NACIONES UNIDAS

CERD

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

Distr.

GENERAL

CERD/C/SR.1862

11 de enero de 2010

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN

DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

72º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA 1862ª SESIÓN

celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 28 de febrero de 2008, a las 10.00 horas

Presidenta: Sra. DAH

SUMARIO

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)

Informes periódicos quinto a séptimo de Moldova (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.GE.08-40797 (EXT)Se declara abierta la sesión a las 10.25 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)

Informes periódicos quinto a séptimo de Moldova (continuación)

Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Moldova vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.

La Sra. GONCEAROVA (Moldova) señala que la explicación más plausible de las discrepancias entre los datos estadísticos que figuran en el informe de 2001 y los del informe de 2005 es que las estadísticas del primero se basaron en datos procedentes del censo de 1989 y los del segundo del censo de 2004. Entre 1989 y 2004 hubo un nivel elevado de inmigración hacia Moldova, que también influyó en las cifras indicadas.

Sobre las preguntas relativas a la posibilidad de estudiar en ucranio, dice que en los años académicos 2006/2007 y 2007/2008 hubo 57 centros de enseñanza de Moldova, excluidos los de la región de Transnistria, que impartieron una materia de lengua y literatura ucranias, seis de ellos escuelas secundarias. También se estudia en ucranio en 30 instituciones de la región de Transnistria. Un departamento especial del instituto de pedagogía del norte de Moldova ha formado hasta el momento a 100 maestros de lengua y literatura ucranias, y en el instituto de pedagogía de Chisinau hay maestros bilingües que enseñan tanto ucranio como moldovo. Cada año asisten a cursos de actualización alrededor de 30 maestros. Un acuerdo interestatal entre Ucrania y Moldova permite a 90 niños moldovos asistir todos los años a escuelas ucranias, donde tienen la opción de especializarse en ucranio.

Con respecto a la posibilidad de estudiar en búlgaro y en gagauso, dice que en todo el sistema educativo se pueden estudiar ambos idiomas, así como el moldovo. La Universidad Estatal de Taraclia, creada cuatro años antes, y la Universidad Estatal de Comrat, en la capital de la Región Administrativa Territorial Autónoma de Gagauzia, ofrecen a los estudiantes de todas las nacionalidades la oportunidad de estudiar en búlgaro y en gagauso respectivamente. En cuanto al yiddish, hay dos escuelas que cumplen plenamente los requisitos de la población judía de Chisinau, aunque más del 50% de los alumnos no son judíos. Una característica del sistema educativo de Moldova, al igual que en otros países multiétnicos, es que esa mezcla de culturas es muy habitual. Sin embargo, en virtud de la legislación sobre la educación, son los padres quienes eligen el idioma de enseñanza del niño. Un grupo de órganos, entre ellos la Academia de Ciencias, realiza periódicamente una supervisión lingüística, y la información más reciente indica que los padres búlgaros, ucranios y gagausos quieren que sus hijos estudien en su idioma nativo y aprendan la literatura, la cultura y las tradiciones de su grupo étnico.

En respuesta a las preguntas sobre la ratificación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, de conformidad con el Plan de acción nacional en la esfera de los derechos humanos se decidió que 2006 fuera un año de preparación para la ratificación de la Carta y que Moldova se comprometía a ratificarla antes del final de 2008. Actualmente está trabajando en el proyecto una comisión especial, formada por científicos y representantes de instituciones relacionadas con el patrimonio cultural que se ocupan de cuestiones étnicas, la Oficina de Relaciones Interétnicas, organizaciones culturales y la sociedad civil. Entre las cuestiones que es necesario resolver están la vigilancia de la situación de los idiomas y la financiación del proyecto. Es de esperar que se pueda presentar un proyecto de ley de ratificación al Parlamento antes del final de 2008. Moldova está preparada para asumir sus obligaciones en virtud de la Carta en relación con el ruso, el ucranio, el búlgaro y el gagauso, a los que se añadirán más adelante el yiddish y el romaní.

