Comité de Derechos Humanos

105º período de sesiones

Acta resumida (parcial)* de la 2902ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 13 de julio de 2012, a las 15.00 horas

Presidenta :Sra. Majodina

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (continuación)

Informe inicial de Maldivas (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto (continuación)

Informe inicial de Maldivas (CCPR/C/MDV/1; CCPR/C/MDV/Q/1 y Add.1) (continuación)

1. Por invitación de la Presidenta, la delegación de Maldivas toma asiento a la M esa del Comité.

2.El Sr. Jameel Ahmed (Maldivas), en respuesta a las denuncias de casos reiterados de personas mantenidas en detención policial sin formulación de cargos durante más de 24 horas, lo que excede el límite de tiempo establecido en la Constitución, dice que el Gobierno vela por que el Servicio de Policía de Maldivas funcione de conformidad con la Ley de policía y la Constitución. Sin embargo, en los tres años anteriores a la toma de posesión del actual Gobierno, varias personas fueron mantenidas en detención policial durante más de 24 horas. Reitera que, según la Constitución, ninguna persona puede permanecer detenida durante más de 24 horas sin comparecer ante un juez o sin que se haya obtenido una orden judicial. Una vez transcurrido ese plazo, se celebra una audiencia en la que el juez determina durante cuánto tiempo se puede mantener a la persona en detención provisional sin cargos.

3.Lamenta que, si bien se ha enmendado la Constitución con miras a modernizar el sistema de justicia penal, las nuevas disposiciones que se han aplicado integralmente desde 2008, entre ellas las destinadas a acelerar la puesta en libertad o la presentación de acusaciones contra las personas detenidas, han sido muy escasas. La falta de aplicación de esas disposiciones se puede atribuir a la reorganización del sistema de justicia penal que se viene llevando a cabo a partir de la introducción de la nueva Constitución en 2008 y a las dificultades para facilitar los recursos necesarios a las instituciones competentes. Recuerda que el anterior Presidente de Maldivas defendió en varias ocasiones la detención policial sin formulación de cargos durante más de 24 horas y la negación del derecho de habeas corpus, y espera que con el paso del tiempo el sistema judicial de Maldivas llegue a estar a la altura del de otros países y se proceda a la presentación de acusaciones formales contra los detenidos de forma rápida, lo que evitará la necesidad de mantenerlos en detención policial sin cargos durante largos períodos.

4.En referencia a cuándo va a aprobar el Parlamento el proyecto de ley de pruebas, dice que el proyecto de ley está actualmente en fase de comisión parlamentaria y que, dada su importancia para el sistema de justicia penal, se aprobará lo antes posible.

5.Maldivas ha abandonado la práctica de los juicios basados en confesiones y, en la actualidad, los juicios se basan en pruebas. Además, los juzgados aceptan actualmente pruebas forenses, especialmente en casos de delitos graves como asesinatos o delitos sexuales.

6.En referencia al tema de la separación de internos en las prisiones, indica que los presos en espera de juicio llevan ya cierto tiempo separados de los presos convictos, que actualmente también están separados en función de la gravedad del delito cometido. Se tiene por norma separar a los reclusos por género.

7.Desafortunadamente, antes de la introducción de la nueva Constitución, el sistema de prisiones de su país había sido descuidado. Para aliviar el hacinamiento en muchas prisiones, el Gobierno se ha propuesto renovar las instalaciones actuales y añadir dos bloques a una de las prisiones más importantes. Únicamente puede mantenerse en aislamiento a los presos en circunstancias excepcionales; la práctica está sujeta a normas estrictas. Explica que el proyecto de ley de prisiones y libertad condicional ha sido presentado ante el Parlamento para que este lo examine, pero que su aprobación podría retrasarse debido al detallado análisis que requiere.

8.En cuanto a la trata de personas, el hecho de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América haya colocado a Maldivas en el nivel 2 de la lista de vigilancia representa una seria preocupación y ha incitado al Gobierno a tomar medidas para atajar el problema. A este respecto, el Gobierno ha elaborado un proyecto de ley sobre la trata de personas, que ha presentado ante el Parlamento para que lo someta a examen. Sin embargo, algunas de las partes interesadas lo han considerado demasiado rudimentario y han solicitado aportaciones externas. Así, el Gobierno, con la colaboración del Gobierno australiano, está preparando un proyecto de ley que prohíba y sancione la trata de personas. Una vez finalizado, se traducirá y se enviará al Parlamento para su aprobación.

