Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
82º período de sesiones
Acta resumida de la 2219ª sesión
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 20 de febrero de 2013, a las 15.00 horas
Presidente :Sr. Avtonomovmás tarde :Sr. Lahiri (Vicepresidente)
Sumario
Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)
Informes periódicos 15º a 19º de Mauricio
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)
Informes periódicos 15º a 19º de Mauricio (CERD/C/MUS/15-19; CERD/C/MUS/Q/15-19; HRI/CORE/MUS/2008)
1. Por invitación del Presidente, la delegación de Mauricio toma asiento a la mesa del Comité.
2. El Sr. Lahiri (Vicepresidente) ocupa la Presidencia.
3.El Sr. Varma (Mauricio) indica que, lamentablemente, su Gobierno ha tenido que presentar los informes periódicos 15º a 19º con retraso debido al elevado número de informes que ha tenido que presentar a otros órganos de tratados de las Naciones Unidas y a su participación en el proceso del examen periódico universal. Asegura al Comité que Mauricio concede gran importancia a las obligaciones contraídas en virtud de la Convención.
4.La Constitución garantiza a todos los ciudadanos de Mauricio igual protección, sin discriminación por motivos de raza, casta, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo. Además, existen otros instrumentos legislativos destinados a proteger los derechos consagrados en la Convención, así como una serie de políticas y programas creados por el Gobierno también destinados a preservar esos derechos. En concreto, en abril de 2012 se estableció la Comisión de Igualdad de Oportunidades para supervisar la aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, en la que se considera que la discriminación, directa o indirecta, constituye un trato desfavorable por motivos de condición tales como la casta, el origen étnico, el color, el credo, el lugar de origen y la raza. Aunque en Mauricio no existe un sistema de castas oficialmente reconocido, los prejuicios de casta inculcados a la población durante las primeras diásporas persisten entre las generaciones de mayor edad.
5.El Gobierno ha encomendado expresamente a la Comisión de Igualdad de Oportunidades que trabaje para erradicar la discriminación por motivos de casta. La Comisión estudia e investiga las denuncias que recibe y examina, por iniciativa propia, aquellos casos en que se hayan podido o se puedan cometer actos de discriminación. A principios de 2013 publicará directrices y códigos de conducta para todos los empleados de los sectores público y privado en relación con las políticas de igualdad de oportunidades, que son obligatorias en virtud de la Ley. Cuando se presentan denuncias, la Comisión trata de buscar soluciones mediante la conciliación y, si no lo consigue, con el consentimiento del autor, puede remitir el asunto en cuestión al Tribunal para la Igualdad de Oportunidades, que está facultado para emitir órdenes y directrices y conceder indemnizaciones. La Comisión también puede solicitar al Tribunal la adopción de medidas provisionales si las circunstancias requieren una intervención urgente para evitar mayores daños a las partes agraviadas. El incumplimiento de una orden o directriz del Tribunal constituye un delito penal y puede conllevar multas de hasta 100.000 rupias y penas de prisión de hasta cinco años.
6.La Ley de Protección de los Derechos Humanos ha sido enmendada con objeto de armonizar la legislación nacional con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y se ha establecido la obligación de crear un Mecanismo Nacional de Prevención adscrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En virtud de esa enmienda también se ha dispuesto el establecimiento, dentro de la Comisión, de una División de Denuncias contra la Policía, encargada de investigar las denuncias presentadas contra agentes de la policía que no estén relacionadas con acusaciones de corrupción o blanqueo de dinero. La División puede investigar casos de muertes de detenidos bajo custodia policial o a consecuencia de la acción policial y formula recomendaciones sobre cómo actuar ante la conducta indebida de la policía.
7.En virtud de la enmienda mencionada, se ha ampliado el mandato de la Comisión de manera que pueda presentar al Gobierno opiniones, recomendaciones, propuestas e informes sobre cualquier asunto relativo a la promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión también se ocupa de garantizar la armonización de la legislación y las prácticas nacionales con los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Mauricio es parte, así como de asegurar la aplicación efectiva de dichos instrumentos. La Comisión se ajusta plenamente a los Principios de París.
