Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

76º período de sesiones

Acta resumida de la 1981ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 19 de febrero de 2010, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Kemal

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estadospartes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 12º y 13º de Guatemala

Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentadospor los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 12º y 13º de Guatemala (CERD/C/GTM/12-13; CERD/C/GTM/Q/12-13 y Add.1)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Guatemala toman asiento como participantes a la mesa del Comité.

2.El Sr. Pira (Guatemala) dice que el Gobierno de su país reconoce que la discriminación racial sigue afectando a la vida cotidiana de la población, especialmente de los miembros de las comunidades maya, garífuna y xinca. No obstante, pese a los considerables problemas a que hace frente, el Gobierno está firmemente decidido a trabajar para eliminar todas las formas de segregación y discriminación racial.

3.El Sr. Curruchich (Guatemala) presenta los informes periódicos 12º y 13º combinados (CERD/C/GTM/12-13) y dice que aunque los datos recogidos sobre los pueblos indígenas no son totalmente exactos, las cifras recientes muestran que la comunidad garífuna está compuesta por unas 6.100 personas (el 0,4% de la población total), la comunidad xinca por unas 17.850 personas (0,13%) y la comunidad de ascendencia ladina por aproximadamente 8 millones de personas (58%). Las personas que han adquirido la nacionalidad guatemalteca representan aproximadamente el 0,5% de la población, y el resto son pueblos de ascendencia maya.

4.Respondiendo a la cuestión formulada en el párrafo 2 de la lista de cuestiones (CERD/C/GTM/Q/12-13), el orador dice que el Gobierno no ha hecho ningún estudio sobre el nivel de conocimiento que tiene la población guatemalteca del pueblo garífuna. No obstante, se han realizado dos campañas de sensibilización sobre los derechos de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres indígenas. La Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA) coordinaron las campañas en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El Ministerio de Cultura y Deportes y las autoridades encargadas del turismo han estudiado y promovido varios aspectos de la cultura garífuna. El pueblo garífuna está representado en varias instituciones nacionales y ministerios, y el Decreto legislativo Nº 83, de 1996, declaró el 26 noviembre como "Día nacional del garífuna".

5.Respecto de la cuestión formulada en el párrafo 3, el orador dice que el Decreto Nº 52, de 2005, relativo a la Ley marco de los Acuerdos de Paz, previó el establecimiento de un consejo nacional para la aplicación de esos acuerdos, que ha formulado varias recomendaciones, entre ellas la creación de una universidad maya. La Secretaría para la Paz se encarga de supervisar con la asistencia de varios órganos la aplicación de los acuerdos. El informe de 2009 de la Secretaría incluye una sección dedicada al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. El gasto público en las regiones del país con población indígena mayoritaria ha aumentado en 2009.

6.En respuesta a la cuestión del párrafo 5, el orador dice que la CODISRA se creó en el marco de la política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial. La crisis financiera ha obligado a centrarse en 22 de las 120 medidas contempladas en esa política. Las 22 esferas a las que actualmente se da prioridad en el plano municipal tienen por objeto eliminar el racismo en el sistema jurídico, así como el racismo económico e institucional, y proporcionar capacitación para prevenir el racismo. Además de la aplicación de los Acuerdos de Paz, hay otras 13 políticas centradas en las comunidades indígenas. Por otro lado, el Acuerdo gubernativo Nº 22-04 prevé la aplicación general de la educación bilingüe intercultural a nivel nacional. El orador dice que seis mecanismos institucionales trabajan para defender los derechos de las comunidades indígenas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha creado una unidad para esas comunidades y se están adoptando medidas para mejorar la recogida de datos sobre grupos indígenas.

