71° período de sesiones
Acta resumida de la 1911ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 27 de marzo de 2001, a las 15.00 horas
Presidente:Sr. Bhagwati
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto (continuación)
Informe inicial de Uzbekistán (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto (continuación)
Informe inicial de Uzbekistán (continuación) (CCPR/C/UZB/99/1)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Uzbekistán toman asiento a la mesa del Comité.
Lista de cuestiones (continuación) (CCPR/C/70/L/UZB)
El Presidente invita a los miembros del Comité a seguir formulando preguntas sobre las cuestiones tratadas en la reunión anterior.
El Sr. Klein pregunta si las personas, que en cantidad aproximada a las 1.300, fueron reasentadas en otras regiones salieron voluntariamente de sus aldeas o fueron obligadas a partir sin sus pertenencias, y si es verdad que las aldeas fueron luego destruidas.
El Sr. Scheinin dice que todavía no está seguro de la etapa exacta en que un detenido tiene acceso a asistencia letrada: si lo tiene inmediatamente después de aprehendido, o bien únicamente después de cumplidos los procedimientos que culminan con la formalización de la detención y la acusación. Todavía no se ha dado respuesta a la otra pregunta que formuló, relativa a la etapa en que un detenido debe ser llevado ante un juez. En relación con la presencia de equipo para choques eléctricos en lugares de detención, el orador querría saber si el Gobierno ha asumido la responsabilidad de verificar que no haya instrumentos de tortura en manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de retirar todos los que se encuentren; asimismo, agradecería que se explicara, ante todo, por qué tendría que haber equipos de esa índole en tales lugares.
El Sr. Tawfik Khalil pregunta si es cierta la denuncia de que en algunos casos los tribunales han admitido pruebas extraídas del acusado por medios ilegítimos.
El Sr. Saidov (Uzbekistán), en respuesta a la pregunta del Sr. Klein sobre el reasentamiento de personas pertenecientes al grupo étnico tayiko, dice que, en agosto de 2000, en el momento del reasentamiento, el Gobierno se preocupó antes que nada por la seguridad personal de dichos tayikos, dado que vivían en una zona montañosa aislada y asolada por conflictos armados. Posteriormente, los integrantes del grupo étnico tayiko reasentados expresaron su gratitud por la decisión del Gobierno de reasentarlos y proporcionarles condiciones de vida satisfactorias.
En respuesta al Sr. Scheinin, señala que, en virtud del artículo 49 del Código de Procedimiento Penal, el acusado puede pedir asistencia letrada desde el momento mismo de su detención. Además, el uso de choques eléctricos u otras formas de tortura está estrictamente prohibido por la ley, y quien utilice esos métodos es tratado con la máxima severidad. Además, en respuesta al Sr. Tawfik Khalil, dice que las pruebas obtenidas por medios ilegítimos serán inadmisibles ante los tribunales.
En respuesta al Sr. Henkin, dice que, según el artículo 93 de la Constitución, el Presidente tiene la facultad de otorgar asilo político. Además, Uzbekistán reconoce los tratados internacionales relativos a esa cuestión.
En lo que respecta al caso Chikunov, el Sr. Chikunov, que se dedicaba a la compra y venta de apartamentos en Tashkent, falsificó un documento y obtuvo 6.000 dólares de particulares sin cumplir las obligaciones que le incumbían en razón de la transacción. Luego de una controversia con dos de esas personas, concibió un plan para asesinarlas. Falló en su primer intento, cuando no explotó la granada que pretendía usar. Más adelante, mientras viajaba con ellos en automóvil, les disparó en la cabeza; posteriormente volvió a dispararles, y esas personas murieron en el acto. Chikunov desapareció de escena, pero en abril de 1999 fue detenido y, en el curso del juicio a que fue sometido, fue declarado culpable sobre la base de numerosas pruebas y resultó condenado a muerte.
Derecho a un juicio imparcial (art. 14)
El Presidente invita a la delegación de Uzbekistán a responder a las preguntas relativas a la independencia del sistema judicial que figuran en el párrafo 16 de la lista de cuestiones, dando detalles acerca de los criterios y procedimientos para la elección, la formación, el desarrollo profesional, la separación del cargo y la jubilación de los jueces, así como acerca de las posibilidades de reclamación contra su actuación y la responsabilidad a que están sujetos los jueces (CCPR/C/UZB/99/1, párr. 211).
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que el tema se rige por los artículos 106 a 116 de la Constitución y por la Ley de tribunales de 1993. Un candidato al cargo de juez de distrito debe ser ciudadano de la República, tener por lo menos 25 años de edad, educación superior en derecho, haber ejercido una profesión jurídica por lo menos durante tres años, y haber aprobado el examen correspondiente. Un candidato al cargo de juez del Tribunal Supremo Corte de Karakalpakstán o de juez regional debe, además de cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, tener por lo menos cinco años de experiencia práctica en materia jurídica, de los cuales por lo menos dos años en calidad de juez. Un candidato a un cargo de magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Administrativo Superior debe cumplir con los requisitos adicionales de tener una experiencia en la esfera jurídica de por lo menos siete años, de los cuales por lo menos cinco en calidad de juez. Un candidato a un cargo de juez en un tribunal militar tiene que ser ciudadano uzbeko y tener experiencia militar en el grado de oficial.
Los jueces del Tribunal Supremo y el Tribunal Administrativo Superior son designados por el Oliy Majlis (Parlamento) a propuesta del Presidente. Los jueces de la República de Karakalpakstán son designados por el Parlamento de Karakalpakstán, con sujeción a la aprobación del Presidente de Uzbekistán. Los jueces de las ciudades, los distritos y las regiones son designados por el Presidente, a propuesta de la Comisión Superior de Calificaciones. Los jueces de los tribunales administrativos son designados a propuesta del Presidente del Tribunal Administrativo Superior. Los jueces de los tribunales militares son designados por el Presidente de la República a propuesta del Tribunal Administrativo Superior. Todos los jueces son designados para un período de cinco años.
