Comité de Derechos Humanos

105º período de sesiones

Acta resumida de la 2896ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 10 de julio de 2012, a las 15.00 horas

Presidenta:Sra. Majodina

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Lituania

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud delartículo 40 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Lituania (CCPR/C/LTU/3; CCPR/C/LTU/Q/3 y Add.1)

1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Lituania toman asiento a la Mesa del Comité.

2.La Sra. Skaisgiryte Liauskiene (Lituania), presentando el tercer informe periódico de su país (CCPR/C/LTU/3), dice que su Gobierno está firmemente comprometido a cumplir las obligaciones nacionales e internacionales del país en materia de derechos humanos y considera que la mejor manera de proteger los derechos humanos requiere una combinación de medidas nacionales y colaboración internacional. Desde que se presentó el informe periódico en 2010, han tenido lugar importantes acontecimientos en el plano nacional e internacional. En el plano internacional, en 2010 Lituania ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo y en 2011 presentó informes a tres órganos internacionales (el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Consejo de Derechos Humanos y el Comité Consultivo del Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa). En el plano nacional, Lituania realizó varios avances significativos.

3.La más importante de las nuevas disposiciones legislativas es la Ley de protección contra la violencia doméstica que, tras un amplio debate, entró en vigor el 15 de diciembre de 2011. La Ley establece medidas de apoyo, asistencia y protección a las víctimas, así como sanciones para los responsables, como órdenes de alejamiento y separación del medio familiar. Un aspecto fundamental de la Ley es que elimina el requisito de que la víctima o su representante autorizado formulen una denuncia para que puedan iniciarse las investigaciones judiciales y comenzar el proceso. Gracias a la estrecha colaboración entre las instituciones del Gobierno, el sector de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la promulgación de esta nueva disposición contribuyó de inmediato a modificar significativamente las actitudes del público y determinó un considerable aumento del número de denuncias presentadas.

4.Otra importante novedad legislativa fue la aprobación unánime en 2011 de la Ley de indemnización voluntaria a la comunidad religiosa judía por los bienes inmuebles confiscados. Para distribuir las indemnizaciones a que tienen derecho con arreglo a esta Ley las víctimas de la represión durante la Segunda Guerra Mundial y el régimen soviético, se creó una fundación especial a la que se asignó un presupuesto oficial de alrededor de 1,2 millones de dólares para 2012.

5.Como parte de sus esfuerzos para combatir el racismo, el Gobierno ha adoptado las reformas legislativas necesarias para criminalizar los delitos motivados por el odio. Se han introducido una serie de enmiendas al Código Penal que protegen efectivamente a quienes hayan sido víctimas de esos delitos en razón de su nacionalidad, idioma, lugar de origen, género u orientación sexual y establecen que la discriminación racial o cualquier otra motivación discriminatoria constituyen circunstancias agravantes en el momento de determinar las sanciones penales. También se han establecido severas sanciones penales para actividades racistas que anteriormente solo estaban sujetas a sanciones administrativas, como la producción, posesión y distribución de información que promueva la discordia nacional, racial o religiosa y el establecimiento de organizaciones que inciten a la discordia nacional, religiosa, étnica o de otro tipo entre distintos grupos de la población.

6.El Gobierno de Lituania sigue esforzándose también por mejorar el acceso a la justicia y a un juicio justo y a tal efecto ha enmendado el Código de Procedimiento Penal y el Código Civil. Se ha establecido un plazo de tres a nueve meses, según la gravedad del delito, para la instrucción previa y se ha adoptado un mecanismo de acción colectiva. En abril de 2011 se presentó al Parlamento la propuesta de pagar una indemnización a quienes hayan sido objeto de una instrucción o un proceso judicial excesivamente prolongados. Además, cuando los juicios se prolongan excesivamente, la práctica habitual de los tribunales es imponer penas menos severas.

