Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

70º período de sesiones

Acta resumida de la primera parte (pública) de la 1791ª sesión

Celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra, el miércoles 21 de febrero de 2007, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. de Gouttes

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención (continuación)

Decimoséptimo y decimoctavo informes periódicos del Canadá(continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención(tema 5 del programa) (continuación)

Decimoséptimo y decimoctavo informes periódicos del Canadá ((CERD/C/CAN/18); documento básico (HRI/CORE/1/Add.91); lista de cuestiones que deben abordarse, documento sin signatura distribuido en sesión, solamente en inglés)) (continuación)

1.Por invitación del Presidente la delegación del Canadá toma asiento como participante a la mesa del Comité.

2.La Sra. Fulford (Canadá) dice que, al contrario de lo que parece, la delegación del Canadá incluye varios miembros de origen indígena o extranjero. En cuanto a la noción de “minorías visibles” criticada por algunos miembros del Comité, es evidente que dentro de una decena de años habrá perdido gran parte de su sentido, en la medida en que la sociedad canadiense se vaya haciendo más multiétnica y en la medida en que, ya a partir de ahora, es difícil saber en las grandes ciudades, donde más del 50% de los habitantes pertenece a minorías visibles, si existe verdaderamente un grupo mayoritario. En todo caso, la política migratoria del Canadá tiene por objeto promover el pluralismo y alentar la participación de todas las personas, sea cual fuere su origen étnico, en la vida de la sociedad en todos sus aspectos. El modelo canadiense de multiculturalismo, que corresponde a la situación única del país, ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo pero se basa siempre en cuatro grandes principios: una tolerancia cero hacia el racismo; la plena representación de los miembros de las comunidades étnicas en todos los órganos del Estado; el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades étnicas de participar en la adopción de decisiones; y la reforma de las instituciones, con la idea de que ya no deberán fundarse en los valores occidentales tradicionales sino que deberán adaptarse a la diversidad y pluralidad de la sociedad. Aunque el Canadá no escatime esfuerzos para promover el multiculturalismo y luchar contra el racismo, también está convencido de que la cohesión social pasa por un equilibrio entre la celebración de la identidad canadiense, por una parte, y la promoción de las diferencias, por otra parte. Se trata principalmente de acoger de la mejor manera posible a los recién llegados, sacar partido de su riqueza y de su diversidad y animarles al mismo tiempo a adherirse a los valores canadienses colectivos. El Canadá no cree que reconociendo oficialmente múltiples lenguas indígenas o favoreciendo una burocracia pletórica estará mejor equipado para luchar contra el racismo y la discriminación racial. Por último, conviene señalar que todas las iniciativas emprendidas en el marco del Programa de multiculturalismo se someten a evaluación y se centran en resultados concretos.

3.La Sra. Nasrallah (Canadá) dice que el Plan de Acción contra el racismo, publicado el 21 de marzo de 2005 es el resultado de consultas profundas mantenidas con las diferentes comunidades étnicas en el marco de los preparativos de la Conferencia Mundial contra el Racismo, organizada por las Naciones Unidas en Durban (Sudáfrica) en 2001. El Plan de Acción contra el racismo tiene también en cuenta las observaciones formuladas por el Relator especial sobre el racismo después de la visita que realizó al país en 2003, además de una encuesta sobre la diversidad étnica realizada en 2002, de la que se deduce que un millón de canadienses se consideraban víctimas del racismo. El Plan de Acción, ejecutado por una veintena de ministerios y de organismos federales bajo la supervisión general del Ministerio del Patrimonio Canadiense, el Ministerio de Inmigración, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo, tiene por objetivo actuar en diversos frentes, mejorar el acceso a la justicia por las víctimas del racismo, luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo y crear condiciones de trabajo equitativas para todos, mejorar la inserción de los recién llegados y promover el pluralismo y la diversidad de la sociedad. El plan de acción se sometió a una evaluación preliminar que dio lugar a la publicación de un informe en el sitio web del Programa de Multiculturalismo. Los organismos de ejecución han decidido definir indicadores mensurables a fin de evaluar la eficacia del plan en 2010.