La cuestión de la educación en el idioma del Estado se está sometiendo a un examen general, y no sólo con respecto a los funcionarios públicos. El estudio del moldovo es uno de los componentes esenciales del proceso de integración de los grupos étnicos minoritarios en la sociedad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha llevado a cabo un proyecto lingüístico especial y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Oficina de Relaciones Interétnicas realizan un proyecto conjunto para el estudio del moldovo por los funcionarios públicos de las zonas con una densidad de población elevada en las que hay numerosos grupos étnicos. La OSCE está examinando ahora una propuesta de estrategia de la Oficina de Relaciones Interétnicas con arreglo a la cual los grupos étnicos minoritarios estudiarían moldovo como idioma extranjero. Para marzo/abril de 2008 está programada una visita del Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales y es de esperar que, si se aprueba la estrategia, se pueda poner en marcha a partir del año académico 2008/2009.

En respuesta a la pregunta de si Moldova tiene una legislación ideal sobre los idiomas y si se respeta verdaderamente en la práctica, dice que en determinados casos los ciudadanos han presentado denuncias a los tribunales en un idioma y las respuestas se han dado en otro, pero tales casos son excepcionales.

Sobre la cuestión del reconocimiento oficial del Islam en Moldova, señala que las autoridades moldovas nunca han establecido paralelismos entre Islam y extremismo. Hay registradas en total 12 asociaciones públicas islámicas, entre ellas tres organizaciones culturales azerbaiyanas, dos organizaciones tártaras y una organización de pueblos de Asia central. Una denuncia presentada por el Consejo Espiritual de los Musulmanes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con su solicitud de registro fue declarada inadmisible en 2005. El 11 de febrero de 2008, la organización presentó una vez más una solicitud de registro al Ministerio de Justicia, pero se rechazó por motivos puramente de procedimiento. En cuanto a la posibilidad de educación en los idiomas nativos de los musulmanes, en las escuelas dominicales se puede impartir enseñanza en azerbaiyano y tártaro. Con respecto a la cuestión del rechazo de los enterramientos y las solicitudes de un cementerio musulmán, dice que se indicó que se podían establecer en los cementerios públicos secciones separadas para los musulmanes, pero la comunidad musulmana insistió en que se les debía proporcionar un cementerio separado. La cuestión se está examinando ahora, ya que en Moldova no existen cementerios separados desde hace varios decenios.

Con respecto a la población romaní o gitana, dice que la cifra que se da en el informe de 12.000 gitanos residentes en Moldova se basó en el censo de 2004, durante el cual se utilizó un cuestionario en el que se pedía a los entrevistados que indicaran a qué grupo étnico consideraban que pertenecían. De acuerdo con algunos informes no oficiales, el carácter subjetivo de esa pregunta llevó a una situación en la que algunas personas que normalmente se habrían clasificado como pertenecientes a un grupo étnico - por ejemplo el grupo al que pertenecían sus padres - se habían incluido en otro grupo que reflejaba con mayor propiedad cómo se sentían. Eso es lo que pudo ocurrir con la población romaní.

Sobre la cuestión de los gitanos nómadas, que son alrededor de la mitad de la población romaní, dice que viven en asentamientos durante la mayor parte del año y que entre marzo y octubre una parte de la población adulta migra a otros países para ganar dinero, especialmente a Ucrania, Rusia y Polonia. Los niños se quedan y los cuida la comunidad. La función del Gobierno consiste en crear condiciones apropiadas, de manera que esos niños puedan ir a la escuela como todos los demás de Moldova. Las condiciones podrían no ser ideales en las zonas rurales, pero hay escuelas para todos los niños. La propuesta de la población romaní de establecer escuelas separadas para los niños romaníes se rechazó debido a que dicha práctica constituiría una segregación y los niños deberían poder crecer juntos con independencia de su grupo étnico.

La tendencia reciente más positiva en la educación de los niños romaníes ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar medidas tanto por parte del Estado como de la propia población romaní. Se ha iniciado una campaña de sensibilización entre los romaníes, teniendo en cuenta sus actitudes y su sistema de vida tradicionales. Se ha pedido ayuda a los dirigentes de las ONG romaníes, que a su vez son jóvenes graduados de esa etnia, para promover las ventajas de una educación mayor entre sus homólogos. Se ha observado un aumento significativo del número de jóvenes romaníes en la enseñanza superior. Tradicionalmente, el sistema educativo ha tenido más éxito en las comunidades romaníes asentadas.