8.Otras enmiendas legislativas han permitido reforzar considerablemente la participación de las mujeres en la política municipal y local, proporcionar asistencia judicial a un mayor número de personas necesitadas y mejorar el acceso al empleo de las personas con discapacidad. La diversidad racial, étnica y cultural que caracteriza a la sociedad de Mauricio siempre ha sido motivo de orgullo para el país, que se esfuerza por mantener la cohesión de una sociedad plural en la que la unidad y la diversidad constituyen la base para el desarrollo y el progreso.
9.La aplicación del Plan Nacional de Acción en materia de Derechos Humanos 2012‑2020 ha estado supervisada por el Comité de Vigilancia de los Derechos Humanos, integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), ministerios, departamentos, instituciones nacionales de derechos humanos y el sector privado. El Gobierno está elaborando una base de datos de instituciones de derechos humanos e indicadores de resultados que le permitirá evaluar el desempeño en función de unos objetivos concretos.
10.Se organizan programas de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos en centros juveniles y oficinas de asesoramiento a los ciudadanos de todo el país para los funcionarios, los jóvenes, las ONG y el público en general. Los derechos humanos, en particular los consagrados en las disposiciones de la Convención, forman parte de la formación de la policía y las fuerzas armadas. Se emiten programas de televisión sobre los derechos humanos para promover una cultura de derechos humanos en todos los sectores de la sociedad e informar a cada grupo específico sobre sus derechos. En diciembre de 2012 se creó un portal de Internet para dar a conocer la estrategia del Gobierno en materia de derechos humanos a escala nacional e internacional. El portal también sirve como plataforma común para los responsables de las políticas, los formadores, los estudiantes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las ONG.
11.La comunidad criolla no sufre discriminación y goza de los mismos derechos económicos, sociales y culturales que otras comunidades. Se están llevando a cabo proyectos específicos para luchar contra la pobreza en todas las comunidades. El idioma criollo se enseña en las escuelas, existe un canal de televisión que emite exclusivamente en criollo y hay una asociación de hablantes de ese idioma que trabaja para preservarlo y promoverlo como idioma ancestral. En 2010 se creó el Ministerio de Integración Social y Empoderamiento Económico, que se encargará de la lucha contra la pobreza. Según datos de ese Ministerio, 40.000 personas de todos los grupos religiosos viven actualmente por debajo del umbral de la pobreza. Se han puesto en marcha programas dirigidos a las familias necesitadas mediante los que se presta ayuda social, se proporciona acceso a viviendas sociales, se organizan proyectos de desarrollo infantil y familiar y se distribuye material escolar.
12.En 2009 se creó la Comisión de la Verdad y la Justicia, que se encarga de llevar a cabo investigaciones sobre la esclavitud y el trabajo en régimen de servidumbre durante el período colonial y determinar medidas adecuadas para compensar a los descendientes de los esclavos y trabajadores en régimen de servidumbre. En noviembre de 2011, la Comisión presentó un informe a la Asamblea Nacional, que había creado un comité interministerial de alto nivel encargado de examinar las recomendaciones de la Comisión. Haría falta un presupuesto muy elevado para poner en práctica todas las recomendaciones, pero ya se están aplicando 19 de ellas y el resto se están estudiando.
