COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL
71º período de sesiones
ACTA RESUMIDA DE LA 1822 a SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 2 de agosto de 2007, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. de GOUTTES
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (continuación)
Informes periódicos 15º a 17º de Nueva Zelandia (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN (tema 6 del programa) (continuación)
Informes periódicos 15º a 17º de Nueva Zelandia (CERD/C/NZL/17; HRI/CORE/NZL/2006) (continuación)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación Nueva Zelandia vuelven a tomar asiento a la mesa del Comité.
El Sr. de BRES (Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia), hablando por invitación del Presidente, dice que es la primera vez que la Comisión ha aparecido por derecho propio ante un órgano establecido en virtud de los tratados de las Naciones Unidas. Le complace que el Relator para el país haya utilizado el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia sobre las relaciones raciales en 2006, en que se han especificado varios desafíos. Está convencido de que el Gobierno comprende la importancia de esos desafíos, pero agradecería una confirmación por parte de Comité.
3. La Comisión ha recibido financiación adicional para los cuatro próximos años en el presupuesto de mayo de 2007, lo que representa un aumento anual del 20%. En julio de 2007 el Gobierno respondió al Plan de Acción de Nueva Zelandia para los Derechos Humanos, elaborado por la Comisión. Dicho Plan de Acción se remitirá a los jefes ejecutivos de los departamentos gubernamentales, quienes indicarán sus prioridades para la acción. La Comisión supervisará sus progresos, lo que supondrá la realización de un examen de mitad de período. El orador reconoce que se han emprendido ya muchas iniciativas, a pesar del retraso de la respuesta oficial del Gobierno.
4. Durante el debate público mantenido entre 2004 y 2006 acerca de las medidas especiales, la Comisión llamó la atención sobre las medidas especiales previstas en la Convención, la Carta de Derechos de Nueva Zelandia de 1990 y la Ley de derechos humanos de 19 7 3. El Plan de acción incluy e entre sus prioridades la educación pública sobre la naturaleza de las medidas especiales. E stas no deben confundirse con las obligaciones del Gobierno en virtud del Tratado de Waitangi, los derechos indígenas o las medidas sociales y económicas generales adaptadas a grupos étnicos particulares. En meses anteriores de 2007 la Comisión formuló algunas directrices sobre las medidas para garantizar la igualdad.
5. La Comisión comparte las preocupaciones manifestadas por el Comité acerca del sistema de justicia penal, las tasas de encarcelamiento y la violencia doméstica. Las tasas actuales del encarcelamiento, en particular de jóvenes, y el daño que se está provocando a las familias mediante la violencia doméstica son inaceptables. El Gobierno ha manifestado su compromiso de abordar esas cuestiones y ha introducido una gran variedad de medidas, pero el orador espera que el Comité insista en la necesidad urgente de conseguir progresos significativos.
6. Con respecto a las preocupaciones del Comité acerca de los asuntos constitucionales, la Comisión propuso en su Plan de Acción una “ conversación constitucional ” para lograr una mayor comprensión pública de las cuestiones complejas implicadas, que requieren apoyo público. Las Comisión sigue oponiéndose a prescribir soluciones concretas , dada la necesidad de un debate amplio y atento por parte de los maoríes y otros neozelande ses. El orador acogerá con agrado el apoyo que pueda prestarse a la s opiniones de la Comisión. es ta, tras haber terminado un proyecto trienal de diálogo comunitario sobre los derechos humanos y el Tratado de Waitangi, considera que se necesita más tiempo para poder encontrar las soluciones.
7. L as recomendaciones anteriores del Comité acerca de la Ley de la preplaya y los fondos marinos de 2004 continúa n siendo válida s . La Ley produjo fuertes divisiones en la sociedad, y la obligación de repararlas no recae exclusivamente sobre el Gobierno elegido . La Comisión espera que se encuentre una base común más amplia en las relaciones entre la Corona y los maoríes en esa y en otras esferas, dado que ambas partes han manifestado el deseo de garantizar el acceso público y los derechos consuetudinarios maoríes a la preplaya y lo s fondos marinos, pero reconoce que el proceso necesitará tiempo.
8. El orador e sboza las principales orientaciones del programa de tra bajo de la Comisión para las relaciones raciales durante los dos próximos años, tal como se establecen en su Declaración de intenciones de 2007-2008.
9. Varios acontecimientos legislativos y normativos previstos en los próximos meses ofrecen considerables oportunidades de reforzar el marco de los derechos humanos y las relaciones raciales en Nueva Zelandia. La Comisión ha elaborado presentaciones en las que se insiste en la necesidad de referencias específicas al respeto de los derechos humanos en una nueva Ley de servicios policiales, referencias a las obligaciones en virtud de los tratados internacionales en la Ley de inmigración, e inclusión de los derechos humanos, la diversidad y el Tratado de Waitangi como principios fundamentales en el nuevo programa de estudios escolares, junto con el reconocimiento y relieve adecuados de la lengua maorí. Par e ce que el Gobierno está teniendo en cuenta las preocupaciones de la Comisión, en particular con respecto al programa de estudios.
