Comité de Derechos H umanos

96º período de sesiones

Acta resumida de la 2634ª sesión*

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 16 de julio de 2009, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Iwasawa

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del Artículo 40 del Pacto ( continuación)

Informe inicial del Chad (continuación)

* No se levantó acta resumida de las sesiones 2632ª y 2633ª.

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento , a la Dependencia de Edición, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas

Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del Artículo 40 del Pacto (tema 7 del programa) (continuación)

Informe inicial del Chad (CCPR/C/TCD/1; CCPR/C/TCD/Q/1; CCPR/C/TCD/Q/1/Add.1)

1. Por invitación del Presidente, la delegación del Chad toma asiento a la Mesa del Comité.

2.El Sr. Djasnabaille (Chad) afirma que la delegación del Chad lamenta no haber podido, por razones ajenas a su voluntad, presentar su informe en el 95º período de sesiones, como estaba previsto. La presencia de la delegación chadiana en el actual período de sesiones demuestra, sin embargo, el gran interés que el Gobierno del Chad otorga a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y atestigua su voluntad de cumplir con los compromisos contraídos. El examen del informe inicial será para el orador la ocasión de evaluar las iniciativas llevadas a cabo en materia de defensa y de promoción de los derechos humanos y lo que aún queda por hacer en ese ámbito.

3.Desde que conquistó su soberanía, el Chad ha hecho del principio de reconocimiento de los derechos de los pueblos una constante de su política nacional e internacional. Se ha adherido libremente a diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que figura el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con respecto al cual no ha emitido ninguna reserva o declaración interpretativa. Su adhesión a los principios de derechos humanos definidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha quedado reflejada en el preámbulo de su Constitución de 1996.

4.La voluntad del Chad de establecer un régimen democrático tras la sangrienta dictadura que llenó de duelo a todas las familias del país se materializó en la organización de la Conferencia Nacional Soberana de 1993, que formuló directrices concretas en cuanto a la creación de instituciones para proteger los derechos humanos. En 1994 se empezaron a poner en marcha esas instituciones con el establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, seguido de la adhesión, el 9 de junio de 1995, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la adopción por referéndum en 1996 de la Constitución, la organización de elecciones presidenciales y legislativas, la creación de la Corte Suprema, el Consejo Constitucional, el Consejo Supremo de la Comunicación, la Oficina Nacional de Mediación y el Consejo Económico y Social, después de la revisión constitucional de 2005, y está en vías de culminar con las próximas elecciones locales. Además, el Ministerio de Derechos Humanos, establecido en 2005 y también responsable desde 2008 de la promoción de las libertades, ha instaurado un comité técnico interministerial encargado del seguimiento de los instrumentos internacionales, con la tarea de preparar y elaborar los informes que deben presentarse a los distintos instrumentos internacionales.

5.El informe, que reagrupa el informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero, describe el contexto histórico, sociológico y ambiental en el que se ejercen los derechos civiles y políticos, poniendo de relieve las dificultades y obstáculos que se plantean y describe las medidas que el Gobierno tiene previsto adoptar a fin de garantizar el pleno ejercicio de esos derechos. Aborda, entre otros, el derecho a la libre determinación, el derecho a la no discriminación, el acceso a la justicia y a la educación, la libertad de expresión, de conciencia y de religión, la igualdad ante la justicia de hombres y mujeres, la violencia ejercida contra los niños y las mujeres, las restricciones que pueden imponerse a ciertos derechos, el respeto del ser humano y las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger y promover los derechos humanos.

6.Desde la conquista de la democracia en diciembre de 1990, la libertad de opinión y de expresión ya es una realidad. Las únicas restricciones que pueden imponerse son las necesarias para garantizar el respeto de las libertades y de los derechos de los demás y proteger el orden público y las buenas costumbres. La Constitución ampara también la libertad de asociación y de reunión. Así se han creado diversas asociaciones en diferentes esferas, como sindicatos y organizaciones de defensa de los derechos humanos, que hoy suman más de 3000.

7.No se puede evocar la situación de los derechos humanos en el Chad sin hablar de los trágicos afrontamientos que tuvieron lugar en la capital en febrero de 2008, lo que supuso una grave amenaza para las instituciones de la República, y de sus consecuencias para las libertades fundamentales. Tras esos acontecimientos, el Gobierno tomó distintas medidas para restablecer el orden y la seguridad y determinar las responsabilidades en materia de violaciones de los derechos humanos, en especial mediante el establecimiento de una comisión de investigación. Además, desde que estallaron en 2003 los conflictos en Darfur y en la República Centroafricana, el Chad ha tenido que hacer frente a una avalancha de refugiados. Ha instaurado un amplio dispositivo humanitario para garantizar los derechos reconocidos a los refugiados por los instrumentos internacionales, ha creado una Comisión Nacional de acogida a los refugiados y puesto en marcha un programa de recuperación precoz en el este del país. Ha elaborado igualmente medidas de protección especiales en las esferas de la promoción de la salud reproductiva, la protección de las personas discapacitadas, la lucha contra el VIH/SIDA y la protección de las personas que viven con el VIH/SIDA.

