EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 40 DEL PACTO
Adición al segundo informe periódico
VIET NAM*
______________________
* Este informe se distribuye sin haber sido sometido a revisión editorial, de conformidad con el deseo expresado por el Comité de Derechos Humanos en su 66º periodo de sesiones, celebrado en
julio de 1999.
GE.02-41354 (EXT)
INFORME COMPLEMENTARIO DEL SEGUNDO INFORME PERIÓDICO DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM SOBRE LA APLICACIÓN
DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
INTRODUCCIÓN
1.A continuación figura una actualización del segundo informe periódico de VietNam, presentado el año pasado, sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Abarca el periodo comprendido entre 1992 y 2001, durante el cual VietNam registró enormes y profundos cambios en un proceso amplio de renovación o reforma (denominado doimoi) iniciado por el 6º Congreso del Partido en diciembre de 1986. Con arreglo a la política de doimoi, el Estado de VietNam destaca como objetivos, conseguir "un pueblo próspero, una nación fuerte y una sociedad justa y civilizada" con el pueblo como centro de todas las políticas, su objetivo último y la fuerza que impulsa el desarrollo. El contenido fundamental del proceso de doimoi es el siguiente:
a)transformar el mecanismo económico de planificación centralizada en una economía de mercado multisectorial que funcione de conformidad con el mecanismo de mercado bajo la gestión del Estado para la consecución de sus metas sociales;
b)fomentar la democracia en la vida social basándose en la construcción de un Estado regido por el imperio de la ley y verdaderamente "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo"; y
c)abrir y aumentar los intercambios y la cooperación con el mundo exterior basándose en que VietNam desea mantener lazos de amistad con todos los demás países, en la lucha por la paz, la independencia y el desarrollo.
2.El amplio proceso de doimoi ha satisfecho las expectativas del pueblo vietnamita y goza de amplio apoyo y participación de todas las capas de la sociedad. En 1991 el Gobierno de VietNam adoptó la "Estrategia decenal de estabilización y desarrollo socioeconómico" con la finalidad de que en el año 2000 el PIB se hubiera multiplicado por dos. El proceso de doimoi y esa estrategia decenal de 1991 a 2000 han dado por resultado enormes e importantes logros, sacando a VietNam de la crisis social y económica y conduciendo al país a un sendero de desarrollo estable. En efecto, el PIB del año 2000 fue el doble del de 1990 (se multiplicó por 2,07). De ser un país con déficit alimentario, VietNam se ha convertido en un importante exportador de arroz. El Gobierno ha combinado sus estrategias de desarrollo económico con el logro de otras metas sociales. Gracias a los logros económicos, ha aumentado regularmente la inversión del Estado en objetivos de desarrollo social, que han representado entre el 25 y el 28% del presupuesto anual, dando especial prioridad a los programas nacionales de erradicación del hambre y la pobreza, creación de puestos de trabajo y mejoramiento de la seguridad social y otros servicios sociales básicos. En diez años, de 1991 a 2000, el índice de pobreza (basado en el nivel vietnamita) disminuyó más del 30% hasta situarse en el 10%, la tasa general de alfabetización aumentó hasta el 93% y la tasa de alfabetización de los trabajadores alcanzó el 97%. El nivel de vida de la población, especialmente de las mujeres y los niños, mejoró sustancialmente. Según el Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, VietNam ha alcanzado niveles bastante elevados del índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de desarrollo relativo al género (IDG). Estos logros tienen especial importancia en el contexto de las múltiples dificultades con que se enfrenta el país: un bajo nivel inicial de desarrollo económico, bajos ingresos per cápita y todas las difíciles consecuencias derivadas de decenios de guerra.
3.Al mismo tiempo que resolvía las consecuencias derivadas de la guerra y fomentaba el desarrollo socioeconómico, VietNam daba gran prioridad a la construcción de un estado regido por el imperio de la ley que sea verdaderamente, "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". En consecuencia, desarrolla un ordenamiento jurídico que establezca un marco amplio y eficaz que garantice los derechos civiles,
políticos, económicos, culturales y sociales de todos los ciudadanos y que les permita poner en práctica todas sus capacidades para contribuir a la causa de la construcción y el desarrollo nacionales. Es éste uno de los objetivos fundamentales del proceso de doimoi que requiere esfuerzos enormes y a largo plazo y el compromiso político del Partido, el Estado y el pueblo de VietNam, en especial en el contexto del proceso de transición. El Estado ha hecho grandes esfuerzos para mejorar sus instituciones con arreglo a las condiciones actuales del país. En un breve plazo desde que terminó la guerra, en especial desde 1986, VietNam ha promulgado y modificado gran número de instrumentos jurídicos entre los que destacan la Constitución de 1992, la ley fundamental del país (la Constitución de 1992 sucede a las de 1946, 1959 y 1980), así como otros importantes instrumentos jurídicos tales como el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Criminal, el Código Civil, el Código del Trabajo, la Ley de elección de los diputados a la Asamblea Nacional, la Ley de educación la Ley sobre la enseñanza primaria obligatoria y la Ley de protección de la salud del pueblo. En este proceso, los diversos instrumentos jurídicos desarrollan de manera más concreta y amplia los derechos del ciudadano, que incluyen los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales.
4.VietNam es plenamente consciente de que la promulgación de instrumentos jurídicos ha constituido una medida importante si bien todavía lo es más conseguir su cumplimiento. Por esta razón, paso a paso, ha establecido y reforzado los procedimientos e instituciones de control necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación.
5.VietNam también da gran importancia al aumento del conocimiento y la concienciación del pueblo en lo que respecta al derecho, la Constitución y otras normas jurídicas, creando al mismo tiempo condiciones favorables para su participación plena y efectiva en los debates y consultas públicas sobre los proyectos de ley antes de su presentación a la Asamblea Nacional para su examen. En los últimos años resulta alentador observar que los medios informativos y los ciudadanos en general se muestran cada vez más activos y constructivos en la denuncia y crítica de los fenómenos negativos y los abusos de poder cometidos por funcionarios y órganos del Estado que vulneren los derechos del ciudadano.
6.VietNam ha ratificado ocho instrumentos fundamentales de derechos humanos, incluidos los dos Pactos, de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, y ha hecho lo posible por cumplir sus obligaciones al respecto. Asimismo da gran importancia a la aplicación de esos instrumentos internacionales y ha hecho todo lo posible para armonizar con ellos sus normas internas, teniendo plenamente en cuenta al mismo tiempo las características históricas, tradicionales, culturales y sociales del país. VietNam ha realizado esfuerzos enormes para mejorar sus intercambios y cooperación con otros países en el proceso de reforma, desarrollo y fortalecimiento de su ordenamiento jurídico. Desde 1986, cuando se inició el proceso de doimoi, se han promulgado casi 13.000 instrumentos jurídicos de todas clases, que incluyen 40 códigos y leyes básicas, más de 120 ordenanzas, casi 850 reglamentaciones del Gobierno y más 13.000 reglamentaciones de ministerios y otros organismos oficiales. Al mismo tiempo, VietNam ha "interiorizado" la esencia de esos instrumentos jurídicos internacionales en sus leyes nacionales y ha presentado informes nacionales relativos a cinco de los ocho instrumentos de derechos humanos en los que es parte. Recientemente, ha ratificado dos protocolos facultativos de la Convención de los Derechos del Niño y otros tres convenios de la OIT a este respecto.
7.En julio de 2001, VietNam presentó sus informes segundo, tercero y cuarto acerca de la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asimismo, en agosto de 2001 presentó su segundo informe acerca de la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En breve presentará su sengundo informe acerca de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
8.VietNam ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1982, y en 1990 presentó su primer informe sobre su aplicación. El presente documento, que actualiza el segundo informe,
junto con otros informes presentados durante los últimos años relativos a diferentes órganos creados en virtud de tratados, demuestra claramente la constante política de VietNam de fomento y protección de los derechos humanos tanto civiles como políticos, y de los derechos económicos, culturales y sociales.
PARTE I
INTRODUCCIÓN GENERAL
I . ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y DERECHOS
HUMANOS FUNDAMENTALES
9.La introducción de la Constitución de 1992 tiene gran importancia en lo que se refiere a reafirmar los derechos fundamentales de los ciudadanos, mencionados en el segundo informe periódico sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Constitución de 1992 ha establecido los principios fundamentales que sirven de sólida base del ordenamiento jurídico vietnamita.
10.Tomando como fundamento la Constitución de 1992, desde julio de 1996 la Asamblea Nacional ha aprobado 30 leyes básicas, y la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional 38 instrumentos, muchos de los cuales se refieren directamente a los derechos humanos, por ejemplo los siguientes: Ley de quejas y denuncias, Ley de elección de los diputados a la Asamblea Nacional, Ley del Frente Patriótico de VietNam, Ley de promulgación de instrumentos jurídicos, Ley del matrimonio y la familia, Ley de educación, Ley de prevención y control de drogas, Ley de empresas, Ley de comercio, Ley de compañías de seguros, Ordenanza sobre la mediación en las comunas, Ordenanza sobre la protección de los consumidores, Ordenanza sobre los discapacitados, Ordenanza sobre las personas ancianas, etc. Junto con la Constitución de 1992 y los instrumentos jurídicos promulgados anteriormente, tales como el Código Civil, el Código de Trabajo, las Ley de sindicatos y la Ley de protección, cuidado y educación de los niños, estos instrumentos recientemente promulgados han contribuido de forma importante al establecimiento de un ordenamiento jurídico amplio encaminado a proteger con más eficacia los derechos del ciudadano, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
II. EXAMEN GENERAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
11.El 2 de septiembre de 1945, el Presidente Ho Chi Minh pronunció solemnemente la Declaración de Independencia que dio origen a la República Democrática de VietNam. Transcurrido sólo un año, se aprobó la Constitución de 1946, la primera del VietNam independiente. Con la victoria histórica de 30 de abril de 1975, el pueblo vietnamita alcanzó finalmente su objetivo de liberación nacional. El 2 de julio de 1976, la Asamblea Nacional decidió cambiar el nombre del país por el de República Socialista de VietNam.
12.Durante todo el proceso de desarrollo nacional, VietNam ha consolidado constantemente su base constitucional, reflejada en las Constituciones de 1946, 1959, 1980 y 1992. Heredera de las anteriores, la Constitución aprobada en 1992 por la República Socialista de VietNam (en adelante, la Constitución de 1992) constituye la ley fundamental del Estado de VietNam, que estipula el régimen político del país así como sus características económicas, culturales y sociales, la defensa y seguridad, y los derechos y responsabilidades fundamentales de los ciudadanos, y describe la estructura y los principios de la organización y el funcionamiento de todos los órganos del Estado. La Constitución de 1992 ha contribuido grandemente a determinar los derechos de los ciudadanos así como el régimen económico de la República Socialista de VietNam.
13.Según se estipula en la Constitución, el Partido Comunista de VietNam es la vanguardia de la clase trabajadora vietnamita, el auténtico representante de los derechos e intereses de la clase obrera, los trabajadores y el país en general, y la fuerza dirigente del Estado y la sociedad. Todas las organizaciones del Partido actúan dentro del ámbito de la Constitución y las leyes.
14.El Estado de la República Socialista de VietNam es un estado unificado compuesto por todas las etnias que viven en el territorio de VietNam. Es el Estado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Todos los poderes del Estado pertenecen al pueblo. El pueblo ejerce los poderes del Estado por medio de la Asamblea Nacional y los consejos populares, que representan la voluntad y aspiraciones del pueblo, son elegidos por el pueblo y responden ante el pueblo por medio del sufragio universal, igual, directo y secreto. El centralismo democrático es el principio que rige la organización y el funcionamiento de la Asamblea Nacional, los consejos populares y todos los demás órganos del Estado.
15.El aparato del Estado de la República Socialista de VietNam está constituido por un sistema de organismos estatales que parte del centro y llega hasta la base, y se organiza y gestiona con arreglo al marco de la Constitución y la ley como mecanismo homogéneo que desempeña las funciones y obligaciones del Estado mediante la división de los tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. El aparato estatal está integrado por los siguientes órganos principales:
16.La Asamblea Nacional, que es el principal órgano representativo del pueblo y la más alta autoridad del Estado de la República Socialista de VietNam. Es el único órgano con poder constitucional y legislativo.
17.La Asamblea Nacional decide las políticas fundamentales internas y externas, las actividades socioeconómicas, de defensa y de seguridad del país, los principios básicos que rigen la organización y el funcionamiento del aparato estatal y las relaciones sociales y las actividades de los ciudadanos. También ejerce su derecho supremo de supervisión de todas las actividades del Estado.
18.El Presidente es el Jefe del Estado y representa a la República Socialista de VietNam en los asuntos internos y de política exterior.
19.El Gobierno es el órgano ejecutivo de la Asamblea Nacional y el principal órgano de la administración estatal de la República Socialista de VietNam. Se encarga de administrar de forma unificada la puesta en práctica de todas las actividades políticas, económicas, culturales, sociales, de defensa nacional, de seguridad y exteriores del Estado; vela por la eficacia del aparato del Estado desde el centro hasta la base; garantiza y respeta la observancia de la Constitución y las leyes nacionales; promueve los derechos del pueblo, artífice de la construcción y defensa de la nación; y vela por la estabilización y mejora de la vida cultural y material de la población. El Gobierno rinde cuentas a la Asamblea Nacional, a la que informa sobre su labor, así como al Presidente del Estado.
Los consejos populares y los comités del pueblo
20.Los consejos populares son los órganos locales de la autoridad estatal. Representan la voluntad, las aspiraciones y la soberanía popular, son elegidos por el pueblo a nivel local y tienen que responder ante él y ante los órganos superiores del Estado. Sobre la base de la Constitución, las leyes y otros instrumentos jurídicos de los órganos superiores del Estado, los consejos populares deciden acerca de las medidas necesarias para la estricta aplicación de la Constitución y las leyes a nivel local, sobre los planes de desarrollo socioeconómico y la ejecución del presupuesto, sobre la defensa nacional y la seguridad a nivel local y sobre las medidas destinadas a estabilizar el nivel de vida del pueblo, cumpliendo las tareas que les asigna el gobierno central y otras obligaciones comunes a toda la nación.
21.Los comités del pueblo, elegidos por los consejos populares, son los órganos ejecutivos de los consejos, realizan funciones administrativas a nivel local y son responsables de la aplicación de la Constitución, las leyes y otras normas promulgadas por los órganos superiores del Estado, así como de las resoluciones de los consejos populares.
Los tribunales populares y la fiscalía del pueblo
22.Los tribunales populares y la fiscalía del pueblo de la República Socialista de VietNam, en el ámbito de sus respectivas funciones, tienen la obligación de defender el cumplimiento del ordenamiento jurídico socialista, el régimen socialista y los derechos del pueblo soberano, proteger el Estado y los bienes públicos y proteger la vida, bienes, libertad, honor y dignidad de todos los ciudadanos.
23.Los órganos judiciales de la República Socialista de VietNam son el Tribunal Supremo del Pueblo, los tribunales locales, los tribunales militares y los demás tribunales establecidos por la ley.
24.La fiscalía del pueblo controla la observancia de la ley por parte de los ministerios y demás órganos gubernamentales o equivalentes, las autoridades locales, las entidades económicas y las organizaciones sociales, las unidades de las fuerzas armadas y todos los ciudadanos. Ejerce la acusación pública y garantiza la observancia estricta y coherente de la ley. Las fiscalías del pueblo locales y las fiscalías militares vigilan el cumplimiento de la ley y ejercen la acusación pública en el ámbito de las responsabilidades que les asigna la ley.
MARCO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
25.La Constitución de 1992 representa un enorme progreso al especificar los derechos y obligaciones fundamentales de los ciudadanos, en comparación con las constituciones anteriores. Es la ley básica del Estado y todo el capítulo V (artículos 49 a 82) contiene disposiciones sobre los derechos y obligaciones fundamentales de los ciudadanos. Concretamente, la Constitución de 1992 establece lo siguiente: " En la República Socialista de VietNam se respetan los derechos humanos en todos sus aspectos: políticos, civiles, económicos, culturales y sociales. Estos derechos están incorporados en los derechos de los ciudadanos y establecidos en la Constitución y en la ley" (artículo 50).
26.Algunos derechos se introducen por primera vez y otros se completan, por ejemplo los siguientes: derecho a la libertad de empresa (artículo 57); derecho a viajar libremente al extranjero y a regresar al país de conformidad con las leyes y reglamentos (artículo 68); derecho a la información de conformidad con las leyes (artículo 69); derecho de todas las religiones a la igualdad ante la ley (artículo 70) y; en especial, derecho a no ser considerado culpable ni ser castigado antes de que la sentencia dictada por el tribunal sea firme (artículo 72).
27.Asimismo, el Estado ha promulgado muchos instrumentos jurídicos (códigos, leyes, ordenanzas, decretos, circulares, etc.) para especificar esas disposiciones de la Constitución, con el fin de concretarlas en la vida diaria. En los últimos cinco años (de 1996 a 2001) la Asamblea Nacional ha aprobado 40 leyes, y el Comité Permanente de la Asamblea Nacional más de 40 ordenanzas, con el fin de crear e institucionalizar el marco jurídico para la protección de los derechos humanos en general y los derechos civiles y políticos en particular.
28.Estos importantes instrumentos relacionados con los derechos civiles y políticos son la Ley sobre la nacionalidad vietnamita, la Ley de quejas y denuncias, la Ley de educación, la Ley de prensa, revisada, la Ley de empresas, la Ley del Frente Patriótico de VietNam, el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de ciencia y tecnología, la Ley del matrimonio y la familia y la Ley de prevención y control de drogas. Las normas que se refieren a los derechos civiles y políticos son la
Ordenanza sobre los discapacitados, la Ordenanza sobre las personas ancianas, la Ordenanza sobre la salida, entrada, residencia y viajes de los extranjeros en VietNam, etc.
29.Existen además muchos más instrumentos jurídicos en forma de decretos, decisiones, reglamentos y circulares ministeriales o interministeriales que tienen por finalidad especificar la aplicación de leyes y ordenanzas y proporcionar directrices al respecto, y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
30.En los últimos años se ha reforzado aún más el mecanismo de los órganos del Estado, en especial con respecto a la formación profesional y las actividades de los tribunales y los órganos judiciales locales:
a)Se ha reforzado la formación profesional de los jueces y los asesores populares. La mayoría de los jueces poseen conocimientos jurídicos suficientes y algunos han obtenido titulación superior en derecho.
b)También se ha aumentado la formación profesional de los fiscales a todos los niveles (de distrito, provincial y central), lo que contribuye a incrementar la eficiencia de la acusación y la supervisión y a cumplir mejor la responsabilidad de proteger los derechos e intereses de los ciudadanos y a prevenir y combatir las infracciones de la ley.
c)La consolidación del mecanismo de los organismos de inspección del Estado, desde el nivel central hasta el local (Inspección General al nivel central, Inspecciones del Estado en los ministerio u órganos ministeriales, y organismos de inspección al nivel local) constituye otra característica de la atención de las necesidades de inspección durante el nuevo periodo para proteger mejor los intereses de los ciudadanos.
d)Asimismo, los colegios de abogados, los notarios públicos, los organismos de análisis forense, los órganos encargados del cumplimiento de la ley y las oficinas de asistencia judicial de los pobres también ejercen sus propias funciones de apoyo y protección de los intereses de los ciudadanos. En la actualidad, existen instituciones de esta clase en las 61 provincias y ciudades del país, y en los dos últimos años su función se ha consolidado. Hasta ahora, hay en el país 11.471 abogados (el 20% son mujeres), más de 200 notarios públicos (aproximadamente una cuarta parte son mujeres) y 4.268 funcionarios civiles encargados de hacer cumplir la ley (aproximadamente el 30% son mujeres).
III. VIET NAM Y SU ADHESIÓN A LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
31.En la actualidad VietNam es parte en ocho importantes instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1994 y 1997 VietNam se adhirió a 15 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos los Convenios números 5, 6, 14, 45, 80, 81, 100, 111, 116, 120, 123, 124, 155 y 182.
32.Más recientemente, VietNam ha firmado y está preparando la ratificación de los dos Protocolos Facultativos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, como la Convención contra la delincuencia organizada. También examina la posibilidad de adherirse a otros instrumentos de derechos humanos.
33.VietNam ha efectuado grandes esfuerzos para consolidar su mecanismo jurídico y armonizarlo con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que es parte.
34.Asimismo, el Gobierno ha dedicado enorme atención a sus obligaciones de presentación de informes periódicos en relación con dichos instrumentos. El Gobierno de VietNam presentó su primer informe sobre la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (en 1990); sus informes combinados (segundo, tercero y cuarto) acerca de la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en julio de 2001) y su tercer informe acerca de la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en agosto de 2001. Ya ha presentado su segundo informe acerca de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
PARTE II
APLICACIÓN DE LOS COMPROMISOS GENERALES EN VIRTUD DEL PACTO
Artículo 1
Derecho a la libre determinación
35.A lo largo de todo el proceso de lucha por la independencia y en la actual situación de desarrollo nacional, el Estado de VietNam, junto con todo el pueblo vietnamita, ha hecho todo lo posible por ejercer su derecho a la libre determinación para decidir libremente su destino, su propio régimen político y social y su propia vía de desarrollo nacional.