10. El orador celebra el extraordinario cambio de la situación de la lengua maorí 20 años después de la entrada en vigor de la Ley del idioma maorí de 1987, que ha sido consecuencia de encomiables esfuerzos concertados entre el Gobierno y las comunidades. En su Plan de acción, la Comisión llama la atención sobre el grave descenso de los idiomas de Niue, las Islas Cook y Tokelau y sobre la obligación del Gobierno de Nueva Zelandia de buscar una solución, dado que la mayoría de las personas de esos territorios viven en Nueva Zelandia , y promueve una política lingüística nacional que tenga en cuenta la diversidad de idiomas.
11. Expresa la esperanza de que las observaciones finales del Comité sean aceptadas por el Gobierno y la población del país y aument en la confianza en el valor de una evaluación crítica realizada por un Comité internacional de expertos. La Comisión continuará tratando de promover la importancia de un mecanismo internacional de rendición de cuentas en el marco de la Convención.
12. El PRESIDENTE manifiesta la esperanza de que continúe la práctica de autorizar a las instituciones nacionales de derechos humanos a intervenir en sus sesiones, en particular debido a que ello permite escuchar la opinión de la sociedad civil.
13. El Sr. MACKAY (Nueva Zelandia) explica que “ la Corona ” es un término jurídicamente complejo pero importante que hace referencia a la rama ejecutiva del Gobierno neozelandés , integrada por el Consejo Ejecutivo, la administración pública y algunos órganos estatutarios. El Tratado de Waitangi ha sido reconocido por la Corona Británica , pero ahora es aplicado por la Corona por derecho de Nueva Zelandia.
14. Aclara que los maoríes, si bien son un pueblo del Pacífico en el sentido amplio del término , no se incluyen en la agrupación de pueblos del Pacífico a efectos estadísticos, ya que los maoríes ocupan una posición especial en calidad de habitantes originales de Nueva Zelandia. En 2006, el censo ofreció por primera vez la oportunidad de que cada uno pudiera identificarse simplemente como “neozelandés” , aunque no se presentaba una definición específica del término. Todas las respuestas del censo sobre el componente étnico están basadas en la autoidentificación, y los interesados pueden optar por identificarse como pertenecientes a más de un grupo étnico. No obstante, Nueva Zelandia comparte la preferencia general del Comité por la presentación desglosada de las estadísticas sobre la pertenencia étnica.
15. El orador, pese a no disponer de cifras precisas, afirma que Nueva Zelandia tiene un alto nivel de matrimonios mixtos entre diferentes grupos, como demuestra, entre otras cosas, el hecho de que aproximadamente la mitad de la población maorí se identifica también con otras etnias. La interacción es uno de los elementos positivos de la sociedad de un país, en que todos los grupos viven juntos sin segregación.
16. Con respecto a la formulación de una declaración de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Convención, declara que esta materia está sometida todavía a consideración.
17. El Sr. TAMAHORI (Nueva Zelandia) aclara la función del Te Puni Kōkiri (Ministerio de Desarrollo Maorí), e insiste en que no representa a los maoríes, ni habla en su nombre ni determina sus opciones. Por ejemplo, no puede dar una respuesta a la pregunta “ ¿qué piensan los maoríes sobre la forma en que son gobernados? ” , que deberá formularse más bien a los maoríes y a sus dirigentes. En cambio, puede dar respuesta a preguntas relacionadas con algunas posiciones aceptadas, como el hecho de que los maoríes son y serán siempre el pueblo indígena de Nueva Zelandia, y que el Tratado de Waitangi es el documento fundacional de Nueva Zelandia y define la relación entre los maoríes y el Gobierno. Los maoríes tienen ciertos derechos que no son compartidos con los colonos posteriores, entre los que se incluyen derechos consuetudinarios preexistentes y los derivados del Tratado de Waitangi o el common law .
18. Los heterogéneos efectos de la historia maorí ha n tenido consecuencias sorprendentes y duraderas en la salud, educación, cohesión social, sistema de gobierno e infraestructura tribal, que se reflejan en muchas comunidades indígenas colonizadas y que han sido objeto de comentario por parte del Relator para el país y d el Comité, pero la espiral descendente de disparidad social se ha desacelerado en los últimos 20 años, comenzando con la recuperación de la lengua maorí. El catalizador del cambio ha sido la decisión maorí de mejorar su propia situación. El diálogo con el Gobierno ha dado lugar a una mayor participación en los programas e iniciativas que afectan a la vida y el bienestar de los maoríes , y los programas de apoyo se ofrecen cada vez más a través de proveedores maoríes. Es posible estudiar en maorí desde la primera infancia hasta el nivel post terciario en instituciones pertenecientes a los maoríes y administradas por ellos, con ejemplos semejantes en la esfera de la salud, el apoyo familiar y la rehabilitación, con financiación pública en todos los casos. Un grupo de referencia maorí ha ofrecido asesoramiento a un grupo de trabajo contra la violencia en la familia, promovido por el ministerio, para garantizar que se tengan en cuenta las perspectivas maoríes y que las acciones sean culturalmente pertinentes y eficaces, y contribuyan a la revisión de los progresos. Algunas iniciativas se han centrado en concreto en los maoríes, como el proyecto Mauriora, que ha permitido ofrecer capacitación a más de 200 profesionales sobre las normas pertinentes basadas en valores maoríes fundamentales.
