Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

77º período de sesiones

Acta resumida de la 2024ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 10 de agosto de 2010, a las 15.00 horas

Presidente :Sr. Kemal

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 15 º a 17º de Australia

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 15º a 17º de Australia (CERD/C/AUS/15-17; CERD/C/AUS/Q/15-17; HRI/CORE/AUS/2007)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Australia toma asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. Woolcott (Australia) dice que desde la presentación del último informe periódico (CERD/C/AUS/15-17) ha habido importantes cambios en Australia. Acoge con satisfacción los informes alternativos que han preparado la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos de Australia y su presencia en la sesión. Australia está orgullosa de la firme y dinámica adhesión de su sociedad civil a las cuestiones de derechos humanos.

3.El 21 de agosto de 2010 se celebrarán elecciones federales en Australia y, de conformidad con la práctica consagrada, el Gobierno ha asumido una función de "transición". Cabe destacar que las futuras políticas y prioridades respecto de algunas de las cuestiones que está examinando el Comité pueden depender del resultado de las elecciones. Por consiguiente, la delegación se limitará a describir las posiciones adoptadas en el pasado, ya que sería incorrecto pormenorizar o especular acerca de lo que pueda ocurrir tras las elecciones. Si bien Australia es parte en la Convención, el cumplimiento de las obligaciones que impone la Convención se hace por medio de la política del Gobierno. La delegación habría preferido comparecer ante el Comité después de las elecciones, porque habría estado en mejores condiciones para debatir los notables logros de Australia en cuanto a la eliminación de la discriminación racial y lo que aun queda por hacer.

4.Si bien los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres ocupan un lugar especial en la sociedad australiana en su calidad de primeros pobladores del país, es evidente que la mayoría sufren profundas desventajas en comparación con el resto de la sociedad, y que aun queda más por hacer para garantizarles el goce de sus derechos humanos. El Gobierno se ha esforzado por reconstruir las relaciones con los pueblos indígenas de Australia de conformidad con las anteriores observaciones finales del Comité. El 13 de febrero de 2008 el Primer Ministro pidió oficialmente disculpas a los pueblos indígenas, en particular a las generaciones perdidas, por políticas gubernamentales que en el pasado causaron profundos sufrimientos a los indígenas de Australia. Estos acogieron con satisfacción las disculpas. El 3 de abril de 2009 Australia anunció su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En agosto de 2009 el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas visitó Australia y mantuvo un diálogo franco y constructivo con varios organismos del Gobierno. En noviembre de 2009 Australia también recibió la visita del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, cuyo informe posterior se ocupa de una serie de cuestiones pertinentes al debate con el Comité y formula recomendaciones que el Estado parte ha acogido con satisfacción. El Gobierno apoyó además la elección del Sr. Megan Davis, destacado abogado especialista en derechos humanos de los aborígenes, como miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

5.El Consejo de Gobiernos Australianos, en representación del Gobierno federal y de todos los gobiernos estatales y territoriales, ha establecido seis metas específicas para mejorar la situación de los pueblos indígenas con respecto al resto de la población, en particular la de eliminar, en una generación, la diferencia en cuanto a la esperanza de vida. Otras metas se centran en la salud de la infancia, la educación y el empleo. En noviembre de 2009 el Gobierno de Australia acordó apoyar el órgano nacional de representación de los indígenas, el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, que se creó oficialmente en abril de 2010 y estará en pleno funcionamiento en enero de 2011. La iniciativa responde a algunas de las preocupaciones expresadas en las observaciones finales del Comité en 2005.

6.En lo que respecta a los avances para restablecer la aplicación de la Ley sobre la discriminación racial de 1975 en relación con la Respuesta de Emergencia para el Territorio del Norte, se han enmendado varias medidas de la Respuesta de Emergencia tras consultar a los pueblos aborígenes del Territorio del Norte. Se ha dispuesto que la actual suspensión de la Ley sobre la discriminación racial en relación con la Respuesta de Emergencia cese el 31 de diciembre de 2010 para permitir la aplicación de nuevas medidas ajustadas a la ley y una transición efectiva. Además, la Ley sobre la discriminación racial se aplica al nuevo plan de gestión no discriminatoria de los ingresos desde el 1º de julio de 2010.

7.En diciembre de 2008 el Gobierno de Australia inició la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos, dirigida por un Comité independiente de australianos eminentes, con el fin de examinar la protección y la promoción de los derechos humanos y las obligaciones correspondientes en Australia. El Comité ha informado que la mayor parte de los consultados consideran que Australia es uno de los mejores países del mundo para vivir. Es un Estado de derecho, posee una sólida democracia parlamentaria con sufragio universal y un claro sistema de contrapesos, a cargo de instituciones democráticas sólidas e independientes. El poder judicial es fuerte e independiente, y está protegido de intimidaciones y favoritismos por garantías constitucionales.

8.El common law de Australia reconoce una serie de principios de derechos humanos, como las garantías procesales y el derecho a la protección contra la autoinculpación. Los principios de derechos humanos se plasman en las leyes contra la discriminación y además en las disposiciones penales y civiles que consagran el derecho a un juicio imparcial y a la revisión administrativa. El Gobierno apoya, en particular con asistencia financiera, a un fuerte sector no gubernamental abocado a la promoción de los derechos humanos. Los medios de comunicación de Australia son libres e independientes. El informe del Comité ha demostrado categóricamente que los australianos apoyan la protección de los derechos humanos.

9.No obstante, hay más por hacer. Se han expresado muchas opiniones diferentes acerca de la manera de seguir protegiendo y promoviendo los derechos humanos, como la aprobación de una ley de derechos humanos. En respuesta al informe de la Consulta, en abril de 2010 el Gobierno dio a conocer el Marco de Derechos Humanos de Australia, que reafirma la adhesión del país a los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que Australia es parte. El Marco se basa en cambios positivos y prácticos para promover y proteger los derechos humanos y en la opinión, inmensamente difundida en las respuestas a la Consulta, de que la educación debe ser la principal prioridad.

10.También se ha dado inicio a una serie de iniciativas adicionales, en especial relacionadas con los indígenas australianos ante el sistema de justicia. Por ejemplo, el Gobierno ha financiado la prestación a los indígenas australianos de asistencia jurídica de alta calidad y adaptada a su cultura. En el anterior presupuesto se aumentaron considerablemente los fondos destinados a la asistencia jurídica de los indígenas, de conformidad con las comunicaciones recibidas del Comité en 2010 en el marco de los procedimientos de alerta temprana y acción urgente. Se han asignado más fondos a las regiones en las que la demanda de servicios jurídicos tendía a ser mayor y su costo más elevado. Los indígenas pueden obtener la financiación de cualquier entidad de asistencia jurídica, no solo de las indígenas.

11.En noviembre de 2009 todos los gobiernos de Australia ratificaron un Marco Nacional de Legislación y Justicia para los Indígenas. Este se centra en particular en medidas para aumentar la seguridad de las comunidades indígenas y reducir la proporción de indígenas australianos encarcelados, en particular jóvenes. En lo relativo a los títulos de propiedad de los aborígenes, el Parlamento promulgó en 2009 reformas concretas de la Ley de títulos de propiedad de los aborígenes de 1993 con miras a mejorar su aplicación. Las reformas designaron al Tribunal Federal de Australia principal responsable de la solución de las reclamaciones de títulos de propiedad de los aborígenes, y abarca medidas para ayudar a los indígenas y otros interesados a lograr una solución más rápida y mejor de esas reclamaciones.

12.La diversidad de la población australiana ha aumentado desde 2005. Los australianos hablan más de 260 idiomas, incluidos los idiomas indígenas, correspondientes a 270 orígenes, y siguen muy diversas tradiciones culturales y religiosas. Casi la mitad de la población ha nacido en el extranjero o tiene un padre inmigrante. En menos de una generación Australia ha dejado de ser una sociedad mayoritariamente anglocéltica de menos de 8 millones de personas para pasar a ser una sociedad multicultural de más de 22 millones de integrantes. En suma, la migración ha convertido a Australia en una sociedad más cosmopolita y abierta al mundo.

