Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

82º período de sesiones

Acta resumida de la 2222ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 22 de febrero de 2013 a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Avtonomov

Sumario

Examen de los informes, las observaciones y la información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 18º a 20º de Nueva Zelandia (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Examen de los informes, las observaciones y la información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 18º a 20º de Nueva Zelandia (CERD/C/NZL/18-20 y CERD/C/NZL/Q/18-20) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Nueva Zelandia vuelve a tomar asiento en la mesa del Comité.

2.El Sr. de Bres (Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia) dice que el Gobierno de Nueva Zelandia puede felicitarse por haber adoptado numerosas iniciativas para garantizar la igualdad de todos los neozelandeses en los ámbitos de la salud, la educación y la justicia, en particular, yhaber dado grandes pasos hacia la solución de las reclamaciones históricas de las iwi (tribus maoríes) en virtud del Tratado de Waitangi. No obstante, dada la magnitud de lo que queda por hacer, el Comité, en las observaciones finales que haga al Gobierno, podría formular varias recomendaciones importantes. Podría, en especial, encomiar que se haya de ampliar el mandato de la Comisión de Derechos Humanos a la promoción de la igualdad racial y la diversidad cultural, pero insistir al mismo tiempo en la necesidad de conservar el puesto de Comisionado de Relaciones Interraciales, e invitar al Estado parte a formular la declaración que prevé el artículo 14 de la Convención, a llegar a una solución concertada de las reivindicaciones de los maoríes sobre los recursos de agua dulce y geotérmicos, a ultimar la estrategia de promoción del idioma maorí y, por último, a establecer un marco jurídico de lucha contra la incitación al odio en las redes sociales y en Internet.

3.El Sr. Sefuiva (Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia) señala que el Comité podría recomendar al Gobierno de Nueva Zelandia que colaborara estrechamente con las empresas del sector privado y los sindicatos para luchar contra la discriminación en el sector del empleo, de la que las mayores víctimas son los neozelandeses de origen asiático, y que pusiera fin a la discriminación estructural que afecta sobre todo a los maoríes e isleños del Pacífico, en particular en la justicia, la educación, la salud y el empleo.El Comité, por último, podría expresar su deseo de que el Gobierno, la Comisión y la sociedad civil colaborasen estrechamente en el marco de la elaboración del segundo Plan de Acción Nacional para los Derechos Humanos.

4.La Sra. Collins (Nueva Zelandia) dice que el terremoto de Christchurch ha tenido graves consecuencias para todos los grupos de población (incluidos los maoríes y los isleños del Pacífico, que tuvieron que lamentar la destrucción de numerosos lugares sagrados y cementerios) y que muchos indígenas han perdido su trabajo y su vivienda. Las comunidades maoríes, por otra parte, han participado en las actividades de recuperación en cooperación con los servicios y organismos públicos. El Gobierno de Nueva Zelandia tiene plena conciencia de que el alcoholismo y la toxicomanía, así como los trastornos psíquicos resultantes, guardan relación con la precariedad que afecta a los maoríes. La organización “Por y para los maoríes”, por lo tanto, presta asistencia a los miembros de la comunidad para terminar con su adicción, atendiéndolos en el plano clínico y psiquiátrico y ayudándolos a buscar empleo. Gracias al proceso de solución de las reclamaciones, las iwi obtienen buenos resultados económicos. Estos resultados satisfactorios se deben a la existencia del Tratado de Waitangi que consagra el derecho de los pueblos indígenas a que se erradique la corrupción y al hecho de que, consciente de los problemas a que se enfrentan, el país adopta las medidas necesarias para resolverlos.

