COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA

DISCRIMINACIÓN RACIAL

71º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1821 a SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 31 de julio de 2007, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. de GOUTTES

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)

Informes periódicos 15º, 16º y 17º de Nueva Zelandia

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (tema 4 del programa) (continuación)

Informes periódicos 15º, 16º y 17º de Nueva Zelandia (CERD/C/NZL/17; HRI/CORE/NZL/2006); respuestas por escrito del Estado parte y documento de actualización titulado “ Overview and update on developments since December 2005 ” , documentos sin signatura distribuidos en la sesión, únicamente en inglés.

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación Nueva Zelandia toman asiento a la mesa del Comité.

2. El Sr. McKAY (Nueva Zelandia) dice que Nueva Zelandia se toma muy en serio sus obligaciones en virtud de la Convención y que tiene especial interés en entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Comité. Como prueba de su determinación y en conformidad con las observaciones finales del Comité en 2002, la delegación cuenta con varios expertos de minorías étnicas que representan una amplia variedad de competencias y responsabilidades. Acoge con satisfacción la presencia de representantes de la sociedad civil de Nueva Zelandia y la distribución de sus informes independientes.

3. Nueva Zelandia es una isla del Pacífico S ur cuya sociedad está cambiando rápidamente. Funciona como una democracia parlamentaria unitaria con un gobierno nacional y un sistema jurídico único. Es una nación multicultural, muchos de cuyos habitantes valoran positivamente su ascendencia mixta maorí y no maorí. Los resultados del censo de 2006 han demostrado que la diversidad étnica está aumentando en el país. El nombramiento reciente de Anand Satyanand, ciudadano de Nueva Zelandia de origen indio y fijiano , como Jefe de Estado y Representante Oficial de la Reina Isabel II simboliza el carácter multicultural de la actual Nueva Zelandia.

4. A lo largo de todo el período considerado, el Gobierno neozelandés continuó esforzándose por eliminar la discriminación basada en el color, la religión, la raza o el origen étnico o nacional. La legislación neozelande sa prohíbe expresamente la discriminación racial y el Gobierno está muy interesado en la promoción de la armonía racial.

5. El informe sometido a examen hace referencia al período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 22 de diciembre de 2005 y trata de cuestiones planteadas por el Comité durante su examen del informe anterior en 2002. Como los informes precedentes, define el contexto en que se plantean las cuestiones relativas a la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación racial y a los recursos disponibles. En particular, describe los esfuerzos para mejorar la condición social, económica y cultural de los maoríes, con especial atención a la situación referente al Tratado de Waitangi , y a la de las poblaciones insulares del Pacífico y otros grupos étnicos que integran la sociedad neozelande sa. El informe contiene igualmente informaciones cuantitativas basadas en gran parte en las estadísticas obtenidas en el marco del censo de 2001 pero también, en la medida de lo posible, en datos más recientes, que se presentan en el documento distribuido en sesión. En respuesta a la solicitud formulada por el Comité en su  66° período de sesiones (febrero de 2005), el informe contiene también una actualización sobre la aplicación de la Ley referente a la preplaya y los fondos marinos , de 2004.

6. Entre los acontecimientos de signo positivo se incluye la publicación en diciembre de 2004 d el documento “ Opportunity for All New Zelanders ” , en el que se resume n la visión del Gobierno para Nueva Zelandia y su población; los nuevos programas, servicios y políticas encaminados expresamente a mejorar la situación de los maoríes y de las poblaciones del Pacífico en la esfera de la salud, la educación y el bienestar; el significativo desarrollo económico de los maoríes y las muchas novedades positivas referentes al empleo y el ingreso medio de los maoríes y los pueblos del Pacífico y, más en general, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas; la Estrategia de prosperidad del Pacífico, que trata en particular de desarrollar el potencial económico de los pueblos del Pacífico; programas para reforzar las relaciones intercomunitarias; la creciente diversidad étnica de los miembros del Parlamento de Nueva Zelandia (en que se incluyen maoríe s, pueblos del Pacífico y asiáticos); políticas más adecuadas para eliminar las disparidades entre el hombre y la mujer; la nueva estrategia para facilitar el asentamiento de migrantes y refugiados en Nueva Zelandia; la reforma de la asistencia social en el marco del proyecto Orientación Futura ; la mayor utilización del idioma maorí, y proyectos conexos, del Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico ; la medida adoptada por la Oficina de Asuntos Étnicos para tener en cuenta las necesidades de los grupos étnicos en materia de políticas y servicios, y el nombramiento de un Comisionado de Relaciones Raciales dentro de la Comisión de Derechos Humanos .