7.Las autoridades también procuran recurrir en mayor medida a la libertad condicional como medio de reducir el número de detenidos y la tasa de reincidencia, tras haberse adoptado en diciembre de 2011 legislación que propugna poner más énfasis en la rehabilitación y la reintegración que en la reclusión y el control. Con la entrada en vigor de la nueva ley en julio de 2012, los tribunales dispondrán de una mayor variedad de medidas alternativas distintas de la reclusión, como la localización electrónica, y en todos los establecimientos penitenciarios se crearán comisiones especiales encargadas de evaluar el riesgo de reincidencia y preparar programas individualizados de control y asistencia para los candidatos a la libertad condicional.

8.El Gobierno reconoce que el sistema carcelario heredado de la Unión Soviética es costoso e ineficaz y no se ajusta a las normas internacionales, por lo que está resuelto a introducir las reformas necesarias. Además de hacer un mayor uso de las medidas distintas de la reclusión, se planifican importantes inversiones en modernización de la infraestructura que, habida cuenta de las actuales limitaciones financieras, posiblemente requieran asociaciones entre el sector público y el privado. Las reformas, que entrañarán una reducción del número total de establecimientos y la creación de instituciones más grandes y económicas alejadas de las zonas urbanas, mejorarán radicalmente las condiciones carcelarias.

9.Aunque se trata de una cuestión a la que el Pacto no se refiere directamente, cabe destacar que en los programas de enseñanza de Lituania se ha dado mayor prominencia a la educación sobre derechos humanos y que, de ahora en adelante, en la enseñanza secundaria se tratarán temas como el sistema de órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados en general y el Comité sobre los Derechos del Niño en particular, el holocausto, los derechos humanos y la democracia. Lituania ha hecho una muy rápida transición del desinterés por los derechos humanos a su observancia y ha logrado importantes resultados en muchos ámbitos a través de la incorporación de mejoras en la legislación y en la práctica. Sin embargo, el Gobierno reconoce que los derechos humanos no son solo una cuestión teórica sino que deben hacerse verdaderamente efectivos en la práctica y que todavía queda mucho camino por recorrer.

10.El Sr. Thelin, tras encomiar la minuciosidad de las respuestas escritas del Estado parte a la lista de cuestiones (CCPR/C/LTU/Q/3) y los progresos logrados desde su diálogo anterior con el Comité en 2004, dice que, habida cuenta de estos progresos, le preocupó ver que algunos sectores de la comunidad de ONG consideraban que en los últimos años se percibía un deterioro en la actitud del público y los partidos políticos respecto de los derechos humanos. Le gustaría que la delegación comentara sobre esta observación que lleva a preguntarse si los derechos humanos son compatibles con los valores culturales y tradicionales básicos de Lituania.

11.A pesar de que las respuestas son detalladas, el Sr. Thelin aún no está seguro de cuál es la situación del Pacto en el ordenamiento jurídico interno y si es directamente aplicable o solo puede aplicarse indirectamente. En el párrafo 3 de las respuestas a la lista de cuestiones se cita una serie de casos en que el Pacto se invocó ante los tribunales pero no queda claro si en esos casos se dio precedencia a las disposiciones del Pacto por sobre la legislación interna. Por otra parte, del párrafo 4 se desprende que las disposiciones del Pacto son solo indirectamente aplicables y deben ser incorporadas a la legislación interna para hacerse efectivas. También queda poco claro si se aplica el principio de iura novit curia ("el tribunal conoce la ley") o si son las partes en la causa quienes deben indicar a los tribunales las disposiciones de la ley. El orador agradecería que la delegación aclarara con qué frecuencia los tribunales aplican el Pacto y confirmara que los fallos de los tribunales no están sujetos al examen del Defensor del Pueblo.

12.Observando con satisfacción que el Estado parte ha adoptado medidas para aplicar las recomendaciones del Comité en dos causas recientes en que se habían determinado violaciones del Pacto por parte de Lituania, pregunta qué mecanismos prácticos existen para tratar las reclamaciones y aplicar los dictámenes del Comité y si se ha establecido un órgano especial a tal efecto. Observando además que, según las respuestas escritas, el responsable del enlace con el Comité es el representante del Gobierno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que en su Observación general Nº 33 el Comité declaró que su dictamen tenía las características de un fallo judicial, el Sr. Thelin pregunta si el Estado parte da el mismo peso al dictamen del Comité que a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

13.Observando que el párrafo 3 de las respuestas escritas se refiere a una causa en que se invocó el artículo 7 del Pacto ante los tribunales, el orador pregunta si la práctica judicial habitual es aplicar la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura en vista de que el Código Penal de Lituania no contiene una definición expresa. Como por razones de accesibilidad y eficiencia siempre es preferible tener definiciones específicas en el derecho positivo, insta al Estado parte a que incorpore en su legislación interna la definición de tortura que se adopta en la Convención.