7.En respuesta a la cuestión formulada en el párrafo 7, el orador dice que desde la promulgación en 2005 de la Ley del Registro de Información Catastral se han hecho esfuerzos para que en todas las comunicaciones impresas y a través de la radio y la televisión el Registro tenga en cuenta las cuestiones de etnia, cultura, idioma y género y no se perpetúe ningún prejuicio en relación con el proceso catastral. La Ley del sistema de seguridad alimentaria y nutricional y la Ley marco de los Acuerdos de Paz son otras medidas legislativas que dan prioridad a los derechos de las comunidades indígenas. Además, en la actualidad se estudian varios proyectos de ley sobre cuestiones tales como la jurisdicción indígena, los lugares sagrados, los derechos de los pueblos indígenas, las consultas con los pueblos indígenas, el reconocimiento de la competencia del Comité, la minería y la prevención, eliminación y prohibición del racismo y la discriminación racial contra los pueblos indígenas. Aunque actualmente no existe ninguna ley concreta que tipifique el delito de discriminación racial, el artículo 202 bis del Código Penal tipifica como delito la discriminación. El orador dice que a finales de 2009 la Fiscalía General había recibido 412 denuncias de discriminación y racismo. En 4 casos se presentaron cargos que dieron lugar a 1 sentencia absolutoria y 3 condenas.

8.Respecto de la cuestión formulada en el párrafo 10, el orador dice que el 9% de los diputados del Congreso de la República en la legislatura correspondiente a 2007-2011 son indígenas y que la proporción de alcaldes indígenas es del 39%. En la actualidad, algunos indígenas son titulares de cargos importantes de la administración pública; son indígenas 1 ministro, 2 viceministras y 2 viceministros, 1 subsecretaria de las 13 subsecretarías existentes, 1 embajador itinerante encargado de los asuntos indígenas en el ámbito internacional, los miembros de los consejos de ancianos de asuntos indígenas y 1 gobernadora departamental. Desde que se aumentó el número de circunscripciones electorales en las zonas rurales ha aumentado el número de participación indígena en las elecciones. También ha aumentado el número de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil con participación mayoritaria indígena.

9.Por lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, el orador dice que en los últimos años se han presentado más de 6.600 denuncias de personas que trabajan en maquiladoras, de las que 624 correspondían a indígenas. De esas denuncias, 197 se resolvieron mediante conciliación, y el Gobierno ha establecido una dependencia de inspección para supervisar ese sector industrial. También ha elaborado una estrategia nacional de vivienda para el período 2008-2011, en cuyo marco se construirán 200.000 viviendas.

10.Por lo que respecta a la cuestión formulada en el párrafo 11, dice que el 75% de las tierras asignadas entre 2004 y 2008 por el Fondo de Tierras se concedió a comunidades indígenas. En 2008, 1.788 familias obtuvieron esas concesiones. El Gobierno ha asignado fondos para resolver conflictos agrarios, y el Fondo de Tierras ha financiado 50.000 créditos para comunidades indígenas a fin de que puedan arrendar tierras en 2010. La Ley del Registro de Información Catastral incluye disposiciones sobre las tierras pertenecientes a pueblos indígenas y se han formulado varias propuestas para incorporar el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de que se concedan licencias de explotación minera. El orador dice que el Gobierno actual no concederá más licencias hasta que la Ley de minería se haya reformado. En la actualidad hay en vigor 136 licencias de exploración y 262 de explotación minera. Unas 390 solicitudes de licencia están pendientes de aprobación.

11.Entre 2005 y 2008 unas 24.000 personas obtuvieron resarcimiento por los daños sufridos durante el conflicto armado. Ese resarcimiento se ha obtenido en forma de indemnización económica, becas de estudio, servicios sociales, medidas para preservar la memoria histórica, exhumaciones e inhumaciones, restitución de viviendas y servicios psicosociales.

12.En respuesta a la cuestión formulada en el párrafo 16, el orador dice que la compañía San José MINCESA no ha iniciado la construcción de la planta de cemento en San Juan Sacatepéquez. En un fallo de 21 diciembre de 2009 el Tribunal Constitucional instó al Gobierno a que aprobara leyes sobre el derecho de consulta en esos casos. También concedió amparo a los indígenas que lo habían solicitado y ordenó al consejo municipal interesado que garantizara la celebración de consultas efectivas y comunicara los resultados al Gobierno. El estudio de impacto ambiental ha revelado que debe prestarse más atención a algunos aspectos sociales.

