NACIONES UNIDAS

CCPR

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr.

GENERAL

CCPR/C/SR.2374

18 de julio de 2006

ESPAÑOLOriginal:INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

87º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 2374ª SESIÓN

Celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,

el jueves 13 de julio de 2006, a las 10.00 horas

Presidenta:Sra. CHANET

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (continuación)

Segundo informe periódico de la República Centroafricana (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40 DEL PACTO (tema 6 del programa) (continuación)

Segundo informe periódico de la República Centroafricana (continuación)(CCPR/C/CAF/2004/2; CCPR/C/CAF/Q/2 y 2/Add.1; HRI/CORE/1/Add.100)

1.Por invitación de la Presidenta, el Sr. Diba, el Sr. Findiro y el Sr. Maleyombo (República Centroafricana) toman asiento como participantes a la mesa del Comité.

2.El Sr. MALEYOMBO (República Centroafricana) dice que, en contra de lo que los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales están declarando, el Gobierno ordenó que se investigara el asesinato del sargento Claude Sanzé inmediatamente después del suceso; la investigación no ha concluido todavía.

3.Dada la frágil situación de seguridad en la República Centroafricana resultante de la proliferación de armas pequeñas, no es factible, en la actualidad, la abolición de la pena de muerte.No obstante, el Gobierno de la República Centroafricana reconoce la naturaleza reprobable de ese tipo de pena.Se está haciendo todo lo posible para lograr el desarme a fin de mejorar la situación de seguridad, y de este modo crear las condiciones en las que sea posible la abolición de la pena de muerte.Aunque la pena capital sigue existiendo en la legislación, no se han llevado a cabo ejecuciones judiciales desde 1981.

4.El Sr. FINDIRO (República Centroafricana) dice que se han creado varios mecanismos institucionales en el sector administrativo y judicial para frenar la corrupción, entre los que se incluyen un comité disciplinario, una inspección con responsabilidad especial sobre las finanzas públicas e inspecciones dentro de cada uno de los ministerios.La Asamblea Nacional funciona como mecanismo de control en la esfera política.Aquellos que son acusados de malversación de fondos públicos son susceptibles de enjuiciamiento y/o de sanciones administrativas.Las inspecciones llevadas a cabo en el marco de los esfuerzos para estabilizar las finanzas públicas han revelado una malversación de fondos a gran escala y se han llevado muchos casos ante el comité disciplinario.Se han creado más comités disciplinarios para hacer frente al aumento de la carga de trabajo.En ese contexto, se ha juzgado y destituido del cargo a tres ministros.En 2005, se creó una dependencia especial dentro de la fiscalía para que se encargue de los casos de corrupción, malversación de fondos y blanqueo de dinero.

5.En cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se ha establecido un plan de acción nacional para luchar contra la corrupción.A nivel regional, la Comunidad Económica y Monetaria de África Central ha creado el Grupo de Acción contra el blanqueo de capitales en África Central para abordar las cuestiones relativas a la corrupción, el blanqueo de dinero y delitos similares.El equivalente nacional de ese Grupo en la República Centroafricana es la agencia nacional de investigación financiera.

6.De acuerdo con el Código Penal vigente, la brujería es un delito punible.Aunque existen las disposiciones pertinentes, nunca ha sido condenada a muerte ninguna persona declarada culpable de haber practicado la brujería.Las disposiciones relativas a la brujería que contiene el Código Penal vigente se reflejarán también en el nuevo código.

7.Las víctimas de un delito penal tienen derecho a interponer denuncias contra la(s) persona(s) responsable(s).Si no lo hace la víctima, puede iniciar el procedimiento la fiscalía.

8.En relación con las alegaciones relativas al fomento de la impunidad por parte de la República Centroafricana, el orador dice que, en la actualidad, el sistema de justicia no tiene capacidad para abordar el gran número de casos que tiene ante sí.El Tribunal Penal sólo se reúne dos veces al año.Aunque la acumulación resultante de los casos pueda dar una impresión de impunidad, no se debe interpretar como un indicio de la falta de voluntad política de poner a los delincuentes a disposición de la justicia.La cuestión ha provocado un debate nacional y se han formulado recomendaciones en cooperación con la Unión Europea para celebrar una asamblea general sobre la justicia para abordar las deficiencias.