4.El Sr. Coulter (Canadá) dice que para luchar mejor contra la discriminación racial y promover el multiculturalismo, el Ministerio de Trabajo federal tiene previsto contratar a partir de la primavera de 2007 a especialistas de la prevención del racismo que se encargarán de promover la diversidad en el lugar de trabajo y de prestar asistencia a los trabajadores que se consideran víctimas de discriminación racial en el trabajo. A nivel federal, el Estado canadiense procura contratar a más miembros de las minorías visibles y acelerar el desarrollo de sus carreras. En el momento actual los indígenas ocupan 4,2% de los puestos de la administración pública, de los cuales el 3% son cargos de responsabilidad.

5.La Sra. Baggs (Canadá) evoca la política del Gobierno de Quebec en materia de lucha contra la discriminación racial, en especial en la cuestión del empleo. El índice de desempleo de la comunidad negra (procedente en gran parte de la inmigración y que representa el 2,1% de la población total de Quebec) es mucho más elevado que el del resto de la población. Esta comunidad sufre además un problema de reconocimiento en los niveles provincial y federal de las competencias adquiridas en el extranjero. El Gobierno de Quebec ha adoptado para remediar esta situación todo un conjunto de medidas tendientes a mejorar el acceso de los inmigrados a la formación de ayuda.

6.El Sr. Seckell (Canadá) dice que la provincia de la Columbia Británica ha aprobado una ley sobre el multiculturalismo y una estrategia para promover el multiculturalismo y luchar contra el racismo y la discriminación racial. En esta última esfera la situación es más bien satisfactoria dentro de la provincia, aunque varias personas originarias del Sudeste asiático hayan sido víctimas de delitos raciales. Hay expertos encargados de estudiar el problema de los delitos motivados por el odio a los extranjeros y de formular recomendaciones para luchar contra la xenofobia.

7.El Sr. Aboul-Nasr ruega a la delegación del Canadá que diga si el patrimonio canadiense se distingue del patrimonio de los Estados Unidos de América y si se ha indemnizado a las comunidades indígenas privadas en el pasado de sus derechos a las tierras.

8.El Sr. Yutzis subraya que el multiculturalismo es una ventaja siempre que el Estado vele no solamente para que se respeten las particularidades culturales sino también para que se reduzcan las desigualdades. De hecho el objetivo del multiculturalismo se cumple cuando han quedado eliminadas las desigualdades entre las diversas comunidades. A este respecto el Canadá tiene todavía que realizar progresos en materia de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las minorías.

9.El Sr. Prosper desearía saber qué obstáculos impiden la integración de los inmigrantes y de las minorías.

10.El Sr. Lindgren señala que en el Estado parte se habla un centenar de idiomas y pregunta por qué sólo hay dos idiomas oficiales, cuya enseñanza es obligatoria. Además desearía saber si los negros que viven en el Canadá se clasifican en una única categoría basada en el color de su piel o si se tiene en cuenta el criterio de su origen nacional o étnico.

11.El Sr. Amir ruega a la delegación del Canadá que indique si en nombre del multiculturalismo y de la libertad de expresión podría tolerarse en el Estado parte un movimiento religioso fundamentalista aunque constituyera un peligro para las demás comunidades religiosas y para el conjunto de la sociedad canadiense.

12.El Sr. Thornberry (Relator para el Canadá) indica en relación con los idiomas que, como estipulan las disposiciones del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales y de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, no todos los idiomas hablados en un país pueden aspirar al estatuto de idioma oficial y que deben tenerse en cuenta varios factores, especialmente la demanda y las necesidades, cuando deba decidirse si se proclama oficial un idioma.