Los jueces de Uzbekistán pueden ser sometidos a medidas disciplinarias sólo por decisión del Colegio de Calificaciones de Magistrados Judiciales, por violación de la ley, negligencia o conducta deshonrosa. Podrán restringirse las facultades de un juez por violación del juramento, actividades incompatibles con los deberes de su cargo, incapacidad, pérdida de la ciudadanía o condena judicial, o debido a incapacidad por razones médicas u otras razones válidas. Se ha establecido una comisión de alto nivel para decidir esos asuntos y, luego de un examen de la Ley de tribunales de 1993, se han puesto en marcha nuevas reformas relativas a los tribunales de competencia general y tribunales especializados.
El Presidente invita a la delegación a responder a la pregunta relativa a la presunción de inocencia que figura en el párrafo 17 de la lista de cuestiones.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, nadie puede ser considerado culpable salvo por un veredicto judicial. La inocencia del acusado se presume mientras el fiscal no demuestre su culpabilidad.
El artículo 8 de la Ley de tribunales trata de la protección jurídica de los ciudadanos uzbekos. Tienen derecho a ser protegidos por la ley contra los actos ilegales cometidos por los órganos y los funcionarios del Estado, así como contra la violación de los derechos a la vida, la salud, la dignidad y la libertad y otros derechos. También se otorga protección jurídica a las empresas y las organizaciones. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de tribunales, un acusado tiene derecho a la protección de la ley en todas las etapas del procedimiento. Además, tiene derecho a asistencia letrada dentro de las primeras 24 horas de su detención.
El Presidente invita a la delegación a responder a las preguntas que figuran en el párrafo 18 de la lista de cuestiones relativas al derecho de las personas a acceder a asistencia letrada, a ser juzgadas sin dilaciones y a no ser obligadas a declarar contra sí mismas ni a confesarse culpables.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que la ley de 1996 sobre el ejercicio de las profesiones jurídicas rige los atributos y las condiciones de la asistencia letrada. Según la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a asistencia letrada, y también lo tienen los extranjeros y las compañías y organizaciones. Una ley de 1998 dispone otras garantías para la prestación de asistencia letrada, así como las condiciones en que se otorga. Los acusados pueden elegir su propio abogado y el servicio está a disposición también de las personas declaradas culpables.
Recientemente se creó en Uzbekistán una asociación de abogados que tiene filiales en toda la República. Sigue creciendo la importancia de la profesión de abogado, y los derechos de los abogados de la defensa se han equiparado a los derechos de los fiscales en todas las etapas del procedimiento judicial.
El Presidente invita a la delegación a contestar la pregunta que figura en el párrafo 19 de la lista de cuestiones, relativa a las medidas adoptadas para garantizar que los procedimientos judiciales estén abiertos al público, y en concreto a los observadores locales e internacionales de los derechos humanos.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que, de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución, todos los procedimientos judiciales son públicos, salvo en casos específicamente determinados por la ley. Los extranjeros sometidos a procedimientos judiciales tienen derecho a ponerse en contacto con su embajada o consulado; en 2000 hubo varios casos de esta índole relacionados con extranjeros procedentes de la Federación de Rusia, la República Islámica del Irán, el Pakistán y otros países.
Igualdad entre los géneros y principio de no discriminación (arts. 3 y 26)
El Presidente invita a la delegación a responder a la pregunta que figura en el párrafo 20 de la lista de cuestiones, relativa a las medidas adoptadas para promover la igualdad de la mujer en la vida pública.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que se han adoptado algunas medidas en ese sentido. En 2001, ya se habían promulgado 70 instrumentos legislativos sobre la protección de los derechos de la mujer. Se ha establecido una comisión parlamentaria para que se ocupara de la situación social y las perspectivas de trabajo de la población, teniendo en cuenta específicamente la situación de la mujer y la familia. Además, se está estructurando un mecanismo nacional para proteger los derechos de la mujer en la vida pública, así como para proteger a la familia, la maternidad y la infancia. Se ha alentado a las mujeres a participar en muchos aspectos de la vida pública. La situación se está vigilando constantemente para lograr que se apliquen las políticas nacionales relativas a la situación de la mujer, y asimismo se está perfeccionando el sistema de vigilancia.
También se están creando movimientos independientes de mujeres. Existen más de 100 organizaciones no gubernamentales de mujeres, mientras que antes de la independencia no había ninguna. Trabajan en cuatro esferas principales: apoyo social a la mujer durante la transición del país a una economía de mercado; acceso igualitario a la educación, la capacitación y la participación en los programas de desarrollo estatales; protección de la maternidad y de la infancia y mejoramiento de la planificación de la familia y la salud reproductiva; y establecimiento de vínculos con las organizaciones internacionales de mujeres.
Las organizaciones no gubernamentales de mujeres desarrollan una intensa actividad en lo tocante a la elaboración de programas de educación y formación. También participan en actividades de información al público sobre los derechos de la mujer con el fin de eliminar los estereotipos basados en el género y garantizar el respeto de los derechos de la mujer mediante la cooperación internacional. De acuerdo con la Plataforma de Acción de Beijing, se realizó un amplio estudio analítico, cuyos resultados se han dado a publicidad.
El Presidente invita a la delegación a responder a la pregunta que figura en el párrafo 21 de la lista de cuestiones, relativa a las medidas adoptadas para luchar contra los abusos de todo tipo contra las mujeres.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) contesta que se están realizando muchos esfuerzos para impedir la violencia doméstica. Uzbekistán está adoptando medidas legislativas, realizando campañas de información y educación, tratando de mejorar las condiciones económicas, y procurando lograr que el sistema judicial sirva de apoyo para los derechos de la mujer. En los últimos años, las organizaciones de mujeres se han movilizado para prevenir la violencia doméstica. Además, junto con una asociación de abogadas de los Estados Unidos, la Comisión de Mujeres de Uzbekistán está tratando de elaborar indicadores de violencia doméstica, en una labor en que participan abogados, jueces, estudiantes, escolares y organizaciones no gubernamentales de mujeres, así como personas directamente relacionadas con los servicios sociales.