19. Después de la depredación sufrida en el período colonial, la economía maorí está comenzando a recuperarse y a ganar impulso, y se pueden señalar varios ejemplos notables de recuperación estimula da por tribus que explotan sus activos comerciales. El valor de las entidades comerciales maoríes ha aumentado sustancialmente.
20. Son maoríes quienes se identifican como tales, y en la legislación de Nueva Zelandia son definidos normalmente como miembros de la raza indígena de Nueva Zelandia o sus descendientes. Las referencias a cualquier fracción o porcentaje de “ sangre maorí ” desaparecieron en los últimos años sesenta, ya que los maoríes las consideran insultantes. De la misma manera, no toleran el uso de términos como el de “ mestizo ” . Su pertenencia a la raza maorí se debe a su ascendencia.
21. La Sra. SMITH (Nueva Zelandia) dice que se ha facilitado información detallada sobre los progresos en la solución de las reivindicaciones históricas en la sección del informe periódico sobre el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención, siguiendo el precedente establecido en el informe periódico anterior, presentado en 2001 (CERD/C/362/Add.10). De la misma manera, las distintas medidas examinadas en el marco del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención siguen el procedimiento del informe anterior, con adición de informaciones sobre la legislación relativa a la preplaya y los fondos marinos y el acuerdo sobre la acuicultura. Después de cierta reflexión, y con sujeción a un nuevo diálogo con el Comité, quizá sea preferible, en el siguiente informe periódico, incluir dicha información en el marco del artículo 6 de la Convención relativo a los recursos eficaces a las violaciones de los derechos contrari a s a la Convención. Las soluciones de reclamaciones dimanantes de Tratado no se consideran medidas temporales.
22. En lo que respecta a la inmigración, la oradora dice que el Gobierno continúa considerando que es preferible que los procedimientos de apelación y revisión de la Ley de inmigración constituyan el medio principal para solucionar las diferencias sobre decisiones relativas a casos concretos de inmigración, en vez de crear un proceso de solución paralelo. Sin el impedimento procesal, existe el riesgo de que los solicitantes utilicen el proceso de la Ley de derechos humanos para aplazar las decisiones sobre inmigración e impedir el funcionamiento del sistema. Todas las personas que llegan a la frontera y solicitan el estatuto de refugiado permanecen en el Centro de Acogida de Mangere mientras se tramita su solicitud y se comprueba debidamente su identidad. Se trata de un centro abierto y, si bien las personas que residen en él están sometidas a un régimen de residencia obligatoria y supervisión, pueden abandonar el local diariamente. Los solicitantes del estatuto de refugiado están privados de libertad únicamente si representan una amenaza para la seguridad de Nueva Zelandia o se considera que existe un alto riesgo de que desaparezcan. Las estadísticas de 2006-2007 revelan que, de las 50 personas que solicitaron asilo en la frontera, 12 poseían documentos de identidad y consiguieron los permisos, 34 fueron ingresadas en el Centro de Acogida de Mangere y cuatro fueron recluid a s en una institución penal.
23. En cuanto a la seguridad personal de los detenidos en una institución penal, el Gobierno ha acordado que el Departamento de Trabajo emprenda, en el marco del examen de la Ley de inmigración, un estudio de viabilidad sobre la creación de una institución penitenciaria especializada. El Gobierno ha decidido levantar sus reservas a la educación de los niños indocumentados sufragada con fondos públicos. Los servicios de atención de salud son de acceso general, independientemente de la condición de inmigrante y de la capacidad de financiación. Los proveedores de salud tienen obligación jurídica y profesional de prestar sus servicios cualquiera que sea la situación del interesado con respecto a la ley de inmigración o su capacidad de pago.
24. El cometido y funciones principales de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia son defender y promover el respeto , comprensión y valoración de los derechos humanos, y contribuir al desarrollo y mantenimiento de relaciones armoniosas entre las personas y entre los distintos grupos de la sociedad. La Comisión es un organismo independiente de la Corona y tiene la obligación estatutaria de actuar con independencia. Está integrada por un Comisionado Principal de Derechos Humanos, un Comisionado de Relaciones Raciales, un Comisionado de Igualdad de Oportunidades y dos Comisionados a jornada parcial. Los Comisionados son nombrados previa recomendación del Ministro de Justicia al Gobernador General, y son depuestos por el Gobernador General en caso de incapacidad que limite el desempeño de sus funciones , de incumplimiento de sus obligaciones o de conducta inadecuada, que deberán demostrarse en forma satisfactoria para el Gobernador General.
25. Si bien el Parlamento puede promulgar medidas legislativas incompatibles con la Ley de derechos humanos, toda la legislación incompatible con el derecho a no ser discriminado puede ser objeto de una declaración de incompatibilidad por el Tribunal de Examen de los Derechos Humanos o el Tribunal Superior, de acuerdo con lo establecido en la Ley de derechos humanos. El Tribunal de Apelación ha indicado también que está dispuesto a formular declaraciones de incompatibilidad con la Carta de Derechos en los casos en que pueda demostrarse la existencia de contradicciones entre la legislación y la Carta de Derechos. Esta declaración no invalida la legislación, pero, si se emite una declaración a tenor de lo dispuesto en la sección 92J de la Ley de derechos humanos, el Ejecutivo debe responder a la declaración y presentar su respuesta en el Parlamento. Si bien la Ley de derechos humanos y la Carta de Derechos no tienen el máximo rango jurídico, los tribunales han manifestado en varias ocasiones que dichas leyes gozan de precedencia.