13.La Sra. Fulford (Canadá) dice que a pesar de los vínculos estrechos y antiguos que unen el Canadá y los Estados Unidos de América, el patrimonio y la identidad nacional de estos dos países son muy distintos. La política canadiense en materia de multiculturalismo no es una política de asimilación sino de adaptación recíproca, de respeto y de tolerancia, y las autoridades son muy conscientes de que todavía deben responder a un desafío importante, concretamente establecer un equilibrio entre la preservación de la identidad cultural y la eliminación de las desigualdades.

14.Aunque el Canadá sólo tenga dos idiomas oficiales, nada impide a las minorías étnicas y culturales preservar su patrimonio lingüístico en un marco distinto del de la escuela pública. Por ejemplo, varias minorías han fundado centros culturales que proponen, entre otras actividades, cursos de idioma. Por otra parte, el término “negro” no se refiere únicamente a los individuos de origen africano, sino que abarca una multiplicidad de orígenes étnicos y nacionales. Conviene señalar en relación con ello que el actual Jefe de Estado, la Sra. Michaëlle Jean, es una mujer negra originaria de la inmigración haitiana.

15.Por último, en relación con la libertad de expresión y la libertad de religión, el Gobierno canadiense es conciente de la importancia que tiene promover la tolerancia, por lo que mantiene periódicamente un diálogo con las comunidades religiosas y alienta a los dirigentes de estas comunidades a predicar la moderación, la tolerancia y el diálogo interconfesional.

16.La Sra. Nassrallah (Canadá) dice que la barrera de los idiomas y el no reconocimiento de los estudios realizados en el extranjero son algunos de los obstáculos para la integración de las minorías. El Gobierno del Canadá, con miras a eliminar estos obstáculos, ha organizado cursos de idiomas para los inmigrantes recién llegados al país y asigna partidas presupuestarias a la creación de un mecanismo de validación de los diplomas extranjeros.

17.El Sr. Gilmour (Canadá) señala que cuando se presentó al Parlamento para su examen el proyecto de ley antiterrorista se consultó a representantes de las comunidades musulmanas, las cuales hicieron observaciones. Después, en 2002 y 2004, se organizaron nuevas consultas para revisar esta ley, en las que participaron organizaciones no gubernamentales canadienses y representantes de 22 comunidades musulmanas y árabes. Varias organizaciones no gubernamentales canadienses e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, han formulado recomendaciones al Gobierno en relación con esta ley. En el momento actual se está revisando de nuevo la citada ley y el comité encargado del nuevo examen deberá finalizar próximamente sus trabajos y presentar el informe al Parlamento.

18.Hay comunidades musulmanas y árabes que han expresado su preocupación por el hecho de que, según ellas, la Ley antiterrorista autoriza a la policía a practicar perfiles raciales, pero nada de lo que dice la ley permite afirmar que se apunta a un grupo étnico o religioso determinado. La ley define la actividad terrorista como un acto cometido de modo intencionado para causar principalmente la muerte o heridas graves a una persona, comprometer gravemente la salud y seguridad de la población, causar daños materiales o perturbar gravemente o paralizar servicios esenciales. Sin embargo, conviene subrayar que los actos cometidos en el marco de reivindicaciones, en la manifestación de un desacuerdo o en una suspensión del trabajo que no tiene por objetivo provocar alguna de las consecuencias antes citadas quedan excluidos del ámbito de esta definición y por lo tanto no pueden considerar actos de terrorismo. Además, para responder a las preocupaciones de las comunidades religiosas y étnicas, se ha añadido una cláusula de interpretación para precisar que la expresión de una fe o de una opinión de carácter político, religioso o ideológico sólo entra en la definición del concepto de actividad terrorista si constituye un acto que responde a los criterios fijados en esta definición.

