55º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1337ª SESIÓN
Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el miércoles 4 de agosto de 1999, a las 10.00 horas
Presidente : Sr. ABOUL-NASR
SUMARIO
PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, EN PARTICULAR MEDIDAS DE ALERTA TEMPRANA Y PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA
La situación en Kosovo
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN ( continuación )
- Duodécimo a decimoquinto informes periódicos de Rumania ( continuación )
- Examen de la aplicación de la Convención en los Estados Partes cuyos informes tienen un excesivo atraso
- Antigua y Barbuda
La presente acta podrá ser objeto de correcciones.
Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E. 4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.
Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del actual período de sesiones del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas .
PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, EN PARTICULAR MEDIDAS DE ALERTA TEMPRANA Y PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA (tema 3 del programa)
La situación en Kosovo
1. El PRESIDENTE dice que en vista de los recientes y alarmantes informes sobre Kosovo relativos, entre otras cosas, a masacres de personas inocentes y quemas de iglesias, es imperativo que el Comité haga oír sus opiniones. Propone que un grupo de trabajo reducido, dirigido por el Sr. Banton, elabore una declaración que será examinada por el Comité en una reunión que se celebrará más adelante.
2. Así queda acordado .
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (tema 4 del programa) ( continuación )
Informes periódicos 12º a 15º de Rumania ( continuación )
(CERD/C/363/Add.1; HRI/CORE/1/Add.13/Rev.1)
3. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Rumania vuelven a tomar asiento como participantes a la mesa del Comité .
4. El Sr. SHERIFIS pregunta si el Gobierno de Rumania ha considerado la posibilidad de aceptar la enmienda del párrafo 6 del artículo 8 de la Convención, que trata de la financiación de las actividades del Comité. La delegación de Rumania ha declarado que ya ha firmado el Protocolo del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que autoriza a las personas a presentar denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, Rumania no debería tener dificultades para formular la declaración correspondiente prevista en el artículo 14 de la Convención.
5. El orador pide más información acerca de la participación de las minorías nacionales en el poder ejecutivo, incluida la administración pública. Por ejemplo, ¿están representados los romaníes en el gabinete o en los niveles superiores del servicio diplomático? También desea saber de qué manera procura el Gobierno sensibilizar al público en general respecto de las disposiciones de la Convención, en lugar de limitarse simplemente a velar por que ésta esté disponible en las bibliotecas o entre los juristas.
6. Como se indica en las anteriores observaciones finales del Comité relativas a Rumania (contenidas en el documento A/50/18), espera que el Gobierno tome nota de la recomendación general XIII del Comité, sobre la capacitación de los funcionarios de las fuerzas del orden público en materia de protección de los derechos humanos, y de la recomendación general XVII, sobre la creación de instituciones nacionales para facilitar la aplicación de la Convención. ¿Se ha creado alguna institución de esa índole en Rumania?
7. Hay algunas afirmaciones en el informe de Rumania (CERD/C/363/Add.1) que el orador encuentra totalmente inaceptables. El párrafo 133, por ejemplo, contiene una serie de generalizaciones amplias acerca de la presunta falta de interés de los gitanos por la escuela y por el aprendizaje de los oficios y su preferencia por “los negocios particulares, muy a menudo ilegales”. Esas afirmaciones son francamente ofensivas y espera que no figuren en los futuros informes de Rumania. No obstante, en general considera que el informe es positivo y acoge con beneplácito el diálogo fructífero y constructivo entre el Comité y la delegación de Rumania.
8. El Sr. RECHETOV encomia la periódica presentación de informes por parte de Rumania, la alta calidad del informe y, en especial, las francas descripciones de la delegación acerca de la situación real del país. La delegación no debe desalentarse por las numerosas preguntas planteadas por los miembros; después de todo, el objetivo del Comité es un ideal, a saber, la plena aplicación de la Convención en todos los aspectos. En el informe se ha tomado cabal nota de las observaciones del Comité respecto de informes anteriores, y se ha procurado responder a las preocupaciones planteadas. En él se describen abiertamente las relaciones a menudo difíciles entre los grupos étnicos, en particular los fuertes sentimientos nacionales que se dan actualmente entre los grupos minoritarios más grandes, que a veces parecen rayanos en la deslealtad al Estado. Concuerda con el Sr. Sherifis en que el Comité no puede aprobar algunas de las expresiones utilizadas en el informe para describir a la población romaní, si bien Rumania no es en modo alguno el único Estado Parte que muestra una actitud paternalista y crítica de esa índole.
9. El Sr. YUTZIS (Relator del país) proporciona las fuentes de la información que ha utilizado para las preguntas que planteó en la sesión anterior. Entre ellas figuran: Human Rights Watch; Amnistía Internacional; Human Rights Brief, publicado por el Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Washington College of Law; un artículo en el Boletín Nº 5 de los Vecinos de los Balcanes, de 1997, titulado “La imagen de las minorías nacionales en la prensa rumana, octubre de 1996 a marzo de 1997”; “Temas e imágenes: cobertura de los romaníes en los medios de información de Rumania”; y las actas de un simposio celebrado en Sinaia (Rumania) en junio de 1997.
10. La Sra. VRANCEANU (Rumania), contestando a las preguntas de los miembros acerca de la situación del poder judicial, dice que en el capítulo III de la Constitución y en la Ley sobre la organización del sistema judicial, de 1992, se establece claramente que el poder judicial está totalmente separado de las restantes autoridades del Estado. Los jueces y fiscales son nombrados por el Consejo Supremo del Poder Judicial y confirmados por decreto presidencial. Los jueces sólo pueden ser trasladados a otros puestos con su consentimiento. En casos de incompetencia profesional, el Consejo Supremo del Poder Judicial puede relevar a un juez de sus funciones, a solicitud del Ministerio de Justicia.
11. Los fiscales también gozan de inamovilidad. El Ministerio Público es independiente de todas las demás autoridades públicas. Entre sus tareas figuran las de tramitar y/o supervisar procesos penales, dirigir investigaciones policiales, exhortar a los órganos judiciales a examinar casos delictivos, garantizar el cumplimiento de la ley en la ejecución de las sentencias de los tribunales, aplicar la legislación relativa a penitenciarías y centros de prisión preventiva, rehabilitación y seguridad, estudiar las causas de la delincuencia y proponer maneras de reducir sus niveles. El Ministerio Público está autorizado a dirigir las actividades de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
12. Pasando al tema de la libertad de prensa, la oradora dice que en Rumania la prensa es independiente del Estado pero, al estar regida por intereses comerciales, es probable que se ocupe de temas sensacionalistas. El Gobierno no puede asumir responsabilidad por declaraciones de antiguos líderes políticos que están en la oposición, y esas declaraciones no corresponden en modo alguno a las opiniones del Gobierno.
13. El Gobierno reconoce la necesidad de luchar contra las actitudes negativas en los medios de comunicación. En la Ley Nº 41/1994 sobre la organización y el funcionamiento de la Sociedad Rumana de Radiodifusión se prohíbe todo programa que pueda incitar al pueblo al odio o la discriminación raciales. No obstante, queda mucho por hacer, en particular para mejorar la imagen que presentan los medios de comunicación de las minorías húngara y romaní, y para impedir la expresión de sentimientos antisemitas. El Gobierno ha organizado una serie de seminarios en colaboración con el Consejo de Europa, que se describen en el informe (CERD/C/363/Add.1, párr. 165). Los funcionarios de las empresas de radiodifusión y televisión no son empleados públicos, pero se les reconoce la condición de periodistas.
14. Los miembros se han interesado por los incidentes de antisemitismo. Existen ejemplos aislados de actividades de esa índole, que las autoridades están haciendo todo lo posible por eliminar. Se ha hablado de rehabilitar al Mariscal Ion Antonescu, dirigente del grupo de la Guardia de Hierro en el decenio de 1940, pero nunca se han adoptado medidas oficiales a ese respecto. La Guardia de Hierro nunca se ha registrado oficialmente como partido o asociación en Rumania.
15. La Ley Nº 27/1996 sobre partidos políticos y el párrafo 7 del artículo 30 de la Constitución prohíben la existencia de partidos políticos que propaguen ideas racistas o desarrollen actividades racistas. El Ministerio Público está obligado a iniciar procesos penales contra los periodistas o los políticos que expresan opiniones racistas. Hasta el momento no existe ninguna ley que prohíba concretamente la discriminación racial, pero el Departamento para la Protección de las Minorías Nacionales está preparando un proyecto de ley sobre la eliminación de todas las formas de discriminación basadas en la raza, la nacionalidad, el idioma, el origen étnico o las creencias religiosas. En un tribunal de Bucarest se está tramitando actualmente un caso contra el Partidul Romania Mare (Partido de la Gran Rumania) debido a sus presuntas actividades racistas.
16. El documento sobre la situación de la educación en Rumania que se distribuyó a los miembros del Comité en el anterior período de sesiones contiene información detallada sobre la enseñanza en los idiomas de las minorías nacionales. La minoría búlgara, concretamente, tiene cinco escuelas con un total de 460 alumnos, y un liceo búlgaro reabrirá sus puertas en el año en curso.
17. Con referencia al apartado d) del párrafo 30 del informe, debe añadirse que el Gobierno ha tomado por cierto medidas, sobre la base de su propia legislación, contra personas y organizaciones acusadas de actos de discriminación racial. Con respecto a la cuestión de la reparación por los perjuicios sufridos por una persona en razón de su raza (párr. 163 del informe), en la última oración del párrafo se debería haber especificado que los tribunales civiles no han recibido solicitudes de reparación de esa índole. En otras partes del informe (párrs. 66 a 78) se indica claramente que los tribunales penales han dictado sentencias de reparación en una serie de casos.
18. Con arreglo al artículo 11 de la Constitución, las disposiciones de la Convención pueden invocarse directamente en todos los tribunales de Rumania. Además, con arreglo al artículo 144 de la Constitución, el Tribunal Constitucional puede, de oficio o a solicitud de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, dictaminar sobre la constitucionalidad de cualquier ley, tanto antes como después de su promulgación. Con arreglo al mismo artículo, el Tribunal puede pronunciarse, a solicitud de un juez, sobre la constitucionalidad de una ley vigente que afecte a un litigo en curso, que se suspende hasta que dicho Tribunal emita su fallo.
19. En lo que respecta a las actividades de la policía, el Gobierno ofrece capacitación continua en derechos humanos a los funcionarios policiales, especialmente a los de reciente incorporación. El Ministerio de Justicia considera como cuestión prioritaria el garantizar la imparcialidad de los jueces y aumentar la confianza pública en la fuerza de policía. También ofrece seminarios, produce programas de radio y televisión y publica artículos en la prensa para informar al público sobre su derecho a presentar denuncias por discriminación racial.
20. No existen restricciones por motivos de origen étnico con arreglo a la Ley Nº 112, que prevé la restitución de bienes nacionalizados o decomisados por el régimen comunista.
21. En lo relacionado con los despidos injustos de empleados por motivos raciales, el Código del Trabajo autoriza los despidos sólo cuando existen motivos bien fundados, y todo despido injusto puede por consiguiente impugnarse ante los tribunales. Lo mismo se aplica a la denegación de un empleo por motivos raciales. Con arreglo al capítulo II de la Constitución, todos los ciudadanos tienen libre acceso al sistema de justicia y derecho a reparación por los perjuicios sufridos. Hay oficinas de inspectores del trabajo en los 41 distritos de Rumania, y en cada una de ellas un inspector se ocupa de los asuntos de los romaníes.
22. El Sr. MOLDOVAN (Rumania) dice que bajo el régimen comunista, en detrimento de los derechos humanos, nunca existió la institución de defensor del pueblo. La Oficina del Defensor del Pueblo está prevista en la nueva Constitución de 1991 en tres artículos del capítulo I sobre los derechos fundamentales, libertades y obligaciones de los ciudadanos, que describen su función, estructura y relaciones con el Parlamento y otras autoridades. Inmediatamente después de la promulgación de la Ley relativa al defensor del pueblo (Ley Nº 35/1997), el Senado designó al primer defensor del pueblo, aprobó el Reglamento de la Oficina y nombró a tres defensores del pueblo adjuntos.
23. La Ley sobre el defensor del pueblo da a éste competencia para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos sólo en relación con las autoridades y órganos del poder ejecutivo; el defensor del pueblo no tiene competencia en lo relacionado con los poderes legislativos o judicial. Por consiguiente, tanto él como sus adjuntos gozan de la necesaria independencia del poder ejecutivo para salvaguardar su función de guardianes. La Oficina no acepta reclamaciones anónimas o que se relacionen con hechos que hayan ocurrido con una anterioridad de más de un año. Puede actuar a solicitud de cualquier persona independientemente de su ciudadanía y sin distinción de ninguna índole, pero no de grupos u organizaciones; no obstante, puede actuar de oficio sobre la base de la información proporcionada, por ejemplo, por organizaciones no gubernamentales. Entre sus facultades se cuentan la investigación de las denuncias, la celebración de audiencias, la obtención de declaraciones, el acceso garantizado a documentación, incluso si proviene de fuentes gubernamentales confidenciales, la presentación de solicitudes al Fiscal General, la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura, la formulación de recomendaciones a las autoridades públicas, la presentación de informes sobre cualesquiera ilegalidades descubiertas, y la emisión de órdenes a los funcionarios públicos para que revisen o revoquen todo acto ilegal y hagan las reparaciones que sean necesarias, con la posibilidad, en caso de incumplimiento, de dirigir solicitudes a diversas autoridades superiores para garantizar el cumplimiento de la medida ordenada, con arreglo a un calendario estricto.
24. La Oficina del Defensor del Pueblo es independiente pero debe presentar un informe anual al Parlamento. Está dividida en cuatro departamentos, uno de los cuales -dirigido por el orador como Defensor del Pueblo Adjunto- supervisa cuestiones relacionadas con la fuerza de policía, las condiciones de vida en las cárceles, los derechos del consumidor y el contribuyente, las minorías, los extranjeros y los refugiados, los centros religiosos y los medios de comunicación. Un sociólogo y economista romaní altamente capacitado que desempeña un cargo importante se ocupa de los problemas de las minorías.
25. El número de reclamaciones recibidas por el defensor del pueblo ha aumentado de alrededor de 1.000 en 1997 a cerca de 3.000 en los seis primeros meses de 1999, año en que la Oficina entró en pleno funcionamiento. Inicialmente, aproximadamente un 90% de las reclamaciones no eran de la competencia de la Oficina y era necesario remitirlas a otras partes, pero a medida que el público se fue informando mejor acerca de sus funciones, esa cifra disminuyó al 70% en 1999. En las cuestiones que entran en el ámbito de su competencia, el número de casos atendidos por la Oficina aumentó de menos 100 en 1997 a más de 400 en los seis primeros meses de 1999. Sólo en algunas de esas reclamaciones se alegó discriminación racial, si bien el número de quejas debido a este tipo de discriminación ha aumentado desde 1999. Se reciben reclamaciones de los miembros de las minorías nacionales así como de extranjeros pertenecientes a minorías que viven en el país. Los ciudadanos pertenecientes a las minorías se quejan principalmente de cuestiones relativas a abusos cometidos por la policía y asuntos relacionados con los derechos de propiedad, en especial en el caso de los romaníes, que alegan que oficiales locales corruptos les están negando el derecho a la tierra. Las reclamaciones presentadas por extranjeros, la mayoría de los cuales se encuentran en el país legalmente, tienen que ver a menudo con el tratamiento recibido durante su detención por presuntos delitos; otros, los más instruidos, han solicitado la ciudadanía y piden al defensor del pueblo que agilice los trámites, o alegan restricciones injustas de empleo.
26. En respuesta a las preguntas sobre discriminación en el empleo, cabe observar que el artículo 2 del Código del Trabajo especifica que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, tienen derecho a trabajar en todas las esferas de actividad de acuerdo con sus calificaciones profesionales; y el artículo 130 especifica las condiciones de despido, ninguna de las cuales se basa en la raza.
27. En cuanto a la información que se proporciona al pueblo sobre derechos humanos y sus propios derechos individuales, el defensor del pueblo aparece a menudo en radio y televisión y publica artículos en la prensa. Su Oficina, con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha publicado folletos sobre derechos humanos y, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Ministerio de Educación Nacional de Rumania, ha elaborado un manual de derechos humanos que se utiliza en los establecimientos de enseñanza secundaria. Junto con la Oficina de Protección al Consumidor, tiene el propósito de establecer centros de información en los diversos distritos y departamentos del país. Los órganos nacionales que cumplen funciones en la misma esfera, como el Instituto Rumano de Derechos Humanos, dependiente de la Cámara de Diputados, publican también libros sobre derechos humanos, entre los que cabe destacar una obra escrita por un miembro del Comité, el Sr. Diaconu, y prestan servicios de asesoramiento sobre el terreno.
28. Con respecto a los idiomas en los que se ha publicado la Convención, todos los tratados en los que Rumania es parte, incluida la Convención, se publican en el Diario Oficial en rumano y húngaro, y antes de 1990 se publicaban también en alemán.
29. Por cierto, en 1992 Rumania y Alemania celebraron un acuerdo sobre la readmisión de miembros de sus respectivas minorías nacionales que hubieran sido expulsados como inmigrantes ilegales por el otro Estado. La Constitución de Rumania obliga a readmitir a esas personas. En 1998 se firmó un nuevo acuerdo entre Rumania y Alemania relativo a la readmisión de los apátridas ilegales.
30. El Sr. OPRESCU (Rumania), hablando en calidad de Director de la Oficina Nacional para los Romaníes, dependiente del Departamento para la Protección de las Minorías Nacionales, observa que la delegación no ha elaborado el informe presentado al Comité. Su propio Departamento ha criticado ese informe, en especial las partes que tratan de los romaníes, y él mismo opina que son particularmente cuestionables los párrafos 113, 59 y 54.
31. No obstante, el Gobierno está prestando mucha atención a la situación de los romaníes, así como a otras cuestiones relacionadas con la minoría húngara, porque la entrada de Rumania en las instituciones europeas depende de ello. De acuerdo con los resultados del censo de 1992, hay 409.000 romaníes declarados en el país. Sin embargo, más importante que su número es su influencia política, que es insignificante en comparación con la de otras minorías nacionales, como los húngaros; estos últimos, por ejemplo, están representados por 25 diputados y 11 senadores, en comparación con un solo diputado romaní elegido únicamente como consecuencia de medidas de acción afirmativa.
32. Los antecedentes históricos también son un factor importante. Los romaníes, muchos de los cuales estuvieron sometidos antiguamente a la esclavitud, se beneficiaron con el movimiento de emancipación que tuvo lugar en Rumania y culminó en 1856, pero la mayoría de ellos quedaron sin tierras y en la pobreza. También se puede observar que, a diferencia de muchas otras comunidades, no han tendido a migrar. Sólo un 40% de los romaníes del país hablan actualmente rumano, en comparación con más del 90% en Bulgaria y algunos otros países vecinos. La liberación de los romaníes detenidos por la fuerza a mediados del siglo XVIII dependió de que renunciaran a su idioma y a su vestimenta tradicional. En cuanto a la pregunta de si la palabra romaní es apropiada, muchos la prefieren claramente a la palabra gitano, que se considera peyorativa, aunque no tanto en la parte occidental del país. Es posible que haya habido cierta evolución con respecto al término preferido, pero sin duda corresponde a la comunidad adoptar una decisión sobre esa cuestión.
33. Es indudable que han existido casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra grupos romaníes, como puede verse, entre otros, en el informe del Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, con sede en Budapest; pero otros han sufrido problemas similares y no hay ninguna prueba de una acción deliberada del Estado contra determinados grupos. No obstante, el Gobierno ha prestado atención al problema, y ha adoptado medidas correctivas. Cabe mencionar que, a raíz de las medidas de reestructuración de los Ministerios de Defensa y del Interior, existe una nueva generación de funcionarios de rango elevado que han recibido en su mayoría capacitación en el extranjero, por ejemplo en Dinamarca y el Reino Unido. El orador no tiene conocimiento de ningún manual de policía cuyo contenido esté orientado en contra de los romaníes, y duda mucho de que exista un libro de texto de esa índole.
34. Contrariamente a lo que sugieren algunos, el porcentaje de romaníes en las estadísticas delictivas es más bien bajo. Se trata de un problema de percepción antes que de un problema real, dado que por lo general los romaníes hacen notar más su presencia. El mismo razonamiento se aplica en el caso de la inmigración; por ejemplo, un análisis realizado en Francia acerca de las características de la migración de Rumania reveló que los romaníes representaban sólo un 5%.
35. La opinión general es que sólo pueden realizarse progresos mediante una política coordinada de acción afirmativa. Con ese fin, se ha formado un comité interministerial, que incluye una subcomisión sobre los romaníes, presidido por el orador. Algunos ministerios ya han respondido positivamente. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está elaborando programas de acción afirmativa para los romaníes, que incluyen no sólo el acceso a plazas en la universidad sino también planes de preparación para los candidatos; y se ha creado un sitio pertinente en Internet. El Ministerio de Cultura se ha mostrado también muy activo en el desarrollo de estrategias adecuadas. En el Ministerio del Interior -un ministerio que está siempre en la línea de fuego de la crítica, a menudo merecida, hay que reconocerlo- están en curso reformas necesarias que denotan una buena voluntad muy alentadora, especialmente en los niveles superiores e intermedios. Lamentablemente, algunos ministerios se muestran renuentes a adoptar medidas. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha adoptado la posición de que la acción afirmativa no es sino otra forma de discriminación, a pesar de que se han señalado a su atención las obligaciones dimanantes del Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales.
36. La mencionada incidencia de la violencia contra los romaníes parece haber estado vinculada en gran medida a actividades políticas. El período de mayor tensión a ese respecto coincidió con la formación de una coalición con partidos nacionalistas y extremistas, de la que resultó un clima político en el que todo apoyo a los romaníes era impopular. También se ha podido observar que los actos de violencia cesaron después de las elecciones de 1996. En general es todavía muy fácil, en una población de arraigada tradición agraria, incitar al prejuicio contra minorías de toda índole. Es por ello que el Departamento para la Protección de las Minorías Nacionales ha llevado a cabo una enérgica campaña contra todas las formas de discriminación, si bien su programa más reciente, terminado en 1998, todavía encontró oposición.
37. Las preguntas acerca de la estructura de su departamento y de la Oficina Nacional para los Romaníes se responderán mejor por escrito, si el Comité conviene en ello.
38. Uno de los rasgos innovadores del Comité Interministerial para Asuntos de los Romaníes, mencionado más arriba, es que prevé la plena participación de representantes de los romaníes. Esa comunidad, no obstante su escasa representación política, ha producido una o dos figuras de relieve. Por esa razón, es grato que haya representantes de los romaníes que puedan aportar una contribución valiosa a los esfuerzos para elaborar un programa nacional adecuado.
39. Se espera que los miembros del Comité puedan ayudar a las autoridades romaníes en sus esfuerzos por hacer más estricto el cumplimiento de la Convención, teniendo en cuenta que la observancia de los instrumentos de esa índole debe respaldarse con políticas coherentes y medidas para una protección y promoción efectivas de las minorías nacionales, para lo cual resulta necesaria cierta orientación. Los fondos están disponibles, como puede verse, entre otras cosas, en las asignaciones presupuestarias registradas en el Diario Oficial del Estado, y también se dispone de una financiación para la ejecución de programas del orden de los dos millones de euros; pero se requieren con urgencia asesoramiento y recomendaciones a fin de utilizar de manera óptima los recursos disponibles. Por ejemplo, en 1977 se facilitó un fondo de 500.000 dólares de los EE.UU., pero la capacidad de absorción fue tan baja que resultó imposible lograr un gasto racional. Se están realizando esfuerzos por elaborar una base de datos, y se está obteniendo asesoramiento de fuentes como el PNUD y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), incluida información sobre las maneras de garantizar que los fondos se dirijan a proyectos locales. Pero las verdaderas carencias se manifiestan en materia de recursos humanos y programas.
40. En algunas comunidades de romaníes todavía se dan casos de hostigamiento y opresión; pero un factor que complica las cosas es que tienden a perpetuarse actitudes atrasadas que se manifiestan, por ejemplo, en la opresión de la mujer. Por lo tanto, la tarea consiste en reprimir esas actitudes, tratando al mismo tiempo de proteger el idioma y las tradiciones de la comunidad.
41. En cuanto a las razones por las cuales la situación de los romaníes parece ser tan mala de acuerdo con determinados indicadores sociales y estadísticas, el orador dice que algunos sociólogos han conformado sus investigaciones sobre el terreno para llegar a conclusiones acordes con sus propias opiniones personales. Un sociólogo muy influyente ha elaborado una teoría basada en los focos de pobreza y concentra sus estudios en la pésima situación de lo que denomina comunidades romaníes “compactas”, donde el índice de analfabetismo se sitúa en un 80% y las nueve décimas partes de la población están desempleadas. Tales comunidades no son típicas de Rumania, donde la mayoría de los romaníes viven entre la minoría húngara o entre la mayoría rumana.
42. El Sr. GAVRILESCU (Rumania), refiriéndose a la cuestión del concepto del Estado nación, dice que Rumania es un Estado nación en la medida en que hay una sola nación rumana. Esto no está en desacuerdo con la existencia y la identidad de grupos de distintos orígenes. De conformidad con lo establecido en la Constitución, el Estado rumano es la patria común e indivisible de todos sus ciudadanos, independientemente de su raza, origen étnico, idioma o religión, y este principio se refleja en el hecho de que la Unión Democrática Magiar de Rumania (UDMR) está representada en el Gobierno.
43. Si bien Rumania reconoce la existencia de minorías nacionales a las que garantiza sus derechos, no define el concepto de “minoría nacional”. No existe ninguna definición generalmente aceptada y, por cierto, el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales tampoco contiene una definición de esa índole.
44. Pasando a la cuestión de las elecciones generales y locales, en las elecciones de 1996 y en elecciones anteriores participaron grupos minoritarios legalmente constituidos. La UDMR obtuvo 25 escaños en la Cámara de Diputados y 11 en el Senado. Los candidatos de otros grupos minoritarios no lograron obtener el número de votos necesario para quedar representados en el Parlamento, pero la Constitución y la Ley sobre elecciones para la Cámara de Diputados y el Senado contienen disposiciones de acción afirmativa para una participación directa en el Parlamento del candidato más votado de esas organizaciones nacionales minoritarias, siempre que estén legalmente constituidas, hayan participado en las elecciones y recibido un número de votos igual al 5% del promedio de votos emitidos a nivel nacional para la elección de los diputados. Los 15 grupos enumerados en el anexo 1 del informe tienen por consiguiente derecho a ocupar escaños en la Cámara de Diputados, y han establecido su propio grupo parlamentario, separado del de la UDMR. En las elecciones locales, esas organizaciones han obtenido 151 municipios y numerosos puestos de consejeros locales.
45. Los representantes de los grupos minoritarios nacionales pueden ser tanto elegidos como nombrados para ocupar escaños en el Parlamento y cargos en el Gobierno, los diversos ministerios, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los órganos locales.
46. A raíz de un debate a nivel nacional sobre la enseñanza de la historia y la geografía en los idiomas minoritarios se llegó a una solución de transacción que se incorporó en la Ley de Educación de 1995. Cuando la enseñanza primaria se imparte en idiomas minoritarios, la historia y la geografía rumanas se enseñan en el idioma minoritario, con programas y libros de texto idénticos a los utilizados para la enseñanza en rumano, con la salvedad de que los nombres geográficos y los nombres propios deben enseñarse también en rumano. En la enseñanza secundaria, la historia y la geografía rumanas se enseñan en rumano, con los mismos programas y libros de texto que los utilizados en los establecimientos en los que se imparte la enseñanza en idioma rumano. Los exámenes se toman siempre en el idioma de instrucción.
47. El Gobierno ha presentado al Parlamento un proyecto de ley en el que se solicita la aceptación de la enmienda del párrafo 6 del artículo 8 de la Convención, así como un proyecto de ley destinado a reglamentar la prestación de la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención.
48. El Sr. YUTZIS (Relator del país) dice que la alta calidad de las respuestas de la delegación de Rumania y el valioso intercambio de ideas que acaba de tener lugar justifican ampliamente la práctica -introducida inicialmente por el propio Comité- de invitar a delegaciones a asistir a las reuniones de los órganos establecidos en virtud de tratados cuando se han de examinar los informes de sus países. La delegación ha respondido a las preguntas relativas a la aplicación de las normas jurídicas, ha proporcionado abundante información sobre la naturaleza y el ámbito de competencia de la Oficina del Defensor del Pueblo, así como sobre sus limitaciones, y ha realizado una exposición muy importante e interesante sobre los problemas de las minorías, en particular de los romaníes. También ha contribuido a aclarar cuestiones importantes como la definición del Estado. Acaba de informarse oficialmente al Comité de la presentación de dos importantes proyectos de ley al Parlamento.
49. Es esencial que se determine el número de personas que pertenecen a la minoría romaní. El problema de la comunidad romaní no es sólo una cuestión importante en las relaciones entre Rumania y el resto de Europa, es sobre todo vital para la propia Rumania. La economía de mercado que predomina en todo el mundo está causando desigualdades cada vez mayores entre ricos y pobres, y el Estado está desatendiendo a grupos vulnerables, dejándolos librados al capricho del sector privado, tendencia peligrosa, tanto en sí misma como por la manera en que se la considera desde un punto de vista político. En todo el mundo se está exigiendo una mayor especialización a los trabajadores. Por consiguiente, está aumentando el porcentaje de personas carentes de educación que no pueden encontrar trabajo. Para cualquier sociedad y para cualquier país, se trata de una bomba de tiempo que es necesario desactivar. Según el párrafo 133 del informe, la introducción de una reglamentación de discriminación positiva en el empleo no será posible hasta que los interesados adquieran un nivel mínimo de conocimientos profesionales y de cultura general. El orador se pregunta si no se caerá a raíz de ello en un círculo vicioso en el cual a las personas que más necesitan de conocimientos especializados se les denegará la formación que requieren para encontrar empleo.
50. Tras escuchar el constructivo intercambio de ideas con la delegación de Rumania y la voluntad expresada por ella de efectuar un cambio, tiene la esperanza de que Rumania haya tomado el camino adecuado.
51. La Sra. VRANCEANU (Rumania) agradece al Comité su atención y sus muy útiles observaciones, que habrán de examinarse cuidadosamente. En el próximo informe se proporcionará cualquier información complementaria que no haya figurado en las respuestas orales de la delegación.
52. El PRESIDENTE agradece a la delegación de Rumania su informe y sus respuestas de gran valor informativo.
53. Se retiran los miembros de la delegación de Rumania .
Examen de la aplicación de la Convención en los Estados Partes cuyos informes tienen un excesivo atraso
Antigua y Barbuda
54. El PRESIDENTE recuerda que Antigua y Barbuda todavía no ha presentado su informe inicial. El caso de Antigua y Barbuda ejemplifica la difícil situación de los países pequeños que no cuentan con una misión en Ginebra y no pueden enviar una delegación al Comité, y subraya la necesidad de que el Comité se reúna periódicamente en Nueva York. En ausencia de la delegación del país, invita al Relator del país a que informe al Comité acerca de la aplicación de la Convención en ese Estado.
55. La Sra. SADIQ ALI explica que en su 52º período de sesiones el Comité convino, a solicitud del Estado Parte, en aplazar el examen del informe inicial de Antigua y Barbuda. Si bien no se ha presentado ningún informe inicial al Comité, sí se ha presentado un informe a la Comisión para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/ANT/1-3), del cual la oradora ha extraído información.
56. El Estado de Antigua y Barbuda, ubicado en las Islas de Sotavento en el Mar Caribe, ha estado gobernado por el Partido Laborista de Antigua desde 1976 y se independizó del Reino Unido en 1984. Como pequeño Estado isla, el país carece de recursos financieros y humanos. Su población de 64.000 habitantes desciende principalmente (en un 85%) de esclavos africanos, y el resto está formado por descendientes de los colonos británicos y de portugueses que llegaron como jornaleros en el siglo XIX. Ha absorbido a unos 3.500 residentes de Montserrat que huyeron de las erupciones volcánicas. Según se informa, el Gobierno evalúa todas las reclamaciones de los refugiados de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. No ha habido informes de expulsión forzosa de personas que hayan presentado solicitudes válidas de reconocimiento de la condición de refugiados.
57. En lo que respecta al artículo 2 de la Convención, la Constitución del país prohíbe toda ley que sea discriminatoria tanto en y por sí misma como debido a sus efectos, y se ha promulgado una ley nacional que prohíbe toda discriminación por motivos de raza, sexo, credo, idioma o condición social. ¿Podrían proporcionarse los textos pertinentes? La discriminación social y la violencia contra la mujer siguen planteando problemas. ¿Existe legislación contra la violencia en el hogar? Sería interesante recibir información detallada sobre el programa aplicado por la Dirección de Asuntos de la Mujer para proporcionar refugio a mujeres y niños objeto de abusos y sensibilizar con respecto a esos problemas a los profesionales de la salud, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los asistentes sociales.
58. ¿Ha ratificado Antigua y Barbuda la Convención sin reservas? Esta pregunta se aplica en particular al artículo 4, que es vinculante.
59. Con respecto al artículo 5, la Constitución prevé un poder judicial independiente. El sistema judicial forma parte del sistema judicial del Caribe oriental, y el Consejo Privado de Londres cumple las funciones de supremo tribunal de apelación, en particular en casos que implican una sentencia de muerte. La Constitución prevé que los demandados tienen derecho a un juicio justo, abierto y público. No se ha informado de la existencia de presos políticos. Las condiciones del sistema penitenciario, en el que se han producido motines, mejoraron después que aquél fue privatizado por el Gobierno en noviembre de 1997. Hay alrededor de 190 personas detenidas y 38 funcionarios de establecimientos penitenciarios. La Constitución garantiza la libertad de expresión del pensamiento y de prensa pero, según se informa, el acceso de los partidos de oposición a los medios electrónicos es restringido y sigue habiendo denuncias de censura. Se agradecerá que se proporcione una explicación a este respecto.
60. Con referencia a la enseñanza y la capacitación (art. 5.e v)), en el documento CEDAW/C/ANT/1-3 se refleja el hincapié que hace Antigua y Barbuda en la importancia de la educación para el desarrollo, con un aumento en la asignación presupuestaria nacional destinada a la enseñanza, y se incluye una estimación del índice de alfabetización del 88,7%, pero no se proporcionan cifras separadas para mujeres y hombres. ¿Podrían proporcionarse esas cifras?
61. Con respecto al empleo (art. 5.e i)), el 45,5% de las 26.783 personas empleadas son mujeres, muchas de ellas trabajadoras del sector terciario y dependientas de comercio, y en las categorías profesionales el número de hombres es mayor que el de mujeres. De conformidad con el artículo 5.e iv), el Gobierno ha aplicado una política de atención de la salud para todos sus ciudadanos, con especial hincapié en la atención de la salud maternoinfantil y en la prestación de servicios a las personas de edad. Sería útil que se describieran detalladamente las medidas adoptadas para proteger los derechos enumerados en el artículo 5.
62. En lo que respecta al artículo 6, ¿es correcto, como se establece en el informe sobre el país de 1999 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que la Oficina del Defensor del Pueblo, establecida en 1995 y que para 1998 había examinado 111 casos, formuló recomendaciones al Gobierno a raíz de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos, pero esas recomendaciones a menudo no se han aplicado a satisfacción de las presuntas víctimas de la injusticia gubernamental?
63. Para concluir, el Comité desearía recibir información sobre la aplicación del artículo 7 de la Convención.
64. El PRESIDENTE subraya la dificultad de examinar la situación de un Estado cuando no se cuenta con ningún informe escrito ni con la presencia de la delegación del país. El Comité tal vez desee solicitar a la Sra. Sadiq Ali que prepare una recomendación o declaración para su aprobación en una etapa posterior, con miras a presentarla a la Misión del Estado Parte en Nueva York, junto con una petición de que el informe inicial se presente lo antes posible.
65. Así queda acordado .
Se levanta la sesión a las 12.55 horas .