26. La Dirección de Relaciones Laborales es un organismo de investigación que resuelve los problemas vinculados con las relaciones de empleo, estableciendo los hechos y pronunciándose en cuanto al fondo de la cuestión, si un problema de relación de empleo no puede resolverse mediante acuerdo o mediación. Una persona puede optar por incoar un proceso por discriminación racial al amparo de la Ley de derechos humanos o de la Ley de relaciones laborales de 2000, pero no de ambas. Según las estadísticas relativas al período comprendido entre 2000 y 2006, inclusive, la Dirección comprobó un caso de discriminación racial cada año en 2001, 2002, 2003 y 2005, y cinco casos en 2004, mientras que no hubo ninguno en 2000 ni en 2 006, y un caso de acoso racial al año en 2002, 2003 y 2005, cuatro en 2006 y ninguno en 2000, 2001 y 2004.
27. El Sr. VALENCIA RODRÍGUEZ solicita más información sobre las funciones del Tribunal de Waitangi, y pregunta qué relación hay entre el Tratado de Waitangi y las funciones del Ministerio de Desarrollo Maorí. Desea recibir más información sobre los programas establecidos con patrocinio del Ministerio de Asuntos de las Islas del Pacífico en el contexto de la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, con el fin de reducir las desigualdades con respecto a los pueblos del Pacífico, mejorar las relaciones étnicas y proteger los derechos de los migrantes. Se pregunta cómo están integrados los tribunales superiores que se ocupan de las reclamaciones territoriales maoríes, y si cuentan con jueces maoríes. Solicita más información sobre las decisiones de los tribunales relativas a las tierras maoríes.
28. El orador pregunta si los órganos gubernamentales responsables de la salud tienen una representación suficiente de maoríes en el sistema sanitario. El personal de los tribunales debe estar suficientemente capacitado para comprender la cultura de los grupos étnicos, y el orador se pregunta si los tribunales tienen jueces o asesores de esos grupos. Debe tenerse en cuenta la posible sobrerrepresentación de maoríes en los centros de reclusión, sobre todo debido a que no hay ninguna prueba de que el origen étnico tenga correlación directa con las tasas de delincuencia.
29. El Sr. LINDGREN ALVES dice que le complace que el Gobierno incluya la categoría “ neozelandés ” en su recopilación de datos, ya que es un término neutral e implica que las personas mestizas no están obligadas a identificarse con una categoría específica, como la de europeo o maorí.
30. El Sr. THORNBERRY dice que el Comité no ha aprobado una Recomendación general sobre medidas especiales, aunque ha celebrado varios debates sobre este tema. Se necesitan todavía aclaraciones sobre la relación entre medidas especiales e igualdad, la justificación de las medidas especiales y los límites de las mismas, y sobre la relación entre medidas especiales y derechos de las minorías o entre medidas especiales y derechos indígenas. El orador acoge favorablemente la información facilitada sobre la relación entre la recuperación de la lengua y de la cultura y la desaceleración del deterioro social. La lengua y la cultura están íntimamente relacionadas con la discriminación. Ratifica el uso del principio de la autoidentificación, y , como se reconoce desde hace tiempo , la injerencia en ese proceso puede dar lugar a problemas de derechos humanos, con inclusión de violaciones del derecho a la intimidad y la expresión de la identidad. Manifiesta su preocupación por la discrepancia entre la información facilitada por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la presentada por el Gobierno con respecto a la situación desde la promulgación de la Ley de la preplaya y los fondos marinos.
31. La Sra. DAH dice que, si bien acoge favorablemente la información sobre los programas de recuperación lingüística, se pregunta si se han calculado sus posibles costos, ya que esas iniciativas pueden ser muy costosas.
32. El Sr. PILLAI pregunta qué repercusión ha tenido el estudio de la Unidad de Revisión Ministerial sobre el número de programas en la categoría de medidas especiales.
33. El Sr. MACKAY (Nueva Zelandia) dice que, aunque los programas de recuperación lingüística son potencialmente costosos, el Gobierno considera que son particularmente importante s en las medidas de prevención de la discriminación. La información estadística sobre los cambios en los programas realizados dentro de la categoría de medidas especiales como consecuencia de la revisión ministerial puede verse en las respuestas por escrito de la delegación, que se han distribuido entre los miembros del Comité.
34. La Sra. HARDY (Nueva Zelandia) recuerda que el Tratado de Waitangi reconoce la función de gobierno de la Corona, la autoridad de los jefes maoríes y los derechos de los maoríes como ciudadanos de Nueva Zelandia. Aunque se trata de un documento constitucional fundacional, no es directamente exigible en los tribunales, pero tiene fuerza jurídica cuando se incorpora a un estatuto. Muchos estatutos contienen referencias a los principios del Tratado, en particular la Ley de conservación de 1987, la Ley sobre la gestión de recur sos de 1991 y la Ley de salud pú blica y discapacidad de 2000. Antes de considerar la posibilidad de incorporar el Tratado de Waitangi en el derecho constitucional, el Gobierno considera que se necesita un proceso de educación y debate. Esa opinión ha sido ratificada por el Comisionado de Relaciones Raciales, y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.