14.Aunque resultan encomiables las recientes enmiendas legislativas encaminadas a limitar el uso de la detención en espera de juicio, el orador desea saber qué pasa cuando expira el plazo de nueve meses para la instrucción antes de que la fiscalía formule la acusación. El vencimiento del plazo ¿obsta necesariamente para que se inicie el proceso o se trata simplemente de una infracción de procedimiento de la que se dejará constancia? ¿Puede un período prolongado de detención en espera de juicio dar lugar a una sentencia menos severa? También habría que aclarar si la concesión de una reducción en la pena de prisión para compensar el período de detención en espera de juicio a que se ha referido el Estado parte es obligatoria o queda a discreción de los tribunales. El orador querría saber también en qué medida se ofrece una reparación para los períodos de detención en espera de juicio cuando el acusado es absuelto y si el Estado paga una indemnización pecuniaria. Por último, observando que, si bien en principio existen alternativas a la detención en espera de juicio como la fianza y el arresto domiciliario, estas parecen usarse raramente en la práctica, el orador pregunta con qué frecuencia se utilizan alternativas más humanas que la detención en espera de juicio.

15.El Sr. Salvioli, tras agradecer las respuestas escritas del Gobierno a las preguntas 3, 4 y 9 en que se resume el marco reglamentario, pide mayor información sobre la aplicación de las disposiciones. Por ejemplo, le interesaría saber si ha aumentado el número de denuncias por violencia doméstica y si a raíz de ellas se sustanciaron procesos o se dictaron sentencias condenatorias. Algunas ONG manifestaron preocupación por las limitaciones de financiación de los programas para combatir la violencia doméstica. El orador pregunta qué porcentaje de los cargos públicos está ocupado por mujeres. Querría saber también si el Estado parte consideraría la posibilidad de establecer una estrategia para tener en cuenta los deseos de las personas con discapacidad intelectual a fin de cerciorarse de que no sean forzadas a someterse a un aborto.

16.El Sr. O'Flaherty dice que, en relación con el procesamiento de la instigación al odio, se había dado a entender que el criterio aplicable para la valoración de la prueba era demasiado estricto y que el ministerio público carecía de iniciativa; querría que la delegación formulase un comentario al respecto. Con referencia a la Observación general Nº 34 del Comité, recuerda a la delegación que el derecho a la libertad de expresión, como todos los derechos, está sujeto a limitaciones y que la prohibición de cualquier expresión que ofendiera las creencias religiosas o las opiniones políticas parecía ser incompatible con el artículo 19 del Pacto. Las actitudes sociales que imperan respecto de los judíos en Lituania suscitan mucha preocupación y han dado lugar últimamente a varios incidentes inquietantes. Por ejemplo, se causaron destrozos en cementerios judíos, se depositó la cabeza de un cerdo en la puerta de una sinagoga, se celebró una marcha en que los participantes llevaban banderas con esvásticas y gritaban consignas antisemitas, y un tribunal de distrito emitió en 2010 un fallo que autorizaba a exhibir públicamente la cruz esvástica. El orador pregunta qué está haciendo el Estado parte para investigar y reprimir estos incidentes.