19.Por otra parte, el Código Penal prevé la posibilidad de inscribir en una lista el nombre de las entidades que se sospecha que sostienen organizaciones terroristas y sus bienes pueden congelarse en la medida en que el Estado tiene motivos razonables para pensar que han apoyado a sabiendas actividades terroristas o que han actuado con conocimiento de causa por encargo de una organización terrorista. Las entidades inscritas en la lista pueden pedir al Ministerio de Seguridad que se les borre de ella y si esto se les deniega pueden presentar un recurso ante los tribunales. Además, existe un mecanismo encargado de examinar los posibles errores sobre la identidad de las personas sospechosas. Por último, la lista debe actualizarse cada dos años y desde que se creó se ha vuelto a examinar ya dos veces.

20.Si se incoa un proceso contra una persona sospechosa de estar implicada en actividades terroristas, el Estado asume la carga de la prueba y debe demostrar que el interesado participó con conocimiento de causa en actividades terroristas y actuó intencionadamente. Además, el Fiscal general tiene que haber dado su conformidad para que puedan incoarse estos procesos. Desde su entrada en vigor en 2001 la Ley antiterrorista se ha aplicado en raras ocasiones: el caso más destacado fue la detención y enjuiciamiento en 2006 de una veintena de personas implicadas en la preparación de un atentado en territorio canadiense.

21.La Sra. Belopolsky (Canadá) dice que la Mesa Redonda transcultural sobre seguridad ha estudiado desde su creación en 2005 cuestiones relacionadas con la seguridad interna, como los perfiles raciales y las consecuencias de las medidas de seguridad para determinadas comunidades étnicas y religiosas. La Mesa Redonda ha organizado toda una serie de reuniones y desarrollado actividades que han permitido a los miembros de las comunidades interesadas y a representantes de los órganos de la seguridad pública establecer un diálogo y comprender mejor sus respectivas preocupaciones. De modo paralelo a estas reuniones se han tomado medidas concretas para fortalecer la confianza de las minorías en la policía, y en 2005 y 2006 campañas realizadas en todo el país han facilitado acercarse a las comunidades interesadas y hablar con ellas sobre estas cuestiones.

22.Las personas que desean presentar denuncias contra miembros de la policía, de los servicios de seguridad y del personal de las aduanas pueden recurrir a los tribunales o, si se trata de miembros de la Real Gendarmería del Canadá, a la Comisión de Denuncias Públicas. Este órgano es independiente y está autorizado a recibir denuncias de particulares, realizar investigaciones, publicar sus resultados y formular recomendaciones. En cuanto a las denuncias que dirigidas contra miembros del Servicio de Información de la Seguridad del Canadá, pueden dirigirse al Comité de vigilancia de las actividades de información de la seguridad o al Inspector General del Servicio de Información, que son dos entidades encargadas de la vigilancia interna de las actividades de los miembros del Servicio de Información.

23.Los certificados de seguridad permiten a las autoridades expulsar a un residente permanente o a un extranjero que constituya una amenaza para la seguridad nacional por causa de espionaje, atentado contra los derechos humanos o también pertenencia a las redes del crimen organizado. La posibilidad de recurrir contra estas medidas está recogida en la legislación canadiense desde 1978 y por lo tanto es anterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Los certificados de seguridad entregados hasta el momento actual no han apuntado a ningún grupo étnico en especial sino a terroristas islámicos, a árabes laicos o a sikhs, a espías rusos o también a extremistas de derechas. En cambio la delegación no está en condiciones de suministrar detalles sobre el número de personas no nacionales de ascendencia africana que han sido afectadas por una medida de expulsión, porque la Agencia de Servicios Fronterizos del Canadá (ASFC) no está autorizada para reunir y compilar estadísticas desglosadas por raza.