9.Por lo que respecta a la situación de los inmigrantes ilegales, el Gobierno ha anunciado una amnistía para todos los inmigrantes que hayan permanecido en el país durante más tiempo del permitido por la ley. Como parte de la amnistía, el Gobierno asumirá el costo de repatriar a estos inmigrantes a su país de origen siempre y cuando se presenten ellos mismos ante las autoridades.

10.Pasando a la cuestión de los ataques contra medios de comunicación, dice que la nueva Constitución establece que los medios de comunicación deben ser completamente independientes del control estatal y que el Gobierno apoya totalmente el derecho a libertad de expresión de los medios de comunicación. Es cierto que bajo el Gobierno anterior se produjeron incidentes de agresiones físicas a periodistas y ataques a cadenas de televisión y se pidió a los medios de comunicación que censurasen ciertos contenidos.

11.La Constitución también garantiza el derecho a la libertad de reunión, como demuestra el hecho de que las manifestaciones que están teniendo lugar en estos momentos en Malé no sufren restricciones innecesarias. Bajo el Gobierno anterior, sin embargo, fueron reprimidas por la fuerza. Subraya que las informaciones sobre la dispersión de manifestaciones no reflejan con exactitud la situación en Maldivas.

12.Según el derecho islámico, el matrimonio entre un hombre maldivo y una mujer no musulmana solo se permite cuando la mujer no musulmana pertenece a uno de los "pueblos del Libro", es decir, es miembro de la religión cristiana o judía. En casos de matrimonios mixtos, una mujer no musulmana puede residir permanentemente en Maldivas, pero no puede convertirse en ciudadana maldiva.

13.La Sra. Maumoon (Maldivas) dice que la nueva Constitución asegura la completa independencia del poder judicial. Para garantizar su independencia y su funcionamiento eficaz, la Comisión del Servicio Judicial está integrada por representantes de distintos tribunales, entre los que figuran el Tribunal Superior, el Alto Tribunal y el Tribunal Supremo, así como por el Presidente del Maylis del Pueblo (Parlamento), el Fiscal General, un miembro del Parlamento, y representantes del Presidente. La oradora destaca que, aunque la Comisión continúa enfrentándose a numerosos desafíos, no es en manera alguna disfuncional o ineficaz.

14.Un representante del anterior Presidente intentó politizar la labor de la Comisión oponiéndose de forma vehemente a la toma de posesión de ciertos jueces y magistrados que no estaban dispuestos a servir a los intereses políticos del Presidente. Tras ese incidente, el representante intentó empañar la reputación de algunos magistrados haciendo alegaciones en su contra y calificó a todo el poder judicial de corrupto, aun cuando lo más probable es que las alegaciones formuladas contra el Juez Abdulla Mohamed careciesen de fundamento y hubiesen sido inventadas por intereses políticos. Además, el jefe de su delegación, el Sr. Jameel Ahmed, fue detenido arbitrariamente en enero de 2012 sin que se tuvieran en la debida consideración sus derechos. El Juez Abdulla Mohamed dictaminó posteriormente que la detención del Sr. Jameel Ahmed era ilegal y, tras ordenar su liberación, fue él mismo apresado y recluido durante más de 48 horas.

15.La Sra. Adam (Maldivas) dice que las recomendaciones formuladas por el Sr. Despouy, anterior Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, fueron una ayuda inestimable para su Gobierno durante el proceso de democratización. Además, la Misión Permanente de Maldivas en Ginebra colaboró con la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en la organización del envío de una misión al país. Sin embargo, muy pocas de las recomendaciones hechas por la CIJ se llevaron a la práctica, pues no fueron aceptadas por el poder judicial. No obstante, el Gobierno continuó con sus intentos de reforma del sector de la justicia y, para ello, solicitó a varios juristas eminentes, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que llevasen a cabo una misión en Maldivas para contribuir a la reforma y al fortalecimiento del sistema judicial. El Gobierno convocó también una mesa redonda, compuesta por varios representantes del poder judicial, sobre la reforma del sector de la justicia. Desafortunadamente, la falta de apoyo por parte de los interesados nacionales más importantes hizo que esas iniciativas tuviesen que ser suspendidas de forma indefinida.