36.La Constitución de 1992 establece claramente los mecanismos político y socioeconómico del país así como su sistema de defensa y seguridad nacional, los derechos y obligaciones básicos de los ciudadanos, la estructura, organización y funcionamiento de todos los organismos del Estado y la relación entre la dirección del Partido, la soberanía popular y la administración del Estado
37.La Constitución reafirma el papel dirigente del Partido Comunista de VietNam en el Estado y la sociedad (artículo 4). Dicho artículo también estipula que todas las organizaciones del Partido funcionarán en el marco de la Constitución y la ley.
38.La Constitución reafirma el principio fundamental que rige la organización y funcionamiento del sistema político vietnamita, que se define fundamentalmente como el Estado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (artículo 2). El principal objetivo del Estado es "garantizar y mejorar la soberanía del pueblo en todas las esferas, construir un país fuerte y próspero y garantizar la justicia social, la democracia, la felicidad, la libertad y condiciones favorables para el pleno desarrollo de todas las personas". El Estado ejerce la administración de la sociedad mediante la ley basada en la legalidad socialista (artículo 12). El pueblo ejerce el poder del Estado mediante la Asamblea Nacional y los consejos populares (artículo 6).
39.Se sigue reforzando la posición y funciones de la Asamblea Nacional. La Constitución reafirma que los consejos populares son órganos locales de la autoridad estatal y reconoce el derecho del pueblo a presentarse a las elecciones así como los principios democráticos de las elecciones, de las destituciones y de la supervisión con el fin de garantizar que el Estado sea verdaderamente para el pueblo y esté supervisado por el pueblo.
40.La Constitución reconoce la soberanía popular como el derecho humano fundamental de los ciudadanos en las esferas política, civil, económica, cultural y social. El respeto de los derechos del ciudadano constituye el principio orientador de todas las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales de VietNam. El ordenamiento jurídico del país se consolida día a día sobre la base de la Constitución, en especial con respecto al derecho de voto y a ser elegido a la Asamblea Nacional y a los consejos populares de todos los niveles (artículo 54), el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 52), el derecho a la libertad de empresa (artículo 57), el derecho a estar protegido, a la herencia y a la propiedad (artículo 58), el derecho a la libertad de circulación y de residencia (artículo 68), el derecho a la libertad de religión (artículo 70), el derecho a presentar quejas y denuncias (artículo 74), el derecho a la información y de manifestación, etc.
41.Los derechos constitucionales del pueblo se han reafirmado aún más al establecerse que "pertenecen a todo el pueblo la tierra, los bosques, los ríos y lagos, las provisiones de agua, la riqueza que yace bajo tierra o que proviene del mar, así como el capital y los bienes invertidos por el Estado en empresas y obras en todos los sectores y esferas - la economía, la cultura, la sociedad, la ciencia, la tecnología, las relaciones exteriores, la defensa nacional y la seguridad - y todos los demás bienes que por ley pertenecen al Estado" (artículo 17).
42.En resumen, a nivel nacional la aplicación del derecho del pueblo vietnamita a la libre determinación se efectúa por medio de su libertad para definir su sistema político y económico, como se estipula claramente en la Constitución, y mediante el mecanismo "de la dirección del Partido, la soberanía popular y la administración del Estado". El derecho de los ciudadanos a participar en la administración de los asuntos públicos se especificará más en la sección relativa al artículo 25.
Artículo 2
Derecho a la igualdad ante la ley y a estar protegido por ella
43.Además de los instrumentos jurídicos mencionados en el segundo informe, desde julio de 1996 el Estado de VietNam ha promulgado muchos nuevos instrumentos jurídicos encaminados a seguir institucionalizando el principio de la igualdad ante la ley. Este proceso de institucionalización concuerda con el compromiso de proteger los derechos civiles estipulado por el artículo 2 del Pacto.
44.1. En lo que respecta a la igualdad de los ciudadanos en la participación en los asuntos políticos del país:
a)El derecho de voto y de presentarse a las elecciones se especifica en el artículo 54 de la Constitución de 1992, en la Ley de elección de los diputados a la Asamblea Nacional y en la Ley de elección de los miembros de los consejos populares. En 1997, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de elección de sus diputados. La Ley de 1997 vuelve a reafirmar el principio de igualdad reconocido por la Constitución de 1992 y leyes anteriores en lo relativo al derecho a presentarse a las elecciones. Los ciudadanos de la República Socialista de VietNam, con independencia del origen étnico, sexo, extracción social, creencias, religión, niveles de educación, ocupaciones y tiempo de residencia, tendrán derecho a participar en las elecciones cuando hayan cumplido 18 años, y a ser elegidos a la Asamblea Nacional cuando hayan cumplido 21 años (artículo 1).
b)La Ley de 1997 de elección de los diputados a la Asamblea Nacional especifica además los procedimientos para la presentación de candidaturas, en especial el derecho a presentarse a las elecciones a dicho órgano. En virtud de esta ley, los candidatos independientes y los propuestos tienen que cumplir los mismos requisitos de registro y consulta, lo que se considera una importante base legal para garantizar ese derecho. La Constitución de 1992 estipula que los ciudadanos tienen derecho a participar en la administración y gestión de los asuntos del Estado y la sociedad, a debatir los asuntos de interés común del país o de sus localidades y a presentar recomendaciones y peticiones a los organismos del Estado y votar en los referéndum estatales (artículo 53).
c)En la Ley de prensa revisada de 1999 se reconoce el derecho a la igualdad de participación en los asuntos importantes del país, lo que permite que todos los ciudadanos puedan expresar sus opiniones en la formulación y aplicación de las directrices del Partido y acerca de las políticas y reglamentaciones del Estado, así como opiniones sobre la situación del país y de todo el mundo (artículo 4).
45.En lo que respecta a la igualdad de derechos de los ciudadanos en las esferas civil y empresarial:
a)Además de las normas amplias del Código Civil, existen varios instrumentos recientes en los que se especifican diferentes aspectos de los derechos civiles, tales como la familia y el matrimonio, la nacionalidad, las actividades empresariales, etc.
b)La Ley de la familia y el matrimonio revisada, promulgada en 2000, reafirma la igualdad como principio fundamental del matrimonio y de la familia en VietNam (artículo 2). Este principio se refleja con todo detalle en las disposiciones relativas a la igualdad entre marido y mujer (párrafo 1 del artículo 2), la igualdad de todos los ciudadanos en el matrimonio "... la igualdad entre ciudadanos vietnamitas de diferentes orígenes o religión, entre creyentes y no creyentes y entre ciudadanos vietnamitas y extranjeros" (párrafo 2 del artículo 2) y la igualdad entre los miembros de la familia: "El Estado y la sociedad no reconocen ninguna discriminación entre los hijos, entre hijos e hijas, entre hijos biológicos y adoptados y entre hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio " (párrafo 5 del artículo 2).
c)La igualdad de los ciudadanos en materia de nacionalidad se reafirma en el artículo 1 de la Ley sobre la nacionalidad vietnamita, promulgada en 1998: "En la República Socialista de VietNam toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad y los miembros de las diferentes etnias tienen igual derecho a poseer la nacionalidad vietnamita".
d)Otro derecho civil fundamental que reconoce la Constitución es el derecho a la libertad de empresa (artículo 57). En la Ley de comercio y en la Ley de empresas privadas la igualdad entre entidades empresariales se define como uno de los principios fundamentales que rigen las transacciones comerciales. La Ley de comercio tiene un artículo relativo a la igualdad ante la ley y la cooperación comercial: "El Estado garantiza la igualdad de derechos con arreglo a la ley de los empresarios de todos los sectores económicos en sus actividades comerciales" (artículo 7). La Ley de empresas estipula que "el Estado reconoce la permanencia y el desarrollo de todas las formas de empresas previstas en la presente ley y garantiza la igualdad de las empresas ante la ley, incluidas las empresas privadas" (artículo 4).
46.En lo que respecta a la igualdad de los ciudadanos en las esferas de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología:
a)La Ley de educación de 1998 reafirma el principio de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en lo relativo a la formación y la educación, contenido en la Constitución de 1992: "La educación es un derecho y una obligación de los ciudadanos. Todos los ciudadanos, sin distinción de nacionalidad, religión, creencias, sexo, origen, antecedentes familiares o situación social o económica, tienen el derecho de gozar de igualdad de oportunidades en materia de educación. El Estado garantizará la equidad social en la educación y creará condiciones favorables para que todos tengan acceso a ella" (artículo 9).
b)La Ley de ciencia y tecnología reconoce el derecho de todas las personas a la igualdad y a la libertad de creación en actividades científicas y tecnológicas, y a la transferencia de los resultados científicos y tecnológicos de conformidad con lo dispuesto en la ley (artículo 17).
47.Al mismo tiempo que reconoce los derechos civiles, el Estado ha promulgado normas específicas sobre las responsabilidades de las autoridades competentes en lo que se refiere a proteger esos derechos y hacer frente a las infracciones que se produzcan. Junto con las disposiciones que figuran en el artículo 126 de la Constitución de 1992, la Ley de organización de los tribunales populares (artículo 1) y la Ley de organización de la fiscalía popular (artículo 2) establecen lo siguiente: "Los tribunales y la fiscalía, cada uno dentro de sus propias competencias y jurisdicción, tienen la obligación de proteger las normas jurídicas socialistas, el régimen socialista y la soberanía popular... así como la vida, los bienes, la libertad, el honor y la dignidad de todos los ciudadanos".
48.El Código Penal de 1999, promulgado por la Asamblea Nacional en sustitución del de 1985, estipula que la tarea fundamental del Código es proteger el régimen socialista, los intereses del Estado, la soberanía popular, la igualdad de todas las personas de todas las etnias y los derechos e intereses legítimos de cada ciudadano (artículo 1). En los capítulos XII, XIII, XIV y XV del Código Penal modificado se establecen penas específicas por las violaciones que se cometan de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
49.El Código de Enjuiciamiento Criminal modificado en el año 2000 se completó con disposiciones acerca de la responsabilidad de las autoridades judiciales y sus funcionarios. En el artículo 10 a se establece lo siguiente: "En el curso de las diligencias procesales, las autoridades competentes y las personas que lleven a cabo esas diligencias observarán estrictamente la ley y serán responsables de sus actos y decisiones. Quienes vulneren la ley con respecto al arresto, detención, acusación, enjuiciamiento y cumplimiento de penas estarán sujetos a medidas disciplinarias o procesamiento penal según determine la ley con arreglo a la naturaleza y gravedad de la infracción".
50.El Código Civil también contiene disposiciones sobre la indemnización de los perjuicios causados por oficiales o funcionarios del Estado o por las personas competentes de la autoridad judicial (artículos 623 y 624).
51.Los actuales instrumentos jurídicos del Estado contienen notables disposiciones de carácter amplio sobre los derechos del ciudadano en virtud de las cuales las autoridades competentes del Estado tienen que proteger los derechos e intereses legítimos de la población cuando son vulnerados. En 1998, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de quejas y denuncias en virtud de la cual los ciudadanos pueden reclamar contra las decisiones administrativas y las medidas adoptadas por un órgano administrativo o sus representantes cuando existan pruebas de que esas decisiones y medidas son ilícitas o vulneran sus derechos e intereses legítimos. Los ciudadanos tienen derecho a denunciar a cualquier autoridad u organización que vulnere o amenace con vulnerar sus intereses legítimos (artículo 1). La Ley de quejas y denuncias también contiene disposiciones acerca de la responsabilidad de la Inspección General del Estado y de la Fiscalía del Pueblo en lo que se refiere a inspeccionar y supervisar el funcionamiento de la indicada ley (artículos 11 y 12).
52.El Código Civil establece que cuando se vulneran los derechos civiles de una entidad ésta tiene derecho a solicitar reparación ante los tribunales u otras autoridades competentes del Estado, que decidirán, basándose en las circunstancias del caso, reconocer los derechos de la entidad u ordenar que se ponga fin la infracción (artículo 12).
53.El derecho de los niños a la igualdad ante la ley y a estar protegidos por ella se establece claramente en la Ley de protección, cuidado y educación de los niños promulgada en 1991. En su artículo 2 establece que los niños, independientemente del sexo y de que sean hijos biológicos o adoptados, nacidos dentro o fuera de matrimonio o hijos propios o hijastros, y sea cual fuere su origen étnico, religión, condición social y opiniones políticas de sus padres o tutores, gozarán de igual protección, cuidados y educación y demás derechos que estipule la ley. En el artículo 4 se establece que los derechos
de los niños serán respetados y aplicados. Todas las violaciones de los derechos de los niños y todos los actos que afecten al desarrollo de los niños serán castigados severamente.
54.El derecho de los niños a la igualdad ante la ley y a la protección de la ley también figuran en otros instrumentos, como el Código Penal de 1999, el Código de Enjuiciamiento Criminal revisado, el Código Civil y el Código de Trabajo.
Artículo 3
Igualdad entre hombres y mujeres
55.El contenido de esta sección se refleja plenamente en el segundo informe periódico y en los informes periódicos tercero y cuarto combinados del Gobierno de VietNam acerca de la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, presentados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en julio de 2001.
56.El artículo 63 de la Constitución de 1992 establece que los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, gozan de los mismos derechos en todas las esferas: política, económica, cultural, social y familiar. Se prohibe terminantemente toda acción que discrimine a la mujer o menoscabe su dignidad. Hombres y mujeres tienen derecho a remuneración igual por trabajo igual. Las trabajadoras gozarán de prestaciones de maternidad. Además, en muchos otros instrumentos jurídicos también se establece la igualdad de género.
57.El Código Civil de 1995 (artículo 8) establece la igualdad de todas las partes en las relaciones civiles y que nadie podrá invocar las diferencias de etnia, sexo, condición social, situación económica, creencias, religión, educación u ocupación para dar a otra persona un trato desigual.
58.En lo que se refiere a la vulneración del derecho de la mujer a la igualdad, el Código Penal de 1999 (artículo 130) dispone que quién recurriere a la violencia o a algún otro acto grave para impedir la participación en actividades políticas, económicas, científicas, culturales o sociales será amonestado, sometido a libertad vigilada durante un máximo de un año o condenado a pena de prisión de entre tres meses y un año.
59.En lo que respecta a la pena de muerte, el artículo 35 del Código Penal establece que no se aplicará a los menores, las mujeres embarazadas o las madres que estén criando hijos de menos de 36 meses de edad en el momento de cometer el delito o celebrarse el juicio. En estos casos la pena capital se conmutará por la de cadena perpetua.
60.El artículo 4 del Código de Enjuiciamiento Criminal garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley: las diligencias procesales se llevan a cabo basándose en el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin distinción alguna por razón de sexo, origen étnico, creencias, religión o condición social. Toda persona que cometa un delito será sometida a juicio.
61.La Ley sobre la nacionalidad vietnamita de 1998 establece que el Estado de la República Socialista de VietNam es el Estado unido de todas las etnias que viven en el territorio vietnamita. Los miembros de todas las etnias tienen el mismo derecho a gozar de la nacionalidad vietnamita (artículo 1) y el hecho de que el marido o la mujer adopte o pierda la nacionalidad vietnamita no afectará a la nacionalidad del cónyuge (artículo 10).
62.La Ley del matrimonio y la familia reconoce los principios de consentimiento libre, unión progresiva, monogamia e igualdad entre el marido y la mujer (artículo 2); que el matrimonio deben decidirlo voluntariamente ambos cónyuges y ninguno de ellos tiene derecho a obligar al otro con engaños; y que nadie tiene derecho a forzar o obstaculizar la celebración de un matrimonio (artículo 9).
63.El Código de Trabajo establece que el Estado garantizará el derecho al trabajo de la mujer en plena igualdad con el hombre en todos los aspectos (párrafo 1 del artículo 109) y que está estrictamente prohibido discriminar a la mujer o atentar contra su honor y dignidad humana (párrafo 1 del artículo 111). A este respecto, VietNam ha firmado el Convenio número 100 de la OIT, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por trabajo de igual valor.
64.Los Decretos del Gobierno número 29/1998/ND-CP, relativo a la democracia en las comunas, y número 71/1998/ND-CP sobre reglamentación de la democracia en los organismos del Estado, establecen, respectivamente, que las mujeres, en su calidad de ciudadanas, tienen derecho a estar informadas y a participar en las actividades de las localidades y organismos de su interés, debatirlas y supervisarlas.
65.Asimismo, la Ordenanza número 01/1998/PL-UBTVQH10, relativa a los funcionarios, y el Decreto número 95/1998/ND-CP, promulgado por el Gobierno en 1998, relativo a la contratación, empleo y administración de los funcionarios públicos, también contienen disposiciones acerca la igualdad entre hombres y mujeres.
66.Se han establecido varios organismos y organizaciones con el fin de hacer cumplir la ley y aplicar efectivamente las mencionadas políticas del Estado destinadas a proteger los derechos e intereses legítimos de la mujer. Se han registrado muchos progresos en esta esfera.
a)La Comisión Nacional de Promoción de la Mujer desempeña la función de organismo consultivo del Gobierno en lo que se refiere a la formulación de políticas relativas a la igualdad de género y a desarrollar y supervisar la aplicación de planes de acción y estrategias nacionales para el adelanto de la mujer. A este respecto se han establecido en todo el país comités nacionales de promoción de la mujer. La Comisión Nacional ha llevado a cabo diversas actividades contribuyendo de este modo de manera activa a la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
b)La Agrupación de Mujeres de VietNam, en su calidad de miembro del Frente Patriótico de VietNam, asume la responsabilidad de proteger los derechos e intereses legítimos de las mujeres.
c)El Consejo de la Mujer de la Confederación de Sindicatos de VietNam tiene por función proteger los derechos e intereses legítimos de las funcionarias civiles.
67.En realidad, la igualdad entre mujeres y hombres en las esferas política y civil es objeto de gran respeto y protección. Las mujeres son iguales a los hombres en lo que respecta a los derechos y obligaciones civiles establecidos por la ley, incluido el derecho a celebrar contratos civiles. Las mujeres son cada vez más independientes y participan con mayor confianza en las relaciones civiles. Según una encuesta en la que participaron mil mujeres, más del 76% de las que viven en ciudades y el 51,2% de las que viven en zonas rurales opinan que tienen total independencia para celebrar contratos civiles.
68.En el año 2000, la Asamblea Nacional aprobó la Ley revisada del matrimonio y la familia. Un aspecto destacable y progresivo de esta ley es que, por primera vez, marido y mujer se consideran iguales en materia de derechos de propiedad y procedimientos de inscripción, incluidos los relativos a la vivienda y los títulos que dan derecho al uso de la tierra. Cabe decir que se trata de una importante base para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres en lo que respecta a las transacciones civiles en materia de propiedad.
69.El derecho a la libertad de circulación y residencia es un derecho civil necesario e importante. El artículo 68 de la Constitución de 1992 y el artículo 44 del Código Civil de 1995 establecen claramente la igualdad de derechos de la mujer a este respecto. Las mujeres tienen derecho a la libertad de circulación y residencia según su voluntad y situación. En especial, en los últimos tres años, no ha habido ningún caso de discriminación contra el derecho de la mujer a la libertad de circulación y residencia en VietNam.
70.El derecho al uso de la tierra se rige por el artículo 1 de la Ley de la tierra, revisada, que no permite discriminación por razón de género contra los usuarios. Estos, ya sean hombres o mujeres, tienen los mismos derechos y obligaciones en lo relativo a utilizar las tierras asignadas por el Estado y firmar contratos para intercambiar, transferir, arrendar o hipotecar tierras.
71.En la esfera política las mujeres gozan de igualdad con los hombres en todas las actividades. La mujer tiene derecho de voto y de elección a los organismos del Estado. En el Plan de Acción para la Promoción de la Mujer hasta el año 2000 uno de sus cuatro objetivos es alcanzar la meta de que en dicho año haya entre el 20 y el 30% de mujeres en los organismos elegidos por el pueblo y entre el 15 y el 20% en los organismos y órganos consultivos del Gobierno a todos los niveles.
72.En 1997, el 99,90% de las mujeres participó en la elección a la Asamblea Nacional, en la que el 26,22% de los diputados fueron mujeres. En la legislatura de 1997 a 2000 se registró un aumento del 7,74% en comparación con la anterior a este respecto. VietNam figura en el noveno puesto de los 135 miembros de la Unión Interparlamentaria y es el primer país asiático en cuanto al porcentaje de mujeres en el Parlamento.
73.El Partido y el Gobierno mostraron gran interés en que se eligiera a mujeres en los tres niveles de los consejos populares durante el periodo 1999-2004 y estableció el objetivo de que por lo menos hubiera un 20% de mujeres en dichos consejos. El Comité Nacional de Promoción de la Mujer, en coordinación con la Agrupación de Mujeres de VietNam, organizó cursos de formación sobre capacidad de liderazgo en los que participaron 18.000 mujeres candidatas en 61 provincias y ciudades en el marco del proyecto VIE/96/011 financiado por el PNUD y algunos otros donantes. Cerca de 10.000 mujeres han recibido también capacitación mediante financiación nacional, por lo que el número de mujeres a las que se ha impartido formación se acerca al 50%. Como consecuencia de ello, el porcentaje de mujeres elegidas en los consejos populares durante este periodo fue superior al del anterior. Estas cifras fueron del 22,5, el 20,7 y el 16,34% a nivel provincial, de distrito y de comuna, respectivamente, lo que arroja un aumento respectivo del 2,15, el 2,6 y el 1,94%.