24.La Sra. Robin (Canadá) dice que Ontario ha aprobado recientemente la Ley sobre organismos de investigación o de seguridad, en la cual se dispone que los agentes de los servicios privados de seguridad han de tener un permiso del Ministerio de Seguridad Pública y seguir una formación obligatoria que incluye especialmente cursos de sensibilización sobre la diversidad. En virtud de esta nueva ley, se aprobará un código de buena conducta aplicable a todos los agentes de seguridad.

25.La Sra. Eid (Canadá) señala que el Código Penal castiga la incitación al odio racial, especialmente por Internet; desde diciembre de 2001 los tribunales pueden ordenar que se prohíban los sitios de Internet donde figuran expresiones de odio cuando el servidor está situado en una localidad dentro de su jurisdicción.

26.La Comisión de Derechos Humanos del Canadá, que recibe y trata las denuncias de discriminación que enfrentan a particulares y empleadores, hace hincapié en la mediación. Las negociaciones pueden resultar en excusas y en la reintegración del empleado cuyas funciones han resultado perjudicadas, además de una indemnización como compensación por las pérdidas salariales e incluso de una reorientación de la política que originó la discriminación. La mediación, unida a la simplificación de los procedimientos de investigación ha permitido reducir considerablemente el tiempo de tramitación de las denuncias, que ha pasado de 25 a nueve meses.

27.Todas las comisiones de derechos humanos del país participan indirectamente en la redacción de los informes periódicos del Canadá, porque rinden cuenta de sus actividades a las jurisdicciones federales, provinciales y territoriales de las que dependen.

28.Para responder a la preocupación de los órganos de tratados de las Naciones Unidas por la insuficiencia del mecanismo de denuncias de la Provincia de Ontario en caso de violación de los derechos humanos, el 5 de diciembre de 2006 se aprobó una ley que modifica el Código de Derechos Humanos y crea un nuevo mecanismo de denuncia. Esta ley ofrece a las víctimas la garantía de que jueces independientes del Tribunal de Derechos Humanos de Ontario examinarán su denuncia en cuanto al fondo y prevé el establecimiento de un sistema de asistencia jurídica en su favor. Por consiguiente, la Comisión de Derechos Humanos de Ontario ya no recibirá más denuncias individuales de discriminación, pero seguirá desempeñando una función primordial dentro del sistema de derechos humanos. Además de su labor de sensibilización del público, de investigación en materia de derechos fundamentales y de seguimiento de la situación de los derechos humanos en Ontario, la Comisión velará especialmente para eliminar los obstáculos estructurales que impiden la igualdad de todos y para proteger los intereses públicos. La ley que modifica el Código de Derechos Humanos prevé además crear dentro de la Comisión una secretaría contra el racismo y una secretaría para los derechos de las personas con discapacidad.

29.La Sra. Belopolsky (Canadá) dice que llevar el velo —autorizado en los establecimientos escolares— no ha causado ninguna polémica en el Canadá, país que defiende la libertad de religión.

30.La Sra. Robin (Canadá) dice que se ha creado un grupo sobre la seguridad en las escuelas encargado de examinar si la Ley de 2000 sobre la seguridad en las escuelas, que autoriza la salida o expulsión de los alumnos violentos y agresivos, tiene realmente un efecto desproporcionado sobre los alumnos procedentes de minorías raciales y sobre los alumnos discapacitados. Sobre la base de una amplia consulta pública, este equipo ha hecho patente la necesidad de adoptar medidas de prevención de la violencia dentro de los establecimientos escolares y de restablecer progresivamente en ellos la disciplina. La Sra. Robin añade que el Gobierno se ha comprometido a estudiar el informe y a dar a conocer las decisiones que adoptará a más tardar en otoño de 2007.

31.La Sra. Eid (Canadá) dice que el Ministerio del Patrimonio vela porque las conclusiones de los distintos órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos sean sistemáticamente accesibles en línea en su sitio de Internet. Estas conclusiones se examinan también en el Comité permanente de funcionarios encargados de los derechos humanos, compuesto por representantes del Gobierno federal, de las provincias y de los territorios, y por lo tanto se tienen en cuenta en la elaboración de los programas y políticas de derechos humanos.