13.La naturaleza cohesiva e incluyente de la diversidad cultural, religiosa y lingüística de Australia se celebra el 21 de marzo de cada año en el Día de la Armonía, que coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Su mensaje permanente, "Todos somos parte", alienta a las personas a participar en su comunidad, respetar la diversidad cultural y religiosa e impulsar el sentido de pertenencia de todos a la sociedad. Miles de escuelas, grupos comunitarios y organizaciones de toda Australia realizan actividades en el Día de la Armonía y, según las encuestas, estas han aumentado con el tiempo.

14.De conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, Australia está decidido a brindar protección a los refugiados. Las decisiones de suspender la tramitación de todas las nuevas solicitudes de asilo de ciudadanos de Sri Lanka y el Afganistán, anunciadas el 9 de abril de 2010 y que serían revisadas dentro de tres y seis meses, respectivamente, se adoptaron en respuesta a datos que indicaban que la situación estaba cambiando en Sri Lanka y partes del Afganistán, en particular en las zonas relacionadas con las solicitudes de asilo pendientes en Australia. Las suspensiones no obedecieron a motivos raciales. La relativa a los solicitantes de asilo procedentes de Sri Lanka fue levantada el 6 de julio de 2010 después de analizar la información actualizada acerca de la situación en Sri Lanka reunida durante la vigencia de la suspensión. Las solicitudes de asilo de todos los ciudadanos de Sri Lanka afectados por la suspensión se están examinando actualmente caso por caso. La suspensión sigue en vigor para las solicitudes de ciudadanos del Afganistán.

15.En cuanto a la detención de los inmigrantes, el Gobierno reconoce la necesidad de velar por que las personas no permanezcan detenidas más de lo necesario, reciban un trato justo, humano y digno, y tengan acceso a diversos servicios de salud, recreación y educación.

16.En virtud del mecanismo mejorado de evaluación no estatutaria de la situación de refugiado, en los casos de ingresos irregulares los solicitantes de asilo reciben asesoramiento y asistencia independientes con cargo a fondos públicos y pueden acceder a la revisión independiente de las evaluaciones negativas y al control externo del Ombudsman de la Commonwealth. Estas medidas se basan en orientaciones de procedimiento más estrictas para los funcionarios de los departamentos encargados de la evaluación del estatuto de refugiado.

17.A partir del 1º de julio de 2009 Australia aplica un nuevo régimen de permisos de trabajo para los solicitantes de asilo. En particular, se ha derogado la "norma de los 45 días", según la cual solo los solicitantes de asilo que hubieran solicitado un visado de protección dentro de los 45 días de su llegada a Australia podían aspirar a trabajar y acceder a los servicios gratuitos de atención básica de la salud y de los hospitales. Según el nuevo régimen, se otorga a los solicitantes de visados de protección que tengan residencia legal en virtud de un visado normal el derecho a trabajar y a acceder a esos servicios. También puede otorgarse el derecho a trabajar a los solicitantes de visados de protección cuya residencia haya dejado de ser legal pero que se hayan presentado en forma voluntaria ante las autoridades para resolver su situación y que tengan una acuciante necesidad de trabajar. El acceso al permiso de trabajo depende actualmente de la clase de visado transitorio que se posea y la etapa del proceso en que se encuentre la solicitud.

18.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Australia tiene el deber indelegable de atender a los inmigrantes detenidos y, por consiguiente, debe proceder con la debida diligencia para prevenir cualquier daño razonablemente previsible. Los inmigrantes detenidos merecen un elevado nivel de atención, dado que su independencia está considerablemente restringida. El Departamento presta diversos servicios acordes con los valores de respeto de la dignidad humana, trato imparcial y razonable conforme a la ley, y servicios de alojamiento y otros servicios apropiados. Los servicios de detención y su prestación están sujetos a un marco externo de control y rendición de cuentas, en el que participan el Parlamento australiano y varias autoridades estatales, como el Ombudsman del Commonwealth, el Comisionado de Protección de la Vida Privada y la Comisión de Derechos Humanos de Australia.

19.En los últimos tres años el departamento ha colaborado estrechamente con los interesados, en particular el grupo asesor sobre la salud en los centros de detención, para mejorar la prestación de servicios de atención de la salud mental de todos los inmigrantes detenidos sobre la base de tres políticas basadas en el enfoque de mejores prácticas encaminadas a identificar y prestar apoyo a los sobrevivientes de tortura y trauma y a prevenir la autoagresión durante la detención.

20.El Gobierno atribuye gran importancia a la seguridad de los estudiantes internacionales y condena todas las agresiones por motivos raciales en Australia. La inmigración, alentada por los valores esenciales de la aceptación, la tolerancia y la apertura, es un componente fundamental para mantener los buenos resultados económicos y sociales de Australia. Si bien Australia es uno de los países más seguros y tolerantes del mundo, es imposible eliminar completamente los delitos urbanos. No obstante, el Gobierno está decidido a reducir a un mínimo la tasa de delitos urbanos aumentando los recursos de la policía. En junio de 2009 el Primer Ministro estableció un grupo especial, presidido por el Asesor de Seguridad Nacional, para ocuparse de las agresiones a los estudiantes internacionales.

21.El problema de la seguridad de los estudiantes internacionales ha revelado deficiencias del régimen de enseñanza y de visados para los estudiantes internacionales, y los gobiernos de todos los niveles han adoptado medidas para solucionarlo. Con el fin de velar por que las personas que soliciten estudiar en Australia sean auténticos estudiantes y no trabajadores irregulares expuestos a la explotación, deben reformarse y hacerse más estrictos esos regímenes, entre otras cosas, aumentando el monto de dinero cuya posesión deben justificar los estudiantes internacionales para obtener un visado de estudiante. El programa general de inmigración calificada también fue modificado el 1º de julio de 2010 con el fin de suprimir en gran medida los incentivos para que los estudiantes extranjeros soliciten la admisión en un curso con la sola esperanza de obtener la residencia permanente.

22.Se elevó el nivel de la enseñanza con el fin de mejorar la calidad de las instituciones educativas haciendo más estrictos los requisitos de viabilidad financiera y de protección de los montos pagados por los estudiantes. Los gobiernos de Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland han creado un programa de auditorías rápidas de los proveedores privados de servicios educativos y han adoptado medidas contra los proveedores que incumplían los requisitos legislativos. Una revisión de la Ley de servicios educativos para los estudiantes extranjeros de 2000 dio lugar a modificaciones legislativas, y el Consejo de Gobiernos Australianos está terminando de preparar una estrategia relativa a los estudiantes internacionales. Los gobiernos australianos desean asegurar que los estudiantes internacionales, indios y de otras nacionalidades, reciban una educación de elevada calidad, sean financieramente autónomos y tengan una experiencia positiva en Australia.

23.El Sr. Heferen (Australia) destaca un importante número de novedades recientes en las cuestiones relativas a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres. Las disculpas oficiales marcaron un día especial en la historia de Australia, y representan un primer paso hacia el reconocimiento del daño causado por las políticas gubernamentales del pasado, incluida la separación de niños indígenas de sus familias. Se han creado planes estatales de indemnización en Queensland, Tasmania y Australia Occidental para las personas que sufrieron abusos físicos y sexuales mientras se encontraban a cargo del Estado. En reconocimiento de la necesidad de servicios curativos para superar el trauma de la separación y los efectos intergeneracionales consiguientes, el Gobierno australiano asignó 26,6 millones de dólares australianos en cuatro años para crear una fundación dedicada a la superación del trauma y la reparación en toda la comunidad indígena, centrándose en las generaciones perdidas. Como señaló el Sr. Woolcott, se fijaron metas claras para reducir las diferencias entre los indígenas y las demás poblaciones en las esferas de esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, acceso a la educación de la primera infancia, conocimientos de lectoescritura y aritmética elemental de los niños, nivel educativo máximo que alcanzan las personas y oportunidades de empleo. Estas medidas son coherentes con las observaciones finales formuladas por el Comité en 2005.