16.El Sr. Jameel Ahmed (Maldivas) dice que, si bien la situación es mejorable, los miembros del poder judicial son profesionales altamente calificados. La primera mujer jueza tomó posesión de su puesto en 2007; hay actualmente cinco juezas en ejercicio y otras mujeres que han terminado sus estudios están a la espera de jurar el cargo. Muchos de los jueces han estudiado en el extranjero y han recibido formación no solo sobre la sharia sino también sobre otros sistemas jurídicos. Espera que los miembros del poder judicial sigan teniendo acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo en el futuro.

17.La Sra. Maumoon (Maldivas) dice que su Gobierno condena enérgicamente el odio religioso y lamenta constatar que algunos oponentes políticos están tomando parte en ataques contra personas en función no solamente de su religión, sino también de su apariencia física, incluido el color de la piel. El Gobierno espera atajar el problema de forma efectiva y prevenir así una mayor polarización de la sociedad maldiva.

18.Si bien el Gobierno es firme defensor de las libertades de reunión y de asociación, muchas de las protestas recientes que han sido descritas como pacíficas han sido, en realidad, violentas, y hay actualmente un debate sobre el punto a partir del cual el derecho de manifestación vulnera el derecho de otros a disfrutar de seguridad.

19.El Sr. Thelin desea saber cómo podrá el Gobierno poner en práctica su Plan de Acción contra la trata de personas para 2011-2013 sin contar con datos de referencia algunos relacionados con la trata de personas. Sugiere que debe priorizarse la recopilación de datos sobre lo que, según las estimaciones disponibles, constituye un problema muy serio.

20.El Sr. Salvioli indica que los 15 casos de hostigamiento e intimidación de periodistas mencionados en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas ocurrieron después de la aprobación de la nueva Constitución. Pregunta si se llevaron a cabo investigaciones, si se identificó a los autores, y si se impusieron condenas o sanciones en esos casos.

21.El Sr. Kälin dice que el Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos se reunió con comunidades que temían ser reubicadas forzosamente debido al aumento del nivel del mar. Pregunta si el ordenamiento jurídico actual incluye garantías de que esas reubicaciones sean voluntarias en lugar de forzosas y de que se consulte adecuadamente a las comunidades afectadas. También desea saber si existen disposiciones que estipulen las condiciones bajo las cuales se pueden ordenar y aplicar esas reubicaciones, y la compensación a proporcionar.

22.Lamenta que el Estado parte no haya aceptado la recomendación realizada durante el examen periódico universal, que lo instaba a ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Pregunta de qué mecanismos de protección se dispone para garantizar la no expulsión o extradición de individuos a lugares donde corran el riesgo de ser perseguidos, torturados o sometidos a violaciones similares de los derechos humanos.

23.El Sr. Flinterman dice que desea subrayar la necesidad urgente de aprobar el proyecto de ley que prohíbe y castiga todas las formas de trata de personas, y solicita más información sobre el contenido del proyecto de ley y del Plan de Acción contra la trata de personas para 2011-2013. Desea saber si incluyen procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas, medidas para crear mayor conciencia pública y disposiciones para garantizar que empleadores e intermediarios laborales no utilicen la tramitación del permiso de trabajo para someter a los trabajadores a trabajo forzoso.

24.El Sr. Bouzid dice que en 2009 Maldivas presentó al Consejo de Derechos Humanos una propuesta para celebrar una mesa redonda sobre la relación entre cambio climático y derechos humanos, y pregunta cuánto se ha avanzado en ese tema.

25.El Sr. O' Flaherty solicita más información sobre el proyecto de ley de asistencia judicial que se está redactando actualmente. Refiriéndose a los párrafos 102 a 104 de las respuestas escritas (CCPR/C/MDV/Q/1/Add.1), pregunta cómo puede el Gobierno apoyar plenamente un plan diseñado por la Comisión del Servicio Judicial cuando considera que este órgano está inherentemente viciado. Desea saber si el Estado parte estudiaría la posibilidad de nombrar a jueces extranjeros, práctica común en países pequeños que, de otra forma, sufrirían de lagunas de competencias en su poder judicial. Cree haber entendido que las cinco juezas presiden tribunales inferiores, lo que indica una ausencia de representación de la mujer en más altas instancias.