32.El Sr. Sicilianos pregunta si el Estado parte tiene previsto aplicar el apartado a del artículo 4 de la Convención que obliga a los Estados partes a declarar “como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial”, en vez de seguir considerando tales actos como “agravantes” en el momento de determinar la pena. Considera interesante saber si en el marco de la lucha contra los perfiles raciales, las fuerzas de policía de las provincias y los territorios cuentan con los mismos programas de formación y de sensibilización sobre el tema que los miembros de la Gendarmería Real del Canadá.

33.El Sr. Kjaerum pregunta si el Estado parte tiene previsto ratificar próximamente el Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, firmada el 8 de julio de 2005. Se pregunta después sobre la idoneidad de la ley que modifica el Código de Derechos Humanos de Ontario, la cual marca en ciertos puntos un retroceso, especialmente porque las víctimas no pueden estar representadas por un letrado y porque las decisiones del tribunal son ahora definitivas. Por último desearía saber el destino de los niños cuyos padres están en situación irregular en el país, que suscitó la preocupación del Comité cuando examinó los informes periódicos 13º y 14º del Canadá.

34.El Sr. Yutzis se refiere a la lucha contra el terrorismo y se pregunta sobre el concepto de amenaza y pregunta si el Estado parte procura aplicar una política de lucha contra los estereotipos para evitar injusticias o incluso errores, especialmente al cruzar fronteras. Recuerda en relación con ello que el tema no es tanto una cuestión de seguridad como una cuestión de sociedad. Es evidente que conviene evitar que posibles terroristas penetren en el territorio canadiense, pero también es esencial conseguir que los descendientes de inmigrados no escojan este camino, como pasó en el caso del Reino Unido.

35.El Sr. Kemal pregunta si el número de estudiantes extranjeros asiáticos y africanos ha descendido en el Estado parte desde los atentados de 11 de septiembre de 2001.

36.La Sra. Belopolsky (Canadá) señala que las fuerzas de policía de las provincias y de los territorios reciben programas de formación y sensibilización sobre la cuestión de los perfiles raciales de la misma manera que los miembros de la Gendarmería Real del Canadá.

37.La Sra. Desmarais (Canadá) precisa que en Quebec se creó en 2003 un grupo de trabajo sobre la cuestión de los perfiles raciales, el cual llegó a la conclusión de que era preciso impartir a policías y juristas formación sobre este tema. El tema se ha introducido, por lo tanto, en el programa de estudios de la Escuela Nacional de Policía de Quebec. El Comisario de Deontología Policial de Quebec ha iniciado además una gira de información y sensibilización por las diversas comunidades culturales para dar a conocer mejor el Código de Deontología Policial al cual están sometidos los agentes de las fuerzas del orden público.

38.La Sra. Eid (Canadá) dice que en marco de la lucha antiterrorista la Agencia de Servicios Fronterizos del Canadá (ASFC) se ocupa de cooperar con sus homólogos extranjeros y que la Cumbre anual del G-8 es la ocasión adecuada para hacerlo.

39.La Sra. Robin (Canadá) dice que la ley que modifica el Código de Derechos Humanos de Ontario constituye un progreso en relación con el mismo Código, porque en virtud de él la Comisión de Derechos Humanos de Ontario decidía llevar o no ante la justicia el caso de que se ocupaba. La nueva ley autoriza a la víctima a apelar directamente al Tribunal de Derechos Humanos de Ontario y le garantiza que su caso se examinará a fondo. Además, tanto el demandante como el demandado pueden apelar las decisiones del Tribunal de Derechos Humanos de Ontario.

40.El Sr. Buller (Canadá) señala que el número de estudiantes extranjeros aumentó un 7,3% entre los cursos universitarios de 2003-2004 y 2004-2005, y que la mitad de ellos son originarios de Asia.