13.El Sr. Varma recuerda que el Gobierno de Mauricio escribió al Comité después de la aprobación de las observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 20º del Reino Unido (CERD/C/GBR/CO/18-20) para señalar que, aunque Mauricio tiene soberanía sobre el archipiélago de Chagos, incluida la isla de Diego García, no puede ejercer sus derechos sobre dicho territorio por estar este sujeto al control de facto del Reino Unido. Tras la escisión ilegal del archipiélago de Chagos del territorio de Mauricio, previa a la proclamación de la independencia del país en 1968, la mayoría de los mauricianos que vivían en el archipiélago (chagosianos) fueron obligados a trasladarse a Mauricio. El Gobierno de Mauricio ha solicitado persistentemente la devolución inmediata e incondicional del archipiélago de Chagos y defiende el derecho de los chagosianos a volver al archipiélago de conformidad con la legislación internacional, en particular la Convención. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido continúa actuando en contravención de los artículos 2 y 5 de la Convención al impedirles volver y al impedir a otros ciudadanos de Mauricio entrar en ese territorio. El Gobierno del Reino Unido rechazó la invitación del Gobierno de Mauricio a entablar negociaciones según lo estipulado en el artículo 22 de la Convención. El Gobierno de Mauricio ha adoptado medidas especiales para mejorar la situación de los chagosianos, tales como la concesión de terrenos para la construcción de viviendas y la creación del Fondo de Asistencia a los Chagosianos.
14.En respuesta a las anteriores recomendaciones del Comité (CERD/C/304/Add.106), el Gobierno sigue estudiando realizar la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención, pero considera que existen garantías internas suficientes en cuanto a la obtención de reparaciones. Con respecto al hecho de que su país no haya ratificado las enmiendas del artículo 8, párrafo 6, de la Convención, recuerda que Mauricio sigue sufriendo los efectos de la crisis económica mundial y que contribuye a varios órganos regionales e internacionales. El Gobierno estima que la recopilación de datos estadísticos sobre la composición étnica es una cuestión divisiva que podría poner en peligro la unidad nacional.
15.La Sra. January-Bardill (Relatora para el país) celebra que se haya reanudado el diálogo con el Estado parte y elogia al Gobierno por haber respetado las directrices del Comité en la preparación de su informe periódico. Agradecería que se proporcionase información actualizada sobre los avances del Gobierno en sus esfuerzos por fomentar un sentimiento de unidad e identidad nacional y garantizar que ningún sector concreto de la población se imponga sobre el resto en la sociedad plural del Estado parte. Reconoce la complejidad de la diversidad étnica de la sociedad de Mauricio, pero le preocupa que, según se informa, la población siga dividida por motivos de color, credo e idioma. En relación con esa cuestión, pide que se explique el significado preciso de los términos “comunidad” y “grupo social”.
16.Aplaude la disposición de la garantía constitucional de igualdad y no discriminación, la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y el establecimiento de mecanismos para la aplicación de dicha Ley. El Comité agradecería que en futuros informes se incluyeran ejemplos concretos de la aplicación de la Ley y sus resultados, así como información sobre sus instituciones de apoyo y las repercusiones que tienen para los grupos sociales. Observa que se están creando centros culturales para que los mauricianos de todas las confesiones puedan participar en las actividades religiosas y culturales de su elección y fomentar la armonía y el respeto mutuo. Aunque no es frecuente que se confundan los conceptos de cultura y religión, destaca la necesidad de que las comunidades no recurran a la cultura y a la religión para excluir o discriminar a los no creyentes y a quienes no formen parte de una cultura determinada. Insta al Gobierno a que vigile los efectos que están produciendo las leyes sobre la adopción, el matrimonio y el divorcio, ya que en ocasiones parecen comprometer el principio de la igualdad de trato, por ejemplo cuando se impide a miembros de ciertas castas o religiones entrar a los templos.
17.Espera que la aprobación de la Ley del Fondo del Patrimonio Nacional y la Ley del Fondo Fiduciario del Centro Cultural Mauriciano, el establecimiento de asociaciones de hablantes de idiomas y la creación de fondos fiduciarios para promover y proteger el patrimonio cultural sirvan no solo para proteger el patrimonio cultural, sino también para fomentar la cohesión social. Elogia los esfuerzos realizados para que la educación sea accesible a todos los grupos culturales y religiosos, así como el uso de idiomas locales, incluido el criollo, en la enseñanza formal. Desea saber si el criollo se considera un idioma oficial del país. Resulta alentador que el Gobierno haya adoptado medidas para combatir la discriminación contra los alumnos no católicos en las escuelas católicas públicas.