En cuanto a la pregunta relativa a la diferencia entre un instrumento que establecía medidas de apoyo a los gitanos en Moldova, aprobado en 2001, y un plan de acción de apoyo a la población romaní, aprobado en 2007, dice que el primero es una estrategia y en el segundo se determina la manera de aplicarla. El plan se preparó con aportaciones de representantes de los ministerios competentes, la Academia de Ciencias, la Oficina de Relaciones Interétnicas y las ONG romaníes. Todas las partes presentaron propuestas, de las que algunas se aceptaron y otras se rechazaron debido a limitaciones financieras y de tiempo. En abril de 2008, la Oficina de Relaciones Interétnicas asistirá a una reunión con el Gobierno para evaluar la labor realizada por los ministerios, que comprenderá las aportaciones del Comité si procede.

En Moldova se reconoce el Holocausto y en los libros de texto de historia de las escuelas hay un capítulo completo dedicado a él. En Chisinau se erigió un monumento conmemorativo de las víctimas judías del Holocausto, tras compilar una lista de los asesinados utilizando fuentes de archivo; se financió en parte con fondos públicos y en parte mediante una colecta entre la comunidad judía de Moldova. Hasta el momento no se ha construido ningún monumento a las víctimas de origen romaní; la Oficina de Relaciones Interétnicas no ha recibido ninguna solicitud para hacerlo y no tiene acceso a los archivos correspondientes.

El Sr. RUSU (Moldova) dice que, con arreglo a la Constitución de Moldova, los no ciudadanos y los apátridas tienen los mismos derechos que los ciudadanos de Moldova, con la excepción del derecho a votar y a presentarse a las elecciones. Dichas personas tienen garantizada la igualdad ante la ley, sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, idioma, género, religión, afiliación política, situación en cuanto a propiedades u otros motivos. El artículo 31 de la Constitución garantiza la libertad de conciencia, estipulando que se debe expresar con un espíritu de tolerancia y respeto. Están permitidos todos los servicios religiosos y se organizan de conformidad con los estatutos de cada comunidad religiosa y con la ley.

El Código Penal contiene diversos artículos que protegen los derechos enunciados en la Convención. El artículo 5 del Código estipula que los demandados son iguales ante la ley y tienen derecho a garantías procesales sin discriminación. También establece que los derechos e intereses de las personas no se pueden proteger por medios que violen los derechos e intereses de otros. Además, todos los delitos descritos en el artículo 4 de la Convención se han definido como tales en el Código Penal. El artículo 176 prescribe penas graves, como multas o la exclusión de determinadas funciones, para la violación por funcionarios públicos de los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos por motivos de género, color, raza, idioma, religión u origen nacional o étnico. El artículo 346 prescribe multas o prisión de hasta tres años para la incitación deliberada al odio o la discordia de carácter étnico, racial o religioso, para quien socave el honor o la dignidad nacional o para la infracción directa o indirecta de los derechos de propiedad de otros. En el artículo 135 se define el genocidio como un delito penal sancionable con prisión de 16 a 25 años. También se define la tortura cometida por motivos de discriminación como delito sancionable agravado.

En varios artículos del Código Administrativo se establecen multas administrativas por la propaganda que incite al odio o el desprecio hacia el idioma de cualquier grupo étnico o nacionalidad o la violación por funcionarios públicos de la Ley de utilización de idiomas hablados en el territorio de la República de Moldova.

En 2003 se aprobó una ley que tiene por objeto combatir el extremismo mediante la prohibición de las organizaciones o asociaciones que lleven a cabo actividades extremistas, incluidas las relativas a la incitación a la discordia nacional o social. Las violaciones de esa ley se castigan con la suspensión de las actividades de la organización infractora durante un período de hasta un año o la disolución de la organización si no respeta la suspensión. Contra ese procedimiento se puede presentar recurso ante los tribunales. Las personas que violen dicha ley pueden ser procesadas en tribunales penales o civiles, como se indica expresamente en el Código Penal.

Hay muy pocos ejemplos de causas penales incoadas basándose en la legislación mencionada, debido a que en Moldova es insuficiente la sensibilización acerca de los delitos en cuestión. Solamente se han registrado como violaciones dos casos en virtud del artículo 356 por incitación a la discordia étnica, uno en 2006 y otro en 2007, que todavía está pendiente. El segundo se refiere al editor de un periódico que, durante una reunión de negocios, incitó al odio étnico y defendió la restricción de los derechos de la población de lengua rusa de Moldova. El caso se está investigando ahora y la decisión del tribunal se basará en las pruebas presentadas.