13.Respecto del derecho a la salud se han tomado medidas para aumentar los recursos humanos, el equipo y la infraestructura en los tres niveles del sistema de atención de salud. También se están aplicando programas de atención de salud con enfoques multiculturales. Como consecuencia de ello, la proporción de muertes atribuibles a enfermedades transmisibles se ha reducido del 76% al 62% de todas las muertes registradas. También se está prestando especial atención a la reducción de las tasas de mortalidad materna e infantil. El Acuerdo ministerial Nº 1632, de 2009, prevé el fortalecimiento del programa de medicina tradicional y alternativa, la distribución de terapeutas, la contratación de personal y la oferta de servicios cultural y lingüísticamente apropiados, la creación de una asamblea con las organizaciones de pueblos indígenas y el aumento de la capacidad de 1.000 comadronas en los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Quiché.

14.En cuanto al acceso a la justicia, el Instituto de la Defensa Pública Penal administra 14 defensorías indígenas en las que trabajan 14 abogados defensores y 14 intérpretes bilingües que han atendido 5.480 casos. El personal de la judicatura incluye 389 empleados públicos bilingües y 6 juzgados de paz comunitarios. Se han abierto 73 centros de mediación. El orador dice que existen procedimientos locales de solución de controversias y que recientemente se ha creado en la Corte Suprema de Justicia una Comisión de asuntos indígenas. El Ministerio Público emplea a 18 intérpretes, de los cuales 13 son hombres y 5 mujeres.

15.La Policía Nacional Civil cuenta con una División de Multiculturalidad. La Policía Nacional Civil tiene 4.184 agentes bilingües en 20 idiomas indígenas.

16.La Procuraduría de los Derechos Humanos actuó en 2004 en 775 casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, de los que 80 se referían al derecho a no ser discriminado por motivos de origen étnico. La Procuraduría atendió 284 casos en 2005 y 198 casos en 2006, de los cuales 48 se referían a discriminación racial. En 2007 atendió 35 casos de discriminación racial.

17.Por lo que respecta al estudio titulado "Acceso de las mujeres indígenas al sistema oficial de justicia", el orador dice que no existe un sistema de medición de los resultados. No obstante, se han identificado actividades para promover los derechos de la mujer indígena. La Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) ha ampliado sus actividades a 12 departamentos. Se han tomado medidas para coordinar la labor con diversas entidades relacionadas con la administración de justicia (la policía, el poder judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y las organizaciones no gubernamentales (ONG)) y se ha proporcionado asesoramiento y apoyo técnico para iniciativas jurídicas en favor de la mujer indígena.

18.En relación con el estudio sobre la violencia doméstica contra la mujer indígena, el orador dice que se han tomado medidas institucionales e interinstitucionales para reducir esa violencia. Ese estudio ha servido de base teórica y práctica para la aprobación del Decreto legislativo Nº 22-2008 (Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer). En ese contexto, en Huehuetenango, Sololá, Alta Verapaz, Totonicapán, San Marcos y Chiquimula se emprendieron acciones coordinadas en grupos de trabajo para prevenir y hacer frente a la violencia contra la mujer. Se han denunciado y atendido entre 3.000 y 4.000 casos, de conformidad con los procedimientos requeridos. El orador dice que se han creado redes para prevenir y hacer frente a la violencia contra la mujer.

19.En la esfera de la educación, el orador señala que el 38,68% de los niños indígenas están matriculados en escuelas bilingües y que el 15,24% de los maestros son indígenas. En el ámbito de la cultura y la información, varios ministerios fomentan la investigación cultural y las publicaciones. El Ministerio de Cultura y Deportes es el encargado de velar por la preservación de los lugares sagrados. Muchas entidades participan en la difusión de los derechos de los pueblos indígenas. El Ministerio de Educación y la Academia de Lenguas Mayas promueven los idiomas indígenas. La DEMI y la CODISRA han organizado en coordinación con el ACNUDH campañas de sensibilización contra el racismo y la discriminación.

20.En respuesta a la cuestión formulada por el Comité sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la educación, el orador dice que en 2009, en el marco del programa "Mi familia progresa", se ofrecieron incentivos a unas 470.000 familias para la prosecución de la educación. Se han creado 180.000 plazas escolares y se han concedido 50.000 becas de estudios, en particular en zonas con población mayoritaria indígena. Se han adoptado medidas para implantar la educación universal y gratuita. El orador dice que se han ofrecido contratos permanentes a los maestros que anteriormente trabajaban con contratos temporales, y añade que la educación básica se ha ampliado a todos los municipios y que se presta apoyo para las comidas, el material y el equipo escolar.