8.El Chad ha vivido una larga y tumultuosa historia de guerras y de violencia que han impedido el desarrollo de una verdadera cultura de los derechos humanos en el país. El Chad ha sido víctima de agresiones que han culminado con el ataque a diferentes ciudades y, entre ellas, la capital, en abril de 2006 y en febrero de 2008. Esas situaciones de guerra han engendrado numerosas violaciones de los derechos humanos, aniquilando todos los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno en esa esfera. El Gobierno del Chad es consciente de que el Comité detectará inevitables lagunas a causa de esas dificultades y tiene intención de continuar haciendo todo lo posible para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

9.Se ha previsto ya celebrar un foro nacional sobre los derechos humanos en noviembre de 2009, a raíz del cual el Ministerio de Derechos Humanos y Promoción de las Libertades articulará el plan de acción a corto, medio y largo plazo. En ese contexto, el Gobierno del Chad lanza un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que le ayude a lograr los objetivos que se ha fijado en la esfera de los derechos humanos.

10.El Presidente da las gracias al Sr. Djasnabaille por su exposición e invita a la delegación a responder a las cuestiones 1 a 9 de la lista de cuestiones.

11.El Sr. Djasnabaille (Chad) indica que el país ha incorporado las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a su legislación nacional, sobre todo al preámbulo de su Constitución de 31 de marzo de 1996, enmendado en 2005, y le ha otorgado primacía. Los ciudadanos pueden invocar las disposiciones del Pacto de igual manera que los demás instrumentos ratificados por el Chad, y también los tribunales, como lo demuestra un fallo de la Corte Suprema, de fecha 15 de diciembre de 2002.

12.La Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en 1994, posee amplias competencias, puesto que está facultada para presentar recomendaciones al Gobierno sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, incluidos la condición de la mujer, los derechos del niño y de las personas con discapacidad, a prestar asistencia al Gobierno y demás instituciones nacionales sobre todas las cuestiones referentes a los derechos humanos, a participar en la revisión de la legislación vigente y en la formulación de nuevas normas y a realizar investigaciones y estudios y publicar textos. No cabe poner en tela de juicio su independencia, puesto que ha sido creada por ley, tiene una composición paritaria (poderes públicos y sociedad civil), es una institución autónoma en lo que respecta a los temas que examina sin selección previa, por iniciativa propia, goza de total independencia con respecto a las recomendaciones al Gobierno, que se ocupa de difundir a la opinión pública y responde a las solicitudes de todas las personas que consideren ser víctimas de una violación de los derechos humanos. No dispone, sin embargo, de presupuesto propio, motivo por el cual no ha sido reconocida como entidad consultiva de categoría A, de conformidad con los Principios de París.

13.La libertad de movimientos está garantizada por el artículo 44 de la Constitución. No se exige ningún documento administrativo para viajar de una ciudad a otra, a diferencia de lo que ocurría en el decenio de 1980, período en el que se exigía un salvoconducto. El Gobierno ha retirado una serie de barreras y puestos de control policial y de la gendarmería y ya sólo se ven a la entrada de las grandes ciudades con el propósito de velar por la seguridad y la asistencia en caso de accidentes. Cabe imponer por orden judicial, sin embargo, una restricción de la libertad de movimientos, como pena accesoria (prohibición de residencia) o por razones de seguridad nacional y de mantenimiento del orden público, en caso de circunstancias excepcionales. Los extranjeros que hayan entrado legalmente en el Chad gozan de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Puede adoptarse una medida administrativa de expulsión contra los extranjeros que hayan llegado al territorio sin autorización previa de las autoridades.

14.A raíz de los conflictos registrados en los países vecinos, el Chad ha tenido que hacer frente a una oleada de refugiados: en 2005, el número de refugiados de Darfur ascendía a 220.000, de los que el 60% tenía menos de 18 años, el de la República Centroafricana se elevaba a 40.000 y había más de 160.000 personas desplazadas debido a los conflictos en el este del Chad. Los refugiados residentes en los centros urbanos, cuyo número se estima en 5.500 personas, proceden principalmente de la República Democrática del Congo, de Liberia, de Sierra Leona, de Rwanda, de la República Centroafricana y del Sudán. Son atendidos por el Gobierno, con el apoyo de las instituciones de las Naciones Unidas, y las organizaciones internacionales que se ocupan de los refugiados. En 2005 se firmó un protocolo de entendimiento entre el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a fin de encargarse de los niños sudaneses separados y no acompañados en el Chad. En total, se ha acogido a 437 niños separados y 104 niños no acompañados. Con fecha de 31 de diciembre de 1996, el Gobierno emitió un decreto por el que se creó la Comisión Nacional de Acogida de los Refugiados (CNAR) y se definieron las condiciones de concesión del estatuto de refugiado. A los refugiados y a sus hijos se les garantiza la protección y la asistencia humanitaria en el ejercicio de todos sus derechos, tanto civiles como económicos, sociales y culturales.