24.En cuanto al restablecimiento de la aplicación de la Ley sobre la discriminación racial y las reformas legislativas de la Respuesta de Emergencia, dice que, entre junio y fines de agosto de 2009 se hicieron amplias consultas con los pueblos aborígenes del Territorio del Norte sobre las futuras orientaciones de la Respuesta de Emergencia. En la consulta participaron integrantes de las 73 comunidades comprendidas en la Respuesta de Emergencia junto a varias otras comunidades aborígenes y campamentos urbanos del Territorio del Norte. Se celebraron más de 500 reuniones de consulta en las comunidades y 11 talleres, en los que participaron dirigentes regionales y organizaciones interesadas. Se contrataron intérpretes para las reuniones comunitarias de mayor concurrencia. Las consultas otorgaron a los participantes la oportunidad de comunicar al Gobierno los resultados de las medidas y los cambios que deseaban los miembros de la comunidad.

25.Los aspectos esenciales de la Respuesta de Emergencia se mantuvieron, pero se reformularon y mejoraron varias medidas, que constituyen más claramente medidas especiales en el marco de la Ley sobre la discriminación racial. Por consiguiente, el 31 de diciembre de 2010 se debe reanudar la aplicación de esa ley en relación con la Respuesta de Emergencia, previendo un plazo para permitir la aplicación de las medidas reformuladas y una transición efectiva. Además, el nuevo plan no discriminatorio de gestión de los ingresos entró en vigor el 1º de julio de 2010 sin exenciones resultantes de la Ley sobre la discriminación racial.

26.Se ha informado de algunos resultados positivos desde la introducción de la Respuesta de Emergencia. Entre los principales logros en la esfera de la salud cabe mencionar un programa de nutrición escolar, la prestación de servicios de odontología y otorrinolaringología a los niños, y la asignación temporal de más de 450 profesionales de la salud a través del Cuerpo Sanitario de las Zonas Aisladas. En lo que respecta al imperio de la ley, otras 18 comunidades cuentan ahora con presencia policial, se ampliaron 5 comisarías de policía existentes, y se asignaron 60 agentes de policía adicionales a las comunidades.

27.La tierra ocupa un importante lugar en la vida cultural, espiritual, social y económica de muchos indígenas australianos. El Gobierno colaboró estrechamente con propietarios indígenas y gobiernos estatales y territoriales para asegurar que hubiera mecanismos apropiados de tenencia de la tierra antes de que el Gobierno procediera a hacer una importante inversión en vivienda o infraestructura. La negociación de arrendamientos financieros con los propietarios tradicionales constituyó un reconocimiento oficial de los pueblos indígenas como propietarios de la tierra, aclarando quién podía utilizar la tierra y quién era responsable de su cuidado. Los residentes no serán desplazados de sus tierras como resultado de la concesión de un contrato de arrendamiento.

28.Exigir la seguridad de la tenencia de las tierras en posesión de los indígenas antes de proceder a una inversión importante es coherente con los mecanismos vigentes en los mercados inmobiliarios del resto de Australia. Los propietarios tradicionales siguen participando activamente en la adopción de decisiones por conducto de los foros consultivos creados en el marco de los arrendamientos de todo un municipio o los grupos de referencia sobre la vivienda establecidos a raíz de arrendamientos de una zona destinada a vivienda. Hay arrendamientos financieros voluntarios a largo plazo, vigentes o acordados, en 13 de las 15 comunidades del Territorio del Norte que se identifican como lugares prioritarios para la prestación de servicios en zonas aisladas. Los lugares prioritarios del Territorio del Norte serán objeto de una importante actividad de construcción de nuevas viviendas en el marco del Programa Estratégico de Vivienda e Infraestructura para los Indígenas. En julio de 2010 se habían construido 67 viviendas, se estaban edificando otras 53 y se habían restaurado 381 viviendas. La meta de empleo indígena del 20% fue superada en un 15%.

29.Luchar contra la violencia familiar en las comunidades indígenas reviste gran importancia para todos los gobiernos de Australia, que han acordado prioridades nacionales en varios ámbitos, incluido el impulso de los esfuerzos para reducir la violencia contra las mujeres indígenas y sus hijos. También han acordado formular un plan nacional sobre el tema, y el Gobierno federal ha estado cooperando con los estados y territorios para determinar las esferas prioritarias de acción. Recientemente se ha anunciado el Programa de Seguridad de la Familia Indígena para financiar iniciativas comunitarias de seguridad de la familia indígena centradas en esferas prioritarias de acción, como la lucha contra el alcoholismo, mejor protección policial, el fortalecimiento de las normas sociales contra la violencia y la coordinación de los servicios de apoyo.

30.En cuanto a la creación del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, explica que el Gobierno de Australia hizo en 2008 una consulta nacional con los indígenas australianos acerca de la posible función y estructura de un órgano nacional de representación de los indígenas. Según el modelo recomendado al Gobierno, el órgano estará integrado por organizaciones indígenas y particulares, obtendrá financiación inicial del Gobierno pero aspirará a la independencia económica a largo plazo, y se centrará en cuestiones estratégicas. El modelo refleja los artículos fundamentales de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Congreso Nacional, concebido por los indígenas australianos y para ellos, es una sociedad de responsabilidad limitada independiente, abierta a las organizaciones de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, las organizaciones de servicios y los particulares mayores de 18 años. Actualmente está dirigido por un ejecutivo nacional interino, encargado de crear un órgano que facilite la constitución de un Congreso plenamente integrado por miembros elegidos hacia noviembre de 2010 que pueda iniciar oficialmente sus actividades en enero de 2011 y proporcionar una fuerte voz a los pueblos indígenas australianos.

31.La Sra. Jones (Australia) describe la labor del Comité Consultivo Nacional sobre Derechos Humanos, que ha recibido más de 35.000 peticiones y ha organizado más de 65 mesas redondas comunitarias y audiencias públicas en toda Australia, incluidas las comunidades aisladas. Ha encomendado investigaciones cualitativas de las opiniones de los australianos sobre derechos humanos, ha empleado estrategias innovadoras de difusión entre la mayor cantidad posible de interesados y ha organizado tres días de debates públicos con diversos expertos y académicos, organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos comunitarios y particulares interesados. De conformidad con las recomendaciones del Comité, el Marco de Derechos Humanos prevé medidas en varios ámbitos, en particular el mejoramiento de la educación de derechos humanos, el establecimiento de un nuevo comité parlamentario conjunto de derechos humanos, la introducción del requisito de que toda la nueva legislación primaria y secundaria que se presente al Parlamento incluya una declaración de compatibilidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Australia, la consolidación de las leyes federales contra la discriminación para eliminar las superposiciones, la formulación de un nuevo plan de acción nacional sobre derechos humanos, y la creación de un foro anual de ONG de derechos humanos. Se han adoptado las primeras medidas para aplicar el Marco, pero corresponderá al nuevo Gobierno adoptar las ulteriores medidas legislativas y administrativas.

32.La reserva de Australia al artículo 4 a) de la Convención sigue siendo pertinente; Australia no tipifica como delito federal los actos de odio racial. No obstante, la mayoría de los estados y territorios tipifican el odio racial como delito penal, con penas que van de seis meses a tres años de cárcel. En noviembre de 2009 el estado de Victoria enmendó su legislación sobre las condenas para incorporar los delitos basados en motivos raciales y para considerar el odio racial como agravante. A nivel nacional, la Ley sobre la discriminación racial prohíbe la discriminación en la vida pública por motivos raciales y tipifica como delito el comportamiento ofensivo por motivos de odio racial. De conformidad con la ley, las denuncias de discriminación racial se presentan a la Comisión de Derechos Humanos de Australia, que debe intentar una conciliación, que podría consistir en disculpas o el pago de daños. En 2008-2009 la Comisión recibió 396 denuncias, el 8% de las cuales se referían al odio racial. Se logró la conciliación en el 55% de las denuncias resueltas. Los casos en que no se logre la conciliación pueden llevarse ante los tribunales. Desde 2005 se tramitaron con éxito ante la justicia varias causas de discriminación en virtud de la Ley sobre la discriminación racial. En un caso el demandante recibió más de 70.000 dólares australianos por concepto de daños después de que un tribunal concluyó que los comentarios racistas formulados por los colegas constituían discriminación racial.