Con respecto a la cuestión de la detención de romaníes durante los fines de semana, hay que señalar que la Fiscalía General realiza controles diarios de todos los detenidos presentes en locales policiales. Las personas detenidas ilegalmente son puestas en libertad. Hay normas estrictas para garantizar que haya algunos jueces disponibles en los fines de semana a fin de presentar sin dilación ante el juez a las personas arrestadas en ese período.

Con respecto al incidente de Yedintsy (pregunta 22 de la lista de cuestiones), cinco varones romaníes fueron detenidos por delitos de orden público y se negaron a obedecer las instrucciones de la policía; el tribunal de distrito les impuso una sanción administrativa. Los cinco hombres presentaron recurso y fueron absueltos. Posteriormente, la fiscalía de distrito inició una investigación oficial para determinar si la policía había actuado legalmente y se comprobó que era así.

La acusación de que la policía moldova muestra prejuicios hacia los romaníes simplemente no es verdadera. Es más probable que cualquier actitud negativa mostrada por la policía vaya dirigida a los tipos de delitos cometidos por los romaníes, sin tratarse de una hostilidad abierta. Los funcionarios de policía moldovos reciben formación en el servicio orientada a prevenir tales actitudes y se ha adoptado un código de ética para el cumplimiento de la ley. La Fiscalía General supervisa la situación específicamente a fin de detectar prácticas discriminatorias.

El Sr. SIDOROV (Moldova) dice que en el último año su país se convirtió en zona de tránsito de solicitantes de asilo procedentes de la Comunidad de Estados Independientes, Oriente Medio y Asia en su camino hacia Europa occidental. En realidad, en Moldova solamente queda un pequeño número de solicitantes de asilo. Su país se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados en 2003, aprobó la Ley del estatuto de los refugiados en 2002 y creó un departamento para las cuestiones relativas a los refugiados en el Ministerio del Interior y un centro de recepción de solicitantes de asilo. Los refugiados reciben asistencia financiera de acuerdo con las posibilidades del Estado en ese sentido.

Con respecto a la cuestión del disfrute de los derechos por la población en la región de Transnistria, hay que señalar que la cuestión de Transnistria plantea un problema muy complejo a Moldova, que afecta a su misma condición de Estado. Uno de los mayores obstáculos es el hecho de que en 1992, como consecuencia de un plan inadecuado, el conflicto político de Moldova se transformó en confrontación armada, que a su vez degeneró en una guerra civil de hecho. Hubo cientos de personas asesinadas y miles de heridos, en su mayor parte civiles. La consecuencia fue que abandonaron Moldova unos 50.000 refugiados, creando un gran número de problemas graves.

Las negociaciones entre las autoridades de Transnistria y su Gobierno siguen adelante, con la asistencia de delegaciones de la Federación de Rusia, Ucrania y la OSCE. En 2003 también se incorporaron al proceso observadores de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea. Aunque se está estudiando la propuesta de establecer un estatuto para el territorio, la premisa básica del Gobierno es que se debe mantener la integridad y la unidad territorial de la República de Moldova, de manera que constituya un Estado soberano. Las autoridades están tratando ahora de incorporar conseguir que las ONG de Transnistria se incorporen al proceso de negociación y están organizando reuniones con ellas a fin de mejorar la situación de la población a ambos lados del río Dniéster.

El número de violaciones de los derechos humanos notificadas en Transnistria no es en la actualidad motivo de preocupación. Cuando los ciudadanos de esa región presentan denuncias al Centro de Derechos Humanos de Moldova, éste se dirige al órgano competente de Transnistria o aborda la cuestión por sí mismo. Todas las personas involucradas en el caso Ilaşcu y otros c. Moldova y Rusia fueron puestas en libertad.