26.Sir Nigel Rodley dice que un poder judicial malo que sea independiente y esté fuera de control puede resultar peor que un poder judicial competente pero que tenga dificultades para afirmar su independencia. Es preocupante que la Constitución parezca no exigir que los miembros del poder judicial tengan los conocimientos necesarios para el desempeño de una función tan importante. Recuerda al Estado parte que las actuaciones de cualquier poder del Gobierno, incluido el judicial, pueden tener como resultado violaciones del Pacto, y pide garantías de que el poder judicial de Maldivas es digno de los esfuerzos para salvaguardar su independencia, o lo será.

27.El Sr. Jameel Ahmed (Maldivas) dice que uno de los jueces del Alto Tribunal es una mujer. Considerando las muchas mujeres que han terminado sus estudios y que están a la espera de acceder a la carrera judicial, espera que el porcentaje de juezas aumente.

28.La reubicación forzada no ha sido nunca una política ni una práctica del Gobierno y, aunque este ofrece compensación e incentivos de vivienda para quienes acepten reubicarse voluntariamente, algunas personas deciden no marcharse, lo que da lugar a situaciones en las que algunas islas se quedan con 20 habitantes o menos. El Gobierno necesita formular una política que consolide el desarrollo y la infraestructura, de manera que sus ciudadanos tengan un mejor acceso a los servicios.

29.El objetivo del proyecto de ley de asistencia judicial es aplicar la disposición constitucional que consagra la asistencia judicial como derecho fundamental. El proyecto de ley se encuentra actualmente ante el Fiscal General y es de esperar que se presente pronto ante el Parlamento.

30.Es necesario revisar muchos aspectos de la Comisión del Servicio Judicial. Sus problemas no vienen únicamente de su composición; también se deben tomar medidas para mejorar su capacidad y sus recursos. Cuando el artículo de la Constitución que hace referencia a la Comisión se debatió en el Parlamento, se acordó que el conjunto de miembros de la Comisión debía no solo reflejar la composición del poder judicial sino incluir también a representantes de otras instituciones y profesiones como, por ejemplo, miembros elegidos por el Presidente, representantes parlamentarios y representantes de la profesión jurídica y de la Comisión del Servicio Civil. Si bien se ha argumentado recientemente que la membresía de la Comisión debería haberse limitado a funcionarios judiciales, toda enmienda a la Constitución exigiría una mayoría de dos tercios en el Parlamento. En las actuales circunstancias, con un país que se enfrenta a protestas en la calle, investigaciones sobre el traspaso de poderes y una situación económica adversa, esa modificación representaría un importante desafío. Por lo tanto, el Gobierno se centrará, por el momento, en apoyar el plan estratégico de fortalecimiento institucional de la Comisión del Servicio Judicial.

31.La Sra. Maumoon (Maldivas) dice que las autoridades no han recurrido a la reubicación forzada, ni siquiera después del tsunami, cuando muchas personas optaron por la reubicación debido a la dificultad para ofrecer la ayuda necesaria a las islas más apartadas. Durante el período de recuperación, se consultó ampliamente a las comunidades acerca de dónde querían vivir.

32.La trata de personas es un asunto complejo que requiere una atención urgente respaldada por un análisis detallado. La aprobación del Plan de Acción contra la trata de personas y el establecimiento de una Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas dentro del Departamento de Inmigración y Emigración son avances prometedores. No hay, por el momento, un refugio para las víctimas. Si bien a los afectados se les suministran alimentos y cuidados médicos, el Gobierno espera mejorar la situación con el apoyo de sus asociados internacionales.

33.El Gobierno se propone examinar la posibilidad de adherirse a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

34.Reconoce que las referencias a la Comisión del Servicio Judicial en las respuestas a la lista de cuestiones presentan algunas contradicciones. Aun cuando el Gobierno cree que se deberían tomar medidas para fortalecer el poder judicial con el apoyo de expertos externos, no está en posición de imponer esas medidas, debido a su adhesión al principio de la independencia del poder judicial. El poder judicial considera que su independencia, integridad y profesionalidad están siendo atacadas. La reforma no se producirá de la noche a la mañana, pero cabe ser optimistas acerca del eventual logro de un poder judicial totalmente independiente.

35.El Sr. Jameel Ahmed (Maldivas) asegura al Comité que todos los casos de atentados contra periodistas se están investigando y que se han tomado medidas en algunos casos para enjuiciar a los responsables. Por ejemplo, actualmente comparecen ante la justicia los autores de un atentado llevado a cabo en 2011 contra Villa Television (VTV), un canal de televisión privado. El Gobierno apoya enérgicamente la libertad de reunión y de asociación y alienta a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a que tomen esos incidentes muy en serio. Están actualmente investigando las lesiones que sufrieron en la cabeza tres o cuatro periodistas durante las recientes manifestaciones en Malé.

36.Sin embargo, el artículo 21 del Pacto permite imponer restricciones al derecho de reunión pacífica a fin de garantizar la seguridad y el orden públicos (ordre public). Durante las manifestaciones de los últimos días se atacaron y destruyeron bienes públicos, como el automóvil del Ministro de Género, Familia y Derechos Humanos, y se prendió fuego a vehículos y motocicletas policiales. También sufrieron ataques miembros de partidos políticos. Ante tales circunstancias, la policía dispersó las manifestaciones, especialmente las celebradas después de medianoche.

37.Asegura al Comité que se investigarán los incidentes de tortura y detención y reclusión forzadas.

38.La Sra. Adam (Maldivas) dice que su Gobierno se ha ocupado de poner de relieve la relación existente entre derechos humanos, como el derecho a la alimentación, el agua y otras necesidades básicas, y el cambio climático. En 2008, más de 75 miembros del Consejo de Derechos Humanos patrocinaron la resolución 7/23, y el Consejo decidió, en su resolución 10/4 de 2009, celebrar una mesa redonda sobre el tema. Tres párrafos del documento final se incorporaron en los acuerdos alcanzados el 11 de diciembre de 2010 en Cancún (México), durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Consejo aprobó otra resolución sobre el tema (resolución 18/22) en 2011, y tan solo unas semanas atrás, en el 20º período de sesiones del Consejo, se nombró a un Experto independiente sobre cuestiones de derechos humanos y medio ambiente. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos y en tanto que país muy vulnerable frente al cambio climático, Maldivas se ha mostrado activo en el fomento de las actuaciones del Consejo a este respecto.

39.El Sr. Jameel Ahmed (Maldivas), observando que únicamente unas pocas de las condenas emitidas en contra del Gobierno anterior por tribunales civiles o penales se han aplicado, dice que el actual Gobierno cumplirá plenamente lo dispuesto en todas las sentencias contra el poder ejecutivo. Por ejemplo, el Gobierno anterior recurrió las decisiones de varias instancias del sistema judicial que ordenaban el restablecimiento de los sueldos de los miembros de la administración pública que el Gobierno había suspendido. El actual Gobierno ha asegurado a la Comisión de la Administración Pública que dará cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y restablecerá los sueldos.

40.El Sr. O' Flaherty dice que algunos representantes de la sociedad civil han expresado preocupación acerca de las amenazas contra colegas que han presentado informes al Comité. En algunos casos han recibido amenazas de muerte. Aunque no imputa ninguna acción de ese tipo al actual Gobierno, estaría muy agradecido si el Gobierno reafirmase su compromiso de proteger a la sociedad civil.

41.El Sr. Jameel Ahmed (Maldivas) dice que esas informaciones son un motivo de gran preocupación. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley realizarán una investigación detallada de las amenazas recibidas por cualquier representante de la sociedad civil. La Comisión de Derechos Humanos, el Parlamento, la Comisión de Integridad de la Policía y el poder judicial podrían también ocuparse de esos casos de intimidación. El Gobierno ofrecerá protección a todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones políticas. En los últimos meses, por ejemplo, ha proporcionado medios de protección personal, entre otros guardaespaldas, a miembros de la oposición.