5.Los servicios de policía y justicia trabajan a fin de poner en marcha un proyecto piloto para reunir datos fundamentales, entre ellos la edad y el origen étnico, de las víctimas de delitos. El índice de delincuencia del país está en su nivel más bajo desde hace 30 años. Entre 2009 y 2011, el porcentaje de maoríes e isleños del Pacífico detenidos por la policía ha bajado en un 13% y un 16%, respectivamente. La proporción excesiva de integrantes de estas dos comunidades en el sistema de justicia penal se explica más por su bajo nivel de instrucción y su situación socioeconómica desfavorecida que por su origen étnico. El Gobierno, para luchar contra este fenómeno, ha adoptado un gran número de medidas destinadas a mejorar los servicios públicos y está preparando un plan de lucha contra la delincuencia de los jóvenes. En los tribunales de menores, los jóvenes infractores cuentan con la ayuda de consejeros de educación para volver al buen camino y retomar los estudios. En lo que respecta a los adultos, se hace hincapié en la prevención de la reincidencia y en la preparación de la reinserción social para los que están a punto de quedar en libertad. En Nueva Zelandia, la policía no está armada con armas de fuego y hace poco tiempoque utilizan pistolas eléctricas de paralización (Taser) y siempre que hayan recibido formación para su empleo. Los modelos de pistolas paralizantes utilizados tienen además cámaras de vídeo que se encienden automáticamente en el momento en que el arma sale del estuche. Las estadísticas demuestran que la tasa de utilización de estas armas es de 4 por cada 1.000 detenciones en los casos de neozelandeses de origen europeo y de 7 por cada 1.000 para los maoríes. La utilización no depende del origen étnico, sino del comportamiento del detenido. Para prevenir la reincidencia, la Ley sobre la Reforma del Régimen de Penas y Liberación Condicional de 2010 prevé, al margen de la condena, la imposición de una advertencia a las personas declaradas culpables de los delitos sexuales más graves y más violentos;si reinciden se exponen a la pena máxima prevista para el delito cometido y no pueden disfrutar de la libertad condicional. Esta Ley no es especialmente desfavorable para los miembros de las minorías raciales, a menos que reincidan pese al aviso recibido tras la primera condena.

6.El Sr. Bridgman (Nueva Zelandia) dice que las reclamaciones históricas en virtud del Tratado de Waitangi, es decir todos los procedimientos iniciados antes del 21 de septiembre de 1992, deben resolverse antes de 2014. Este objetivo ambicioso no impedirá que las comunidades indígenas negocien con la Corona ulteriormente.El proceso de solución se ha intensificado, ya que desde 1994 se concertaron 56 acuerdos y en los cuatro últimos años se resolvieron 33. Actualmente hay 80 reclamaciones sometidas al Gobierno. Otro ejemplo de cooperación fructífera entre la Corona y los maoríes es la Ley de la Zona Marina y Costera (Takutai Moana) de 2011, que deroga la Ley de la Zona Costera Bañada por la Marea y de los Fondos Marinos de 2004, que privaba a los maoríes de sus intereses consuetudinarios en algunas partes de la zona costera bañada por la marea y de los fondos marinos. La Ley de 2011 fue aprobada para atender a las preocupaciones y las críticas expresadas por el Comité, la opinión pública del país y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Según esta nueva Ley, los maoríes pueden recurrir al Tribunal Superior para reivindicar sus derechos consuetudinarios (marítimos) y hacer que se protejan o reconozcan esos derechos en virtud de un acuerdo con la Corona. En la actualidad, se han presentado a la Corona 12 demandas y otras 12 están pendientes en el Tribunal Superior.