7. La Sra. Benesia SMITH (Nueva Zelandia) dice que en Nueva Zelandia el marco jurídico para la eliminación de la discriminación racial está definido en la Ley sobre la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990 y en la Ley de derechos humanos de 1993, que continúan ofreciendo las medidas protectoras y las sanciones mencionadas en informes anteriores.

8. Durante el período considerado en el informe, el Parlamento adoptó la Ley de reforma de la Ley de derechos humanos, de 2001, en la que se establecen un proceso de presentación de denuncias financiado con fondos públicos así como recursos para las personas que han sido objeto de discriminación, lo que alentará a las autoridades públicas a mejorar el cumplimiento por parte de Nueva Zelandia de sus obligaciones relativas a los derechos humanos.

9. Al mismo tiempo, la Comisión de Derechos Humanos, cuyo mandato se ha ampliado, tiene también ahora la misión de promover y proteger los derechos humanos en Nueva Zelandia y de alentar el mantenimiento y desarrollo de relaciones armoniosas entre las personas y entre los diversos grupos de la sociedad. Es también responsable de tramitar las denuncias de discriminación a través de sus servicios de solución de diferencias. En 2006 pudo solucionar la mayoría de las denuncias de acoso racial (24%) por el procedimiento de mediación. Se ha realizado también un notable esfuerzo para introducir medidas que tratan de erradicar la incitación a la discriminación racial.

10. La oradora admite que en la legislación interna de Nueva Zelandia no se contempla un delito específico de incitación al odio racial. No obstante, el artículo 131 de la Ley de derechos humanos de 1933 prohíbe la incitación a la desarmonía racial, disposición que, en el contexto de Nueva Zelandia, parece cumplir satisfactoriamente las obligaciones contraídas en virtud de la Convención. En la ley no se prevén sanciones específicas para los delitos de odio racial, y esa motivación se trata meramente como una circunstancia agravante. A ese respecto, se remite a los miembros del Comité a las respuestas que se presentaron por escrito a las preguntas 7 y 8 formuladas anteriormente a Nueva Zelandia por el Relator.

11. Mientras tanto, en algunos casos, como los de Policía c. Withwell (julio de 1995) y Regina c. Taueki (junio de 2005) (CERD/C/NZL/17), se ha observado de hecho que la motivación racial constituye una circunstancia agravante, de conformidad con la Ley de imposición de penas de 2002, en otros tres casos (véase la respuesta por escrito a la pregunta 9). La policía no mantiene registros de este tipo específico de delito, que se califica jurídicamente de forma general, por ejemplo, como reunión ilegal o motín, por lo que es difícil establecer la motivación racial de un acto (véanse las respuestas por escrito a la pregunta 10 del Relator).

12. Con respecto a la pregunta 11, la exención relativa a la inmigración se ha adoptado en aras de la armonización teniendo en cuenta la sección 149D de la Ley de inmigración, en virtud de la cual el proceso de las denuncias no puede estar financiado con fondos públicos. La Comisión de Derechos Humanos propuso que se rechazara esa sección debido a que su procedimiento de aplicación no le permite intervenir en las cuestiones relacionadas con la Ley de inmigración. E l Gobierno de Nueva Zelandia , considerando que las facultades atribuidas a la Comisión le permiten actuar, continúa estimando que, por razones prácticas, es preferible mantener los procedimientos de denuncia y apelación previstos en la Ley de inmigración. Como salvaguard i a, las víctimas gozan de la protección de la Carta de Derechos de 199 0 o pueden formular denuncias contra toda conducta discriminatoria por parte de los funcionarios de inmigración. La Comisión de Derechos Humanos mantiene también su capacidad de investigar toda ley, práctica o caso relacionado con los derechos humanos, incluso en la esfera de la inmigración.

13. En conclusión, el Gobierno de Nueva Zelandia concede gran importancia a las cuestiones asociadas con las relaciones raciales, y la identidad nacional es uno de los tres grandes temas elegidos entre las prioridades generales de la s política s.

14. El Sr. TAMAHORI (Nueva Zelandia) dice que ya en 1900 la lengua maorí había perdido importancia, hasta el punto de que corría peligro de desaparición. En 1970 la situación resultaba casi desesperada, y los maoríes decidieron demandar al Gobierno ante el Tribunal de Waitangi argumentando que su lengua puede considerarse como un tesoro según el Tratado de Waitangi. En consecuencia , el Gobierno se vio obligado a detener el deterioro gradual de la lengua maorí, a promoverla y a introducir servicios para su apoyo. Un ejemplo es el establecimiento de un canal de televisión, que, a partir de finales de 2007, transmitirá todos sus programas en maorí. En la actualidad, es también posible realizar todo el ciclo educativo, desde los estudios preescolares hasta la universidad, en maorí. Además, se ofrece apoyo a toda persona que dese e aprender ese idioma, cualquiera que sea el lugar del país en que se encuentre.