42.La Sra. Maumoon (Maldivas) reitera que el Gobierno está firmemente decidido a dar efectividad al Pacto y a incorporarlo plenamente en la legislación nacional. Al mismo tiempo, la fe islámica es un componente importante de la identidad maldiva, por lo que la incorporación de legislación internacional está sujeta a los límites impuestos por la fe islámica y la sharia, como especifica la Constitución. El Gobierno espera con interés aprender de otros países musulmanes acerca de interpretaciones progresistas, modernas y con visión de futuro del islam que garanticen los derechos humanos de todos sin discriminación. El islam es básicamente una religión de igualdad y equidad, de justicia social y de derechos para todos.

43.Las autoridades de Maldivas aguardan con interés las conclusiones y recomendaciones del Comité, que las ayudarán a traducir en avances reales los principios y las obligaciones que se enuncian en el Pacto y a consolidar su joven democracia. El diálogo ha indicado los ámbitos en los que deben centrarse, por ejemplo: la observación de otros Estados musulmanes para ver cómo la fe y la identidad maldivas pueden conciliarse de la mejor manera con el pleno disfrute de los derechos enunciados en el Pacto; la colaboración con las comisiones independientes para garantizar que cumplan efectivamente sus funciones cruciales; la colaboración con el Parlamento para acelerar la aprobación de legislación fundamental sobre derechos humanos, especialmente en las áreas de la igualdad de género, el nuevo Código Penal y el proyecto de ley de procedimiento penal; la reorientación y el aumento de los esfuerzos para combatir la trata de personas; la presentación de propuestas concretas para reformar y fortalecer la Comisión del Servicio Judicial; y la consideración de otras ideas del Comité sobre fortalecimiento de la justicia.

44.Cabe ser optimistas acerca de que, con perseverancia, las autoridades avanzarán en esas y otras áreas a pesar de los muchos obstáculos en su camino. Una vez de regreso en Maldivas, su delegación consultará con el Presidente Waheed, el Gobierno y las partes interesadas del país sobre las medidas que deben adoptarse en relación con algunas de las recomendaciones y las ideas expresadas.

45.Su país está orgulloso de haber evolucionado con rapidez en los últimos años hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos, a pesar de los muchos desafíos que todavía quedan por delante, y de haberlo hecho en un entorno relativamente pacífico. Al mismo tiempo, el grado de tensión política, polarización y rencor existentes en la pequeña comunidad es lamentable. Espera sinceramente que se superen los retos actuales y que se avance hacia la unificación del pueblo maldivo y hacia la consolidación de su joven democracia musulmana. El apoyo del Comité y el de la comunidad internacional en general a este respecto serán muy bien recibidos.

46.La Presidenta dice que el primer diálogo del Comité con la delegación de Maldivas ha abarcado una amplia gama de temas y ha sido muy productivo. Una de las preocupaciones del Comité es el hecho de que se mantenga la reserva al artículo 18, que tiene consecuencias adversas para un sector importante de la población, como los migrantes y los no musulmanes. Al Comité también le preocupan las denuncias de tortura sistemática. Confía en que las autoridades sigan la sugerencia de un miembro del Comité de establecer una comisión independiente que estudie las responsabilidades penales, lleve a cabo investigaciones y otorgue indemnizaciones a las víctimas.

47.El Comité toma nota del pleno compromiso del actual Gobierno con los principios de la libertad de opinión y de expresión. Por desgracia, se siguen recibiendo denuncias de ataques sistemáticos contra periodistas que cubren las protestas antigubernamentales y agresiones a manifestantes.

48.Se ha dedicado mucho tiempo a debatir sobre la independencia, competencia e imparcialidad del poder judicial. Hay claramente una gran necesidad de reforma de ese poder del Estado, que tiene una importancia crucial en el mantenimiento del estado de derecho.

49.Confía en la seriedad del Gobierno en lo que respecta a la mejora de su observancia del Pacto y de otros instrumentos internacionales y a la promulgación y aplicación de leyes para garantizar que todos los maldivos disfruten de los derechos humanos en igualdad de condiciones.

El debate abarcado por el acta concluye a las 16.55 horas.