7.El proyecto de ley sobre la modificación de la Ley de Derechos Humanos cambia la estructura de la Comisión de Derechos Humanos al suprimir los puestos de Comisionado de Relaciones Interraciales y de Comisionado de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, cuyas funciones se delegan a comisionados que ejercen un mandato de carácter general con dedicación exclusiva. Para evitar la difusión de expresiones de odio en Internet, en particular por intermedio de las redes sociales, el Ministerio de Justicia pidió en mayo de 2012 que se pusieran en práctica sin dilación las recomendaciones sobre el ciberacoso formuladas por la Comisión de Derecho de Nueva Zelandia.Una de esas recomendaciones consiste en hacer que, en la era digital, la legislación reduzca al mínimo los riesgos potenciales derivados de la utilización de las nuevas tecnologías de la información. El segundo Plan de Acción Nacional para los Derechos Humanos, que la Comisión de Derechos Humanos debe elaborar en colaboración con el Ministerio de Justicia y organizaciones no gubernamentales (ONG), debería presentarse a finales de 2014 o principios de 2015, al término del examen periódico universal de Nueva Zelandia.Este plan fijará objetivos precisos cuya consecución permitirá mejorar de forma tangible la situación de los derechos humanos. En el curso de los cinco últimos años, el 60% de las denuncias de discriminación racial fueron presentadas a la Comisión por hombres; el 9% de las denuncias fueron presentadas por isleños del Pacífico, el 16% por maoríes, el 23% por asiáticos, el 29% por neozelandeses de ascendencia europea (Pakehas) y el 24% restante por otros grupos étnicos. En caso de fracaso de la mediación, la Comisión informa a los denunciantes sobre su derecho a recurrir ante el Tribunal de Revisión de Casos de Derechos Humanos. Ni la Comisión ni el Gobierno tienen conocimiento de que se hayan llevado ante la justicia casos de discriminación racial de gran resonancia.

8.El Sr. Chrisp (Nueva Zelandia) dice que el Tratado de Waitangi regula la relación entre la Corona y los Maoríes y consagra el principio de la igualdad de derechos de los maoríes y los demás ciudadanos de Nueva Zelandia. Añade que, de conformidad con el mandato que se le confirió, el Tribunal de Waitangi ha prescrito varios principios que permiten interpretar el Tratado en función de la evolución de la sociedad y de la aparición de nuevas circunstancias, lo que permite resolver las reclamaciones denominadas “contemporáneas” (las presentadas desde el 21 de septiembre de 1992). Algunas de estas reclamaciones se refieren a la relación entre los establecimientos de enseñanza superior maoríes (wananga) y el Ministerio de Educación o a la prestación de servicios de salud a los maoríes en una región determinada. Las leyes remiten siempre al Tratado de Waitangi en términos tales como “en cumplimiento del Tratado de Waitangi” o “habida cuenta de las disposiciones del Tratado de Waitangi”, pero la redacción utilizada depende del interés que esa ley revista para las comunidades indígenas. En cuanto a la cuestión de si las recomendaciones del Tribunal de Waitangi deben ser vinculantes, como propuso el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Gobierno de Nueva Zelandia estima que el sistema de recomendaciones en vigor permite tomar en consideración los intereses de todas las partes. Además, el artículo 8 i) de la Ley de 1975 por la que se crea el Tribunal de Waitangi, dispone que el Ministerio de Asuntos Maoríes presente un informe anual al Parlamento sobre la puesta en práctica de las recomendaciones del Tribunal, lo que sirve a este de ocasión de seguir los avances realizados en la solución de las reclamaciones en virtud del Tratado.

9.El idioma maorí, o te reo Maori, es un idioma oficial de Nueva Zelandia, que la Corona debe proteger en colaboración con los miembros de esta comunidad. Para ello, el Gobierno elabora una nueva estrategia de apoyo al idioma maorí, a la vez que sigue financiando a los medios de comunicación que emiten en este idioma y los programas que ya están en vigor en favor de la enseñanza preescolar y primaria de los maoríes en virtud de la estrategia anterior. El Ministerio de Educación, por otra parte, ha entablado negociaciones con la Fundación de Kohanga reos (Centros de enseñanza preescolar en lengua maorí) para cumplir las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Waitangi en el informe sobre la cuestión. El Gobierno no ha indicado aún en qué fecha dará a conocer su posición sobre las conclusiones del Tribunal de Waitangi sobre la reclamación Wai 262, relativa a la flora y la fauna, así como a la protección de la cultura y de la identidad maoríes, presentada en 1991. El hecho de que la instrucción haya durado 20 años complica la cuestión, ya que mientras tanto algunas conclusiones han perdido actualidad o se ha llegado a otros acuerdos entre las partes.