41.El Sr. Watson (Canadá) señala que el Canadá está decidido a hacer progresar la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Explica que se han atribuido a las poblaciones indígenas 600.000 km2 de tierras, lo que representa un territorio equivalente a las superficies sumadas de Francia, Bélgica y Suiza. El Canadá está orgulloso de los esfuerzos realizados en materia de derechos de las poblaciones indígenas, aunque reconoce que falta realizar esfuerzos en algunas esferas. En cuanto al proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Sr. Watson explica que este texto, cuyo objetivo es proteger de modo individual o colectivo a estos pueblos y clarificar las responsabilidades de los Estados y de las comunidades indígenas, no ha podido ser aprobado por su país porque algunas de sus disposiciones son demasiado ambiguas y dan lugar a interpretaciones divergentes. El Canadá ha propuesto después reanudar las negociaciones debatiendo un texto que enuncie más claramente los derechos de los pueblos indígenas.

42.El Sr. Watson se refiere al valor jurídico de los acuerdos (o entendimientos) firmados con los pueblos indígenas y señala que el debate no se centra en la cuestión de saber si los derechos establecidos en función de un acuerdo nacional pueden modificarse, sino más bien en saber si dichos acuerdos contienen disposiciones claras sobre lo que puede realizarse o no en los territorios indígenas. En realidad, el debate se refiere a los derechos definidos y a los derechos no definidos por los tratados. El Sr. Watson señala que en general los acuerdos relativos al disfrute de los territorios indígenas están protegidos por el artículo 35 de la Ley constitucional de 1982 sobre la protección de los derechos y títulos de los indígenas. En virtud de ella, las leyes federales y provinciales que rigen la propiedad de los recursos territoriales de los pueblos indígenas pueden someterse a los tribunales competentes, que examinan su conformidad con el artículo 35 de la Convención.

43.La Sra. De s marais (Canadá) recuerda la importancia que el Gobierno del Canadá da a sus relaciones con los pueblos indígenas. Desde 1998 el Gobierno de Quebec ha firmado varios acuerdos tripartitos con los pueblos indígenas, especialmente acuerdos marco y acuerdos sectoriales. El acuerdo firmado en 1976 con el Gran Consejo de los Cris, por ejemplo, se renovó en 2002 con el objetivo de codificar la distribución de responsabilidades entre el Gran Consejo y el Gobierno provincial. Otros varios acuerdos firmados por el Gobierno de Quebec con pueblos indígenas se refieren de modo especial a la asignación de recursos financieros y responsabilidades a los pueblos indígenas en materia de salud, educación, seguridad pública y gestión de las tierras. Algunos acuerdos se ocupan también de la distribución de los beneficios económicos resultantes del aprovechamiento de los recursos naturales situados en territorios indígenas.

44.El Sr. Seckell (Canadá) señala que la Columbia Británica está a punto de firmar con los pueblos indígenas tres tratados que una vez ratificados por los Parlamentos provinciales estarán protegidos por el artículo 35 de la Constitución. Estos tratados precisan los aspectos de la propiedad territorial relativos al derecho consuetudinario y definen las esferas donde seguirán en vigor los derechos de los pueblos indígenas.

45.La Sra. Eid (Canadá) señala que el Gobierno del Canadá ha tomado medidas concretas para combatir la violencia contra la mujer, en especial contra la mujer indígena, y para determinar las causas de este mal. Desde 1988 se han ejecutado varios proyectos intersectoriales que han hecho posible intensificar la lucha contra la violencia contra la mujer. En el marco del Programa de promoción de la mujer indígena del Ministerio del Patrimonio del Canadá, la Iniciativa de lucha contra la violencia familiar presta asistencia a los grupos de mujeres indígenas para estudiar y resolver los problemas de la violencia en las familias indígenas y preparar intervenciones contra la violencia familiar. El Gobierno ha asignado recientemente 5 millones de dólares a grupos de mujeres indígenas para que puedan financiar actividades encaminadas a prevenir y eliminar este tipo de violencia. El Canadá presentará próximamente informaciones sobre este punto al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