15.En la región de Dar Sila se han contabilizado 50.000 desplazados a causa de los conflictos entre comunidades, las incursiones de los djandjawids y los ataques de los rebeldes; de ese total, 1981 eran niños en edad escolar y 136, niños separados de sus padres. Su protección está garantizada por las organizaciones de las Naciones Unidas, el Gobierno del Chad y las asociaciones nacionales de defensa de los derechos humanos, que les aportan igualmente una asistencia humanitaria. En 2005 había aproximadamente 7500 niños que asistían a la escuela (primaria y preescolar) en el este del país. Se habían construido unas 360 aulas escolares y había otras 135 en fase de construcción. Esos niños cuentan con servicios sociales básicos y de higiene y son atendidos por trabajadores sociales con una capacitación especial. El Gobierno ha tomado medidas igualmente para garantizar la seguridad y la protección de los refugiados y ayudarlos a adquirir autonomía.

16.La Constitución y la legislación garantizan la igualdad de derechos en todas las esferas. En la práctica, ya está garantizada la igualdad en la escolarización de las niñas y los niños, pero aún quedan obstáculos de índole sociocultural, que acabarán desapareciendo, pues los chadianos son cada vez más conscientes de la importancia de enviar a las niñas a la escuela. El Gobierno está organizando campañas de gran envergadura y adoptando estrategias para fomentar la escolarización de las niñas y su permanencia en la escuela. Ha creado, por ello, una División de Fomento de la Escolarización de las Niñas y tomado medidas para garantizar la gratuidad de la enseñanza pública. El derecho a la educación está plasmado en la Constitución

17.La Constitución y la ley consagran el derecho al trabajo sin discriminación, y en su afán por poner coto a las prácticas discriminatorias contra las mujeres y los niños, el Chad ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Además organiza periódicamente jornadas de reflexión sobre las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres. Se está elaborando un proyecto de código de familia y varias instituciones de carácter social creadas por el Gobierno trabajan para promover los derechos de la mujer.

18.El Código Penal prohíbe el secuestro de niños, en virtud de su artículo 286, que se ha aplicado estrictamente en el caso del “Arca de Zoé”, organización no gubernamental francesa que, so pretexto de rescatar a niños sudaneses, intentó apoderarse ilegalmente de 103 niños chadianos en Abéché, en el este del Chad. La substitución de un niño por otro y el secuestro o rapto de un menor de 15 años están castigados respectivamente con una pena de dos a diez años de cárcel y de dos a cinco años de cárcel y una multa de 5 000 a 100 000 francos. La ley supedita el enjuiciamiento y la condena del autor de un secuestro que se haya casado con la víctima a la interposición de una demanda presentada por quienes tengan derecho a exigir la anulación del matrimonio y a que se haya concedido dicha nulidad (art. 289 del Código Penal).

19.En cuanto al derecho a la tierra, la situación está evolucionando, incluso en el medio rural. Cada vez hay más mujeres dueñas de huertos y que también tienen acceso a tierras cuya superficie varía exclusivamente en función de su capacidad de hacerlas producir.

20.El legado de la violencia, producto de muchos decenios de guerra, también ha afectado a las familias, por lo que se registran muchos casos de violencia familiar, cuyos autores reciben severos castigos. Las asociaciones civiles desarrollan considerables esfuerzos para ofrecer servicios de asesoramiento y sensibilizar a la población sobre los derechos de la mujer. A pesar de ello, los padres y las víctimas ocultan a menudo esos casos de violencia para no poner en peligro la unidad familiar, lo que dificulta la sanción del delito y explica que no se disponga de estadísticas al respecto. El Gobierno ha tomado diferentes medidas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, como la adopción de la ley sobre la promoción de la salud reproductiva, en virtud de la cual se prohíben todas las formas de violencia y, en especial, las mutilaciones genitales, los matrimonios precoces y la violencia doméstica y sexual.

21.La Constitución del Chad reconoce a los ciudadanos todos los derechos civiles y políticos. Sin embargo, en el caso de declaración del estado de excepción, pueden imponerse restricciones a ciertos derechos, entre los que figura el derecho de reunión pública, la libertad de prensa y la libre circulación de personas y de bienes. Esas medidas son decididas por el Presidente en Consejo de Ministros, tras consultar al Presidente de la Asamblea Nacional y al Presidente del Consejo Constitucional. La duración máxima del estado de excepción es de 15 días, renovable una sola vez por recomendación de la Asamblea Nacional. Como las decisiones tomadas en ese contexto se consideran actos de Gobierno, no están sujetas a impugnación por abuso de poder. Los ciudadanos cuyos derechos hayan sido violados pueden, sin embargo, recurrir a los tribunales civiles para solicitar reparación.