10.El Gobierno formuló reservas sobre el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues temía que se interpretara este artículo en el sentido de que concedía a los maoríes el derecho a impugnar las decisiones del Gobierno. En todo caso, como considera que es importante consultar a los pueblos indígenas, el Gobierno lo hace con respecto a cuestiones generales o específicas con el fin de preservar los intereses de los maoríes. En cuanto a la explotación de petróleo y gas en la cuenca de Raukumara, el Servicio de Recursos Petrolíferos y Minerales del Ministerio de Desarrollo Económico considera que las consultas celebradas con los maoríes se ajustan a los protocolos previstos por el programa de recursos petrolíferos y minerales, pero el grado de consulta no satisfacía a las tribus en cuestión, lo que generó tensiones. Se contrató a una persona para que actuara como enlace entre el Gobierno y las tribus. En el marco de las consultas, los maoríes expresaron su deseo de que en la Ley sobre el Régimen de Propiedad Mixta figurase una referencia expresa al Tratado de Waitangi.También se decidió que se permitiría a las tribus afectadas comprar acciones de las empresas de explotación en las mismas condiciones que los demás inversores y que continuarían las consultas relativas a los intereses de los maoríes en lo referente al agua potable.

11.Las tierras maoríes son de dos tipos,las que los maoríes han conservado desde la firma del Tratado de Waitangi, que muchas veces pertenecen a variospropietarios, y las tierras tradicionales restituidas a los maoríes, que son administradas por las autoridades tribales. En lo que respecta al Acuerdo Transpacífico, el Gobierno organizó una serie de consultas a las que se invitó a los maoríes. Además, en todos los acuerdos de libre comercio que celebra Nueva Zelandia figura una cláusula de excepción que dispone que el Gobierno puede adoptar todas las medidas que considere necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone el Tratado de Waitangi.

12.El Sr. Singham (Nueva Zelandia) dice que, en la encuesta realizada en 2012 sobre la conciencia que se tiene de la discriminación, el 72% de los participantes considera que los migrantes asiáticos son víctimas de discriminación, en tanto que otra encuesta nacional mostró que menos del 20% de los asiáticos se consideraban objeto de discriminación racial. La mayoría de los neozelandeses reconoce la importancia de la contribución de los migrantes a la economía del país. Se han puesto en marcha distintas iniciativas privadas o públicas de ayuda a los migrantes para encontrar trabajo. La Oficina de Asuntos Étnicos publica informes sobre las ventajas que reporta a los empleadores contratar migrantes.Para que se reconozcan sus conocimientos y su preparación, los migrantes deben inscribirse en el organismo profesional competente. La Oficina de Asuntos Étnicos ha iniciado un programa de valorización de la función de dirección de las mujeres de grupos étnicos minoritarios para que puedan ocupar puestos en el sector público. La lucha contra la violencia doméstica constituye una de las prioridades del Gobierno. En junio de 2005 se creó un equipo especial de lucha contra la violencia doméstica para asesorar al equipo ministerial encargado de este asunto sobre la forma de combatir este fenómeno y de erradicarlo de Nueva Zelandia.

13.La estrategia de reasentamiento de los refugiados se pondrá en marcha a partir de julio de 2013 para darles autonomía, que puedan participar en la vida pública, disfrutar de una vida sana y tener acceso a la educación y la vivienda. El Gobierno intenta prepararse para una eventual afluencia en masa de refugiados. El proyecto de ley sobre la modificación de la Ley de Inmigración, que debe aprobarse en 2013, simplificará el tratamiento de las solicitudes y los recursos en materia de asilo. En relación con las expresiones discriminatorias proferidas contra los musulmanes por un diputado en el Parlamento, la Oficina de Asuntos Étnicos puso en marcha un proyecto a largo plazo titulado “Building bridges” (Tender puentes) que consiste en crear vínculos entre la comunidad musulmana y el conjunto de la población. El “acervo étnico”, que se menciona en el párrafo 66 del informe que se examina, se refiere a las minorías de Asia, África, Oriente Medio, América Latina y Europa. El Gobierno colabora con las ONG que trabajan en cooperación con las minorías étnicas y les concede subvenciones. El Gobierno no dispone de recursos suficientes para preservar los más de 150 idiomas comunitarios existentes, pero el Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico ha establecido un marco para los idiomas del Pacífico que permite que las comunidades conserven su lengua.