74.Puede decirse que al haber aumentado, tanto en calidad como en cantidad, las diputadas a la Asamblea Nacional y a los consejos populares, el papel de la mujer se afirma cada vez más en la vida política y social del país.
75.Las mujeres vietnamitas representan el 50,08% de la población, el 50,6% de la fuerza laboral y el 32,45% de los dirigentes empresariales. Están presentes en casi todos los sectores de la economía.
76.La participación de la mujer en la dirección de las organizaciones de masas continúa aumentando y alcanza aproximadamente el el 30%. Como se establece en el artículo 87 de la Constitución de 1992, la Agrupación de Mujeres de VietNam tiene el derecho de proponer y presentar proyectos de ley y ordenanzas. Esta disposición permite que las mujeres participen en la gestión del Estado y contribuyan activamente a la elaboración de políticas y leyes en general, y a la protección de los derechos e intereses de la mujer en particular.
77.En conclusión, el principio de igualdad de género y no discriminación que figura en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se ha observado plena y estrictamente en VietNam. Según el Informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano del año 2000, la clasificación de VietNam en lo que se refiere al índice de desarrollo relativo al género (IDG) es 43 veces superior a su clasificación en términos de PIB per cápita. No obstante, VietNam es plenamente consciente de los problemas y obstáculos con que todavía se sigue enfrentando para alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer.
78.Aunque la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en las esferas civiles y políticas se ha establecido claramente en todos los instrumentos jurídicos normativos, su aplicación todavía no es tan satisfactoria como se esperaba. La discriminación contra la mujer, por ejemplo en forma de matrimonio forzoso, no inscripción del matrimonio y malos tratos a la mujer en el matrimonio, todavía existe en algunas zonas, en especial en grupos étnicos minoritarios y en áreas remotas. La trata de mujeres, la prostitución y la violencia doméstica continúan constituyendo un problema.
79.En la esfera política el porcentaje de mujeres dirigentes ha aumentado aunque todavía es inferior a la capacidad y la participación de la mujer en el mundo del trabajo, en especial a nivel de las comunas. Las tareas domésticas todavía resultan muy pesadas y la perjudican en su promoción y progreso. La experiencia y los conocimientos limitados de las mujeres rurales reducen su confianza en sí mismas en la vida política de sus comunidades.
80.Con el fin de superar estos problemas se han adoptado diversas medidas, en especial mejorando la información, la educación y las actividades de comunicación para de este modo aumentar la concienciación del pueblo en lo que respecta a la igualdad de género y superar ideas anticuadas acerca de las relaciones entre el hombre y la mujer, en especial entre los grupos de las minorías étnicas de las zonas montañosas remotas. También es necesario mejorar las políticas en materia de educación y capacitación de la mujer, así como el empleo y la promoción de mujeres dirigentes, para que de este modo puedan participar con mayor eficacia en la gestión de los asuntos del Estado.
PARTE III
RESPETO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR EL PACTO
Artículo 6
Derecho a la vida
81.La Constitución de 1992, en su artículo 71, establece que "los ciudadanos tienen derecho a la inviolabilidad de la persona y a la protección legal de su vida, salud, honor y dignidad." Nadie podrá ser detenido sin que lo decida el tribunal popular o lo decida o apruebe la fiscalía del pueblo, excepto en caso de delito flagrante. El arresto y la detención deben efectuarse con arreglo a los procedimientos legales y están prohibidas todas las formas de tortura, castigo corporal o violación del honor y la dignidad del ciudadano.
82.La Constitución de 1992 también establece en el artículo 72 que "nadie podrá ser considerado culpable ni condenado hasta que la sentencia del tribunal sea firme".
83.El artículo 32 del Código Civil de 1995, relativo a la vida, la salud y la integridad física, establece que "las personas tienen derecho a la protección de su vida, salud e integridad física. Nadie podrá atentar contra la vida, la salud o la integridad física de otras personas".
84.El artículo 609 del Código Civil, relativo a la responsabilidad por daños, y perjuicios establece que "quién atente premeditada o involuntariamente contra vida, la salud, el honor, la dignidad, el prestigio, los bienes u otros intereses legítimos de una persona, o que perjudique el honor, el prestigio o los bienes de una persona jurídica o de terceros, y por consiguiente le cause daños y perjuicios, incurrirá en la responsabilidad correspondiente".
85.El derecho a la vida se ha fortalecido en las nuevas enmiendas al Código Penal en virtud de las cuales quienes causen daños a la vida, salud y dignidad de otras personas serán severamente castigados, incluyendo al mismo tiempo medidas para reeducar y rehabilitar a los que cometen esos delitos. Figuran disposiciones pormenorizadas sobre el derecho a la vida en el capítulo XII, relativo a los delitos contra la vida humana, la salud, la dignidad y el honor (artículos 93 a 122), en el capítulo XIII, relativo a los delitos contra las libertades democráticas de los ciudadanos (artículos 123 a 132), en el capítulo XIV, relativo a los delitos contra los derechos de propiedad (artículos 133 a 145), en el capítulo XV, relativo a los delitos contra el régimen matrimonial y familiar (artículos 146 a 152), en el capítulo XIX, relativo a los delitos contra la seguridad pública y el orden público (artículos 2002 a 256) y en el capítulo XX, relativo a los delitos contra el orden del aparato administrativo (artículo 257 a 276).
Pena de muerte
86.En el Código Penal de 1999 figuran 30 cargos (de un total de 263) por los que puede pedirse la pena de muerte. En comparación con el Código Penal de 1985, en el de 1999 hay 15 cargos menos de este tipo. El artículo 35 del Código define "la pena de muerte como una pena especial aplicable únicamente a las personas que cometan crímenes especialmente graves. No se aplicará a los delincuentes menores (de edades comprendidas entre los 14 años cumplidos sin haber cumplido los 18), a las mujeres embarazadas y a las que estén criando hijos de menos de 36 meses de edad en el momento de cometer el delito o ser juzgadas. La pena de muerte no se aplicará a las mujeres embarazadas o a las que estén criando hijos de menos de 36 meses de edad. En estos casos se comutará por la de cadena perpetua. Siempre que se conmute la pena de muerte, se hará por la pena de cadena perpetua".
87.El capítulo X (desde el artículo 68 hasta el artículo 77) se aplica a los delincuentes menores de edad, a los que se imponen penas menos graves que a los adultos. Los menores quedan sometidos a medidas de vigilancia y preventivas y si se dicta sentencia de prisión ésta tiene menor duración.
88.En el párrafo 5 del artículo 69 se establece que "no puede imponerse la pena de cadena perpetua o de muerte a los delincuentes menores de edad".
89.El Código de Enjuiciamiento Criminal de 2000 (revisado anteriormente en 1990 y 1992) prescribe diligencias específicas en lo que se refiere a la investigación, procesamiento y juicio de los delincuentes que pueden ser condenados a la pena de muerte, así como en lo relativo a su aplicación.
90.Durante la investigación, procesamiento y juicio, las autoridades judiciales deben adoptar medidas cuidadosas para examinar las pruebas en los casos en que pueda dictarse pena de muerte.
91.El artículo 37 establece que "en los casos siguientes (en los que puede dictarse pena de muerte como pena máxima del Código Penal) si el acusado, el encausado o su representante legal no han pedido asistencia letrada, el órgano de instrucción, la fiscalía o el tribunal deberán pedir al colegio de abogados que designe un abogado defensor".
92.El artículo 145, relativo a la competencia de los tribunales, establece que "los tribunales de distrito y los tribunales militares regionales se encargarán de celebrar los juicios de primera instancia de los delitos punibles con menos de siete años de prisión con arreglo al Código Penal." Esto significa que sólo los tribunales provinciales o los tribunales superiores pueden tener competencia para juzgar los asuntos punibles con la pena capital.
93.El artículo 160 establece que "...con respecto a los casos en que el acusado ha cometido un delito que pueda castigarse con la pena de muerte, el tribunal deberá estar compuesto por dos magistrados y tres asesores populares."
94.El artículo 228, relativo al procedimiento que debe seguirse antes de ejecutar la pena capital, establece que "al hacerse firme una sentencia de muerte, el sumario deberá ser sometido inmediatamente al magistrado que presida el Tribunal Supremo del Pueblo y deberá remitirse inmediatamente una copia de la sentencia al Presidente de la Fiscalía Suprema del Pueblo. Antes de transcurridos dos meses desde la recepción de la sentencia y del sumario, el magistrado que presida el Tribunal Supremo del Pueblo y el Presidente de la Fiscalía Suprema del Pueblo deberán decidir si desean recurrir la sentencia.... El condenado que desee solicitar al Presidente del país el indulto o la conmutación de la pena dispondrá de siete días desde el momento en que se haga firme la sentencia".
95."La pena de muerte se aplicará si no es objetada por el magistrado que presida el Tribunal Supremo del Pueblo o el Presidente de la Fiscalía Suprema del Pueblo, con arreglo al procedimiento de apelación. Si el condenado hubiera solicitado el indulto o la conmutación de la pena, la sentencia se ejecutará si el Presidente del país desestima la petición".
96.Para garantizar la moderación en la aplicación del Código Penal de 1999, la Asamblea Nacional y el Comité Permanente de la Asamblea Nacional han promulgado, respectivamente, la Resolución 32/1999/QH10 y la Resolución 229/2000/NQ-UBTVQH10, que proporcionan directrices específicas respecto de la aplicación de las disposiciones del Código Penal relativas a las mujeres embarazadas, a las que críen a niños que tengan menos de 36 meses de edad y a los demás delincuentes.
97.En los últimos años, el ordenamiento jurídico de VietNam se ha mejorado mediante la promulgación de leyes fundamentales relativas a los derechos de los ciudadanos a la vida, por ejemplo el Código Civil, la Ley del matrimonio y la familia, el Código del Trabajo, el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Criminal, etc. Estas leyes están en vigor y han sido bien recibidas y cumplidas por el pueblo.
Artículo 7
Prohibición de la tortura, los castigos corporales y los tratos inhumanos
98.Para prevenir y hacer frente a actos de esta clase que de alguna manera puedan perjudicar la vida, la salud y la dignidad de los ciudadanos, además de las disposiciones establecidas en la Constitución de 1992 (artículo 71), el Código Civil (artículos 32 y 609) y otros instrumentos jurídicos (Ley de protección, cuidado y educación de los niños; Ordenanza sobre la ejecución de las penas de prisión; Reglamento de los centros de detención), el Código Penal revisado de 1999 contiene nuevas disposiciones sobre la clasificación de los delitos, la especificación de los actos delictivos y las agravantes aplicadas a los delitos en que se hayan producido palizas brutales o castigos corporales que causen lesiones a las personas,.lo que pone claramente de manifiesto el interés del Estado de prevenir activamente este tipo de delito y luchar contra él (véase más adelante la sección sobre el artículo 9, relativo al derecho a la libertad y la inviolabilidad de la persona).
99.Muchos otros instrumentos jurídicos prohiben estrictamente la tortura, por ejemplo, el Reglamento sobre la detención y la prisión temporales, adjunto al Decreto 89/1998/ND-CP del Gobierno, de 7 de noviembre de 1998, y el Reglamento sobre la realización de la detención y la prisión temporales y las investigaciones por las fuerzas de seguridad pública (artículo 8), que prohiben todos los actos que puedan amenazar la vida, la salud, los bienes y la dignidad de las personas bajo detención y prisión temporal. El Reglamento de la democracia en las prisiones y los centros de detención y rehabilitación dependientes del Ministerio de Seguridad Pública (artículo 15) destaca que se protegerá la vida, la salud y la dignidad de los presos y los detenidos. Está prohibido terminantemente que los funcionarios y el personal de prisiones y centros de detención y rehabilitación cometan cualquier acto de tortura o conculquen la dignidad de los detenidos.
100.En los últimos años se ha luchado estrictamente contra las vulneraciones cometidas por autoridades, que se han evitado básicamente. Algunos casos de mala conducta de funcionarios debido a negligencia o falta de responsabilidad han sido objeto de la debida amonestación y castigo (en forma de medidas disciplinarias, expulsión del servicio, pago de indemnización, etc.)
101.El Código Penal de 1999, al incluir nuevas penas y sentencias más severas, ha puesto de manifiesto, por una parte, la determinación firme de VietNam de luchar contra este delito. Por otra parte, la supresión de una serie de duras penas que se aplicaban a delitos anteriormente considerados graves y reducirse las penas o conmutarse por otras menores refleja claramente la actitud civilizada y humana adoptada por el Estado de VietNam.
102.Como resultado del nuevo criterio de no criminalizar actos que no requieren necesariamente medidas penales según se menciona en el párrafo anterior, muchos delincuentes que cumplen sentencia o están acusados pueden quedar en libertad o ver conmutada su sentencia o sobreseido su caso. A algunos delincuentes condenados a la pena capital se les conmutó por la de cadena perpetua o penas inferiores.
Artículo 8
Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso
103.En la Constitución de 1992 de la República Socialista de VietNam se establece que "los ciudadanos tienen derecho a la inviolabilidad de la persona y a la protección legal de su vida, salud, honor y dignidad" (artículo 71) y que "los ciudadanos tienen la obligación de realizar trabajos de interés público de conformidad con lo que disponga la ley" (artículo 80).
104.El Código de Trabajo (aprobado por la Asamblea Nacional el 23 de junio de 1994) establece que "todas las personas, independientemente del sexo, raza, origen social, creencias o religión, tienen derecho a trabajar y a elegir libremente su trabajo y ocupación. Está prohibido maltratar a los trabajadores y emplear mano de obra forzosa en cualquier forma" (artículo 5).
105.La Ordenanza sobre la realización obligatoria de trabajos de interés público prohibe esta práctica en proyectos del Estado a partir del nivel de distrito o con fines comerciales. Los comités del pueblo y los consejos populares tienen que consultar a la población local acerca de las obras públicas de su localidad. Sólo si expresan su consentimiento podrán las autoridades locales movilizar mano de obra para efectuar los trabajos de interés público que la población local haya decidido.
106.Como se ha indicado, la esclavitud y el trabajo forzoso no existen legalmente y tampoco en la práctica, de ninguna forma, en VietNam.
Artículo 9
Derecho a la libertad y la inviolabilidad de la persona
107.El derecho a la libertad y la inviolabilidad de la persona es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos que está protegido por la ley. Se castigan los actos que atentan contra la vida, la salud y la dignidad ajenas. Este principio figura evidentemente en la Constitución de 1992, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Enjuiciamiento Criminal, la Ordenanza sobre la ejecución de las penas de prisión, el Reglamento de los centros de detención y otros instrumentos mencionados en los informes periódicos primero y segundo.
108.En los últimos años el Estado de la República Socialista de VietNam ha reforzado gradualmente e institucionalizado las normas relativas al ejercicio y protección de este derecho.
109.El Código Penal revisado que aprobó la Asamblea Nacional el 21 de diciembre de 1999 ha introducido modificaciones radicales en las penas impuestas por atentar contra la vida, la salud y la dignidad de la persona. El Código Penal de 1999 tiene como nueva característica el aumento del número de disposiciones relativas a los delitos contra la vida, la seguridad y la dignidad de la persona (contiene 10 artículos más que el Código Penal de 1985), incluidos los delitos de abuso sexual contra los niños y de trata, intercambio fraudulento o secuestro de niños, que antes estaban castigados con penas menores o no se consideraban delitos contra la vida, la seguridad y la dignidad de la persona. Además, se han añadido al Código Penal algunos delitos nuevos, como contagiar el VIH a otras personas (artículo 117) y transmitir intencionalmente el VIH a otras personas (artículo 118).
110.La mayor especificación de los factores que constituyen un delito punible y el aumento de las penas por esos delitos reflejan el deseo del Estado de dar mayor importancia al derecho a la inviolabilidad de la persona y la prohibición estricta de esos delitos.
111.El Código Penal de 1999 establece de manera más específica los delitos cometidos vulnerando el procedimiento judicial (capítulo XXII) con el fin de aumentar la responsabilidad del personal judicial encargado de proteger las libertades de los ciudadanos, entre ellas la inviolabilidad de la persona.
112.Los delitos cometidos por personal judicial están sometidos a penas más graves que antes, por ejemplo, penas de prisión más severas (en lo que se refiere a algunos delitos la sentencia máxima ha pasado de 7 a 15 años). En la actualidad ha dejado de aplicarse para estos delitos la libertad condicional.
113.Para garantizar la aplicación efectiva del Código Penal de 1999 y al mismo tiempo proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y evitarles detenciones, ingreso en prisión, acusaciones y juicios, la Asamblea Nacional aprobó, el 9 de junio de 2000, el Código de Enjuiciamiento Criminal revisado que establece explícitamente que las personas que llevan a cabo diligencias procesales tienen que cumplir estrictamente la ley y asumir la responsabilidad de sus propios actos y decisiones. Quienes infrinjan la ley en el curso de detenciones, ingreso en prisión, investigaciones, enjuiciamientos y condena de personas o en el cumplimiento de la sentencia, estarán sujetos a medidas disciplinarias o acusación penal según la gravedad de la infracción cometida (artículo 10 a).
114.En lo que respecta a la prisión preventiva, algunas disposiciones del Código se han revisado para aplicarla únicamente a los que preparen la comisión de un delito muy grave que esté penado con más de 7 años de prisión (5 años, anteriormente). Para garantizar la legalidad de esta medida de emergencia y evitar abusos de poder, la autoridad que la decrete tiene que informar de inmediato por escrito a la fiscalía, adjuntando los documentos pertinentes para su aprobación.
115.En lo que respecta a las condiciones aplicables y a las personas sometidas a la prisión provisional se procedió a revisar el Código de Enjuiciamiento Criminal para incluir disposiciones más pormenorizadas y restrictivas. En la actualidad se aplica a los delitos especialmente graves.
116.El segundo párrafo del artículo 70 del Código de Enjuiciamiento Criminal establece que "cuando el acusado sea una mujer embarazada, una mujer que críe a un hijo de menos de 36 meses de edad, un anciano con mala salud o una persona que sufra una enfermedad grave y tenga un domicilio fiable, no estará sometido a arresto temporal sino a otras medidas preventivas, excepto en casos especiales".
117.En lo que se refiere a la duración de la prisión provisional, el Código de Ejuicionamiento Criminal acorta el tiempo en casos de delitos menos graves con el fin de obligar a las autoridades investigadoras a que finalicen con rapidez su labor dentro de los plazos establecidos.
118.En lo que se refiere al derecho a juicio dentro de un plazo razonable de toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal mencionada en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto, este plazo, con arreglo al Código de Enjuiciamiento Criminal, no superará los 30 días en el caso de delitos menos graves, 45 días en el caso de delitos graves, dos meses en el caso de delitos muy graves y tres meses en el caso de delitos especialmente graves, a contar desde el momento en que los tribunales reciban los expedientes del asunto, enviados por las autoridades investigadoras. El juez adoptará una de las decisiones siguientes, independientemente de que el acusado esté o no preso:
a)Iniciar la vista
b)Devolver el expediente para que prosiga la investigación
c)Sobreseer o aplazar el asunto
119.En casos complicados, el juez que presida el tribunal está facultado para prolongar el plazo anterior a la vista, en no más de 15 días cuando se trata de delitos menos graves y graves, y en no más de 30 días cuando se trata de delitos muy graves y especialmente graves. Una vez adoptada la decisión, la vista empezará en el plazo de 15 días. Podrá empezar en el plazo de 30 días si se justifica el motivo del retraso.
120.En lo que respecta al derecho a ser indemnizado en caso de detención o prisión ilegal, el artículo 72 de la Constitución de VietNam establece que "toda persona detenida, presa, acusada o juzgada de manera no conforme a la ley tendrá derecho a recibir indemnización y rehabilitación moral. Se actuará severamente contra cualquier órgano que haya actuado contrariamente a la ley en la detención, mantenimiento en prisión, acusación o enjuiciamiento de una persona ocasionándole perjuicio".
121.Abundando en esta disposición constitucional, el artículo 24 del Código de Enjuiciamiento Criminal establece que "las autoridades que detengan o envíen a alguien a prisión de manera ilícita tendrán que rehabilitar e indemnizar a la víctima". Asimismo, el Gobierno publicó, el 3 de mayo de 1997, el Decreto 47/CP, relativo a la indemnización por daños y perjuicios causados por funcionarios y autoridades judiciales. En la actualidad, el Gobierno está elaborando un instrumento jurídico sobre la indemnización de las víctimas (de diligencias penales ilícitas), que se presentará al Comité Permanente de la Asamblea General para su aprobación, destinado a proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.
122.Los recursos humanos se consideran muy valiosos para la sociedad. En consecuencia, el Estado da gran importancia a su protección y a garantizar los derechos de los ciudadanos a las libertades y a la inviolabilidad de la persona. Todo lo que vulnere estos derechos da origen a la imposición de penas
severas cuando se trata de delitos contra la vida, la salud, la dignidad y las libertades, en especial los cometidos por personas del ámbito judicial.