Se está desarrollando una red de centros para la rehabilitación de víctimas de la violencia. En 2000, se registraron 520 casos de violación, la mayoría de los cuales fueron resueltos. Las organizaciones no gubernamentales están realizando una encuesta independiente sobre el problema.
El Presidente invita a la delegación a responder a la pregunta que figura en el párrafo 22 de la lista de cuestiones, relativa a la trata de mujeres y niñas con fines de prostitución y a los métodos adoptados para luchar contra esa práctica.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) contesta que en los artículos 135 y 137 del Código Penal se tipifican como delitos los actos encaminados a explotar sexualmente a mujeres o niñas.
El Presidente invita a la delegación a responder a la pregunta que figura en el párrafo 23 de la lista de cuestiones, relativa a las medidas adoptadas para combatir la discriminación contra la mujer por motivos de religión y tradición (párr. 104 del informe).
El Sr. Saidov (Uzbekistán) contesta que, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, nacionalidad, idioma, religión u otros factores. El artículo 31 de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas, hombres y mujeres, a profesar cualquier religión o no profesar religión alguna. Cualquier violación de ese derecho o cualquier otra forma de discriminación puede dar lugar a un procedimiento penal con arreglo al artículo 141 del Código Penal. Además, en el artículo 145 de dichoCódigosepenaliza cualquier violación de la libertad de las organizaciones religiosas de realizar sus prácticas. Actualmente hay dos escuelas religiosas para mujeres, en las que se imparte educación religiosa y técnica; en cada una ellas actualmente hay algo más de 100 mujeres matriculadas. También se garantiza el derecho de la mujer de realizar una peregrinación y entrar a los lugares sagrados de los musulmanes.
Expulsión de extranjeros (art. 13)
El Presidente invita a la delegación a responder a la pregunta que figura en el párrafo 24 de la lista de cuestiones, relativa al procedimiento de expulsión y el derecho de apelar contra una orden de expulsión.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que, de acuerdo con una resolución adoptada por el Gabinete de Ministros en 1996 en relación con el derecho a entrar en el país, salir de él o pasar en tránsito por su territorio, todo extranjero o apátrida que viole las leyes de Uzbekistán puede ser expulsado. Las decisiones sobre la expulsión de los extranjeros son adoptadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se transmiten a la embajada del país del que procede el extranjero a que se refieran. Tales decisiones pueden ser apeladas. Se imponen multas a los extranjeros que violen las leyes durante su estadía.
Libertad de asociación (art. 22)
El Presidente invita a la delegación a responder a las preguntas que figuran en los párrafos 25 y 26 de la lista de cuestiones, relativas a los procedimientos de registro de las organizaciones no gubernamentales y los casos en que el registro se haya denegado o demorado, y a las medidas que se hayan tomado para eliminar el hostigamiento a los defensores de los derechos humanos por parte de funcionarios públicos.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) contesta que una ley aprobada en 1999 rige la situación y las actividades de las organizaciones no gubernamentales sin fines comerciales, que desempeñan una importante función en el país. De acuerdo con el artículo 21 de dicha ley, el registro está a cargo del órganos judiciales. Para el registro se necesitan los siguientes documentos: una declaración firmada por los miembros del órgano directivo de la organización, en la que se indiquen sus nombres y demás señas personales; dos copias de su instrumento fundacional; el acta de la reunión inaugural; y un estado bancario en que conste el pago de los derechos de registro. El registro de dichos documentos debe realizarse en un plazo de dos meses a partir de la reunión inaugural. Las organizaciones no gubernamentales extranjeras deben presentar un certificado de registro y el texto de sus estatutos traducido al idioma nacional.
Los órganos judiciales competentes tienen un plazo de dos meses para examinar los documentos y adoptar una decisión sobre el otorgamiento o la denegación del registro. El registro puede denegarse si uno de los propósitos de la organización es cambiar el orden constitucional del país mediante la fuerza, atentar contra su soberanía, integridad y seguridad, infringir los derechos constitucionales de sus ciudadanos, difundir propaganda en pro de la guerra, o albergar designios sociales, nacionales, raciales o religiosos perjudiciales para la salud y la moral de la población. Asimismo se puede denegar el registro por otras razones, entre ellas, por no haber presentado la totalidad de los documentos necesarios o haber presentado documentos incompletos o falsos; o haber presentado los documentos después del vencimiento del plazo; o por la existencia de una organización anteriormente registrada con el mismo nombre o violación de la ley que rige la formación de las organizaciones de esta índole.
En cambio, no se permite denegar el registro de una organización no gubernamental aduciendo que es inadecuada. La denegación del registro no impide que se vuelvan a presentar los documentos una vez que se haya subsanado la objeción. La ley que rige el registro fue redactada con la asistencia de expertos internacionales, y periódicamente se celebran seminarios para explicar su funcionamiento.
En relación con la denuncia de hostigamiento a defensores de los derechos humanos por parte de funcionarios públicos, debe señalarse que en los últimos años se ha producido un constante aumento del número de organizaciones no gubernamentales uzbekas en esta esfera, que se ocupan de los derechos individuales, los derechos de la mujer, el derecho humanitario, las prácticas jurídicas y temas afines, y que el Gobierno siempre defiende a esas organizaciones. Por ejemplo, junto con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Gobierno y el Centro Nacional de Derechos Humanos lanzaron una campaña en pro de los derechos de la mujer para fomentar la eficacia de las actividades de promoción; y se organizó un seminario en tres etapas, al que asistieron organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con el fin de mejorar el monitoreo a nivel local y evaluar la situación reinante. El periódico Der e chos Humanos, publicado en uzbeko, se dedica a esos temas. Hay un intercambio periódico oficial de información sobre las normas de derechos humanos y su aplicación; por ejemplo, recientemente, se celebraron tres seminarios organizados conjuntamente por el Gobierno y la Oficina de la OSCE, para que los abogados reflexionaran en conjunto sobre los objetivos de la profesión jurídica en materia de derechos humanos y sobre la aplicación del Pacto en Uzbekistán. Desde 1996, Human Rights Watch ha estado trabajando en el país y se reúne periódicamente con los representantes de las organizaciones locales de derechos humanos y organizaciones internacionales similares que actúan en el país.