14.El Sr. Powell (Nueva Zelandia) dice que el organismo independiente de supervisión de la policía llevó a cabo un estudio sobre las redadas policiales en las montañas Urewera en 2007 y presentó sus conclusiones preliminares a la policía neozelandesa. No obstante, todavía no se sabe la fecha en que se darán a conocer públicamente. En lo que respecta a los delitos por motivos raciales y la aplicación del artículo 4 de la Convención por Nueva Zelandia, la Ley de Imposición de Penasdispone que el odio racial es una circunstancia agravante que endurece la pena impuesta por toda infracción. El artículo 131 de la Ley de Derechos Humanos tipifica la incitación a la discordia racial. La Ley de Inmigración de 2009 no establece distinción alguna entre los ciudadanos del Commonwealth y los demás. Prohíbe que se presenten a la Comisión de Derechos Humanos denuncias relativas a la legislación sobre la inmigración, pero ello no obsta a la aplicación del principio de no discriminación. Las denuncias al respecto deben dirigirse al Tribunal de Inmigración y Protección. A raíz del examen periódico universal, Nueva Zelandia estudiará la posibilidad de formular la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención y el Ministerio de Justicia está examinando el asunto. La Ley de Derechos Humanos prohíbe toda discriminación, sea por acto de un particular o del Gobierno. Ningún principio general exige que todas las leyes se interpreten con arreglo al Tratado de Waitangi. No obstante, más de 30 leyes mencionan sus disposiciones y el Consejo de Ministros se cerciora de que las leyes o políticas propuestas sean conformes al Tratado de Waitangi.

15.El Sr. Murillo Martínez pregunta hasta qué punto los 56 acuerdos históricos concertados con los maoríes responden a las expectativas de esas comunidades. Pregunta si se ha abordado la cuestión de la utilización de armas que producen descargas eléctricas en el marco de las consultas celebradas entre el Gobierno y las comunidades indígenas.

16.El Sr. Bridgman (Nueva Zelandia) dice que, a los efectos de resolver una reclamación, el grupo demandante debe establecer una entidad que lo represente y que percibirá el monto de la indemnización. Algunas tribus han hecho fructificar los bienes recibidos como resultado de los acuerdos, lo que les ha permitido prosperar.

17.El Sr. Vázquez (Relator para Nueva Zelandia) expresa su preocupación por las consecuencias de la supresión del puesto de Comisionado de Relaciones Interraciales y pregunta cómo se propone el Estado parte dar visibilidad a la Comisión de Relaciones Interraciales. Cree entender que algunos neozelandeses de origen europeo (Pakehas) suelen subestimar el racismo de que son víctimas algunos maoríes e incluso se consideran ellos mismos víctimas de discriminación por el lugar asignado a los maoríes en las políticas públicas. Invita a la delegación a dar su opinión al respecto.

18.El Sr. de Gouttes, refiriéndose a la recomendación general núm. 31 sobre la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, pregunta si el Estado parte reconoce la justicia consuetudinaria, en particular en materia civil, y recurre a la mediación o la conciliación para la solución de conflictos. Recuerda que interesa particularmente al Comité la decisión que adopte sobre la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención y lo invita a informarle al respecto.

19.La Sra. Collins (Nueva Zelandia) dice que el proyecto de modificación de la Ley de Derechos Humanos, que tiene por fin, en primer lugar, ampliar el campo de acción de la Comisión de Relaciones Interraciales, debe presentarse a la comisión parlamentaria competente para su examen y eventual modificación, tras recibir las observaciones de ONG y del público. Es verdad que algunos neozelandeses de ascendencia europea se sienten a veces desfavorecidos en relación con los maoríes, cuyas reivindicaciones legítimas les cuesta aceptar, pero los poderes públicos procuran lograr un cambio de mentalidad y ofrecer tribunas que permitan expresar el descontento de manera pacífica y constructiva.