9.El Sr. MALEYOMBO (República Centroafricana), en respuesta a la pregunta 14 de la lista de cuestiones, dice que el General de Brigada Ferdinand Bombayake fue puesto en libertad.No disfruta de garantías especiales y tiene los mismos derechos que otros ciudadanos.

10.El Sr. DIBA (República Centroafricana) dice que su Gobierno ha adoptado una política de acción afirmativa para erradicar la práctica de la mutilación genital femenina.Sin embargo, la práctica está profundamente arraigada en las costumbres de los principales grupos étnicos del país, y su eliminación requiere cambios de actitud importantes.Aunque las clases medias ya no practican la mutilación genital femenina, sigue estando generalizada entre la población rural en su mayoría analfabeta.Por lo tanto, el Gobierno sigue haciendo todo lo posible para crear conciencia de los efectos perjudiciales de dicha mutilación.Además, se tendrá en cuenta la sugerencia del Comité relativa a tipificar como delito la mutilación genital femenina en la formulación del nuevo código penal.Además, el Gobierno trata de ayudar a encontrar un empleo alternativo a las mujeres que practican la mutilación y se dirige a otros países africanos, con más experiencia, en busca de consejo.

11.Los esfuerzos del Gobierno de la República Centroafricana para incrementar la representación de la mujer en la adopción de decisiones políticas han producido, hasta el momento, pocos resultados.La mujer es reacia a participar en la actividad política sin el consentimiento de su marido.El Gobierno lleva a cabo campañas de concienciación para superar esos obstáculos culturales y para sensibilizar a la mujer sobre su importante papel en la sociedad.A ese respecto, ha adoptado una política nacional para el adelanto de la mujer; con ocasión del Día de la Madre de 2006, el Presidente pidió la aplicación de esa política a través, entre otras cosas, de la adopción de medidas de acción afirmativa.

12.Sir Nigel RODLEY pregunta si todos los detenidos tienen acceso inmediato a un abogado y qué disposiciones existen para aquellos que no se pueden permitir un letrado.La delegación de la República Centroafricana debe aclarar si, de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo código penal, los delitos contemplados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional originarán la pena capital.

13.La delegación de la República Centroafricana ha señalado que el personal militar acusado de asesinar al Sargento Sanzé no será juzgado por un tribunal civil sino por uno militar, puesto que los actos llevados a cabo por los soldados en el cumplimiento de sus obligaciones están sometidosa la justicia militar.No está claro por qué el secuestro, la tortura y posterior asesinato de una persona deben ser considerados como una función militar, y el orador acogería favorablemente una aclaración a ese respecto.

14.El Sr. GLÈLÈ AHANHANZO pregunta qué medidas ha adoptado el Estado Parte para abordar, el problema generalizado, según parece, de la violencia policial contra los detenidos.

15.El Sr. LALLAH dice que hay una necesidad clara de establecer una legislación que permita a los jueces aplicar los derechos plasmados en el Pacto.Para ese fin, debe hacerse todo lo posible para garantizar que se protejan esos derechos con arreglo al nuevo código penal, que debe incluir sanciones para cualquier violación de esos derechos, independientemente de si los autores son civiles o funcionarios.El nuevo código penal debería entrar en vigor lo antes posible.

16.El Sr. MALEYOMBO (República Centroafricana) insta a los miembros del Comité a visitar su país a fin de que sean testigos del avance que su Gobierno ha hecho en la protección de los derechos humanos, incluso entre la población penitenciaria.La Oficina Central de Represión del Bandolerismo no ha llevado a cabo, que él sepa, ejecuciones extrajudiciales sumarias.Su difícil tarea de seguridad, a menudo, tiene como resultado la implicación del personal en incidentes de tiroteos. Dadas las circunstancias, son inevitables algunas muertes.