21.El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, establecido mediante el Decreto Nº 46-2007, coordina la labor de todos los órganos que se ocupan de las cuestiones de los migrantes. Se han celebrado reuniones de trabajo en Guatemala y en los Estados Unidos de América, donde viven la mayoría de los emigrantes guatemaltecos. Se han organizado campañas de sensibilización y en la actualidad se elabora una amplia política nacional en materia migratoria. El decreto se publicará en los idiomas maya, garífuna y xinca. Se han tomado medidas para coordinar el trabajo entre los consulados de los Estados Unidos y la Subdirección de pueblos indígenas de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente para asistir a los migrantes que hablan idiomas mayas.

22.El ejecutivo ha redactado la Iniciativa de ley Nº 2699 relativa al reconocimiento de la competencia del Comité de conformidad con el artículo 14 de la Convención para recibir y examinar comunicaciones de personas y grupos de personas. Tras un debate celebrado en el del Congreso el 16 de julio de 2002, la iniciativa fue aprobada el 6 de mayo de 2004 por la Comisión de Comunidades Indígenas del Congreso, y el 3 de junio de 2008 obtuvo el dictamen favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente se está procediendo a la segunda lectura de la iniciativa, que probablemente se aprobará en tercera lectura.

23.El Sr. Murillo Martínez, Relator para el país, expresa reconocimiento por la amplia representación de funcionarios indígenas y mujeres en la delegación del Estado parte, pero lamenta la ausencia de personas afrodescendientes, en particular de miembros de la comunidad garífuna, y de funcionarios del sector judicial y minero.

24.El Relator dice que ha visitado recientemente Guatemala por primera vez y que ha podido constatar los esfuerzos que se están realizando para hacer frente a los grandes desafíos del país, en particular desde la instauración de la democracia a mediados de la década de 1980 y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Como dijo el Viceministro de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre esos desafíos figuran la consolidación de la democracia, el legado del conflicto armado interno, la delincuencia organizada, el narcotráfico y otros problemas socioeconómicos.

25.Guatemala es un país diverso y multicultural, pero los grupos étnicos no han sido reconocidos de modo suficiente, y, por lo tanto, no participan en la toma de decisiones que los afectan. La Constitución de 1985 no reconoce el carácter multicultural del país. Según el informe preparado para el Comité por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, el país tiene una carga histórica de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas que se debe a que la distribución del poder político y económico no ha reflejado la diversidad del país. Según el censo de 2002, la población indígena representa el 41% de la población total. Esa población indígena está compuesta de pueblos de ascendencia maya, con 22 comunidades lingüísticas; guatemaltecos afrodescendientes, denominados garífunas; y el pueblo xinca. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida realizada en 2006 determinó que el 51% de la población vive en condiciones de pobreza, y cerca del 15,2% en condiciones de extrema pobreza. Del total de la población indígena, que asciende a 4.973.168 personas, 3.721.100 (68%) viven en condiciones de pobreza, y de ellas 1.354.995 en situación de extrema pobreza. Como consecuencia de esa situación, el 43,4% de los niños con edades comprendidas entre 3 y 59 meses sufren desnutrición crónica. Un informe de 2007 del UNICEF señala que Guatemala tiene el porcentaje más alto de América Latina de niños con desnutrición crónica, con una incidencia superior al 80% entre la población indígena. Según la FAO, el 15% de la población total de Guatemala está en situación de riesgo de inseguridad alimentaria.

26.El orador elogia a la CODISRA por la excelente calidad del informe presentado al Comité y dice que las respuestas a la lista de cuestiones también proporcionan información detallada y actualizada, sobre todo relativa al pueblo garífuna. El Comité ha recibido asimismo abundante información de ONG, incluido un documento en el que se hace un examen crítico de la aplicación de la Convención en Guatemala y que el orador menciona porque lo suscriben muchas organizaciones sociales al parecer muy representativas, como la Fundación Rigoberta Menchú. En ese informe se muestra una situación diametralmente opuesta a la del Estado parte.