22.La Constitución garantiza los derechos de la familia y de la persona a no ser sometidos a tortura o a otros tratos degradantes o humillantes. El Chad se ha adherido a casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero no ha ratificado aún el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Las personas ejecutadas los días 6 y 9 de noviembre de 2003 se beneficiaron de un proceso equitativo. Fueron defendidas por abogados del turno de oficio, tuvieron derecho a ser oídas y su proceso fue público. Solicitaron el perdón presidencial, que les fue denegado. Los delitos castigados con la pena de muerte son el asesinato, el parricidio, el envenenamiento, el atentado contra la vida de una persona, contra el orden constitucional o la seguridad del territorio nacional, así como el atentado contra la vida del Jefe de Estado, de un miembro del Gobierno o de la Asamblea Nacional.

23.Desde su independencia, el Chad se sumergió en una espiral de violencia, guerras civiles, rebeliones armadas y agresiones exteriores que favorecieron el tráfico de armas de fuego y permitieron a bandas armadas organizar ataques contra la población. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Gobierno montó un dispositivo de seguridad en la frontera, autorizó el despliegue de un destacamento integrado por fuerzas de defensa y seguridad en las regiones afectadas, con el apoyo de las fuerzas del EUFOR y las de la Coordinación de las fuerzas de intervención en el Chad (CONAFIT) y ha creado una comisión nacional de desarme.

24.A raíz de los hechos ocurridos los días 2 y 3 de febrero de 2008 en Nyamena, que dieron origen a graves violaciones de los derechos humanos, el Gobierno estableció una comisión nacional de investigación, integrada por representantes de los poderes públicos y de la sociedad civil y de confesiones religiosas, con ayuda de observadores de la comunidad internacional, así como de un comité encargado de hacer efectivas las recomendaciones de la Comisión y de prestar asistencia financiera y psicológica a las víctimas. Entre las medidas concretas adoptadas, el Gobierno ha interpuesto una denuncia contra X para juzgar a los posibles culpables de exacción y creado una comisión integrada por magistrados y oficiales de la policía judicial que se encargará del seguimiento judicial de los delitos.

25.El Presidente da las gracias a la delegación e invita a los miembros del Comité a formular observaciones.

26.El Sr. Amor explica que, aunque es verdad que el informe inicial que se está examinando se ha presentado con retraso, hace gala de una sinceridad y una franqueza que son muy de agradecer. Da las gracias a la delegación por haber respetado el plazo fijado para presentar sus respuestas escritas a la lista de cuestiones que deben abordarse, aunque lamenta que no contengan más datos prácticos. A su llegada al poder, el actual Presidente del Chad declaró que no traía oro sino la libertad, lo que generó grandes esperanzas entre la población del país y la comunidad internacional. Es indudable que el Chad ha realizado grandes esfuerzos en el ámbito de la promoción de los derechos humanos, sobre todo por haber ratificado un gran número de instrumentos internacionales y regionales de defensa de los derechos humanos. El preámbulo de la Constitución del Chad menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos y dedica un título entero a las libertades y derechos fundamentales. El Chad trata igualmente de garantizar el respeto de la diversidad y de favorecer el buen entendimiento entre las diferentes comunidades presentes en su territorio. A pesar de esas pruebas de buena voluntad, la situación de los derechos humanos en el Chad dista mucho de ser satisfactoria.

27.El propio Estado parte reconoce que los violentos disturbios que han sacudido al país desde su independencia han dejado en las mentalidades y en los comportamientos huellas visibles aún hoy. Otro factor de dificultades es la multitud de etnias que integran la población del Chad y cuyas identidades muy marcadas impiden la emergencia de una verdadera identidad nacional y crean una situación en la que los usos y costumbres tienden a prevalecer, en la práctica, sobre la ley y las normas internacionales. No tiene nada de extraño que, en ese contexto, agravado aún más por la pobreza, los ciudadanos y a veces incluso los agentes del Estado, desconozcan relativamente la ley y más aún los instrumentos internacionales. Aunque es posible afirmar que el Estado chadiano no lleva a cabo una política deliberada de vulneración de los derechos humanos, no cabe negar, sin embargo, que esas violaciones existen.

28.La Constitución dispone que los tratados o acuerdos, una vez publicados, prevalecen sobre las leyes nacionales. Tras observar que el Pacto no parece ser conocido por la gran mayoría de la población y que sus disposiciones, por lo que tiene entendido, nunca han sido aplicadas por una jurisdicción chadiana, el Sr. Amor desearía tener la seguridad de que se ha publicado oficialmente. Agradecería más detalles acerca de la aplicación que se dio a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el caso Tchanguiz Vatankhah, refugiado de origen iraní detenido y a punto de ser expulsado y finalmente puesto en libertad en 2006.

29.La ratificación de un instrumento internacional supone la necesidad de asegurarse previamente de la compatibilidad de la legislación interna con ese instrumento y de proceder a una armonización si es preciso. Si bien algunas leyes chadianas son totalmente compatibles con el Pacto, otras lo son menos o no lo son en absoluto. ¿Tiene intención el Estado parte de proceder a una revisión sistemática de su legislación a fin de garantizar su compatibilidad con los compromisos contraídos en virtud del Pacto? La Constitución prevé una codificación de las normas consuetudinarias y tradicionales. Sería interesante saber si ese proceso se ha llevado a cabo satisfactoriamente y, en caso afirmativo, si han participado en él las autoridades tradicionales y si se han tomado en consideración las disposiciones del Pacto. No es posible garantizar el respeto de la diversidad cultural y de las tradiciones en detrimento del respeto de los derechos humanos. La Constitución establece, por lo demás, cuáles son los límites, puesto que prohíbe las costumbres contrarias al orden público o que fomenten la desigualdad. Es menester señalar que aún abundan las costumbres que imponen a las mujeres una situación inferior. Las normas consuetudinarias que rigen el matrimonio o la sucesión, por ejemplo, son inicuas para ellas. El hecho de que la Constitución subordine la aplicabilidad de esas reglas al consentimiento de las partes interesadas no modifica un ápice su incompatibilidad radical con los compromisos suscritos por el Estado parte en el marco del Pacto. En cuanto a prácticas como las mutilaciones genitales o la poligamia, no pueden justificarse de ninguna de las maneras desde el punto de vista de los derechos humanos. El Estado parte ha concedido a las autoridades tradicionales un estatuto constitucional, lo que en sí no tiene nada de malo, pero ¿no es de temer que la influencia de esas autoridades salga reforzada y que sea entonces más difícil acabar con ciertas costumbres contrarias a los principios de derechos humanos?

30.El establecimiento en 1994 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una iniciativa que honra al Estado parte. Ciertos aspectos del funcionamiento de esa institución suscitan, no obstante, preocupaciones respecto de las cuales el Comité desearía escuchar a la delegación. Parece ser, por ejemplo, que los representantes del Gobierno que son miembros de la Comisión tienen voz y voto, lo que, de ser así efectivamente, comprometería gravemente la independencia de esta última. Además, al parecer, la Comisión se ve ahora privada de varios de sus miembros, cuyo mandato ha expirado y no ha sido renovado. Si eso fuera así, ¿por qué razones no se ha renovado el mandato de esos miembros? La Comisión no dispone de un presupuesto propio, pero hay que esperar que esté recibiendo los recursos financieros que necesita para desempeñar sus funciones. En ese sentido, sería interesante saber si se le asignan recursos de oficio o si se hace en función de una evaluación de las necesidades realizada por la propia Comisión. Respecto al examen de las quejas, el Sr. Amor pregunta si la Comisión está dotada de poderes de investigación y si puede recurrir a la justicia cuando comprueba la existencia de una violación.

31.La Sra. Majodina indica que espera que, tras la cita frustrada de Nueva York, ese primer encuentro con la delegación del Chad marcará el inicio de una larga y fructífera colaboración entre el Gobierno del Chad y el Comité. Pone de relieve, con pesar, la ausencia de mujeres en la delegación chadiana y alienta al Estado parte a garantizar una mayor participación de la mujer en las delegaciones que lo representarán en el futuro ante el Comité. La pobreza y los brotes recurrentes de violencia en el Chad ponen en grave peligro la realización de los derechos humanos. Las poblaciones desplazadas que se han reagrupado al este del país, y más concretamente las mujeres y los niños, están expuestos a sufrir atentados de toda índole, como ejecuciones, secuestros, violaciones y torturas. Convendría disponer de más detalles sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para garantizar la protección de esas poblaciones. Sería interesante, sobre todo, saber si el Estado parte se inspira en los principios rectores de los desplazamientos internos (E/CN.4/1998/53/Add.2). La inseguridad reinante en la región impide a las organizaciones humanitarias acceder a los campamentos de desplazados. ¿Cuáles son las medidas emprendidas para facilitar el acceso de esas organizaciones? Unas 70.000 personas, al parecer, han regresado voluntariamente a su región de origen, aunque no se hayan disipado definitivamente los peligros de toda índole. Habría que saber si se han adoptado disposiciones para garantizar su seguridad.

32.La situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres del Chad va mejorando con dificultades. En la función pública, el porcentaje de mujeres es únicamente de un 10% y no hay más que un 6,5% de mujeres en el Parlamento. Si la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la educación explica en parte que pocas mujeres puedan desempeñar ese tipo de funciones, cabe sin embargo, preguntarse si las que poseen la cualificación necesaria para hacerlo no serán quizá víctimas de discriminación. Las mujeres, en particular en las zonas rurales, no tienen necesariamente la posibilidad de ejercer su derecho al voto; sin embargo, es una de las principales premisas para que las mujeres amplíen su participación en la vida política. Existen quizá obstáculos a esa participación en el seno mismo de los partidos. Agradecería todas las informaciones que la delegación pueda aportar al respecto. El Estado parte afirma que en la esfera del acceso a la propiedad y la sucesión, la ley no es discriminatoria. Ello no es óbice para que, en la práctica, las mujeres cultiven la tierra, pero no la posean, lo que representa una modalidad de explotación que no es exclusiva del Chad y que existe en muchos países de África. ¿Se está estudiando un proyecto de reforma agraria para poner término a esa situación?