Participación en la dirección de los asuntos públicos (art. 25)
El Presidente invita a la delegación a responder a las preguntas que figuran en los párrafos 27 y 28 de la lista de cuestiones, relativas a la información sobre la prohibición de partidos políticos y a las garantías para la realización de elecciones libres, a la luz de las denuncias de presuntas violaciones en las recientes elecciones parlamentarias y presidenciales.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) contesta que el artículo 3 de la Ley de Partidos Políticos protege el derecho igualitario de todos los ciudadanos a participar en política. Sólo se prohíben los partidos políticos cuyo objetivo declarado sea derribar la República por medio de la violencia, o los que atenten contra la soberanía o la seguridad de la República, promuevan la guerra, siembren la discordia entre los géneros o entre las religiones o socaven la moral pública. Ningún partido ha sido prohibido desde la fundación de la República, y actualmente hay cuatro partidos políticos en actividad.
Con respecto a las elecciones libres, la ley prohíbe toda restricción directa o indirecta que afecte a las personas habilitadas para votar, salvo los enfermos mentales o los presos. En mayo de 1994 se promulgó una ley especial que garantiza la libertad electoral y la aplicación de procedimientos de votación correctos. Una disposición del Código Penal regula la responsabilidad de los funcionarios que no respetan las garantías de la libertad electoral. Los preparativos para las elecciones parlamentarias de 1999 y las presidenciales de 2000 comenzaron tres años antes, sobre la base del Memorando de Entendimiento concertado con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE; en colaboración con expertos de la OSCE, el Gobierno perfeccionó la legislación electoral en cuatro esferas y estableció una Comisión Electoral Central, cuyos miembros reciben capacitación especial.
Se presentaron candidatos de los cinco partidos políticos que actuaban en ese momento, así como candidatos independientes; en total hubo más de 1.000 candidatos para los 250 escaños del Parlamento. Concurrieron a las elecciones parlamentarias 12 millones de electores mayores de 18 años, es decir, el 95% del electorado. Los observadores internacionales señalaron un progreso considerable en el sistema electoral de Uzbekistán y ninguno cuestionó la libertad de las elecciones parlamentarias; por lo tanto, la delegación de Uzbekistán no está de acuerdo con las denuncias de irregularidades formuladas posteriormente. En este momento, el Gobierno está considerando la posibilidad de dividir al Parlamento en dos cámaras y está procurando obtener el asesoramiento de expertos internacionales en lo que sería una empresa de gran magnitud.
A las elecciones presidenciales de 2000 se presentaron dos candidatos, y también en esta oportunidad participó el 95% del electorado, con arreglo a los procedimientos electorales recientemente reformados y bajo la supervisión de la Comisión Electoral Central y la OSCE. Los observadores nacionales y cientos de observadores internacionales, entre ellos titulares de cargos electivos y comisionados electorales de muchos países, así como representantes de las Naciones Unidas, certificaron que las elecciones se habían realizado con arreglo a las normas.
Difusión de información relativa al Pacto
El Presidente invita a la delegación a responder a las preguntas que figuran en el párrafo 29 de la lista de cuestiones, que se refieren a la difusión de información relativa al Pacto: las medidas adoptadas para dar a publicidad la presentación del informe periódico, su análisis por parte del Comité, y las observaciones finales del Comité; así como a la información sobre las actividades de educación y formación en relación con el Pacto y su Protocolo Facultativo dirigidas a los funcionarios públicos, y en concreto a maestros, jueces, abogados y agentes de policía.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que el Gobierno ha traducido el Pacto y su informe periódico al uzbeko y ha dado amplia distribución al texto del Pacto. El informe también se ha publicado como folleto aparte y se ha distribuido a las organizaciones internacionales, los departamentos del Gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Ambos documentos fueron objeto de examen en numerosos seminarios, uno de los cuales fue auspiciado por las Naciones Unidas. El estudio de las disposiciones del Pacto forma parte del currículo de las escuelas y las universidades, las facultades de derecho y otras instituciones en que se dictan cursos relacionados con los derechos humanos. El Gobierno ha iniciado una campaña para dar a publicidad las disposiciones del Pacto que se incorporaron al derecho nacional. En 2000 se celebraron varios seminarios de capacitación sobre el Pacto organizados junto con la OSCE. Los órganos encargados de hacer cumplir la ley también están procurando que el Pacto se aplique como medio de garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Cuando haya concluido el examen del informe periódico de Uzbekistán, se le dará publicidad dentro del país en una conferencia de prensa en que se transmitieron a los medios de difusión las cuestiones consideradas.
La delegación de Uzbekistán espera que el Comité comprenda los objetivos de su país y su esperanza de que de ahora en adelante se establezca un diálogo abierto. Ha dado una respuesta oficial y responsable a cada una de las preguntas y, sin embargo, tiene la impresión de que los miembros del Comité no confían en algunas partes del informe. Tal vez algunos aspectos se hayan perdido en la traducción.
El Presidente invita a que se formulen otras observaciones y preguntas.
El Sr. Yalden observa que habría sido más provechoso que la información actualizada se hubiera dado por escrito como parte del propio informe, con lo cual se habría podido contar con el beneficio de la traducción: por ejemplo, el útil desglose de las denuncias contenidas en el apéndice de la página 71. Concuerda con los miembros que han encontrado una discordancia entre la teoría y la realidad, que surge de los informes procedentes de fuentes externas. El problema no radica en la falta de confianza, sino en que el informe del Estado parte no cuadra con los informes de organizaciones no gubernamentales fiables.
Al orador, en su carácter de ex Ombudsman, le gustaría ver que al Ombudsman se le diera una competencia más amplia e intensa; y se pregunta si el informe anual del Ombudsman al Parlamento podría ponerse a disposición del Comité, aunque sea sólo en ruso. También el orador piensa que las leyes de registro de las diversas sectas religiosas establecen procedimientos excesivamente complicados y cree que el Gobierno debe considerar la posibilidad de modificarlas.