35. El Tribunal de Waitangi, c omisión permanente de investigación establecida en virtud de la Ley del Tratado de Waitangi de 1975, puede investigar la legislación y las políticas gubernamentales vigentes, así como las denuncias de los maoríes si consideran que la Corona ha incumplido los principios del Tratado. Puede aceptar una variedad sumamente amplia de pruebas y no está limitado por las normas que se aplican al sistema judicial. Requiere un quórum de tres miembros, de los cuales uno al menos debe ser un abogado y otro una persona maorí, e investiga sobre todo reclamaciones históricas referentes al despojo de tierras y de otros recursos a partir de 1840.
36. Por norma general, las facultades del Tribunal de Waitangi adoptan la forma de recomendaciones. No obstante, sus facultades son teóricamente vinculantes en los casos de determinadas categorías de tierras. Dada la amplitud de la materia y el marco cronológico implicado, la Corona y los maoríes han optado hasta ahora por negociar la solución de todas las reclamaciones históricas. En una sola ocasión en que el Tribunal comenzó a ejercer sus facultades vinculantes, las partes optaron por una solución negociada. Todas estas soluciones han incluido una excusa y una reparación de la Corona, y han ayudado a mejorar las relaciones entre esta y los maoríes. El Tribunal ha adoptado un planteamiento flexible y modular con respecto a las investigaciones, lo que permite a los demandantes pasar de una investigación judicial a una solución negociada. Algunos demandantes prefieren incluso prescindir por completo de las audiencias judiciales y negociar directamente con la Corona. Las acciones del Ministerio de Desarrollo Maorí (Te Puni Kōkiri) están sujetas al mismo tipo de examen del Tribunal de Waitangi que cualquier otro organismo gubernamental.
37. En los primeros años noventa, miembros de seis comunidades maoríes iniciaron ante el Tribunal de Waitangi l a investigación sobre la propiedad cultural e intelectual y la fauna y flora indígenas (Wai 262) contra la Corona. La audición ha terminado recientemente y todavía no se ha dado a conocer el veredicto del Tribunal. En su resumen, el Presidente del Tribunal reconoció el compromiso sin precedentes de la Corona con el Tratado.
38. Una enmienda introducida en 2006 en la Ley del Tratado de Waitangi estableció el 1° de septiembre de 2008 como fecha límite para presentar reclamaciones históricas relativas a los años comprendidos entre 1840 y 1992, con el fin de solucionar dichas reclamaciones para 2020 y dar a los maoríes tiempo suficiente para presentar las reclamaciones, que pueden enmendarse posteriormente. La jurisdicción del Tribunal de Waitangi está en vigor desde 1985 y es bien conocida de los maoríes. No hay pruebas de que la fecha límite perjudique a los demandantes maoríes, ni refleja una falta de compromiso de la Corona por llegar a una solución. Asimismo, la s reclamaciones actuales no se ven afectadas por la fecha límite. Con el fin de alcanzar el objetivo de solucionar las reclamaciones no más tarde de 2020, se ha incrementado sustancialmente la financiación del Tribunal de Waitangi, cuyo presupuesto anual de 3,196 millones de dólares neozelande ses es un 62% superior al de 2001-2002.
39. En cuanto al Programa de Información sobre el Tratado de Waitangi, la oradora dice que se había decidido dar publicidad al material por el deseo de la Corona de solucionar las reclamaciones históricas. El Programa debe realizar una contribución valiosa al compromiso público a ese respecto. No se ha encontrado ninguna prueba que confirme las alegaciones de des equilibrio del material. La referencia del informe periódico a la falta de conclusiones definitivas sobre la historia no debe interpretarse como un rechazo a explicar los errores históricos. La Corona ha presentado una descripción oficial de la historia y ha formulado excusas en todas las resoluciones sobre reclamaciones históricas.
40. En virtud de la Ley de minerales de la Corona de 1991 , es ta posee y administra los minerales nacionalizados, con inclusión del petróleo, en aras del interés nacional. Se considera que ello redund a en beneficio tanto de los maoríes como de los no maoríes.