La firma por su país del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue importante para la cuestión de Transnistria, dado que uno de sus objetivos es prevenir los conflictos armados. Con la ayuda de varias organizaciones internacionales de derechos humanos, se ha realizado una labor considerable de formación de los defensores de los derechos humanos sobre las disposiciones del Estatuto. La delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja también ha ayudado a difundir información y ha trabajado con el Gobierno para poner la legislación interna en conformidad con las disposiciones correspondientes del Estatuto, por ejemplo las relativas a la extradición y la supresión de la inmunidad. Actualmente está en el Parlamento para su primera lectura un proyecto de ley de ratificación del Estatuto, y la ratificación se espera que tenga lugar en la primavera de 2008.

En virtud de la Ley de partidos políticos y otras organizaciones sociopolíticas, el Ministerio de Justicia ha registrado 29 partidos políticos. Con relativa frecuencia se crean y registran nuevos partidos. En enero de 2008 se aprobaron varias modificaciones de la Ley, tras celebrar amplias consultas con expertos del Consejo de Europa y representantes de la sociedad civil. Después de mantener debates en mesa redonda sobre algunas disposiciones concretas, el texto modificado se adaptó a las normas democráticas europeas y de todo el mundo. Ahora hay alrededor de 3.000 organizaciones sociopolíticas registradas, algunas de ellas en la Oficina de Relaciones Interétnicas.

El Parlamento examina numerosas solicitudes de reforma o modificación de la legislación presentadas por la sociedad civil. En 2005 estableció un mecanismo de cooperación a fin de facilitar la participación de la sociedad civil en la formulación y modificación de la legislación interna. En 2007 se presentaron unas 160 propuestas de modificaciones de la legislación y las se examinaron todas ellas. Por consiguiente, el Gobierno recibe de la sociedad civil un volumen elevado de aportaciones, que facilitan su conocimiento de la incidencia de la discriminación racial.

En 2001 se aprobó la Ley de derechos de las minorías nacionales y el estatuto jurídico de sus organizaciones, que concede a los grupos minoritarios el derecho a una representación aproximadamente proporcional en los poderes ejecutivo y judicial y en la policía y las fuerzas armadas. En la práctica esas instituciones cuentan con representantes de casi todos los grupos minoritarios del país. Después de las elecciones locales de 2007, la composición de los consejos locales de las zonas tanto rurales como urbanas reflejaba la de la población. Ahora hay 26 miembros del Parlamento pertenecientes a minorías étnicas, de un total de 101.

En 2003, el Gobierno aprobó el Plan de acción nacional en la esfera de los derechos humanos para el período 2004‑2008, que se redactó con la ayuda del PNUD y el ACNUDH. El Gobierno y las ONG están supervisando la aplicación del plan, que es probable que se amplíe para orientarlo posiblemente hacia cuestiones como los derechos de los detenidos, los refugiados, los niños y las medidas para combatir la corrupción. El Gobierno mantendrá su cooperación con el PNUD y la misión de la OSCE en Moldova para seguir adelante con el plan.

El Centro de Derechos Humanos es el mecanismo de denuncias más accesible para todos los ciudadanos, extranjeros y apátridas en el territorio de Moldova. El Centro celebrará su décimo aniversario en marzo de 2008. Todas las personas que crean que se han violado sus derechos pueden buscar solución en él. El Centro presenta informes al Parlamento todos los años. En la actualidad hay en el Centro tres defensores del pueblo, y en 2008 va a comenzar a trabajar en él un cuarto, especializado en derechos del niño. También está en marcha el proceso de creación de un comité consultivo para la prevención de la tortura.

El Sr. LAHIRI pregunta a la delegación si ha estudiado la posibilidad de permitir los enterramientos musulmanes en una parte de los cementerios destinada especialmente a ello. Es una práctica que se ha seguido en otros muchos Estados.

El Sr. KJAERUM solicita información actualizada sobre el diálogo entre el Gobierno y la comunidad romaní. En particular, sería útil saber qué enseñanzas se han extraído y qué iniciativas se han puesto en marcha a la vista del fracaso del reclutamiento de romaníes para la policía. El Comité tiene interés en conocer estadísticas sobre el empleo de miembros de la comunidad romaní en el sector público a nivel nacional y local.

Desea saber si el Estado parte se plantea la posibilidad de transformar el Centro de Derechos Humanos de Moldova en una institución nacional de derechos humanos que funcione en consonancia con los Principios de París.

Pide nuevas aclaraciones sobre el carácter de las organizaciones sociopolíticas.