Todavía no le queda claro cuántas de las organizaciones no gubernamentales del país están registradas y cuántas no lo están, ni qué es lo que se les permite hacer a las segundas en comparación con las primeras; ni por qué la Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán todavía no está registrada. Tampoco queda claro si, efectivamente, ha habido incidentes de hostigamiento.
En el informe se dio muy poca información sobre la situación de la mujer en la sociedad, salvo algunas cifras (informe, párr. 91), aunque la delegación ha proporcionado una útil información adicional. Sin embargo, se necesita una explicación más completa sobre la situación actual de las mujeres en la práctica en Uzbekistán y, en general, a qué nivel de la jerarquía se encuentran, tanto en general como dentro de la fuerza de trabajo. El orador querría conocer en detalle lo que el Gobierno está haciendo respecto del empleo de las mujeres y la forma en que se están vigilando los progresos. Agradecería también tener más información sobre los problemas derivados de las tradiciones y actitudes sociales (informe, párrs. 103 y 104, 112); a menudo son el quid de la cuestión. El Comité no ha recibido suficiente información sobre las medidas realmente proyectadas o aplicadas por el Gobierno para luchar contra las diferentes formas de discriminación contra la mujer, ni acerca de cuál es el órgano independiente de vigilancia en esa materia.
En relación con las minorías, el orador querría saber cuántas escuelas y niveles de enseñanza se han creado para la minoría rusa, que constituye el 6% de la población, y cuántos estudiantes de habla rusa estudian en ellas. Desearía recibir información sobre la política del Gobierno relativa a los idiomas minoritarios: por ejemplo, qué servicios se prestan en ruso y en qué medida se usa el idioma en los tribunales y en otras relaciones con el Estado. Se pregunta, en general, cómo se integran las minorías a la sociedad en la vida cotidiana. Convendría recibir todas las estadísticas de que se pueda disponer.
La Sra. Medina Quiroga señala además, en relación con la mujer, que en el informe se admite la discriminación, y a pesar de ello las posiciones expuestas por el Estado parte en el informe no conducirán rápidamente a la igualdad entre la mujer y el hombre. En el informe se indica, por ejemplo, que se están creando condiciones para que las madres de familia numerosa puedan permanecer en su hogar en vez de trabajar (párr. 96); se ensalzan valores de antigüedad secular, como el papel de la mujer en la familia y el tradicional respeto a la mujer en su calidad de madre y amparo del hogar (párr. 103); se ha establecido un programa gubernamental para fortalecer el papel de la mujer en la familia (párr. 110). Todo ello trasunta la concepción de que el papel primordial de la mujer es el de madre y que la mujer que permanece en su hogar debe recibir un trato más favorable, lo que pone a las mujeres en general en desventaja respecto de su capacidad para trabajar. Además, la exención de la pena de muerte que rige respecto de las mujeres y los niños parece ubicar a las mujeres en la misma categoría en que están los niños. Volviendo a referirse al párrafo 103 del informe, la oradora pregunta cuál es la edad mínima para el matrimonio para la mujer y el hombre, y cómo pueden haberse celebrado algunos matrimonios a edad temprana no ajustados a la ley; y también si la ley ampara el principio de libre consentimiento para contraer matrimonio.
Se pregunta si la información sobre la planificación de la familia (párr. 311 del informe) se proporciona a hombres y mujeres. Además, agradecería recibir estadísticas sobre la violencia domestica; dada la posición privilegiada de los hombres en la sociedad, la oradora sospecha que esa forma de violencia está generalizada. Asimismo desearía que se aclarara si las normas del nuevo Código de la Familia (párr. 314 del informe) son enteramente compatibles con el Pacto.
Con respecto a los niños, en el informe se menciona la detención de menores e incidentes de trato degradante o ilegal de menores por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (párr. 323). Se pregunta si ese tratamiento difiere del que se dispensa a los adultos en las mismas circunstancias. En el informe se considera que la formación en la legalidad es la respuesta al problema, pero la oradora desearía saber qué ha hecho verdaderamente el Estado para impedir que los menores detenidos sufran malos tratos.
Con relación al artículo 14, le gustaría saber si el derecho de impugnación a que se refiere el informe (párr. 212) equivale a un recurso ante un tribunal de casación o si se dispone de una verdadera apelación.
El Sr. Klein expresa su preocupación con respecto a la independencia del sistema judicial. Se pregunta si es verdad que los jueces son nombrados por cinco años y luego tienen que ser nombrados nuevamente para continuar en funciones; cuántos son, en general, los jueces cuyos nombramientos se renuevan, y si es verdad que la no renovación del nombramiento puede producirse no sólo por incompetencia sino también por razones disciplinarias. Para que el sistema judicial despierte confianza, debe ser considerado libre e independiente del gobierno. Al orador también le sorprende que haya aproximadamente 100 organizaciones no gubernamentales dedicadas sólo a cuestiones relacionadas con la mujer, y se pregunta si son verdaderamente eficientes y eficaces e independientes del Gobierno.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que su delegación ha presentado un largo documento en ruso con respuestas a las preguntas preliminares del Comité. En dicho documento se describen los grandes cambios que han ocurrido en su país en los dos años transcurridos desde que se presentó el informe inicial. Cuando el documento se haya traducido, los miembros del Comité podrán acceder a la información adicional que buscan.
Conviene con el Sr. Yalden en que en muchos países la teoría no condice con la práctica. Entiende las opiniones de los miembros del Comité. Sin embargo, su delegación trabaja sobre la base de la presunción de la confianza mutua. Se ha mencionado con frecuencia que su delegación parece estar observando los derechos humanos desde el punto de vista de dos Estados diferentes. Desea aclarar que Uzbekistán es un sólo país. También ha habido constantes referencias a otra información de que dispone el Comité. Desea saber en qué consiste esa información. Sólo puede haber sido presentada por Human Rights Watch o por el Grupo de Vigilancia de Helsinki, las mismas fuentes que utiliza su Gobierno. Se está haciendo un detenido seguimiento de esa información y se están adoptando medidas concretas.
La Oficina del Ombudsman ha estado funcionando durante más de cinco años y se han producido importantes modificaciones desde la presentación del informe inicial. Se han establecido oficinas regionales en cada una de las 12 regiones y se están realizando seminarios de capacitación para los representantes regionales. La delegación de Uzbekistán ha presentado al Presidente informes pormenorizados en inglés sobre la estructura y las actividades de la Oficina en 1996, 1999 y 2000, en los que se analizan las quejas recibidas y las decisiones adoptadas. Lamentablemente, esos informes aún no han sido distribuidos a los miembros del Comité.
El Gobierno de Uzbekistán no ve la necesidad de que, a estas alturas, se enmiende la Ley sobre la libertad de conciencia y las organizaciones religiosas. Se trata de una ley nueva que concuerda con el artículo 18 del Pacto. En la práctica, no se han observado grandes dificultades en la aplicación de la disposición sobre registro.
Actualmente hay más de 2.500 organizaciones no gubernamentales en los planos nacional y local. Sólo a nivel nacional, son más de 300 las que están registradas ante el Ministerio de Justicia. El orador conviene con el Sr. Klein en que el número de esas organizaciones no refleja, necesariamente, su eficacia. Sin embargo, los observadores occidentales critican con frecuencia el pequeño número de partidos políticos que actúan en su país. Pero ahora se le dice a su delegación que la existencia de un gran número de partidos no es necesariamente una señal de que el sistema es auténticamente multipartidario. El Gobierno de Uzbekistán considera que el rápido crecimiento de las organizaciones no gubernamentales en los últimos tres o cuatro años es unfactormuy importante en la construcción de la sociedad civil.
Un acontecimiento especialmente alentador es el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales de mujeres. Un ejemplo es el Comité de Mujeres de Uzbekistán, que fue establecido con asistencia del Gobierno, pero que ahora está en expansión con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales. Es importante incrementar la participación de las mujeres en las actividades sociales y políticas, no sólo como madres o amas de casa, sino también como seres humanos y ciudadanas. El Gobierno de Uzbekistán proseguirá sus esfuerzos en ese sentido.
Además, el Parlamento está considerando un proyecto de ley sobre la igualdad de oportunidades. Cuando preparó su informe para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Gobierno de Uzbekistán observó las experiencias de otros países, en particular Finlandia, cuya ley sobre la igualdad de oportunidades funciona eficazmente.
En cuanto a las organizaciones no gubernamentales no registradas, el enfoque del Gobierno de Uzbekistán es similar al de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Si bien las organizaciones no gubernamentales no registradas no tienen personería jurídica, pueden llevar a cabo libremente sus actividades. Lo antedicho es también aplicable a la Sociedad de Derechos Humanos. Sus dirigentes asisten a las reuniones gubernamentales como observadores, lo que demuestra la actitud del Gobierno de Uzbekistán frente a las organizaciones no gubernamentales.
Con respecto a las cuestiones de la mujer, hace un mes y medio se transmitió al CEDAW una información pormenorizada que se puede consultar en el sitio del Comité en la Web. Conviene en que las actitudes tradicionales no deben obstaculizar el adelanto de las mujeres como miembros plenos de la sociedad. Se ha establecido un sistema para vigilar la protección de los derechos de la mujer con la participación de órganos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales; se está procurando conseguir asistencia de órganos de las Naciones Unidas y de expertos extranjeros.
Con respecto a la situación de las minorías nacionales, el orador se refiere a la política del Gobierno en relación con los idiomas. Si bien el uzbeko es el idioma oficial, en el artículo 4 de la Constitución se establece que la República de Uzbekistán debe garantizar una actitud de respeto hacia los idiomas, las costumbres y las tradiciones de todas las nacionalidades y los grupos étnicos que viven en su territorio y crear las condiciones necesarias para su desarrollo. Recientemente se estableció un Centro Cultural Internacional para coordinar las actividades de los más de 100 centros culturales existentes a fin de satisfacer las necesidades de casi todas las nacionalidades. Si bien los centros son organizaciones no gubernamentales, el Estado les da apoyo en todo sentido.
En los procedimientos judiciales se emplea el idioma de la mayoría de la población de la localidad de que se trate. En las zonas donde la mayoría es de habla rusa, en los tribunales se emplea el idioma ruso, pero las partes en la causa que no hablen ruso reciben el servicio de intérpretes. Los acusados en causas penales que no hablen el idioma de la zona en la que están siendo juzgados tienen acceso pleno a material escrito y tienen derecho a hablar su propio idioma en el tribunal, con la asistencia de un intérprete.
Más del 15% de la población es de habla rusa, una proporción superior a la de habitantes de etnia rusa, que es del 6%. Ese hecho se tuvo en cuenta en las políticas gubernamentales. En el país, hay más de 9.000 escuelas, de las cuales 845 dictan sus clases en ruso, 595 en kazajo, 339 en tayiko, 66 en turcomano y 63 en kirguiz. Además, 27 escuelas imparten enseñanza en coreano; 25 en tártaro de Crimea; 11 en tártaro; cuatro en griego; tres en uigur; y una en alemán. Más de 1 millón de estudiantes están aprendiendo alemán como idioma extranjero. En los institutos de formación docente se imparte enseñanza en kazajo, ruso y tayiko.
Los periódicos y las revistas se publican en siete idiomas: uzbeko, ruso, karakalpako, tayiko, kazajo, inglés y coreano. Se publican 69 periódicos y 27 revistas en ruso. Representantes de todas las nacionalidades y grupos étnicos participan activamente en la vida pública y todos tienen iguales derechos.
El Gobierno de Uzbekistán presta especial atención a la situación de la mujer. El Presidente proclamó 1999 Año de la Mujer y se han hecho esfuerzos por crear una base económica para promover la igualdad de la mujer. Se ha establecido un programa de lucha contra el desempleo de la mujer, por el que se exige a los nuevos lugares de trabajo que establezcan cupos para emplear a mujeres. También se han aplicado medidas para permitir que la mujer trabaje desde su casa. Se ha promulgado una ley especial en la que se prevén beneficios adicionales para las madres trabajadoras, como horarios de trabajo más cortos. El año 2001 fue proclamado Año de la Madre y el Niño, lo que representa una importante iniciativa del Gobierno para garantizar los derechos de las mujeres y los niños.
