Comité de Derechos Humanos

Tercer informe periódico que Viet Nam debía presentar en 2004 en virtud del artículo 40 del Pacto * **

[Fecha de recepción: 22 de diciembre de 2017]

Índice

Página

Introducción3

Primera Parte. Información general3

Organización política del Estado3

Marco jurídico nacional de derechos humanos4

Aplicación de los instrumentos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos5

Dificultades para la aplicación del Pacto6

Preparación del informe7

Segunda Parte. Información específica sobre los artículos del Pacto7

Artículo 1 7

Artículos 2 y 26 (párrafos 5 y 11 de las observaciones finales del Comité)7

Artículo 3 (párrafo 14 de las observaciones finales del Comité)9

Artículo 411

Artículo 6 (párrafos 7 y 15 de las observaciones finales del Comité)12

Artículo 713

Artículo 815

Artículo 9 (párrafo 8 de las observaciones finales del Comité)17

Artículo 10 (párrafos 12 y 13 de las observaciones finales del Comité)19

Artículo 1121

Artículo 1221

Artículo 1323

Artículo 14 (párrafos 8 a 10 de las observaciones finales del Comité)23

Artículo 1526

Artículo 1626

Artículo 1727

Artículo 18 (párrafos 16 y 17 de las observaciones finales del Comité)29

Artículo 19 (párrafo 18 de las observaciones finales del Comité)30

Artículo 2032

Artículo 21 (párrafo 21 de las observaciones finales del Comité)32

Artículo 22 (párrafo 20 de las observaciones finales del Comité)33

Artículo 2333

Artículo 2434

Artículo 2536

Artículo 27 (párrafo 19 de las observaciones finales del Comité)38

Introducción

1.Viet Nam presenta su tercer informe periódico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“el Pacto”). Este abarca la aplicación del Pacto desde 2002 hasta septiembre de 2017 y se centra en las observaciones finales formuladas por el Comité de Derechos Humanos tras el examen del informe presentado en 2002 (CCPR/C/VNM/2001/2)

2.El presente informe se ha elaborado sobre la base de la compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6) y las directrices para el documento específico relativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos que deben presentar los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (CCPR/C/2009/1).

3.Con miras a facilitar un examen a fondo del informe, se hace referencia, cuando procede, entre otras cosas, a los informes periódicos tercero y cuarto combinados presentados al Comité de los Derechos del Niño en 2011 (CRC/C/VNM/3-4), los informes periódicos séptimo y octavo combinados presentados al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2013 (CEDAW/C/VNM/7-8), y el informe inicial presentado al Comité contra la Tortura en julio de 2017 (CAT/C/VNM/1).

Primera parteInformación general

4.Viet Nam es un Estado unitario compuesto por 54 etnias. Está situado en el Asia Sudoriental, tiene una superficie total de aproximadamente 331.212 km2 y una población de unos 92,7 millones de habitantes (2016), y se divide en 63 provincias y ciudades.

Organización política del Estado

5.La organización política de Viet Nam está determinada en la Constitución y las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional. La República Socialista de Viet Nam es un Estado de derecho, socialista, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Todos los poderes del Estado pertenecen al pueblo. Estos se unifican y delegan en los organismos estatales, que cooperan entre sí y se fiscalizan mutuamente en el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial (Constitución, artículo 2).

6.Viet Nam es una democracia directa y representativa, en la que el pueblo ejerce el poder a través de la Asamblea Nacional, los Consejos Populares y otros organismos estatales. Todos los organismos del Estado, los funcionarios y los empleados públicos deben respetar al pueblo y servirlo con dedicación, mantener estrechos vínculos con él, escuchar sus opiniones y someterse a su supervisión (Constitución, artículos 6 y 8).

7.La Asamblea Nacional es el máximo órgano representativo del pueblo y el órgano supremo del poder estatal de la República Socialista de Viet Nam. Ejerce las facultades relacionadas con la Constitución y las leyes, decide las cuestiones importantes del país y es la máxima autoridad de supervisión de todas las actividades del Estado (Constitución, artículo 69).

8.Los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por el pueblo de conformidad con los principios del sufragio universal, igual, directo y secreto. La Asamblea Nacional celebra sesiones plenarias y adopta decisiones por mayoría. Los diputados a la Asamblea Nacional son representantes de todas las clases, etnias, religiones, géneros y grupos sociales.

9.El Presidente del Estado, elegido por la Asamblea Nacional entre sus diputados, rinde cuentas de su labor e informa a la Asamblea (Constitución, artículo 87). El Presidente es el Jefe del Estado y actúa en nombre de la República en asuntos internos y externos (Constitución, artículo 86).

10.El Gobierno es el más alto organismo administrativo del Estado, ejerce el poder ejecutivo y es el órgano ejecutor de la Asamblea Nacional. Rinde cuentas a la Asamblea Nacional e informa sobre su labor a la Asamblea Nacional, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional y el Presidente (Constitución, artículo 94). Está integrado por el Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros, 18 Ministros y los jefes de 4 organismos de nivel ministerial. Trabaja de forma colectiva y adopta decisiones por mayoría. El organigrama y el número de miembros del Gobierno son decididos por la Asamblea Nacional (Constitución, artículo 95).

11.El Tribunal Popular es el órgano de administración de justicia de la República y ejerce el poder judicial. Se encarga de la protección de la justicia, los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos y los derechos e intereses legítimos de las organizaciones y los particulares (Constitución, artículo 102). El sistema de Tribunales del Pueblo incluye el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores, los Tribunales Provinciales, los Tribunales de Distrito y los Tribunales Militares de todos los niveles (Ley de los Tribunales del Pueblo, artículo 3).

12.La Fiscalía del Pueblo ejerce el ministerio público y supervisa las actividades judiciales. Las Fiscalías se encargan de la protección de la justicia, los derechos humanos y los derechos del ciudadano, el régimen socialista y los derechos e intereses legítimos de las organizaciones y los particulares, y contribuyen a garantizar el cumplimiento estricto y uniforme de la ley (Constitución, artículo 107). El sistema de Fiscalías del Pueblo incluye la Fiscalía Suprema, las Fiscalías Superiores, las Fiscalías Provinciales, las Fiscalías de Distrito y las Fiscalías Militares de todos los niveles (Ley sobre la Fiscalía del Pueblo, artículo 40).

13.Los gobiernos locales están organizados en unidades administrativas. Estos garantizan la aplicación de la Constitución, las leyes y normativas a nivel local y adoptan decisiones sobre cuestiones locales prescritas por las leyes. Los gobiernos locales están integrados por los Consejos Populares y los Comités Populares, que se organizan en función de las condiciones especiales de las zonas rurales, las zonas urbanas, las islas y las unidades economicoadministrativas especiales, de conformidad con la ley (Constitución, artículos 111 y 112).

Marco jurídico nacional de derechos humanos

14.La Constitución —ley suprema de Viet Nam— ha reconocido siempre los derechos humanos y los derechos del ciudadano. Sobre la base de las disposiciones de la Constitución se han hecho oportunamente enmiendas y adiciones a los instrumentos jurídicos, incluidos los relativos a los derechos humanos y los derechos del ciudadano. La promulgación por los organismos superiores del Estado de un documento jurídico que esté en contradicción con la Constitución o con cualquier otro documento jurídico está estrictamente prohibida (Ley sobre la Promulgación de Documentos Jurídicos, artículo 14).

15.La actual Constitución fue aprobada por la Asamblea Nacional a finales de 2013 y representa un importante avance en lo que respecta a la toma de conciencia y el disfrute de los derechos humanos, así como a la responsabilidad de las organizaciones y los particulares en el reconocimiento, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos. Un capítulo entero de la Constitución de 2013 está dedicado a los derechos humanos, los derechos fundamentales y las obligaciones de los ciudadanos, y en él se reconocen plena y explícitamente los derechos civiles y políticos. A diferencia de las Constituciones anteriores, la de 2013 no permite que ninguna normativa, ni siquiera una ley promulgada por la Asamblea Nacional, imponga ningún tipo de restricción a los derechos humanos, salvo por los motivos previstos en la Constitución. En su artículo 14 dispone que los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos solo podrán restringirse de conformidad con la ley en caso de necesidad por razones de defensa nacional, seguridad nacional, orden social, moral social y salud pública.

16.Con el fin de aplicar la Constitución, Viet Nam ha llevado a cabo un examen global de más de 100.000 instrumentos legislativos para introducir modificaciones o promulgar nuevas leyes, de ser necesario. Entre enero de 2014 y junio de 2017, la Asamblea Nacional y su Comité Permanente aprobaron 81 leyes y ordenanzas, respectivamente, muchas de las cuales son importantes instrumentos de derechos humanos, como el Código Penal de 2015, el Código Civil de 2015, el Código de Procedimiento Penal de 2015, el Código de Procedimiento Civil de 2015, la Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva de 2015, la Ley de Acceso a la Información de 2016, la Ley de Libertad de Culto y Creencias de 2016, la Ley de la Prensa de 2016, la Ley de Asistencia Letrada de 2017 y la Ley de Indemnización por Responsabilidad del Estado de 2017.

17.Los grandes logros en la legislación y la aplicación de la ley que se han obtenido durante más de 30 años de aplicación de la política de Doi Moi (renovación) constituyen importantes bases jurídicas para garantizar y facilitar el pleno disfrute de los derechos humanos.

Aplicación de los instrumentos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos

18.Viet Nam se compromete a acatar los tratados internacionales en los que es parte, lo cual se refleja muy bien en la Constitución, la Ley sobre el Derecho de los Tratados y la Ley sobre la Promulgación de Documentos Jurídicos. La legislación interna no debe obstaculizar la aplicación de los tratados internacionales en los que Viet Nam es parte (Ley sobre la Promulgación de Documentos Jurídicos, artículos 5 y 156). Si la legislación interna y los tratados internacionales en los que Viet Nam es parte prevén normas distintas, prevalecerá el tratado, salvo si se trata de la Constitución (Ley sobre el Derecho de los Tratados, artículo 6).

19.Viet Nam ha procedido a la ratificación o adhesión en relación con siete de los nueve instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y varios protocolos facultativos. Además, también es parte en muchos otros tratados internacionales relacionados con el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos.

20.Entre otras cosas, Viet Nam no ha escatimado esfuerzos para llevar a cabo el examen periódico universal, ha participado activamente en numerosos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Derechos Humanos en el período 2014-2016 y el Consejo Económico y Social en el período 2016-2018 y ha tomado iniciativas en diálogos sobre derechos humanos con muchos países de la región y del mundo.