15. Las estadísticas actuales son alentadoras a ese respecto. La lengua maorí ya no está en peligro, y de h echo es cada vez más utilizada por las comunidades. Según el estudio más reciente acerca de la Estrategia sobre la lengua maorí, respaldado por los maoríes y el Gobierno, el uso de esta lengua ha aumentado entre los adultos y los jóvenes e incluso entre las personas que no son de origen maorí (un tercio de los hablantes de maorí).

16. Con respecto a la tenencia de tierras, esfera en que la agresión ha sido particularmente intensa, la situación ha mejorado, aun cuando en los 12 años transcurridos desde la firma del Tratado de Waitangi los maoríes han perdido casi el 50% de sus tierras. Actualmente sólo poseen el 5% de las tierras que les pertenecían originalmente. E llo ha supuesto una desastrosa pérdida cultural, ya que para los maoríes, como para la mayoría de los pueblos indígenas, ese despojo de tierras significa una pérdida de identidad. No obstante, en los 10 últimos años, los maoríes han podido recuperar parte de sus bienes raíces, marinos y forestales, y su participación en la economía de Nueva Zelandia es ahora significativa.

17. Aunque hay todavía puntos de desacuerdo entre los maoríes y la Corona Británica , en los últimos 160 años los maoríes y las autoridades de Nueva Zelandia han aprendido a escucharse mutuamente, para evitar que se repita el pasado.

18. El Sr. LEALEA (Nueva Zelandia) dice que los pueblos del Pacífico, y en particular un número creciente de jóvenes, constituyen el 7% de la población y son cada vez más conscientes de l lugar que les corresponde en la sociedad de nueva Zelandia.

19. Los pueblos del Pacífico se benefician actualmente de muchos programas, iniciativas y estrategias cuyo objetivo es ayudarles a mejorar su situación desde el punto de vista del empleo, la educación y los derechos sociales. No obstante, deben superar todavía dificultades en las esferas de la salud, la vivienda y la justicia penal, ya que representan una parte desproporcionada de los delincuentes. En respuesta, el Gobierno ha adoptado medidas, en particular medidas financieras, con el fin de contratar más guardias de prisiones y funcionarios de policía entre los pueblos del Pacífico. Se ha establecido un grupo de asesoramiento de la Administración Penitenciaría y se ofrecen cada vez más servicios para ayudar a los detenidos cuando abandonan la prisión.

20. El Plan estratégico de acción económica para los pueblos del Pacífico y el Plan de desarrollo económico para las mujeres del Pacífico, que deberán ponerse en marcha en el futuro próximo, ayudarán a hacer realidad el potencial económico de los pueblos del Pacífico y a mejorar sus niveles de vida.

21. En la esfera cultural, se están adoptando medidas para salvaguardar la s lenguas de las comunidades de las islas de Niue, Cook y Tokelau. Se están organizando cursos de idiomas , se han puesto en marcha servicios especiales para la primera infancia , existe una emisora de radio nacional (Niu FM) y se está examinando la posibilidad de crear un canal de televisión.

22. El Sr. TAMAHORI opina que las medidas de desarrollo económico emprendidas conjuntamente con los maoríes y el creciente reconocimiento de la importancia de los maoríes y el Tratado de Waitangi deben favorecer una mejor valoración de la diversidad étnica de Nueva Zelandia.

23. El Sr. SINGHAM (Nueva Zelandia) dice que la diversidad étnica de Nueva Zelandia ha aumentado desde el decenio de 1980, debido a la llegada de nuevos migrantes de la India, China y el Oriente Medio. Según el censo de 2006, la población de origen asiático ha aumentado más de un 50% en cinco años. Nueva Zelandia es actualmente uno de los países de la OCDE con mayor proporción de inmigrantes.

24. La Oficina de Asuntos Étnicos, cuya misión y funciones se describen brevemente en los párrafos 44 a 50 del informe, se creó en 2001 con el fin de asesorar al Gobierno y alentar el desarrollo y participación de las minorías étnicas, que constituyen una fuente de riqueza para el país. En los tres últimos años, gracias a los fondos suministrados por el Gobierno, la Oficina ha duplicado su tamaño. Entre otras actividades, actualmente cuenta con un importante servicio de interpretación telefónica, Language Line, que trata de ayudar a los recién llegados a obtener información en su lengua materna sobre los procedimientos de asentamiento en Nueva Zelandia.