33.En lo tocante a las muchachas, en la mayoría de los casos menores de edad, que son raptadas con fines matrimoniales, sería interesante saber si los raptores son puestos alguna vez a disposición del juez y condenados, si se han tomado medidas para combatir esa práctica y, en términos generales, si se han emprendido iniciativas para sensibilizar a la opinión pública respecto de la igualdad entre hombres y mujeres, en particular para informar a estas últimas de sus derechos. Se han desplegado muchos esfuerzos para fomentar la escolarización de las niñas, pero ¿qué ocurre con la alfabetización de los adultos? En general, sería interesante saber en qué medida el Chad ha avanzado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en las esferas de la salud y la educación y más concretamente en el caso de las mujeres.

34.La violencia familiar se explica por diferentes factores, entre ellos los matrimonios forzosos, pero está más extendida en el este del país y cabe preguntarse si guarda relación con los desplazamientos constantes de la población en esa región. Otro aspecto de la violencia familiar estriba en el hecho de que se considere con frecuencia a los niños como una fuente de ingresos para la familia. El Estado parte afirma que los autores de actos de violencia familiar se exponen a penas muy severas, pero según las ONG, quedan a menudo impunes. Por último, sería útil saber si el Estado parte sostiene las actividades de las ONG que ayudan a las víctimas, como la Asociación de Mujeres Juristas del Chad y si ha previsto crear tribunales encargados específicamente de los casos de violencia en el hogar o adoptar otras medidas, como las previstas en el Programa de Acción de Beijing, que el país subscribió.

35.La Sra. Wedgwood dice que lamenta que no haya ninguna mujer en la delegación del Estado Parte, pero desea subrayar que es consciente de la situación tan difícil que atraviesa actualmente el Chad. Alienta al Gobierno a intensificar su colaboración con las organizaciones no gubernamentales (ONG), pues realizan un trabajo esencial. Al igual que el CICR informa a los generales de lo que ocurre efectivamente en el campo de batalla, son las ONG las que hacen llegar a las autoridades las informaciones que los propios funcionarios se abstienen de transmitir, porque resultan negativas. Además, si el Gobierno no aprovecha la ocasión que le ofrece el informe periódico para dar una respuesta a los hechos comunicados por las ONG, el Comité no podrá basarse más que en la versión que estas últimas ofrecen.

36.Convendría conocer cuántas veces se ha declarado el estado de excepción y cuál ha sido el procedimiento, cuáles son los derechos cuyo ejercicio queda entonces suspendido y si se mantiene alguna forma de control judicial. Se invita al Estado parte a remitirse a la Observación General nº 29 del Comité sobre el artículo 4 del Pacto (relativa a la suspensión de obligaciones durante un estado de excepción), en la que se enuncian los derechos que no se pueden suspender incluso en circunstancias excepcionales. En cuanto a la pena de muerte, el Estado parte explica que ha levantado la moratoria sobre las ejecuciones debido a la gran inseguridad y a las dificultades con que tropieza para proteger a la población. Es menester recordar, sin embargo, que la imposición de la pena capital debe ajustarse a las disposiciones del Pacto y que no puede, en ningún caso, imponerse automáticamente a ciertos delitos, pues siempre tiene que existir la posibilidad de que un tribunal examine las circunstancias atenuantes. Cabe preguntarse también, por qué, si existía un debate sobre la pena de muerte, se han reanudado en gran número las condenas y las ejecuciones en cuanto se levantó la moratoria (9 ejecuciones y 4 condenas, sólo en noviembre de 2003, según las ONG). Además de esas ejecuciones judiciales, las ONG denuncian también ejecuciones imputables a las fuerzas de seguridad, en especial en Kouno, así como desapariciones, lo que no es sino una forma de ejecución. Agradecería los comentarios de la delegación al respecto. Por último, en el caso de Adouma Alí Ahmat y sus coacusados, transcurrieron menos de seis semanas entre la detención y la ejecución. Sin embargo, un tribunal debe tener la convicción antes de dictar una pena capital y la investigación debe haber sido lo más rigurosa posible. Merece la pena aclarar, además, diversas alegaciones relativas a ese proceso; por ejemplo, que los acusados no dispusieron, al parecer, de asistencia letrada mientras estaban detenidos por los servicios de información, que algunos fueron torturados y que, tras la ejecución, no se entregaron los restos mortales de un condenado a su esposa.

37.Según las ONG, a veces ocurre que los detenidos son víctima de malos tratos a manos de la policía y la gendarmería. El Gobierno explica que se efectúan visitas por sorpresa para supervisar la situación, pero sería útil saber qué otras medidas se han tomado. Así mismo, a propósito de los ataques que miembros de las fuerzas se seguridad vestidos de civil cometieron, aparentemente, contra particulares, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de impartir a los militares una capacitación para tratar y proteger a los civiles. Tienen que entender que no se tolerará ningún abuso y que los superiores jerárquicos también pueden ser considerados responsables de los actos de sus subordinados si han dado pruebas de negligencia en la prevención de esos actos. Los tribunales internacionales aplican habitualmente ese principio de “responsabilidad del superior jerárquico” en los casos de crímenes de guerra.