Según el Código de la Familia, la edad mínima para contraer matrimonio es 18 años para el hombre y 17 para la mujer, pero ésta puede casarse a los 16 años si queda embarazada. La piedra angular del derecho de familia es el consentimiento de la mujer para el matrimonio. La conducta de quien obligue a una mujer a contraer matrimonio contra su voluntad está tipificada como delito.
Se considera que los niños y los menores requieren protección especial. El Parlamento está redactando una ley sobre los derechos del niño. Se está estructurando un sistema de justicia de menores.
En relación con el párrafo 119 del informe, en que se hace referencia a la detención ilícita, la nueva Ley de tribunales establece un sistema de apelaciones contra todas las sentencias judiciales y también existe un procedimiento de denuncias.
En cuanto a la observación del Sr. Klein sobre la independencia de los jueces, el Gobierno de Uzbekistán reconoce que es un gran problema. Luego de estudiar la experiencia de otros países, el Gobierno llegó a la conclusión de que la independencia de los jueces podía garantizarse mediante el principio del mandato a término. De tal forma se eliminaría la preocupación de los jueces por la posibilidad de que una autoridad superior los separara del cargo. Cuando se aprobó la Constitución, el orador y otras personas propusieron un plazo de 10 años para el mandato. Esa propuesta provocó un intenso debate, y no obtuvo la aprobación del Parlamento. Conviene en que un mandato de cinco años es demasiado corto. A su juicio, la mejor manera de garantizar la continuidad de los jueces en sus cargos radica en que sean nombrados por el Presidente, y no elegidos, como ocurría en el período soviético. Sin embargo, los jueces del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional son elegidos por el Parlamento.
El Gobierno de Uzbekistán está haciendo todo lo posible por ser transparente y abierto. Por primera vez en la historia del país, se han publicado en los periódicos estadísticas sobre el sistema carcelario, incluido el número de reclusos, los delitos por los que fueron condenados y la tasa de delincuencia por cada 100.000 habitantes. El orador está seguro de que con el tiempo habrá plena libertad de acceso a todos los datos. La delegación de Uzbekistán está dispuesta a dar toda la información adicional que requiera el Comité.
La Sra. Medina Quiroga hace hincapié en que es importante que el Estado parte siga las directrices del Comité para preparar su informe y entregue toda la documentación al Comité con bastante anticipación.
Observa que a menudo las mujeres no tienen cómo limitar el número de hijos que han de tener, y que ha habido casos de autoincineración (párr. 112) debido a las condiciones de vida intolerables, y se pregunta qué está haciendo el Centro Nacional de Planificación de la Familia para mejorar esa situación. También se pregunta si los niños reciben un tratamiento especial acorde a su condición de tales en los tribunales (párr. 161) y cuando son detenidos o encarcelados; si tienen acceso a asistencia letrada, y si el Estado está adoptando medidas para impedir el trato degradante de los niños que se describe en el párrafo 323 del informe.
El Sr. Ando, en referencia a los párrafos 357 y 358 del informe, hace hincapié en que la ley y el orden son esenciales para la protección de los derechos humanos y se pregunta por qué hay diferencias en el grado de optimismo entre las personas de etnia uzbeka y las de etnia rusa. También se pregunta si las cifras citadas son una ampliación de la encuesta de Stephen Wagner o se tomaron de una encuesta auspiciada por el Gobierno, o bien de otra encuesta, y en qué medida las cifras son representativas de la población en general. Pide más información sobre la encuesta y se pregunta cómo explican las autoridades la diferencia en la percepción entre la etnia uzbeka y las poblaciones rusas.
El Sr. Amor dice que la información oral adicional ha permitido que el Comité comprenda mejor la situación de Uzbekistán. Sin embargo, se pregunta si el Estado parte asocia al extremismo religioso con las bandas armadas, el tráfico de drogas, etc. Advierte que el rótulo de “extremismo” a menudo se aplica con demasiada rapidez: por ejemplo, en el párrafo 104 no se define bien qué se entiende por “extremismo religioso”. Se pregunta cómo pueden “imponerse” actualmente las “tradiciones” y también qué mecanismos se están usando para erradicar esas prácticas. Los rótulos de extremismo se basan a menudo en una determinada percepción de las tradiciones, por ejemplo en el párrafo 112, en que se explica que el marido y la suegra dominan la familia. Observando que las culturas cambian lentamente, el orador hace hincapié en que el Estado tiene la obligación de promover los derechos humanos mediante la educación, la discriminación positiva a favor de la mujer e incluso la imposición de sanciones legales.
El Sr. Henkin dice que parece haber algunas incongruencias entre la descripción positiva que hace el Estado parte de su relación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las organizaciones no gubernamentales y señala que, por ejemplo, en el informe más reciente del Departamento de Estado se describió a Uzbekistán como un Estado autoritario con protección limitada de los derechos humanos, en el cual, de hecho, ha empeorado la ya mala actuación del Gobierno en materia de derechos humanos, y las organizaciones no gubernamentales han presentado muchos informes de casos recientes de aplicación de la tortura, a pesar de que el Estado parte alega lo contrario.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) observa que la Sra. Medina Quiroga dio a entender que el informe no se había elaborado de acuerdo con las directrices del Comité. El orador discrepa con esa afirmación: en realidad, se han cumplido las directrices. En opinión de su delegación, precisamente ese tipo de enfoque lleva al entendimiento mutuo. Aunque no todo se ha abarcado en el informe, en las respuestas escritas se encuentra información adicional.
La autoincineración es una forma de suicidio que puede encontrarse en ciertas regiones. El Gobierno de Uzbekistán, con la participación de las organizaciones no gubernamentales, está aplicando medidas para impedir el suicidio y la violencia contra la mujer. De los estudios realizados surge que, por lo general, la violencia contra la mujer es el resultado de los conflictos domésticos cotidianos. Siempre que ocurre un incidente de violencia o suicidio, se lleva a cabo una investigación y se formulan recomendaciones.