18.El Comité agradecería que en su próximo informe el Estado parte incluyera información sobre los avances en la aplicación de las recomendaciones del comité interministerial encargado de examinar el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Insta al Estado parte a que solicite a la Comisión que estudie la distinción entre actos de discriminación públicos y privados. Toma nota de los delitos relativos a la discriminación tipificados en el Código Penal y pide información adicional sobre la aplicación del Código en casos de discriminación.
19.Celebra la aprobación de la Ley de 2001 relativa a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en virtud de la cual se penaliza la utilización de los servicios de información y comunicaciones para transmitir mensajes ofensivos o indecentes, y solicita información sobre su aplicación. Por lo que se refiere al Marco Nacional de Políticas de Género, el Comité elogia al Gobierno por el reconocimiento de la recomendación general núm. 25, relativa a las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género, y lo insta a que haga todo lo posible para que las mujeres de las comunidades marginales, como la criolla y la chagosiana, puedan acceder a la vida política, económica, social y cultural en condiciones de igualdad. Señala que sería muy útil disponer de información desglosada sobre esa cuestión. El Comité ha tomado nota de las observaciones finales adoptadas en 2011 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, específicamente la recomendación de adoptar políticas y medidas legislativas concretas para acelerar la erradicación de la discriminación de la mujer en el empleo.
20.En referencia al artículo 5 de la Convención, el Comité expresa su satisfacción por el proyecto de ley que se está finalizando y por la ampliación de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendiente a afianzar la protección contra la violencia, en particular contra la brutalidad policial. Reconoce los esfuerzos realizados para sensibilizar a la policía respecto de los derechos humanos, pero insta al Gobierno a que dé mayor difusión a la Convención entre todos los funcionarios. El Comité pide que se describan casos en los que se haya enjuiciado a agentes de policía por excederse de sus facultades y los resultados de los correspondientes juicios.
21.En cuanto a los derechos políticos, solicita que se explique en mayor detalle el método utilizado para clasificar a la población y el fundamento de dicho método, ya que en el informe solo se nombran explícitamente tres grupos y el resto se considera parte de la “población general”. Le gustaría saber por qué no se reconoce como un grupo independiente a los criollos, que representan más del 25% de la población.
22.Ha tomado nota con interés del concepto de los subsidios religiosos y espera que se conviertan en una práctica sostenible de la que se puedan extraer enseñanzas. El Comité celebra la aprobación de la Ley de Relaciones Laborales, la Ley de Derechos Laborales, la Ley contra la Discriminación Sexual y las órdenes de remuneración. Resultaría útil que en futuros informes se describiesen los efectos de dicha legislación. El Comité insta al Estado parte a que se adhiera a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ya que, según se le ha informado, los trabajadores migratorios siguen afrontando condiciones de vida y trabajo muy difíciles y gozan de escasa o nula protección jurídica. Se han denunciado la excesiva duración de las jornadas laborales y las remuneraciones por debajo del salario mínimo, así como las condiciones de vida opresivas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha recomendado que se establezca un marco jurídico adecuado para proteger los derechos de los trabajadores migratorios.
23.En lo tocante al artículo 7 de la Convención, el Comité desea que se promulguen más leyes dirigidas a promover la comprensión y la armonía entre las razas. Observa que la segmentación de la sociedad y el planteamiento asimilacionista respecto de las diferencias sociales podrían constituir un obstáculo. La segmentación no plantea ningún problema si se aspira a una igualdad sustantiva y no formal y si las diferencias se perciben como un hecho y no como un problema. En Mauricio parece existir una jerarquía de grupos sociales, en la que los ciudadanos de origen indio y europeo se sitúan a la cabeza, mientras que los criollos y los chagosianos ocupan el nivel más bajo. En el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia se hace referencia a dicha jerarquía. El empleo de censos con datos desglosados por grupos sociales para analizar las condiciones de vida de estos y su situación en cuanto al reconocimiento de derechos no resulta negativo en sí mismo y no tiene por qué ser divisivo. Puesto que, según se ha informado, los chagosianos ocupan un lugar marginal en la sociedad de Mauricio, sufren exclusión social, viven en condiciones de extrema pobreza y prevalece entre ellos una elevada tasa de analfabetismo, al Comité le complace observar que se estén adoptando medidas para hacer frente a esos problemas. El Comité lamenta que no se haya avanzado en la resolución de la situación del archipiélago de Chagos y la disputa con el Gobierno del Reino Unido.