123.Existen muchas causas que conducen a la vulneración de las libertades y la inviolabilidad de los ciudadanos, en especial el insuficiente conocimiento de las leyes y normas. Además, tampoco las personas conocen muy bien sus derechos y obligaciones. Muchos funcionarios, en especial los de nivel local en general y algunos de los sectores judicial de investigación y de policía, no son suficientemente capaces.
124.Para resolver este problema el Estado de VietNam ha aumento en los últimos años su exigencia frente a esas infracciones, reforzando al mismo tiempo su labor de difusión de la información jurídica y de educación de la población, así como capacitando a los funcionarios públicos para que mejoren su capacidad profesional y su ética de trabajo, en especial los que se ocupan de llevar a cabo investigaciones y de hacer cumplir la ley.
Artículo 10
Derecho del detenido a un trato humano
125.El Estado de VietNam considera que las condenas de prisión no tienen por finalidad castigar física o mentalmente al preso ni humillarle. El objetivo principal es educarlo para que se convierta en un buen ciudadano.
126.En los últimos años el Estado ha examinado permanentemente la legislación sobre la detención y la represión de los delitos y ha publicado documentos a diferentes niveles y en varias esferas para mejorar el sistema jurídico en relación con los derechos de las personas privadas de libertad. El Estado también garantiza que estos derechos se cumplan efectivamente y de conformidad con las condiciones específicas de VietNam.
127.El Decreto número 89/1998/ND-CP sobre la detención y prisión temporal (que sustituyó al Decreto número 149/HDBT, de 5 de mayo de 1992) incluyó las disposiciones positivas ya existentes en relación especialmente con las normas de detención y tratamiento médico. Dicho decreto también añadió nuevas disposiciones para mejorar el derecho de los presos (tanto vietnamitas como extranjeros) autorizando en especial a los condenados a la pena capital a mantener reuniones con sus familiares.
128.Los presos en establecimientos penitenciarios recibirán trato humano de conformidad con los instrumentos jurídicos en vigor, como la Ordenanza sobre la ejecución de las penas de prisión (20 de marzo de 1993), el Reglamento de establecimientos penitenciarios (Decreto número 60/CP, de 6 de septiembre de 1993), las Circulares interministeriales número 03/TTLN (30 de junio de 1993), número 11/TTLB (20 de diciembre de 1993) y número 12/TTLB (20 de diciembre de 1993), publicadas por los organismos pertinentes para ordenar el cumplimiento de los reglamentos y las condiciones aplicables a los presos en relación con la alimentación, el vestido, el alojamiento, el trabajo y el aprendizaje, el ocio, la atención médica, las reuniones con la familia y amigos, y la recepción de suministros, las recomendaciones y conmutaciones de penas de prisión, etc. En especial, la Ordenanza sobre la ejecución de las penas de prisión, publicada el 8 de marzo de 1993, establece claramente que los presos menores de edad y las mujeres presas deberán estar en zonas separadas y gozar de un trato más favorable en lo que respecta a los regímenes de vigilancia, educación, trabajo, aprendizaje y condiciones de vida, adaptados a su sexo y edad. Todo ello pone de manifiesto el carácter humano del Estado y el trato que da a los que cometieron delitos y han sido penados por la ley.
129.Para mejorar las actividades relacionadas con el cumplimiento de la ley, el Ministerio del Interior (actualmente, Ministerio de Seguridad Pública) publicó la Decisión número 197/QD-BNV (X13), el 26 de abril de 1996, para que el Departamento de Administración Penitenciaria del Ministerio gestionase de forma unificada todos los establecimientos provinciales y locales, incluidos los centros de reeducación y rehabilitación.
130.Transcurridos cinco años desde que empezó a aplicarse esta decisión, la infraestructura de reeducación y rehabilitación ha mejorado básicamente y también lo ha hecho la calidad de esas actividades. Además, han mejorado las condiciones de vida y la existencia material y moral de los presos. (En estas mejoras cabe citar lo siguiente: decenas de miles de presos han sido sometidos a examen y tratamiento médico; se han evitado epidemias; no se ha dado ningún caso de agotamiento y muerte por agotamiento; todos los establecimientos penitenciarios tienen electricidad; el 70% de los presos, que al principio eran analfabetos, han aprendido a leer y a escribir; se ha dispuesto que los presos trabajen 40 horas semanales; se ha puesto a su disposición diarios y aparatos de televisión). En muchas prisiones se han instalado aulas, bibliotecas, salas de lectura, clubes y grupos musicales, y se realizan competiciones de oficios y actividades deportivas, atendiendo así las necesidades básicas de carácter cultural e informativo. Personas, organismos y organizaciones, así como organizaciones internacionales, han reconocido la gran utilidad de esas actividades de carácter humanitario.
131.Para ayudar a los presos a este respecto, los establecimientos penitenciarios organizan periódicamente reuniones de las familias para informar acerca de los resultados del proceso de rehabilitación y examinar conjuntamente medidas que garanticen la reeducación y rehabilitación efectiva de los internos.
132.Para ayudar a los presos a reinsertarse en la sociedad como buenos ciudadanos y trabajadores, se han concertado acuerdos entre los establecimientos penitenciarios y los organismos y las autoridades laborales de diferentes niveles con el fin de instalar 24 centros de capacitación profesional destinados a decenas de miles de internos a los que se proporciona capacitación en artesanía, mecánica, confección de prendas de vestir y textiles. Muchos presos, después de cumplir sus condenas, han podido encontrar trabajo en estas esferas y ganarse la vida.
133.Para aumentar la concienciación acerca de las responsabilidades de quienes se ocupan directamente de hacer cumplir la ley, en 1998 el Ministerio de Seguridad Pública organizó cursos de capacitación para su personal y funcionarios de investigación y de prisiones en todo el país.
134.Además de las actividades administrativas mencionadas, VietNam también presta atención suficiente a la vigilancia y la inspección. La fiscalía del pueblo ha encargado a sus funcionarios que vigilen y supervisen directamente los establecimientos penitenciarios en sus respectivos niveles. En consecuencia, toda infracción se ha detectado a tiempo y en varios casos se han abierto diligencias procesales.
135.Continuando la política de clemencia, en los últimos años el Estado de VietNam ha concedido amnistías y conmutado las penas de decenas de miles de presos. Sólo en el año 2000, el Presidente del Estado decidió amnistiar y liberar a 23.337 presos antes de que cumplieran la totalidad de su sentencia y conmutó las de más de otros 10.000. En esa ocasión, las autoridades también decidieron que centenares de personas condenadas suspendieran o retrasaran por motivos humanitarios el cumplimiento de sus sentencias.
136.En la actualidad se están efectuando inversiones financieras y en educación para mejorar aún más la calidad del sistema penitenciario, incluida la educación y rehabilitación de los presos. Mejora continuamente la moralidad, aptitud y capacidad del personal que trabaja en esta esfera, con el fin de garantizar el derecho de los presos a ser tratados de manera humana con arreglo al proceso de reforma.
Artículo 11
Prohibición de las penas de prisión por no poder cumplir una obligación contractual
137.El Código Penal de 1999 tiene 344 artículos, pero en ninguno de ellos se establece la responsabilidad penal de las personas que no hayan cumplido sus obligaciones contractuales. Tampoco existe ninguna disposición en otros códigos o leyes que establezcan responsabilidad criminal por incumplimiento de obligaciones contractuales.
138.En VietNam hay tres tipos de contratos: contratos civiles, contratos económicos y contratos laborales. Cada tipo de contrato se rige por un instrumento jurídico diferente.
139.El Código Civil de 1995 rige los contratos civiles. En el capítulo II figuran las disposiciones de los contratos civiles comunes (artículos 421 a 598) y otros tipos de contratos, como los de transferencia de derechos del uso de la tierra (artículos 669 a 713), los contratos para el arrendamiento del derecho al uso de la tierra (artículos 714 a 726) y los contratos para hipotecar el derecho al uso de la tierra (artículos 727 a 737). El artículo 27 del Código de Trabajo de 1994 rige los diferentes tipos de contratos laborales. La Ordenanza de contratos económicos también contiene disposiciones sobre los diferentes tipos de contratos de esta clase.
140.En caso incumplimiento de obligaciones contractuales la principal responsabilidad consiste en tener que pagar indemnización. El incumplimiento de obligaciones contractuales no constituye un delito penal, excepto en caso de abuso de poder, fraude y apropiación ilegal de bienes ajenos durante la ejecución del contrato. En tales casos se trata de delitos penales que se tratarán de conformidad con el procedimiento criminal.
141.El Código de Trabajo tiene un capítulo sobre contratos laborales (capítulo IV), en el que se especifican los derechos y obligaciones de las partes en los contratos de trabajo. Si una de las partes incumple el contrato, la pena máxima aplicada es la indemnización material, pero no una pena de prisión.
Artículo 12
Derecho de los ciudadanos a la libertad de circulación y residencia
142.En cumplimiento del principio fundamental de que "los ciudadanos tienen derecho a la libertad de circulación y de residencia dentro del país y podrán viajar libremente al extranjero y regresar al país de conformidad con cuanto dispone la ley" (artículo 68 de la Constitución de 1992) y teniendo en cuenta la norma de que "la circulación y la elección de residencia de una persona son decididas por la propia persona según sus necesidades, capacidad y situación" (artículo 44 del Código Civil de 1995), el Estado de VietNam ha introducido en los últimos años políticas y normas más específicas y claras para garantizar el derecho de los ciudadanos a la libertad de circulación y residencia.
143.Se ha mejorado la reglamentación de la circulación y residencia de los ciudadanos en el país en atención a las necesidades de desarrollo socioeconómico y para facilitar la actividad empresarial y los viajes de la población. Se han suprimido muchos procedimientos administrativos engorrosos. Se han modificado documentos legales carentes de interés o se han sustituido por nuevos documentos que se han dado a conocer públicamente para información y su utilización.
144.El Gobierno de VietNam publicó el Decreto número 51/CP, de 10 de mayo de 1997, relativo al control e inscripción en el registro de familias (en sustitución del Decreto número 04/HDBT, de 7 de enero de 1988). Asimismo las autoridades, en su Circular número 06/TT-BNV(C13), de 20 de junio de 1997, han impartido instrucciones específicas más amplias con requisitos menos estrictos sobre las cuotas, y suprimido aspectos carentes de interés en las condiciones en materia de residencia.
145.Gracias a la nueva reglamentación, transcurridos sólo tres años, centenares de miles de personas que cumplen los requisitos han obtenido el certificado de residencia en las zonas urbanas o se han trasladado a las nuevas zonas económicas.
146.La diferencia de desarrollo socioeconómico de las diferentes regiones suele provocar una migración incontrolada y una reubicación de los trabajadores. El Estado proporciona una enorme asistencia financiera para estabilizar la vida de los migrantes y al mismo tiempo formula programas de desarrollo socioeconómico que dan prioridad a la población de las zonas montañosas y remotas con el fin de disminuir la diferencia de desarrollo existente entre estas zonas y el resto de país.
147.En 1999 y 2000 el Estado gastó más de 1.700 millones de dong en 5.035 proyectos de transportes, escuelas y clínicas en 3.078 comunas. Hasta ahora se han construido más de 330 centros culturales comunales que han entrado en funcionamiento de conformidad con la Decisión número 35/TTg, de 13 de enero de 1997, relativa al programa de construcción de centros colectivos para las comunas de las zonas montañosas, lo que ha contribuido mucho al programa de estabilización socioeconómica y de la población en las zonas montañosas y remotas. En el año 2001, el presupuesto del programa de erradicación del hambre y mitigación de la pobreza, conocido como Programa 135, se aumentará entre 200.000 y 300.000 millones de dong por año.
148.El Estado de VietNam también ha promulgado numerosas normas específicas sobre la vivienda (entre ellas la Directiva número 191/CT-TTg, de 3 de abril de 1996, relativa a la venta de casas que sean propiedad del Estado y la concesión de certificados sobre derechos de propiedad de la vivienda y derechos de uso de la tierra en zonas urbanas; la Directiva número 18/CT-TTg, de 1 de julio de 1999, relativa a la concesión de certificados de derechos agrícolas y del uso de tierras rurales; el Decreto número 45, de 3 de agosto de 1996, que completa las normas sobre derechos de propiedad de viviendas y derechos de uso de la tierra en zonas urbanas; y el Decreto número 25/ND-CP, de 19 de abril de 1999, sobre el procedimiento para establecer derechos de propiedad de viviendas) con el fin de facilitar el reasentamiento permanente. El Estado también ha construido una serie de zonas residenciales y edificios elevados para proporcionar vivienda a la población.
149.El 5 de noviembre de 2001, el Primer Ministro publicó el Decreto número 81/2001/ND-CP por el que se autoriza a determinadas categorías de vietnamitas del extranjero a comprar y poseer una vivienda para residir en VietNam.
150.En lo que respecta a la circulación de ciudadanos vietnamitas, el Gobierno publicó la Decisión número 957/1997/QD-TTg, de 11 de noviembre de 1997, para facilitar los procedimientos de inmigración, lo que supuso la supresión del visado de salida para los ciudadanos vietnamitas que viajan al extranjero. La normativa acerca de la libertad de los ciudadanos para viajar a países extranjeros y volver a VietNam figura en el Decreto número 05/2000/ND-CP, de 3 de marzo de 2000, relativo a la inmigración de ciudadanos vietnamitas, que contiene disposiciones más abiertas. El Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores publicaron la Circular interministerial número 02/1998/BNV-BNG que proporciona directrices específicas para aplicar los instrumentos mencionados. Como resultado de ello, durante los seis primeros meses de 1998 el número de vietnamitas que viajaron al extranjero aumentó en más del 22% en comparación con el mismo periodo de 1997. Para garantizar y aumentar aún más la libertad de viajar de sus ciudadanos, el Estado de VietNam está estudiando la posibilidad de promulgar una ordenanza sobre salida y entrada con el fin de atender las necesidades de desarrollo económico y aumento del nivel de vida del pueblo.
151.Siguiendo la política de apertura e integración económica, en todo el país todas las actividades socioeconómicas, en especial en las zonas fronterizas, han registrado cambios importantes en los últimos años. La apertura y desarrollo de nuevos puntos fronterizos de entrada y de zonas económicas requiere ajustes, tanto de escala como de forma, para controlar la residencia y circulación de los ciudadanos (en las zonas fronterizas). A este respecto el Gobierno introdujo el Decreto número 34/2000/ND-CP, de 18 de agosto de 2000, relativo a la normativa aplicable a las zonas fronterizas terrestres (en sustitución de los tres decretos sobre la normativa aplicable a las zonas fronterizas con China, Laos y Camboya) que suprimió casi todos los documentos que los ciudadanos tenían que presentar cuando entraban en zonas fronterizas. Asimismo, según este decreto, los extranjeros que no sean residentes en las provincias o ciudades fronterizas y que deseen entrar en ellas podrán recibir autorización en la provincia o ciudad de que se trate, en vez de tener que solicitarla a nivel central.
152.El Gobierno de VietNam también ha examinado más pormenorizadamente los requisitos aplicables en materia de repatriación de los vietnamitas que viven en el extranjero. A este respecto, junto con la Decisión número 59/QD-TTg, de 4 de febrero de 1994, el Primer Ministro, el 21 de noviembre de 1996, publicó la Decisión número 875/GD-TTg por la que se autoriza la repatriación de los vietnamitas del extranjero. Dicha decisión establece con claridad que en el plazo de 30 días los repatriados podrán proceder a inscribir su domicilio y lugar de residencia y gozarán plenamente de todos los derechos de nacionalidad.
153.En lo que respecta a los ciudadanos vietnamitas a los que otros gobiernos han autorizado a residir en sus respectivos países por diferentes razones (entre otras, negocios, reunificación familiar o motivos humanitarios), el Estado de VietNam les facilita su salida y la resolución de los asuntos relacionados con sus propiedades.
154.En lo que respecta a los vietnamitas a los que ya no se les permite residir en otros países, el Gobierno de VietNam desea cumplir sus responsabilidades y acogerlos de nuevo. VietNam ha firmado acuerdos a este respecto con los Países Bajos, en 1994, con Alemania y el Canadá, en 1995, y con Australia, en 2001, y está llevando a cabo negociaciones con varios otros países. Para llegar a una solución sostenible y estable de otros problemas y cuestiones relacionadas con los vietnamitas que residen en el extranjero, el Primer Ministro ha pedido a las autoridades competentes que examinen y celebren acuerdos bilaterales con los países de que se trate (Directiva número 747/CT-TTg, de 15 de noviembre de 1995), lo que también tiene por finalidad establecer un mecanismo de cooperación con esos países extranjeros a fin de garantizar los intereses legítimos de los vietnamitas que vuelven al país y de los residentes en el extranjero.
155.Al mismo tiempo, el Gobierno alienta a los ciudadanos vietnamitas que viven en el extranjero a que inviertan en VietNam y autoriza y facilita sus visitas al país o su repatriación.
156.En la actualidad viven en el extranjero más de dos millones de vietnamitas, en más de 70 países. El Estado siempre atribuye gran importancia a la protección de sus ciudadanos residentes en el extranjero, lo que constituye una constante de su política. Así se afirma claramente en las Constituciones de VietNam. Con arreglo a la Constitución de 1992, el Gobierno es el más alto organismo de administración del Estado encargado de proteger a los ciudadanos vietnamitas en el extranjero. Con arreglo a la Ordenanza consular de 19 de noviembre de 1990 y el Decreto número 189/HDBT, de 4 de junio de 1992, los consulados de VietNam tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos vietnamitas en los Estados donde vivan, y restablecer esos derechos e intereses legítimos cuando se hayan vulnerado. También proporcionarán ayuda a los ciudadanos vietnamitas en caso de detención o prisión y los representarán en otros asuntos, como los de herencia y protección. La protección de los ciudadanos vietnamitas se hará de conformidad con las leyes del Estado
donde vivan y las de VietNam, así como con los tratados internacionales en los que VietNam y el Estado de que se trate sean partes, y con la práctica internacional.
157.En pocas palabras, el Estado de VietNam ha hecho todo lo posible para garantizar el derecho de los ciudadanos a la libertad de circulación y residencia y para establecer condiciones favorables a fin de que puedan ejercerlo. No obstante, es necesario destacar que al mismo tiempo este derecho guarda relación con las obligaciones de los ciudadanos respecto de la comunidad y por consiguiente está sometido a algunas limitaciones, las cuales se hacen públicas y sólo se aplican a personas especificadas, como aquellas que por decisión de los tribunales se encuentren detenidas de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal; o en las zonas que, como las fronterizas o las restringidas, se determinan en el Decreto número 42/HDBT, de 29 de enero de 1993, relativo al estatuto de la zona fronteriza entre VietNam y Camboya, la Decisión número 128/TTg, de 1 de diciembre de 1992, por la que se establecen las zonas y lugares en que deben fijarse señales viarias por las que se restrinja la circulación y la residencia, o la Decisión número 56/CP, de 18 de septiembre de 1995, relativa al alquiler de casas en VietNam por extranjeros y vietnamitas residentes en el extranjero.
Artículo 13
Derechos y obligaciones de los extranjeros que residen en Viet Nam
158.Los extranjeros que residen legalmente en el territorio de VietNam gozan de protección. Las leyes vietnamitas protegen sus derechos e intereses fundamentales. Según el artículo 81 de la Constitución de la República Socialista de VietNam, "los extranjeros residentes en VietNam recibirán protección en lo que respecta a su vida, bienes e intereses legítimos de conformidad con la legislación nacional". Según las actuales disposiciones legislativas, los intereses jurídicos de los extranjeros que residen en VietNam están protegidos adecuadamente y únicamente los que hayan vulnerado la ley pueden ser expulsados en virtud de una resolución judicial penal de un tribunal vietnamita o una decisión administrativa de una autoridad del país (lo que en adelante se denominará expulsión penal o expulsión administrativa).
159.La expulsión penal figura en las disposiciones del Código Penal (que entró en vigor el 1 de julio de 2000) y en la Ordenanza relativa a la entrada, salida y residencia de los extranjeros en VietNam (28 de abril de 2000).
160.El artículo 32 del Código Penal de 1999 establece lo siguiente: "Corresponde a los tribunales determinar la expulsión, como pena principal o adicional, según cada caso concreto".
161.La expulsión es una nueva forma de castigo que se ha introducido en el Código Penal de 1999. Tiene por finalidad reducir los casos de prisión, la cual es más severa que la expulsión y, caso de que se dicte, la persona de que se trate tiene que cumplir la sentencia en un establecimiento penitenciario del país.
162.Una vez condenado, el extranjero residente en VietNam goza de los mismos derechos que los vietnamitas, según se determina en el Código de Enjuiciamiento Criminal, incluido el derecho a defenderse y el derecho a apelar.
163.El Código de Enjuiciamiento Criminal establece que los acusados tienen derecho a defenderse personalmente o a solicitar al tribunal la designación de un abogado defensor. Los acusados e inculpados podrán defenderse personalmente en su propio idioma y se proporcionará traducción al vietnamita. En el plazo de 15 días desde la fecha en que se dicte la sentencia o la orden de expulsión, el condenado tiene
derecho a apelar a un tribunal superior de conformidad con el procedimiento del tribunal de apelación. Sólo se procederá a la expulsión cuando haya entrado en vigor la orden correspondiente.