25. Desde su establecimiento, la Oficina ha tratado de cooperar estrechamente con todas las comunidades étnicas — en particular con las comunidades musulmanas a raíz de los acont ecimientos del 11 de septiembre— a fin de atender sus necesidades y preocupaciones, vinculadas fundamentalmente con la discriminación en el empleo, la conservación de su identidad étnica y de su patrimonio cultural y sus sentimientos de seguridad y pertenencia a la sociedad neozelandesa.

26. Partiendo de la premisa de que la diversidad es un valor, el Gobierno está realizando por su parte considerables esfuerzos, fundamentalmente en las escuelas y a través de campañas de información y sensibilización, para fomentar la comprensión y el respeto mutuos. Estos objetivos se reflejan en dos grandes iniciativas — la Estrategia de asentamiento de Nueva Zelandia y el P rograma de aproximación entre las distintas comunidades — y en un documento marco sobre perspectivas étnicas y políticas (“ Ethnic perspectives in policy ”, 2002). Además, se ha iniciado un programa para capacitar a los funcionarios públicos en las materias relacionadas con la sensibilización y la comunicación intercultural.

27. La Sra. HARDY (Nueva Zelandia) dice que la Ley referente a la preplaya y los fondos marinos de 2004 (párr. 64) estableció los procedimientos jurídicos para reconocer y obtener reparación en las reclamaciones consuetudinarias maoríes sobre la preplaya y los fondos marinos . El Comité recomendó en el pasado flexibilidad en la aplicación de la ley y promueve la expansión de los recursos a disposición de los maoríes , y algunos solicitantes ha n optado por entablar negociaciones directas con la Corona para defender sus derechos consuetudinarios. Seis grupos han pedido al Tribunal de las Tierras Maoríes que apruebe ordenanzas sobre derechos consuetudinarios, y dos de esas solicitudes han llegado a la fase de notificación pública. Las dos solicitudes y las actuales negociaciones para el reconocimiento de los derechos territoriales consuetudinarios se encuentran ahora en su fase inicial y el Gobierno está examinando las enseñanzas que pueden extraerse de todo ello. Asimismo, el Gobierno ofrece asistencia financiera a los grupos que participan en las negociaciones y continúa sus evaluaciones sobre los efectos de la Ley referente a la preplaya y los fondos marinos .

28. Con respecto al estatuto jurídico del Tratado de Waitangi, la oradora aprueba la recomendación del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, con ocasión de su misión a Nueva Zelandia en noviembre de 2005 ( E/CN.4/2006/78/Add.3 ), en el sentido de que el Tratado de Waitangi merece gozar de rango constitucional. El Comité establecido para estudiar esta cuestión ha presentado recientemente al Parlamento un informe en el que se tienen en cuenta las opiniones expresadas por los grupos maoríes durante las amplias consultas mantenidas con ellos. El Comité concluyó que debería entablarse un debate nacional sobre el reconocimiento constitucional del Tratado.

29. El Sr. SICILIANOS (Relator Especial para Nueva Zelandia) dice que el informe periódico examinado es muy completo y agradece a la delegación de Nueva Zelandia sus declaraciones constructivas.

30. Observa que las cifras sobre población presentadas en el párrafo 1 1 del informe están tomadas del censo de 2001 y suman más del 100%. Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia, que contiene datos básicos sobre el censo de 2006, hay un 67,6% de habitantes considerados como neozelandeses de ascendencia europea, un 14% de maoríes, un 9,2% de asiáticos y un 6,6% de pueblos del Pacífico, mientras que habría un 11% de neozelandeses. Solicita a la delegación que explique qué grupo de personas se incluye en esta última categoría.

31. En el Estado parte se han producido algunos acontecimientos importantes, en particular relacionados con la aplicación del artículo 2 de la Convención , entre ellos los siguientes: el establecimiento de la Oficina de Asuntos Étnicos (párr. 8); la Estrategia de asentamiento de Nueva Zelandia (párr. 95); el desarrollo del Programa de acción sobre la Universidad (párr. 14); los progresos conseguidos en la solución de las reivindicaciones históricas en el marco del Tratado de Waitangi, en particular en las audiciones ante el Tribunal de Waitangi (párr. 27); el apoyo gubernamental a la diversidad lingüística; los progresos obtenidos en la reducción de las disparidades socioeconómicas entre diferentes grupos étnicos y la aplicación de reformas en el ámbito de los derechos humanos, en particular la fusión de la Comisión de Derechos Humanos y la Oficina del Conciliador en materia de Relaciones Raciales en una única organización, la nueva Comisión de Derechos Humanos (párr. 18).