24.La situación ha mejorado mucho en Mauricio. Es evidente que el país ha emprendido diversas iniciativas para abordar sus problemas. Alienta al Estado parte a que continúe sus esfuerzos y trate de gestionar las profundas diferencias inherentes a su sociedad.
25.El Sr. Murillo Martínez dice que planteó la cuestión de la comunidad chagosiana ante el Comité durante el examen del informe del Reino Unido. Desea saber cuánta gente ha sido obligada a abandonar el archipiélago de Chagos según los datos del Estado parte. Pregunta cuántos chagosianos residen actualmente en Mauricio y cuántos se han reasentado en el Reino Unido. Pide que se describa el proceso de reasentamiento en el Reino Unido y agradecería más información sobre el origen étnico de los chagosianos que se han reasentado en dicho país. Si bien el Estado parte alude a la responsabilidad del Reino Unido en cuanto a la cuestión del archipiélago de Chagos, algunos chagosianos opinan que el Gobierno de Mauricio también tiene que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde. Desea saber si la Comisión de la Verdad y la Justicia también se está ocupando de ese problema y si ha llegado a alguna conclusión al respecto. Pide a la delegación que explique qué acciones judiciales o de otro tipo ha emprendido el Gobierno de Mauricio para contribuir al regreso de los chagosianos a su territorio.
26.Pregunta si el Estado parte ha llevado a cabo alguna actividad con motivo del Año Internacional de los Afrodescendientes. Desea conocer los motivos por los que el Gobierno decidió crear la Comisión de la Justicia y la Verdad, así como las principales recomendaciones y conclusiones de dicha Comisión, en particular en relación con la población criolla. Agradecería información sobre la representación de la población criolla en los órganos estatales encargados de la adopción de decisiones.
27.El Sr. de Gouttes aplaude el establecimiento de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y del Tribunal para la Igualdad de Oportunidades, la creación del Plan Nacional de Acción 2012-2020, el refuerzo del apoyo a la lengua criolla y la instauración de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Por otra parte, el Comité constata la difícil situación a la que se enfrenta el pueblo chagosiano y recuerda la obligación del Gobierno de proteger los derechos de esa comunidad.
28.Pide más información sobre las escuelas confesionales que reciben fondos públicos y están obligadas a aceptar alumnos de todas las religiones. También agradecería que se explicasen las amplias restricciones en cuanto a los asuntos que puede investigar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se describiese la reestructuración prevista de la Comisión. En relación con las disposiciones del Código Penal relativas a la discriminación, observa que únicamente en el artículo 282 del Código se hace referencia a la incitación al odio racial y pide a la delegación que formule observaciones al respecto. Solicita información detallada sobre lo estipulado en dicho artículo respecto de las denuncias de incitación al odio racial y las acciones judiciales y las condenas que se contemplan para estos casos. Agradecería recibir aclaraciones en cuanto a la integración de la educación en materia de derechos humanos en todos los niveles del sistema educativo. Pide a la delegación que formule observaciones sobre la muerte del cantante criollo Joseph Reginald Topize y sobre el fenómeno del “ malaise creole ”. Desea saber más en cuanto al sistema estatal de responsabilidad social de las empresas.
29.El Sr. Lindgren Alves dice que le gustaría conocer la decisión adoptada finalmente en el caso presentado ante la Comisión de Derechos Humanos por un grupo de personas que cuestionan el requisito constitucional de que los candidatos que se presentan a las elecciones declaren la comunidad a la que pertenecen. Es preciso proceder con precaución en la cuestión de los datos desglosados. Si a la población de Mauricio, en conjunto, le satisface la idea de que no se le pregunte a qué comunidad pertenece, como se ha venido haciendo en los censos del país desde 1990, el Comité no debe proponer que el Estado parte modifique su procedimiento. Sin embargo, hay un problema si la población no está satisfecha. Le gustaría saber qué opina, en particular, la población criolla, a la que se considera parte de la “población general”.