164.El Decreto número 21/2001/ND-CP sobre la aplicación de la Ordenanza relativa a la entrada, salida y residencia de extranjeros en VietNam, de 28 de abril de 2000, y el Decreto 54/2001/ND-CP, sobre la aplicación de las órdenes de expulsión, establecen que los extranjeros residentes en VietNam serán expulsados en los casos siguientes: 1) cuando hayan cometido un delito pero queden exentos de responsabilidad penal; 2) cuando hayan vulnerado gravemente la legislación vietnamita y estén sujetos a sanción administrativa; y 3) por razones de seguridad nacional y orden público (artículo 17 del Decreto número 21/2001/ND-CP).
165.En caso de desacuerdo con la orden de expulsión, el extranjero o su representante legal tendrán derecho a apelar (Ordenanza sobre infracciones administrativas).
166.La orden y la decisión de expulsión se notificarán a la persona a la que afecte en un plazo no inferior a las 24 horas antes de su ejecución. Sólo cuando el interesado se niegue a que se ejecute la orden de expulsión, se procederá a la expulsión forzada (artículo 17 de la Ordenanza relativa a la entrada, salida y residencia de los extranjeros en VietNam).
167.En el proyecto de ordenanza sobre infracciones administrativas (que se está procediendo a modificar) habrá una nueva disposición por la cual la expulsión administrativa deberá ajustarse a la Ordenanza de entrada, salida y residencia de los extranjeros en VietNam.
Artículo 14
Derecho a la igualdad ante los tribunales y a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial
168.El artículo 52 de la Constitución de 1992 de la República Socialista de VietNam establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Asimismo, en el artículo 8 de la Ley de organización de los tribunales populares se indica que "el Tribunal Popular celebrará los juicios de acuerdo con el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, independientemente del sexo, origen étnico, creencias religiosas y origen o condición social".
169.En el artículo 4 del Código de Enjuiciamiento Criminal (9 de junio de 2000) se establece que "el procedimiento penal parte del principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin distinción alguna por razón de sexo, origen étnico, creencias religiosas y origen o condición social. Toda persona que cometa un delito será castigada con arreglo a la ley".
170.El principio de que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley" se define de manera más concreta en otras disposiciones del Código, así como en otras leyes conexas, como se indica en el segundo informe periódico.
Artículo 15
Prohibición de la retroactividad en el Código Penal
171.El principio de no retroactividad tiene gran importancia en el Código Penal de VietNam y figuró por primera vez en el de 1985 (artículo 7). Se ha mantenido hasta la fecha en todo el proceso de desarrollo de la legislación penal. La esencia del principio de no retroactividad se refleja claramente en el artículo 7 del Código Penal de 1999: "La ley que tipifique un delito debe estar vigente en el momento en que se cometiere el delito".
172.Sin embargo, inspirado por las políticas humanitarias del Estado de la República Socialista de VietNam de conformidad con el espíritu del artículo 15 del Pacto ("Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello"), el derecho penal de VietNam permite la aplicación del principio de retroactividad a los hechos criminales cometidos antes de la entrada en vigor del Código Penal en el caso de que las disposiciones recientemente introducidas puedan beneficiar a los delincuentes.
173.Con arreglo a la Resolución número 32/1999/QH10 de la Asamblea Nacional, relativa a la aplicación del Código Penal, las disposiciones del Código que se indican a continuación entrarán en vigor desde la fecha de su notificación pública: la pena capital no se impondrá a quienes hayan cometido un delito para el cual el Código Penal la haya abolido, por ejemplo, a las mujeres embarazadas y a las mujeres que tengan que criar a hijos de menos de 36 meses de edad en el momento de cometer el delito o durante el juicio; si se ha dictado ya pena de muerte con respecto a esas personas pero no se ha ejecutado, se conmutará por la siguiente pena máxima (es decir, la cadena perpetua) fijada por el nuevo Código Penal.
174.Desde 1996, cuando entró en vigor el Código Penal, las disposiciones en materia de no retroactividad se han observado estrictamente, garantizando los derechos jurídicos de los delincuentes. Cabe citar como caso típico el de la sentencia de cadena perpetua dictada en vez de la pena capital contra NguyenThiDienQuynh (que mató a su hijastra arrojándola al río Rojo).
Artículo 16
Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
175.En el artículo 16 del Código Civil de la República Socialista de VietNam se establece la capacidad jurídica de la persona (ya indicada en el párrafo 85 del segundo informe periódico).
176.Los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 del Código Civil contienen otras disposiciones específicas sobre la capacidad de la persona para realizar acciones civiles como se indica a continuación: sólo las personas que hayan cumplido 18 años de edad tienen plena capacidad para realizar actos civiles; las personas que han cumplido los seis años de edad pero no tengan todavía 18 años tienen capacidad limitada para ejecutar acciones civiles; las personas que no hayan cumplido seis años de edad no poseen capacidad para ejecutar acciones civiles.
177.En muchas esferas, la legislación determina específicamente los requisitos de edad para realizar transacciones y contratos, por ejemplo:
a)en el ámbito laboral: (Ibid. apartado 1 del párrafo 87 del segundo informe periódico);
b)en el ámbito del matrimonio y la familia: (Ibid. apartado 2 del párrafo 87 del segundo informe periódico);
c)en el ámbito de las transacciones civiles: (Ibid. párrafo 88 del segundo informe periódico);
d)en el ámbito del derecho de sufragio, activo y pasivo:
178.El artículo 54 de la Constitución de 1992 de la República Socialista de VietNam establece lo siguiente: "Los ciudadanos, independientemente del origen étnico, sexo, situación social, religión, educación, ocupación o tiempo de residencia, tendrán derecho a voto tras alcanzar la edad de 18 años, y derecho a presentarse a las elecciones a la Asamblea Nacional y a los consejos populares, conforme a lo dispuesto en la ley, al cumplir la edad de 21 años". Esta disposición se especifica en el artículo 2 de la Ley de elección de los diputados a la Asamblea Nacional, de 17 de abril de 1997, y en el artículo 2 de la Ley de elección de los diputados a los consejos populares, de 5 de julio de 1994 (ya enmendada).
179.Además de estas disposiciones sobre el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica, la legislación vietnamita contiene normas acerca de las condiciones y procedimientos para determinar la pérdida de capacidad en lo relativo a realizar acciones civiles y la capacidad limitada a este respecto (artículos 24 y 25 del Código Civil).
Artículo 17
Derecho a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la correspondencia
180.El derecho a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la correspondencia figura en la Constitución de 1992.
181.Aunque en el Código Penal de 1999 no figuran nuevos delitos, el contenido sustantivo de las disposiciones relativas a ese delito se han modificado notablemente, con lo que resulta más concreto y está mejor articulado.
182.Se ha modificado el delito de violación del domicilio de los ciudadanos mediante la adición de agravantes, concretamente la violación organizada o las que tienen graves consecuencias; se ha suprimido la libertad condicional y la pena de prisión más baja se fija actualmente en un año (antes, seis meses).
183.Se han ampliado las disposiciones sustantivas en lo que se refiere a los delitos de violación del secreto de la correspondencia, las conversaciones telefónicas y los telegramas, que actualmente abarcan una mayor variedad de posibilidades, concretamente el derecho a la seguridad y el secreto de télex, faxes y otros mensajes enviados por medios electrónicos. Se han añadido mayores penas para los delitos organizados, el abuso de poder, los delitos continuados, las consecuencias graves y la reincidencia.
184.Las penas de prisión oscilan entre tres meses y dos años para esos delitos. Además, la multa máxima ha pasado de dos a veinte millones de dong (anteriormente de uno a cinco millones).
185.Con fines de investigación y represión, se autoriza a las autoridades competentes a registrar el domicilio de los delincuentes y examinar, incautar o bloquear objetos, documentos, cartas, telegramas y paquetes a condición de que se cumplan estrictamente los procedimientos legales y las autoridades se ajusten a su competencia.
186.El Código de Enjuiciamiento Criminal modificado de 2000 contiene una disposición específica sobre la responsabilidad de mantener intactos los objetos, documentos, cartas, telegramas y paquetes incautados o bloqueados. Si los encargados de conservar esos objetos rompen el sello o los utilizan, trasladan, sustituyen fraudulentamente, esconden o destruyen serán responsables ante la ley.
187.El derecho a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la correspondencia está garantizado no sólo por las leyes penales y el Código de Enjuiciamiento Criminal sino también por muchas otras normas jurídicas, concretamente la Resolución 58/1998/NQ/UBTVQH, de fecha 24 de agosto de 1998, relativa a las transacciones civiles relacionadas con propiedades inmobiliarias celebradas antes del 1 de julio de 1991. Basándose en esta resolución, muchas viviendas abandonadas o empleadas para otros fines, o alquiladas sin ajustarse al procedimiento legal en vigor, u ocupadas debido a razones históricas o guerras, etc., se han devuelto a sus propietarios o se les ha indemnizado satisfactoriamente de conformidad con el
Decreto del Gobierno 25/1999/ND-CP, de fecha 19 de abril de 1999, y la Circular del Ministerio de Construcción 02/1999/TT-BXD.
188.Cuando el Estado confisca tierras con fines de defensa nacional y seguridad o por razones de interés nacional y público, debe pagar indemnización y darle publicidad con el fin de armonizar los fines del Estado con los intereses y aspiraciones del pueblo. Quienes tengan que cambiar de vivienda pueden elegir la forma de indemnización, ya sea en efectivo o a cambio de otra casa o tierras de valor y situación similar. Si no desean vivir en zonas urbanas, recibirán una suma adicional en efectivo equivalente al 10% del valor de su anterior propiedad, además de las nuevas tierras asignadas (Decreto 22/1998/ND-CP, de fecha 24 de abril de 1998).
189.Además de los esfuerzos para garantizar el decho a la inviolabilidad del domicilio, también se presta especial atención al derecho al secreto de la correspondencia.
190.Además de las estipulaciones antes mencionadas, el Gobierno promulgó, el 12 de noviembre de 1997, el Decreto 109/1997/ND-CP sobre correos y telecomunicaciones, por el que institucionaliza una serie de principios acerca del respeto del secreto de la correspondencia, según se indica a continuación: se prohibe la apropiación, destrucción, apertura, sustitución y revelación del contenido de paquetes, envases o telegramas ajenos; las organizaciones y las personas que efectúan servicios de transporte son responsables de la seguridad de los objetos durante su traslado; las autoridades competentes no controlarán las cartas y tarjetas postales enviadas de VietNam a países extranjeros y viceversa; los paquetes que no haya sido posible entregar a sus destinatarios o a personas autorizadas que los custodien, y que no se hayan devuelto a los remitentes o a las personas autorizadas a recibirlos, se guardarán como mínimo durante 12 meses desde la fecha del envío y transcurrido este plazo se considerarán paquetes sin identificar de los que se ocupará un organismo que levantará acta pormenorizada.
191.La supervisión de las actividades de la red de correos y telecomunicaciones, así como el examen, inspección e incautación de paquetes y de telegramas de organizaciones e individuos correrá a cargo únicamente de las autoridades competentes del Estado de conformidad con lo dispuesto en la ley. Está prohibido abrir para su examen los paquetes transportados, excepto en casos especiales de emergencia, por razones de seguridad determinadas por el Ministerio de Seguridad Pública o por el Jefe del Departamento General de Correos, o en casos en que existan pruebas evidentes de que dichos paquetes contienen estupefacientes, drogas o productos precursores o estimulantes, según se prescribe en la Ley de prevención y control de drogas aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de diciembre de 2000.
192.Gracias a estas disposiciones pormenorizadas y estrictas, en los últimos años se ha garantizado el derecho de los ciudadanos al secreto de la correspondencia (no se denunció ningún caso a este respecto). En la actualidad, el Estado de VietNam sigue reforzando la garantía del derecho a la libertad y la democracia en general y a la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la correspondencia en particular, tanto en lo que respecta a las normas jurídicas como a su aplicación efectiva.
Artículo 18
Libertad de conciencia y de religión
193.VietNam es un país con numerosas religiones. Las seis más importantes son las siguientes: budismo, catolicismo, protestantismo, islamismo, caodai y hoahao, que reúnen a más de 20 millones de fieles lo que supone una tercera parte de la población. El Estado de VietNam respeta y protege la libertad de conciencia y de religión.
194.En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de 1992, el Código Civil de la República Socialista de VietNam aprobado el 28 de octubre de 1995 establece que "en las relaciones civiles las partes son iguales; no podrán invocar las diferencias de origen étnico, sexo, condición social, situación económica, creencias, religión, nivel de educación y ocupación como razones para un trato discriminatorio" (artículo 8), "La ley respeta y protege la libertad de contraer matrimonio entre personas pertenecientes a etnias, nacionalidades o religiones diferentes y entre personas creyentes y no creyentes" (artículo 35) y "Todas las personas tienen derecho a trabajar. Todas las personas tienen derecho al empleo y pueden elegir libremente su trabajo u ocupación sin ser discriminadas por razón de sexo, etnia, condición social, creencias o religión" (artículo 45).
195.El derecho a la libertad de conciencia y de religión también está consagrado en los artículos 81, 124 y 205 a del Código Penal, en el artículo 4 del Código de Enjuiciamiento Criminal y en los artículos 9 y 16 de la Ley de educación.
196.El 19 de abril de 1999, el Gobierno promulgó un nuevo Decreto (número 26/1999/ND/CP) sobre las actividades religiosas, en sustitución de otro anterior promulgado en marzo de 1991. Este decreto expresa la política amplia del Estado de VietNam en lo que respecta a la libertad de conciencia y de religión en el nuevo contexto de protección de los derechos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, prohibe toda violación del derecho a la libertad de conciencia y de religión, así como abusar de las religiones para realizar actividades ilícitas contra el Estado causando desordenes públicos y dañando la unidad nacional.
197.En los últimos años, el Estado alienta a los fieles a que participen en actividades educativas, caritativas y humanitarias bajo la orientación de los organismos pertinentes. Se crean condiciones favorables para que las organizaciones religiosas y las personas lleven a cabo intercambios internacionales y estudios en el extranjero (véase el cuadro estadístico sobre emigración y estudios en el extranjero). Gracias a esta política, se registra un fuerte crecimiento del número de creyentes en VietNam (véase el anexo número 4).
198.Como parte de los programas de intercambio entre organizaciones religiosas de VietNam y del mundo exterior, muchas personas y representantes de organizaciones internacionales de esta clase han visitado el país, por ejemplo, de las Congregaciones Internacionales, las Conferencias Episcopales de Francia y Estados Unidos, las Organizaciones Budistas del Japón, de ABCP, y representantes de organizaciones protestantes extranjeras.
199.En VietNam, toda organización religiosa cuyos objetivos y principios sean conformes a la Constitución y a la legislación estará autorizada y protegida por la ley. Los creyentes de religiones no institucionalizadas como organizaciones también pueden practicar libremente sus creencias en lugares de culto reconocidos y en el hogar (Decreto 26/1999/ND-CP). En la actualidad el Estado reconoce oficialmente la condición jurídica del Consejo del Patronato y del Consejo Ejecutivo de Sangha Budista de VietNam, la Conferencia Episcopal de la Congregación Católica de VietNam, nueve Consejos Sacerdotales CaoDai, el representante de la Junta Budista Hoa Hao, la federación de Asociaciones del Protestantismo de VietNam (zona norte), la Junta Ejecutiva de la Confederación de Asociaciones Protestantes de VietNam (zona sur) y el representante de la Junta de la Comunidad Islámica de la ciudad de Ho Chi Minh.
200.Las organizaciones religiosas tienen derecho a abrir escuelas de formación de jerarcas religiosos y sacerdotes.
201.Existen muchas escuelas de formación budista de nivel avanzado e intermedio. En 1993 había 22 y ahora hay 34. En estas instituciones se ha capacitado a unos 6.7000 monjes y monjas budistas. Antes de
1975 sólo existía una universidad budista y ahora hay tres institutos de budismo. Hasta ahora, 235 monjes y monjas han recibido formación en el extranjero desde 1992, y 167 desde 1996.
202.Las escuelas católicas incluyen muchos grandes seminarios destinados a formar sacerdotes de esta religión. En 1987 se inauguró uno, y posteriormente otros tres en 1988, uno en 1991 y uno en 1994. Hasta ahora hay en total seis seminarios, en los que han estudiado 1.591 personas y 654 han sido ordenadas sacerdotes católicos.
203.El Vaticano puede nombrar sacerdotes católicos previa consulta con el Estado de VietNam y obtener su acuerdo. Existen en total 37 obispos en la actualidad, cinco de ellos nombrados en 1999, dos en 2000 y tres en 2001.
204.Otras religiones también imparten clases de formación de jerarcas, de conformidad con sus formas de capacitación.
205.El Estado crea las condiciones favorables para que los jerarcas religiosos y los creyentes estudien en el extranjero y celebren cursos prácticos e intercambios en asuntos religiosos con otros países.
206.Entre 1993 y noviembre de 2001 han realizado estudios en el extranjero 1.457 jerarcas religiosos, sacerdotes y creyentes (cursos de larga y de breve duración, budistas: 664; católicos: 1.185; protestantes: 33; musulmanes: 180), que han asistido a conferencias o efectuado viajes de intercambio sobre asuntos religiosos. Algunas de estas personas han obtenido títulos superiores (licenciaturas y doctorado) en sus estudios.
Artículo 19
Libertad de expresión
207.El derecho a la libertad de expresión que figura en el conjunto de instrumentos jurídicos de VietNam tiene dos dimensiones:
a)el Estado reconoce y garantiza el derecho de los ciudadanos a expresar sus propias opiniones y vivir con arreglo a ellas y
b)el Estado especifica las obligaciones de sus órganos para facilitar la plena aplicación de este derecho y prestar la debida atención a las opiniones expresadas por los ciudadanos. Todo ello aparece consagrado en las Constituciones de VietNam y otras leyes fundamentales del país en todas las fases en que se han desarrollado.
208.La Constitución de 1992 establece lo siguiente: "El ciudadano tiene derecho a participar en la administración del Estado y en la organización de la sociedad, y en los debates sobre los problemas del país y la región, y a presentar recomendaciones o peticiones a los órganos del Estado" (artículo 53) y "El ciudadano gozará de libertad de expresión y de libertad de reunión, asociación y manifestación de conformidad con lo dispuesto en la ley" (artículo 69); "El ciudadano tiene derecho a recibir información" (artículo 69); "El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de este derecho" (artículo 112). Más concretamente, la Constitución de 1992 establece que "los órganos, los dirigentes y los funcionarios del Estado deberán respetar al pueblo, escuchar sus opiniones y someterse a su vigilancia; deberán oponerse firmemente a toda manifestación de burocracia, arrogancia, arbitrariedad y corrupción" (artículo 8).
209.La Constitución también define claramente las obligaciones de los órganos representantes del pueblo para ayudarle a gozar del derecho de que se respeten las opiniones personales. El artículo 97 establece que "los diputados de la Asamblea Nacional deben recoger y expresar fielmente las opiniones y aspiraciones de sus electores en la Asamblea Nacional y los órganos del Estado de que se trate".
210.En el artículo 98 se establece que los diputados de la Asamblea Nacional tienen derecho a interpelar al Presidente del Estado, al Presidente de la Asamblea Nacional, al Primer Ministro, a los ministros y a los demás miembros del Gobierno, al Presidente del Tribunal Supremo del Pueblo y al Presidente de la Fiscalía Suprema del Pueblo. En caso de que sea necesario efectuar una investigación, la Asamblea Nacional podrá decidir que la respuesta se efectúe ante su Comité Permanente o en el siguiente periodo de sesiones, o puede autorizar también que se dé por escrito.
211.Además de la Constitución, otras leyes y normativas especifican con mayor detalle el contenido de este derecho. La Ley de prensa promulgada en 1989 y revisada en 1999 determina que los ciudadanos tienen derecho a expresar sus opiniones en los medios informativos de conformidad con lo dispuesto en la ley. También se reitera el derecho de la prensa a no estar sometida a censura. Además, existen otros 15 decretos gubernamentales y 23 circulares que proporcionan orientaciones para la aplicación de la legislación en esta esfera.
212.El Decreto número 133/HD-BT, de fecha 20 de abril de 1992, relativo a la aplicación de la Ley de prensa, establece que "la prensa tiene la responsabilidad de recibir y publicar las opiniones y recomendaciones del pueblo. Si no se publican en el plazo de un mes, las agencias de prensa tienen que responder con una explicación clara" (artículo 1). "Transcurridos 15 días desde la fecha de recepción de la queja de un ciudadano o de la prensa, los jefes de los órganos del Estado o de las organizaciones sociales de que se trate tienen que responder y comunicar las medidas que hayan adoptado" (artículo 2).
213.En la actualidad existe una limitación: la ley no permite las editoriales privadas. En el presente contexto de VietNam, esta norma es necesaria. El país tratará de hacer todo lo posible para mejorar gradualmente el marco general a este respecto.