38.Pasando a la violencia contra la mujer, la oradora se pregunta si el Estado parte ha previsto encomendar ese tipo de casos a personal femenino, que estaría en mejores condiciones de recabar la colaboración de las víctimas. Advierte, por último, que las medidas anunciadas por el Gobierno para hacer un seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Investigación son muy generales, siendo así que se había encargado a ese órgano que investigara sobre alegaciones muy concretas, relativas a los acontecimientos ocurridos en Nyamena en febrero de 2008. Resulta siempre mucho más fácil establecer informes que actuar sobre el terreno, pero incluso en una situación de caos, como la que reina en el Chad, las fuerzas de seguridad deben estar en situación de mantener el orden, respetando al mismo tiempo los derechos humanos.

39.El Sr. Fathalla detecta una contradicción entre el artículo 31 de la Constitución, que garantiza el acceso a los empleos en la administración pública a todos los ciudadanos sin discriminación, con la única salvedad de que reúnan las condiciones específicas de cada puesto y el artículo 17 de la Ley citada en el párrafo 50 del informe inicial, según el cual el acceso a la función pública está reservado exclusivamente a los chadianos de origen o naturalizados desde cinco años al menos. Quisiera saber, además, si se ha adoptado el Código de la Familia elaborado en 2005 y si se han subsanado las lagunas que existían en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

40.El Sr. Thelin dice que es consciente de que el Chad debe hacer frente a múltiples problemas que pueden explicar ciertas lagunas. Sin embargo, adoptar leyes y medidas es una cosa y ponerlas en práctica, otra. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano esencial, existe desde hace 15 años, pero no parece funcionar. Está compuesta en un 50% por representantes de los poderes públicos y de la sociedad civil, pero se ignora cómo se nombra a esos miembros, ni por cuánto tiempo y qué papel desempeñan las ONG en su selección. De igual manera, sería útil saber si la Comisión ha ejercido su poder de examinar temas por iniciativa propia y, en caso afirmativo, con qué frecuencia, se formulan recomendaciones al Gobierno, si publica un informe anual y si ya ha examinado recursos presentados por particulares. Por último, el Estado parte señala que, por falta de recursos, la Comisión no es totalmente independiente y no cumple plenamente los Principios de París, pero no especifica lo que prevé hacer a ese respecto

41.La Sra. Keller lamenta, también, que no figure ninguna mujer en la delegación del Chad. Para completar las preguntas formuladas por la Sra. Wedgewood acerca de la pena de muerte, pregunta cuánto tiempo permanecen en la cárcel los condenados a muerte antes de ser ejecutados.

42.El Sr. Bhagwati señala que espera que la delegación que vendrá a presentar al Comité el próximo informe periódico cuente entre sus miembros a mujeres.

43.El número de refugiados es aparentemente muy elevado en el Chad, lo que plantea, sin lugar a dudas, dificultades. ¿Se han beneficiado las autoridades chadianas de la asistencia del Alto Comisionado para los Refugiados y, en caso afirmativo, que forma ha revestido esa asistencia?

44.Convendría saber si existen disposiciones que garanticen la gratuidad de la enseñanza para las niñas, lo que es tanto más necesario cuanto que, en caso contrario, las familias podrían mostrarse reacias a enviar a sus hijas a la escuela, prefiriendo que se quedasen en casa para realizar las tareas domésticas.

45.Por último, el orador querría saber qué disposiciones se han tomado con miras a articular una justicia para menores, cómo se juzga a los jóvenes delincuentes y si se benefician de un tratamiento apropiado (medidas educativas, separación entre los menores y los adultos detenidos, etc.).

46.El Sr. Rivas Posada señala que la enumeración de los delitos que conlleva la pena de muerte, que figura en el párrafo 27 del texto de las respuestas escritas, no es aparentemente exhaustiva y pide a la delegación chadiana que presente la lista completa de los delitos castigados con la pena capital.

47.El Presidente propone suspender unos minutos la sesión para permitir a la delegación preparar sus respuestas a las preguntas que se le han formulado.

Se suspende la sesión a las 17.10 horas; se reanuda a las 17.30 horas

48.El Sr. Djasnabaille (Chad) se congratula del diálogo entablado con el Comité, cuyas preguntas y observaciones ayudarán al Chad a mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos. Convendría mantener la dinámica que se ha establecido, inclusive bajo otras modalidades, y la delegación invita a los miembros del Comité a visitar el Chad, pues no hay nada que substituya la comprobación objetiva de la realidad que ofrecen las visitas sobre el terreno.