32. A pesar de esos progresos, el orador señala que Nueva Zelandia es probablemente uno de los pocos países del C ommonwealth que no han aprobado medidas legislativas constitucionales para garantizar la protección de los derechos humanos. Además, la enmienda de la Ley de derechos humanos de 2001, que permite al Tribunal de Examen de los Derechos Humanos declarar que una ley es incompatible con la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990 (párr. 23) , al parecer no puede aplicarse en contra del Gobierno ni puede utilizarse para invalidar una legislación deficiente . En tal caso, el marco legislativo para la protección de los derechos humanos en Nueva Zelandia debe calificarse de bastante débil. El orador desearía que la delegación ofre ciera algunas aclaraciones sobre ese punto tan importante.

33. Teniendo en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia ha contribuido significativamente a la promoción de los derechos humanos y a la preparación de procedimientos de reclamación conexos y a la elaboración del Plan de acción de Nueva Zelandia para los Derechos Humanos, el orador se pregunta por qué el Gobierno vacila a la hora de adoptar oficialmente el Plan.

34. En cuanto al Tratado de Waitangi, i nstrumento de particular importancia que regula las relaciones entre la Corona y los maoríes, la cuestión del rango de ese Tratado en la ordenación jurídica interna del Estado parte suscita gran controversia. Varias organizaciones no gubernamentales han señalado que el estatuto jurídico del Tratado es precario y que los derechos maoríes continúan siendo legal y políticamente frágiles en virtud de dicho instrumento. Además, la ley por la que se enmienda el Tratado, aprobada en 2006, establece el 1° de septiembre de 2008 como fecha límite para la presentación de posibles reivindicaciones históricas pendientes ante el Tribunal de Waitangi. El orador desearía escuchar los comentarios de la delegación de Nueva Zelandia sobre ese punto.

35. Otro motivo de preocupación es el proyecto de ley de 2006 referente a los Principios de l Tratado de Waitangi, que abolirá todas las referencias jurídicas al Tratado. Dado que es te no es directamente exigible ante los tribunales, dicha medida privará de hecho a los tribunales de la limitada competencia que puedan tener con respecto al Tratado. El orador desearía saber cuáles son las intenciones de Gobierno con respecto a ese proyecto de ley.

36. Haciendo referencia al papel fundamental desempeñado por el Tribunal de Waitangi (párr. 27), observa que las recomendaciones del Tribunal no son vinculantes. Como el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, considera que el Tribunal debe gozar de facultades legítimamente vinculantes y exigibles con el fin de poder determinar con toda la autoridad de la ley en las cuestiones relacionadas con el Tratado, y que el Tribunal debe contar con más recursos.

37. El orador tiene la impresión de que la intervención del Ministerio de Desarrollo Maorí parece convenir a los maoríes, pero cree que los miembros del Parlamento de Nueva Zelandia se han propuesto abolirl o o re formarlo argumentando que sus servicios están “ basados en la raza ” . Desearía saber la posición del Gobierno sobre esta materia.

38. El Comité ha señalado ya que las medidas especiales mencionadas en el párrafo 4 del artículo 1 y en el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención han sido interpretad a s en sentido restrictivo por el Estado parte. Duda si todas las “ medidas especiales ” mencionadas en el informe se incluyen en esa categoría. Así, el acuerdo sobre los recursos pesqueros maoríes (párrs. 58 y 59), basado en un tratado que incluye la indemnización, no parece constituir una medida especial en el sentido de la Convención, como tampoco la Ley de resolución de las reclamaciones maoríes sobre piscicultura comercial de 2004 (párr. 62) ni, más en general, las medidas destinadas a reconocer los derechos anteriores de los maoríes en virtud del Tratado de Waitangi. Además, según la opinión general mantenida en las Naciones Unidas, las medidas especiales no deben considerarse como un privilegio y todavía menos como una “ discriminación positiva ” , ya que no son discriminatorias. Implican trato diferencial que debe justificarse en forma objetiva y razonable, dado que tratan de promover y restablecer la igualdad  de facto entre los grupos vulnerables y el resto de la población. Por ello, invita al Estado parte a que examine su interpretación y su aplicación del concepto de medidas especiales.

39. Con respecto a los desafíos que habrá que resolver en el futuro, el orador reconoce, como la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia en su informe de 2006 sobre las relaciones raciales, que se han adoptado algunas medidas positivas con el fin de reducir las diferencias étnicas. No obstante, deberá hacerse mayor hincapié en adoptar medidas en las esferas donde los programas no han conseguido progresos significativos, como la salud, la delincuencia (en particular la delincuencia juvenil), las tasas de encarcelamiento y la violencia doméstica. El informe periódico sometido a examen reconoce de hecho que subsisten considerables divergencias en esas esferas entre los neozelandeses de origen europeo, por un lado, y los maoríes, los pueblos del Pacífico (párr. 9) y los asiáticos, por el otro . Con respecto al funcionamiento del sistema de justicia penal y las prácticas potencialmente discriminatorias en esa esfera, señala a la atención de la del e ga da de Nueva Zelandia la Recomendación general núm. XXXI del Comité sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal. Agrega que Nueva Zelandia, como ha señalado también la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia , deberá hacer frente a otros desafíos, como la mejora de las relaciones entre la Corona y los maoríes, el uso de la lengua maorí y una mayor sensibilización pública acerca de Tratado de Waitangi.