214.Debe reconocerse sin embargo que el derecho a la libertad de expresión en general y el derecho a la libertad de palabra en particular no se ejerce libremente sin limitaciones, como se refleja también en el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto. Es preciso evaluar dos aspectos de esta disposición: por una parte, el Estado tiene que definir claramente la obligación de sus órganos de prestar debida atención y respeto a las opiniones de los ciudadanos. Por otra parte, los ciudadanos tienen la obligación de actuar de conformidad con la ley, respetar los derechos y la fama de los demás, y tener debidamente en cuenta los intereses ajenos y la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la moral. Los ciudadanos tienen que asumir su responsabilidad acerca de la validez y veracidad de la información, las opiniones y los puntos de vista que presenten en la prensa.
215.El Gobierno de VietNam aplica constantemente una política de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos en todas las esferas: civil, política, económica, social y cultural. El Gobierno da gran importancia a la aplicación de estos derechos y libertades, incluida la libertad de prensa. Antes de que entrara en vigor la Ley de prensa de 1992, había en VietNam unos 60 diarios. En la actualidad existen casi 600 diarios y periódicos, 400 de los cuales son no gubernamentales. Esta cifra pone de manifiesto el hecho real de que el derecho a la libertad de prensa se aplica en la práctica. La prensa es hoy en día una fuerza muy poderosa de nuestra sociedad que contribuye a la protección de los intereses de las personas, a luchar contra la corrupción y a proporcionar un foro de debate público sobre diferentes asuntos.
Artículo 20
Prohibición de la propaganda de la guerra, la hostilidad, la discriminación y la violencia
216.En su historia de construcción y defensa nacional, el pueblo vietnamita fue ampliamente conocido por su humanidad y tradición de tolerancia. En su fase actual de defensa y construcción nacional, gracias a su política exterior de diversificación y multilateralización de las relaciones externas "VietNam desea ser un amigo y un asociado fiable de todas las naciones que luchan por la paz y el desarrollo", razón por la cual la propaganda de la guerra, la hostilidad y la discriminación es intolerable.
217.La Ley de prensa establece que los medios informativos tienen la obligación de "no incitar a la violencia, no hacer propaganda de la guerra de agresión y no sembrar la enemistad entre las naciones y los pueblos" (segunda parte del artículo 10).
218.El Código Penal considera punibles las actuaciones "que hacen propaganda de la guerra psicológica" (apartado 1 b del artículo 88) y" siembran la división entre personas de diferentes capas sociales; siembran el odio, la discriminación o la división étnica; siembran la división entre personas creyentes y no creyentes; y socavan la aplicación de las políticas de solidaridad internacional" (apartado 1 del artículo 87).
219.Asimismo, en el artículo 2 de la Ley de publicaciones se determina la necesidad de controlar y prohibir las obras que realizan propaganda a favor de la violencia y la guerra de agresión y siembran la enemistad entre las naciones y los pueblos.
220.La Ley de educación también contiene disposiciones "que prohiben las actividades educativas encaminadas a desviar las orientaciones, políticas y legislación del Estado destruyendo la unidad nacional, incitando a la violencia y haciendo propaganda de la guerra de agresión".
Artículo 21
Derecho a la libertad de reunión
221.El derecho a la libertad de reunión está consagrado en el artículo 69 de la Constitución de 1992.
222.Un aspecto del derecho a la libertad de reunión reconocido especialmente en los instrumentos jurídicos adoptados recientemente es el derecho de huelga. En el artículo 7 del Código de Trabajo, promulgado en 1994, se afirma que "los trabajadores tienen el derecho de huelga de conformidad con las disposiciones de la ley", y en los artículos 172 y 173 se define el procedimiento que es preciso seguir para declarar huelga en las empresas. Asimismo, el artículo 178 establece que "se prohibe estrictamente todo acto de represión o represalia contra personas que participen o tengan una función de dirección en una huelga".
223.El 11 de abril de 1996, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional promulgó la Ordenanza sobre los procedimientos de solución de los conflictos laborales, que incluye disposiciones para resolver las huelgas con miras a proteger los derechos e intereses de ambas partes en los contratos de trabajo, incluidos los intereses de la sociedad y del Estado. Según dicha ordenanza, para que una huelga sea legal tiene que cumplir las condiciones siguientes: ser consecuencia de una disputa laboral; declararse en la empresa afectada; que el sindicato no esté de acuerdo con las decisiones adoptadas por los árbitros de trabajo provinciales y no se haya recurrido a los tribunales para llegar a una solución; que las huelgas organizadas en empresas de servicios de utilidad pública esenciales para la economía nacional, la
seguridad y la defensa se lleven a cabo con arreglo con lo que determine el Gobierno; que no se vulnere ninguna decisión del Primer Ministro sobre la suspensión o anulación de la huelga.
224.Con arreglo al Código de Trabajo y a la Ordenanza sobre los procedimientos de solución de los conflictos laborales que definen el derecho de llevar a cabo una huelga y resolverla, el Gobierno promulgó, el 29 de agosto de 1996, el Decreto 51-CP atendiendo la solicitud de los sindicatos de realizar huelgas en los locales de empresas en los que no estaban permitidas, y el Decreto 58-CP, de 31 de mayo de 1997, relativo al pago de los salarios y otras remuneraciones a los trabajadores en huelga.
225.Según el Decreto 51-CP, de fecha 29 de agosto de 1996, y el artículo 74 del Código de Trabajo, las huelgas están prohibidas en determinadas empresas de servicios públicos, por sus posibles grandes consecuencias sobre las actividades locales, o en grandes zonas industriales, así como en empresas que fabrican o suministran productos esenciales para la vida y la economía del país, y en empresas que suministran productos destinados directamente a la seguridad y la defensa.
226.En lo que se refiere a esas empresas, los departamentos provinciales de trabajo, inválidos y asuntos sociales, en coordinación con los organismos interesados, organizarán reuniones todos los seis meses para recabar opiniones de los representantes de los trabajadores y los empleadores de dichas empresas con el fin de responder oportunamente a las demandas legítimas de los trabajadores. En caso de que se pida a esos departamentos que resuelvan cuestiones que escapan a su competencia, tendrán que informar al comité del pueblo de nivel local y provincial, al Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales y a otros organismos pertinentes del Estado para que encuentren soluciones.
227.Según el Decreto 58-CP, de fecha 31 de mayo de 1997, el pago de los salarios y otras remuneraciones a los trabajadores que participan en una huelga se basará en las decisiones que adopte el tribunal acerca de la licitud del paro y las faltas que haya cometido cada parte en el cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo. En caso de que el tribunal decida que la huelga es legal y la culpa es del empleador, los empleados cobrarán el salario correspondiente a los días de huelga y gozarán de otras prestaciones definidas en el Código de Trabajo (artículos 1 y 2).
228.El derecho a la libertad de reunión también está reconocido y protegido por la legislación penal en general y por el Código Penal de 1999 en particular.
Artículo 22
Derecho a la libertad de asociación
229.El derecho de asociación está reconocido en el artículo 69 de la Constitución de 1992 en los términos siguientes: "Los ciudadanos gozarán del derecho de celebrar reuniones, formar asociaciones y organizar manifestaciones de conformidad con la ley". Este derecho también figura en las leyes penales y en el Código Penal de 1999.
230.Antes de 1996, las actividades de las asociaciones se regían por la Ley número 102-SL/L004, de 20 de mayo de 1957, y por el Decreto de aplicación número 258/TTg, de 14 de junio de 1957, y la Directiva número 01-CT/HDBT, de 5 de enero de 1989, sobre gestión de la organización y actividades de las organizaciones de masas, y la Directiva de aplicación número 202-CT/HDBT, de 5 de junio de 1990 (como se menciona en el segundo informe periódico).
231.En los últimos años, las organizaciones y asociaciones se han desarrollado rápidamente a los niveles central y local. El Gobierno ha publicado normas para fomentar las actividades y mejorar la función de las asociaciones en el periodo de industrialización y modernización, por ejemplo, el Decreto
del Primer Ministro número 14/2000/CT-TTg, de 1 de agosto de 2000, sobre la aplicación de medidas encaminadas a mejorar la eficacia de la Unión Vietnamita de Asociaciones Científicas y Técnicas, y el Decreto número 06/2000/CT-TTg, de 9 de abril de 2001, sobre la aplicación de medidas encaminadas a mejorar la eficacia del Colegio de Abogados de VietNam, o la Resolución interinstitucional del Ministerio de Salud y de la Sociedad de la Cruz Roja de VietNam, número 01/1999/NGLT-BYT-CTD, de 5 de agosto de 1999, sobre la aplicación de estrategias de atención pública de salud desde ahora hasta el año 2000 y a partir del 2002. El Gobierno prepara en la actualidad un proyecto de ley de asociaciones que presentará a la Asamblea Nacional en sustitución del decreto de 1957.
232.En la actualidad existen 216 organizaciones de masas que actúan como asociaciones nacionales en todo el país con autorización del Primer Ministro y de organismos pertinentes del Estado. Además, en provincias y en las ciudades funcionan más de 300 asociaciones. Existen las siete grandes uniones de asociaciones siguientes:
a)Unión de Asociaciones Científicas y Técnicas
b)Asociación General de Medicina y Farmacia
c)Unión de Asociaciones de Arte y Literatura
d)Unión de Organizaciones de Amistad
e)Asociación (Federación) de Deportes
f)Asociación de Organizaciones Económicas
g)Asociaciones Independientes
233.Hay además miles de clubes, grupos, diferentes tipos de equipos y estructuras autorizados a nivel local para actuar en la esfera caritativa o de la asistencia mutua.
234.Las actividades de las asociaciones se basan en los principios de la participación voluntaria de sus miembros, la autogestión y la autofinanciación, y del cumplimiento de la ley. El Gobierno podrá conceder asistencia financiera basándose en las actividades, programas y proyectos llevados a cabo por las asociaciones, de conformidad con las normas del Estado encaminadas a alentar esas actividades y contribuir a la aplicación de la política de desarrollo socioeconómico en interés de la comunidad social.
235.Sindicatos: el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos se establece claramente en la Ley de sindicatos de 1990. Basándose en dicha ley, el Código de Trabajo especifica en sus disposiciones pertinentes las obligaciones y facultades de los sindicatos de todos los niveles, con el fin de definir claramente y mejorar su posición. El Código de Trabajo también define las responsabilidades de los empleadores en lo que respecta al reconocimiento de los sindicatos y a cooperar con ellos, ofreciéndoles condiciones favorables para funcionar de conformidad con la Ley de sindicatos y el Código de Trabajo. En virtud de estos instrumentos, está prohibida toda injerencia en las actividades de los sindicatos.
236.Hasta ahora se han establecido 18 sindicatos a nivel central y 6.020 a nivel de base. Los sindicatos participan en la formulación de las políticas laborales, protegen los derechos e intereses legítimos de los empleados mediante directrices sobre la firma de convenios laborales y desempeñan la función de representantes en las negociaciones para la firma de convenios colectivos, la solución de controversias y la vigilancia de la aplicación del derecho laboral. Sin embargo, debido al retraso existente en el
establecimiento de sindicatos de base y provisionales, todavía entre el 70 y el 80% de las empresas no pertenecientes al Estado carecen de sindicatos.
Artículo 23
Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia
237.La familia desempeña una importante función en la sociedad vietnamita como núcleo de la sociedad. Asimismo, es el medio en que se educa para la vida y se forma la personalidad de cada persona, preparándola para integrarse en la comunidad social y contribuir activamente a la causa de la construcción y la defensa nacional. El Estado ha adoptado muchas medidas positivas y crea condiciones favorables para garantizar a los ciudadanos el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia.
238.En la Constitución (artículo 64) y en el Código Civil (artículos 35, 36 y 38) se establece que los ciudadanos vietnamitas, hombres y mujeres, tienen derecho a contraer matrimonio y fundar una familia ateniéndose a los principios de consentimiento libre, unión progresiva, monogamia e igualdad entre marido y mujer, incluso en caso de disolución del matrimonio.
239.Este principio de la Constitución y del Código Civil se específica aún más en la Ley del matrimonio y la familia de 2000:
240.El artículo 9 de la indicada ley estipula que "el matrimonio lo deciden voluntariamente el hombre y la mujer, ninguno de ellos puede forzar ni engañar al otro y nadie puede obligar a dos personas a casarse ni impedírselo". La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años en el caso de la mujer y de 20 en el caso del hombre. La norma sobre la edad mínima no supone ninguna discriminación entre el hombre y la mujer sino que se debe al desarrollo físico y psicológico del pueblo vietnamita y tiene por objeto asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los cónyuges en calidad de esposa (marido) y madre (padre) a fín de proteger la salud física y mental de los hijos y adaptarse a las tradiciones morales del pueblo vietnamita. El artículo 7 de la Ley del matrimonio y la familia describe las circunstancias en que está prohibido contraer matrimonio.
241.El artículo 19 de la indicada ley sigue confirmando la igualdad de ambos cónyuges como principio fundamental que abarca todo el sistema de matrimonio y familia durante el nuevo periodo del país: "El marido y la mujer son iguales en derechos y obligaciones en todos los aspectos de la familia".
a)Mientras vivan juntos:
i)Marido y mujer tienen derecho a elegir el domicilio sin verse ligados por costumbres, hábitos o fronteras administrativas (artículo 20), deben respetar el derecho a la libertad de religión y conciencia del otro cónyuge (artículo 22) y han de contribuir a crear condiciones favorables para que ambos puedan mejorar su nivel educativo, sus conocimientos profesionales teóricos y prácticos y su participación en las actividades políticas, económicas, culturales y sociales y en la elección de profesión (artículo 23);
ii)Marido y mujer tienen iguales derechos y obligaciones en lo que respecta a la posesión, uso y disposición de los bienes comunes (artículo 28);
iii)El marido y la mujer tienen igual derecho a representar al otro cónyuge si éste pierde su capacidad civil, y a obligarse conjuntamente en transacciones civiles (artículos 24 y 25);
iv)El padre y la madre tienen el derecho y la obligación de cuidar, criar, atender y proteger los derechos e intereses legítimos de sus hijos (artículo 34), de educarlos, cuidarlos y crear las condiciones necesarias para que estudien (artículo 37) y de ser sus representantes legales (artículo 39);
b)En caso de divorcio:
i)En caso de que no puedan vivir juntos, cada uno de los cónyuges, o ambos, tienen derecho a pedir el divorcio ante los tribunales (artículos 90 y 91).
ii)El tribunal está obligado a intentar la reconciliación para salvar la relación marital antes de pronunciar la sentencia de divorcio (artículo 88). En los trámites de divorcio se protegen los derechos de la mujer y por ello el marido no puede solicitar el divorcio cuando su esposa está embarazada o criando a un niño menor de 12 meses (artículo 85). Después del divorcio, el marido y la mujer siguen estando obligados a alimentar, atender, educar y criar a sus hijos, y se tendrán en cuenta los intereses de los niños para decidir qué persona asumirá la responsabilidad directa de criarlos (artículos 92 a 94). La división de bienes después del divorcio contará con la protección de la ley (artículos 95, 96, 97 y 98).
242.Comparada con anteriores leyes sobre el matrimonio y la familia, la ley de 2000 contiene disposiciones adecuadas sobre los derechos y obligaciones de ambos cónyuges en lo que respecta al matrimonio y la familia, de conformidad con el desarrollo de la economía de mercado vietnamita.
243.El Código Penal de la República Socialista de VietNam, en su artículo 146, establece que "todo el que obligue a una persona a contraer matrimonio contra su voluntad o mediante fuerza física, malos tratos, coerción mental, exigencia de bienes u otros medios, o le impida contraer o mantener los vínculos de un matrimonio contraído por su libre albedrío, será amonestado, estará sujeto a vigilancia durante un periodo máximo de tres años o será condenado a pena de prisión de tres meses a tres años." Los artículos 148 y 149 estipulan que quienes concierten el matrimonio de personas que no hayan alcanzado la edad legal para contraerlo o quienes lo inscriban en el registro sabiendo claramente que los solicitantes no tienen derecho a contraerlo, serán amonestados, estarán sujetos a un periodo de prueba en régimen abierto durante un periodo máximo de dos años o serán condenados a pena de prisión de tres meses a dos años.
244.El Estado y las organizaciones sociales dan gran importancia a la difusión de las leyes sobre el matrimonio y la familia entre el pueblo y los niños de las escuelas, y a la educación a este respecto. Los jóvenes de ambos sexos cada vez son más conscientes de su libertad para contraer matrimonio voluntariamente. Tienen derecho a elegir libremente a su cónyuge y en la gran mayoría de casos cuentan con el apoyo de su familia y la comunidad.
245.Sigue disminuyendo el número de casos en que se vulnera el derecho a contraer matrimonio libremente. Según las estadísticas de los tribunales populares locales, en el año 2000 el número de matrimonios no contraidos voluntariamente y de carácter no progresivo fue mucho menor que el de casos suscitados por otras cuestiones conyugales o familiares.
246.El número de matrimonios contraidos libremente y de carácter progresivo en las zonas donde viven minorías étnicas ha registrado un aumento alentador. Un estudio reciente indica que la mayoría de personas, tanto hombres como mujeres, consulta con sus padres antes de decidir contraer matrimonio (el 81% en el grupo étnico Tay, el 60,7% en el Nung y el 77,5% en el Tai). Muy pocos adoptaron decisiones sin consultar a sus hijos (el 1,5% en el grupo Tay, el 1,3% en el Nung y el 3,2% en el Tai).
247.Sin embargo, todavía existen matrimonios forzosos u obstrucción del matrimonio libre y progresivo, en especial en las zonas rurales, las tierras altas y las zonas habitadas por minorías étnicas.
248.Para resolver estos problemas es necesario enseñar las leyes al pueblo para aumentar su concienciación, en especial entre los jóvenes de ambos sexos.
249.Según el informe sobre los resultados de 10 años de aplicación de la Ley sobre el matrimonio y la familia (de 1986 a 1996) la gran mayoría de la población cumple seriamente sus disposiciones. El promedio de edad de los contrayentes en las zonas urbanas oscila entre los 24 y 28 años y en las zonas rurales entre los 19 y los 22.
250.En la gran mayoría de las familias vietnamitas, sobre todo en las ciudades y las zonas urbanas, la igualdad entre el marido y la mujer se basa en el respeto, el amor y la asistencia que se prestan mutuamente en la crianza, atención y educación de los hijos. Los asuntos familiares, sobre todo los más importantes, suelen decidirlos conjuntamente el hombre y la mujer. Ambos cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones acerca de los bienes de propiedad común y todas las decisiones al respecto tienen que adoptarlas de común acuerdo. Una encuesta reciente pone de manifiesto que casi el 90% de las mujeres que viven en zonas urbanas y el 70% de las que viven en zonas rurales decidían asuntos económicos en la familia.
251.La realidad de VietNam en los últimos años pone de manifiesto que después del divorcio el padre y la madre siguen teniendo los mismos derechos y obligaciones en relación con sus hijos, sin que dependa de quién los críe directamente. En los casos de divorcio todos los hijos de corta edad, en especial los lactantes, se confían al cuidado de la madre. En casos específicos el tribunal determina la responsabilidad de la crianza de los hijos teniendo en cuenta los intereses de éstos. El padre o la madre que no críe directamente a sus hijos está obligado a compartir los gastos correspondientes.
252.Aunque el Estado y las organizaciones sociales han dado gran importancia a la educación sobre la Ley del matrimonio y la familia, en todas las capas sociales, desde las zonas urbanas hasta las rurales y remotas, todavía se registran casos de infracción de esta ley:
a)Aún se registran casos de infracción de la edad para contraer matrimonio. En la actualidad esta edad es de 16-17 años para las mujeres y de 18-19 para los hombres. La causa principal de ello reside en la escasa concienciación de la población en lo que respecta a la indicada ley, en especial en las zonas rurales y montañosas.
b)Matrimonio forzoso u obstrucción del matrimonio libre y progresivo. En zonas rurales, montañosas y habitadas por minorías, todavía se registran malos tratos e intimidación. La causa principal es la influencia del matrimonio feudal y la ideología patriarcal existente en la sociedad. Se trata de una cuestión todavía problemática.
c)Conforme a la costumbre tradicional familiar, el marido solía ser el representante y propietario legal de las tierras, casas y bienes más valiosos de la familia. En consecuencia, la mujer a menudo tropezaba con dificultades en el ejercicio de su derecho a la igualdad respecto de los bienes porque en muchos casos el marido era el único cuyo nombre aparecía registrado en los certificados de los bienes de propiedad común.
d)Para resolver estos problemas es necesario adoptar un criterio amplio en virtud del cual los organismos del Estado presten la debida atención al aspecto de la educación, en especial en relación con la ley del matrimonio y la familia, y fomenten una participación activa de organizaciones de masas como la Unión de Mujeres y el Sindicato de la Juventud. Es preciso realizar inspecciones del registro de matrimonio en los comités del pueblo a nivel de las comunas y distritos y organizar cursos de capacitación del personal encargado del registro. Sólo en casos de infracción grave de la ley deben imponerse sanciones.