17.El orador teme que el razonamiento erróneo en que se fundamenta la ley que prohíbe la divulgación pública de información que promueva las relaciones homosexuales, bisexuales o polígamas pueda tener un efecto perjudicial en la salud mental o el desarrollo físico, intelectual o moral de los menores. Esa legislación puede inhibir el desarrollo apropiado de la propia orientación sexual o identidad de género del menor. Aunque cabe celebrar que recientemente el Parlamento haya rechazado una propuesta de modificación legislativa encaminada a prohibir los actos que promuevan los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, subsiste según ciertas fuentes una fuerte corriente parlamentaria que es partidaria de reabrir el debate. El orador recuerda a la delegación que un instrumento legislativo de esa índole contravendría claramente el Pacto. Las iniciativas de restringir la definición constitucional de la familia a la madre, el padre y los hijos, no solo excluyen a las familias del mismo sexo sino también otros tipos de familias tradicionalmente aceptadas. La propuesta de modificación del Código Civil que prohíbe la cirugía para el cambio de sexo, de ser aprobada, contravendría el Pacto.

18.Un estudio de 2010 indicaba que las actitudes respecto de los romaníes se estaban degradando. Si bien el orador ve con agrado que se ha establecido el plan de acción del Programa nacional de integración de los romaníes en la sociedad lituana para 2012-2014, algunas ONG han indicado que existen problemas con el plan, como la falta de financiación suficiente, la falta de una sólida estructura de presentación de informes y el hecho de que no se asigne suficiente importancia a la prestación de todos los servicios sociales necesarios. El orador pide a la delegación que formule sus comentarios sobre estas cuestiones e indique qué papel desempeñan los romaníes en el seguimiento del plan.

19.Resulta difícil conciliar la afirmación del Estado parte de que no participó en el programa de entrega de los Estados Unidos con las declaraciones en contrario emitidas por varias importantes organizaciones internacionales y regionales. A la luz de los recientes acontecimientos, pregunta si Lituania consideraría la posibilidad de reabrir las investigaciones al respecto.

20.El Sr. Bouzid dice que, según las respuestas presentadas por escrito por el Gobierno a la lista de preguntas, un particular puede denunciar, directa o indirectamente, por escrito o verbalmente, que fue objeto de malos tratos en el curso de una instrucción previa. Querría que se aclarara cuáles son esos procedimientos de denuncia. Querría también saber si la ley impone sanciones a los funcionarios que reciben de un preso o detenido denuncias de malos tratos y, no estando autorizados para examinarlas por sí mismos, no las remiten a la autoridad competente.

21.El orador pregunta qué medidas toma el Estado parte para hacer frente a la cuestión del número cada vez mayor de presos convictos que se resisten al personal policial o penitenciario o lo atacan. Pregunta si hay planes para revocar la polémica limitación a las posesiones personales que se pueden tener en la cárcel. Pregunta además si el Estado parte se propone modificar el artículo 20 del Código de Procedimiento Penal para dejar en claro que las pruebas obtenidas mediante la violencia no son admisibles.

22.El orador querría saber más acerca de los resultados logrados por el nuevo órgano establecido para supervisar los centros de detención y si se ha hecho una evaluación de la labor de ese órgano. Pregunta si el Estado parte se propone ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y con cuánta frecuencia se recurre en las cárceles a la detención en régimen de incomunicación. Las respuestas escritas del Gobierno indican que el plan destinado a modernizar los centros de detención se llevará a la práctica a través de una asociación entre los sectores público y privado. Pregunta si la participación del sector privado se limitará a la construcción y renovación de cárceles o si se extenderá también a su administración.

23.El orador se pregunta si el problema del hacinamiento carcelario no pone en peligro el principio de la separación de los menores de los adultos. Según las respuestas escritas, el Parlamento sigue debatiendo una modificación de la Ley fundamental de protección de los derechos del niño que incluye una prohibición total de los castigos corporales. Sin embargo, algunas ONG han indicado que el Gobierno decidió preparar un nuevo proyecto de ley de bienestar del niño que abordaría la cuestión de los castigos físicos obviando la necesidad de modificar la Ley mencionada. Esas organizaciones sostenían que la nueva ley no protegería a los niños de la violencia y que, para muchos parlamentarios los castigos corporales eran parte aceptada de las costumbres de Lituania. El orador pide a la delegación que formule sus comentarios al respecto y proporcione información acerca de los acontecimientos más recientes.

24.El Sr. Ben Achour pregunta cómo se define la violencia doméstica en la Ley de protección contra la violencia doméstica de 2011 y qué nexo cabe establecer entre esa Ley y la aplicación del Pacto.