27.El Relator dice que valora la prioridad que el Estado parte ha otorgado en su informe a las recomendaciones formuladas por el Comité tras el examen de los informes periódicos 8º a 11º (CERD/C/GTM/CO/11). También elogia, entre otras cosas, la adopción de una política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial, la adopción de una Agenda Pública hacia los Pueblos Indígenas en el marco de los Acuerdos de Paz; la adopción de un conjunto de políticas sectoriales con componentes inherentes a la diversidad cultural; y la firma de acuerdos para promover la identidad nacional, la institucionalidad y el desarrollo de los pueblos indígenas, incluida la creación de una Defensoría de la Mujer Indígena con una ambiciosa agenda.

28.No obstante, el informe da lugar a muchas inquietudes e interrogantes. El Comité desearía disponer de más datos estadísticos para poder hacer una evaluación rigurosa de los progresos realizados en la lucha contra el racismo y la discriminación racial y de los problemas que aún persisten. En el informe no se proporcionan datos recientes sobre la composición demográfica de la población, el acceso a la educación, al empleo y a la atención de salud, la esperanza de vida y, en general, la situación económica y social del país y la de los grupos étnicos con respecto al promedio nacional. Por lo que se refiere al censo que se está preparando, el orador dice que desearía saber cuál es el texto de la pregunta o las preguntas propuestas. ¿Se han realizado pruebas piloto que incluyan el módulo relativo a los grupos étnicos, incluido el pueblo garífuna, y, de ser el caso, qué resultados han arrojado esas pruebas? ¿Cuál ha sido la participación de los grupos étnicos en el proceso de preparación del censo? ¿Es el módulo de preguntas relativo a los grupos étnicos producto de un proceso de concertación con sus portavoces más representativos?

29.El Relator para el país dice que la problemática de racismo y discriminación racial en Guatemala es estructural y se expresa de manera palmaria en la situación de desigualdad en que se encuentran los pueblos indígenas y garífuna. Entre las medidas más importantes adoptadas por el Estado parte para remediar la situación figuran las siguientes: la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; la aprobación de una política pública contra el racismo y la discriminación racial; el otorgamiento de rango legal al Acuerdo sobre Paz e Identidad Cultural; y la creación de la CODISRA.

30.No obstante lo anterior, el país tiene problemas para traducir en la práctica las medidas legislativas y administrativas adoptadas para combatir el racismo. A juicio de un representativo grupo de portavoces de los pueblos indígenas, las recomendaciones formuladas por el Comité con ocasión del examen de su informe anterior han tenido muy poca aplicación. El racismo y la discriminación racial siguen existiendo en Guatemala. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha mencionado, entre otros casos, el de una persona de 72 años, monolingüe y de origen indígena, que fue remitida a un hospital a instancias de un juzgado y a la que se le suministraron medicamentos para personas que padecen esquizofrenia, delirio de persecución y depresión porque el personal del hospital no fue capaz de comunicarse con ella. Tras haber recurrido a un intérprete, se constató que esa persona estaba en buen estado de salud.

31.El orador señala como un hecho positivo la sentencia dictada por un juzgado contra tres funcionarios públicos por actos de racismo contra una viceministra perteneciente a una comunidad indígena. Sin embargo, la tipificación del delito de racismo en Guatemala aún no se corresponde con la definición que figura en el artículo 4 de la Convención.

32.El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ha señalado recientemente en un informe (A/HRC/11/41/Add.3), que el sistema de justicia adolece de una serie de graves deficiencias provenientes principalmente de factores estructurales y de la violencia ejercida sobre los miembros del sistema judicial, lo que contribuye a un clima generalizado de impunidad, no sólo para los crímenes cometidos durante el conflicto armado sino también para los cometidos hoy en día. Según fuentes no oficiales, el 83% de las víctimas del conflicto armado fueron miembros de las comunidades indígenas.

33.No obstante, el orador observa que se están tomando medidas para aumentar la disponibilidad de intérpretes. También destaca la valerosa decisión del Estado parte, que suscribió en 2006 un acuerdo con las Naciones Unidas para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que colabora con el Estado para desmantelar los grupos ilegales y las organizaciones de seguridad clandestinas y llevar ante los tribunales a los funcionarios públicos que obstaculicen la justicia. Todo ello ha dado lugar a que la confianza de los guatemaltecos en el sistema judicial se haya restaurado paulatinamente.