33.Además de la legislación, Australia está firmemente decidida a prevenir la denigración y discriminación raciales mediante la enseñanza de los derechos humanos, que constituye la base de un respeto genuino y duradero de los derechos humanos y las obligaciones correspondientes. El Gobierno ha encargado a la Comisión de Derechos Humanos de Australia una labor de educación en materia de derechos humanos.

34.La justicia para los pueblos indígenas y la seguridad de sus comunidades son prerrequisitos esenciales del éxito de otras iniciativas del Gobierno de Australia encaminadas a superar las desventajas de los pueblos indígenas. En virtud de la Constitución australiana, la responsabilidad por el sistema de justicia penal incumbe a los gobiernos estatales y territoriales. No obstante, dados los importantes retos que se plantean en estas esferas y las elevadas tasas de encarcelamiento de los indígenas australianos, el Gobierno federal ha estado colaborando estrechamente con los estados y territorios para formular mejores respuestas, como el Marco Nacional de Legislación y Justicia Indígenas. En noviembre de 2009 el Gobierno organizó una mesa redonda sobre la seguridad de la comunidad indígena en la que participaron los ministros de justicia, los ministros de asuntos indígenas y ministros y comisarios de policía de todos los estados y territorios, junto con delegados aborígenes. La mesa redonda se centró en la policía de proximidad, las estrategias de reducción del consumo de alcohol, el intercambio de información, la prestación integrada de servicios y el apoyo a las víctimas de la violencia familiar. Además de las medidas adoptadas por los estados y territorios para reducir los niveles de encarcelamiento y mejorar la justicia de los indígenas, como la institución de tribunales indígenas, los programas de tratamiento alternativo y prevención y las estrategias de justicia reparadora, el Gobierno también financió iniciativas complementarias en el marco del Programa de Justicia Indígena.

35.En los últimos cuatro años el Gobierno federal asignó financiación adicional por un monto de 154 millones de dólares australianos a los servicios de asistencia jurídica, incluidos 34,4 millones para los servicios de asistencia jurídica de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, a los que se destinaron 63,7 millones en total en 2010. Por conducto del programa de Servicios Jurídicos de Prevención de la Violencia en la Familia se proporcionó también en 2010 financiación por un monto de 19,5 millones de dólares australianos a 31 organizaciones comunitarias indígenas para que prestaran asistencia jurídica y de otro tipo a las víctimas de la violencia familiar.

36.En cuanto a las reclamaciones de títulos de propiedad de los aborígenes, el Gobierno inició una reforma legislativa encaminada a mejorar el funcionamiento del sistema de títulos de propiedad de los aborígenes. Actualmente, el Tribunal Federal de Australia es el principal responsable de gestionar en forma proactiva la solución de las reclamaciones de esos títulos de propiedad, y está facultado para alentar a las partes a encontrar soluciones negociadas más amplias y flexibles. Las partes interesadas apoyaron decididamente el cambio. Se proporcionó financiación adicional de 50 millones de dólares australianos para acelerar la solución de las reclamaciones, de los que aproximadamente 46 millones se entregarían a órganos de representación en materia de títulos de propiedad de los aborígenes para prestar asistencia a los reclamantes aborígenes. Desde la última comparecencia de Australia ante el Comité se resolvieron otros 80 casos de reclamaciones, lo que llevó el total a 136, y en una parte importante se llegó a una solución por mutuo consentimiento. Si bien todavía hay una considerable cantidad de casos pendientes, se espera que la tasa de solución aumente gracias a las recientes reformas del sistema y al aumento de la financiación. Hasta el 31 de diciembre de 2009 las decisiones relativas a títulos de propiedad de los aborígenes correspondían al 12,1% del territorio de Australia, que equivale aproximadamente a la suma de los territorios de Polonia, Italia y Noruega.

37.La Comisión de Derechos Humanos de Australia cumple una importante función en las iniciativas educacionales de lucha contra el racismo y la promoción de un mayor entendimiento cultural en la comunidad. A solicitud del Gobierno, la Comisión está haciendo tareas adicionales para combatir el ciberracismo. En abril de 2010 la Comisión organizó, junto con la Asociación del Sector de Internet, una cumbre sobre el tema. En el presupuesto 2010-2011 el Gobierno asignó 4,3 millones de dólares australianos a la Comisión para que prosiguiera su lucha contra la marginación social de los grupos vulnerables, como los estudiantes internacionales. El Marco de Derechos Humanos de Australia también incluye una partida de 6,6 millones para que la Comisión amplíe su participación en la educación de la comunidad respecto de los derechos humanos.

38.La Sra. Maurer (Australia) dice que, desde el fin de la segunda guerra mundial, casi 750.000 personas han sido recibidas por Australia en el marco de su programa humanitario, que sigue ampliándose. En 2009-2010 se habilitaron 13.750 lugares para su instalación. El componente nacional del programa ofrece protección en Australia a las personas cuyo estatuto de refugiados se ha determinado de conformidad con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, en particular las personas que han solicitado asilo en Australia, como las personas que han ingresado en forma irregular por vía marítima. El componente internacional ofrece un reasentamiento fuera de Australia a las personas que necesitan asistencia humanitaria, incluidos los refugiados identificados y remitidos a Australia por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), junto con las víctimas de discriminación importante equiparable a violaciones graves de sus derechos humanos en su país de origen que tienen vínculos estrechos con Australia. El país figura entre los tres principales países de reasentamiento del mundo.

39.En lo que respecta a la detención de los inmigrantes, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía está decidido a encargarse del ingreso y la residencia legales y ordenados de personas en Australia. La detención de los inmigrantes en Australia tiene carácter puramente administrativo con el fin de asegurar que las personas que no tienen derecho a permanecer en Australia se mantengan a disposición mientras se examinan sus solicitudes. Si se rechazan sus solicitudes la detención facilita su partida. También permite hacer controles adecuados de salud, identidad y seguridad con el fin de resolver todos los posibles riesgos para la comunidad australiana. Entre los últimos cambios del sistema cabe mencionar importantes mejoramientos del nivel y la disponibilidad de los servicios de salud y el acceso a la representación y el asesoramiento jurídicos. En virtud de la política reformada se detiene a los inmigrantes en los siguientes casos: llegada sin autorización, es decir, ciudadanos no australianos que llegan a Australia sin un visado válido y son detenidos para controles sanitarios, de identidad y de los riesgos que presenta para la seguridad para la comunidad; los no ciudadanos en situación irregular que plantean un riesgo inaceptable a la comunidad, y los no ciudadanos que se hayan negado repetidamente a cumplir las condiciones de su visado. La mejor gestión de los casos de detención y de los procesos de revisión asegura que la decisión de detener a una persona esté sujeta a un examen riguroso, que vele por que la detención sea apropiada y se prolongue lo menos posible. La internación de los inmigrantes en centros de detención solo se emplea como último recurso, y la detención indefinida o de otro modo arbitraria es inaceptable. Cuando corresponde, se utilizan visados transitorios para liberar a las personas que reúnen las condiciones necesarias mientras se resuelve su situación, permitiéndoles vivir y circular dentro de la comunidad. No se interna a niños en centros de detención de inmigrantes. Según los valores fundamentales de la detención de los inmigrantes, se les trata de manera justa y razonable, con arreglo a la ley, y respetando la dignidad propia de la persona humana.

40.Personas que habían sido sumamente críticas del entorno de detención, como el Profesor Patrick McGorry y la Senadora Sarah Hanson-Youngen, han formulado comentarios positivos al respecto. De marzo de 2008 a abril de 2010 el número de personas detenidas por más de dos años se redujo en un 72%.