25.La Sra. Chanet expresa su satisfacción por los muchos acontecimientos positivos que han tenido lugar en Lituania a partir del anterior informe periódico. Por ejemplo, la Ley de libertad condicional, que entró en vigor el 1º de julio de 2012, ayudará a resolver el problema del hacinamiento en las cárceles del país.

26.El Comité ha criticado la circunstancia de que ciertas infracciones administrativas leves entrañen penas de prisión. Complace, pues, a la oradora, que la duración máxima de la detención administrativa por esas infracciones sea ahora de 5 horas. Sin embargo, según el párrafo 163 del informe, una persona a quien se le atribuya responsabilidad administrativa por ciertas infracciones podía ser detenida hasta por 48 horas. La oradora querría saber en qué tipos de infracción administrativa se podría prorrogar la detención.

27.Según el párrafo 165, el juez puede prorrogar la duración de la detención provisional en casos penales más allá de las 48 horas. La oradora pregunta cuál es la duración máxima de la detención provisional. Según el mismo párrafo, la duración máxima normal de la detención, 24 horas, de una persona interrogada en calidad de sospechosa, podía prorrogarse por decisión del fiscal hasta el fin del período máximo de detención provisional. Resulta extraño para la oradora que un fiscal pueda prorrogar la detención provisional sin consultar a un juez. Por último, querría saber si los detenidos podían consultar a un abogado en el curso de la detención provisional.

28.El Sr. Sarsembayev dice que, según algunas fuentes, se ha registrado un aumento en la utilización de símbolos y consignas fascistas en Lituania e invita a la delegación a referirse a esas informaciones.

29.El orador pregunta si algún ciudadano lituano que hubiese prestado servicios en las Schutzstaffel (SS) o las Wehrmacht (fuerzas armadas) de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fue calificado técnicamente de criminal de guerra nazi. Pregunta también cuál es la postura del Estado de Lituania respecto de los veredictos en los juicios de Nuremberg.

Se suspende la sesión a las 16.25 horas y se reanuda a las 16.45 horas.

30.La Sra. Skaisgiryte Liauskiene (Lituania), observando que algunos miembros del Comité parecen tener la impresión de que la situación de los derechos humanos en Lituania está empeorando, señala que hace solo 22 años que su país alcanzó la independencia. Bajo el régimen soviético, los activistas de los derechos humanos y los partidarios de los derechos de los homosexuales en Lituania eran encarcelados o exiliados a Siberia. Como resultado, era poco lo que sabía la población acerca del derecho internacional de los derechos humanos o de los tratados de las Naciones Unidas. Bajo el régimen soviético no se hablaba ni del holocausto ni del antisemitismo. La sociedad lituana experimenta aún una transición pero se ha avanzado enormemente en cuanto a la comprensión de los problemas de los derechos humanos. Hace 22 años no había ONG en Lituania; hoy presentan "informes paralelos" a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que contienen análisis críticos de la situación en el país.

31.La Sra. Bukantaite-Kutkeviciene (Lituania) dice que, de conformidad con la Constitución, todos los tratados internacionales ratificados por Lituania constituyen parte integrante del derecho interno. El Tribunal Constitucional falló también que los tratados internacionales serán directamente aplicables por los tribunales. Partes en procedimientos judiciales han hecho valer con frecuencia disposiciones del Pacto tales como la prohibición de la discriminación y estas se han citado también en fallos judiciales, si bien no hay estadísticas al respecto.

32.Lo mismo cabe decir respecto de la forma en que se aplican en Lituania los dictámenes emitidos por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La ley dispone, por ejemplo, que se reabran los procesos en que se hayan cometido errores y se conceda una indemnización pecuniaria.

33.La Ley del Defensor del Pueblo del Seimas contiene un artículo que especifica el ámbito de la competencia de este funcionario. No están comprendidas en esa competencia las actividades del Presidente de la República, los parlamentarios, el Primer Ministro y los magistrados del Tribunal Constitucional y otros tribunales.