41. Con respecto a la aplicación de la Ley de la preplaya y los fondos marinos de 2004, la delegación es consciente de las recomendaciones del Comité de 2005 en el marco de su procedimiento de acción urgente ( CERD/C/66/NZL/Dec.1 ). Se ha presentado una actualización detallada en las respuestas por escrito del Estado parte. Las negociaciones mantenidas desde 2005 con la comunidad maorí acerca de los derechos consuetudinarios territoriales han tratado de explorar opciones de reparación que sean aceptable s para ambas partes y viables dentro de los regímenes locales de administración y conservación de los recursos. Los demandantes pueden también recurrir para ello al Tribunal de la Tierra Maorí , cuyos jueces son miembros de la comunidad maorí nombrados en función de sus conocimientos de las costumbres maoríes. El Gobierno está adoptando un planteamiento práctico para atender el deseo del Comité sobre la aplicación flexible de la legislación y el seguimiento de su aplicación, pero no es posible considerar enmiendas de la legislación mientras no se hayan comprobado plenamente esos procesos. La discrepancia entre la explicación del Comité sobre la aplicación de la Ley de la preplaya y los fondos marinos y la facilitada por la sociedad civil demuestra el intenso debate que ha desencadenado esta legislación. La Corona es consciente de las preocupaciones expresadas por la comunidad maorí y participa activamente en las conversaciones en conformidad con las recomendaciones del Comité y con las disposiciones sobre el diálogo y la mediación contenidas en la Ley de la preplaya y los fondos marinos, que determinan el alcance y naturaleza del territorio afectado y las posibles medidas de recuperación pertinentes antes de remitir los casos al Tribunal Superior, que puede recurrir a personal especializado si lo considera oportuno.
42. La Sra. SMITH (Nueva Zelandia) dice que en 2000 se formul aron varias medidas, conocidas con el nombre de “ intervenciones eficaces ” , a fin de reducir la tasa general de encarcelamiento, que está aumentando. Varias de ellas formaban parte del proyecto de ley de reforma de la justicia criminal recientemente aprobado. Las intervenciones eficaces comprenden las siguientes medidas: un planteamiento más transparente y sistemático de las sentencias, mediante la creación de un Consejo sobre asuntos relacionados con las condenas y la adopción de reformas en el sistema de libertad condicional; la introducción del arresto domiciliario en los delitos de menor riesgo; la creación de servicios comunitarios; el establecimiento de unidades de tratamiento de la toxicomanía y el alcoholismo en las prisiones, junto con unidades especiales para realizar programas intensivos de rehabilitación; y un aumento significativo de los servicios de educación y formación profesional para los detenidos.
43. Aunque el sistema de justicia penal se aplica a todos los neozelande ses, los maoríes y los pueblos del Pacífico están sobrerrepresentados en todas las fases del proceso de justicia penal. El número de maoríes detenidos, procesados, condenados y encarcelados es cinco veces mayor que el de los no maoríes, al parecer por razones sociales y económicas. No se dispone de estudios ni investigaciones definitivos sobre las causas de la alta tasa de encarcelamiento de maoríes, pero se espera que las intervenciones eficaces ayuden a corregir esta situación. Quizá sean también necesarias medidas basadas en los componentes culturales, junto con servicios ofrecidos por las propias comunidades del Pacífico, con las que el Gobierno colabora estrechamente. Se han establecido también asociaciones para fomentar programas de prevención del delito y de seguridad comunitaria. En mayo de 2007, el Gobierno aprobó el Programa de acción para los maoríes, que incluye planes de reducción de la delincuencia, servicios de mediación entre las bandas juveniles, la reintegración de los presos liberados, la evaluación de programas y la investigación sobre las causas de las infracciones. En el marco del Plan, el Ministerio de Justicia investigará el ejercicio de las facultades discrecionales en el sistema de justicia penal con el fin de determinar los puntos de posible sesgo en el sistema y los posibles efectos del mismo en los maoríes y los pueblos del Pacífico.
44. El Gobierno de Nueva Zelandia se toma muy en serio el problema de la violencia contra la mujer en todas las comunidades, como demuestra el material presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Se están aplicando y supervisando, en las máximas instancias del Gobierno, varias estrategias de prevención. Después del éxito de un programa piloto, se decidió preguntar sistemáticamente a todas las mujeres ingresadas en un hospital si habían sido objeto de violencia o de presión indebida en el hogar.
45. U na de las prioridades gubernamentales es la reducción de la delincuencia juvenil y la cantidad desproporcionada de jóvenes maoríes en el sistema de justicia de menores. En 2003, el Gobierno puso en marcha la Estrategia para hacer frente a la delincuencia juvenil, que incluye varias propuestas para mejorar los servicios ofrecidos a los jóvenes y familias maoríes. Las respuestas por escrito de Nueva Zelandia contienen información más detallada sobre las medidas adoptadas.
46. En respuesta a las recomendaciones formuladas en el Informe sobre la eliminación y prevención de la delincuencia entre los maoríes, preparado por el ex Comisionado de Policía de Nueva Zelandia, la policía ha adoptado varias iniciativas. Entre ellas se incluye n las siguientes: la capacitación obligatoria del personal sobre los derechos humanos; el examen de la estrategia sobre la capacidad de la policía para atender las necesidades de los maoríes; la formulación y aplicación de una estrategia de reducción de la delincuencia en colaboración con organizaciones maoríes ( iwi ); actividades ulteriores de capacitación para los funcionarios encargados de los contactos con las iwi, y el establecimiento de un proyecto nacional de funcionarios de prisiones maoríes. Se está actualizando l a base legislativa de las actividades policiales , a saber, la Ley de policía de 1958 y el Reg lamento de la policía de 1992 . P articiparán en el proceso l a policía, el público y todos los grupos interesados. El primer proyecto de legislación se distribuirá en diciembre de 2007. Se ha conseguido una notable mejoría en la diversidad étnica de la fuerza policial. Desde 2001, el número de maoríes ha subido del 9,1% al 11,3% en 2007, el de los pueblos del Pacífico del 2,3% al 4,4% y el de personas de origen asiático del 0,4% al 1,6%.