34.El orador acoge con satisfacción el nombramiento progresivo de personal bilingüe en los juzgados ubicados en los municipios de mayor densidad demográfica indígena. El sistema judicial cuenta en la actualidad con 400 funcionarios bilingües. Añade que los juzgados comunitarios de paz contribuirán a atender las necesidades jurídicas especiales de los pueblos indígenas. Otra medida positiva es la creación de la Unidad de la Mujer y Análisis de Género, cuyo objeto es resolver los graves problemas que afectan a la mujer, incluido el denominado femicidio.

35.Por lo que respecta a las políticas públicas, la información proporcionada por el Estado parte no explica los efectos de las políticas adoptadas en favor de las poblaciones indígenas y de los garífunas. Entre esas políticas figura el Acuerdo de Paz sobre la Identidad y el Derecho de los Pueblos Indígenas y del Pueblo Garífuna, que ha adquirido rango de ley. El orador pide que se informe de las medidas recientes que se hayan adoptado para promover los derechos de los indígenas.

36.El orador dice que Guatemala es parte en el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y que impulsó con gran decisión la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y añade que en ambos instrumentos se destaca la importancia del derecho a la consulta previa. Sin embargo, una de las quejas más frecuentes de las comunidades indígenas es la violación del derecho a la consulta previa, en particular en los sectores minero y energético. Las consultas realizadas responden a iniciativas de las propias comunidades indígenas y, por lo tanto, no revisten el alcance que comportan las consultas previstas en el Convenio Nº 169 de la OIT y en la Declaración. La consulta previa es un aspecto fundamental de la participación en la toma de decisiones. Esas consultas entre el Estado y los pueblos indígenas y garífuna entrañan una redefinición de las relaciones entre el Estado y esos pueblos y ofrecen la oportunidad de profundizar el diálogo intercultural. La participación de esas comunidades durante todas las etapas de los estudios de impacto social, cultural y ambiental es fundamental.

37.El orador pide más información sobre la situación en San Juan Sacatepéquez, donde las protestas contra la construcción de una fábrica de cemento han dado lugar a múltiples homicidios, entre ellos el asesinato la semana pasada de dos defensores de los derechos de los pueblos indígenas. La protesta social se ha castigado severamente, hasta el punto de que se ha impuesto una condena de 150 años de prisión en el caso del Sr. Abelardo Kaqchikel. El orador pregunta por las medidas que se han tomado para investigar esos asesinatos y por el resultado de las investigaciones. Pide que se proporcionen datos estadísticos sobre los procesos de consulta realizados a tenor del Convenio Nº 169 de la OIT y los resultados de esas consultas. También desearía que se presentara información sobre el número de licencias expedidas para la explotación de recursos mineros y energéticos en territorios de los pueblos indígenas y sobre las medidas tomadas para garantizar la participación de las comunidades potencialmente afectadas. Pide asimismo que se informe de la fecha en que tomó efecto la moratoria sobre la concesión de licencias de explotación minera en las tierras indígenas. Por último, dice que agradecería que se informase sobre los problemas ambientales relacionados con la explotación minera en San Juan Sacatepéquez.

38.El orador dice que se deberían tomar medidas para erradicar el analfabetismo entre los pueblos indígenas y para combatir los prejuicios raciales en los medios de comunicación. Añade que desearía que se informara de qué medidas deben todavía adoptarse para que el Estado parte reconozca la competencia del Comité para recibir denuncias de particulares relativas a discriminación racial.

39.El Relator señala con satisfacción los esfuerzos que se están realizando para concienciar acerca de la comunidad garífuna. Pregunta por las medidas que se están adoptando para salvaguardar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y garífuna, y pide a la delegación que explique el significado que tiene el 22 febrero en el calendario maya.

40.El Sr. Avtonomov dice que aunque se han tomado medidas legislativas positivas para combatir el analfabetismo e impartir educación bilingüe, especialmente para los niños indígenas, siguen existiendo problemas. Pregunta si todos los niños tienen derecho a la educación bilingüe o si ese derecho sólo se aplica a los niños indígenas. Añade que las lenguas más ampliamente habladas en Guatemala deberían tener mayor reconocimiento y ser usadas en los procedimientos administrativos y judiciales, en lugar de ser tan sólo consideradas como parte del patrimonio cultural de Guatemala.