40. Nueva Zelandia debe examinar sus políticas y prácticas de inmigración a fin de garantizar que los procedimientos tengan en cuenta las necesidades económicas y sociales de los neozelandeses y los derechos de los migrantes trabajadores y de sus familias y que los criterios y procedimientos de selección de migrantes no tengan efectos racialmente discriminatorios. En ese sentido, señala a la atención de la delegación de Nueva Zelandia la Recomendación general núm.  XXX del Comité sobre la discriminación contra los no ciudadanos.

41. Finalmente, pregunta cuál es la posición del Gobierno acerca de esos desafíos y las recomendaciones prácticas formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacerles frente.

42. La Sra. JANUARY BARDILL solicita detalles acerca de la composición de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia, su programa y sus facultades de investigación de las denuncias.

43. Observa en el informe que el Tratado de Waitangi constituye una vía primordial para resolver las reclamaciones por injusticias cometidas en el pasado contra la población autóctona (párr. 28), pero para que las soluciones sean duraderas deben ser justas y viables (párr. 29) y guardar relación con la naturaleza y magnitud de las transgresiones (párr. 30). Dado que las recomendaciones del Tribunal de Waitangi no son vinculantes para la Corona (párr. 35), se pregunta si, en esas circunstancias, no será preferible confiar a un órgano independiente la solución de las reclamaciones formuladas en virtud del Tratado.

44. Con respecto a la Estrategia de fomento de la mano de obra de la población del Pacífico (párr. 96) , la oradora desearía que en el siguiente informe periódico de Nueva Zelandia se mencionaran los progresos conseguidos con respecto al acceso de los pueblos del Pacífico al mercado de trabajo. Desea también saber si la Oficina de Asuntos Étnicos (párr. 44) ha conseguido de alguna manera mejorar las relaciones entre las comunidades étnicas del país.

45. El Sr. AVTONOMOV pregunta por qué, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Nueva Zelandia por garantizar la igualdad real de derechos entre los ciudadanos, los maoríes continúan estando en situación desfavorecida, en particular por lo que respecta a la esperanza de vida y el acceso a la educación. No comprende bien el lugar realmente ocupado por el Tratado de Waitangi en la legislación nacional, es decir, si es un documento jurídico vinculante o una sencilla declaración y si es compatible con la Convención.

46. El Sr. CALI TZAY dice que “ la solución de la s reclamaciones históricas de los maoríes goza de una aceptación relativamente amplia ” (párr. 7 del informe) implica que el Tratado de Waitangi no cuenta con el apoyo de toda la población. Desearía saber quién en particular se opone a los principios del Tratado y por qué razones, si se rechaza en algunos casos simplemente por ignorancia, y en tal caso, qué se ha conseguido con los programas de información sobre el Tratado de Waitangi organizados por el Gobierno de Nueva Zelandia.

47. Pregunta si los maoríes tienen derecho a indemnización por los minerales nacionalizados a que se hace referencia en el párrafo 30 del informe.

48. Volviendo al párrafo 36 del informe, pregunta si, en el marco de los nuevos procedimientos que introducen audiencias conjunta s para la solución de las reclamaciones formuladas en virtud del Tratado de Waitangi, el rechazo de una solución por una tribu o comunidad perteneciente a un grupo de demandantes significa que el rechazo es válido para todos los demandantes o únicamente para la tribu en cuestión, y en tal caso, si la tribu o comunidad continúa con el procedimiento por su propia cuenta.

49. El hecho de que el Ministerio de Desarrollo Maorí (Te Puni Kokiri) haya adoptado como objetivo estratégico que “ los maoríes tengan éxito sin dejar de ser maoríes ” parece dar a entender que los maoríes no serán capaces de triunfar por sus propios medios si no cuentan con asistencia. Se pregunta si el Gobierno de Nueva Zelandia realmente da prioridad al desarrollo de la cultura maorí y en tal caso, si se hace hincapié en el desarrollo personal de los miembros de esa comunidad o en el pueblo maorí en su conjunto. Recordando que ellos fueron los primeros pobladores de Aotearoa (Nueva Zelandia), el orador desea saber si gozan de un reconocimiento en consonancia con su importancia histórica .