34.Lituania ha ratificado la Convención contra la Tortura, que es directamente aplicable en los tribunales. No hay en el Código Penal un artículo que abarque todos los aspectos del crimen de tortura, pero diversos elementos de él están incluidos en distintos artículos. Se está debatiendo la posibilidad de modificar el Código Penal para incluir un artículo único sobre la tortura. Algunos expertos consideran que los artículos existentes, junto con la práctica sistemática de los tribunales, son suficientes para asegurar el cumplimiento de la Convención.

35.La Sra. Vysniauskaite-Radinskiene (Lituania) dice que la Ley de protección contra la violencia doméstica entró en vigor a fines de 2011, por lo que es muy prematuro evaluar sus efectos. En ella se prohíbe todo tipo de acto intencional que cause un daño físico, sicológico, sexual, económico o de otra índole a la víctima. El entorno doméstico se define en términos muy amplios ya que comprende a quienes están o hayan estado vinculados por matrimonio, unión, afinidad u otra relación íntima, así como a quienes tienen un domicilio común.

36.En centros establecidos en virtud de un programa especial se ha de prestar a las víctimas asistencia sicológica y legal integradas, así como asistencia de otro tipo. Se han asignado fondos para el período 2013-2020.

37.La Sra. Urbone (Lituania) dice que se ha aprobado el reglamento de aplicación de la Ley de protección contra la violencia doméstica, en virtud del cual la policía debe actuar de inmediato al recibir denuncias de violencia doméstica a fin de proteger a las víctimas y comenzar una investigación. En él se describen además los procedimientos para sacar a los autores de las viviendas en que se produjo ese tipo de violencia y para que la policía haga un seguimiento del cumplimiento de los fallos judiciales.

38.Los efectos de la Ley se hicieron notar claramente en la disminución del número de casos de violencia doméstica en los seis últimos meses. Al 15 de junio de 2012, las comisarías habían recibido casi 13.000 denuncias de violencia doméstica y se habían iniciado investigaciones en poco más de 4.300 casos. En enero de 2012 la policía había recibido unas 3.500 denuncias, cifra que bajó en el mes siguiente a aproximadamente 1.700. Estas denuncias dieron lugar a unas 1.200 y 530 investigaciones, respectivamente. Si bien la enorme mayoría de los presuntos autores eran hombres, también hubo algunas víctimas de sexo masculino. Lamentablemente, ha habido varios cientos de casos de violencia contra niños.

39.La Sra. Stasiuliene (Lituania) dice que las mujeres pueden interrumpir los embarazos no deseados y que se pueden adquirir anticonceptivos sin receta. Cuando el embarazo representa una amenaza para su salud, las mujeres pueden someterse a un aborto sin problemas. Según una disposición del Código Civil, las personas que no gozan de pleno dominio de sus facultades pueden optar por la castración química. En el caso de las personas con discapacidad solo se puede interrumpir el embarazo sobre la base de la decisión de un tribunal. No existen estadísticas de abortos forzados en esos casos.

40.El Sr. Valentukevicius (Lituania), respondiendo a las preguntas relativas a la violencia por motivos de origen étnico u orientación sexual, dice que el número de causas penales por estos delitos ha aumentado desde 2006. El número de delitos que entrañan antisemitismo también ha aumentado levemente en los últimos años.

41.Casi el 97% de esas infracciones tiene lugar en Internet y los responsables suelen usar seudónimos. Las declaraciones en cuestión constituyen incitación al odio contra personas o grupos en razón de su origen étnico, raza, orientación sexual, religión u otra condición. El Sr. Valentukevicius no está de acuerdo en que el ministerio público deba tomar la iniciativa en esos casos, por ejemplo vigilando Internet. Los fiscales realizan investigaciones preliminares apenas se denuncia una infracción, pero ni la Constitución ni otras disposiciones de la legislación les asignan una función proactiva. En todos los casos, las víctimas tienen derecho a presentar por escrito una denuncia ante el ministerio público o la policía, lo cual constituye base suficiente para abrir una causa penal. El Código de Procedimiento Penal también permite a los fiscales tomar la iniciativa si, por ejemplo, encuentran en un sitio web material que constituye incitación al odio. Por otra parte, a medida que se presta mayor atención a la protección de los derechos humanos en las redes sociales, es cada vez más frecuente que se pida a los fiscales que abran una causa penal.

42.En el período comprendido entre 2010 y junio de 2012, ha aumentado el número de causas penales relativas a la discriminación, incitación a la discordia e incitación al odio en razón de la orientación sexual, el origen étnico, la religión u otra condición. En 2011 se iniciaron 335 investigaciones en comparación con solo 131 en 2010. La cifra para el primer semestre de 2012 fue de 118, de las cuales 37 se referían a la incitación al odio en razón de la orientación sexual. Muchos presuntos infractores han sido enjuiciados y condenados.

43.La información proporcionada al Comité sobre los símbolos nazis es inexacta. En enero de 2012, un tribunal de primera instancia inició una causa administrativa contra cuatro personas que supuestamente habían infringido el Código Administrativo utilizando símbolos totalitarios de carácter nazi y comunista. El tribunal los sobreseyó aduciendo que los carteles y fotografías ampliadas que habían exhibido se basaban en símbolos lituanos del siglo XIII y procedían en gran medida de grabados que representaban el sol y la cruz esvástica.

44.El Código Penal prescribe sanciones para quienes profanan cementerios judíos. Los pocos casos registrados no son representativos ni indican la existencia de grupos organizados que promuevan la ideología nazi. Suele ser difícil determinar quién es responsable de esos delitos. Sin embargo, el principal monumento conmemorativo del holocausto fue dañado por dos personas que han sido condenadas tras un proceso judicial que duró seis meses. Para el 22 de abril, el día del nacimiento de Adolf Hitler, en Vilnius y otras ciudades casi todos los años se izan banderas y se exhiben lemas nazis. En 2011 ello dio lugar a cuatro causas penales. Los responsables suelen pertenecer a grupos marginales como los cabezas rapadas. Sin embargo, cabe señalar que solo se produjeron dos incidentes de antisemitismo en el primer semestre del año en curso y que ninguno de ellos tuvo lugar el 22 de abril.

45.La Sra. Urbone (Lituania) dice que el Departamento Central de Policía emitió una orden que requería que la policía ejerciera especial vigilancia en determinados lugares a fin de prevenir actos como la profanación de cementerios y monumentos conmemorativos o el izamiento de banderas con símbolos nazis o soviéticos. La policía también tiene la obligación de proteger las instalaciones diplomáticas y consulares y algunos lugares asociados con minorías nacionales o étnicas. La policía adoptó medidas estrictas al recibir información de posibles planes de un ataque terrorista contra Israel.

46.El Sr. Vidtmann (Lituania) dice que la Ley sobre la protección de los menores contra el efecto pernicioso de la información pública no prohíbe la información que promueve las relaciones homosexuales. La disposición en tal sentido se eliminó de la versión preliminar. La Ley permite restringir la información pública que promueve las relaciones sexuales, manifiesta desprecio por los valores de la familia y propugna formas de matrimonio y constitución de la familia que contradicen la Constitución y el Código Civil. Sin embargo, en la práctica rara vez se aplican los criterios, que resultan demasiado vagos. La Ley también prohíbe difundir información que ridiculice o humille a una persona o a un grupo de personas por motivos de nacionalidad, raza, sexo, origen, discapacidad, orientación sexual, situación social, idioma, religión, creencias, opinión u otras razones similares.

47.En 2010 hubo 43 casos en que se publicaron datos personales que podían perjudicar a menores sospechosos de haber cometido un delito, o que habían sido acusados y condenados o que habían sido víctimas de actos criminales u otros delitos. En 74 casos la publicación de datos había atentado contra la dignidad o los intereses de los menores.

48.La Ley también prohíbe difundir información que induzca al suicidio. En 2010 se registraron 22 casos de ese tipo.

49.La incitación al odio en los medios de difusión y en Internet no es compatible con la libertad de expresión y los principios que rigen la información pública y constituye un delito con arreglo al artículo 24 de la Constitución y al artículo 170 del Código Penal. El párrafo 1 de la Ley de información al público prohíbe la publicación de información que incite a la guerra o al odio o que instigue a la discriminación, la violencia o los malos tratos contra una persona o un grupo por los motivos mencionados. El Inspector de ética periodística vigila el cumplimiento de las disposiciones pertinentes.