47. El Sr. AMIR solicita más aclaraciones sobre el proceso de toma de decisiones acerca del Tratado de Waitangi. Desea saber cómo se consigue que las decisiones pertinentes sean aceptadas por la comunidad maorí.
48. Observa que hay una alta tasa de reincidencia entre los detenidos que son miembros de la comunidad maorí y se pregunta qué están haciendo o tienen previsto hacer las autoridades neozelande sas para reducirla.
49. La Sra. HARDY (Nueva Zelandia) dice que la reclamación de las reivindicaciones basadas en el Tratado son negociadas por representantes de los grupos demandantes, que reciben ese mandato de sus comunidades y se comunican con ellas periódicamente. La solución provisional adopta la forma de proyecto de ley que se debate en el Parlamento, ya que en muchos casos hay que introducir cambios en los regímenes jurídicos existentes. Ambas partes del proceso desean conseguir la máxima transparencia y obtener apoyo de las comunidades indígenas.
50. La Sra. SMITH (Nueva Zelandia) dice que la estrategia de intervenciones eficaces, cuyo objetivo es evitar la reincidencia en el delito y, por lo tanto, en el encarcelamiento, tiene también en cuenta las causas del fenómeno. Están previstas más investigaciones sobre los factores socioeconómicos que contribuyen a la reincidencia en el delito en todos los grupos de población.
51. El Sr. LEALEA (Nueva Zelandia) dice que el crecimiento de los grupos migrantes, como los pueblos del Pacífico y los asiáticos, no ha repercutido negativamente en la situación de la comunidad maorí. Los pueblos del Pacífico tienen vínculos étnicos y culturales con los maoríes, y se han beneficiado de la experiencia de este último grupo en las relaciones con el Gobierno en esferas como la prestación de servicios sociales y la creación de empresas.
52. La Estrategia de Prosperidad para el Pacífico, en la que se incluyen el Plan de Acción Económic o del Pacífico y el Plan de Desarrollo Económico de las Mujeres del Pacífico, abarca temas como la educación, el aumento de la fuerza de trabajo, el desarrollo de empresas, las industrias creativas y emergentes, la cultura de empresa y el liderazgo. La estrategia refleja el paso de políticas centradas exclusivamente en el desarrollo social a programas concebidos para promover el desarrollo social incrementando la prosperidad económica. Las mejoras en los niveles de vida y de bienestar permitirán conseguir mejores resultados en las esferas de la delincuencia y la salud. El Gobierno informará sobre la estrategia dentro de tres o cinco años.
53. La revisión de las políticas y programas especiales a que se hace referencia en los párrafos 54 y 55 del informe no ha tenido en cuenta únicamente si los programas en cuestión son todavía necesarios. En algunos casos, como en los programas de c reación de empresas administrado s por el Consorcio de Empresas del Pacífico, los programas han recibido de hecho más financiamiento como consecuencia de la revisión.
54. Los miembros han formulado preguntas sobre la enseñanza en las lenguas maternas del Pacífico (párrs. 127 y 128 del informe). Están ya disponibles las directrices para los programas oficiales de apoyo lingüístico en Niue y Tonga y a comienzos de 2008 se publicarán las relativas a Tokelau. En 2006 y 2007, el Gobierno financió programas lingüísticos cuyo objetivo es promover la fluidez básica en los contactos hablados, para que los alumnos puedan emprender una educación más académica si lo desean: el compromiso debe partir de los propios alumnos. Se ofrecerán en breve recursos para los idiomas de Niue y las Islas Cook.
55. Los miembros han preguntado cuál es la situación de los pueblos del Pacífico en el sistema de justicia penal. La estrategia de intervenciones eficaces ha permitido el nombramiento de varios “ funcionarios de prisiones del Pacífico ” —de acuerdo con el modelo del plan de “ funcionarios de prisiones maoríes ”— , que trabajarán con las comunidades del Pacífico para ofrecer servicios acordes con sus prácticas culturales, en particular por lo que se refiere a la prevención de la violencia familiar.
56. El sistema de justicia penal tiene cada vez más en cuenta las preocupaciones de los pueblos del Pacífico. Aproximadamente el 4% de los funcionarios de policía se identifican como pertenecientes a uno de los pueblos del Pacífico, y dos jueces de tribunales de distrito son de Samoa. En el sistema penitenciario, el porcentaje del personal perteneciente a uno de los pueblos del Pacífico (10%) equivale aproximadamente a la cifra de reclusos (11%) de esa procedencia .
57. El Sr. SINGHAM (Nueva Zelandia) dice que la revisión de las políticas y programas especiales (párrs. 54 y 55 del informe) tenía como objetivo verificar la eficacia de los programas, más que cuestionar su valor. La revisión permitió formular directrices, por ejemplo, sobre la selección de grupos étnicos específicos en los casos en que la etnia es un indicador claro de necesidad, lo que debe dar lugar a intervenciones mejor orientadas en el futuro. En la respuesta de su delegación a las preguntas del Relator para el país se incluye más información, en particular sobre el número de programas , que se ha mantenido inalterado después de la revisión. No obstante, él no puede presentar una cifra global de los recursos destinados a medidas especiales, debido al gran número de sectores implicados. La estrategia “ Oportunidades para todos los neozelandeses ”, de 2004 , ha continuado ofreciendo medidas especiales para los grupos étnicos desfavorecidos.
58. Los miembros han formulado preguntas sobre los resultados de los programas destinados a agrupar a comunidades diferentes. El objetivo era crear vínculos tanto entre las comunidades de minorías étnicas, lo que fomenta un sentimiento de solidaridad y su participación en los asuntos cívicos, como entre las minorías étnicas y la comunidad anfitriona, lo que ayuda a impedir que las dos comunidades se desarrollen en paralelo, pero separadamente. La Oficina de Asuntos Étnicos promueve las redes de mujeres y ciudadanos de edad avanzada y foros juveniles en que se asocian varios grupos étnicos. La intención es no crear un único grupo homogéneo sino establecer relaciones sólidas y sostenibles y celebrar su diversidad. El próximo año se pondrá en marcha un programa denominado “ Diálogos auténticos ” .
59. La fuerza de policía de Nueva Zelandia inició en 2004 una estrategia encaminada a tener en cuenta las necesidades de los distintos grupos étnicos. Entre sus actividades cabe citar el reclutamiento de personal étnicamente diverso, la capacitación para lograr una mayor sensibilización cultural y religiosa y el establecimiento de buenas relaciones con las comunidades formadas por minorías étnicas. La policía responde muy rápidamente a los incidentes de motivación racial, como los atentados contra las mezquitas de Auckland en 2005. La policía colabora también muy estrechamente con la comunidad Sikh.
60. La creciente diversidad de la sociedad de Nueva Zelandia plantea claramente un desafío para la población maorí indígena. Es importante que los recién llegados valoren la situación singular de la comunidad maorí. Muchas comunidades de minorías étnicas están muy interesadas en la cultura y el idioma maorí, y se han organizado varios foros para explorar la relación de los recién llegados con los maoríes y su posición con respecto al Tratado de Waitangi. La Oficina de Asuntos Étnicos ha formulado una estrategia para promover vínculos más estrechos entre los maoríes y las comunidades de minorías étnicas durante los tres próximos años.
61. Los miembros han preguntado cuáles son los problemas de empleo para las mujeres de las minorías étnicas. El Gobierno ha insistido en las medidas que ayudan a los miembros de las minorías étnicas, en particular a las mujeres, a participar más activamente en la fuerza de trabajo y al mismo tiempo rompen con los estereotipos de los empleadores. Las estrategias utilizadas son, entre otras, el uso de tutores, el establecimiento de redes entre las comunidades étnicas y los empleadores y las sesiones de información organizadas por empleadores que han tenido éxito con los trabajadores de minorías étnicas.
62. En cuanto a la importancia comparativa de la enseñanza en inglés y en lenguas maternas (párrs. 116 a 121 del informe), el Gobierno considera que el dominio del inglés es fundamental para la integración en la sociedad neozelande sa. Desde 2004, ha financiado un programa de enseñanza del inglés como segundo idioma. Se alienta también el aprendizaje de lenguas menos utilizadas, y la enseñanza de lenguas extranjeras es una de las ocho materias básicas del nuevo programa de estudios para las escuelas que se está elaborando en la actualidad.
63. Se han formulado observaciones acerca de la supuesta resistencia por parte de Nueva Zelandia a aceptar refugiados de Iraq . Nueva Zelandia acepta una parte desproporcionada de la carga internacional de refugiados, ya que recibe cada año unas 750 personas, el 9% de las cuales proceden de Iraq o de Afganistán. El Gobierno tiene en cuenta las prioridades establecidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y concede también prioridad a determinadas categorías, como los miembros de la familia, las mujeres y las personas discapacitadas.
64. El Sr. ABOUL-NASR pregunta si hay cuotas que limiten el número de personas de una determinada nacionalidad que pueden conseguir la ciudadanía neozelande sa. ¿Qué definición se utiliza para los diversos grupos étnicos enumerados en los formularios del censo? Él mismo, por ejemplo, que es egipcio, no puede clasificarse ni como ne gro ni como blanco. Se pregunta también por qué en las clasificaciones de las Naciones Unidas Nueva Zelandia aparece entre los países europeos, cuando geográficamente está en Asia.
65. El Sr. MACKAY (Nueva Zelandia) dice que , a su entender, no existen cuotas nacionales para las solicitudes de ciudadanía. La declaración del grupo étnico por parte del interesado en el formulario del censo se deja completamente a su propia discreción. El formulario incluye una categoría global que comprende a las personas del Oriente Medio, de América Latina y de África. Nueva Zelandia es miembro del Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados, aunque se encuentra en el grupo asiático en otras organizaciones internacionales.
66. El Sr. SICILIANOS (Relator para el país) agradece a la delegación de Nueva Zelandia sus respuestas detalladas, que constituyen una buena base para las observaciones finales del Comité.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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