Artículo 24
Derechos del niño
254.Los derechos del niño se han incorporado de manera suficiente en la Constitución. El capítulo V, relativo a los derechos y deberes fundamentales del ciudadano, contiene 25 artículos, en especial los artículos 35, 36, 40, 41, 64 y 67, que se refieren a los derechos y deberes del niño. En el artículo 40 se afirma que "el Estado, la sociedad, la familia y los ciudadanos serán responsables de la protección y el cuidado de las madres y los niños y de la aplicación de los programas de población y planificación de la familia". En el artículo 65 se declara que "los niños gozarán de protección, cuidado y educación brindados por la familia, el Estado y la sociedad", y el artículo 64 establece que "el Estado y la sociedad no tolerarán que se discrimine a los hijos de una misma familia".
255.En el artículo 9 de la Ley de educación de 1998 se afirma que "todos los ciudadanos, independientemente del origen étnico, religión, creencias, sexo, origen familiar, condición social o situación económica, tienen iguales oportunidades de educación. El Estado aplica la igualdad social en la educación de manera que todos tengan igual acceso a ella. El Estado y la comunidad ayudan a los pobres a acceder a la educación y establecen las condiciones necesarias para que las personas con gran capacidad desarrollen su talento. El Estado da prioridad a los niños de las minorías étnicas y de las zonas con grandes dificultades socioeconómicas, a las personas que gozan de preferencia social, a los discapacitados y a las personas que tienen derecho a otras prestaciones sociales, con el fin de ayudarlos a ejercer sus derechos y obligaciones en lo que respecta a la educación".
256.La Asamblea Nacional, el 12 de agosto de 1991, en su noveno periodo de sesiones, aprobó la Ley de protección, cuidado y educación de los niños. Esta ley tiene cinco capítulos y 26 artículos en los que se especifican en términos concretos los derechos y deberes fundamentales del niño y las responsabilidades de la familia, los organismos del Estado, las organizaciones sociales y todos los ciudadanos para garantizar los derechos fundamentales del niño.
257.En el artículo 8 del Código Civil de 1995 se dispone que "en las relaciones civiles las partes son iguales; no podrán invocar las diferencias de origen étnico, sexo, condición social, situación económica, creencias, religión, nivel de educación y ocupación como razones para un trato discriminatorio". El artículo 32 se refiere al derecho a la vida, la salud y la integridad corporal. El artículo 37 se refiere al derecho a la atención mutua entre familiares.
258.En los últimos años el Estado ha promulgado políticas concretas para disminuir la diferencia de desarrollo socioeconómico existente entre zonas y regiones con el fin de asegurar el desarrollo general y mejorar gradualmente la vida material y cultural de pueblo, en especial las minorías étnicas. Se han aplicado diversas políticas sobre los derechos del niño para garantizar plenamente esos derechos, por ejemplo, mediante directrices para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas y la escritura de las lenguas de las minorías étnicas; directrices sobre la reducción y exención de tasas escolares; y directrices para el cobro y utilización de tasas escolares en la educación pública y en las instituciones de capacitación pertenecientes al sistema nacional de educación y sobre la educación gratuita de los alumnos de las escuelas primarias públicas.
259.El Estado ha establecido escuelas en régimen de internado y de media pensión para los alumnos de minorías étnicas. Asimismo, establece las condiciones necesarias para que las personas de minorías étnicas aprendan sus idiomas y sistemas de escritura con miras a ayudar a todas esas minorías a conservar y promover su verdadera identidad y sus tradiciones culturales.
260.El Estado ha establecido políticas especiales para los niños que se encuentran en circunstancias muy difíciles, a los que proporciona subsidios (Decisión del Primer Ministro, número 167/TTg, de fecha 8 de abril de 1994, y Decreto del Primer Ministro, número 07/2000/ND-CP, de fecha 9 de marzo de 2000). Tienen derecho a subsidios de esta clase los niños huérfanos y discapacitados. En los diversos centros de atención se admite a niños discapacitados mentalmente o que han sufrido abusos sexuales.
261.Los niños que han sufrido abusos sexuales o que son toxicómanos, cuando viven en centros de atención reciben asistencia médica de toda clase. Si viven con una familia, el Estado puede pagar entre el 50 y el 100% de los gastos médicos.
262.El Estado ha establecido muchas políticas y medidas de rehabilitación y reinserción de los niños discapacitados, por ejemplo, programas comunitarios de rehabilitación y programas de cirugía infantil del rictus, de atención ocular y de intervención del labio leporino.
263.Los niños huérfanos discapacitados que viven en la calle y son toxicómanos o pertenecen a familias pobres que todavía sean capaces de recibir formación profesional la obtienen gratuitamente con cargo al Estado o a instituciones caritativas. En la actualidad el 70% de los niños huérfanos que no recibían ayuda están al cuidado de instituciones de nivel comunal.
264.La legislación prohibe el trabajo infantil y cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar el normal desarrollo de los niños. En consecuencia, VietNam firmó y ratificó, el 17 de noviembre de 2000, el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores forma de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
265.El Ministerio de Trabajo, Discapacitados y Asuntos Sociales y el Ministerio de Salud han publicado normas por las que se prohibe la contratación de menores para realizar trabajos peligrosos.
266.Se adquiere responsabilidad penal cuando se cumplen 14 años de edad. Por consiguiente, los niños de 12 a 14 años que cometan delitos, incluso de índole penal, no pueden ser procesados. Sólo están sometidos a prueba en sus comunas, barrios, ciudades o escuelas especiales. Los autores de delitos ordinarios que tengan entre 14 y 16 años de edad serán castigados con multas administrativas por la violación intencionada de la ley y con apercibimiento y multas en efectivo de hasta 50.000 dong sin ningún otro castigo. La legislación administrativa sanciona con multas en efectivo menos importantes que para los adultos a los delincuentes de 16 a 18 años. En el caso de niños detenidos durante más de seis horas por delitos administrativos, sus padres o tutores deberán ser informados por todos los medios.
267.El Decreto número 59/2000/ND-CP, de fecha 30 de octubre de 2000, establece medidas de educación para los delincuentes menores de edad, en las comunas, barrios y ciudades. Estas medidas tienen por finalidad crear las condiciones necesarias para que estos delincuentes puedan ser educados y reformados en sus propias comunidades y expresar su remordimiento en circunstancias sociales normales bajo la vigilancia de los consejos populares de las comunas, las organizaciones sociales y las familias.
268.Los niños menores de seis años tienen derecho a atención primaria de salud y tratamiento médico gratuitos en las instalaciones sanitarias del Estado. Tienen derecho a tratamiento médico gratuito los discapacitados, incluidos los niños, y los niños huérfanos y de familias pobres.
269.El Estado ha promulgado el Reglamento de la Seguridad Social, en virtud del cual tienen derecho a los subsidios sociales los padres cuyos hijos de menos de siete años caigan enfermos. La licencia de maternidad asciende a cuatro meses, durante los cuales la madre cobra todo su salario.
270.En VietNam se han llevado a cabo con éxito muchos programas de atención de salud infantil, por ejemplo, programas amplios de vacunación, control de la malnutrición, control de la deficiencia de vitamina A y obstrucción del lagrimal, control de la falta de yodo y la anemia, control de la diarrea, control de las infecciones respiratorias agudas y exención de las tasas hospitalarias. El 14 de diciembre de 2000, VietNam declaró eliminada la poliomielitis entre los niños.
271.Las principales políticas promulgadas hasta la fecha para el cuidado de los niños en lo que se refiere a actividades de índole cultural y de ocio son las siguientes: normativa sobre el empleo de tierras comunitarias para actividades recreativas de los niños; políticas de publicación de libros y revistas para los niños y acerca de ellos; entrega a las bibliotecas públicas de libros y diarios para los niños, promoción de las actividades culturales, artísticas y de información en las escuelas, coordinación de la capacitación y perfeccionamiento de los maestros de música y artes para la educación estética de los estudiantes; organización y funcionamiento de centros recreativos para los niños y coordinación y orientación del sistema de casas culturales para los niños y presupuesto correspondiente; pago de subvenciones para el papel destinado a publicaciones y revistas infantiles y suministro de libros de texto y libros literarios, el Diario de los Pioneros Juveniles y el Diario de los Niños de las zonas montañosas y de las tierras altas; establecimiento de salas de lectura para los niños en el sistema de bibliotecas; y reserva de tiempo e instalaciones para los niños en el sistema de casas culturales. Los teatros, cines, circos y teatros de marionetas y para jóvenes tienen programas para los niños a los que ofrecen billetes a mitad de precio, se suministran diarios y libros infantiles a las bibliotecas públicas y se publican libros, diarios y películas para niños. Casi todas las provincias disponen de casas culturales para los niños. Mas del 50% de los distritos tienen centros recreativos o casas culturales. Entre 1992 y 1998 el presupuesto oficial asignó 20.000 millones de dong para instalaciones recreativas y actividades veraniegas de los niños.
272.Sin embargo, los obstáculos siguen siendo enormes debido al limitado nivel de desarrollo económico y servicios financieros. Todavía existe la mentalidad de preferir los hombres a las mujeres, en especial en las zonas rurales. Por consiguiente, no se ejercen plenamente los derechos del niño. En las zonas montañosas y remotas o las regiones con extremas dificultades económicas no se cuida debidamente a muchos niños que viven en circunstancias especialmente difíciles.
273.Para mejorar gradualmente esta situación, el Estado tiene que intensificar el apoyo y las inversiones en las zonas montañosas, remotas y rurales, especialmente en los pueblos pobres y para los niños en situación desventajosa. Debe seguir fomentándose la educación en materia de igualdad de género y es preciso prestar más atención a las niñas. Al mismo tiempo, es necesario alentar a todos los miembros de la sociedad a que participen en la protección, cuidado y educación de los niños, garantizando sus derechos políticos y civiles y mejorando gradualmente su vida material y espiritual.
274.El Estado debe ampliar sus políticas de inversión de forma racional en las zonas montañosas, remotas y pobres y ayudar a los niños que viven en circunstancias especialmente difíciles.
275.Además, es necesario examinar la aplicación de la Ley de protección, cuidado y educación de los niños y otros instrumentos conexos. A este respecto podrían formularse más sugerencias al Estado para que introduzca las modificaciones y complementos necesarios en las políticas y la legislación.
276.En los instrumentos jurídicos de VietNam se estipula claramente el derecho de todos los niños a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento y a recibir un apellido y tener una nacionalidad.
277.El derecho a la inscripción en el registro y el derecho a la nacionalidad están vinculados estrechamente. En el párrafo 1 del artículo 55 del Código Civil de 1995 se establece que "toda persona, al nacer, tiene derecho a que su nacimiento se inscriba en el registro sin distinguir entre nacimiento legítimo e ilegítimo. El niño recibirá el apellido del padre o de la madre según la costumbre o el acuerdo a que se
llegue entre ellos. Cuando no es posible identificar al padre, el niño recibirá el apellido de la madre". En el párrafo 2 del artículo 55 se establece que "el padre, la madre o un pariente próximo tiene que inscribir el nacimiento del niño de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre el estado civil". El artículo 5 de la Ley de protección, cuidado y educación de los niños establece que "al nacer, los niños tienen derecho a ser inscritos en el registro y a una nacionalidad".
278.Según el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley de nacionalidad de 1998, que sustituyó a la de 1988, "en la República Socialista de VietNam toda persona tiene derecho a la nacionalidad vietnamita. Ningún ciudadano vietnamita perderá su nacionalidad excepto en los casos prescritos en el artículo 25 de la presente ley".
279.En el párrafo 2 del artículo 1 se establece que "el Estado de la República Socialista de VietNam es un Estado unificado de todos los pueblos que viven en el territorio vietnamita; todos los miembros de los pueblos tienen el mismo derecho de poseer la nacionalidad vietnamita".
280.El artículo 16 establece la nacionalidad de los niños cuyos padres son vietnamitas. El artículo 17 se refiere a la nacionalidad de los niños cuyo padre o madre tiene la nacionalidad vietnamita. El artículo 18 establece la nacionalidad de los niños nacidos de padres que no tengan la nacionalidad vietnamita. El artículo 19 establece que todo recién nacido abandonado o hallado en territorio vietnamita tendrá esta nacionalidad. El capítulo 4 se refiere al cambio de nacionalidad de los menores y los niños adoptados.
281.El Decreto número 83/1998/ND-CP, de fecha 11 de octubre de 1998, relativo al estado civil, incluye estipulaciones acerca de la inscripción de los niños al nacer. El artículo 18 establece que "en el plazo de 30 días desde la fecha de nacimiento del niño, los padres, un pariente próximo o personas responsables tienen que inscribirlo en el registro. En las zonas montañosas o remotas este plazo es de 60 días".
282.La Circular número 12/1997/TT-BTP del Ministerio de Justicia, de fecha 25 de junio de 1999, establece las directrices para la aplicación del Decreto número 83/1998/ND-CP.
283.Además del derecho a la inscripción en el registro, el artículo 28 del Código Civil establece los derechos con respecto al nombre y apellidos. El artículo 29 estipula el derecho a cambiar el nombre o apellido. Cabe decir que todos esos derechos sólo pueden ejercerse si se ha ejercido el derecho de inscripción del nacimiento en el registro.
284.Para garantizar este derecho de todos los ciudadanos se ha reforzado gradualmente el mecanismo de los organismos de la administración del Estado encargados del registro del estado civil. Se han establecido oficinas para la inscripción de los nacimientos, desde el nivel central hasta el de las comunidades rurales. La Ley de protección, cuidado y educación de los niños establece los derechos fundamentales del niño, entre los cuales figura como máxima prioridad el derecho a ser inscrito en el registro al nacer y el derecho a la nacionalidad.
285.En la actualidad el porcentaje de niños registrados al nacer, en comparación con el número total de nacidos, es muy elevado en todo el país (entre el 70 y el 90%). Sin embargo, este porcentaje varía según las zonas demográficas: el 90% en las zonas urbanas, entre el 70 y el 90% en las regiones interiores y el llano y sólo entre el 30 y el 50% en las zonas montañosas remotas (estadísticas de 1999 del Ministerio de Justicia).
286.El procedimiento de inscripción de los nacimientos en el registro se ha agilizado para que sea más científico, conveniente y simple, de conformidad con la reforma administrativa del Estado.
287.No obstante, subsisten los obstáculos. Todavía muchos niños no son inscritos en el registro en el momento debido, en especial en las zonas remotas y con condiciones económicas extremadamente difíciles, en las nuevas zonas económicas o en las aldeas de pescadores. Algunas localidades todavía no garantizan la precisión del registro civil. En algunos casos un niño puede tener dos certificados de nacimiento a la vez, ambos inexactos.
288.Además, muchos niños no han sido inscritos en el registro. En la actualidad el Estado está llevando una campaña para que todos sus organismos competentes y las fuerzas sociales acaben con el problema de los niños no inscritos.
Artículo 25
Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos
289.Los artículos 11 y 53 de la Constitución de 1992 establecen el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos.
290.El ciudadano tiene derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. El pueblo elige por medio de las elecciones a los representantes que corresponden a su voluntad y aspiraciones.
291.Las elecciones a la Asamblea Nacional se celebran de conformidad con los principios del sufragio universal, igual, directo y secreto (artículo 1 de la Ley de 1997 de elección de los diputados a la Asamblea Nacional). La Asamblea Nacional está compuesta de representantes elegidos por los electores de todo el país. La Asamblea Nacional es el máximo órgano estatal de la República Socialista de VietNam. La Asamblea Nacional es el único órgano con poder constitucional y legislativo. La Asamblea Nacional decide las políticas fundamentales nacionales y exteriores, las tareas socioeconómicas, la defensa y la seguridad nacionales y otros asuntos importantes (artículo 83 de la Constitución de 1992).
292.Los ciudadanos participan directamente en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo el derecho a supervisar la labor de los organismos del Estado, los diputados electos y los empleados públicos, y tomando parte en la formulación de las políticas y leyes del Estado y otras actividades.
293.La Ley de organización de la Asamblea Nacional establece que sus diputados están sujetos a la supervisión de los electores. Una vez al año, los diputados tienen que informarles acerca de la ejecución de sus tareas. Los electores, directamente por medio del Frente Patriótico de VietNam, piden a los diputados que les informen sobre sus trabajos. Los votantes también pueden formular observaciones acerca de la labor de los diputados de la Asamblea Nacional (artículo 43).
294.En el cumplimiento de su labor, los dirigentes del Estado y los empleados públicos también están sujetos a la supervisión del pueblo (artículo 2 del Decreto sobre los dirigentes del Estado y los empleados públicos). Los ciudadanos tienen derecho a presentar quejas y denuncias ante las autoridades competentes (artículo 1 de la Ley de quejas y denuncias y artículo 6 de la Ordenanza contra la corrupción).
295.Los ciudadanos tienen derecho a presentar sus opiniones sobre la preparación y aplicación de las políticas del Partido y del Gobierno y las leyes del Estado, a expresar opiniones sobre los asuntos internos y mundiales, y a dar a conocer opiniones y presentar propuestas, críticas y denuncias en los medios de comunicación sobre la labor de todas las organizaciones del Partido y organismos del Estado, organizaciones sociales y miembros de esas organizaciones (artículo 4 de la Ley de prensa). La Ley de promulgación de instrumentos jurídicos establece que solicitar las opiniones del pueblo sobre los proyectos de ley y las ordenanzas forma parte del proceso legislativo. Según la naturaleza y el contenido
de los proyectos de ley y las ordenanzas, la Asamblea Nacional y su Comité Permanente deciden cómo pedir las opiniones del pueblo (artículo 39). Estas opiniones sobre los proyectos de ley y las ordenanzas tiene que reunirse y procesarse con el fin de introducir los cambios necesarios en los proyectos e informar al Comité Permanente de la Asamblea Nacional (artículo 41).
296.La Ley de educación, la Ley de ciencia y tecnología y la Ley de control de drogas determinan los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos para fomentar y desarrollar la educación, y la ciencia y la tecnología, y controlar las drogas (artículo 11 de la Ley de educación; artículo 7 de la Ley de ciencia y tecnología; artículo 6 de la Ley de control de drogas).
297.La Ordenanza promulgada recientemente sobre la organización y el proceso de conciliación a nivel comunitario ha alentado el sentido de autonomía del pueblo para que participe en la solución de asuntos locales. En virtud de dicha ordenanza se han establecido en caseríos, aldeas y unidades residenciales grupos de conciliación de conformidad con las leyes, la moralidad social, las tradiciones y las costumbres de la población local con el fin de resolver las pequeñas disputas y fechorías que no sean lo suficientemente graves para ser objeto de medidas administrativas o penales (artículos 3 y 7).
298.En general, el sistema jurídico contiene disposiciones y reglamentaciones bastante amplias sobre el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, desde el nivel del Estado hasta el de las comunidades.
Artículo 26
Derecho a la no discriminación ante la ley
299.Este derecho ya se ha mencionado y analizado en las secciones relativas a la aplicación de los artículos 2 y 14 del Pacto.
Artículo 27
Derechos de las minorías étnicas
300.La política constante del Estado de VietNam respecto de los grupos étnicos minoritarios consiste en garantizar la igualdad, la solidaridad y la asistencia mutua para el desarrollo común. Al iniciar el periodo de renovación, cuando la economía vietnamita empezó a funcionar con arreglo al mecanismo de mercado con regulación del Estado, éste aumentó su interés y atención en lo que respecta a los grupos étnicos con miras a garantizarles la igualdad social. El objetivo es reconocer y salvaguardar en todos los aspectos los derechos de los grupos étnicos que viven en el territorio de VietNam, independientemente del tamaño de su población.
301.El artículo 5 de la Constitución de 1992 establece que "la República Socialista de VietNam es el Estado unificado de todos los grupos étnicos que viven en el territorio de VietNam. El Estado lleva a cabo una política de igualdad, solidaridad y asistencia mutua entre todos los grupos étnicos y prohibe estrictamente todos los actos de discriminación y división étnica. Cada grupo étnico tiene el derecho de usar su propio idioma y sistema de escritura para preservar su propia identidad, y el derecho de promover sus costumbres, hábitos y tradiciones y cultura".
302.El Estado vietnamita establece directrices, políticas y medidas específicas para el desarrollo, adaptadas a las condiciones de las regiones montañosas y en las que viven minorías étnicas.
303.Basándose en las características especiales de cada una de las regiones donde viven minorías étnicas y partiendo del hecho de la coexistencia de muchos grupos étnicos con diferentes niveles de desarrollo socioeconómico, el Gobierno ha elaborado diferentes programas encaminados a ayudar a cada uno de esos grupos y subregiones en su proceso de desarrollo, en particular mediante el programa de eliminación del hambre y reducción de la pobreza, el programa de desarrollo socioeconómico de comunas que se enfrentan a dificultades extremas o que se encuentran en zonas montañosas y remotas, el proyecto de ayuda a los grupos étnicos que registren grandes dificultades, el proyecto de construcción de centros de grupos de comunas y los proyectos de subvención de tasas y precios, de asentamiento de población y de sustitución de la adormidera del opio, todos ellos mediante un mecanismo normativo y medidas adaptadas a cada región y nacionalidad. Con ayuda del Estado, las regiones étnicas que se benefian de los programas y proyectos de esta clase han registrado cambios importantes, pasando de la pobreza y el atraso a la suficiencia y la prosperidad. Muchos grupos y regiones étnicas han registrado un notable desarrollo en los últimos 15 años.