30.Pregunta si en Mauricio existe el matrimonio civil y si los matrimonios entre personas de distintas confesiones están reconocidos por la ley. Pide asimismo a la delegación que explique en qué consiste exactamente la “discriminación por victimización”, prohibida por la Ley de Igualdad de Oportunidades.
31.El Sr. Kut entiende que al Estado parte le preocupe que la recopilación de datos desglosados sobre el origen étnico de la población resulte divisiva, pero observa que el informe parece contener información muy detallada sobre la composición étnica, religiosa y lingüística de la población de Mauricio. Por tanto, se pregunta cuál es el verdadero problema. Observa que Mauricio cuenta con una infraestructura de derechos humanos relativamente desarrollada, que comprende una Comisión Nacional de Derechos Humanos, un Defensor del Pueblo y varios programas, y pide que se explique cómo funcionan en la práctica. Le gustaría saber, por ejemplo, a qué grupos se dirige específicamente el Plan Nacional de Acción en Materia de Derechos Humanos y qué grupos se consideran vulnerables en la sociedad de Mauricio.
32.El Sr. Diaconu solicita a la delegación que aclare si en la legislación de Mauricio se contempla tanto la discriminación entre individuos como la discriminación por parte del Estado. En relación con el artículo 4 de la Convención, observa que las disposiciones del Código Penal parecen referirse exclusivamente a la incitación al odio racial y que no se tipifica expresamente como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad racial ni la violencia por motivos raciales. Desea saber si, en opinión del Estado parte, se puede considerar que las disposiciones vigentes abarcan otros actos de racismo distintos de la incitación al odio racial.
33.Observa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene competencia para tratar cuestiones relativas al derecho a la protección contra la discriminación y, en relación con ese punto, celebra el establecimiento de la nueva Comisión de Igualdad de Oportunidades, facultada para ocuparse de todos los actos de discriminación directa e indirecta. Pide a la delegación que explique cómo están representados los cuatro grupos de población en la Asamblea Nacional. Le gustaría saber qué medidas ha previsto adoptar el Gobierno en respuesta al dictamen del Comité de Derechos Humanos en el asunto de la participación en las elecciones.
34.Pregunta qué idiomas se utilizan para la instrucción en las escuelas. El Estado parte debe adoptar medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas a las comunidades criollas. En relación con la disputa entre el Estado parte y el Reino Unido sobre el archipiélago de Chagos propone que, si las negociaciones entre ambas partes no prosperan, Mauricio pueda presentar ante el Comité una denuncia contra el Reino Unido por violación de las disposiciones de la Convención.
35.El Sr. Saidou dice que preocupa que la composición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se revise cada cuatro años. Para que la Comisión pueda desempeñar eficazmente su labor, los mandatos de sus miembros deben ser más largos. Pregunta qué se está haciendo para erradicar los vestigios de la cultura de castas de la sociedad.
36.El Sr. Vázquez señala que al Comité le inquieta especialmente la falta de datos desglosados relativos a la comunidad criolla, el grupo más desfavorecido en el Estado parte. Sin ese tipo de datos, resulta difícil detectar problemas y disponer medidas adecuadas para solucionarlos. Al incluir a los criollos dentro de la “comunidad de la población general” se mezclan los grupos sociales más pobres y más ricos del país, de manera que, en opinión del Comité, los datos estadísticos correspondientes a la “población general” prácticamente carecen de sentido. Al parecer, los criollos se sienten insatisfechos y consideran que las autoridades no prestan atención a su comunidad y su cultura. En el Estado parte, el éxito individual en el terreno social y económico depende en gran medida del éxito en un sistema educativo ferozmente competitivo. Los grupos más pobres de la población no pueden permitirse las clases particulares adicionales que necesitan la mayoría de los alumnos para llegar a la universidad. Por tanto, los criollos estarán en desventaja si no se adoptan medidas para ayudarlos a escapar del ciclo de la pobreza.