El Sr. AMIR, Relator para el país, pregunta por qué se enseñan los idiomas de las minorías nacionales el domingo, que es un día no laborable para los cristianos, pero no para los musulmanes. También desea saber si el espíritu de carácter comunitario en el que viven las minorías nacionales constituye una solución constitucional que pueda contribuir a la creación de una república federal.

El Sr. AVTONOMOV solicita más detalles sobre la labor del Centro de Derechos Humanos.

El Sr. de GOUTTES observa que el Estado parte se ha opuesto a la apertura de escuelas especiales para la minoría romaní, pero pregunta por qué los propios romaníes se han mostrado interesados en tener sus escuelas. En relación con los informes presentados por ONG, pregunta si Moldova es un país de tránsito de prostitutas que viajan del este hacia el oeste y solicita información sobre la corrupción en los mandos de la policía y el poder judicial. También agradecería recibir más información acerca de las alegaciones de determinación del perfil racial de las minorías, por ejemplo los romaníes, los africanos, los asiáticos y los musulmanes.

El Sr. ABOUL-NASR expresa su preocupación porque el Estado parte todavía se está planteando el reconocimiento de organizaciones musulmanas. Según la respuesta que presentó la delegación por escrito a la pregunta 4 de la lista de cuestiones, los grupos judíos están reconocidos; pregunta cuándo se prestará la misma atención a los musulmanes.

El Sr. PETER dice que espera con interés la ratificación por Moldova del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Muestra su satisfacción por la designación de jueces de guardia para ocuparse de los asuntos urgentes durante los fines de semana y los días festivos, pero se pregunta si el público general tiene conocimiento de que puede acudir al juez incluso en los fines de semana en caso de arresto o detención. Pregunta qué tipo de solución tiene prevista el Estado parte para la cuestión de los lugares de enterramiento musulmanes. Por último, tal vez sería preferible no referirse en el futuro en inglés a "religious cults", como se hace en el párrafo 167 del informe periódico; la palabra "cult" tiene una connotación negativa.

El Sr. DIACONU también muestra su satisfacción ante la inminente ratificación por el Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, aconseja cautela con respecto a la ratificación del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. Dado el número de minorías presentes en Moldova y los diversos grados de protección disponibles para ellas en aspectos como la educación y el empleo, el proceso podría requerir negociaciones muy prolongadas y complejas con los grupos interesados. Ésta ha sido por lo menos la experiencia de su país, Rumania, en el que hay reconocidas 20 minorías.

La Sra. GONCEAROVA (Moldova), en respuesta al Sr. Lahiri, dice que se ha ofrecido a los musulmanes la posibilidad de tener zonas de los cementerios separadas para sus correligionarios, pero esa oferta no ha sido aceptada. Por consiguiente, el Ministerio de Justicia sigue examinando todavía el problema y ella confía en que se llegue a una solución en un futuro próximo con la cooperación de los grupos interesados.

El Sr. RUSU (Moldova) reconoce que existe corrupción en la policía y el poder judicial, pero su Gobierno se ha comprometido a perseguir todos los casos que se presenten. Por ejemplo, recientemente se han celebrado tres procesos contra funcionarios de policía por abuso de autoridad, con el resultado de 10 condenas. Los esfuerzos que se realizan para aumentar la independencia de los tribunales están dando sus frutos.

Con respecto al tránsito de prostitutas a través de Moldova, dice que el tránsito es más fácil a través de Transnistria y Ucrania. Aunque ha habido algunos casos de prostitutas ucranias o rusas que han pasado a través de Moldova, esos casos son raros; en realidad, Moldova es más un país de origen que de tránsito.

El sistema de jueces de guardia lleva funcionando más de cinco años y el público está suficientemente informado de la posibilidad de presentarse a un juez en los fines de semana y los días festivos. También hay fiscales especiales para supervisar la legalidad de los arrestos por la policía, y en caso necesario pueden ordenar la liberación de los detenidos.

El Sr. SIDOROV (Moldova) dice que el Centro de Derechos Humanos ha estudiado cuidadosamente los sistemas de defensor del pueblo de Suecia y Lituania y ha adoptado su sistema de defensores del pueblo tanto generales como especializados. Los defensores del pueblo tienen formación jurídica y son nombrados por el Parlamento; en la actualidad hay tres defensores del pueblo generales y uno especializado en los derechos del niño.