20.El Sr. Bridgman (Nueva Zelandia) dice que su país reconoce un ordenamiento jurídico único al que todos los ciudadanos están sujetos, con independencia de su origen racial.Sin embargo, en los procedimientos se observa cierta flexibilidad, en particular, los del Tribunal de Waitangi que se sustancian en idioma maorí, en un entorno de justicia tradicional. Nueva Zelandia asigna cada vez más prioridad a los procedimientos de justicia restitutiva en los asuntos que impliquen a maoríes; establece para ello programas subvencionados por el Estado y que ponen en marcha ONG. Nueva Zelandia no ha adoptado todavía una decisión sobre la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención, pero se está examinando la cuestión.

21.La Sra. Crickley recomienda que se dote a la Comisión de Relaciones Interraciales de un grupo de expertos provenientes de distintos sectores con el fin de hacerlo más visible y fomentar una reflexión multidisciplinaria. Señala cuán importante es que en la preparación de la estrategia de fomento del idioma maorí participe la población del país en su conjunto.

22.El Sr. Huang Yong’anpregunta si los jóvenes maoríes demuestran interés por aprender su idioma y si el Estado parte prevé instituir la enseñanza de los idiomas indígenas en la enseñanza preescolar y si trata de resolver la falta de docentes calificados. Querría saber si el Ministerio de Asuntos Maoríes depende del Ministerio de Justicia.

23.La Sra. Collins (Nueva Zelandia) señala que el Ministerio de Desarrollo Maorí, la Oficina de Asuntos Étnicos y el Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico trabajan todos en estrecha colaboración, pero no dependen del Ministerio de Justicia.

24.El Sr. Chrisp (Nueva Zelandia) dice que su país ha establecido un programa de enseñanza del maorí por inmersión total, del que se benefician unos 10.000 niños maoríes. Este es un programa optativo en la enseñanza primaria y secundaria. Siguen faltando docentes, pero el Gobierno va a tratar de resolver el problema en el marco de la nueva estrategia de promoción del idioma maorí.

25.El Sr. Calí Tzay pregunta si en la escuela se enseñan la historia y la cultura maoríes.

26.El Sr. Saidou querría saber qué medidas adopta el Estado parte para que las empresas asuman su responsabilidad social y si la Comisión de Derechos Humanos tiene representaciones locales.

27.El Sr. Kemal recomienda al Estado parte que aproveche las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar la enseñanza del idioma maorí. Pregunta si el Estado parte ha adoptado una estrategia de lucha contra la difusión de expresiones discriminatorias en Internet.

28.La Sra. Collins (Nueva Zelandia) dice que su país no se ve casi afectado por la difusión de discursos racistas o insultantes en Internet, pero que las autoridades tienen conciencia de los riesgos derivados de las nuevas tecnologías y se preparan para tipificar el ciberacoso. En la solución de este tipo de asuntos se dará prioridad a la mediación.

29.El Sr. Vázquez (Relator para Nueva Zelandia) se congratula por el diálogo enriquecedor que se ha entablado con la delegación. El balance de la lucha contra la discriminación en Nueva Zelandia es globalmente muy positivo; además se han adoptado prácticas ejemplares en varios ámbitos. Confía en que el país tenga en cuenta las recomendaciones que se formulen y que se referirán principalmente a la legislación sobre el asilo, la gestión del agua y las consultas con los maoríes en los ámbitos que les interesan.

30.La Sra. Collins (Nueva Zelandia) dice que las autoridades competentes enviarán respuesta por escrito a las preguntas que la delegación no haya podido responder. Nueva Zelandia ha adoptado un criterio realista y dinámico en la lucha contra la discriminación racial y se propone perseverar en la labor de poner debidamente en práctica las recomendaciones del Comité.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.