46.El Sr. Sicilianos subraya que al parecer el Canadá tiene dificultades con numerosas disposiciones del proyecto de declaración, no solamente con los artículos 26, 27, 28, 29 y 32, sino también con los artículos 4, 10, 30 y 36. Recuerda que este proyecto de declaración se está examinando desde 1994 y que había de aprobarse durante el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, es decir antes de 2004. El orador desearía que el Canadá, país que desempeñó una función impulsora durante la elaboración del texto, demostrara una mayor flexibilidad en las futuras negociaciones para que pueda aprobarse sin mayor tardanza la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, que afecta a unos 300 millones de personas en el mundo.

47.La Sra. Dah, al igual que el Sr. Sicilianos, invita al Gobierno del Canadá a flexibilizar su postura sobre el proyecto de declaración y pide al Grupo africano de la Asamblea General que acelere sus trabajos para la aprobación del texto. Desea saber además si los entendimientos abiertos firmados entre los pueblos indígenas y el Gobierno federal o los gobiernos provinciales prevén procedimientos de conciliación o de arbitraje si surgen diferencias entre el Gobierno federal o los gobiernos provinciales y los pueblos indígenas, porque, según la delegación, los pueblos indígenas se niegan a integrarse en el sistema jurídico y judicial del Canadá.

48.El Sr. Pillai pide a la delegación del Canadá que explique por qué en el censo de 2001 el número de personas que declararon pertenecer a los pueblos indígenas aumentó un 22% en relación con 1996. Le extraña esta situación, en especial habida cuenta del elevado índice de mortalidad que se registra en este grupo de población.

49.El Sr. Cali Tzay desea saber si, según los estudios realizados en el Canadá, los indígenas se consideran víctimas de racismo y discriminación.

50.El Sr. Watson (Canadá) dice que ciertamente los pueblos indígenas se consideran víctimas de discriminación en el Canadá. En cuanto a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas recuerda que el Canadá ha trabajado durante veinte años para que se apruebe un texto satisfactorio para todas las partes, pero algunos pasajes del proyecto presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre pasado no son aceptables para el Canadá en su forma actual. El Canadá ha propuesto volver a abrir las negociaciones sobre este proyecto a fin de llegar a un texto satisfactorio para todos.

51.En cuanto a los procedimientos de arbitraje o conciliación referentes a los entendimientos firmados con las poblaciones indígenas, el Sr. Watson indica que en las cuestiones de índole civil, algunos acuerdos prevén que los pueblos indígenas pueden crear instancias de solución de diferencias, como tribunales de arbitraje. En cuanto al aumento del número de personas que se consideran indígenas registrado entre 1996 y 2001, el representante recuerda que en virtud del derecho canadiense, nadie está obligado a declararse miembro de un grupo étnico y que este aumento se debe probablemente a un cambio de mentalidades y al índice elevado de fecundidad de las mujeres indígenas.

52.La Sra. Fulford (Canadá) comenta con satisfacción la calidad del diálogo mantenido con los miembros del Comité. Asegura que las observaciones y preocupaciones del Comité se estudiarán y analizarán con cuidado. Da las gracias a los miembros del Comité por haber reconocido los esfuerzos que realiza su país en pro de una sociedad exenta de discriminaciones, aunque todavía falte conseguir progresos en algunas esferas.

53.El Sr. Thornberry (Relator para el Canadá) comenta con satisfacción la riqueza del diálogo mantenido con la delegación del Canadá y las respuestas muy completas que ha dado a las numeras preguntas que se le han hecho.

54.El Presidente declara que el Comité ha finalizado de este modo el examen de los informes periódicos 17º y 18º del Canadá.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas .