COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
68º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1749ª SESIÓN
celebrada en el Palacio Wilson, Ginebra,el viernes 3 de marzo de 2006 a las 15.00 horas
Presidente:Sr. de GOUTTES
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)
Informes periódicos 15º y 16º de Botswana
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (tema 6 del programa) (continuación)
Informes periódicos 15º y 16º de Botswana (CERD/C/495/Add.1)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Botswana toman asiento a la mesa del Comité.
El Sr. SKELEMANI (Botswana), presentando los informes periódicos conjuntos 15º y 16º de Botswana (CERD/C/495/Add.1), dice que a la elaboración del documento han contribuido instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales, con la ayuda del Comité y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).Con objeto de velar por que el país cumpliera sus obligaciones de presentación de informes y de garantizar la aplicación de los instrumentos internacionales, se creó un Comité Interministerial de Tratados, Convenciones y Protocolos.
Botswana es un país joven que sigue haciendo frente al problema de la consolidación nacional; así pues, se ha concedido prioridad a la promoción de la unidad nacional sobre la acción para fomentar la diversidad cultural.Sin embargo, el Gobierno está adoptando medidas para promover la esfera lingüística, prominente desde el punto de vista cultural.Eliminar la discriminación de la legislación y las prácticas antiguas lleva tiempo.Varios sectores han manifestado su descontento por los lentos progresos logrados, y en el informe se describen las medidas adoptadas para remediar la situación.
A modo de aclaración sobre la aparente confusión generada por determinados términos que figuran en el informe, el orador dice que a los ciudadanos de Botswana se los conoce como “motswana” en singular y “batswana” en plural.A los efectos del informe, se han utilizado esos términos en el sentido genérico sin denotar el origen o la identidad étnica.El setswana es la lengua nacional hablada por la mayoría de la población, incluidos los no tswana, y se enseña en las escuelas.Si bien se ha adoptado una política para garantizar la enseñanza de lenguas minoritarias en las escuelas, todavía no se ha puesto en práctica.
El acceso al empleo y la educación se basa en los méritos, no en la etnia.La exclusión de determinados grupos del desarrollo económico no se debe a motivos raciales, sino que es resultado de su estilo de vida y de la lejanía.El Gobierno ha puesto en marcha el Programa de Habitantes de Zonas Remotas para abordar las necesidades especiales de esas poblaciones.La marginación afecta a los basarwa de manera desproporcionada y los programas destinados a mejorar la situación han arrojado resultados insuficientes.El Gobierno continúa buscando formas de solucionar el problema, pero determinados sectores han criticado sus medidas y han propuesto que los grupos implicados se las arreglen solos.
En Botswana, ningún grupo tiene derechos exclusivos sobre la tierra.La asignación de tierras no se basa en el origen étnico o tribal, sino en la legislación que garantiza la libertad frente a la discriminación.
En lo que respecta a las preguntas formuladas por el Relator para el país, el orador explica que los términos “principal” y “minoritaria” proceden de la categorización de las personas que optaban a formar parte de la Cámara de los Jefes conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución antes de su enmienda; el objetivo de la enmienda era eliminar las disposiciones discriminatorias de esa naturaleza (pregunta 1).
El Gobierno reconoce que los artículos 3 y 15 de la Constitución no son totalmente compatibles con la Constitución (pregunta 2).
La naturaleza discriminatoria percibida en el término “tribu dominante” no se traduce en discriminación en la práctica.La actual Ley de jefes tribales no hacereferencia a los “jefes principales”.Se han eliminado determinadas disposiciones discriminatorias de la Constitución, y actualmente se está revisando la Ley de jefes tribales para armonizar sus disposiciones con las enmiendas constitucionales (preguntas 3 a 5).
El Proyecto de ley No. 34 (2004) que introduce enmiendas a los artículos 77 a 79 de la Constitución es el resultado de amplias consultas nacionales en las que han participado el público en general, la Cámara de los Jefes y el Parlamento, ydisfruta del amplio apoyo de todas las comunidades (pregunta 6).
Botswana cuenta con más de 40 tribus o grupos étnicos y con varios grupos de ciudadanos naturalizados que representan a diversos países de origen.Por lo tanto, resulta poco realista designar a los miembros de la Cámara de los Jefes únicamente en función de su origen étnico.Como resultado de la introducción del sistema de representación basada en las regiones geográficas, se ha reducido al mínimo la representación de grupos étnicos concretos, de forma que se garantiza la representación equitativa de todas las comunidades.Hay que reconocer, no obstante, que se requieren mejoras (preguntas 8 a 10).
Las disposiciones del Proyecto de ley No. 34 se han redactado de forma que el Presidente pueda determinar los intereses a los que debe prestarse atención (pregunta 11).
El informe contiene información detallada sobre los recursos judiciales contra la utilización de expresiones discriminatorias (pregunta 12).
Se investigan todos los casos de maltrato, con independencia del origen étnico de la víctima.Se han investigado a fondo las acusaciones ampliamente divulgadas de malos tratos contra los basarwa y hasta el momento no se han encontrado pruebas de malos tratos (pregunta 13).
Botswana cuenta con más de 500 tribunales consuetudinarios, algunos de los cuales están situados en comunidades muy pequeñas.El derecho consuetudinario es exclusivo de una tribu o comunidad determinada y es aplicable a todas las personas pertenecientes a esa comunidad (pregunta 14).
La contratación de los empleados públicos de Botswana se realiza sobre la base de sus méritos, no de su origen étnico (pregunta 15).El orador ya ha abordado las preguntas 16, 17 y 20.
Los basarwa han sido trasladados de la Reserva de Caza del Kalahari Central tras una década de consultas.Las acusaciones de que se ha expulsado a esas personas a la fuerza son falsas.Con la reubicación de las personas que viven en la Reserva, muchas de las cuales son basarwa, el párrafo 3 del artículo 14 de la Constitución ha quedado obsoleto.La práctica que obliga a los no ciudadanos a pagar determinados servicios no es exclusiva de Botswana (preguntas 18, 19 y 21).
El encargado de abordar las denuncias sobre la conducta de los medios de comunicación es el Comité de Denuncias y Apelaciones, que es un órgano independiente y no revela información sobre sus procedimientos al Gobierno.Entre los esfuerzos realizados por el Gobierno para promover la cultura y la música de Botswana, se encuentra la retransmisión de actuaciones culturales (preguntas 22 a 24).
El Sr. SICILIANOS, Relator para el país, dice que, desde que se presentó el informe anterior, el Comité ha mantenido un diálogo continuo con el Estado parte sobre cuestiones importantes como la reforma constitucional.El orador felicita al Estado informante por la participación de organizaciones no gubernamentales en la elaboración de los informes periódicos y por la creación del Comité interministerial sobre los tratados, convenciones y protocolos.
El principio de la no discriminación reflejado en el artículo 3 de la Constitución de Botswana no abarca por completo todos los aspectos dispuestos en el artículo 1 de la Convención.Además, el artículo 15 de la Constitución contiene una extensa lista de excepciones a ese principio que permiten, entre otras cosas, un trato diferenciado en función de la raza o la afiliación tribal en el derecho consuetudinario.Esas disposiciones son incompatibles con la Convención y el derecho internacional, que estipulan que no puede invocarse la legislación nacional para justificar desviaciones con respecto a las obligaciones internacionales.
El principal objetivo del Proyecto de ley No. 34 (2004), esto es, garantizar la representación equitativa del pueblo de Botswana en la Cámara de los Jefes, es encomiable.No obstante, las diferencias en el nombramiento de sus miembros resultan discriminatorias.Mientras que el nombramiento de los Jefes de las tribus de habla setswana sigue realizándose con arreglo a su costumbre de permanencia a nivel del distrito, el nombramiento de los representantes de las tierras de la Corona no tswana no se realiza conforme a las costumbres de sus tribus y éstos no representan a una tribu concreta.Si bien en el Proyecto de ley se alude a éstos como “Dikgosi” (jefes), en la práctica son subjefes.La tercera categoría de miembros está compuesta por los denominados “Dikgosana” (jefes de rango inferior),que son jefes remunerados que no representan a tribus sino a regiones.En lugar de ser elegidos por los habitantes de la región, son nombrados por otro jefe en presencia de un Jefe tswana.El propio Presidente nombra a otros cinco miembros.
El orador deduce de la Ley de jefes tribales que el término “tribu” sólo se aplica a las ocho tribus tswana clasificadas como tales, mientras que a los grupos no tswana se los conoce como “comunidades tribales”.En consecuencia, sólo los tswana pueden optar a ser Jefes, mientras que los miembros de otros grupos tribales sólo pueden ser subjefes o jefes del tribunal.Del mismo modo, en virtud de la Ley de territorios tribales, únicamente los territorios pertenecientes a las tribus dominantes parecen estar catalogados como “territorios tribales”.
El Tribunal Superior de Botswana dictaminó que la Ley de jefes tribales era discriminatoria y por ende incompatible con la letra a) del artículo 3 de la Constitución, y ordenó que se enmendara el artículo 2 de la Ley de manera que se eliminaran las disposiciones discriminatorias y ofreciera igualdad de protección y trato a todas las tribus.El Tribunal también ordenó la eliminación de cualquier disposición discriminatoria incluida en otras leyes.
Si bien el orador ha tomado nota de que actualmente se está examinando la enmienda a la Ley de jefes tribales, hasta ahora no se han adoptado medidas concretas para aplicar la decisión del Tribunal.El Proyecto de ley No. 34 (2004) introduce enmiendas a los artículos 77 a 79 de la Constitución y por lo tanto no tiene efecto alguno en la compatibilidad entre la Ley de jefes tribales y el artículo 3 de la Constitución.
La cuestión del traslado de los basarwa ya se ha abordado en las observaciones finales formuladas anteriormente por el Comité relativas a los informes periódicos 6º a 14º de Botswana (A/57/18, párrs. 282 a 314).El orador expresa su deseo de saber por qué el Gobierno no ha suspendido su programa de traslado de los basarwa de la Reserva de Caza del Kalahari Central, habida cuenta de que está pendiente una denuncia al respecto ante el Tribunal Superior y que es necesaria dicha suspensión a fin de evitar perjudicar la eficacia del remedio previsto en el artículo 6 de la Convención.El orador solicita información adicional sobre los informes que afirman que el Gobierno ha reducido la prestación de servicios básicos en la Reserva y que se han dado casos de malos tratos infligidos por la policía.
Sería útil conocer de forma detallada la situación de los grupos étnicos de habla no setswana en lo referente al acceso a la educación, que aparentemente se está obstaculizando por el hecho de que la educación sólo se proporciona en inglés y en setswana.
El orador agradecería que se aclarara una serie de aspectos relativos a los solicitantes de asilo y a los refugiados. Entre ellos figuran el hecho de que el proceso de determinar el estatus de refugiado puede tardar años, y no 28 días, como estipula la Ley de refugiados; que los solicitantes de asilo, incluidos los menores, están por tanto sujetos a detenciones sistemáticas y prolongadas, lo que resulta incompatible con las normas del derecho internacional; que la ley impide trabajar a las personas reconocidas como refugiadas en el sector del empleo estructurado y por lo tanto no disfrutan de salvaguardia jurídica alguna; y que los refugiados quedan excluidos del programa nacional de tratamiento antirretroviral y del programa de prevención de la transmisión de la madre al niño.
El orador agradecería a la delegación que ofreciese más detalles sobre los informes según los cuales los inmigrantes procedentes de Zimbabwe han despertado animadversión y se han producido casos de maltrato, principalmente por parte de la policía.El orador desea saber si existe la posibilidad de impugnar ante los tribunales un decreto presidencial por el que se declare a un residente o visitante extranjero en Botswana persona non grata.
El orador ha recibido informes según los cuales la complejidad del doble sistema jurídico, basado en el derecho consuetudinario y en el common law, dificulta el acceso a éste a las tribus de habla no setswana.Al parecer, no existe asistencia jurídica en Botswana, con una excepción, que es la posibilidad de proporcionar de oficio un abogado en los delitos castigados con la pena capital.En 1999, el Tribunal Superior reconoció que la representación jurídica inadecuada en un caso que implicaba a acusados de habla no setswana constituía la negación de un juicio justo.A ese respecto, el orador señala a la atención de la delegación la recomendación general XXXI del Comité sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal.
El Sr. AVTONOMOV considera encomiable que los refugiados tengan derecho a recibir educación gratuita y pregunta qué lenguas se utilizan para impartir esa educación.El orador solicita información sobre la situación socioeconómica de los distintos grupos étnicos, incluidos los niveles de ingresos.Esa información ayudaría al Comité a evaluar las interrelaciones entre los distintos grupos étnicos y tribus, y si el desarrollo de esos grupos es equilibrado y armonioso.Si bien en el momento de redacción de la Constitución de Botswana en 1965 la preocupación era la unidad y se realizaron esfuerzos destinados a restar importancia a las afiliaciones tribales, el Gobierno ha reconocido que la realidad imperante en el momento de la independencia ha cambiado.El orador pregunta si existen razones sociológicas que expliquen las tensiones que han surgido por el hecho de que los medios de comunicación nacionales no emitan en las lenguas minoritarias y de que no se enseñen esas lenguas en las escuelas.
Asimismo, el orador expresa su deseo de saber si puede encontrarse una solución al problema de los basarwa sin tener que recurrir al traslado.En ese caso concreto debería contemplarse el derecho a disfrutar de una tierra propia, no desde el punto de vista contemporáneo de la propiedad, sino desde el punto de vista del lugar tradicional de residencia y de culto de los basarwa.
El Sr. AMIR felicita al Gobierno por la creación de un Comité interministerial sobre los tratados, convenciones y protocolos.Botswana es uno de los países con los índices de VIH/SIDA más altos del mundo; por lo tanto, el orador insta a los organismos y a los donantes de todo el mundo a que acudan en ayuda del Gobierno proporcionando recursos técnicos y financieros destinados a eliminar esa lacra.
Si bien los miembros del Parlamento se eligen sobre la base de su afiliación política individual, y no de su afiliación tribal, un sistema de representación proporcional sería más equitativo para los numerosos grupos étnicos existentes en Botswana.La delegación debería explicar el hecho de que los tribunales consuetudinarios aparentemente no puedan pronunciarse sobre casos relativos a denuncias de discriminación racial a nivel municipal.El orador pregunta si la Oficina del Ombudsman ha atendido alguna denuncia de discriminación racial.
El Sr. THORNBERRY dice que, aunque una de las principales justificaciones del traslado de los basarwa de la Reserva de Caza del Kalahari Central era la conservación de la fauna y la flora, es posible, mediante negociaciones, conciliar la presencia de los basarwa con la del objetivo de la conservación.El orador recuerda la recomendación general XXIII del Comité sobre pueblos indígenas, en particular el párrafo 5, que exhorta a los Estados a que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para que se los devuelvan.Ese artículo se ajusta al artículo 16 del Convenio No. 169 de la OIT. En Botswana no existe la noción de título ancestral ni de derechos grupales a la tenencia de tierras.No obstante, en muchos otros países que aplican el sistema del common law, se presentan ejemplos del principio de título de propiedad de los aborígenes, que existen sin fragmentar el Estado.Cada vez con más frecuencia en el derecho internacional, se reconoce que la ocupación tradicional de tierras motiva el derecho a adquirir la titularidad de esas tierras.
El Comité se muestra preocupado ante el hecho de que la cultura de caza-recolección se encuentre amenazada.El Estado informante debería indicar si esa preocupación es fundada.Si bien el plan Visión 2016 (informe, párrs. 98 a 103) aspira a construir una sociedad en la que todos los nacionales contribuyan de forma significativa al desarrollo, la actual política de desarrollo del Gobierno parece excluir el modo de vida tradicional del pueblo basarwa.Haciéndose eco de sus observaciones finales anteriores, el Comité recomienda que se reanuden las negociaciones con esa comunidad y que se adopte un enfoque del desarrollo basado en los derechos.
El Sr. PILLAI felicita al Estado parte por la participación de las ONG en la elaboración del informe, y encomia la cooperación de estas últimas con el Gobierno en la promoción de las culturas locales.No obstante, el orador agradecería disponer de más información sobre los informes que aseguran que se han confiscado los pasaportes de miembros de la organización First People of the Kalahari, impidiéndoles asistir a la presente sesión.
La delegación debería ser más específica a la hora de explicar la evaluación del Gobierno sobre cómo afectará a la supervivencia de la cultura de caza-recolección tradicional el cambio de la caza a pie, con arcos y flechas, a la caza a caballo o en vehículos motorizados, utilizando trampas, lanzas, perros y armas de fuego.En relación con esto, sería útil saber si la solicitud realizada por algunos basarwa para regresar a la Reserva de Caza del Kalahari Central se ha basado en vínculos con sus tierras ancestrales, o si las instalaciones proporcionadas por el Gobierno en otros lugares han demostrado ser inadecuadas.
El Gobierno ha admitido que la falta de datos desglosados hace imposible saber cuántas personas pertenecen a cada tribu; la delegación debería indicar cómo planea realizar una evaluación más precisa del tamaño de las denominadas tribus “minoritarias”.Esa es una cuestión urgente, dado que podría afectar gravemente a la política del Gobierno en cuestiones como la lengua y la representación en la Cámara de los Jefes.
Según los informes presentados por las ONG, el Proyecto de ley que el Parlamento está estudiando y que contiene propuestas de enmienda a los artículos 77 a 79 de la Constitución entorpecería el examen judicial de las disposiciones pertinentes de la Ley de jefes tribales y la Ley de territorios tribales.Sería útil saber si se han estudiado las dos alternativas que propuso una ONG para abordar esa situación.
Dado que el inglés es la lengua utilizada en los tribunales, la delegación debería indicar si los conocimientos de esa lengua son uniformes entre los diferentes sectores de la población.De no ser así, ¿cómo puede el Gobierno garantizar que todas las personas tienen un acceso equitativo a la justicia?
La Sra. DAH felicita al Estado parte por sus informes periódicos presentados al Comité, y por el contacto que mantiene entre los períodos de sesiones.La participación de los medios y las ONG en la elaboración de los informes también es encomiable.Sería útil saber si las ONG que han participado en el proceso de presentación de informes trabajan únicamente en la esfera de la aplicación de la Convención o si su mandato es más amplio.
La oradora solicita información detallada sobre las medidas que el Gobierno planea adoptar para armonizar la legislación nacional con las disposiciones de la Convención, en particular en lo referente a la definición de discriminación racial.
Resulta difícil entender por qué el Estado parte ha establecido una jerarquía de tribus, algunas de las cuales son tribus principales y otras, tribus minoritarias.Parece que los propios términos son altamente discriminatorios.
El Comité viene estudiando desde 2002 la difícil situación de la población basarwa, que parece sufrir marginación y discriminación. Otros órganos internacionales y regionales creados en virtud de tratados de derechos humanos han concluido que el constante desplazamiento y reasentamiento de esos pueblos representa una discriminación, aunque ésa no fuera la intención del Gobierno.La ausencia de consultas con los afectados por los programas de reasentamiento sólo ha servido para agravar la situación.Teniendo en cuenta los cambios que han tenido lugar en la región, en particular desde la caída del régimen del apartheid, sería interesante conocer de forma detallada la visión del Gobierno acerca del sistema de jefes tribales, los pueblos indígenas y las tierras.Las enmiendas constitucionales deberían abordar cuestiones como la naturaleza jerárquica del sistema de jefes tribales, el deseo de algunos grupos de tener a sus propios jefes vinculados a las tierras y una mayor representación de todos los pueblos.La delegación debería indicar si planea ratificar el Convenio No . 169 de laOIT, de conformidad con la recomendación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
La delegación debería indicar si la Ley de 2004 sobre la abolición de la anterior estructura de la potestad marital en virtud del common lawbasta para garantizar la no discriminación por motivos de género.Sería útil saber si la Ley ha afectado a los procedimientos iniciados ante los tribunales de derecho consuetudinario.
No está claro si el doble sistema jurídico plantea problemas con la administración de justicia.Dado que el sistema del common law se deriva de los sistemas holandés y británico, sería interesante saber si la aplicación del sistema plantea dificultades.¿Cómo facilita el Estado parte el acceso a la justicia a los habitantes de zonas remotas?La oradora pregunta si ha existido algún caso en el que alguien haya solicitado los servicios de un intérprete en un tribunal del common law.De ser así, ¿ha prestado esos servicios el Estado?Resulta difícil entender por qué el pluralismo aplicado en la administración del derecho consuetudinario no se invoca también en otras instituciones.
El Sr. KJAERUM felicita a la delegación por la alta calidad de su informe, y dice que los párrafos iniciales en los que se describen el proceso de preparación del informe y la interacción con varios interesados son especialmente útiles.
En lo que respecta al traslado de residentes de la Reserva de Caza del Kalahari Central (CKGR), en su mayoría de origen basarwa, el orador destaca la discrepancia entre la información facilitada por el Gobierno y otros informes facilitados, entre otros, por los propios ex residentes, que aseguran que los métodos utilizados durante el proceso de traslado incluían la fuerza y la destrucción de bienes e infraestructuras.El orador se muestra preocupado ante el hecho de que los problemas planteados deben clarificarse y resolverse mediante un proceso participativo y no debe permitirse que se agraven a largo plazo.Los medios jurídicos deberían considerarse como último recurso.El Gobierno debe adoptar un enfoque basado en los derechos ya que los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes mantienen el equilibrio correcto entre las necesidades de los grupos vulnerables y las de la sociedad en general.Por lo tanto, el orador insta a la delegación a que explique qué estrategia tiene previsto elaborar el Gobierno para lograr avances a ese respecto.
Asimismo, el orador pide aclaraciones relativas a la política sobre la concesión de licencias de caza y sobre el uso de armas en reservas designadas.El orador tiene interés por conocer los reglamentos vigentes y la aplicación de éstos en relación con los residentes actuales y antiguos de la Reserva de Caza del Kalahari Central.
El hecho de que los escolares no reciban educación en las lenguas minoritarias ha provocado, según informes, una alta tasa de abandono y fracaso escolar entre los grupos de la población que no hablan setswana o inglés.Esos informes contradicen el contenido de los párrafos 296 y 335 del informe periódico sobre el derecho a utilizar libremente las lenguas minoritarias y la política lingüística.Por lo tanto, el orador insta a la delegación a que explique la legislación que rige las lenguas utilizadas en las escuelas, y cómo se aplica esa legislación en la práctica diaria.
En lo que respecta a la cuestión de los refugiados y los solicitantes de asilo, el orador pregunta si se aloja a los refugiados en otros lugares distintos del campamento de refugiados de Dukwi y, de ser así, si se prestan servicios sociales en esos lugares.El orador también propone que el Gobierno estudie la posibilidad de emitir permisos de trabajo al mismo tiempo que concede la residencia a los refugiados, a fin de facilitar su acceso al mercado laboral.Además, el orador expresa su deseo de saber si existe un mecanismo para recurrir las sentencias negativas dictadas por el Comité de Asesoramiento a los Refugiados.Sorprende al orador que no haya datos estadísticos disponibles sobre el número de zimbabwenses a los que se ha concedido asilo político.Habida cuenta de la situación política reinante en ese país, el orador esperaba que los datos indicaran que se ha concedido la condición de asilado a algunos zimbabwenses en Botswana.
El orador pregunta si la Oficina del Ombudsman ha tramitado casos relativos a la aplicación de la Convención, y si el Gobierno tiene previsto crear una institución nacional de derechos humanos, con arreglo a los Principios de París, encargada de cumplir un mandato más amplio que el del Ombudsman.
El Sr. TANG Chengyuan, señalando que en Botswana se aplican tanto el derechoconsuetudinario como el common law, pregunta cómo aborda el Gobierno los problemas de incompatibilidad entre ambos.El orador desea saber qué sistema de derecho se aplica para la resolución de los asuntos en general, y concretamente en los casos en los que los miembros de las tribus que practican cada una su propio derecho consuetudinario se trasladan a una zona en la que predominan otras costumbres.
En lo que respecta a las muestras de sentimientos contrarios a los indios surgidas al parecer por una controversia creada por la venta de gallinas, el orador solicita información adicional sobre el progreso de las investigaciones policiales sobre el caso, y sobre la aplicación de las políticas contra la discriminación.En lo referente a la composición de la Cámara de los Jefes, el orador propone que el Gobierno estudie mejorar las oportunidades para que las pequeñas tribus tengan representación en el Parlamento, junto con los miembros de las “tribus principales”.
El Sr. SKELEMANI (Botswana) dice que en una democracia es inevitable que surjan diferencias y desacuerdos entre los grupos, pero el Gobierno de Botswana concede gran importancia a la mantener una actitud abierta favorable al diálogo.
A modo de respuesta preliminar a las preguntas formuladas por los miembros del Comité, el orador dice que hasta el quinto curso la enseñanza se imparte en la lengua materna de los niños en sus zonas locales.No obstante, en este momento Botswana no puede garantizar, teniendo en cuenta su población móvil, que se enseñe a los niños en cada una de las lenguas maternas utilizadas por la población diversa que se encuentra, por ejemplo, en la capital.El Gobierno de Botswana está interesado en abordar la cuestión a fin de reducir al mínimo el riesgo de que determinados grupos queden en desventaja, y acoge con beneplácito el apoyo internacional en esa esfera.El orador expresa la voluntad de su Gobierno de aprender de la experiencia de otros países que se han enfrentado a situaciones parecidas.
En lo que respecta a los refugiados zimbabwenses, el orador explica que no se han actualizado los datos estadísticos facilitados en el informe, pero está seguro de que se ha concedido asilo político a los zimbabwenses.
En lo que se refiere a la incompatibilidad entre los distintos sistemas de derecho, el orador dice que el derecho consuetudinario lo administran los tribunales consuetudinarios en las comunidades y tribus.El sistema jurídico del lugar en cuestión es el que se aplica a todos los residentes.
Nadie sufre desventajas en la dispensación de justicia por motivos de diferencias relacionadas con el idioma; los tribunales de Botswana se adhieren rigurosamente al servicio de interpretación en los procedimientos judiciales cuando es necesario.
Las facultades conferidas al Ombudsman en virtud de la Ley del Ombudsman incluyen la investigación de las denuncias por injusticia y administración deficiente por parte de órganos gubernamentales y por violaciones de los derechos humanos.
Se levanta la sesión a las 17.30 horas.
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