50. El Sr. KJAERUM , haciendo referencia a la declaración del Primer Ministro de Nueva Zelandia en el sentido de que el planteamiento del Comité tras su decisión de 2004 referente a la preplaya y los fondos marinos no ha sido lo bastante riguroso, pregunta si el Estado parte tiene intención de solicitar el fortalecimiento de las facultades del Comité — y en particular de sus recursos financieros — y los de los demás organismos creados en virtud de tratados a fin de permitirle realizar su labor con mayor eficacia.

51. Refiriéndose a los párrafos 75 y 76 del informe, pregunta si el Estado parte ha adoptado medidas para mitigar el desempleo particularmente elevado entre las mujeres maoríes y de los pueblos del Pacífico y de otros grupos étnicos, o para aumentar su salario horario medio, que es inferior al del conjunto de la población, y, en tal caso, qué es lo que se ha conseguido. Pregunta también cuál es el resultado de las medidas enumeradas en el párrafo 78 del informe cuyo objetivo es reducir los efectos de la violencia doméstica a que se ven expuestas las mujeres maoríes.

52. Refiriéndose al párrafo 136 del informe, pregunta si los migrantes que tienen permisos de trabajo de menos de dos años y los extranjeros en situación irregular tienen acceso a la atención de salud y si sus hijos tienen acceso a la educación de la misma manera que las personas con permiso s de trabajo que les permiten una estancia de dos años o más, los refugiados y los solicitantes de asilo.

53. Pregunta qué conclusiones se han extraído del proyecto iniciado por la Administración Penitenciaria para revisar la labor realizada sobre las causas de la representación desproporcionada de los maoríes en el sistema de justicia penal (párrs. 157 a 159). Desearía saber también si el problema de la utilización de perfiles étnicos se está abordando en los cursos de formación para la policía y los miembros del poder judicial, dado que , según una encuesta realizada en 2000 , los maoríes eran detenidos con mayor frecuencia por la policía para someterlos a interrogatorio, y recibían en general sentencias más duras que el resto de la población. En ese sentido, sería interesante saber qué porcentaje de los funcionarios de policía, magistrados y guardias de prisión se contratan en la comunidad maorí, en los pueblos de l Pacífico y otros grupos étnicos.

54. Finalmente, desearía saber por qué la Ley de inmigración de 1987 se modificó de forma que ya no se puede recurrir al procedimiento de denuncias financiadas con fondos públicos en las demandas en las que se denuncia discriminación en relación con la Ley (párrs. 180 a 182).

55. El Sr. PILLAI lamenta enormemente que los maoríes continúen estando en muchas zonas en peores condiciones que el resto de la población, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Nueva Zelandia. A este respecto, le preocupa en particular que la Unidad de Revisión Ministerial mencionada en los párrafos 54 y 55 del informe haya recibido el mandato de reunir la información necesaria con respecto a todas las políticas o programas para comprobar si había una necesidad claramente demostrada que la política o programa trata de resolver y si esa necesidad es todavía pertinente; parece que el Gobierno duda de la necesidad de continuar esos programas y políticas en vez de considerar la forma de mejorarlos a fin de combatir las desigualdades.

56. Con respecto al párrafo 249 del informe, pregunta si hay una corriente de migración hacia las Islas Tokelau que pueda perturbar el equilibrio demográfico y social existente en esa parte de Nueva Zelandia y dar lugar a actos de discriminación, que al parecer no han existido hasta ahora en las islas. Desearía saber si antes del último siglo había en Tokelau grupos de población no cristianos cuyos derechos humanos se hayan visto también comprometidos.

57. El Sr. THORNBERRY observa que hay que distinguir entre, por un lado, las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requiere n la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la forma prevista en los artículos 1 y 2 de la Convención —que no deben continuar una vez alcanzado s sus objetivos— y, por el otro, los derechos de las minorías y pueblos indígenas, que son inalterables.

58. Refiriéndose a la lista del párrafo 16 del informe relativa a los requisitos que debe cumplir el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, observa que, por definición, todo nuevo instrumento internacional debe respetar y complementar los principios establecidos en los instrumentos anteriormente adoptados.

59. Acoge con satisfacción las estrategias aplicadas por el Gobierno para garantizar la conservación de la lengua maorí y propone que el Gobierno de Nueva Zelandia amplíe ese planteamiento a los diferentes aspectos de la cultura maorí y, en particular, vele por que se protejan los derechos sobre la tierra maorí. Con referencia a las lenguas de otros grupos étnicos, en especial los que han inmigrado recientemente, pregunta qué proporción de los niños estudian en su lengua materna.