En lo tocante a la pregunta relativa al sistema de justicia de menores, prefiere usar el término “menores” y no “niños”. El término “joven” se refiere a los menores de 14 a 18 años de edad, contemplados en una sección especial del Código de Procedimiento Penal. En el sistema judicial, se les prestan servicios sociales para proteger sus derechos.
Pasando a la pregunta del Sr. Ando sobre la encuesta de Wagner (párrs. 357 y 358) dice que los resultados reflejan adecuadamente la situación y que el Gobierno, la población y las organizaciones no gubernamentales participarán en el seguimiento de la encuesta. Cree que es bastante alentador que el 48% de la población haya opinado que la situación en materia de derechos humanos ha mejorado desde la independencia y que sólo el 16% piense que la situación ha empeorado, lo que implica que el 84% de la población cree que la situación, por lo menos, no ha empeorado, o bien ha mejorado, y refleja las tareas del Estado para abordar positivamente la situación en materia de derechos humanos. También señala que el 59% de los entrevistados cree que las autoridades respetan sus derechos “suficientemente” o “plenamente”. Dará al Comité más información por escrito sobre la encuesta, según se solicite. El hecho de que haya habido casi un 95% de participación en las elecciones presidenciales más recientes demuestra la legitimidad del proceso electoral e indica que la población tiene confianza en las autoridades.
En respuesta al Sr. Amor, dice que el extremismo religioso puede socavar a la sociedad y, en ciertos momentos, puede manifestarse mediante los conflictos armados. El Gobierno de Uzbekistán promoverá los derechos humanos y la igualdad, y el orador conviene en que, especialmente en las sociedades tradicionales, la discriminación positiva puede utilizarse para promover los derechos de los menos favorecidos. Con respecto a la pregunta formulada por el Sr. Henkin sobre la relación de su Gobierno con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, hace hincapié en que hay contactos estrechos entre uno y otro y se ha mantenido un diálogo político en los tres últimos años. Pronto se celebrará un tercer seminario conjunto de los Estados Unidos y Uzbekistán en materia de derechos humanos y dice que en los informes anuales del Departamento de Estado se indica que la dinámica de los derechos humanos en el país ha tenido un cambio favorable. Personalmente, el orador ha iniciado un diálogo con el Embajador de los Estados Unidos sobre las ideas para mejorar las políticas de derechos humanos y ha planteado la cuestión relacionada con la evaluación más bien negativa contenida en el último informe. El Embajador respondió que el objetivo del informe no era hacer un balance de los progresos realizados sino destacar lo que todavía faltaba por hacer. La sincera evaluación de la situación contenida en el informe servirá para que el Gobierno de Uzbekistán tenga una orientación para la adopción de las medidas futuras.
El Presidente agradece al Estado parte su franco diálogo y la cantidad de información proporcionada en su informe y sus respuestas orales, pero lamenta que la documentación adicional se haya recibido sólo en el último instante. Hace hincapié en que el objetivo del Comité es formular una crítica constructiva sobre las futuras medidas de promoción de los derechos humanos. La infraestructura económica, política y social de Uzbekistán está en transición el país ha hecho esfuerzos encomiables en un período relativamente corto. Su Constitución es un buen documento y se ha establecido un Tribunal Constitucional que ya ha declarado que las pruebas obtenidas mediante la tortura y la coerción son inadmisibles; el Pacto también prevalece sobre el derecho nacional. Destaca la creación de la Oficina del Ombudsman, la tasa de alfabetización de casi el 100% y el hecho de que la enseñanza se imparta en 10 idiomas, incluidos los idiomas minoritarios.
Subsisten, sin embargo, algunos problemas. Se debe dar a los jueces la seguridad en el cargo para garantizar la independencia del sistema judicial, y pide más información sobre cuántos son, de hecho, los jueces cuyo nombramiento se renueva al final de su mandato de cinco años. Expresa preocupación respecto del artículo 16 de la Constitución, relativo a las disposiciones que podrían ser perjudiciales para los intereses de la República, y se pregunta quién hará la calificación correspondiente. La ley de secretos de Estado es de alcance demasiado amplio y cabe sugerir que también se promulgue una ley sobre libertad de información. Debe darse a publicidad el número de condenas a muerte cumplidas, y debe prohibirse la extradición o la expulsión de personas hacia países donde puedan estar expuestas a la pena de muerte o la tortura.
Expresa confianza en que el Gobierno tenga en cuenta las observaciones del Comité y agradece a la delegación su actitud constructiva y cooperativa. Está seguro de que se verán muchos cambios positivos en el próximo informe del Estado parte y espera que se apliquen las recomendaciones del Comité, que se resumirán en sus observaciones finales.
El Sr. Saidov (Uzbekistán) dice que a medida que se cree conciencia sobre el Pacto se irán eliminando los estereotipos y que la toma de conciencia es fundamental para promulgar leyes de promoción de los derechos humanos. El Gobierno de Uzbekistán tiene plena conciencia del papel esencial que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la promoción de los derechos humanos y la aplicación del Pacto, y desea lograr que las organizaciones no gubernamentales, los medios de difusión y todos los sectores de la sociedad civil participen en un continuo diálogo sobre los derechos humanos.
Hace hincapié en el empeño del Gobierno en cumplir con sus obligaciones internacionales con arreglo al Pacto y a su Protocolo Facultativo, que Uzbekistán ratificó sin reservas, y en lograr la efectiva aplicación de las disposiciones del Pacto. Se ha tomado debida nota de las preocupaciones del Comité, que se tendrán en cuenta en el próximo informe, el cual se ajustará plenamente a las directrices del Comité. El orador transmitirá a su Gobierno los pedidos de contar con más información formulados por el Comité al cual le agradece el diálogo constructivo y la comprensión de las dificultades de Uzbekistán que ha demostrado, teniendo en cuenta su ambiente geopolítico y su situación de país y economía en transición.