17.Debido a la falta de recursos, el Gobierno de la República Centroafricana sólo da a los presos una comida al día, y son los familiares los que les facilitan alimentos adicionales.Asimismo, se facilitan servicios médicos básicos.Desde que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos comenzó a hacer inspecciones aleatorias de las cárceles y comisarías, sus inspectores no han sido testigos de ningún caso de violencia o malos tratos de los detenidos.El orador invita a las organizaciones no gubernamentales a realizar visitas similares para verificar la situación por si mismas, como ha hecho la Liga Internacional de los Derechos Humanos.

18.Con respecto a la cuestión del Sargento Sanzé, el orador dice que los tribunales militares resuelven todos los casos relacionados con la justicia militar, tanto si la falta de conducta se produce en el ámbito militar como mientras el personal militar está en servicio activo.Con arreglo a los principios de la buena gobernanza, el poder judicial es independiente.

19.El Sr. FINDIRO (República Centroafricana) dice que el caso Sanzé se reanudará a finales de julio de 2006. Se ha pospuesto porque algunos miembros del personal militar que tienen que comparecer ante el tribunal en ese caso, han sido enviados a la frontera nordeste para resolver la crisis que hay allí.

20.Aunque el Código Penal vigente no dispone de manera expresa que los detenidos tengan acceso a un abogado de su elección, en la práctica se respeta ese derecho.Todos los detenidos sospechosos de cometer un delito tienen derecho a asistencia jurídica si no pueden permitirse un abogado.Aquellos que estén implicados en casos que no sean penales no tienen ese derecho, pero pueden solicitar de sus familiares consejo y ayuda.Los presos tienen derecho a elegir su propio médico, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución.

21.Los delitos que va a juzgar la Corte Penal Internacional son aquellos, como, por ejemplo, el asesinato, que se castigan con la pena de muerte de acuerdo con el Código Penal vigente.No obstante, el Gobierno de la República Centroafricana hará todo lo posible para aprovechar las oportunidades de cambio ofrecidas por la elaboración del nuevo código incluyendo todas las disposiciones del Pacto.

22.La PRESIDENTA invita a la delegación de la República Centroafricana a responder de la pregunta 17 a la 25 de la lista de cuestiones (CCPR/C/CAF/Q/2).

23.El Sr. FINDIRO (República Centroafricana) remite a los miembros del Comité a las repuestas escritas a esas preguntas que contiene el documento CCPR/C/CAF/Q/2/Add.1.

24.El Sr. LALLAH pregunta si el Gobierno de la República Centroafricana ha considerado alternativas a la reclusión.Puesto que parece que el Estado Parte no es capaz de garantizar la protección de los derechos de los detenidos de conformidad con el Pacto, debe examinar otras formas de castigo.El orador desea saber cuál es la actual población penitenciaria y si las prisiones tienen suficiente capacidad para albergar esa población.

25.El orador solicita información adicional sobre la actual situación de los periodistas en el Estado Parte.Sería útil saber si se ha realizado alguna investigación sobre las supuestas amenazas de muerte contra periodistas, y si es así, si algún caso que se haya llevado ante los tribunales ha dado lugar al enjuiciamiento.Se acogería favorablemente cualquier información actualizada sobre la situación del Sr. Maka Gbossokotto.

26.Con respecto a la persecución política, el orador solicita detalles sobre el estado de salud del Sr. Larmassoum y su derecho a recibir visitas de abogados y familiares.Aunque los culpables de hechos ilícitos merecen un castigo, todo el mundo tiene derecho a la protección de acuerdo con el Pacto.

27.El Sr. GLÈLÈ AHANHANZO solicita detalles adicionales sobre la legislación nacional relativa al derecho de asociación, y su compatibilidad con los artículos 18 a 20 del Pacto.

28.Además, el orador pide más información sobre las organizaciones no gubernamentales que existen en el Estado Parte, en particular el número de esas organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos.Sería útil saber si hay alguna otra institución de derechos humanos además de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.Si es así, la delegación de la República Centroafricana debe indicar si la institución es independiente y si se ha acreditado.

29.El orador desea saber cuántas comisarías hay en Bangui y en el resto del país.La delegación de la República Centroafricana debe aclarar si los detenidos tienen derecho a recibir visitas de familiares durante la detención policial, si los familiares tienen que facilitar comida a los detenidos, y cómo se trata a los detenidos en general.