49.Antes de responder a las preguntas formuladas por los miembros del Comité, conviene volver a plantear la aplicación del Pacto en el contexto general de la situación del Chad y de las dificultades con que tropiezan tanto las autoridades del Estado como las asociaciones de la sociedad civil. La primera dificultad estriba en la inseguridad que reina en el país, debido fundamentalmente a la guerra en Darfur. Las autoridades están haciendo frente a una agresión procedente del Sudán y no les queda otra opción que defender la integridad territorial de su país. Los problemas que surgen así en la región oriental del Chad exigen, por lo demás, una respuesta global de la comunidad internacional que el Chad solo no podrá aportar. Si la necesidad de defender la integridad territorial y de garantizar la protección de la población del país se impone, por tanto, con fuerza a las autoridades, no por ello son éstas menos conscientes de que cuando las armas hablan, los derechos humanos retroceden, lo que evidentemente no es en absoluto deseable. Al hilo de los diferentes conflictos que han sacudido al Chad, el ejército ha ido engrosando sus filas con soldados que no han recibido formación alguna y que se limitan a llevar un arma en la mano. Los problemas en el seno del ejército están a la orden del día, pues un ejército mal formado no conoce apenas límites. Las autoridades del Estado deben contemporizar, sin embargo, con el ejército tal como es y hacer, por tanto, gala de tacto, cuando se plantean la posibilidad de sancionar a militares que han cometido delitos, pues son los que se encargan concretamente de la defensa de la integridad territorial. En la situación compleja que no es de guerra ni de paz que caracteriza al Chad, el Gobierno asume sus responsabilidades y tiene la voluntad de cambiar las cosas. En ese sentido, se esfuerza por disciplinar y mejorar la estructura de las fuerzas armadas, poner en marcha una capacitación destinada a los militares y supervisar las condiciones de reclutamiento. Es consciente igualmente de la necesidad de adoptar sanciones cada vez que se demuestre que se han cometido violaciones de los derechos humanos, procurando, sin embargo, no obtener resultados contrarios a los que pretende conseguir. En cuanto a la cuestión específica de los niños soldado, la delegación del Chad desea asegurar al Comité que, aunque puede ocurrir que haya jóvenes que participan en los combates, lo que no se puede evitar por una serie de razones (lazos familiares con las víctimas de la agresión, proximidad geográfica, etc.), no existe una política de las autoridades de reclutar a niños para el ejército. En términos generales, la mejora de la situación exigirá tiempo, habida cuenta de la magnitud de los desafíos que debe afrontar el Gobierno. Así pues, el ejército chadiano se esfuerza, en cooperación con las fuerzas internacionales, por garantizar una relativa seguridad en el este del país. Otra grave responsabilidad que recae sobre las autoridades del Chad es la de asegurar la protección de las organizaciones internacionales humanitarias presentes en el territorio nacional.

50.Hay que recordar también que la sociedad chadiana está marcada por una cultura de la violencia, por una parte, y por una cultura masculina, por otra. Una situación semejante no se modifica sin tomar medidas enérgicas, que requieren tiempo. Las autoridades del Chad esperan, por lo demás, que la comunidad internacional apoyará sus esfuerzos en ese sentido y tienen mucho interés en lograr la participación de diferentes interlocutores internacionales en la evaluación y mejora de la situación en el ámbito de los derechos humanos. El hecho de que en la delegación que ha venido a presentar el informe inicial ante el Comité no figure ninguna mujer demuestra efectivamente que las mujeres no ocupan aún en la sociedad chadiana el lugar que les corresponde. El Gobierno es consciente de que las cosas deben cambiar y de que es preciso tomar medidas en ese sentido. Es verdad que hay algunas mujeres en el Gobierno, que éstas representan el 6% de los diputados y que existen mujeres fiscales, pero todo eso no es en absoluto suficiente. Las autoridades chadianas no escatiman esfuerzos con tal fin, al que pretenden que se sumen en gran medida, por lo demás, las ONG nacionales.

51.En términos generales, la situación en materia de protección de los derechos humanos dista mucho de ser satisfactoria. En especial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo existe en realidad sobre el papel. Su estatuto no está claro, su composición plantea problemas, su independencia no está garantizada de hecho, cuestiones todas ellas que las autoridades se esforzarán en resolver para que la Comisión pueda desempeñar finalmente su verdadero papel. El Ministerio de Derechos Humanos y Promoción de las Libertades, dirigido por el Sr. Djasnabaille, es el motor de las iniciativas del Gobierno en pro de los derechos humanos, aunque su tarea no sea fácil, debido a que en los otros ministerios no siempre se entiende bien el carácter transversal de su misión. Tropieza también con otras dificultades, en especial porque en el Chad la opinión pública no considera prioritaria la cuestión del respeto de los derechos humanos. Además, los problemas son múltiples y requieren una acción plural: por ejemplo, hay que procurar arrojar toda la luz posible sobre los casos de secuestro que se registran en el Chad, pero también mejorar la situación deplorable de las infraestructuras penitenciarias, en un contexto de restricciones presupuestarias, combatir el problema de la diya (“precio de la sangre” pagado a los padres de una víctima de homicidio), etc.

52.Sobre todas esas cuestiones, las autoridades chadianas se han propuesto mantener un contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil y actuar en colaboración con ellas. La acción llevada a cabo por las ONG es positiva, aunque, por desgracia, no siempre es reconocida. El Ministerio de Derechos Humanos y Promoción de las Libertades está dispuesto, por lo demás, a cooperar con las ONG nacionales con miras a formular recomendaciones al Gobierno en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas