COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
94º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 2586a SESIÓN*
celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,el jueves 23 de octubre de 2008, a las 15.00 horas.
Presidente: Sr. Rivas POSADA
SUMARIO
CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y OTROS ASUNTOS
Métodos de trabajo
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y OTROS ASUNTOS
Métodos de trabajo
Enfoque estratégico de las relaciones públicas, incluidas las relaciones con los medios de comunicación (CCPR/C/94/CRP.2)
El Sr. SHEARER presenta su documento revisado y dice que sólo faltan por examinar las modificaciones introducidas en el anterior período de sesiones del Comité, que se indican en negrita y se refieren fundamentalmente a los párrafos 10 y 11, en particular, a las recomendaciones 5 y 6 bis. Observa que la reciente decisión de la Mesa de permitir que se filme la presentación por el Japón de su informe periódico durante el actual período de sesiones es acorde con la recomendación 5, que aboga por que los medios de comunicación filmen los debates públicos del Comité. En esta ocasión se ha concedido permiso para filmar los debates en su totalidad, sin embargo, la red de teledifusión del Japón ha dejado de grabar una vez concluidas las observaciones iniciales del Estado parte. Aunque, en opinión del orador, la filmación ha ido bien y no ha ocasionado ningún trastorno, el Comité podría considerar la posibilidad de adoptar algunas directrices, como se propone en la primera oración de la recomendación 5.
El Sr. LALLAH desea saber qué circunstancias contemplarían tales directrices.
El PRESIDENTE expresa su preocupación por el hecho de que un Estado parte pueda plantear objeciones a la grabación de los debates. El consentimiento del Estado parte a la grabación es, por tanto, una cuestión que podría incluirse en las directrices.
Sir Nigel RODLEY se opone firmemente a conceder a los Estados partes el derecho de veto de la grabación de los debates. Antes que concederles ese derecho, preferiría que no se realizara ningún tipo de grabación.
El PRESIDENTE pregunta si el Comité considera que el consentimiento del Estado parte a la filmación de los debates debería tenerse en cuenta.
El Sr. LALLAH dice que corresponde al Comité, de conformidad con su reglamento, decidir qué sesiones deben ser públicas. Si el Comité permitiese a un Estado parte convertir una sesión pública en parcialmente pública, perdería credibilidad. Por tanto, el orador se opone a conceder a los Estados partes el derecho de veto de la grabación de los debates.
El Sr. O’FLAHERTY también se opone a conceder a los Estados partes el derecho de veto de la grabación de los debates; por tanto, sugiere que se elimine de la recomendación 5 la referencia a las directrices. Asimismo, pide una aclaración de la segunda oración de la recomendación, en la que se indica que debe solicitarse al Departamento de Información Pública que promueva la grabación en vídeo de los debates públicos.
La Sra. MOTOC coincide con el Sr. Lallah en que el Comité perdería credibilidad si permitiese a un Estado parte convertir una sesión pública en parcialmente pública. En cuanto a la recomendación 5, pide que se aclare la diferencia existente entre la cobertura por los medios de comunicación mencionada en la primera oración y la cobertura por el Departamento de Información Pública mencionada en la segunda. Pregunta por qué no existe un compromiso por parte del Departamento de Información Pública de filmar todas las sesiones públicas del Comité para que puedan difundirse a través de Internet.
La Sra. MAJODINA aprueba las observaciones realizadas por el Sr. Lallah y la Sra. Motoc y dice que se debe exigirse al Departamento de Información Pública un compromiso más firme con respecto a la difusión de la labor de los órganos creados en virtud de tratados. Sin embargo, le preocupa que pueda crearse una brecha en lo tocante al acceso entre los medios de comunicación de los países ricos y los de los países en desarrollo si se permite que las redes de teledifusión externas informen sobre los debates del Comité.
El PRESIDENTE es partidario de mantener la referencia a las directrices en la recomendación 5y propone que se describan como “directrices técnicas” destinadas a evitar que la labor del Comité se vea perturbada.
El Sr. SHEARER dice que la finalidad de la referencia a las directrices no es suavizar la recomendación de autorizar la grabación de los debates ni introducir un posible derecho de veto de los Estados partes. Acepta la idea de eliminar la referencia a las directrices, ya que el Comité puede comunicar a título informal sus requisitos técnicos a los Estados partes. Sin embargo, se pregunta qué ocurriría si un Estado parte indicara a título confidencial que no desea que se grabe una determinada parte del debate, por ejemplo, las respuestas del Estado parte a las preguntas del Comité, aduciendo que la grabación dificultaría un diálogo franco y sincero.
La posible grabación en vídeo de los debates públicos por el Departamento de Información Pública mencionada en la segunda oración se aplicaría a todo el contenido de los debates públicos, no sólo a la presentación de los informes de los Estados Partes. El orador desconoce qué posición puede adoptar el Departamento de Información Pública a ese respecto. La finalidad de la recomendación no es indicar al Departamento lo que tiene que hacer, sino simplemente solicitar la grabación en vídeo de los debates del Comité.
La Sra. MOTOC dice que las sesiones más importante que deben filmarse son aquéllas en las que los Estados partes presentan sus informes, puesto que son las que generan más interés. La grabación de esas sesiones exclusivamente no será cara. Por lo que respecta a las observaciones del Sr. Shearer en relación con la posible reticencia de los Estados partes a que se filmen determinadas partes de los debates, dice que dichas sesiones son públicas y que a ellas suele asistir la prensa, por consiguiente, no comprende por qué la grabación de las mismas restaría franqueza y sinceridad al diálogo.
Una cuestión que, tal vez, debería tenerse en cuenta es que la grabación en vídeo podría revelar la identidad de los relatores por países y de los miembros de los grupos de tareas. En su anterior visita a Nueva York, el Departamento de Información Pública se manifestó abierto a la idea de dar una mayor difusión a la labor de los órganos creados en virtud de tratados. La oradora espera que la Secretaria del Comité pueda aportar más información al respecto, inclusive las consecuencias financieras. Observa que la filmación de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en las que los relatores por países han presentado sus informes ha contribuido notablemente a difundir la labor del Consejo y promover la educación en materia de derechos humanos.
El Sr. O’FLAHERTY es partidario de aprobar las recomendaciones, pero considera que la segunda oración de la recomendación 5 es más pertinente para la recomendación 4. No tiene sentido debatir sobre las opiniones del Departamento de Información Pública si no está presente. En todo caso, las sesiones públicas deben considerarse públicas siempre.
La Sra. PROUVEZ (Secretaria del Comité) dice que el Departamento de Información Pública le ha informado de que todas las sesiones públicas están abiertas a los medios de comunicación, pero no ha aportado información sobre las normas específicas aplicables a la grabación de los debates públicos. Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han solicitado específicamente que sus sesiones se transmitieran a través de la web. Luego podrían analizarse las consecuencias financieras de las transmisiones web, si fuera necesario.
La Sra. CONNORS (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) dice que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer prefiere las transmisiones web producidas por el Departamento de Información Pública a las grabaciones, en particular, en vista de la preocupación existente por la cobertura informativa de un diálogo constructivo. Aunque la Secretaría de Nueva York acoge con entusiasmo las transmisiones web, al parecer no hay recursos humanos y financieros suficientes para producir dichas transmisiones en Ginebra. La reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos ha recomendado las transmisiones web; dicha recomendación reforzará el poder de esos órganos a la hora de solicitar recursos financieros.
Sir Nigel RODLEY subraya la importancia de la información aportada por la Secretaria. El Comité de Derechos Humanos, entre todos los órganos de las Naciones Unidas, no debe tratar de dirigir o controlar la información que los medios de comunicación ofrecen sobre sus debates. Sin embargo, tiene el derecho y la potestad de salvaguardar la dignidad y el decoro de dicha información y, en consecuencia, acoge con beneplácito los buenos resultados de los acuerdos alcanzados para la cobertura informativa del informe del Japón. El orador comparte la opinión del Sr. O’Flaherty de que el Comité no debe subestimar la franqueza de sus miembros ante las cámaras. En vista de los puntos planteados por la Sra. Motoc y la Sra. Majodina, propone que la recomendación promueva la grabación en vídeo y audio de los debates.
El orador se muestra renuente a eliminar las referencias a las directrices que puedan adoptarse y, por tanto, propone añadir la expresión “para el digno y decoroso desarrollo de los debates” después de la palabra “adoptarse” que figura en la primera oración. Además, propone que se modifique la segunda oración para que rece: “Debe alentarse al Departamento de Información Pública a que radiodifunda o filme los debates públicos.”
La Sra. Majodina ha llamado la atención sobre un problema real: el acceso del público a las observaciones del Comité no debe perderse, en particular, en países con medios de comunicación fuertes y poderosos protegidos del examen público. Incluso en Ginebra los medios de comunicación y también el Departamento de Información Pública parecen tener dificultades para acceder a las sesiones.
El Sr. LALLAH acoge con interés la información de la Secretaria sobre los distintos enfoques adoptados por el Departamento de Información Pública en Nueva York y Ginebra. Apoya la redacción propuesta por Sir Nigel Rodley en relación con las directrices. Coincide con la Sra. Majodina en que los países que no pueden permitirse enviar representantes de sus medios de comunicación se beneficiarían de la labor informativa del Departamento de Información Pública.
El Sr. IWASAWA dice que también está sorprendido por el diferente tratamiento informativo de las actividades de los órganos creados en virtud de tratados ofrecido por el Departamento de Información Pública en Nueva York y Ginebra, y propone que el Comité solicite la transmisión web de sus sesiones de Nueva York.
La Sra. MOTOC apoya las observaciones de la Sra. Majodina y propone que se estudie la viabilidad y el coste de proporcionar grabaciones de audio a países que no disponen de medios suficientes para enviar representantes de sus medios de comunicación a las sesiones del Comité. El Comité también podría aprovechar el período de sesiones de Nueva York para elevar su perfil mediante entrevistas en televisión. Aunque los medios de comunicación muestran gran interés por la labor del Comité, el conocimiento de sus actividades actuales se antoja escaso.
El PRESIDENTE sugiere que, en aras de la claridad, la recomendación 5 se divida en dos párrafos, uno referido a los medios de comunicación y el otro al Departamento de Información Pública.
El Sr. SHEARER propone que la segunda oración de la recomendación 5 pase a ser la recomendación 4 bis. Asimismo, propone que se modifique la redacción de la recomendación 5 para que rece: “Debe alentarse a los medios de comunicación a que radiodifundan o filmen los debates públicos del Comité, con sujeción a las directrices que puedan adoptarse para el digno y decoroso desarrollo de los debates, y siempre que no se vea perturbada la labor del Comité”. Dice que faltan por debatir muchos de los útiles comentarios que se han planteado y recuerda al Comité que la recomendación 11 relativa a la designación de un representante de los medios de comunicación está pendiente de debatir.
El PRESIDENTE sugiere que el Relator decida qué recomendación abordará la participación del Departamento de Información Pública. Invita al Comité a comentar las dos opciones que se presentan en la recomendación 6 bis, sobre si el Comité debe o no seguir manteniendo confidenciales los nombres de los relatores por países y de los miembros de los grupos de tareas.
El Sr. O’FLAHERTY, apoyado por la Sra. MOTOC, pregunta al representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por qué algunos órganos consideran innecesario mantener la confidencialidad de las identidades de los relatores por países y de los miembros de los grupos de tareas.
El Sr. AMOR desea saber qué ventajas tiene mantener confidenciales dichas identidades.
El PRESIDENTE observa que, si bien la cuestión se ha debatido en varias ocasiones, aún no se ha alcanzado ninguna conclusión.
Sir Nigel RODLEY dice que prefiere la opción 2. Le resulta confusa la referencia a la “práctica actual” de la opción 1, ya que no sabía que la identidad de los relatores por países o de los miembros de los grupos de tareas se hacía pública incluso cuando se examinaba el informe pertinente. Ha entendido que el Comité solicita información sobre las prácticas de los otros órganos creados en virtud de tratados y sobre la medida en que éstos siguen las del Comité. Sin embargo, la práctica de la confidencialidad ha ayudado a impedir que los relatores por países y los miembros de los grupos de tareas se vean presionados, ahora que el Comité ha adquirido una mayor experiencia para considerar que debe adoptar una decisión basada en los conocimientos.
El Sr. KHALIL se opone a hacer pública la identidad de los relatores por países y los miembros de los grupos de tareas, ya que la composición de dichos grupos es un asunto interno.
La Sra. CONNORS (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) dice que, si bien el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer decidió hace aproximadamente 18 meses publicar la identidad de los relatores por países y de los miembros de los grupos de tareas a efectos de transparencia y también porque resulta difícil mantener confidencial esta información, dicho Comité se está planteando la posibilidad de volver a la práctica anterior, puesto que los Estados partes tratan de celebrar encuentros con los relatores por países. Aunque otros comités no publican activamente la identidad de los relatores por países, tampoco las ocultan cuando se les pregunta.
La Sra. PROUVEZ (Secretaria del Comité) dice que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial no oculta la identidad de los relatores por países; sin embargo, por los motivos mencionados por Sir Nigel Rodley, decidió hace tres años publicar dicha información sólo durante el examen de los informes y si se lo solicitan.
El Sr. AMOR considera constructiva la variedad de posiciones dentro de órganos creados en virtud de tratados y entre los mismos. Aunque la política de uno de los órganos creados en virtud de tratados no siempre sea válida para todos, dichos órganos pueden tratar de elaborar una política común y armonizada sobre esta cuestión.
El PRESIDENTE observa que esta cuestión se planteó en la reunión de los comités.
Sir Nigel RODLEY dice que la armonización de la práctica de los diversos órganos creados en virtud de tratados permitirá obtener importantes beneficios. Sugiere que la Secretaría solicite a los diversos órganos creados en virtud de tratados que examinen sus preferencias en relación con la divulgación de la identidad de los relatores por países y debatan las conclusiones en la siguiente reunión de los comités con vistas a alcanzar un consenso. Puesto que no todos los órganos creados en virtud de tratados tienen grupos de tareas, ello podría justificar en cierta medida que se haga una distinción entre los grupos de tareas y los relatores por países. El hecho de que determinados órganos que abogaron por la transparencia se hayan retractado de esa postura sugiere que no hay que precipitarse a la hora de buscar la transparencia. Al proponer que los órganos creados en virtud de tratados armonicen sus posiciones, el Comité debe indicar su preferencia, que, teniendo en cuenta las observaciones de los miembros, parece ser la opción 1.
El Sr. LALLAH dice que la recomendación 6 bis debe eliminarse completamente. En todo caso, la opción 1 es incorrecta, puesto que la práctica actual del Comité consiste en no revelar la identidad de los relatores por países y de los miembros de los grupos de tareas sobre los informe de países hasta la aprobación de las observaciones finales, no hasta el examen del informe, como se indica en el documento de sesión.
El PRESIDENTE dice que no ve la relación que existe entre la cuestión de la confidencialidad y el tema objeto de debate, que es la estrategia del Comité en sus relaciones con los medios de comunicación. Asimismo, los argumentos de los miembros del Comité relativos a la confidencialidad tienden a centrarse en problemas que podrían surgir más bien en las relaciones del Comité con representantes de los Estados partes que con los medios de comunicación. Por lo tanto, propone que se elimine la recomendación 6 bis.
El Sr. AMOR dice que, dadas las numerosas dudas expresadas por los miembros, es prematuro adoptar una decisión sobre el proyecto de recomendación 6 bis. Por tanto, propone que el Comité suspenda el examen de la recomendación a fin de dar a sus miembros la oportunidad de seguir analizando el asunto.
El Sr. O’FLAHERTY dice que no tiene objeción a la propuesta de suspender el examen de la recomendación 6 bis y que incluso aceptaría la decisión de eliminarla completamente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal decisión perjudicaría la estrategia general del Comité en relación con los medios de comunicación, puesto que el Comité ya ha acordado invitar a los relatores por países a participar en las conferencias de prensa que se celebran una vez que concluye su examen del informe del Estado parte. Por tanto, a fin de reflejar la actual práctica del Comité, sugiere que se modifique la opción 1 indicando que la identidad de los relatores por países se mantendrá confidencial hasta que finalice el examen de los informes de los Estados partes.
El orador no ve ningún motivo para establecer una distinción entre los relatores por países y los miembros de los grupos de tareas sobre los informes de países, ya que los relatores son primus inter pares en relación con los miembros de los grupos de tareas y no tienen superioridad jerárquica respecto a ellos.
La Sra. MOTOC acoge con beneplácito la idea de divulgar el nombre del relator para el país una vez que el Comité ha terminado de examinar el informe del Estado parte, ya que en ese momento la información es prácticamente pública: el relator y los miembros del grupo de tareas son quienes toman la palabra durante el examen del informe. La sugerencia del Sr. O’Flaherty parece ofrecer una buena solución intermedia entre las dos opciones.
El Sr. KHALIL se opone a establecer una distinción entre el relator para el país y el resto del grupo de tareas o entre el relator para el país y los miembros del grupo de tareas por un lado y el resto del Comité por otro, ya que todos los miembros del Comité mantienen buenas relaciones con los medios de comunicación. Asimismo, no hay nada malo en que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los Estados partes conozcan la identidad de los relatores por países y de los miembros de los grupos de tareas, puesto que el Comité no tiene nada que ocultar.
La Sra. CHANET apoya plenamente la solución intermedia propuesta por el Sr. O’Flaherty.No ve ninguna razón para no dar el mismo tratamiento a los relatores por países y a los miembros de los grupos de tareas.
El Sr. SHEARER se suma a la propuesta del Sr. O’Flaherty, pero propone acortarla aún más para que rece “hasta inmediatamente después del examen del informe”. La razón por la que originalmente rezaba “hasta el examen del informe” es que, en la práctica, la identidad de los relatores por países y de los miembros de los grupos por tareas sobre los informes de países tiende a filtrarse.
Está de acuerdo en que el Comité debe buscar elementos comunes con el resto de los órganos creados en virtud de tratados. Por tanto, propone que, en la opción 1, se añadan una coma y la expresión “pendiente de revisión en el futuro” tras las palabras “debe mantenerse”, a fin de dejar margen para las conclusiones de los debates sobre el tema con ocasión de la próxima reunión de los comités.
En caso de eliminarse la recomendación 6 bis, no sería tan obvia la necesidad del párrafo 11, que incluye algunos aspectos útiles. El mantenimiento de la confidencialidad incumbe no sólo a los Estados partes sino también a los medios de comunicación. La divulgación de la identidad de los relatores por países y de los miembros de los grupos de tareas puede dar lugar a preguntas incómodas de los medios de comunicación; por otro lado, aunque sus identidades sean conocidas, los relatores y los miembros de los grupos de tareas siempre pueden responder que la información que les solicitan es confidencial. Una vez concluido el examen de los informes por el Comité, es importante dar a conocer los nombres de los relatores y de los miembros de los grupos de tareas a fin de que puedan explicar al público los asuntos abordados durante el mismo. Por esas razones, el orador no es partidario de votar la opción 1 ó 2 aisladas del párrafo 11.