30.El orador pregunta si se incluyen los derechos humanos en la formación de los miembros de la judicatura, y si es así, de qué forma.Insta al Estado Parte a tomar parte en el próximo seminario sobre la educación en la esfera de los derechos humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se celebrará para los miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Central en Brazzaville.

31.El Sr. ANDO pregunta por qué los jueces tienen carácter vitalicio, mientras que los fiscales no gozan de esa garantía.Desea saber cómo se nombran los jueces, cuál es su salario comparado con el de otros funcionarios públicos, si tienen las pensiones garantizadas, y quién decide sobre su nombramiento y promoción.Pregunta si se están adoptando medidas prácticas para asegurar que la legislación que garantiza la independencia del poder judicial se esté aplicando de manera efectiva.Se pregunta si otros tribunales pueden revisar los casos de traición y rebelión que se plantean ante el tribunal militar permanente.Pregunta si existe algún servicio voluntario no gubernamental para la prestación de asistencia jurídica, y si no es así, si se están adoptando medidas para impulsar la creación de dichos servicios.¿Qué problemas han surgido en el funcionamiento del sistema de asistencia jurídica?, ¿por qué han surgido esos problemas? y ¿qué medidas se están adoptando para abordarlos?

32.El orador pregunta si la legislación garantiza la objeción de conciencia.Se pregunta qué clase de servicios a la comunidad se utilizan en lugar de las penas de prisión para los objetores de conciencia.Desea saber qué clase de garantías se pueden dar de que la administración de justicia a nivel nacional es conforme a los requisitos de la Corte Penal Internacional.De acuerdo con la legislación penal centroafricana, todos los delitos enumerados en el Estatuto de Roma conllevan la pena de muerte.El orador pregunta qué se está haciendo para armonizar la legislación nacional con el Estatuto, que no prevé la pena capital bajo ningún concepto.

33.El Sr. JOHNSON LÓPEZ dice que no sólo se espera que los Estados Partes en el Pacto cumplan sus obligaciones con respecto al mismo relativas a la protección de los derechos civiles y políticos y la presentación de informes al Comité, sino que, además, deben garantizar que se hace todo lo posible para llevar a efecto las observaciones finales del Comité y que se adoptan las medidas de seguimiento necesarias para garantizar que el Pacto y el Protocolo Facultativo se estén aplicando de manera efectiva.Por lo tanto, se debe hacer una evaluación oportuna de la aplicación de las observaciones finales del Comité (CCPR/CO/81/CAF(Futuro)).Está de acuerdo con el Sr. Glèlè Ahanhanzo en que se debe ofrecer formación en la protección de los derechos humanos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

34.El Sr. BHAGWATI pregunta qué procedimientos hay para nombrar a los jueces, y si se aplica el carácter vitalicio a todos los jueces en todos los niveles.Desea saber qué aptitudes profesionales se exige a los jueces, y si los requisitos son diferentes según su antigüedad.Además,pregunta si se puede destituir a los jueces en el caso de negligencia profesional o falta de conducta, y si hay algún órgano independiente responsable de investigar la violación de las normas o las faltas de conducta de los jueces.Solicita información sobre la composición y funciones del Consejo Superior de la Magistratura y de la Comisión Consultiva del Consejo de Estado.Desea saber qué tipo de formación reciben los jueces antes de su nombramiento, y si tienen acceso a la formación continua durante su carrera.Se pregunta qué procedimientos hay para garantizar que todos los jueces estén completamente formados antes de comenzar sus obligaciones, y si existen disposiciones legislativas sobre el acceso a la asistencia jurídica.

Se interrumpe la sesión a las 11.45 horas y se reanuda a las 12.15 horas.

35.El Sr. FINDIRO (República Centroafricana) afirma que aunque no tiene estadísticas sobre el número de detenidos, no son más de 1.500. La mayoría de las cárceles se construyeron antes de 1960 y están deterioradas.Por lo tanto, el Gobierno de la República Centroafricana está haciendo todo lo posible para reconstruir y restaurar muchos edificios penitenciarios.

36.Con respecto al caso del Sr. Larmassoum, el orador dice que es un soldado que desertó del ejército y comenzó una rebelión en el norte del país, atacando, destruyendo y saqueando varios pueblos y causando una considerable pérdida de vidas humanas.Posteriormente, comenzó a comerciar con armas, y fue localizado y arrestado por la policía.El Sr. Larmassoum cooperó totalmente con la policía durante el interrogatorio, y reveló el nombre de sus cómplices.Actualmente, está detenido, y será juzgado por el Tribunal Penal el próximo mes.

37.No se puede trasladar a un juez sin su consentimiento, mientras que los fiscales pueden serlo sin que se les consulte.A los jueces de los tribunales judiciales los nombra el Consejo Superior de la Magistratura, que está presidido por el Presidente de la República, con el Ministro de Justicia como adjunto.El Consejo Superior está compuesto por jueces que están prestando servicio y otras personas con responsabilidades judiciales.A los jueces de los tribunales administrativos los nombra la Comisión Consultiva del Consejo de Estado, que está, asimismo, presidida por el Presidente de la República, con el Ministro de Justicia como adjunto.Entre los miembros de esta Comisión se incluye al presidente del Tribunal de Casación, el comisario del Gobierno del Tribunal Administrativo, y el presidente del departamento de procedimientos administrativos.A los jueces del Tribunal de Cuentas se les aplica el mismo procedimiento de nombramiento.De conformidad con la legislación sobre remuneración, el salario de los jueces se revisa por el Consejo Superior y la Comisión Consultiva cada dos años.Todos los jueces se someten a una evaluación anual, cuyos resultados se promedian durante un período de dos años a fin de decidir si se les concede una promoción.

38.Ocasionalmente, se entablan procedimientos disciplinarios contra los miembros de la judicatura, que pueden ser objeto de procesamiento, aunque gozan de inmunidad penal.A los jueces acusados de una falta de conducta les juzga un consejo de disciplina.En el caso de los jueces de los tribunales judiciales, el consejo lo preside el Presidente del Tribunal de Casación, en el caso de los jueces de los tribunales administrativos, el Presidente del Consejo de Estado y en el caso de los jueces del Tribunal de Cuentas, el Presidente de dicho tribunal.El ejecutivo y los políticos no desempeñan ningún papel en esos procedimientos.A los jueces citados para comparecer ante un consejo disciplinario los representa un abogado defensor, que puede ser un letrado u otro juez.

39.La formación de los miembros de la judicatura es un proceso que continúa durante toda la carrera de los jueces.Ingresan en la Escuela de Capacitación Judicial por concurso después de obtener un máster en derecho.Después de terminar el curso, tienen una formación práctica de un año en un tribunal y, posteriormente, asisten regularmente a cursos de reciclaje, algunos de los cuales se organizan con la asistencia del Gobierno francés.

40.El procedimiento para obtener asistencia jurídica es simple, flexible y abierto a cualquiera que pueda probar indigencia obteniendo un certificado a tal efecto de una autoridad local.La decisión sobre la concesión de asistencia jurídica la adopta el fiscal o un adjunto y un representante del Colegio de Abogados.No obstante, el hecho de que no haya unos beneficios económicos previsibles para el abogado defensor que actúa en nombre de una persona sin recursos puede repercutir en los servicios prestados.Con frecuencia, los acusados desconocen su derecho a la asistencia jurídica.Sin embargo, en el caso de delitos graves, el abogado defensor se asigna de oficio.

41.La jurisdicción competente para ver casos de traición o delitos contra la seguridad del Estado no recae en el tribunal militar permanente sino en el Tribunal Superior de Justicia.Los tribunales judiciales juzgan a los civiles implicados en un golpe de estado.

42.El orador está de acuerdo en que el papel de la Corte Penal Internacional es complementario de la de los tribunales nacionales, pero el poder judicial encontró difícil actuar de manera efectiva durante los disturbios de 2002 y 2003. Algunos de los acusados no eran ciudadanos de la República Centroafricana, y otros huyeron y trataron de fomentar la insurrección por todo el país.Se ha promulgado una ley que concede privilegios e inmunidad a los investigadores de la Corte Penal Internacional.

43.Existen comisarías y gendarmerías en cada una de las 69 subprefecturas del país y, a veces, en cada distrito.Por ejemplo, cada uno de los ocho distritos de Bangui tiene una comisaría, en la que permanecen los detenidos durante las investigaciones.

44.El Sr. MALEYOMBO(República Centroafricana) dice que varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos actúan en su país.Tras el diálogo nacional celebrado en septiembre de 2003, se aprobó una recomendación que pide la colaboración estrecha entre la sociedad civil y el Estado, con inclusión de una alianza entre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y las organizaciones civiles de derechos humanos.Entre las organizaciones no gubernamentales que trabajan regularmente con esa Oficina se incluyen la Liga Centroafricana de los Derechos Humanos, la Asociación Centroafricana de Abogadas, el Observatorio Centroafricano de los Derechos Humanos, el Movimiento para los Derechos Humanos y la Acción Humanitaria, y la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura.

45.Las actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han paralizado desde 1995. El actual Gobierno ha adoptado medidas para que reanude su actividad, pero no puede dotarla de los recursos financieros que requiere para actuar de manera independiente.

46.Con respecto a la libertad de prensa, la República Centroafricana es,por lo que el orador sabe, el único Estado de África que ha despenalizado los “delitos de prensa”.Los periódicos locales tienen, en la actualidad, libertad para publicar lo que consideren conveniente.Al orador mismo, como Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se le insulta regularmente en la prensa y se caricaturiza al Jefe del Estado.Las cosas se han descontrolado tanto que su Oficina ha organizado un foro con la asistencia de las Naciones Unidas para proporcionar formación en ética de los medios de comunicación y derechos humanos.Una campaña de sensibilización ha impulsado a los ciudadanos a denunciar las violaciones de los derechos humanos a su Oficina y a la prensa.Cada vez que se denuncia una violación de esas características, se envía una unidad al lugar para que compruebe los hechos.

47.Con respecto a la difusión de las observaciones finales del Comité, hay una oficina de las Naciones Unidas en Bangui con una dependencia de derechos humanos que, hasta el momento, no ha apoyado las actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.Cuando el Comité instó a la República Centroafricana en 2004 a presentar su informe lo antes posible, el orador pidió a la oficina de las Naciones Unidas que facilitara papel de impresora, pero recibió una respuesta negativa.El Gobierno asume sus responsabilidades seriamente, pero tiene tan poco dinero que, por ejemplo, como consecuencia del gasto de enviar la delegación de la República Centroafricana a Ginebra no hay suficientes fondos disponibles para pagar los salarios de los funcionarios.No obstante, el orador asegura al Comité que las autoridades se comprometen a difundir las observaciones finales.

48.La Oficina del Sr. Maleyombo proporciona regularmente cursos de capacitación sobre los derechos humanos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que, asimismo, fueron objeto de una campaña de sensibilización de los derechos humanos a nivel nacional patrocinada por el Presidente el año anterior.Se persuadió a los militares, que habían colocado puestos de control en las carreteras de todo el país, para que los desmantelaran.

49.En la respuesta escrita a la pregunta 21 de la lista de cuestiones, se ha declarado erróneamente que no existe un servicio alternativo de carácter no punitivo, puesto que en los años ochenta se abolió el servicio militar obligatorio.No obstante, actualmente está en vigor una ley sobre trabajo de interés público como alternativa al encarcelamiento, cuyo principal objetivo es evitar que los menores sean encarcelados.

50.El Sr. ANDO dice que ha preguntado sobre la jurisdicción competente para el delito de traición a fin de determinar si hay posibilidad de revisión por un tribunal superior tal y como exige el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto.

51.El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no establece la imposición de la pena de muerte para los delitos que entran dentro de su jurisdicción.Por lo tanto, el orador se pregunta cómo puede justificar la República Centroafricana su decisión de imponer la pena de muerte para dichos delitos.

52.El orador pregunta si la República Centroafricana aplica una política de asignación en virtud de la etnia, que reserve un determinado porcentaje de puestos judiciales para los miembros de ciertos grupos étnicos.

53.El Sr. MALEYOMBO (República Centroafricana) dice que no tiene más información relativa a la pena de muerte.

54.La República Centroafricana no aplica políticas de naturaleza étnica.Todos aquellos que componen la nación están bien representados en el Gobierno, y las instituciones estatales tienen cuidado de garantizar una representación geopolítica equitativa a causa de las evidentes deficiencias del anterior régimen a ese respecto, en especial en la administración y las fuerzas armadas.

55.La PRESIDENTA elogia el importante esfuerzo realizado por las autoridades de la República Centroafricana para mejorar la situación de los derechos humanos en el país a pesar de las considerables dificultades materiales a las que se enfrentan.Una señal particularmente buena es la despenalización de actos que anteriormente se juzgaban como los delitos de prensa, aunque no garantiza totalmente la libertad de prensa.Además, se han adoptado medidas de acción positiva en el ámbito de la justicia de menores.

56.La Presidenta espera que las recomendaciones del Comité se reflejen en el nuevo código penal, cuya promulgación se ha retrasado seriamente.El Comité está preocupado, en particular, porque se prevé la pena de muerte para delitos que entran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, lo que significa que a los mismos delitos corresponderán diferentes penas a nivel internacional y local.Por otra parte, sería, asimismo, anómalo que la República Centroafricana aboliera la pena de muerte para delitos como, por ejemplo, el genocidio y la mantuviera para delitos menos graves.Por lo tanto, el Comité espera que las autoridades opten por la solución lógica de abolir la pena de muerte en su totalidad.

57.Con respecto a delitos como, por ejemplo, el charlatanismo y la brujería que son difíciles de definir debido a su “irracionalidad”, el Comité considera que dichas cuestiones no deben abordarse en el ámbito del derecho penal sino a través de la acción social.No obstante, el nuevo código penal puede usarse para fomentar la erradicación de la práctica de la mutilación genital femenina, que preocupa no sólo por motivos de salud sino que es una cuestión de discriminación contra la mujer.Al Comité le cuesta aceptar el argumento de que la mujer no está a favor de la igualdad entre los géneros.Claramente, la mujer analfabeta o con muy poca formación no puede esperar ocupar altos cargos o presentarse a las elecciones al Parlamento, pero, sin duda, hay muchas mujeres altamente cualificadas, por ejemplo, las que pertenecen la Asociación Centroafricana de Abogadas, que desean el fin de la desigualdad.

58.Al Comité le preocupa que no se respeten los plazos para la detención policial.A veces, se le niega a los detenidos el acceso a un abogado o un juez durante varios meses.

59.Con respecto a la impunidad, las penas mencionadas por la delegación de la República Centroafricana parecen, en muchos casos, militares, por ejemplo, la degradación, y no judiciales.En el párrafo 216 del informe se declara que la institución de policía judicial, denominada Oficina Central de Represión del Bandolerismo, practica sistemáticamente ejecuciones sumarias y extrajudiciales de los bandidos con impunidad.De conformidad con las respuestas escritas a la lista de cuestiones, dichas prácticas se están eliminando.No obstante, la delegación de la República Centroafricana ha argumentado que dichos actos no son ejecuciones sumarias o extrajudiciales sino legítima defensa cuando abren fuego los bandidos.Se debe revisar toda la cuestión de cómo abordar el problema del bandolerismo.

60.El Sr. MALEYOMBO (República Centroafricana) dice que su país está saliendo de un largo período de crisis.Se han adoptado medidas para restablecer la democracia y la seguridad, y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades económicas y sociales básicas.Esas son las principales preocupaciones de una población que se está recuperando del exceso de tiroteos y derramamiento de sangre producidos durante los regímenes anteriores.

61.La delegación de la República Centroafricana ha tomado nota de los comentarios del Comité y las autoridades competentes harán todo lo posible para aplicar las observaciones finales.El Comité no debe hacer caso omiso de los esfuerzos del Gobierno de la República Centroafricana, puesto que el ánimo servirá como incentivo para perseverar, con su acción, en la promoción de los derechos humanos.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

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