41.La sociedad australiana está integrada por personas de muy diversos orígenes culturales, étnicos, lingüísticos y religiosos. El Gobierno ejecuta varios programas para proporcionar oportunidades sociales y económicas, fomentar la comprensión y la aceptación de las responsabilidades compartidas, y aumentar el respeto entre todos los australianos. Entre las iniciativas se cuentan la financiación de organizaciones comunitarias y las asociaciones con grandes empresas e instituciones gubernamentales para impulsar la cohesión social. La investigación ha demostrado que la experiencia personal de tratar con personas de diferentes orígenes culturales, religiosos y lingüísticos es esencial para fomentar el entendimiento y el respeto mutuos. En el marco de un programa de diversidad y cohesión social iniciado en mayo de 2010 se otorgaron donaciones a organizaciones comunitarias sin fines de lucro para fortalecer las relaciones comunitarias mediante proyectos de promoción del respeto, la justicia y el sentido de pertenencia de todos a la sociedad. Funcionarios especiales de enlace con la comunidad se mantuvieron en contacto con diversas organizaciones y particulares de las comunidades étnicas en toda Australia, prestando asesoramiento sobre relaciones comunitarias, difundiendo información acerca de los servicios y programas del Gobierno y relacionándose directamente con los grupos de la comunidad migrante. El 21 de marzo de cada año se celebra el Día de la armonía con la naturaleza cohesiva e incluyente de Australia y se promueven los beneficios de la diversidad cultural australiana. Su creciente popularidad se refleja en las 1,65 millones de opiniones registradas en su sitio web en 2010, año de su décimo aniversario.

42.El Sr. Vines (Australia) dice que en los últimos años el Gobierno ha puesto en práctica varias medidas para seguir mejorando el bienestar de los indígenas australianos y eliminar la discriminación en el lugar de trabajo en general, entre otras cosas, luchando contra la discriminación racial en el lugar de trabajo y fortaleciendo los derechos laborales de los migrantes y los solicitantes de asilo en Australia. En virtud de la Ley de relaciones laborales de 1996 la protección contra la discriminación racial se limitaba a la prohibición de que los empleadores despidieran empleados por motivos raciales. La nueva Ley de relaciones laborales justas de 2009 prohibió varias medidas negativas de los empleadores, incluido el despido, pero también les prohibió negarse a emplear una persona, o alterar perjudicialmente la situación de un empleado, por motivos raciales. Además, la Ley de enmienda de la legislación de inmigración (protección de los trabajadores) de 2008, que entró en vigor en septiembre de 2009, tiene por objeto asegurar que los trabajadores migrantes reciban los mismos salarios que los trabajadores locales. El Gobierno también demostró su adhesión a derechos laborales más justos para los solicitantes de asilo aboliendo la "norma de los 45 días".

43.Con miras a reducir la diferencia de oportunidades entre australianos indígenas y no indígenas, el país está decidido a que a los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres accedan a una educación de elevada calidad. En 2010 unos 50.000 alumnos aborígenes de la enseñanza secundaria y terciaria recibieron asistencia financiera del Gobierno australiano. El Gobierno espera cumplir su meta de contar con 200 docentes adicionales en el Territorio del Norte para fines de 2012, ayudando a los docentes a mejorar las oportunidades de carrera del personal aborigen y del estrecho de Torres. Hasta la fecha se ha contratado al equivalente de 140 docentes a tiempo completo.

44.El Gobierno impulsa la enseñanza de los idiomas indígenas, cuyo importante papel en escuelas y comunidades reconoce. En agosto de 2009 el Gobierno anunció una nueva política nacional para asegurar la supervivencia de los idiomas indígenas y ayudar a los australianos indígenas a identificarse con su idioma, cultura y país.

45.El Sr. Commar (Australia) dice que su país está decidido a prestar atención de salud mejor y de alta calidad a toda su población geográfica y culturalmente diversa, con independencia de su raza o situación social, por conducto de una eficiencia ejemplar y de la igualdad de acceso al sistema universal de salud pública. El sistema otorga a los australianos un acceso asequible a muy diversos servicios de salud gratuitos o a tarifas ampliamente subvencionadas por el Gobierno. Hay dos planes nacionales de subvenciones, que cubren los servicios de gran variedad de profesionales de la salud y gran parte de los medicamentos de venta con receta comprados en las farmacias. Los servicios de los hospitales públicos son gratuitos, y se financian mediante mecanismos acordados entre el Gobierno del Commonwealth y los estados y territorios. Los planes nacionales de subvenciones abarcan redes de protección, que resguardan a los australianos de incurrir en elevados pagos directos por los servicios médicos y los medicamentos obtenidos fuera de los hospitales. Los dos planes están integrados en mecanismos de bienestar social, y se prevén mayores descuentos y/o menores umbrales de las redes de protección para las personas o familias que reciben ciertos pagos de sostenimiento de la renta, como en los casos de desempleo e incapacidad.

46.Los diferentes programas gubernamentales se ven complementados por un sólido sector privado de salud para asegurar a todos los australianos un acceso equitativo a la atención adecuada de la salud. No obstante, el Gobierno reconoce la necesidad de aumentar los esfuerzos y los programas dirigidos a grupos especialmente vulnerables a las desventajas y la discriminación, en particular los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres. Esos programas tienen tres objetivos: mejorar el acceso al sistema principal de salud y la respuesta de este, aplicar medidas complementarias por conducto de servicios de salud y servicios de toxicomanía para los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, y asegurar la colaboración entre los gobiernos y el sector de la salud para mejorar la prestación y los resultados de los servicios.

47.Las estrategias para mejorar la salud de la población indígena y reducir la diferencia de esperanza de vida entre los australianos indígenas y la población mayoritaria deben vincularse con otras estrategias normativas. En 2008 el Consejo de Gobiernos Australianos invirtió más de 4.600 millones de dólares australianos para superar la desventaja de los indígenas y colmar las brechas en los ámbitos fundamentales de la salud, la primera infancia, la vivienda, el empleo y la prestación de servicios en lugares aislados por medio de un Acuerdo nacional de asociación, en el marco del cual el Gobierno del Commonwealth asignó 805,5 millones de dólares australianos en cuatro años a la lucha contra las enfermedades crónicas de los australianos indígenas. Este paquete se tradujo en un importante monto de financiación adicional a la salud preventiva, centrada en los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, sus familias y comunidades, el apoyo y la financiación de una atención primaria de la salud más coordinada y orientada a los aborígenes y a los isleños del estrecho de Torres, tanto en los servicios de salud que dependen de la comunidad indígena como en la práctica general, y el aumento del personal sanitario indígena. La inversión global del Gobierno en este ámbito aumentó en un 33% en 2007-2008. Abarcó la financiación de unas 245 organizaciones que prestan servicios de atención primaria de la salud, servicios de toxicomanía y servicios de bienestar social y emocional destinados a los indígenas, en particular en algunas de las zonas más aisladas del país. La salud de los indígenas es uno de los temas que trató el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental durante su visita a Australia. Entre sus recomendaciones figuró la sugerencia de que Australia formulara un plan detallado para la plena concreción del derecho a la salud. El Acuerdo nacional de asociación para "Cerrar la brecha" de los resultados de salud de los indígenas proporciona un marco global de objetivos y resultados de inclusión social. El próximo Gobierno de Australia deberá examinar los demás aspectos de la recomendación.

48.El Sr. Calí Tzay (Relator para el país) dice que, en su calidad de relator para Australia, ha tratado de tomar en cuenta las atribuciones de transición que incumben a los funcionarios durante el período preelectoral en que vive el Estado parte. No obstante, considera que la comparecencia de la delegación ante el Comité está prevista en el párrafo 6.5.2 de la guía sobre las atribuciones durante la transición en período electoral 2010 de Australia, según el cual: "En la mayor parte de los casos, los organismos deberán declinar las solicitudes de asesoramiento normativo durante el período de transición. Sin embargo, puede haber cuestiones urgentes, nacionales o internacionales, sobre las que claramente deberá prestarse a los ministros asesoramiento normativo a fin de mantener una administración responsable o proteger los intereses de Australia". Destaca que el Comité está examinando el cumplimiento de la Convención por todo el Estado parte y no solo por el Gobierno.

49.Si bien acoge con satisfacción la exhaustiva información presentada en el informe periódico del Estado parte, expresa su preocupación porque este informe ha sido presentado con retraso y no sigue las directrices del Comité. El Comité ha considerado tres veces a Australia en virtud de su procedimiento de alerta temprana, y se felicita de la solución dada por el Estado parte al último caso. Observa que Australia no ha firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite el examen de comunicaciones, y celebra el compromiso de Australia de mantener una relación más constructiva con los diferentes mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y las medidas adoptadas a este respecto.

50.Solicita más información con respecto al Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Nº 111) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que Australia es parte, en especial en relación con las oportunidades de educación, capacitación y empleo de los indígenas. El Estado parte ha aceptado la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Si bien se felicita por que el Estado financia proyectos sobre la multiculturalidad, pide mayor información sobre la falta de integración dentro de los programas de educación del tema de los derechos humanos y, específicamente, de la discriminación racial. Expresa preocupación porque el Estado parte todavía no ha ratificado el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Nº 169) de la OIT.

51.Pide más información sobre los acontecimientos mencionados en el informe periódico que tuvieron lugar después de finalizado el período objeto de examen, incluidos la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos, el apoyo de Australia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y el restablecimiento de la aplicación de la Ley sobre la discriminación racial en relación con la Respuesta de Emergencia, que constituyen aspectos positivos, a pesar de la preocupación porque todavía se está aplicando la Respuesta de Emergencia. Hay necesidad de dar nuevos pasos concretos para asegurar el pleno goce de todos los derechos de los indígenas en el Estado parte. Acoge con satisfacción la creación del Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia, y pide más detalles sobre sus funciones y sobre si brinda posibilidades de auténtica representación. Las disculpas oficiales constituyen una medida importante y positiva, aunque la información sobre los procesos prolongados y arduos para obtener indemnización por daños es preocupante, y pide más detalles sobre la situación. También se acoge con satisfacción la iniciativa "Cerrar la brecha", en particular su objetivo de mejorar la situación de salud de los grupos indígenas.

52.Sobre la base de su propia experiencia como miembro de una comunidad indígena, en la que todos cuidan de los niños, expresa sorpresa por la información sobre el tratamiento de los niños en las comunidades de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres. Pide más información a este respecto y pregunta por los posibles vínculos con las políticas de los gobiernos anteriores.

53.Según el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, que visitó Australia en agosto de 2009, los pueblos indígenas siguen encontrándose en gran desventaja. Uno de los principales problemas es la falta de consulta. Además cabría mencionar la identidad, el idioma, la cultura, la propiedad de la tierra y la utilización de los lugares sagrados. El Relator Especial afirma que las intervenciones del Estado en el Territorio del Norte han tenido un impacto discriminatorio en la población indígena. El orador invita a la delegación a referirse a estas cuestiones.

54.Desde 1995 el Comité ha mostrado especial interés en el régimen de títulos de propiedad de los aborígenes. Según el informe, el 7 de septiembre de 2005 se anunció una serie de reformas del sistema de títulos de propiedad de los aborígenes, integrada por seis elementos. Pregunta si estas reformas satisfacen a los pueblos indígenas y si facilitan el reconocimiento y registro de los títulos de propiedad. ¿Qué procedimientos y documentos son necesarios para obtener el reconocimiento del Gobierno federal? Observa que, en virtud de la Ley de reforma de títulos de propiedad de los aborígenes, la carga de la prueba recae en los pueblos indígenas. En su opinión, sería más justo que la carga de la prueba fuese trasladada al Estado.

55.Ha vencido el plazo de vigencia del proyecto de ley gubernamental de 2003 destinado a reformar la Comisión de Derechos Humanos de Australia, y el actual Gobierno está estudiando su posición con respecto a la estructura adecuada de la Comisión. Pregunta si ya se ha hecho una propuesta de reforma de la Comisión.

56.El Comité Consultivo Nacional sobre Derechos Humanos ha organizado más de 65 mesas redondas y audiencias públicas en más de 50 zonas urbanas, regionales y lugares remotos en todo el país, y ha recibido más de 35.000 peticiones. El Relator está interesado en conocer los elementos positivos y negativos enumerados en las peticiones y pregunta en qué estado se encuentra su evaluación.

57.Observa que no hay ninguna ley federal que establezca el derecho a la no discriminación. En el informe se afirma que, si bien no existe una prohibición específica de la discriminación racial en la Constitución, los derechos humanos están actualmente protegidos a través de las instituciones democráticas sólidas, los derechos determinados en la Constitución y la legislación contra la discriminación en el Commonwealth, estatal y territorial. El Estado parte sostiene que ha cumplido las obligaciones que impone la Convención por medio de la Ley sobre la discriminación racial. El orador pregunta cómo se difunden las recomendaciones del Comité, si la sociedad civil ha participado en la preparación del informe y si participará en la preparación del informe de seguimiento.

58.Le resulta difícil comprender la razón por la que el Estado parte mantiene su reserva al artículo 4 a) de la Convención. Si bien desde el decenio de 1980 Australia manifestó inquietud por la situación de los derechos humanos de los indígenas en el país del orador, Guatemala, todavía no puede declarar punible por ley la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial. Seguramente un país con un Gobierno democrático debe estar dispuesto a luchar contra las personas u organizaciones que presten asistencia a actividades racistas, incluida su financiación.

59.Le llama la atención que sea en el proceso civil que se persiga el delito de discriminación racial. El Comité ha señalado reiteradamente la necesidad de tipificar el delito de discriminación racial en el Código Penal. Además, la referencia a "discriminación ilegal" en el párrafo 27 del informe parece indicar que algunos tipos de discriminación podrían ser legales.

60.Observa que el Gobierno ha actuado para combatir el racismo basado en Internet en 2007, y que ha otorgado financiación al programa NetAlert de protección de las familias australianas usuarias de Internet, que abarca una línea telefónica y un sitio web para proporcionar información sobre los riesgos de seguridad en Internet y que ha previsto filtros de Internet gratuitos para ayudar a las familias a bloquear el contenido racista que pueda haber en Internet. Estas medidas son dignas de mucho elogio, pero suponen que las autoridades temen que sea posible una mayor difusión de ideas racistas en el país.

61.Agradece al Estado parte la amplia información proporcionada sobre las iniciativas y la legislación con respecto a una "carta de derechos" a nivel estatal y territorial.

62.El Comité habría deseado que el informe contuviera estadísticas y datos desglosados sobre la composición de la sociedad australiana.

63.El orador está preocupado por la interpretación del Estado parte de las "medidas especiales", y pide a la delegación que aclare su enfoque del tema.

64.Celebra las medidas adoptadas para suprimir el sistema de visados temporales de protección para los solicitantes de asilo y reformar la política de detención obligatoria de los inmigrantes. No obstante, sigue preocupado por la detención, por un período de entre 6 y 12 meses, de las personas que llegan sin visado por vía marítima desde el Afganistán y Sri Lanka. Según información presentada al Comité por ONG, los niños también son internados en centros de detención y acompañados por guardias de seguridad incluso cuando se les permite jugar al aire libre.

65.La delegación mencionó la política de puertas abiertas del Estado parte y anunció que Australia es ahora una sociedad multicultural cuyos ciudadanos hablan más de 260 idiomas. El Relator pregunta por la definición de multiculturalismo.

66.Expresa preocupación por la situación de los estudiantes extranjeros, especialmente los procedentes de la India y China. Aparentemente, el Estado parte sostiene que las agresiones contra esos estudiantes se hicieron a título personal y no obedecieron a motivos raciales.

67.El Sr. Avtonomov elogia al Estado parte por los avances realizados en el reconocimiento de los derechos de la población indígena. Sin embargo, la discriminación y la segregación persisten. Por ejemplo, los aborígenes tienen una probabilidad de ser encarcelados 13 veces superior a la del resto de los australianos, y los menores de edad aborígenes, una probabilidad de ser detenidos 28 veces mayor que la del resto de los menores de edad de Australia. La tasa de encarcelamiento de las mujeres aborígenes aumentó en un 46% entre 2002 y 2008 y la de los hombres, en un 27%. Pregunta qué medidas está adoptando el Estado parte para reducir esas tasas.

68.Acoge con satisfacción las medidas adoptadas con respecto a la Respuesta de Emergencia.

69.Elogia también la decisión de emitir una tarjeta que puede utilizarse para comprar productos básicos en ciertos comercios. No obstante, pregunta si la lista de productos básicos de Gobierno ha sido elaborada en consulta con los pueblos indígenas. Se ha informado al Comité de que los usuarios en ocasiones deben recorrer una distancia considerable para obtener productos básicos y que deben hacer filas separadas, lo que puede ser humillante y frustrante. Además, la quinta parte de los bienes listados aparentemente no están disponibles.

70.Si bien Australia es una sociedad multicultural y multiétnica, los candidatos de todos los partidos en la actual campaña electoral al parecer rivalizan para demostrar su determinación de poner fin a la inmigración, una política que parece atraer a amplios sectores del electorado. El orador recomienda que se adopten medidas para promover la difusión de los beneficios de la inmigración con miras a luchar contra las tendencias xenófobas.

71.El Sr. Diaconu observa que, según el informe, se suspendió la aplicación de la Ley sobre la discriminación racial en el Territorio del Norte, en primer lugar para reducir el consumo de alcohol y prevenir la violencia doméstica y el maltrato de niños. Aunque estos objetivos sean encomiables, el orador tiene dudas sobre la decisión de suspender la legislación básica que otorga protección contra la discriminación racial, en particular a la luz de las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 5 de la Convención. También duda de la conveniencia de medidas como la adquisición y el control obligatorios de determinadas tierras aborígenes y zonas de residencia comunitaria mediante arrendamientos financieros quinquenales renovables. ¿Por qué se impide a los indígenas interponer acciones judiciales contra las violaciones de sus derechos humanos en el Territorio del Norte? Según la delegación, se está restableciendo la aplicación de la Ley sobre la discriminación racial. No obstante, la legislación recientemente aprobada no cubre algunas disposiciones de la ley, por lo que sigue habiendo deficiencias en la aplicación de la Convención que es preciso subsanar.

72.En cuanto al régimen de títulos de propiedad, se ha informado al Comité de que no se han otorgado indemnizaciones por las reclamaciones de títulos de propiedad de los aborígenes consideradas prescritas antes de 1975. El Estado parte debería buscar una solución a este problema.

73.El orador también lamenta que, hasta la fecha, solo una reclamación de las generaciones perdidas haya obtenido un fallo favorable ante los tribunales.

74.Es difícil evaluar el cumplimiento del principio de no discriminación por el Estado parte debido a las diferentes leyes vigentes en los estados y territorios. Por ejemplo, la delegación anunció que tres estados adoptaron planes de indemnización para las personas que sufrieron abusos físicos y sexuales mientras se encontraban a cargo del Estado. El orador se pregunta por la situación en los demás estados y en los territorios autónomos. Dado que la legislación federal prevalece sobre las leyes estatales, pregunta si hay un órgano de supervisión federal que pueda imponer medidas uniformes o proponerlas al Parlamento Federal.

75.El Comité Consultivo Nacional sobre Derechos Humanos ha celebrado consultas con 65 comunidades. El Sr. Diaconu agradecería que se diera información acerca de los resultados de las consultas, en especial en lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas.

76.El Estado parte describe a Australia como un país multicultural y habla de una política multicultural. Hay 3 millones de personas cuyo idioma materno no es el inglés. ¿Qué medidas se están adoptando para velar por que los miembros de todos los grupos étnicos y lingüísticos participen en la vida cultural del país?

77.Australia apoyó la Declaración de Durban, en cuyo párrafo 42 se afirma que para que los pueblos indígenas puedan expresar libremente su propia identidad y ejercer sus derechos no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación. En el párrafo 43 se reconoce la relación especial que tienen los pueblos indígenas con la tierra como base de su existencia espiritual, física y cultural, y se alienta a los Estados a que velen por que los pueblos indígenas puedan mantener la propiedad de sus tierras y de los recursos naturales. El orador se pregunta cómo pueden reconciliarse estas obligaciones con la adquisición y el control obligatorios de las tierras indígenas mediante arrendamientos financieros quinquenales renovables.

78.Muchas empresas australianas participan en el extranjero en actividades que podrían perjudicar los derechos de las comunidades indígenas en los países receptores. Insta al Estado parte a que preste más atención a esas actividades y exija a las empresas responsabilidad por la contaminación y otras violaciones de los derechos humanos en los países receptores.

79.El Estado parte formuló su reserva al artículo 4 a) en 1975. La presentó como una medida temporal hasta la promulgación de legislación apropiada. Dado que algunos estados ya han aprobado esa legislación, el orador se pregunta por qué no se han adoptado medidas a nivel federal.

80.Recomienda también al Estado parte que ratifique el Convenio Nº 169 de la OIT.

81.El Sr. Thornberry acoge con satisfacción las disculpas oficiales a los pueblos indígenas de Australia y las medidas con respecto a las generaciones perdidas.

82.Observa que las cuestiones indígenas se abordan desde una perspectiva social y no como cuestiones con profundas raíces culturales. La doctrina de terra nullius, que supone la falta de reconocimiento de la existencia de habitantes indígenas, fue rechazada por el Tribunal Supremo de Australia en la causa Mabo v. Queensland. El Tribunal dijo, entre otras cosas, que el common law no debería estar ni considerarse fijado en una época de discriminación racial. En Australia no hay un tratado inicial con los dirigentes locales que pueda invocarse en apoyo de argumentos sobre la soberanía y la correcta relación entre los colonos y los habitantes originales. Algunas ONG abogan por la conclusión de un tratado entre los pueblos indígenas y el Estado para garantizar el reconocimiento, la reconciliación, y un nuevo comienzo. Es una idea atractiva, especialmente debido a la falta de toda mención concreta de los pueblos indígenas en la Constitución, y al hecho de que algunas disposiciones, incluidos los artículos 25 y 51, plantean cuestiones de discriminación racial.

83.El orador destaca la importancia de la tierra como fuente de espiritualidad para las comunidades indígenas y no solo como fuente de riqueza material. El Estado parte ha tardado largo tiempo en reconocer la idea de los títulos de propiedad de los aborígenes, y sigue habiendo problemas difíciles, como la carga de la prueba de los títulos de propiedad de los aborígenes y la prueba de la continuidad del vínculo desde la época colonial. Es importante buscar formas participativas y creativas de subsanar los desequilibrios de recursos y experiencia, frecuentemente en detrimento de las partes indígenas, en el contexto de las negociaciones o los litigios.

84.El patrimonio lingüístico de los indígenas se ha reducido considerablemente desde el siglo XVIII. La recuperación del idioma puede impulsar notablemente la autoestima de las comunidades. El orador entiende que se enseñan relativamente pocos idiomas indígenas en la escuela. ¿Hay planes para promover la recuperación de los idiomas que están retrocediendo, aprovechando la experiencia internacional en este ámbito?

85.Pregunta cómo se reflejarán la cultura y la historia de los pueblos indígenas en el nuevo plan de estudios nacional. ¿Tendrá capítulos dedicados a los derechos humanos y a la lucha contra la discriminación?

86.Acoge con satisfacción la aceptación por el Estado parte de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que incluye disposiciones sobre la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado. No obstante, se suma a otros para instar a Australia a que ratifique el Convenio Nº 169 de la OIT.

87.Si el Estado parte hubiera adoptado desde un comienzo un enfoque de derechos humanos con respecto a la Respuesta de Emergencia podría haber evitado algunos de los problemas que provocó. Algunas de las medidas adoptadas, como la adquisición obligatoria de tierras por medio de arrendamientos financieros, deben haber sido extremadamente penosas. La Convención puede ser parte de la solución, dado que combina la prohibición jurídica de la discriminación racial con disposiciones sobre educación. Como ya se ha observado, restablecer la aplicación de la Ley sobre la discriminación racial no subsanará los restantes elementos discriminatorios de la Respuesta de Emergencia.

88.Se debe rechazar la práctica anterior de relegar a los pueblos indígenas a la condición de problema social. Se dispone de nuevos conceptos e instrumentos para reemplazar ese paradigma con un enfoque de derechos humanos de las reclamaciones e intereses de los indígenas.

89.El Sr. Kut observa que, aunque el Estado parte no tipifica actualmente como delito federal los actos de odio racial, sí condena todas las agresiones por motivos raciales. Si se dispusiera de estadísticas de esas agresiones en un período de varios años revelarían si la tendencia es ascendente o descendente, y si los actuales métodos de lucha contra la violencia por motivos raciales son eficaces. Pregunta si se ha previsto evaluar la aplicación de las políticas en el marco de la actual legislación sobre discriminación y violencia racial.

90.Pregunta por el mecanismo que se utiliza para traducir las obligaciones internacionales en responsabilidades administrativas en los estados y el sistema federal.

91.Es grato escuchar que se ha otorgado máxima prioridad a la promoción de los derechos humanos en el sistema educativo. ¿Cómo se reflejará esta determinación y, en particular, el objetivo de luchar contra el racismo, en el plan nacional de estudios que se está preparando actualmente? También desea saber cómo se enfocará la historia de Australia.

92.Pregunta cómo se proponen asegurar las autoridades que las medidas de lucha contra el terrorismo no den lugar a la utilización de perfiles raciales o étnicos ni a la estigmatización de ciertos grupos minoritarios.

93.El Sr. Prosper dice que se ha informado al Comité de que el trato que reciben los solicitantes de asilo que llegan por vía marítima es diferente del que se otorga a los que llegan por otros medios. ¿Es esta información correcta? ¿Se intercepta a estas personas en el mar en vez de permitirles desembarcar? ¿Se considera la Isla de Navidad, a la que se lleva a algunos solicitantes de asilo, parte del territorio australiano? También desea saber si los tribunales han adoptado una posición sobre la legalidad de esa medida.

94.Actualmente se está debatiendo si algunos solicitantes de asilo pueden ser atendidos en Timor-Leste. Aconseja al Estado parte que reconsidere esta opción, dado que Timor‑Leste carece de la infraestructura y la capacidad necesarias. Se trata de una responsabilidad que incumbe a Australia.

95.El Sr. Murillo Martínez dice que Australia ha adoptado encomiables medidas en defensa de los pueblos indígenas, como el apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y sus ambiciosos esfuerzos para reducir las diferencias entre las poblaciones indígena y no indígena. Es de esperar que esas políticas puedan proseguir con independencia del resultado de las próximas elecciones.

96.El 80% del territorio de Australia corresponde a tierras áridas, por lo que la superficie disponible para la agricultura es limitada. El orador pregunta por los procedimientos y el calendario de la asignación de tierras cultivables a los pueblos indígenas.

97.Observando que el Estado parte ha destinado 189 millones de dólares australianos a la lucha contra el racismo y otros abusos en Internet, pregunta si se han hecho avances a ese respecto, y si se han interpuesto acciones judiciales contra los culpables.

98.Según el informe, el Gobierno asignó alrededor de 4.400 millones de dólares australianos a programas especiales para los indígenas en 2007-2008. No obstante, dado que no se presentaron cifras sobre los períodos anteriores, es difícil evaluar la tendencia del gasto.

99.Llama la atención del orador la referencia en el informe a la justicia indígena, como si constituyera una categoría independiente. Además, se asignaron 130 millones de dólares australianos al desarrollo de programas de educación jurídica comunitaria, capacitación jurídica en el derecho consuetudinario y principios culturales y actividades similares. ¿La política del Estado parte es desarrollar un sistema jurídico independiente para la población indígena?

100.El Sr. Lahiri observa que Australia está actualmente orgulloso de presentarse como un país multicultural y tolerante, que está reparando las atrocidades cometidas en el pasado contra la población indígena.

101.El orador está inquieto por la información sobre agresiones por motivos raciales contra estudiantes de África y Asia. La discriminación de los estudiantes indios, especialmente en Victoria, coincide con una enérgica campaña para atraerlos a Australia. Aparentemente, el gasto de los estudiantes extranjeros es una importante fuente de divisas. Según los medios de comunicación, hubo entre 15 y 25 agresiones a estudiantes indios en 2008 y 2009. Ha habido estudiantes muertos y apuñalados y se han lanzado bombas de gasolina a autos y viviendas. Los estudiantes indios organizaron una importante manifestación en Melbourne en mayo de 2009 tras la que varios fueron detenidos por disturbios. En 2010 miles de indios, australianos y personas de otras nacionalidades celebraron sentadas denominadas "Vindaloo contra la violencia" en restaurantes indios. En un comienzo el Gobierno se mostró reticente a admitir que las agresiones tenían motivos raciales, pero su actitud empezó a cambiar a principios de 2010. Las autoridades de la policía de Victoria y los miembros del Gobierno de Australia que visitaron la India reconocieron explícitamente la existencia de violencia por motivos raciales. Por otra parte, el problema no se trata en el informe del Estado parte, y la delegación solo lo mencionó en forma incidental.

102.El Gobierno de Australia está obligado a prevenir esas agresiones. No obstante, la reserva del Estado parte al artículo 4 a) de la Convención significa que no hay legislación específica que prohíba los actos o delitos de motivación racial. El orador recomienda al Estado parte que se lleven en un registro los antecedentes policiales de esos delitos y que inste a los estados y territorios a aprobar leyes que tipifiquen como delito las agresiones por motivos raciales.

103.El Sr. Peter, haciendo referencia al documento básico (HRI/CORE/AUS/2007), celebra que el Estado parte haya reconocido el hecho histórico de que los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres vivieron en Australia por más de 60.000 años antes de la llegada de los colonos británicos. Los habitantes originales han sufrido graves perjuicios a manos de los colonos, que declararon el territorio terra nullius.

104.Según el párrafo 83 del documento básico, el Gobierno australiano no está convencido de la necesidad de contar con una carta de derechos, ya que los derechos humanos están protegidos, entre otros, por la legislación contra la discriminación. El orador señala que si la Constitución hubiera incluido una declaración de derechos los pueblos indígenas podrían haberla invocado. El resto de la legislación no tiene la misma jerarquía.

105.En el cuadro 39 del documento básico se presentan estadísticas de las muertes durante la detención. En 1990-1994 gran cantidad de detenidos, 974 no indígenas y 226 indígenas, murieron durante la detención policial o en la cárcel. El orador pregunta por las causas de las muertes.

106.En el cuadro 37 se presentan cifras de la población carcelaria. La proporción de reclusos indígenas en 2005 era del 22,3%, y la de reclusos no indígenas, del 75,7%. Agradecería contar con cifras sobre la relación entre la población carcelaria y el total de la población indígena y no indígena.

107.El Sr. Lindgren Alves dice que, si bien el informe del Estado parte es de gran calidad, no es fácil entenderlo debido a la complejidad del sistema federal australiano. Dado que la responsabilidad internacional recae en el Gobierno federal, es difícil saber qué ley es aplicable a cada caso.

108.Al igual que el Sr. Diaconu, le sorprende saber que solo ha recibido indemnización por daños un miembro de las generaciones perdidas.

109.El orador pregunta por los resultados del proyecto Isma sobre la discriminación contra los australianos árabes y musulmanes tras los atentados terroristas que tuvieron lugar en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. ¿Se ha registrado algún mejoramiento?

110.Pide más información sobre el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia. No le queda claro si se trata de un consejo o de una comisión o de un órgano legislativo integrado por los pueblos indígenas y que se ocupa de asuntos indígenas.

111.Finalmente, se une al relator para el país con el objeto de solicitar una definición de multiculturalismo.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.