41.Pide aclaraciones sobre la proporción de indígenas en el total de la población. Respecto de la cuestión de la consulta previa tal como se establece en el Convenio Nº 169 de la OIT, dice que aunque el Decreto Nº 11-2002 aprobado por el Presidente de Guatemala contiene disposiciones sobre la consulta previa a los pueblos indígenas, una decisión de 8 de mayo de 2008 del Tribunal Constitucional determinó que esas consultas no son vinculantes. Por lo tanto, el orador se pregunta si la Convención se está aplicando efectivamente. Dice que agradecería que se presentara más información acerca el proyecto de ley de consulta, que fue aprobado en primera lectura en 2005 pero que todavía no se ha promulgado. También se pregunta por qué el proceso de adopción es tan lento y añade que el racismo y la discriminación racial deberían tipificarse como delito en el derecho interno, de conformidad con el artículo 4 de la Convención.

42.El Sr. Thornberry dice que la cuestión de la autodefinición nacional es especialmente interesante. Aunque en el párrafo 143 del informe del Estado parte se dice que la Constitución de Guatemala reconoce diferentes culturas, pueblos y grupos étnicos, le ha sorprendido que esa referencia figure en la sección del informe dedicada a las medidas para eliminar el apartheid. Dice que debe diferenciarse entre la libre determinación de los pueblos indígenas y las cuestiones del apartheid y la segregación.

43.El orador desea saber qué lenguas se consideran "oficiales" y señala las desventajas que podrían resultar del desconocimiento de una lengua oficial, especialmente para los demandantes y los demandados en procedimientos judiciales. Dado que hay un número considerable de ciudadanos que no hablan el español, pregunta cómo se garantiza su acceso a los servicios públicos y privados.

44.Por lo que respecta a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, pregunta cómo entiende Guatemala el concepto de libre determinación de los indígenas. También se pregunta en qué medida la autodefinición de los indígenas se incluye en la metodología para recoger los datos estadísticos desglosados solicitados por el Comité.

45.Refiriéndose al Convenio Nº 169 de la OIT y a la especial importancia que da a la consulta y a la participación de los pueblos indígenas, dice que aunque el Gobierno está tomando medidas para reforzar la democracia participativa, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que los resultados de las consultas no son vinculantes. Pide que se informe sobre los progresos que se han realizado para reformar las leyes, por ejemplo la Ley de minería, e incluir disposiciones sobre la importancia de la celebración de consultas.

46.El orador pide que se aclare el significado del término "educación intercultural". Pregunta cuál es la relación entre el sistema de justicia indígena y el sistema de justicia oficial. Dado que la administración de justicia se hace en español y que el pluralismo está muy poco reconocido, se pregunta si se ha considerado la posibilidad de pluralizar el aspecto lingüístico del sistema de justicia.

47.Dice que le preocupa observar que no existe un marco jurídico interno para combatir la discriminación racial, como se exige en el artículo 4 de la Convención, a pesar de que el Comité ha formulado recomendaciones en ese sentido al Estado parte en ocasiones anteriores. Una simple disposición constitucional que prohíba la discriminación racial rara vez es suficiente, ya que la Convención no es de aplicación inmediata y por lo tanto requiere que se aprueben leyes nacionales. Pregunta qué medidas se están tomando en Guatemala para hacer frente a los discursos racistas en general, y en particular a la incitación al odio racial en los medios de comunicación. El Comité considera que el artículo 4 de la Convención es de aplicación obligatoria y requiere que se aprueben leyes que prohíban las declaraciones de incitación al odio y la creación de organizaciones racistas.

48.El orador dice que desearía que se presentara más información sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias y sobre las medidas para proteger los lugares indígenas sagrados. A menudo el Comité ve una correspondencia entre el origen étnico, la religión y la cultura. La cultura, especialmente en el caso de los pueblos indígenas, no puede separarse de la religión y la espiritualidad. El orador elogia el carácter autocrítico del informe del Estado parte y observa con satisfacción que las esferas de preocupación del Comité son objeto de un activo debate en Guatemala.