37.El Sr. Kemal observa que, en el contexto de la creciente pujanza económica del Estado parte, continúa ampliándose la brecha entre los criollos y los otros segmentos de la población. Al no recopilarse datos estadísticos sobre el origen étnico de los miembros de varias comunidades, podrían minarse los esfuerzos dirigidos a combatir la discriminación racial. Pregunta si se ha puesto en marcha algún programa de ayudas económicas para favorecer el acceso de los grupos más pobres de la sociedad a la enseñanza superior. También le gustaría saber si alguna de las comunidades cuenta con mayor representación entre la población carcelaria que el resto. Por último, insta al Estado parte a que presente sus informes periódicos con mayor frecuencia.
38.El Presidente indica que se ha publicado una corrección por la que se modifica el párrafo 192 de los informes periódicos combinados del Estado parte.
39.La Sra. Fong Weng-Poorun (Mauricio) dice que, en 1982, el Gobierno decidió dejar de recopilar datos desglosados en función de las cuatro comunidades definidas por la administración colonial antes de la proclamación de la independencia en 1968. La división arbitraria y, especialmente, la definición de “comunidad de la población general” resultan polémicas y podrían incluso ser divisivas. El criterio que se sigue actualmente para la recopilación de datos es la identidad religiosa. Las políticas relativas a las distintas comunidades se centran fundamentalmente en la promoción de sus respectivas culturas. El Estado parte todavía está tratando de consolidar una identidad nacional unificada, sin la cual peligraría la continuidad del desarrollo económico y social. En 2012 se introdujo en las escuelas un programa de educación cívica concebido para inculcar un sentimiento de identidad y unidad nacional a los alumnos.
40.Admite que el sistema educativo del Estado parte podría considerarse elitista, pero dice que se han adoptado medidas para ayudar a los alumnos de los sectores desfavorecidos de la población, medidas que no están restringidas a las comunidades criollas. De manera más general, existen políticas dirigidas a erradicar la pobreza, construir viviendas sociales para los necesitados y suministrar otros servicios necesarios. En algunas escuelas se proporcionan comida y uniformes a los alumnos más pobres y los profesores imparten clases adicionales a los que no pueden permitirse las clases particulares. Se conceden becas en función de criterios sociales para ayudar a los alumnos más desfavorecidos a asistir a la universidad en el país o en el extranjero. En 2013 se concedieron 18 de esas becas. Se ha puesto en marcha un programa para la reducción de la pobreza financiado por la Unión Europea dirigido a contribuir a la formación de los pobres en materia de emprendimiento.
41.El Gobierno está estudiando la posibilidad de celebrar un refer e ndum a escala nacional sobre la reforma electoral con el fin de eliminar la obligación de que los candidatos declaren la comunidad a la que pertenecen para poder presentarse a las elecciones. En ocasiones se niegan a realizar dicha declaración y apelan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ilustra la naturaleza vejatoria del asunto. Los informes sobre la reforma electoral presentados recientemente por tres expertos han sido ampliamente rechazados por el público.
42.El Sr. Calí Tzay se pregunta si el Estado parte está intentando restar importancia a la diversidad cultural del país para promover una identidad nacional única. Las explicaciones de la delegación sobre la reforma electoral le parecen confusas.
43.La Sra. Fong Weng-Poorun (Mauricio) responde que, al contrario, la diversidad cultural se está fomentando en el Estado parte mediante la creación de distintas asociaciones de hablantes de idiomas y centros culturales. Las iniciativas de reforma de las leyes electorales están dirigidas a eliminar del escenario político una posible causa de fricción. Los matrimonios entre miembros de distintas comunidades son muy comunes en el Estado parte y la admisión en las escuelas no está restringida por motivos de pertenencia a una comunidad determinada.
Se levanta la sesión a las 17.55 horas.