La cuestión de las organizaciones sociopolíticas y públicas tal vez se haya planteado por un malentendido. En realidad hay organizaciones políticas vinculadas a partidos políticos además de las denominadas organizaciones públicas de la sociedad civil, por ejemplo para las personas discapacitadas, que no tienen conexión con los partidos políticos. En cuanto a la posibilidad de que Moldova evolucione hacia una estructura más federal, dice que es poco probable, debido a que todos los grupos étnicos están presentes en todo el territorio nacional, con la excepción de los 150.000 gagausos y los 70.000 búlgaros del sur, en el distrito de Taraclia. El principal problema es el de Transnistria, territorio en el que Moldova desea ejercer su autoridad. Su Gobierno no respalda la creación de partidos políticos basados en criterios puramente étnicos, porque considera que llevarán inevitablemente a problemas políticos y sociales. Por último, está de acuerdo en que no debería haber prisa para garantizar los derechos de las minorías; su Gobierno reflexionará cuidadosamente sobre cualquier medida propuesta y aprenderá de la experiencia de otros países.

La Sra. GONCEAROVA (Moldova) dice, en relación con la cuestión de las clases de religión musulmana los domingos en lugar de los viernes, que fue el deseo la comunidad musulmana a fin de respetar el día tradicional de observancia, el viernes. En respuesta a la pregunta del Sr. Aboul-Nasr sobre el reconocimiento de asociaciones musulmanas, dice que la Oficina de Relaciones Interétnicas reconoce organizaciones etnoculturales, incluidas judías además de armenias y azerbaiyanas, más que puramente religiosas. El Consejo de Coordinación de las organizaciones públicas de minorías etnoculturales, por ejemplo, ha estado presidido conjuntamente por un musulmán y un judío.

En cuanto al número de romaníes empleados por el Estado, dice que hay cupos para ellos en la enseñanza superior y en la policía, pero el nivel de educación necesario constituye un problema para el empleo en los órganos del Estado. Sin embargo, subraya que hay muchos romaníes empleados en ministerios importantes y muchos profesionales, maestros y dirigentes culturales. Por último, con respecto a las escuelas separadas para romaníes, dice que algunos miembros de la comunidad romaní consideraron que sus niños podrían estar menos preparados que otros, o bien podrían sufrir hostigamiento o permanecer separados de sus padres durante períodos prolongados. Su Gobierno se ha opuesto a las escuelas separadas y en la práctica la experiencia ha demostrado que los niños romaníes obtienen en la escuela tan buenos resultados como los demás.

El Sr. AMIR está de acuerdo con el Sr. Diaconu en que el Estado parte debería actuar con cautela al conceder derechos amplios a las minorías y acoge positivamente la información facilitada sobre las actividades para hacer frente a las cuestiones delicadas del idioma, la religión y la etnia, salvaguardando al mismo tiempo el territorio y la identidad nacionales. La pobreza, que es a menudo más aguda entre los grupos minoritarios y que afecta a su capacidad para afrontar los retos que plantea la discriminación, es un factor agravante que se debe abordar también. En realidad podría resultar más fácil promover la unidad nacional que eliminar la pobreza. Se pregunta si una de las finalidades de la Constitución es encontrar soluciones a las preocupaciones étnicas, culturales y lingüísticas, con objeto de promover un tipo más federal de República. Por último, espera que se preste la debida atención a las observaciones y recomendaciones finales del Comité y que se fomente el diálogo ulterior.

La Sra. GONCEAROVA (Moldova) no está de acuerdo en que Moldova sea un país pobre; si bien ciertamente no es rico, tampoco es pobre. Las cuestiones señaladas por el Comité son de carácter étnico más que económico. Subraya el compromiso de su Gobierno de resolver esas cuestiones y aplicar la Convención. Las observaciones finales del Comité se remitirán al Presidente y al Parlamento. Invita al Comité a visitar Moldova y reunirse con representantes del Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil, incluidas las minorías.

La PRESIDENTA da las gracias a la delegación por el diálogo, que ha sido franco y constructivo. El Comité espera con interés ver pruebas de nuevos progresos durante su examen del siguiente informe periódico del Estado parte.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

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