304.En lo que respecta a los derechos políticos de las minorías étnicas, el artículo 54 de la Constitución de 1992 establece que "los ciudadanos, con independencia del origen étnico, sexo, extracción social, religión, creencias, educación, ocupación y tiempo de residencia, tienen derecho a participar en las elecciones cuando hayan cumplido los 18 años y a ser elegidos a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares cuando hayan cumplido los 21 años, conforme a lo dispuesto en la ley". El artículo 9 de la Ley de la elección de los diputados a la Asamblea Nacional establece que "el número de diputados de las minorías étnicas en cada periodo de sesiones de la Asamblea Nacional será fijado por su Comité Permanente a fin de garantizar que esas minorías tengan un número apropiado de diputados".
305.De los 450 diputados de la décima Asamblea Nacional (legislatura de 1997 a 2000), 78 pertenecen a grupos étnicos minoritarios, lo que representa un 17,3%. En especial, los consejos populares de varios niveles (provincia, distrito y comuna) tienen representantes de minorías étnicas. En las zonas montañosas en las que habitan grupos étnicos, el número de funcionarios pertenecientes a esos grupos es considerable. En especial, en algunas provincias como las de CaoBang, Lang Son y Hoa Binh, el 90% de los funcionarios civiles de la administración local pertenecen a minorías étnicas.
306.Los funcionarios civiles pertenecientes a minorías étnicas gozan de preferencia en materia de formación práctica y nombramiento en órganos del Estado. Muchas personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios han sido nombradas para ocupar importantes cargos de dirección en órganos de la Asamblea Nacional, el Gobierno y organizaciones sociopolíticas. También se ha aplicado ampliamente en las regiones donde viven grupos étnicos minoritarios el derecho a participar en los asuntos del Estado, lo que se manifiesta en el hecho de que muchos jefes de provincia y de departamento pertenecen a esas minorías.
307.Además de los dos órganos centrales encargados de los asuntos étnicos -el Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional y el Comité del Gobierno para los Asuntos de las Regiones Montañosas y las Minorías Étnicas- en todos los ministerios, organismos, organizaciones sociopolíticas y localidades existen dependencias y organizaciones encargadas de supervisar, fomentar y rectificar la aplicación de las políticas étnicas en dichas regiones étnicas y montañosas.
308.En lo que respecta a los derechos civiles de las minorías étnicas, el Estado ha promulgado numerosas reglamentaciones y directivas específicas para aplicar las disposiciones del Código en las regiones donde viven esas minorías.
309.El 9 de agosto de 2000, el Primer Ministro promulgó la Directiva número 15/2000/CT-TTg por la que se encarga al Comité para los Asuntos de las Regiones Montañosas y las Minorías Étnicas la elaboración de una resolución destinada a aplicar la Ley de 2000 del matrimonio y la familia haciendo un inventario de las costumbres atrasadas de las minorías étnicas a este respecto que deban abolirse, y de las costumbres adecuadas que sea preciso fomentar.
310.La Ley de educación prevé un trato preferencial especial para los niños de las minorías étnicas, que se manifiesta en el establecimiento de un sistema de pensionados en las provincias, los distritos e incluso al nivel inferior de varias comunas. El artículo 6 de la Ley de educación estipula que "el Estado ha de velar por que se establezcan las condiciones necesarias para extender la enseñanza primaria a las minorías étnicas y las zonas remotas, así como en las zonas residenciales desde el momento de su establecimiento". En la actualidad existen 346 pensionados para niños de las minorías étnicas en todo el país, que cuentan con casi 60.000 alumnos. Todas las provincias han alcanzado el objetivo de extender la educación primaria a los alumnos de las minorías étnicas.
311.Cincuenta y tres de las 54 nacionalidades que viven en VietNam constituyen minorías étnicas. Aunque viven mezclados entre sí, todos los grupos étnicos, independientemente del número de personas que los compongan, todavía consiguen mantener su idioma y su tipo de escritura (si lo tienen). Es ésta una clara manifestación de la política de respeto del derecho a usar el propio idioma y tipo de escritura, estipulado en el artículo 5 de la Constitución de 1992. Hace poco el Estado vietnamita se ha interesado por el desarrollo de las actividades de aprendizaje de los sistemas de escritura propios de los pueblos Jemer, Cham y H'mong. En las regiones donde viven minorías étnicas existen programas bilingües a nivel de la educación primaria. Los libros de texto se publican en los idiomas de los pueblos H'mong, Jemer, Cham, Bana y Giarai.
312.La radio central, (la Voz de VietNam), emite sus programas en siete idiomas de minorías étnicas. Las emisoras regionales de radio de las regiones central, noroccidental y suroccidental transmiten regularmente programas en todos los idiomas de las minorías étnicas de estas regiones. Desde 1997, la emisión de programas en esos idiomas cuenta con nuevos contenidos encaminados a mejorar el conocimiento de las minorías acerca de las leyes, la producción, la atención de salud, la educación de los hijos, etc. Además, la Voz de VietNam emite programas titulados "Intercambios culturales entre las minorías étnicas de VietNam", destinados a promover la comprensión mutua entre esas minorías, preservar su identidad y fomentar las tradiciones y costumbres válidas de estos pueblos, aconsejándoles al mismo tiempo que abandonen las costumbres anticuadas.
313.Asimismo, el Estado ha proseguido sus políticas de respeto y promoción de los hábitos, costumbres y tradiciones culturales válidas de las minorías étnicas, por ejemplo mediante la Directiva número 39/1998/CT-TTg del Primer Ministro, de 3 de diciembre de 1998, relativa al fortalecimiento de las actividades culturales y de información en las zonas montañosas habitadas por minorías étnicas. Para aplicar esta directiva, el Ministerio de Cultura e Información y el Comité para los Asuntos de las Regiones Montañosas y las Minorías Étnicas han elaborado programas encaminados a coordinar las actividades destinadas a fomentar la preservación de las obras culturales y desarrollar la comunicación en las zonas montañosas habitadas por minorías étnicas en el periodo 2002 - 2005. Se ha localizado, utilizado, compilado e introducido ampliamente en el país y en el extranjero un numeroso patrimonio cultural de las nacionalidades. Se desarrollan los productos culturales de cada grupo étnico con el fin de que cada uno de ellos fomente su propia identidad cultural, al mismo tiempo que hace suya la quintaesencia cultural de los demás. Todo ello contribuye al desarrollo de la cultura de todo el país, creando la unidad dentro de la diversidad de "una cultura vietnamita avanzada, impregnada de la identidad nacional". Además, el Estado vietnamita se interesa por erradicar las tradiciones y costumbres anticuadas que son perjudiciales para la vida de los compatriotas pertenecientes a las minorías étnicas, con el fin de estabilizar y desarrollar su existencia.
314.Al empezar el siglo XXI, teniendo en cuenta las nuevas condiciones y retos favorables, somos plenamente conscientes de la necesidad de consolidar y reforzar nuestra unidad nacional con el fin de fomentar al máximo las posibilidades internas de cada minoría étnica y cada región, y de liberar toda la capacidad productiva del conjunto de la nación para el progreso social con objeto de realizar el sencillo sueño del Presidente Ho Chi Minh de que "todos tengan acceso adecuado a la alimentación, el vestido y la escuela".
CONCLUSIÓN
315.Después de haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1982, VietNam ha efectuado esfuerzos incansables para cumplir sus compromisos. En el curso de la construcción y el desarrollo nacionales, el Estado y el pueblo de VietNam pugnan por alcanzar las metas de "una población rica, una nación fuerte y una sociedad justa, democrática y civilizada". Estas metas concuerdan con los derechos incorporados en el Pacto.
316.En los últimos cinco años (de 1997 a 2001), VietNam ha continuado su proceso amplio de reforma integrándose gradualmente en la economía regional e internacional. En aplicación de su política exterior de independencia y libre determinación bajo el lema "VietNam desea ser un amigo y asociado fiable de todos los países de la comunidad mundial que luchan por la paz, la independencia y el desarrollo", ha conseguido muchos logros alentadores en todas las esferas. La vida material y espiritual del pueblo han mejorado, ha aumentado constantemente el nivel intelectual del pueblo en general, y la comprensión y el conocimiento de las leyes por los ciudadanos en particular han mejorado considerablemente. Estos logros crean condiciones favorables para que el país entre en el periodo de industrialización y modernización, lo que sirve al mismo tiempo para contribuir a la aplicación del Pacto.
317.Además de las importantes renovaciones del sistema político, la ampliación de la democracia al nivel de base, la realización en la práctica del lema "que el pueblo conozca, debata, aplique y controle nuestros asuntos de estado" y la promoción de la autonomía en la producción y las empresas han dado origen a un ambiente confiado y optimista entre la población. El establecimiento de un estado de derecho es una de las tareas fundamentales de VietNam en el proceso de renovación. Reconociendo la importancia de esta tarea, el Gobierno ha dedicado máximos esfuerzos a establecer y reforzar el ordenamiento jurídico con el fin de asentarlo sobre una base adecuada y firme, así como instituciones suficientes para aplicar los derechos de los ciudadanos incorporados en el Pacto.
318.Según dijo el Presidente Ho Chi Minh: "Si el país es independiente pero el pueblo no puede tener felicidad y libertad, esa independencia carece de sentido". Teniendo en cuenta estas palabras, el Estado de VietNam ha hecho todo lo posible por la prosperidad de la nación y la felicidad del pueblo. En consecuencia, la política de amplia renovación llevada a cabo por el Partido Comunista y el Estado de VietNam en los últimos años se ha concretado en la realidad.
319.A pesar de los logros alentadores registrados en los últimos cinco años, el Estado y el pueblo de VietNam siguen siendo conscientes de los numerosos obstáculos y dificultades que es preciso superar para seguir fomentando la aplicación del Pacto. Entre ellos cabe citar los problemas con que se enfrenta el país como consecuencia de una economía atrasada que sufre graves consecuencias de la guerra y tiene un bajo nivel de desarrollo intelectual. El aparato del Estado, junto con el sistema jurídico, todavía se encuentra en fase de consolidación. Asimismo, la evolución impredecible de la situación económica de la región y del mundo plantea considerables problemas que requieren que el Estado y el pueblo de VietNam mantengan constantes esfuerzos para construir y desarrollar el país y aplicar el Pacto.
320.El Estado y el pueblo de VietNam se esfuerzan actualmente en alcanzar las metas de "una población rica, una nación fuerte y una sociedad justa, democrática y civilizada", para lo cual es sin duda imprescindible aplicar los derechos consagrados en el Pacto. Con el fin de alcanzar esas metas, el Estado aplica políticas y medidas adecuadas ajustadas a las condiciones concretas y la situación del país. Estos esfuerzos cuentan con el apoyo de las personas pertenecientes a todos los sectores sociales.
321.Aunque es plenamente consciente de que la protección de los derechos humanos en cada país constituye la primera y más importante responsabilidad nacional, el Estado de VietNam también reconoce que la solidaridad y cooperación internacional basada en el entendimiento y el respeto mutuo de la independencia y la soberanía tiene máxima importancia para garantizar el éxito de esta causa.
Apéndice 1
Códigos y leyes promulgados entre abril de 1995 y diciembre de 2000
|
Orden cronológico |
Fecha de aprobación |
Denominación de las leyes y códigos |
Número |
Organismo que promulga la ley o el código |
|
1 |
30/04/1995 |
Ley de las empresas propiedad del Estado |
39-L/CTN |
Asamblea Nacional |
|
2 |
09/11/1995 |
Código Civil |
44-L/CTN |
Asamblea Nacional |
|
3 |
09/11/1995 |
Ley de organización de los tribunales populares, revisada |
43-L/CTN |
Asamblea Nacional |
|
4 |
03/04/1996 |
Ley de cooperativas |
47-LCTN |
Asamblea Nacional |
|
5 |
23/11/1996 |
Ley de inversiones extranjeras en VietNam |
52-L/CTN |
Asamblea Nacional |
|
6 |
23/11/1996 |
Ley de promulgación de instrumentos jurídicos normativos |
52-L-CTN |
Asamblea Nacional |
|
7 |
17/04/1997 |
Ley de elección de los diputados a la Asamblea Nacional |
56-L/CTN |
Asamblea Nacional |
|
8 |
22/05/1997 |
Ley del impuesto sobre el valor añadido |
57-L/CTN |
Asamblea Nacional |
|
9 |
26/12/1997 |
Ley del Banco Estatal de VietNam |
06/1997/QHX |
Asamblea Nacional |
|
10 |
26/12/1997 |
Ley de instituciones de crédito |
07/1997/ QHX |
Asamblea Nacional |
|
11 |
01/061998 |
Ley de fomento de las inversiones internas (modificada) |
03/1998/ QH 10 |
Asamblea Nacional |
|
12 |
01/06/1998 |
Ley de la nacionalidad vietnamita |
07/1998/ QH 10 |
Asamblea Nacional |
|
13 |
02/12/1998 |
Ley de quejas y denuncias de los ciudadanos |
10/1998/ QH 10 |
Asamblea Nacional |
|
14 |
02/12/1998 |
Ley de la tierra, revisada |
10/1998 QH 10 |
Asamblea Nacional |
|
15 |
02/12/1998 |
Ley de educación |
11/1998 QH10 |
Asamblea Nacional |
|
16 |
12/06/1999 |
Ley de prensa, revisada |
12/1999 QH 10 |
Asamblea Nacional |
|
17 |
12/06/1999 |
Ley de empresas |
13/1999/ QH10 |
Asamblea Nacional |
|
18 |
12/06/1999 |
Ley del Frente Patriótico de VietNam |
14/1999/ QH10 |
Asamblea Nacional |
|
19 |
13/01/2000 |
Código Penal |
15/1999/ QH10 |
Asamblea Nacional |
|
20 |
13/01/2000 |
Ley de los oficiales del ejercito de VietNam |
16/1999/ QH10 |
Asamblea Nacional |
|
21 |
28/06/2000 |
Ley de inversiones extranjeras en VietNam, revisada |
18/2000 QH10 |
Asamblea Nacional |
|
22 |
28/06/2000 |
Código de Enjuiciamiento Criminal, revisado |
20/2000 QH10 |
Asamblea Nacional |
|
23 |
28/06/2000 |
Ley del matrimonio y la familia |
22/2000 QH10 |
Asamblea Nacional |
|
24 |
22/12/2000 |
Ley de prevención y control de drogas |
23/2000 QH10 |
Asamblea Nacional |
Apéndice 2
Ordenanzas promulgadas entre junio de 1995 y mayo de 2000
|
Orden cronológico |
Fecha de aprobación |
Denominación de las ordenanzas |
Número |
Organismo que promulga la ordenanza |
|
1 |
12/06/1995 |
Ordenanza de prevención y control del VIH/SIDA |
40-L/CTN |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
2 |
19/07/1995 |
Ordenanza sobre los procedimientos de solución de las infracciones de carácter administrativo |
41-L/CTN |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
3 |
24/02/1995 |
Ordenanza relativa a la supervisión y orientaciones del Comité Permanente de la Asamblea Nacional y a las orientaciones e inspecciones del Gobierno respecto de los consejos populares |
46-L/CTN |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
4 |
20/4/1996 |
Ordenanza sobre los procedimientos de solución de los conflictos laborales |
48-L/CTN |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
5 |
3/6/1996 |
Ordenanza sobre los procedimientos de solución de los conflictos administrativos |
49-L/CTN |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
6 |
3/7/1996 |
Ordenanza sobre los derechos y obligaciones de los consejos populares y los comités del pueblo de los diferentes niveles |
50-L/CTN |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
7 |
9/3/1998 |
Ordenanza sobre los funcionarios y los empleados de la administración pública |
02-L/CTN |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
8 |
9/3/1998 |
Ordenanza sobre el control de la corrupción |
02-L/CTN |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
9 |
30/7/1998 |
Ordenanza sobre las personas discapacitadas |
06/1998/PL-UBTVQH 10 |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
10 |
20/8/1998 |
Ordenanza relativa a la firma y aplicación de tratados internacionales |
07/1998/PL-UBTVQH 10 |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
11 |
25/12/1998 |
Ordenanza revisada sobre los procedimientos de solución de los conflictos administrativos |
10/1998/PL UBTVQH 10 |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
12 |
16/9/1999 |
Ordenanza sobre la realización obligatoria de trabajos de interés público |
15/1999/PL UBTVQH 10 |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
13 |
12/5/2000 |
Ordenanza revisada sobre el control de la corrupción |
21/2000/PL UBTVQH 10 |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
14 |
12/5/2000 |
Ordenanza revisada sobre el control de la corrupción |
22/2000/PL UBTVQH 10 |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
15 |
12/5/2000 |
Ordenanza sobre las personas ancianas |
23/2000/PL UBTVQH 10 |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
|
16 |
12/5/2000 |
Ordenanza relativa a la entrada, salida, residencia y viaje de los extranjeros en VietNam |
24/2000/PL UBTVQH 10 |
Comité Permanente de la Asamblea Nacional |
Apéndice 3
Decretos promulgados entre abril de 1996 y febrero de 1999
|
Fecha de aprobación |
Denominación de los decretos |
Número |
Organismo que promulga el decreto |
|
|
1 |
06/04/1996 |
Decreto sobre reglamentación de la educación de los infractores de las normas jurídicas en comunas, barrios y ciudades |
19/CP |
Gobierno |
|
2 |
31/10/1996 |
Decreto sobre las actividades de información y prensa de los corresponsales extranjeros y las agencias y organizaciones extranjeras en VietNam |
67/CP |
Gobierno |
|
3 |
5/3/1997 |
Decreto sobre normas temporales para la gestión, establecimiento y utilización de INTERNET en VietNam |
21/CP |
Gobierno |
|
4 |
14/4/1997 |
Decreto sobre la detención administrativa |
31/CP |
Gobierno |
|
5 |
7/8/1997 |
Decreto sobre reuniones con los ciudadanos |
89/CP |
Gobierno |
|
6 |
13/9/1997 |
Decreto sobre actividades de la prensa vietnamita en relación con la prensa extranjera |
98/CP |
Gobierno |
|
7 |
22/1/1998 |
Decreto sobre el establecimiento de asociaciones de empresas del Estado en VietNam |
08/1998/ND-CP |
Gobierno |
|
8 |
17/8/1998 |
Decreto sobre la aplicación de la Ordenanza sobre el control de la corrupción |
64/1998/ND-CP |
Gobierno |
|
9 |
8/9/1998 |
Decreto sobre la democracia en los organismos del Estado |
71/1998/ND-CP |
Gobierno |
|
10 |
10/10/1998 |
Decreto sobre la inscripción en el registro de familias |
83/1998/ND-CP |
Gobierno |
|
11 |
7/11/1998 |
Decreto sobre la detención y prisión temporal |
89/1998/ND-CP |
Gobierno |
|
12 |
31/12/1998 |
Decreto de aplicación de la Ley de la nacionalidad vietnamita |
104/1998/ND-CP |
Gobierno |
|
13 |
13/2/1999 |
Decreto sobre la democracia en las empresas propiedad del Estado |
07/1999/ND-CP |
Gobierno |
Apéndice 4
Estadísticas relativas a las religiones en Viet Nam
(Según las estadísticas e informes de 1997)
|
No. |
Religión |
Número de creyentes |
Número de clérigos |
Número de lugares de culto |
Nota |
|
1 |
Budismo |
7 620 803 |
31 845 |
14 544 |
"ordenados" |
|
2 |
Catolicismo |
5 028 480 |
10 795 |
5 456 |
|
|
3 |
Protestantismo |
Más de 500 000 |
611 |
499 |
|
|
4 |
CaoDai |
1 147 527 |
15 848 |
1 037 |
|
|
5 |
HoaHao |
1 306 969 |
0 |
196 |
|
|
6 |
Islamismo |
93 294 |
454 |
89 |
|
|
Total |
15 697 073 |
59 553 |
21 294 |
||
|
Casi 16 millones |
Casi 60.000 |
Estadísticas relativas al número de jerarcas religiosos y clérigos
Jerarcas religiosos y clérigos
|
- Budismo |
27 884 |
|
+ Muy venerables |
241 |
|
+ Monjas principales |
32 |
|
+ Venerables |
452 |
|
+ Monjas |
331 |
|
+ Bhiksu, bhiksuni, novicios |
26 828 |
|
- Catolicismo |
14 396 |
|
+ Obispos |
33 |
|
+ Sacerdotes |
2 200 |
|
+ Monjes |
1 514 |
|
+ Monjas |
10 647 |
|
+ Seminaristas |
548 |
|
- Protestantismo |
661 |
|
+ Pastores |
161 |
|
+ Misioneros |
450 |
|
- Diferentes sectas CaoDai |
5 608 |
|
+ Islamismo |
734 |
|
+ Budismo Hoahao |
61 |
|
Total |
49 344 |
Estadísticas de los seminarios católicos
|
Nombre del seminario |
Número de seminaristas |
Número de ordenados |
|
Gran Seminario de Hanoi |
358 |
119 |
|
Gran Seminario de VinhThanh |
171 |
85 |
|
Gran Seminario de Hue |
132 |
40 |
|
Gran Seminario de Saobien (NhaTrang) |
188 |
99 |
|
Gran Seminario de Juse (Ho Chi Minh) |
452 |
177 |
|
Gran Seminario de ThanhQuy (CanTho) |
290 |
134 |
|
Total |
1 591 |
654 |
_ _ _ _ _