El Sr. LALLAH aceptaría la inclusión de la recomendación 6 bis. Sin embargo, propone que se indique que la práctica actual del Comité es la de mantener la confidencialidad hasta la aprobación de las observaciones finales, y no hasta la aprobación del informe.
El Sr. O’FLAHERTY dice que los representantes del Comité en la reunión de los comités han de poder participar libremente en los debates encaminados a armonizar opiniones en materia de confidencialidad sin tener que ceñirse demasiado rígidamente a la posición del Comité. Ello facilitará el acuerdo sobre una cuestión en la que los órganos creados en virtud de tratados están divididos casi a partes iguales.
El Sr. SHEARER propone la siguiente versión revisada de la recomendación 6 bis: ”La actual práctica del Comité de mantener, hasta después de la aprobación de las observaciones finales, confidencial la identidad de los relatores por países y de los miembros de los grupos de tareassobre los informes de países debe mantenerse, sujeta a una posible revisión en el futuro”.
El Sr. AMOR sugiere que se sustituya la palabra “aprobación” por “publicación”.
El Sr. SHEARER apoya la propuesta. Pasando a la recomendación 11, en relación con la designación de un relator para información pública, recuerda que el Comité ya examinó las dos opciones que figuran en la recomendación en la anterior sesión pero no logró un consenso.
El Sr. O’FLAHERTY se declara a favor de la opción 1; que un único miembro del Comité se encargue de la información pública es una manera más eficaz de obtener resultados que repartir esa responsabilidad entre varios miembros. La referencia al mandato del relator que figura en el tercer párrafo de la recomendación debe modificarse para que rece: “debe adoptar todas las medidas apropiadas para la aplicación del presente documento de enfoque estratégico”. Que el relator sea responsable ante el Comité de la aplicación del marco estratégico simplificará y ampliará su mandato.
La Sra. CHANET no comparte la opinión del Sr. O’Flaherty. Aunque es importante nombrar a un relator para las comunicaciones o para el seguimiento de las observaciones finales, las relaciones con los medios de comunicación no entrañan, hablando con franqueza, el mismo nivel de responsabilidad. Es partidaria del nombramiento de un grupo de relatores para información pública compuesto por tres miembros. Ello permitiría responder con mayor flexibilidad a los medios de comunicación, ya que, dependiendo del país objeto de examen, un relator puede estar en mejores condiciones que otro para responder a las preguntas basándose en sus conocimientos específicos o en su grupo lingüístico.
La Sra. MOTOC apoya la idea de nombrar a varios relatores para información pública. No cree que el trabajo en equipo implique necesariamente difuminar la responsabilidad. Puesto que algunos miembros, entre los que se incluye la oradora, no pertenecen a los grupos lingüísticos francés, español o inglés, propone que el Comité haga cuanto esté a su alcance por garantizar que los relatores para información pública representen a los cinco grupos regionales tradicionalmente utilizados a fin de garantizar el equilibrio geográfico dentro de las Naciones Unidas.
El Sr. O’FLAHERTY afirma que la tarea a la que se enfrenta el Comité en sus esfuerzos por mejorar sus relaciones públicas es de carácter técnico y no político. En consecuencia, el criterio más importante es la eficacia del relator o relatores seleccionados, no la región de la que procedan o el idioma que hablen. Su misión consiste en asegurar el flujo de información hacia y desde los medios de comunicación y los asociados en el ámbito de la información pública. Considera que deben encargarse de promover las relaciones con los medios de comunicación y, con el apoyo del Comité, de animar a los colegas que hablen los idiomas adecuados o procedan de la región adecuada a dirigirse a ellos. Dicha tarea se realizaría mejor si se asignase a una sola persona. Sin embargo, si el Comité considerase necesario adoptar un enfoque de grupo, los relatores no deberían elegirse sobre la base de su grupo lingüístico o geográfico, sino en función de sus aptitudes para gestionar las cuestiones de información pública.
El Sr. AMOR dice que elegir tres miembros del Comité de diferentes grupos lingüísticos o regionales es innecesariamente complejo. Sería más sencillo que el Presidente, con la ayuda de otros colegas, velase por que el trabajo del Comité se publicase debidamente.
La Sra. MOTOC dice que la tarea de coordinar las actividades de información pública no debe dejarse en manos de una sola persona, máxime cuando el Comité no siempre ha trabajado de manera democrática y abierta. Asimismo, se pregunta qué criterios se seguirían para nombrar a las personas encargadas de tratar con los medios de comunicación: aunque algunos miembros tienen más experiencia que otros en entrevistas de televisión, ningún miembro del Comité ha recibido capacitación sobre las relaciones con los medios de comunicación o sobre radiodifusión.
Sir Nigel RODLEY, refiriéndose a las observaciones del Sr. Amor, dice que la responsabilidad de las relaciones con los medios de comunicación recae siempre en los presidentes. Sin embargo, en la práctica, incluso los presidentes más comprometidos con el objetivo de mantener dichas relaciones se encuentran a menudo tan desbordados por otras responsabilidades que no pueden cumplir ese compromiso. El orador apoya la idea de que el Presidente indique uno o varios miembros que le ayudarán a llevar a cabo el trabajo de relaciones públicas.
La Sra. CHANET recuerda que es el Presidente quien ha instituido las primeras sesiones informativas, que no existían antes de 1998. Una de las responsabilidades del Presidente es promover la difusión de las actividades del Comité, lo que incluye conceder entrevistas a los medios de comunicación o encomendar dicha responsabilidad a otros miembros. Los Presidentes son elegidos además de por sus capacidad administrativa por sus contactos con las ONG, las instituciones académicas, los medios de comunicación y otros actores pertinentes. La oradora coincide plenamente con el Sr. Amor en que no es necesario un relator especial. La persona elegida para representar al Comité puede variar, dependiendo de su idioma y sus conocimientos específicos y de la situación particular del país o de la cuestión de que se trate.
El Sr. O’FLAHERTY lamenta que se esté dejando de lado la idea de un relator para información pública. No comprende el temor a que dicho relator pueda actuar independientemente del Comité o sin la orientación del Presidente. Si el Comité no desea crear esa función, la mejor opción es la propuesta presentada por Sir Nigel, siempre que el Presidente esté dispuesto a asumir la responsabilidad de aplicar el documento estratégico objeto de examen. El Presidente tendría entonces que plantearse designar a uno de los vicepresidentes para la función de vicepresidente para relaciones públicas, el cual le prestaría su asistencia en ese ámbito.
El PRESIDENTE dice que el Comité, y no el Presidente, deberá decidir de quién es la responsabilidad de aplicar el documento.
El Sr. SHEARER está a favor de que el Comité nombre relator para información pública a uno de sus miembros por todas las razones expuestas por el Sr. O’Flaherty. La opción de nombrar a tres miembros no funcionaría, ya que constituirían una troika, cuyos miembros suelen tirar en distintas direcciones. Por tanto, propone que se modifique la recomendación 11 para que rece: ”El Comité debe nombrar a uno de sus miembros relator para información pública. El Comité solicitará ocasionalmente a los miembros del Comité que ayuden al relator, cuando sea necesario, en la difusión de la labor del Comité en los distintos idiomas”. La referencia al mandato puede eliminarse o simplificarse de acuerdo con lo propuesto por el Sr. O’Flaherty.
Sir Nigel RODLEY acoge favorablemente la propuesta del Sr. Shearer y la importancia concedida por el Sr. Amor a la responsabilidad del Presidente de dar a conocer la labor del Comité. Sin embargo, el Comité debe brindar al Presidente el apoyo institucional necesario para que pueda realizar su labor y, por tanto, espera que el Presidente nombre a una o varias personas para que le presten dicho apoyo.
La Sra. CHANET expresa su preocupación por la posibilidad de que al aprobar la propuesta de Sir Nigel el Comité esté creando precipitadamente la nueva institución de portavoz del Comité, agente libre que podría interferir con el Presidente o ser poco más que un portavoz oficial del Comité. No hay razón, en su opinión, para crear tal institución.
La Sra. MOTOC dice que, aunque la responsabilidad última de las relaciones públicas recae sobre el Presidente, éste debe consultar al resto de miembros qué persona es la más adecuada para tratar con los medios de comunicación.
El PRESIDENTE dice que el Comité debe decidir si desea incluir la idea de un relator para información pública en el documento de enfoque estratégico.
El Sr. O’FLAHERTY lamentaría que el considerable volumen de trabajo realizado por el Sr. Shearer, fruto de largas discusiones en el Comité durante los tres últimos años, se archivase y perdiese. Por consiguiente, propone que se incluya la recomendación 11 con la siguiente redacción: “El Presidente del Comité asumirá la responsabilidad de la aplicación de las presentes recomendaciones, y deberá nombrar a uno de los vicepresidentes del Comité para que le ayude en esa tarea.”
El Sr. SHEARER apoya la propuesta del Sr. O’Flaherty. La alternativa sería eliminar totalmente la recomendación así como el interés expresado en el párrafo 14 por que las estrategias de información pública adoptadas por el Comité se apliquen eficazmente.
La Sra. CHANET declara que aceptará la propuesta del Sr. O’Flaherty siempre que en el texto se establezca que las personas designadas para ayudar al Presidente pueden ser no sólo los vicepresidentes, sino también, si fuera necesario, otros miembros de la Mesa, como el Relator.
La Sra. MOTOC indica que, a efectos de transparencia, la recomendación también debe estipular que el Presidente ha de consultar al Comité antes del nombramiento.
El PRESIDENTE cree entender que el Comité desea modificar la recomendación 11 según la redacción propuesta por el Sr. O’Flaherty, enmendada por la Sra. Chanet.
La Sra. MOTOC pregunta si la propuesta puede someterse a la votación del Comité.
El PRESIDENTE señala que el Comité puede oponerse a lo que el Presidente entiende que es una decisión por consenso, pero que no ve motivo para celebrar una votación.
Sir Nigel RODLEY coincide con el Presidente y dice que, excepto en la esfera de las comunicaciones individuales, el Comité ha adoptado históricamente sus decisiones por consenso. Si un miembro desea expresar sus reservas, en particular durante una sesión pública, tiene libertad para hacerlo.
El PRESIDENTE dice que el Comité aprobará la redacción propuesta por el Sr. O’Flaherty y la Sra. Chanet, sujeta a modificación. Propone que el Comité se reúna a puerta cerrada para examinar las comunicaciones pendientes.
El Sr. AMOR está de acuerdo en que el Comité debe dedicar más tiempo a su labor sustantiva y ocuparse de las comunicaciones, algunas de las cuales están pendientes de examen desde hace años.
Sir Nigel RODLEY pregunta si el Comité va a tener tiempo de debatir en sesión pública otros asuntos, como el documento sobre la relación del Comité con el Consejo de Derechos Humanos presentado por la Sra. Chanet y la Sra. Wedgwood.
La Sra. MOTOC coincide con el Sr. Amor; solucionar el grave retraso en las comunicaciones debe ser la principal prioridad.
La Sra. CHANET dice que el examen de su documento llevará más tiempo del que se dispone actualmente. En consecuencia, propone que se examine en una sesión posterior.
El Sr. IWASAWA apoya la celebración de una sesión a puerta cerrada.
El Sr. O’FLAHERTY dice que no tiene objeción a la propuesta de la Sra. Chanet, pero señala que el Examen Periódico Universal requerirá coordinación con otros órganos creados en virtud de tratados. Todo método de trabajo previsto por el Comité a tal efecto debe, por tanto, tener en cuenta el calendario de las próximas reuniones de los comités.
Se levanta la parte pública de la sesión a las 17.35 horas.
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