50.El 15 de julio de 2009, el Parlamento adoptó enmiendas a la ley por las que a partir del 1º de enero de 2010 se autorizaba al Inspector de ética periodística a determinar, sobre la base de la opinión de expertos en la materia, si la información publicada por los medios constituía incitación al odio por motivos de género, orientación sexual, raza u otras características. Las instituciones competentes han presentado a la Oficina del Inspector de ética periodística 113 solicitudes relativas a información publicada en los medios que podría constituir incitación al odio por los motivos mencionados. La Oficina ha procesado 110 solicitudes y presentado sus conclusiones respecto de 767 comentarios publicados en Internet, 3 publicaciones, 2 videoclips, 1 cuestionario, 8 calendarios o tarjetas, 8 carteles, la letra de 8 canciones, 2 artículos periodísticos y 1 programa de televisión.

51.La gran mayoría de los casos de incitación al odio o instigación a la violencia tienen que ver con la orientación sexual (81%), a lo que sigue el origen y la nacionalidad (24%). La mayoría de los comentarios se publican en sitios web muy visitados. Se organizó una conferencia titulada "Las palabras y su significado en la expresión del odio" para discutir el problema.

52.Naturalmente, toda la sociedad participa en la creación de los contenidos de Internet. Por lo tanto es importante que las ONG y el público en general colaboren en la tarea de detectar la incitación al odio. La Dirección de Comunicaciones en cooperación con la policía tiene una línea telefónica directa financiada en parte por el programa Safer Internet Plus (una Internet más segura) de la Unión Europea.

53.La Sra. Bukantaite-Kutkeviciene (Lituania) dice que su Gobierno no está considerando la posibilidad de enmendar el Código Civil para eliminar el derecho a cambiar la designación de género. Por el contrario, una serie de propuestas de enmiendas a la legislación presentadas recientemente por el Ministro de Justicia al Gobierno incluyen una disposición sobre el trámite para inscribir cambios de género en el Registro Civil.

54.El Sr. Vidtmann (Lituania) dice que la minoría romaní ciertamente enfrenta problemas y es víctima de discriminación en su país al igual que en otros lugares. Según las ONG, el 45% de la población no querría vivir al lado de una familia romaní. Sin embargo, estas actitudes no llevan necesariamente a la discriminación racial en la práctica.

55.Se han detectado muy pocos casos de miembros de la minoría romaní que carecieran de documento de identidad.

56.Se han dedicado cuatro meses a redactar el plan de acción del Programa nacional de integración de los romaníes en la sociedad lituana para 2012-2014. Lamentablemente, dicho plan ha resultado afectado por la reciente situación de austeridad que ha entrañado recortes presupuestarios en todos los ámbitos que reciben financiación pública. Los dos objetivos principales del plan son mejorar la situación social de la comunidad romaní y promover un diálogo intercultural con otros grupos de la sociedad lituana. El Sr. Vidtmann rechaza el argumento de las ONG de que se presta demasiada atención a la integración cultural. No hay peligro de asimilación o de pérdida de la identidad cultural. Todas las medidas culturales incluidas en el plan apuntan a promover la identidad cultural de los romaníes, encarar las actitudes negativas de otros grupos y acercarlos más a la comunidad romaní.

57.Otros problemas sociales como la vivienda son mucho más complicados. Los propios romaníes tienen distintas opiniones sobre el tema y muchos querrían tener acceso a la vivienda social. Desde 2010 se ha proporcionado vivienda social a 28 familias romaníes y otras 40 han presentado solicitudes.

58.Un grupo de trabajo se encargará de vigilar la aplicación del plan de acción. También se ha empezado a trabajar en un programa interinstitucional que comenzará en 2014. Hay consultas en marcha con las ONG y organizaciones de la comunidad romaní. Sin embargo, lamentablemente, muchos miembros de las organizaciones romaníes han emigrado de Lituania.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.