60. El Sr. KEMAL está de acuerdo en que, a diferencia de las medidas especiales introducidas temporalmente en favor de un grupo determinado de población, que se pueden retirar una vez que se han alcanzado los objetivos, los derechos de las minorías no pueden considerarse nunca como temporales. Los maoríes representan el 14% de la población, proporción que dista mucho de ser insignificante, y , si esa comunidad no considera que recibe trato equitativo, las consecuencias podrían afectar a todo el país.

61. En conclusión, el Comité no tiene ninguna facultad coercitiva y debe recurrir exclusivamente a la persuasión, razón por la cual ha intentado siempre mantener un diálogo constructivo con los Estados partes.

62. El Sr. LINDGREN ALVES , haciendo referencia a los párrafos 2 y 3 del documento básico ( HRI/CORE/1/NZL/2006) , pregunta a la delegación si los maoríes son todavía considerados como un pueblo indígena. En tal caso, pueden solicitar el derecho a la autodeterminación en el marco del derecho internacional. ¿Puede aclarar la delegación cuál sería la actitud del Estado parte si hubiera reclamaciones en ese sentido? Sería también interesante saber si los maoríes consideran que están representados por el Gobierno de Nueva Zelandia.

63. Le ha sorprendido leer en el documento básico que el término “ Corona ” parece muchas veces hacer referencia a los blancos, y solicita explicaciones detalladas acerca del alcance y significado de la palabra y de la expresión “ ascendencia europea ” . ¿Se trata de un eufemismo político para evitar utilizar la palabra “ blanco ” ?

64. ¿Puede especificar la delegación si maoríes y blancos viven o no en los mismos barrios y si los niños de las parejas mixtas son considerados automáticamente como maoríes o si tienen derecho a ser co nsiderados como de origen mixto?

65. El Sr. TANG Chegyuan observa con preocupación que los maoríes, aunque representan sólo el 14% de la población de Nueva Zelandia, constituyen la mitad de la población penitenciaria. Según el informe, ello se debe a varios factores, como sus “ actitudes antisociales ” (párr. 158). Pide a la delegación que explique qué significa esa expresión y que mencion e casos, si los hubiera, en que la policía ha hecho uso excesivo de la fuerza contra maoríes jóvenes. Desea también que la delegación comunique al Comité qué medidas ha adoptado el Estado parte para reducir la tasa de abandono escolar de los niños maoríes y conseguir que para 2028 la lengua maorí sea utilizada ampliamente por los miembros de esa comunidad, de acuerdo con los objetivos de la Estrategia sobre el idioma maorí promulgada en 1999 (párr. 125).

66. El Sr. YUTZIS , refiriéndose a la teoría expresada en el párrafo 27 del informe de que “ las reseñas históricas son cuestionables y no hay una única interpretación correcta ” , observa que los hechos históricos no pueden considerarse nunca desde todos los puntos de vista al mismo tiempo y que su interpretación depende en gran medida de la posición del observador dentro de la sociedad. Asimismo , puede ser peligroso proponer una reconsideración de las interpretaciones históricas, que podría llevar al revisionismo.

67. Observa que los inmigrantes de etnia asiática son actualmente más numerosos que los pueblos de Pacífico en el Estado parte (párr. 8 del informe), y desea saber si la distribución de la ayuda social se ha visto afectada y si los cambios se han producido a expensas de los pueblos indígenas.

68. Refiriéndose a la sección del informe relativa a la reclamaciones históricas en virtud del Tratado de Waitangi (párrs. 29 a 34), pide a la delegación que indique cuáles son los más altos intereses de los neozelande ses que la Corona debe atender (párr. 29) y que explique con mayor detalle por qué los minerales nacionalizados no pueden ser utilizados para resolver las reclamaciones emanantes del Tratado. Debe aclarar ante todo quién considera que la transferencia de los derechos sobre dichos recursos entrañaría riesgos considerables.

69. El PRESIDENTE , hablando en calidad de miembro del Comité, pregunta si el Estado parte puede adoptar medidas para conseguir que las recomendaciones del Tribunal de Waitangi sean vinculantes y para otorgar al Tribunal facultades para exigir el cumplimiento de sus decisiones.

70. Como medio de mitigar el hacinamiento en las cárceles, se pregunta si los tribunales pueden acogerse con mayor frecuencia a las disposiciones de la sección 6 de la Ley de justicia penal de 1985 (párr. 151 del informe) y recurrir a la mediación o a sanciones alternativas, como el servicio comunitario, en sustitución del procesamiento judicial.

71. El Sr. AMIR , observando que las tropas de Nueva Zelandia participan actualmente en el conflicto de Ira q y que más de 4 millones de iraquíes solicitan asilo en otro país, pregunta a la delegación si Nueva Zelandia puede aceptar provisionalmente refugiados iraquíes hasta que se instaure de nuevo la paz en ese país desolado por la guerra civil.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

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