacto.
La discriminación contra la mujer a menudo encuentra justificación en la tradición. El orador se pregunta si una mujer casada aún necesita el permiso de su esposo para realizar determinados trámites jurídicos. Las razones que explican la falta de participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones se exponen en el párrafo 51 del informe. No cabe duda de que aún queda mucho por hacer con respecto a ese tipo de discriminación. El orador se pregunta cómo es posible que las mujeres tengan confianza en sí mismas si no tienen la oportunidad de ir a la escuela. Asimismo, desearía disponer de estadísticas más fiables sobre la educación de la mujer y sobre las políticas de prevención de la discriminación contra la mujer.
El orador encuentra preocupantes las elevadas tasas de mortalidad infantil y materna, que también son reveladoras de las actitudes sociales hacia las mujeres, y las denuncias de casos de esclavitud vinculada a la prostitución, especialmente de niñas, cuya personalidad jurídica no está reconocida en algunos casos. El orador desearía disponer de información más concreta sobre esos asuntos.
El Sr. Glele Ahanhanzo dice que, a pesar de las muchas dificultades a que se enfrenta, el país está logrando avances y hay esperanza para el futuro. No obstante, lamenta que el informe escrito carezca de información y datos sustantivos sobre la situación real en el país. La falta de información de fondo resulta especialmente sorprendente habida cuenta de que en diciembre de 2001 se estableció una comisión interministerial en el Ministerio de Derechos Humanos encargada de preparar los informes periódicos del Estado Parte a los órganos de derechos humanos creados en virtud de tratados. Lamenta además que la delegación no haya presentado respuestas por escrito a la lista de cuestiones del Comité con anterioridad a la celebración de la presente reunión.
El Comité está especialmente interesado en saber si el Pacto se está aplicando en la práctica y cómo se está haciendo. El orador pide información sobre la relación entre el Pacto y la nueva Constitución y la aplicabilidad del Pacto en el derecho interno; el nivel de concienciación en materia de derechos humanos; la influencia de los vínculos tribales; la función que desempeña el derecho consuetudinario, sobre todo cuando es contrario a la legislación o el Pacto, y las medidas adoptadas para promover los derechos de las mujeres y los niños. Observa por ejemplo que, en la esfera de los derechos de la mujer, de conformidad con el artículo 448 del Código de Familia, una mujer casada debe obtener la autorización de su esposo para realizar por sí misma cualquier trámite jurídico y desea saber qué medidas se están tomando para adaptar la legislación a los instrumentos jurídicos internacionales.
El orador expresa además grave preocupación por la aparente impunidad con que se cometen las violaciones de derechos humanos y que casi parece haberse institucionalizado. El Comité ha recibido numerosos informes de diferentes fuentes sobre casos de violencia e infracciones de los derechos humanos, en particular agresiones contra defensores de los derechos humanos, como el asesinato de Pascal Kabungula Kibembi, Secretario Ejecutivo de “Héritiers de la Justice”, actos de represión contra la población civil y asesinatos y violaciones de civiles. Debe proporcionarse más información sobre las medidas que, en su caso, haya adoptado el Gobierno para investigar esas violaciones de los derechos humanos y enjuiciar a los responsables, sobre todo en los casos en que están implicados la policía y el ejército. Asimismo, pide más información sobre las medidas adoptadas por el Estado Parte para dar cumplimiento a las observaciones finales del Comité.
La Sra. Palm ocupa la Presidencia.
El Sr. Solari Yrigoyen se muestra complacido por el genuino deseo de la delegación de promover los derechos humanos y dice que el Comité toma debida nota de los avances logrados, por ejemplo, las reformas jurídicas y la aprobación de la nueva Constitución, que son especialmente dignos de encomio habida cuenta de la difícil situación que atraviesa el país. Noobstante, debe proporcionarse más información sobre la situación real del país en lo que respecta a los derechos humanos y es preciso redoblar los esfuerzos encaminados a promover la toma de conciencia acerca de los derechos humanos, no sólo en el Ministerio de Derechos Humanos, sino en toda la sociedad y en particular en la policía y el ejército.
El orador expresa su preocupación por que, si bien el Estado Parte es signatario de la Convención contra la Tortura, según se indica en el párrafo 73 del informe, la tortura como tal no está tipificada como delito en la legislación nacional, sino que se considera una circunstancia agravante. Le preocupa también que en el artículo 16 de la nueva Constitución de febrero de 2006 no se mencione específicamente la tortura y por consiguiente su ámbito de aplicación sea más limitado que el del artículo 15 de la Constitución de la Transición y el artículo 7 del Pacto. Eso reviste especial gravedad, habida cuenta de que la tortura y los tratos inhumanos son frecuentes en la República Democrática del Congo.
En lo que respecta a la violencia contra la mujer, lamenta que, por ejemplo, en el caso de los incidentes de Kalemie, hasta la fecha sólo un agente de policía haya sido declarado culpable de actividades ilícitas. El Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo también ha destacado la violencia y los malos tratos generalizados que sufren mujeres y niños, en particular las agresiones sexuales perpetradas en ocasiones por miembros de la policía o el ejército e incluso profesores.
Aunque se ha redactado un proyecto de ley que se ocupa de la tortura, según algunas organizaciones no gubernamentales su aprobación se ha estancado. El orador pide a la delegación que informe sobre la situación actual del proyecto de ley. Aunque la delegación ha afirmado en sus respuestas orales que, entre otras cosas, se están poniendo en marcha campañas de concienciación acerca de los derechos humanos, se está impartiendo capacitación en esa materia a los magistrados y los funcionarios públicos y se están organizando seminarios sobre derechos humanos para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, a juzgar por los miles de casos de agresiones, torturas y violaciones, la respuesta del Estado Parte es completamente inadecuada.
En lo que respecta a la cuestión de las desapariciones forzadas, si bien la delegación ha hecho referencia, entre otras cosas, al restablecimiento de la autoridad del Estado, la desmovilización y las reformas jurídicas, no ha proporcionado información suficiente. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y varias organizaciones no gubernamentales han destacado numerosos casos de desapariciones forzadas atribuibles no sólo a milicias y bandas armadas sino también a las fuerzas de seguridad y el ejército. Debe proporcionarse mucha más información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a ese problema.
El orador lamenta que se haya levantado la moratoria sobre la pena de muerte. Si en la práctica no se han producido ejecuciones en más de una década, con excepción de las correspondientes a la jurisdicción militar (CCPR/C/COD/2005/3, párr. 67), quisiera saber por qué se ha levantado la moratoria y pide al Estado Parte que adopte cuanto antes las medidas pertinentes para abolir la pena de muerte.
El Sr. Johnson López reitera que los incidentes a que hace referencia la pregunta 12 de la lista de cuestiones, si son ciertos, constituirían violaciones del artículo 9 del Pacto. Pide más información sobre la situación actual y desea saber si se aplicarán las garantías de derechos humanos previstas en la Constitución de febrero de 2006. Reitera además las preocupaciones del Comité en relación con los tribunales militares y el derecho a un juicio justo y se pregunta si 1.743 jueces son realmente suficientes para garantizar un sistema judicial viable y efectivo para una población de casi 60 millones.
La Sra. Chanet, Presidenta, vuelve a ocupar la Presidencia.
El Sr. Shearer pregunta si el Gobierno tiene previsto estudiar seriamente los dictámenes del Comité sobre las comunicaciones enumeradas en la pregunta 3 de la lista de cuestiones y responder a las solicitudes de información que en el futuro formule el Comité.
En lo que respecta a los actos cometidos por el personal encargado de hacer cumplir la ley, el orador señala que en la nueva Constitución se establece una diferencia entre la policía nacional y las fuerzas militares, pero desea saber si esa distinción se observa en la práctica. Además, desearía saber si existen o se están formulando programas de capacitación en materia de derechos humanos para la policía y las fuerzas armadas. Según en el artículo 156 de la Constitución, los agentes de policía están sujetos a la jurisdicción de los tribunales militares, lo que plantea la cuestión de la impunidad y la indefinición de las funciones.
El Sr. Kälin dice que según informes recientes siguen produciéndose violaciones de derechos humanos a gran escala, a pesar de que ha terminado la guerra. En ese sentido, quisiera saber qué medidas está adoptando el Gobierno para hacer frente a las violaciones de derechos humanos a gran escala, proteger a la población civil y velar por que no intervengan en ellas agentes del Gobierno. En la nueva Constitución se garantizan el derecho a la libertad de circulación y a establecer un hogar. El orador desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno para proteger los derechos de las personas desplazadas dentro del país.
Sir Nigel Rodley dice que, si bien algunos países a menudo mantienen que la definición de tortura está comprendida en la definición de otros delitos, nunca ha oído que la tortura se considere una mera circunstancia agravante de otro delito. En su opinión, ha llegado el momento de colmar ese vacío de la legislación. Dado que el Gobierno no ha cooperado en relación con ninguna de las comunicaciones que se han presentado al Comité desde 1993, pregunta qué tipo de cooperación puede esperar el Comité en el futuro.
La Sra. Wedgwood pregunta si existen programas para evacuar a los civiles de las zonas de conflicto en la parte oriental del país y si se han organizado programas o actividades específicos para su rehabilitación. Asimismo, quisiera conocer más a fondo el proceso interinstitucional de redacción del informe y si el comité de redacción ha sido informado por los ministerios competentes sobre la situación en las zonas de conflicto.
En cuanto al despido improcedente de unos 300 jueces, la oradora pregunta si alguien ha sido sancionado por su actuación en relación con el caso.
La Sra. Kalala (República Democrática del Congo) reconoce que los datos ofrecidos en el informe pueden no ser completos, ya que su redacción coincidió con el final de la guerra. Habida cuenta de las dimensiones y la complejidad del país y la dificultad de las comunicaciones como consecuencia de los daños sufridos por las infraestructuras y el pillaje de los recursos durante la guerra, será difícil recuperar la información que falta, especialmente a partir de la década de 1990. No obstante, la dificultad de ofrecer información, en particular sobre las comunicaciones a que han hecho referencia varios miembros del Comité, no debe interpretarse como reticencia a participar en el proceso.
En la nueva Constitución se han abolido muchas prácticas consuetudinarias que frenaban el adelanto de la mujer. El Gobierno está adoptando las medidas pertinentes para establecer un marco jurídico y judicial en pro de la igualdad de género y el Ministerio de Asuntos de la Mujer, a su vez, está haciendo lo posible por cambiar las mentalidades. El bajo nivel de representación de las mujeres en el Gobierno y la Asamblea Nacional es parte del problema, ya que las cuestiones que afectan directamente a las mujeres despiertan escaso interés. Como consecuencia de su falta de confianza en sí mismas, ha sido difícil encontrar a mujeres dispuestas a presentarse como candidatas a las próximas elecciones para la Asamblea Nacional. La mejor forma de cambiar las mentalidades es mediante la educación. Aunque aún son modestos, ya están empezando a cosecharse los beneficios de la escolarización de las niñas.
Por ultimo, la oradora hace un llamamiento a la comprensión en lo que respecta a la falta de estadísticas y señala que el Gobierno sólo lleva tres años en el poder y aún se enfrenta a numerosas dificultades. La mitad del presupuesto procede de recursos externos. Los programas para luchar contra el VIH/SIDA y la mortalidad maternoinfantil, si bien frágiles, cuentan con el apoyo y la participación del propio Presidente.
Se levanta la sesión a las 18.00 horas.