49.El Sr. Diaconu señala varias prácticas y métodos positivos del Gobierno de Guatemala para preservar la cultura indígena, como la inclusión de monumentos culturales y diversas formas de expresión cultural en el patrimonio nacional del país e incluso en el patrimonio mundial con la colaboración de la UNESCO.

50.Otras medidas positivas son la publicación de diversos documentos sobre derechos humanos, la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena y de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la capacitación impartida a los educadores y al personal judicial bilingües.

51.Sin embargo, algunos problemas siguen sin resolverse, como la cuestión de los derechos de la tierra, que es especialmente importante dado el carácter espiritual que la tierra tiene para los pueblos indígenas. Pide que se informe de la razón de que muchas comunidades indígenas no hayan recibido todavía tierras. Pregunta si se han hecho evaluaciones del impacto ambiental de todos los proyectos de desarrollo autorizados. También desearía saber si siempre se celebran consultas con las comunidades indígenas. En 2007 el Tribunal Constitucional dictaminó que los resultados de esas consultas no eran vinculantes. El orador pregunta si esa decisión es conforme con el Convenio Nº 169 de la OIT, que Guatemala ha ratificado. Dice que desearía saber lo que ha sucedido con los proyectos de desarrollo rechazados por las municipalidades y si esos proyectos han sido posteriormente aprobados por el Gobierno federal.

52.El orador dice que muchos proyectos de ley muy importantes no han sido aprobados porque la comisión parlamentaria competente no ha tomado una decisión en los plazos fijados. Esa cuestión es muy preocupante, y el Gobierno debe encontrar una manera de aprobar esas leyes, ya que muchas de ellas son esenciales para combatir la discriminación racial. El orador dice que le gustaría saber cuál es la situación actual de varios proyectos de ley de gran importancia y pendientes de aprobación, como la Iniciativa Nº 3808, relativa a la moratoria sobre la exploración y explotación mineras; la Iniciativa Nº 3835, relativa al proyecto de ley sobre los lugares sagrados de los pueblos indígenas; la Iniciativa para revisar la Ley de minería; la Iniciativa de Ley agraria; y la iniciativa Nº 3684, relativa a la Ley de consulta a los pueblos indígenas.

53.El orador dice que ha llegado el momento de adaptar la legislación a las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT. Guatemala puede ahora resolver sus problemas y la sociedad guatemalteca está preparada para avanzar.

54.El Sr. de Gouttes observa que, según algunas ONG, los pueblos indígenas en Guatemala siguen haciendo frente a estereotipos que los presentan como inferiores, mal adaptados al cambio y responsables de su propio subdesarrollo. Además, las autoridades tienden a reprimir la resistencia colectiva de los pueblos indígenas contra las presiones económicas de las grandes empresas. En vista de esa situación, el orador desearía conocer la opinión de la delegación sobre el conflicto entre modernización económica y costumbres tradicionales. Pregunta por las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para reconocer la relación espiritual de los pueblos indígenas con la tierra.

55.El orador dice que desearía saber cómo tiene previsto el Gobierno lograr una mejor coordinación entre los diferentes órganos que trabajan para prevenir la discriminación racial. También agradecería recibir información lo antes posible sobre la situación de varios proyectos de ley de interés para el Comité, especialmente el proyecto de ley que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de particulares.

56.El orador observa que pocas denuncias de discriminación racial contra indígenas dan efectivamente lugar a procedimientos judiciales. La delegación ha mencionado que tan sólo se ha dictado sentencia en 3 casos de un total de 412 procedimientos, y el orador desea saber cuáles fueron esas sentencias. Pregunta si las 6.619 denuncias de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales mencionadas por la delegación fueron o no demandas judiciales. También desearía saber si esa cifra incluye algunos casos puestos de relieve por las ONG.

57.A la luz de la Recomendación general Nº 31 sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, el orador dice que agradecería que se presentara información sobre los sistemas de justicia tradicional entre los pueblos indígenas y la disponibilidad de intérpretes y asesores bilingües en todos los procedimientos judiciales. También desearía tener más información sobre los juzgados de paz comunitarios y sobre el Iomb'e k'amalb'e (defensor) de los derechos humanos.

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.