21.Viet Nam ha aplicado debidamente las recomendaciones de los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas y ha presentado comentarios oficiales sobre las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de 2002. Desde entonces, pese a numerosas dificultades para la aplicación del Pacto, como se indica en los párrafos 24 a 29 del presente informe, se han mejorado de forma activa y positiva el sistema jurídico y la aplicación de la ley para fortalecer la protección y la garantía de los derechos civiles y políticos de conformidad con las observaciones finales del Comité y las condiciones de desarrollo reales del país.

22.Algunos de los resultados de la aplicación de esas observaciones finales se ha reflejado en los informes nacionales sobre derechos humanos presentados en el marco del examen periódico universal y otros tratados internacionales de derechos humanos en los que Viet Nam es parte (como se indica en el informe). En el presente informe se incluye información sobre la aplicación de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos.

23.Además, Viet Nam está estudiando la posibilidad de adherirse a otros tratados de derechos humanos, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. En lo que respecta a los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Viet Nam seguirá estudiándolos con miras a una decisión futura.

Dificultades para la aplicación del Pacto

24.Debido a sus circunstancias históricas, Viet Nam ha sido durante mucho tiempo un país subdesarrollado y ha tenido que hacer frente a numerosas guerras que devastaron la economía, el medio ambiente y los recursos. Esto ha tenido consecuencias negativas para la consecución de los objetivos de protección y promoción de los derechos humanos. Gracias a los nuevos logros en materia de desarrollo socioeconómico de los últimos años, Viet Nam ha hecho grandes esfuerzos para promover el respeto, la protección y el fortalecimiento de los derechos humanos. Habiendo salido recientemente del grupo de países pobres menos adelantados para convertirse en un país de renta media-baja, Viet Nam sigue afrontando numerosas dificultades. Los recursos del país son limitados y deben ser asignados a la satisfacción de diferentes necesidades socioeconómicas, incluida la protección de los derechos humanos.

25.Además, aunque el marco jurídico de derechos humanos sigue desarrollándose, la capacidad de aplicación es aún limitada, ya que una aplicación efectiva requiere ingentes recursos y más tiempo. Es evidente que, en tal contexto, no siempre se han dado plenamente todas las condiciones necesarias para la aplicación de la ley, lo que afecta a la consecución de objetivos y metas. La falta de comprensión de las personas y la escasa conciencia de la necesidad de cumplir la ley también han obstaculizado considerablemente la aplicación efectiva de las leyes y el Pacto.

26.Debido a la evolución socioeconómica desigual de las regiones y los grupos de población, Viet Nam se enfrenta a una escasez de recursos para su desarrollo, especialmente para la aplicación de las políticas de asistencia y garantía de los derechos de los grupos desfavorecidos y vulnerables de la sociedad. Las repercusiones del cambio climático, los desastres naturales, las epidemias y otras cuestiones de seguridad no tradicionales, que afectan principalmente a los grupos vulnerables, siguen siendo problemas importantes. A pesar de los grandes esfuerzos desplegados, el modesto alcance del actual sistema de bienestar social, debido a la falta de recursos, sigue acarreando efectos negativos en el pleno disfrute de los derechos de las personas.

27.Aunque la educación en derechos humanos y derechos de los ciudadanos a todos los niveles ha recibido la debida atención y se ha promovido enérgicamente, todavía no es satisfactoria. El programa de enseñanza en derechos humanos en general y en determinados derechos en particular no está suficientemente desarrollado ni diseñado para adaptarse a diferentes niveles escolares y edades. La mayoría de los programas de educación solo proporcionan información y el texto de la legislación sobre derechos humanos.

28.Algunos antiguos usos y costumbres que perduran han impedido que las mujeres y los grupos vulnerables, en particular los niños, las personas con discapacidad y las minorías étnicas, defiendan sus derechos de manera proactiva. El patriarcado y la violencia en el hogar persisten, especialmente en los grupos con bajo nivel de instrucción. Estos problemas no solo inciden en el disfrute de los derechos individuales, sino que también son un reto para los organismos gubernamentales que elaboran y aplican políticas para mejorar la vida material y espiritual de las personas.

29.Las fluctuaciones de las situaciones regionales e internacionales, como las guerras, los conflictos armados en algunas zonas, el extremismo y el terrorismo que se manifiestan en muchas partes del mundo, las recesiones económicas y otros factores, han tenido efectos negativos en Viet Nam. Estos problemas no solo afectan directamente a las personas, sino que también consumen los recursos del país y reducen la eficacia de las políticas para alentar y promover los derechos civiles y políticos.

Preparación del informe

30.El informe ha sido elaborado por un comité de redacción interministerial integrado por representantes de diferentes ministerios y sectores que participan en forma directa en la garantía, protección y promoción de los derechos humanos. El Ministerio de Justicia ha sido el órgano de coordinación para la elaboración del informe.

31.En la elaboración del informe se tuvieron en cuenta las observaciones, opiniones y aportaciones de organismos gubernamentales, gobiernos locales, organizaciones sociopolíticas, asociaciones profesionales y la población en general. El proyecto de informe se publicó en el sitio web del Ministerio de Justicia para recabar comentarios. Se organizaron numerosos talleres para entablar diálogos abiertos y francos entre el Comité de Redacción y otras partes interesadas y el Comité recogió y examinó todas las observaciones para ultimar el informe.

Segunda parteInformación específica sobre los artículos del Pacto

Artículo 1

32.Viet Nam es un Estado unitario constituido por 54 grupos étnicos que han convivido y se han apoyado mutuamente durante 1.000 años de historia para fundar y salvaguardar la patria. En Viet Nam no hay pueblos indígenas ni se plantean cuestiones indígenas.

33.En Viet Nam, las tierras, los recursos hídricos, los recursos minerales, los recursos marinos, el espacio aéreo, otros recursos naturales y bienes que el Estado mantiene y administra son bienes públicos, propiedad de todo el pueblo. El Estado representa al propietario y ejerce la administración unificada (Constitución, artículo 53).

34.El objetivo del Estado es consolidar la gran unidad nacional sobre la base de los principios de la igualdad y la concordia de todos los grupos étnicos, el respeto mutuo y la ayuda recíproca para el desarrollo, y la aplicación por el Estado de políticas de desarrollo integral y maximización de los recursos internos de las minorías étnicas para que se desarrollen junto con el país (Constitución, artículo 5). En los párrafos 237 a 246 del presente informe se proporciona información específica sobre los derechos de las minorías étnicas.

Artículos 2 y 26 (párrafos 5 y 11 de las observaciones finales del Comité)

35.Los derechos civiles y políticos consagrados en el Pacto están plenamente incorporados en la Constitución y las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, y se especifican en mayor detalle en otros instrumentos legislativos. El artículo 14 de la Constitución de 2013 establece que los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos se reconocen, respetan, protegen y garantizan en los ámbitos político, civil, económico, cultural y social, de conformidad con la Constitución y la ley.

36.La Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y que nadie puede ser objeto de trato discriminatorio en la vida política, civil, económica, cultural o social (artículo 16). Todas las personas, incluidos los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, tienen sus derechos humanos garantizados por la Constitución y las leyes del país. Los derechos de los ciudadanos vietnamitas se diferencian por el hecho de que reflejan la especial relación personal existente entre el ciudadano y el Estado de Viet Nam.

37.En lo que respecta a las relaciones civiles, con arreglo al Código Civil, todas las personas son iguales y no se permite discriminación alguna por ningún motivo, la ley protege por igual los derechos individuales y los derechos de propiedad de todas las personas, y todas las personas gozan de la misma capacidad jurídica en el ámbito civil (artículos 3 y 16).

38.Ley sobre la Promulgación de Documentos Jurídicos dispone que el Estado debe garantizar la difusión de información y los principios de la democracia al recabar las opiniones de los ciudadanos en el proceso de elaboración y promulgación de documentos jurídicos, y que las personas tienen derecho a formular observaciones sobre las propuestas y los proyectos de documentos jurídicos y que se les dará la oportunidad de hacerlo (artículo 6).

39.Con el fin de crear condiciones favorables para que las mujeres y los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, los niños, los pobres y las minorías étnicas, puedan gozar plenamente de sus derechos civiles y políticos, Viet Nam cuenta con leyes y normativas específicas, entre otras, el Código del Trabajo, la Ley de Asistencia Letrada, la Ley sobre Discapacidad y la Ley de la Infancia. Estas leyes y su aplicación se examinan en detalle en las siguientes secciones del presente informe.

40.Los actos que vulneran los derechos civiles y políticos entrañan responsabilidad, en función de su gravedad y con arreglo a las leyes y normativas. Las víctimas tienen derecho a presentar quejas, denuncias o demandas ante los organismos estatales competentes, que se encargarán de gestionarlas siguiendo el debido procedimiento y dentro de los plazos prescritos por la ley.

41.Los métodos de protección de los derechos civiles se enuncian en el artículo 11 del Código Civil. Además, el Código establece claramente que los tribunales y otros organismos competentes deben respetar y proteger los derechos civiles de las personas físicas y jurídicas. Todo aquel cuyos derechos hayan sido vulnerados puede entablar una acción judicial o un procedimiento arbitral contra el infractor. La ley protege los derechos civiles en el marco de los procedimientos administrativos. Una decisión encaminada a resolver una causa de conformidad con los procedimientos administrativos puede ser objeto de revisión judicial (artículo 14).

42.En particular, el artículo 14 del Código Civil y el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil constituyen un importante avance en la protección y garantía de los derechos humanos, pues establecen que un tribunal no puede negarse a resolver una causa civil aduciendo que no existe una disposición jurídica al respecto.

43.El artículo 1 del Código Penal de 2015 (que sustituyó al de 1999) establece la obligación de proteger los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, los derechos a la igualdad entre los pueblos y los intereses del Estado. El Código especifica la responsabilidad penal por violaciones de los derechos civiles o políticos.

44.El derecho a presentar quejas o denuncias por actividades ilícitas de organismos estatales, organizaciones o particulares también está garantizado en la Constitución (artículo 30), la Ley de Quejas y la Ley de Denuncias. Entre 2012 y 2016, los órganos de la administración pública resolvieron 199.567 de las 237.168 quejas y denuncias presentadas en el ámbito de su competencia (equivalentes a más del 84%). Gracias a su resolución, se restituyeron los derechos de 13.617 ciudadanos y se recuperaron 512.000 millones de dong vietnamitas y 418,6 ha de tierra.

45.Las personas y organizaciones que hayan sufrido daños y perjuicios por actos de funcionarios en servicio durante una gestión administrativa serán indemnizadas por el Estado si dichos daños y perjuicios se inscriben en el ámbito de la Ley de Indemnización por Responsabilidad del Estado (artículo 2).

46.Viet Nam ha realizado diversas actividades para promover y difundir las disposiciones del Pacto y las normas de derechos humanos, entre ellas, un proyecto para la difusión de los contenidos básicos del Pacto y las leyes de Viet Nam sobre los derechos civiles y políticos del personal directivo, los funcionarios públicos y los particulares durante el período 2015-2020 y un proyecto para la introducción de los derechos humanos en el sistema educativo nacional. La normativa de derechos humanos se ha incorporado en los programas de capacitación de varias instituciones de enseñanza. En particular, se ha prestado atención a la formación del personal del poder judicial y las personas que trabajan en esferas relacionadas con los derechos humanos.

47. Las leyes vietnamitas también prevén distintos mecanismos de protección de los derechos humanos y los derechos del ciudadano (véanse los párrafos 35 a 46 del presente informe). En la actualidad, Viet Nam está estudiando la posibilidad de establecer una institución nacional de derechos humanos conforme a lo recomendado por el Comité de Derechos Humanos, que se adecue a su nivel de desarrollo socioeconómico y al proceso de reforma jurídica y judicial en curso.

Artículo 3 (párrafo 14 de las observaciones finales del Comité)

48.La aplicación de estas observaciones debe considerarse teniendo en cuenta los informes periódicos séptimo y octavo combinados sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que se presentó al Comité en 2013 y se actualizó en 2014. En lo que respecta a la aplicación del Pacto, en el presente informe se hace hincapié en las cuestiones que se mencionan a continuación.

49.La Constitución confirma que las ciudadanas y los ciudadanos son iguales en todos los aspectos. El Estado cuenta con políticas para garantizar la igualdad entre los géneros en materia de derechos y oportunidades, y la discriminación por motivos de género está estrictamente prohibida (artículo 26).

50.El principio constitucional de la igualdad de género se expone con mayor detalle en los documentos jurídicos. La Ley de Igualdad de Género se aprobó para facilitar y permitir la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas. Además, con arreglo a la Ley sobre la Promulgación de Documentos Jurídicos, la perspectiva de género debe garantizarse e incluirse de oficio en cada documento jurídico (artículo 5).

51.El principio de la no discriminación por motivos de género y la garantía de la igualdad entre los géneros están incorporados en los distintos instrumentos jurídicos, en particular:

i)El Código del Trabajo dispone que los empleadores deben garantizar la igualdad de remuneración, independientemente del género, para los empleados que realizan el mismo trabajo (artículo 90);

ii)La Ley de Educación establece que todos los ciudadanos, independientemente de su género, tendrán las mismas oportunidades de aprendizaje (artículo 10);

iii)La Ley de Elección de Diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares establece que al menos el 35% del número total de candidatos a diputados de la Asamblea Nacional y diputados a los Consejos Populares deben ser mujeres, para garantizar una representación proporcional razonable de mujeres en estos órganos (artículos 8 y 9);

iv)La Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica asigna prioridad a la protección de los derechos e intereses legítimos de las mujeres víctimas de violencia en el hogar (artículo 3).

52.Viet Nam ha prestado siempre atención a la formulación y elaboración de políticas y programas para promover la igualdad de género. La Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género para 2011-2020 se está aplicando de manera efectiva. En 2016, se organizó el Mes de Acción para la Igualdad de Género y la Prevención y Lucha contra la Violencia de Género en todo el país. Sin embargo, persisten en algunos lugares los estereotipos de género, las costumbres locales y la parcialidad en favor del hombre.

53.Todo aquel que vulnere el principio de la igualdad de género será pasible de una sanción civil, administrativa o penal, en función de la naturaleza y la gravedad de la violación, a saber:

i)En lo que respecta a la responsabilidad administrativa, el Gobierno promulgó el Decreto núm. 55/2009/ND-CP, donde se definen las infracciones administrativas en materia de igualdad de género, los tipos de sanciones y la autoridad competente para aplicarlas;

ii)En lo que respecta a la responsabilidad penal, toda persona que, por motivos de género, obstaculice la participación de otra persona en actividades políticas, económicas, laborales, educativas, científicas y tecnológicas, culturales, informativas, gimnásticas, deportivas y sanitarias, será pasible, en función de la gravedad del acto, de una sanción penal por vulneración del derecho a la igualdad de género (Código Penal, artículo 165).

54.El sistema de organismos y organizaciones que se ocupan de la promoción y el adelanto de la mujer en Viet Nam incluye el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales, el Comité Nacional para el Adelanto de la Mujer en Viet Nam y la Unión de Mujeres de Viet Nam.

55.Los esfuerzos de Viet Nam para garantizar la igualdad de género han quedado reflejados en el Índice de Desigualdad de Género de las Naciones Unidas de 2015, según el cual Viet Nam ocupa el puesto 60 en un total de 188 países, en comparación con 2010, que ocupó el puesto 58 en un total de 136 países.

56.El 26,72% de los miembros de la 14a legislatura de la Asamblea Nacional (2016‑2021) son mujeres. Las mujeres ocupan numerosos puestos clave en el Estado y la sociedad, en particular: Presidenta y Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Vicepresidenta del Estado, Ministras y Presidentas de Comités de la Asamblea Nacional (tres). La 14a legislatura de la Asamblea Nacional está presidida por primera vez por una mujer y tuvo el mayor número de candidatas a diputado después de la tercera ronda de consultas electorales (38,79%) en comparación con elecciones anteriores. En diciembre de 2016, en 12 de los 30 ministerios, organismos de nivel ministerial y órganos gubernamentales, las mujeres que ocupaban puestos clave representaban el 40%, y en 16 de las 63 provincias las Presidentas y Vicepresidentas de los Comités Populares representaban el 25,39%.

57.En 2011-2015, las mujeres ocuparon el 48% del número total de puestos de trabajo creados en el país. En 2014, el porcentaje de mujeres empresarias o gerentes fue del 24,9% (un aumento del 0,5% con respecto a 2013). Según el Informe Nacional sobre el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 2014 la brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector no agrícola disminuyó al 106,7%.

58.En el año académico 2014/15, en el marco del programa de erradicación del analfabetismo, se alfabetizaron 27.512 personas, de las cuales 18.557 eran mujeres (67,52%) y 18.557 pertenecían a minorías étnicas, incluidas 11.305 mujeres (60,92%). La formación de posgrado de la mujer ha mejorado y se le presta mayor atención.

Datos sobre la formación de posgrado de las mujeres

	Año académico
2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Estudiante
Maestría	22 420	39 030	38 190	41 371
Doctorado	1 844	3 299	3 458	4 648
Conferenciante
Maestría	10 230	14 110	17 926	21 063
Doctorado	1 568	2 429	3 119	4 334
Profesor adjunto	315	534	719	762
Profesor	22	29	30	39

59.Las actividades de concienciación y una mejor difusión de la Ley de Igualdad de Género y la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica han contribuido a la reducción de los nuevos casos de violencia contra la mujer. Además, los infractores de dichas leyes han sido debidamente sancionados.

Medidas para hacer frente a la violencia doméstica ( Unidad: caso )

	Año
2012	2013	2014	2015	2016
Comentarios, críticas en la comunidad	24 523	19 426	14 638	13 319	9 365
Prohibición de acercamiento	977	1 084	505	440	244
Medidas educativas	5 532	4 173	2 801	2 817	1 393
Detención, sanciones administrativas	1 893	1 864	1 488	1 325	1 039
Sanciones penales	350	279	190	123	105

60.Viet Nam ha puesto en marcha diversos programas para las mujeres, como el programa de orientación matrimonial y el programa de reducción de la violencia en el hogar. Se han establecido nuevos servicios, como el Centro de Apoyo al Matrimonio, los lugares seguros en la comunidad y la Casa de la Paz, que responden a las necesidades de determinados grupos de mujeres. Además, el proyecto sobre Prevención de la Violencia de Género para el período 2016-2020 y la Visión 2030, aprobados por el Primer Ministro, servirán de base para la adopción de medidas futuras por los ministerios, sectores y localidades en el próximo período.

Medidas para proteger a las víctimas de la violencia en el hogar

	2012	2013	2014	2015	2016
Número de unidades de asesoramiento	13 927	9 895	9 816	9 503	9 351
Número de infractores asesorados	17 415	14 696	11 760	10 977	7 288
Número de víctimas asesoradas	17 481	15 216	11 550	7 176	7 983
Número de centros de atención de la salud	9 200	9 087	9 529	10 425	11 109
Número de víctimas que acudieron a los centros de atención de la salud	8 254	4 571	4 052	3 281	2 654
Número de instituciones de protección social	829	718	930	844	839
Número de víctimas que acudieron a las instituciones de protección social	527	832	420	385	321
Número de centros de apoyo a las víctimas	3 417	4 156	4 691	5 142	6 132
Número de víctimas que acudieron a los centros de apoyo	3 500	4 793	2 868	2 488	1 354
Número de lugares seguros de la comunidad	23 992	31 857	35 205	41 104	38 608
Número de víctimas que acudieron a los lugares seguros de la comunidad	8 862	8 126	6 243	5 860	5 698

Artículo 4

61.La Constitución faculta al Comité Permanente de la Asamblea Nacional o al Presidente del Estado a declarar el estado de excepción y su terminación en todo el país o en una localidad, y establece las acciones del Gobierno durante el estado de excepción (artículos 74, 88 y 96). Dichas disposiciones se han detallado en varios documentos jurídicos:

i)La Ley de Defensa establece la posibilidad de declarar el estado de excepción por motivos de defensa nacional (capítulo IV). El proyecto de modificación de esta Ley se examinó en la cuarta sesión de la 14a legislatura de la Asamblea Nacional. La modificación tiene por objeto especificar la declaración y la proclamación del estado de excepción por motivos de defensa nacional y la abolición de la orden de proclamación del estado de excepción por motivos de defensa nacional. Desde 2002, Viet Nam no ha declarado nunca el estado de excepción;

ii)El Decreto Gubernamental núm. 71/2002/ND-CP también prohíbe el uso indebido del estado de excepción para vulnerar los derechos e intereses legítimos de las personas (artículo 2).

62.La Ley de Lucha contra el Terrorismo establece que las medidas adoptadas para prevenir y combatir el terrorismo deben respetar los derechos e intereses legítimos de los organismos, las organizaciones y las personas, así como la protección de la vida y la salud humanas (artículo 4).

Artículo 6 (párrafos 7 y 15 de las observaciones finales del Comité)

63.Toda persona tiene derecho a la vida. La vida humana está protegida por la ley. Nadie puede ser privado de su vida ilegalmente (Constitución, artículo 19). Varios documentos jurídicos especifican esta disposición de la Constitución con miras a impedir los atentados contra la vida humana, sancionar severamente las violaciones del derecho a la vida y reducir la aplicación de la pena de muerte.

64.Viet Nam está estudiando la posibilidad de adherirse a la Convención contra las Desapariciones Forzadas.

65.La Ley de Gestión y Uso de Armas, Materiales Explosivos y Herramientas de Apoyo especifica las circunstancias, las condiciones y los principios aplicables al uso de armas de fuego en cumplimiento del deber o para la protección de la seguridad nacional. Un agente del orden en servicio que cause la muerte de una persona por haber usado la fuerza más allá de lo permitido por la ley será imputado por homicidio en el ejercicio de sus funciones (Código Penal, artículo 127).

66.El capítulo 14 del Código Penal tipifica como delito los atentados contra la vida y la salud humanas, la dignidad y el honor. Con arreglo a otros capítulos del Código, estos delitos también podrán tipificarse, entre otras cosas, como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Con miras a asegurar la represión de los crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, el Código Penal dispone su no prescripción (artículo 28). Además, especifica que el hecho de que estos crímenes se cometan contra grupos protegidos, como por ejemplo, los menores de 16 años, las mujeres embarazadas y las personas de 70 años o más, son factores que agravan la responsabilidad penal o la severidad del castigo.

67.La pena de muerte es la sanción más severa prevista en el Código Penal. A diferencia del Código Penal de 1999, el de 2015 establece claramente que se trata de una condena especial que solo se impondrá a las personas que cometan delitos extremadamente graves que atenten contra la seguridad nacional o la vida humana, delitos relacionados con drogas o corrupción y otros delitos muy graves enunciados en el Código. La enmienda de 2015 ha excluido la aplicación de la pena de muerte a una serie de delitos. En particular:

i)Se ha excluido la aplicación de la pena de muerte en relación con ocho delitos. En virtud del nuevo Código, esta pena se aplicará a 18 delitos (el 5,73%), del total de 314 delitos tipificados, pertenecientes a 7 de las 14 categorías de delitos, lo que representa una reducción de 11 delitos (un 6%), en comparación con el Código Penal de 1999 y de 4 delitos (un 3%), en comparación con la enmienda de 2009.

ii)La pena de muerte no se aplicará a las personas que tuvieran menos de 18 años en el momento de cometer el delito, las mujeres embarazadas y las mujeres que estuvieran amamantando a niños menores de 36 meses en el momento de cometer el delito o de ser juzgadas, lo mismo que en el Código Penal de 1999. El Código Penal de 2015 establece la no ejecución de la pena capital cuando la persona condenada tenga 75 años o más;

iii)Además de disponer que la pena de muerte no se aplicará o se conmutará a prisión perpetua en los casos de mujeres embarazadas o que estén amamantando a hijos menores de 36 meses, el Código Penal de 2015, lo mismo que el de 1999, permite la conmutación de la pena de muerte a cadena perpetua en 2 casos: a) cuando el condenado tenga 75 años o más; b) cuando la persona condenada a muerte por malversación y cohecho, tras haber sido condenada, devuelva al menos las tres cuartas partes de los bienes, coopere estrechamente con las autoridades en la investigación o el juicio, o haga reparaciones en un intento de expiar el delito.

68.El Código de Procedimiento Penal especifica en detalle las normas y los procedimientos estrictos para juzgar los delitos punibles con la pena de muerte como pena máxima:

i)Los Tribunales del Pueblo provinciales o los Tribunales Militares regionales juzgan en primera instancia las causas penales relacionadas con delitos punibles con la pena de muerte como pena máxima. Durante el juicio, debe haber 1 abogado defensor (artículo 76), 2 magistrados y 3 jueces legos (artículo 254);

ii)Después de una sentencia definitiva y vinculante que imponga la pena de muerte, la causa será inmediatamente transferida al Presidente del Tribunal Supremo del Pueblo y el fallo se remitirá inmediatamente al Fiscal General de la Fiscalía Suprema del Pueblo para que decida si procede presentar un recurso de conformidad con los procedimientos de revisión en casación o la reapertura de los procedimientos; a partir de la fecha en que la sentencia sea definitiva y vinculante, la persona condenada a muerte tiene derecho de solicitar la conmutación de la pena al Presidente del Estado (artículo 367).

69.Con miras a ejecutar la pena de muerte de una forma más humana, desde el 1 de julio de 2011 se ha reemplazado el fusilamiento por la inyección letal. La forma y el procedimiento para la ejecución de la pena de muerte deben llevarse a cabo de conformidad con la ley.

70.Entre 2002 y 2016, Viet Nam aplicó numerosas políticas para asegurar el acceso y disfrute de los servicios de atención de la salud a las mujeres embarazadas y los niños. La salud reproductiva de la mujer durante el embarazo ha recibido atención especial y la tasa de uso de anticonceptivos ha alcanzado el 75,7% en todo el país. Según las estimaciones de organizaciones de las Naciones Unidas, la mortalidad materna en Viet Nam se redujo de 61 por 100.000 nacidos vivos en 2005 a 54 por 100.000 nacidos vivos en 2015. Según estimaciones de las Naciones Unidas, Viet Nam ha registrado una fuerte disminución de la tasa de mortalidad materna en comparación con otros países de la región. Sin embargo, esta tasa varía entre las provincias.

71.La Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género para el período 2011-2020 fijó el objetivo de reducir la tasa de abortos a 27 por 100 niños nacidos vivos en 2015. Según las estadísticas, los casos de aborto se redujeron de 19 por 100 nacidos vivos en 2012 a 16,9 por 100 nacidos vivos en 2016. Por tanto, Viet Nam ha superado el objetivo fijado. Los efectos secundarios en la salud causados por el aborto también disminuyeron del 0,5% en 2015 al 0,45% en 2016.

Artículo 7

72.Al igual que las Constituciones anteriores, la de 2013 dispone que nadie será sometido a torturas, violencia, coacción, castigos corporales ni ninguna otra forma de trato que atente contra el cuerpo, la salud, el honor o la dignidad (artículo 20). Otros instrumentos legislativos especifican más concretamente esta disposición de la Constitución, por ejemplo:

i)La tortura, la coerción, el castigo corporal o cualquier otra forma de trato que atente contra el cuerpo, la vida o la salud están estrictamente prohibidos (Código de Procedimiento Penal, artículo 10);

ii)La tortura, la coerción o el castigo corporal, toda forma de trato o castigos crueles, inhumanos o degradantes, la humillación o toda forma de violación de los derechos e intereses legítimos de las personas en detención temporal o en prisión preventiva están estrictamente prohibidos (Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva, artículos 4 y 8).

73.Existen varios mecanismos para garantizar esos derechos, por ejemplo:

i)En virtud de la Constitución, toda persona tiene derecho a presentar quejas y/o denuncias ante los organismos, organizaciones o personas competentes cuando un particular haya cometido actos ilícitos, como la tortura, la coerción y el castigo corporal; toda queja o denuncia presentada en el marco de un procedimiento penal se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XXXIII del Código de Procedimiento Penal; y el uso o la amenaza del uso de la fuerza u otros actos que impidan el ejercicio del derecho a presentar quejas o denuncias entrañarán responsabilidad penal, de conformidad con el Código Penal (artículo 166);

ii)Las Fiscalías del Pueblo supervisan el cumplimiento por los organismos, organizaciones y/o personas de las normas aplicables a la gestión y aplicación de la detención temporal y la prisión preventiva; la Asamblea Nacional, los Comités Populares y el Comité Central del Frente Patriótico de Viet Nam supervisan a los organismos encargados de la gestión y aplicación de la detención temporal y la prisión preventiva, así como otros organismos, organizaciones o personas competentes en ese ámbito, con arreglo a la ley (Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva, artículos 6 y 7);

iii)Todo aquel que haya sufrido daños y perjuicios como consecuencia de la tortura, la coerción o el castigo físico, tendrá derecho a una indemnización por los sufrimientos físicos y mentales y a la restauración del honor, de conformidad con la ley. Las indemnizaciones se efectuarán con arreglo a la Ley de Indemnizaciones;

iv)El Código de Procedimiento Penal establece medidas de prevención de la coerción o el castigo físico, como por ejemplo:

La grabación en audio o vídeo con sonido de los interrogatorios en los centros de detención o las oficinas de los organismos de investigación o las dependencias encargadas de la investigación (artículo 183).

La responsabilidad, claramente establecida, de los organismos de orden público de informar a los abogados del acusado con antelación de la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el juicio, a fin de que estos puedan estar presentes (artículo 183).

El interrogatorio por los fiscales de sospechosos que sostengan su inocencia o presenten una denuncia por la forma en que se ha llevado a cabo la investigación o cuando haya motivos para suponer que la investigación se realizó en violación de la ley o en otras circunstancias necesarias (artículo 183).

En caso de que un acusado sostenga que ha sido obligado a declarar o sometido a castigos corporales, el tribunal autorizará la presentación en la sala de la grabación de audio o el vídeo (artículo 313).

74.El Código Penal no tipifica específicamente la tortura. Sin embargo, se considera que los actos que tengan carácter de tortura violan el derecho penal y están incluidos en la categoría de delitos de arresto, detención o mantenimiento en detención en forma ilícita o uso de castigo corporal o coerción (artículos 157, 373 y 374). Además, el Código Penal define las conductas relacionadas con la tortura que atenten contra la vida humana, la salud y la dignidad como delitos incluidos en las categorías de asesinato, suicidio forzado, amenaza de muerte, lesiones o daños a la salud de una persona en el ejercicio de las funciones oficiales, o de tortura a terceros (artículos 123,130, 133, 137 y 140). Las penas aplicables a los delitos mencionados son muy severas.

75.La Ley de Asistencia Judicial Recíproca prevé la denegación de la extradición de personas que residan en Viet Nam si se considera posible la coerción en el país que solicita la extradición por motivos de discriminación basada en la raza, la religión, el sexo, la nacionalidad, la etnia, la clase social o las opiniones políticas (artículo 35). Esta disposición también se ha incorporado en los acuerdos bilaterales sobre asistencia judicial recíproca que Viet Nam ha concertado con otros países.

76.Las personas acusadas tienen el derecho pero no la obligación de demostrar su inocencia. La confesión del acusado no debe ser la única prueba para enjuiciarlo y condenarlo (Código de Procedimiento Penal, artículos 15 y 98).

77.Se requiere el consentimiento de una persona para proceder a la anestesia, la cirugía, la amputación, el trasplante de sus tejidos u órganos corporales, la administración de nuevos tratamientos médicos y la realización de ensayos médicos, farmacéuticos o científicos o cualquier tipo de ensayo en su cuerpo (Código Civil, artículo 33). Además, la Ley de Donación, Extracción y Trasplante de Tejidos y Órganos Humanos y Donación y Recuperación de Cadáveres establece los actos prohibidos en ese ámbito, como robar tejidos y órganos humanos, robar cadáveres, forzar a otras personas a donar sus tejidos y órganos o extraer tejidos y órganos de personas que se nieguen a donarlos (artículo 11). Todo aquel que comercialice o extraiga tejidos o partes del cuerpo de una persona será condenado por tráfico o extracción de tejidos o partes del cuerpo (Código Penal, artículo 154).

78.La gestión del encarcelamiento, la alimentación, el alojamiento, el vestido, el uso de las instalaciones, la correspondencia, la entrega de envíos, el dinero en efectivo, las visitas y la atención médica de las personas condenadas a muerte hasta el momento de su ejecución se rige por la Ley de Detención Temporal.

79.Las disposiciones jurídicas sobre la prohibición de la tortura y los malos tratos, y la protección de los derechos de los ciudadanos están incorporadas en los programas de formación de los agentes del orden público.

80.El 28 de noviembre de 2014, la Asamblea Nacional de Viet Nam ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En julio de 2017, Viet Nam presentó el primer informe sobre la aplicación de la Convención, que refleja los resultados del primer año de aplicación.

Artículo 8

81.El concepto de “esclavitud” no existe en la legislación de Viet Nam. Existe, en cambio, el concepto de “trabajo forzoso”, entendido como el uso o la amenaza del uso de la fuerza u otros medios para obligar a una persona a trabajar contra su voluntad. El trabajo forzoso o el empleo de niños que no hayan cumplido la edad mínima para trabajar están estrictamente prohibidos por la Constitución (artículo 35) y el Código Laboral (artículo 8). El Código Penal también tipifica como delitos el empleo de personas menores de 16 años y la utilización del trabajo forzoso (artículos 296 y 297).

82.Los presos se organizan para trabajar con arreglo al plan de producción anual de cada sector. El producto de su trabajo, una vez deducidos los gastos razonables, se utiliza para sus comidas diarias, para recompensar a los reclusos y para alimentar el Fondo de Reintegración en la Comunidad (que ayuda a los reclusos a reintegrarse en la comunidad una vez cumplida la pena), el Fondo de Bienestar Común (que apoya a los reclusos en caso de enfermedad, accidente de trabajo, tratamiento en la enfermería o el hospital, etc.) y el Fondo de Bonificación (que recompensa a los reclusos que hayan tenido un excelente desempeño en la prisión).

83.En los últimos años, Viet Nam ha prestado especial atención a prevenir y combatir la trata de seres humanos mediante su adhesión a los convenios internacionales, el mejoramiento de su sistema jurídico, la aplicación de la ley y la intensificación de las actividades de difusión y concienciación relacionadas con la prevención y lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso.

84.Viet Nam se ha centrado en prevenir y combatir la trata de personas y ha adoptado medidas para tal fin, incluida la promulgación de políticas y documentos jurídicos, como el Código Penal, la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos y el Decreto núm. 62/2012/ND-CP, que enuncia los elementos para la identificación de las víctimas de la trata, su protección y la de sus familiares, entre otras cosas.

85.El Código Penal tipifica como delito la trata de personas y la trata de menores de 16 años (artículos 150 y 151). Los siguientes actos se consideran trata de seres humanos:

i)El traslado o la recepción de personas para su traslado y/o con el fin de recibir dinero, bienes u otros activos financieros;

ii)El traslado o la recepción de personas con fines de esclavitud sexual, trabajos forzosos, extracción de partes del cuerpo u otros fines inhumanos;

iii)La contratación, el transporte y el alojamiento de personas para cometer los actos mencionados más arriba.

86.Con arreglo a la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos, el Gobierno, los ministerios, las organizaciones y los gobiernos locales deben incorporar la prevención y lucha contra la trata en los programas para prevenir y combatir los delitos y los males de la sociedad, así como los programas de formación profesional, creación de empleos, reducción de la pobreza, igualdad de género, protección de la infancia, adelanto de la mujer y otros programas de desarrollo económico y social, para hacer frente eficazmente a la trata de personas.

87.Viet Nam se adhirió a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional el 8 de junio de 2012, al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, el 29 de diciembre de 2011, y al Convenio (núm. 29) de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Forzoso, el 5 de marzo de 2007.

88.El Primer Ministro promulgó un Programa de Acción de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas para el período 2016-2020, destinado a reducir el número de víctimas y las redes de trata de personas y llevar a cabo en forma eficiente la recepción, protección y asistencia de las víctimas repatriadas.

89.Entre 2011 y 2015, las Fiscalías del Pueblo de todos los niveles enjuiciaron 934 causas de trata personas, trata de niños, trueque o apropiación. Entre 2011 y 2016, los Tribunales del Pueblo de todos los niveles registraron 1.193 casos de trata de personas y juzgaron 1.130 causas en primera instancia.

90.Las actividades de difusión y concienciación sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos se han desarrollado de diversas formas y a través de diversos medios. Durante el período comprendido entre 2011 y 2015, las administraciones locales organizaron cerca de 250.000 conferencias y charlas en las comunidades, a las que asistieron más de 15 millones de personas, distribuyeron más de 150.000 folletos y organizaron 150 seminarios y programas y reportajes televisivos relacionados con el tema. En 2016 Viet Nam conmemoró por primera vez el “Día del Ciudadano contra la Trata de Personas”, con miras a mejorar la prevención y la lucha en ese ámbito.

91.Las víctimas de la trata de seres humanos —si lo necesitan y desean— son admitidas y tienen permiso de residencia temporal en los Centros de Protección Social o los Centros de Apoyo a las Víctimas. En Viet Nam hay más de 400 Centros de Protección Social administrados por los organismos del Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales y 3 Centros de Apoyo de la Unión de Mujeres de Viet Nam, además de las organizaciones internacionales que prestan asistencia a las víctimas. Durante el período comprendido entre 2011 y 2015, 2.213 víctimas de la trata recibieron asistencia a su regreso para su reintegración en la comunidad, lo cual representa el 58% del total. De esa cifra, el 98,2% (2.173) eran mujeres, el 9% (199) menores de 16 años, el 51% víctimas trasladadas en el marco de la cooperación bilateral, el 21% víctimas rescatadas, y el 28% víctimas que regresaron por sus propios medios. Se les proporcionaron servicios, como ayuda inicial, formación profesional, creación de empleos, préstamos, atención médica, asesoramiento psicológico y asistencia jurídica, por un valor total de unos 5 millones de dong. Algunos modelos locales de asistencia a las víctimas son reconocidos por su eficacia y utilidad, como los grupos de autoayuda, la combinación de la prestación de asistencia a las víctimas con la prevención y lucha contra la prostitución y el VIH/SIDA.

92.Viet Nam ha elaborado planes y ha organizado cursos sobre prevención y lucha contra la trata de personas, incluidos 130 cursos interdisciplinarios para 6.000 asesores y más de 100 cursos de capacitación para casi 3.000 grupos de funcionarios locales que trabajan, entre otras cosas, en la prevención y lucha contra la trata y la asistencia a las víctimas.

Artículo 9 (párrafo 8 de las observaciones finales del Comité)

93.En su artículo 20, la Constitución garantiza la integridad personal, establece que nadie podrá ser detenido sin una decisión del Tribunal del Pueblo o una decisión o la aprobación de la Fiscalía del Pueblo, salvo que sea sorprendido en flagrante delito, y dispone que el arresto y la detención se regirán por la ley. Este principio constitucional se enuncia en detalle en diversos documentos jurídicos, como el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.

94.El Código de Procedimiento Penal especifica en qué casos pueden llevarse a cabo la detención de una persona en circunstancias de emergencia, el arresto de una persona detenida en circunstancias de emergencia, la detención de una persona sorprendida in fraganti, la detención de personas buscadas, la detención de sospechosos y la detención temporal de personas imputadas, así como el arresto y la detención temporal de las personas extraditadas (artículos 110 a 113 y 503). El Código establece también las medidas obligatorias que deben tomarse después de detener a una persona en circunstancias de emergencia o de efectuar un arresto (toma de testimonios, responsabilidad del organismo emisor de la orden de captura y responsabilidad del organismo que haya tomado la decisión de detención o detención temporal, levantamiento de actas, incautación temporal de objetos y documentos, y notificación de la detención de una persona en circunstancias de emergencia o del arresto de una persona) (artículos 114 y 116).

95.Con respecto a la detención temporal, el Código de Procedimiento Penal establece que esta solo podrá llevarse a cabo en circunstancias de emergencia o si la persona fuera sorprendida en flagrante delito o si confesara o se entregara voluntariamente o si fuera detenida a raíz de una orden de captura. Las personas en detención temporal tienen derecho a ser informadas de sus derechos y obligaciones. Si no hubiera fundamento para mantener a una persona detenida, la Fiscalía deberá revocar la decisión y ponerla en libertad de inmediato. Una persona podrá permanecer en detención temporal un máximo de 3 días. Si fuera necesario, el plazo podrá prorrogarse otros 3 días, y en casos extraordinarios podrá prorrogarse por segunda vez por un máximo de 3 días. Toda decisión de prórroga deberá ser aprobada por la Fiscalía al mismo nivel o la Fiscalía competente (artículos 117 y 118).

96.En lo que respecta a la prisión preventiva, el Código de Procedimiento Penal establece en su artículo 119 que puede aplicarse:

i)A los acusados de delitos penales sumamente graves o muy graves;

ii)A los acusados de delitos penales graves o menos graves punibles con más de dos años de prisión con arreglo al Código Penal, en los casos especificados en el Código de Procedimiento Penal de 2015;

iii)A los acusados de delitos penales menos graves punibles con un máximo de dos años de prisión con arreglo al Código Penal, si la persona fuera reincidente o hubiera huido y hubiera sido detenida a raíz de una orden de captura.

97.En comparación con el Código de Procedimiento Penal de 2003, el de 2015 ha reducido la duración de la prisión preventiva en la etapa de la investigación: la detención temporal podrá prorrogarse una sola vez en lugar de dos, en relación con delitos graves o muy graves y dos veces en lugar de tres en relación con delitos sumamente graves.

98.De conformidad con la ley, la detención temporal o la prisión preventiva podrán aplicarse tanto a los sospechosos de terrorismo como a otros delincuentes.

99.En caso de que una persona sea arrestada o detenida, el organismo responsable debe informar a sus familiares, allegados y empleadores. Los regímenes aplicables a las personas que están en detención temporal o prisión preventiva y las personas que cumplen una condena se detallan en los párrafos 107 y 114 a 117 del presente informe.

100.Si un experto concluye que el acusado padece una enfermedad mental o una enfermedad grave, la investigación podrá ser suspendida (Código de Procedimiento Penal, artículo 229). En Viet Nam ningún enfermo mental ha sido detenido temporalmente en el hospital psiquiátrico. Cuando haya motivos para creer que no se puede adjudicar responsabilidad penal al autor de un acto perjudicial para la sociedad, el organismo de investigación, la Fiscalía del Pueblo o el Tribunal, según sea la etapa en que se encuentre el proceso penal, deberá solicitar un examen pericial psiquiátrico. Sobre la base de la conclusión de este examen, podrá tomarse la decisión de proceder a un tratamiento obligatorio: en la etapa de la investigación o la preparación del juicio esta decisión incumbe a la Fiscalía del Pueblo y en la etapa del juicio, incumbe al Tribunal.

101.Los organismos, las organizaciones y las personas tienen derecho a presentar denuncias sobre decisiones o conductas procesales de los organismos y los funcionarios encargados de las actuaciones judiciales cuando tengan motivos para creer que estas son ilícitas o vulneran sus derechos o intereses legítimos (capítulo XXXIII del Código de Procedimiento Penal).

102.Las infracciones administrativas son actos cometidos por personas u organizaciones que violan las normas jurídicas en materia de gestión estatal, pero que no constituyen delitos y son punibles con las sanciones administrativas previstas en la ley. La Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas establece medidas preventivas y procedimientos de recurso para facilitar el tratamiento de estas infracciones, por ejemplo, la detención temporal o el registro corporal de conformidad con los procedimientos administrativos o la supervisión de los extranjeros que violen la legislación vietnamita mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación. La Ley también especifica las atribuciones y los procedimientos para aplicar esas medidas y recursos.

103.La Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas establece las medidas administrativas aplicables a las personas que violan las normas jurídicas relativas a la seguridad pública y el orden social que no constituyan delitos, a saber, medidas educativas en las comunas, los distritos o las ciudades o ingreso en una institución penitenciaria, un centro de educación obligatoria o un centro de tratamiento obligatorio de toxicómanos. La Ley dispone que los tribunales son competentes para examinar y decidir la aplicación de medidas administrativas, excepto cuando se trate de la educación en las comunas, distritos o ciudades, en cuyo caso incumbe a los Presidentes de los Comités Populares. El Decreto Gubernamental núm. 31-CP, de 14 de abril de 1997, relativo a la normativa sobre libertad condicional administrativa, y el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal de 1989 (enmendado en 2000) fueron derogados.

104.Desde la perspectiva de los derechos humanos, una reforma importante de la Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas es que los organismos que preparan los expedientes para recomendar la aplicación de medidas administrativas deben permitir que los interesados o sus representantes participen en la preparación y deben notificarlos cuando estén terminados, a fin de que puedan leerlos y tomar nota de la información necesaria (artículos 97, 99, 101 y 103). De este modo, se protegen los derechos e intereses legítimos de las personas sujetas a medidas administrativas.

105.Los toxicómanos tienen la libertad de optar por la rehabilitación en el hogar o en comunidades o la participación en programas de rehabilitación con fármacos sustitutivos, de conformidad con la ley. Los toxicómanos de 18 años o más que sigan siendo adictos después de recibir educación en las comunas, distritos o ciudades, o que no hayan pasado por ese proceso y no tengan residencia fija, pueden ser enviados a centros de tratamiento de adicciones por decisión de los Tribunales del Pueblo de Distrito (Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas, artículos 96 y 105)

106.Viet Nam no tiene ningún centro de detención para refugiados y ninguna persona ha solicitado asilo en el país. En lo que respecta a la inmigración ilegal de extranjeros, los organismos autorizados aplicarán medidas administrativas y ordenarán su salida de Viet Nam. Estas personas no podrán ser detenidas, torturadas ni tratadas con crueldad.

Artículo 10 (párrafos 12 y 13 de las observaciones finales del Comité)

107.Los derechos de las personas en detención temporal o prisión preventiva están establecidos en la Constitución y especificados con mayor precisión en diversos documentos jurídicos, que disponen, por ejemplo:

i)Todo aquel que sea detenido, esté en detención temporal o prisión preventiva o sea objeto de una imputación penal, una investigación, actuaciones judiciales o un juicio, tendrá derecho a defenderse a sí mismo o con la asistencia de un abogado u otras personas; todo aquel que, en forma ilegal, haya sido detenido, haya permanecido en detención temporal o prisión preventiva o haya sido sometido a actuaciones penales, investigación, procesamiento, enjuiciamiento o cumplimiento de una sentencia, tendrá derecho a indemnización por daños físicos y mentales y al restablecimiento de su honor; todo aquel que infrinja la legislación aplicable al arresto, la detención, la investigación, las actuaciones judiciales, el juicio o la ejecución de las sentencias, acarreando daños y perjuicios a otras personas, deberá ser tratado de conformidad con la ley (Constitución, artículo 31);

ii)El Código de Procedimiento Penal también enuncia principios fundamentales de respeto y protección de los derechos humanos y los derechos e intereses legítimos del individuo, como el derecho a la inviolabilidad de la persona, el derecho del acusado a defenderse, y el derecho a indemnización de las víctimas de actos ilegales en el curso del proceso penal, en particular la detención en situaciones de emergencia, el arresto, la detención temporal, el sometimiento a juicio o la ejecución de una sentencia llevados a cabo de manera ilícita (artículos 10, 16 y 31);

iii)La Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva promulgada en 2015 contiene numerosas disposiciones que garantizan los derechos de las personas que se encuentran en esa situación, en particular, a ser informadas de sus derechos y obligaciones, votar, participar en referendos de conformidad con la ley, tener un representante legal para llevar a cabo transacciones civiles y solicitar su puesta en libertad una vez expirado el plazo de detención temporal o prisión preventiva (artículo 9). Además, las personas en detención temporal o prisión preventiva reciben comida, vestido y alojamiento y tienen garantizados los derechos a la educación y la capacitación, el examen médico y el tratamiento, la presentación de una queja y denuncia, la asistencia letrada, y las visitas de los miembros de su familia y de su abogado (salvo en el caso de unas pocas excepciones previstas en la Ley).

108.La Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva establece claramente las funciones y facultades de los organismos encargados de la gestión y ejecución de la detención temporal y la prisión preventiva (artículos 12 y 13).

109.Según la naturaleza y gravedad del delito, la persona que infrinja las normas del centro de detención será sancionada mediante advertencia o reclusión en celda de aislamiento (artículo 23).

110.La ejecución de las sentencias penales debe respetar el principio de la dignidad humana, así como los derechos e intereses legítimos de los condenados, garantizar el derecho a presentar quejas y denuncias contra decisiones y actos ilícitos relacionados con la ejecución de la sentencia, y alentar a los condenados a manifestar su arrepentimiento y a estudiar y trabajar activamente con miras a su rehabilitación; la ejecución de las sentencias por delitos menores tiene principalmente por objeto educar y ayudar a los condenados a corregir su conducta ilícita, desarrollarse en forma saludable y convertirse en personas útiles para la sociedad (Ley de Ejecución de las Sentencias Penales, artículo 4).

111.En 2016, Viet Nam tenía 53 prisiones, 82 centros de detención temporal, 734 establecimientos de prisión preventiva y 224 locales de detención provisional:

i)Las penitenciarías, en su carácter de organismos de ejecución de las penas de prisión, tienen funciones y atribuciones para admitir a los reclusos y hacer la gestión de su encarcelamiento, su educación y su rehabilitación (Ley de Ejecución de las Sentencias Penales, artículo 16);

ii)Los centros de detención temporal, los establecimientos de prisión preventiva y los locales de detención provisional de los puestos fronterizos son los lugares donde permanecen las personas detenidas temporalmente o en detención preventiva (Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva, artículo 3).

112.La ley especifica detalles en relación con el alimento, el alojamiento, el vestido y los artículos personales, la atención médica, el entrenamiento físico y las actividades deportivas, y las actividades culturales y artísticas para los reclusos, el tratamiento de las reclusas embarazadas o con hijos menores de 36 meses, las visitas de los familiares, la aceptación de regalos y las comunicaciones con el mundo exterior (Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva y los instrumentos jurídicos para su aplicación). A continuación se dan algunos ejemplos.

113.Las presas embarazadas a las que no se les ha permitido la suspensión de la sentencia, tienen derecho a una celda adecuada, exámenes periódicos o tratamiento de emergencia y atención médica en caso de necesidad. Además, tienen una jornada laboral más breve y reciben una alimentación saludable. También tienen derecho a una licencia de descanso antes y después del parto, de conformidad con las disposiciones del Código del Trabajo (Ley de Ejecución de las Sentencias Penales, artículo 45).

114.Los delincuentes juveniles permanecen en sectores separados adecuados para su salud, sexo, edad e identidad personal, trabajan en instalaciones separadas y no realizan trabajos pesados ni peligrosos ni están expuestos a sustancias nocivas. Las prisiones se encargan de la educación de los delincuentes juveniles en los ámbitos de la cultura, la ley y la capacitación profesional, teniendo en cuenta su edad, nivel de educación, sexo y salud, así como de la creación de las condiciones necesarias para su integración en la comunidad después de cumplir la condena, y de la enseñanza primaria obligatoria, la enseñanza secundaria obligatoria y la formación profesional (Ley de Ejecución de las Sentencias Penales, artículos 27 y 51).

115.Los reclusos tienen derecho a la atención de la salud, el examen médico y el tratamiento. Muchos reclusos enfermos o con patologías graves tienen derecho a la suspensión del cumplimiento de la pena para recibir tratamiento médico. Los consejos de administración de las prisiones también coordinan con las autoridades locales las actividades de prevención y lucha contra los estupefacientes, la transmisión del VIH/SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Entre el 31 de diciembre de 2012 y el 13 de diciembre de 2016, las prisiones organizaron reconocimientos médicos y suministraron medicamentos 1.153.451 veces para 351.917 reclusos, y 26.398 reclusos fueron atendidos en dispensarios en 29.141 ocasiones.

116.Se organiza a los reclusos para trabajar en función de su edad, estado de salud y propósito de la gestión y la educación (Ley de Ejecución de las Sentencias Penales, artículo 29). Desde 2013, las autoridades competentes han otorgado certificados de formación profesional a 1.569 reclusos, y han organizado cursos de formación profesional para 118.207. Una encuesta general de 269.614 personas que habían cumplido la totalidad de su pena de prisión en un período de 10 años (2002-2012) reveló que 226.434 (82,26%) trabajaban y 48.840 (17,74%) estaban desempleadas.

117.Los reclusos tienen derecho a estar informados de las noticias, así como de las políticas y leyes del Estado. Los presos analfabetos deben ser alfabetizados y se alienta a los extranjeros a que aprendan el vietnamita. Los sábados se dedican al estudio y/o la formación profesional y el domingo y los días festivos, al descanso, de conformidad con la ley (Ley de Ejecución de las Sentencias Penales, artículo 28). Antes de que los reclusos completen la condena, las instituciones penitenciarias deben darles acceso a una mayor cantidad de noticias e información sobre las políticas, las leyes, la situación socioeconómica y el mercado laboral, impartirles educación sobre aptitudes para la vida y otros conocimientos necesarios y ayudarlos en los trámites legales (Decreto núm. 80/2011/ND-CP, de 16 de septiembre de 2011, sobre Medidas para la Reintegración de las Personas que Cumplieron Penas de Prisión).

118.La Asamblea Nacional, los Consejos Populares y el Frente Patriótico de Viet Nam supervisan:

i)Las actividades de los organismos encargados de la gestión o aplicación de la detención temporal o la prisión preventiva y de otros organismos, organizaciones o personas conexas, de conformidad con la ley (Ley de Ejecución de la Detención Temporal y la Prisión Preventiva, artículo 7);

ii)Las actividades de los organismos y organizaciones encargados de la ejecución de las sentencias penales o que participan en su ejecución, de conformidad con la ley (Ley de Ejecución de las Sentencias Penales, artículo 6).

119.La legislación vietnamita regula la conducta y la ética de los funcionarios públicos y las responsabilidades de las personas relacionadas con el ejercicio del poder del Estado, en particular la Ley sobre el Personal Directivo y los Funcionarios de la Administración Pública, la Ley sobre Empleados Públicos, la Ley de los Tribunales del Pueblo, la Ley sobre la Fiscalía del Pueblo y la Ley sobre las Fuerzas de Seguridad Pública.

Artículo 11

120.La no criminalización de las relaciones económicas o civiles y la estricta gestión de las violaciones de la ley forman parte de las principales políticas de Viet Nam. El Código Civil establece que la parte que incumpla su obligación incurre en responsabilidad civil respecto de la otra parte. Por otro lado, solo la persona que cometa un delito previsto en el Código Penal incurrirá en responsabilidad penal (Código penal, artículo 2). El Código Penal también especifica que determinados riesgos asociados con las investigaciones científicas, los experimentos y la aplicación de los avances tecnológicos no constituyen un delito penal (artículo 25).

Artículo 12

121.La Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a circular libremente, a decidir su lugar de residencia en el país, y a viajar al extranjero y a regresar, y dispone que el ejercicio de estos derechos estará garantizado por la ley (artículo 23).

122.De conformidad con la legislación, los ciudadanos vietnamitas pueden elegir libremente su lugar de residencia, y el Estado aplica numerosas políticas y medidas amplias para garantizar el mejor disfrute de ese derecho. La restricción de este derecho solo es posible si las autoridades competentes hubieran prohibido que la persona abandone su lugar de residencia en el marco de medidas aplicadas para llevar a cabo actuaciones judiciales, si los tribunales hubieran dictaminado la prohibición de residencia, si la persona hubiera sido condenada a prisión y estuviera en espera de la ejecución de la sentencia o de su aplazamiento o suspensión, si la persona estuviera en libertad condicional, o si la ejecución de la sentencia hubiera sido postergada o suspendida temporalmente pero la persona pudiera ser internada en una institución penitenciaria, un centro de tratamiento médico o un centro educativo (Ley de Residencia, artículos 3, 5 y 10).

123.En lo que respecta a los ciudadanos vietnamitas, el Decreto Gubernamental núm. 136/2007/ND-CP especifica los documentos requeridos para salir del país y regresar (capítulo III), así como las personas que aún no pueden salir del país ni obtener los documentos para tal fin (capítulo IV).

124.Con respecto a los extranjeros, la Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Viet Nam se promulgó en 2014 y especifica los casos en que se pueden revocar o anular los documentos de entrada, salida y residencia expedidos por los organismos competentes de Viet Nam (artículo 6), las condiciones de admisión en el país (artículo 20), la suspensión de la entrada al país (artículo 21), las condiciones para la salida (artículo 27), y los casos en que se puede suspender la salida y la duración de dicha suspensión (artículo 28).

125.Un extranjero puede ser obligado a partir en uno de los siguientes casos: i) si no hubiera salido del país después de la expiración del período de residencia temporal; y ii) por motivos de defensa nacional, seguridad u orden público (Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Viet Nam, artículo 30)

126.La salida de un extranjero del país será aplazada temporalmente en uno de los siguientes casos: i) si fuera sospechoso, hubiera sido acusado o le incumbieran obligaciones importantes en una causa penal y si hubiera sido acusado o le incumbieran obligaciones en una causa civil relacionada con transacciones comerciales, empleo, administración, matrimonio y asuntos familiares; ii) si debiera cumplir una sentencia o decisión del tribunal o el Consejo de la Competencia; iii) si no hubiera cumplido sus obligaciones tributarias; iv) si no hubiera cumplido una sanción administrativa; o v) por razones de seguridad y defensa nacional (Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Viet Nam, artículo 28).

127.Los extranjeros pueden residir en Viet Nam (en forma temporal o permanente) (capítulo VI de la Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Viet Nam).

128. La duración de la residencia temporal de un extranjero está determinada por la duración de su visado. En el caso de las personas que gozan de entrada sin visado en virtud de acuerdos internacionales en los que Viet Nam es parte, la duración de la residencia temporal deberá regirse por dichos acuerdos o será de 30 días si no hubiera especificaciones al respecto. Todo extranjero que resida temporalmente en Viet Nam debe declarar su residencia temporal ante la autoridad local competente. La duración de la residencia temporal podrá prorrogarse de conformidad con la ley (Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Viet Nam, artículos 31 y 35).

129.Los extranjeros pueden obtener la residencia permanente en Viet Nam si cumplen los requisitos establecidos en la legislación (Ley de Entrada, Salida, Tránsito y Residencia de Extranjeros en Viet Nam, artículo 39). Entre el año 2000 y junio de 2013 se concedió la residencia permanente a 620 extranjeros cuyos cónyuges eran ciudadanos vietnamitas y a 2 extranjeros que habían sido condecorados. No se presentó ninguna solicitud de residencia permanente por razones políticas.

130.El Gobierno de Viet Nam aplica una política consecuente que garantiza la migración legal, en condiciones de seguridad y regular, la prevención y la lucha contra la migración ilegal y la trata de personas, y la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en todo el proceso de migración. En 2016 había unos 4,5 millones de vietnamitas que vivían en más de 100 países y territorios, entre ellos, más de 127.000 trabajadores con contratos de duración definida en alrededor de 28 países y territorios. Sigue habiendo un pequeño número de ciudadanos vietnamitas que cruzan ilegalmente la frontera o entran y residen ilegalmente en un país extranjero por motivos económicos. Viet Nam ha estado cooperando con otros países y organizaciones para combatir el problema, en particular, el retorno de los migrantes ilegales y la prestación de ayuda para que estabilicen su vida y se reintegren en la comunidad.

131.Con el fin de facilitar la inmigración, se han modificado los trámites pertinentes, por ejemplo, se estableció la exención unilateral de visado de entrada para los ciudadanos de varios países (la cifra pasó de 7 a 13 países), se prorrogó el plazo de validez de los visados, se estableció la exención de visado para los miembros de la tripulación de 17 países y territorios sobre la base del principio de reciprocidad, y se inició un proyecto experimental de concesión de visados electrónicos.

Artículo 13

132.La expulsión es la sanción principal o complementaria aplicable en virtud del Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas (artículos 21 y 27). También puede serlo con arreglo al Código Penal (artículo 32). Por consiguiente, la expulsión solo se aplicará a los extranjeros que cometan infracciones administrativas o a raíz de una condena penal dictada por el Tribunal.

133.La Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas especifica las órdenes, los procedimientos y las facultades relacionados con la expulsión de una persona de conformidad con los procedimientos administrativos. Los expulsados pueden presentar quejas o denuncias o pedir que se aplace la ejecución de la decisión de expulsión, de conformidad con la legislación (Decreto núm. 112/2013/ND-CP, artículos 8 y 9).

134.La Ley de Ejecución de las Sentencias Penales y otros instrumentos legislativos sobre la ejecución de la expulsión especifican cuestiones como la permanencia en el país hasta el momento de la partida, la forma de proceder en caso de fuga de la persona expulsada o los gastos relacionados con la ejecución de la expulsión (artículos 99, 100 y 102). El plazo para la salida del territorio vietnamita podrá ser prorrogado si la persona: i) estuviera gravemente enferma o recibiera cuidados médicos intensivos, y por tanto, no pudiera desplazarse, según certificación de un organismo médico o un hospital provincial o de nivel superior; ii) estuviera cumpliendo otra condena o cumpliendo otra obligación impuesta por la legislación de Viet Nam; o iii) no pudiera salir del territorio por una razón plausible certificada por el jefe del organismo de ejecución de sentencias penales del Departamento de Policía a nivel provincial. La persona expulsada puede llevarse consigo las pertenencias adquiridas legalmente (artículo 101).

135.Entre 2011 y febrero de 2016, las autoridades competentes llevaron a cabo la deportación penal de 54 personas de conformidad con decisiones de los tribunales y la deportación de 167 personas de conformidad con procedimientos administrativos. La mayoría de los delincuentes condenados a la expulsión por los tribunales abandonaron voluntariamente el país. No ha habido ningún caso de deportación mediante el uso de la fuerza por la policía. La policía solo ofrece asistencia a las personas expulsadas en relación con los trámites de salida.

Artículo 14 (párrafos 8 a 10 de las observaciones finales del Comité)

136.La Constitución establece los principios aplicables a los juicios. Los artículos 31 y 103 disponen lo siguiente:

i)Toda persona acusada de un delito será considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a procedimientos legalmente establecidos y en virtud de una sentencia judicial firme;

ii)Los acusados deben ser juzgados de manera oportuna, imparcial y pública por los tribunales en los plazos previstos por la ley, y en los casos en que la ley disponga que el juicio debe celebrarse a puerta cerrada, el veredicto deberá anunciarse públicamente;

iii)Las personas detenidas, en detención temporal o en prisión preventiva, imputadas, investigadas, enjuiciadas o procesadas tienen derecho a defenderse o a ser defendidas por un abogado o por otras personas;

iv)Las personas detenidas, en detención temporal o en prisión preventiva, imputadas, investigadas, enjuiciadas o procesadas u obligadas a cumplir una pena en forma ilegal tendrán derecho a indemnización material y moral y a la restitución de su honor;

v)Los magistrados y jueces legos son independientes y deberán ajustarse exclusivamente a la ley. La injerencia de organismos, organizaciones e individuos en el fallo de magistrados y jueces legos, está estrictamente prohibida.

137.El Código de Procedimiento Penal establece también una serie de principios fundamentales encaminados a proteger los derechos humanos y los derechos del ciudadano en consonancia con la Constitución, como la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, la presunción de inocencia, el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito, el derecho a la defensa de las personas acusadas y la protección de los derechos e intereses legítimos de los acusados y las víctimas, el derecho a presentar alegaciones orales durante el proceso judicial, y la fiscalización y supervisión dentro del sistema de cada organismo encargado del orden público, así como entre los distintos organismos (artículos 9, 13, 14, 16, 26 y 33).

138.Con miras a la aplicación del derecho constitucional a la igualdad ante la ley, tal como se prevé en el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de los Tribunales del Pueblo, los tribunales deben celebrar los juicios con arreglo al principio de la igualdad de todos ante la ley y la no discriminación por motivos de etnia, género, creencias, religión, clase o condición social. Todas las personas, organizaciones y autoridades pueden ejercer en pie de igualdad sus derechos y obligaciones procesales ante los tribunales. Los juicios en los tribunales serán celebrados por miembros de un órgano colegiado que adoptarán una decisión por mayoría, salvo en el caso de los procedimientos sumarios. El tribunal tendrá la obligación de informar, explicar y garantizar a los acusados el derecho a la defensa y de proteger los derechos e intereses legítimos de las personas implicadas.

139.Los tribunales de una instancia inmediatamente superior celebrarán audiencias de apelación o revisión de los fallos y las decisiones del tribunal de primera instancia que no tengan carácter de sentencia firme y que hayan sido objeto de apelación o impugnación. El Código de Procedimiento Penal especifica claramente cuáles son los tribunales de apelación competentes, las personas con derecho a apelar y el procedimiento de apelación (artículos 330 a 332).

140.La jurisprudencia se examina y aplica en la resolución de casos civiles por decisión del Consejo de Justicia del Tribunal Supremo del Pueblo y su Presidente la expone públicamente. Además, a partir del 1 de julio de 2017, todas las sentencias o decisiones firmes se publicarán en el sitio web del Tribunal.

141.El sistema de Tribunales del Pueblo se ha explicado en el párrafo 11 del presente informe. En Viet Nam no hay tribunales basados en el derecho consuetudinario ni tribunales religiosos.

142.Los magistrados del Tribunal Supremo del Pueblo son nombrados por el Presidente del Estado sobre la base de una resolución de la Asamblea Nacional por la que aprueba los candidatos propuestos (Constitución, artículos 70 y 88). El nombramiento se lleva a cabo teniendo en cuenta la capacidad y la reputación de los candidatos y los resultados de los exámenes. Todo aquel que desee ejercer la magistratura, además de satisfacer los requisitos prescritos por la Ley de los Tribunales del Pueblo, deberá aprobar un examen de oposición nacional (que le dará acceso al primer nivel de la magistratura y más adelante a la magistratura de nivel medio y de nivel superior). La selección de candidatos cualificados es llevada a cabo por el Consejo Nacional para la Selección y Supervisión de Magistrados.

143.Con arreglo a la Ley de los Tribunales del Pueblo de 2014, el primer mandato de un magistrado es de cinco años. En el caso de renovación del mandato o ascenso a un nivel superior de la magistratura, el mandato será de diez años (artículo 74). Por tanto, la inamovilidad de los jueces es mayor que la prevista en la Ley de los Tribunales del Pueblo de 2002 (mandato de cinco años). De conformidad con el Decreto núm. 53/2015/ND-CP, la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo del Pueblo es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres (artículo 3). La decisión de destituir o separar a un juez de su cargo será tomada por el Consejo Nacional para la Selección y Supervisión de Magistrados, con arreglo a la ley.

144.Con el fin de garantizar la imparcialidad de los jueces, el Código de Procedimiento Penal dispone que las personas facultadas para realizar actuaciones penales (incluidos los jueces) no podrán ejercer esa función si hubiera motivos para creer, por una razón cualquiera, que no podrán hacerlo en forma imparcial (artículo 21). También dispone que las personas facultadas para llevar a cabo procedimientos judiciales deberán negarse a hacerlo o ser reemplazadas si existen motivos explícitos para creer que podrían no ser imparciales en el desempeño de sus funciones (artículo 49).

145.Los derechos de los acusados se especifican en el Código de Procedimiento Penal (artículo 16), en particular:

i)Tienen derecho a presentar sus declaraciones y opiniones y no están obligados a declarar contra sí mismos o admitir su culpabilidad;

ii)Los sospechosos que lo soliciten tienen derecho a leer y copiar los documentos impresos o digitales relativos a los cargos imputados, al finalizar las investigaciones.

146.El Código de Procedimiento Penal dispone que los participantes en un procedimiento penal podrán hablar y escribir en su propia lengua materna, en cuyo caso, se les proporcionará un intérprete (artículo 29). El ejercicio de este derecho en la sala de audiencias está claramente definido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Penal, conforme al cual, si el acusado, la víctima del delito, otras partes interesadas o los testigos no hablan vietnamita o son personas con discapacidad del habla o discapacidad auditiva, se les proporcionarán los servicios de un intérprete para que comprendan las declaraciones, los argumentos, las preguntas y las respuestas en la sala del tribunal, los fallos de los jueces y las cuestiones pertinentes. El intérprete deberá traducir también al vietnamita las declaraciones, los argumentos, las preguntas y las respuestas de esas personas para que los entiendan los jueces y los demás participantes en las actuaciones. Los honorarios del intérprete se pagarán con cargo al presupuesto del Estado.

147.Durante el juicio, el acusado debe comparecer en las audiencias del Tribunal conforme a la citación con apercibimiento. Si estuviera ausente por razones objetivas o motivos de fuerza mayor, las sesiones de los Tribunales deberán aplazarse. Los Tribunales solo podrán juzgar en rebeldía en las causas siguientes: i) si el acusado se hubiera fugado y su búsqueda hubiera sido infructuosa; ii) si el acusado permaneciera en el extranjero y no pudiera ser citado a la vista; iii) si los jueces aprobaran la solicitud del demandado de ser juzgado en rebeldía; iv) si la ausencia del acusado no obedeciera a razones de fuerza mayor o impedimentos objetivos y no obstaculizara el juicio (artículo 290).

148.En comparación con el Código de Procedimiento Penal de 2003, el de 2015 ha añadido el derecho a la propia defensa o a que otros defiendan los derechos e intereses legítimos de las personas que hayan sido imputadas u objeto de un requerimiento judicial, las personas detenidas en casos de emergencia, y las personas sorprendidas en flagrancia o detenidas por orden de captura (artículos 57 y 58).

149.El Código de Procedimiento Penal dispone que, en caso de detención o detención temporal, los abogados defensores podrán participar en el procedimiento desde el momento en que el detenido se halle en los locales del organismo de investigación o la entidad autorizada para realizar la investigación, o en el momento de decidir la detención temporal (artículo 74). En particular, con arreglo al Código de Procedimiento Penal de 2015 ya no se exige que los abogados defensores obtengan la certificación, y solo se requiere su inscripción, a fin de que puedan participar en las actuaciones con rapidez. El Código establece también los derechos de los abogados defensores durante los procedimientos judiciales, como el derecho a reunirse y hablar con el acusado, el derecho a estar presente durante las declaraciones de las personas detenidas o en detención temporal, y el derecho a ser informado de la fecha y el lugar de la toma de declaraciones.

150.La legislación de Viet Nam especifica también el derecho a la asistencia letrada. En comparación con la Ley de Asistencia Letrada de 2006, la de 2017 incorpora un número mayor de personas con derecho a asistencia letrada (incrementa las categorías de personas de 6 a 14).

151.El Código de Procedimiento Penal también establece las circunstancias en que incumbe a las autoridades judiciales competentes designar a los abogados defensores y no a los acusados, sus representantes o sus familiares. En tal caso, los honorarios de los abogados de la defensa correrán a cargo del Estado, no del acusado.

152.La Ley de Indemnización por Responsabilidad del Estado especifica en particular el alcance de las indemnizaciones relacionadas con juicios penales y la ejecución de sentencias penales (artículos 18 y 20), las autoridades competentes para tramitar la solicitud de indemnización (artículos 34 a 36) y el procedimiento para acodar el monto. En comparación con la Ley de 2009, la de 2017 contiene nuevas disposiciones sobre procedimientos para la gestión de las solicitudes de indemnización en el organismo mismo donde desempeñe sus funciones el miembro del personal judicial que haya cometido el acto ilícito que ocasionara daños y perjuicios, a fin de acortar el período de tramitación (de 95‑125 días a 41-71 días).

153.Entre julio de 2011 y marzo de 2015, los abogados participaron en más de 87.604 causas, incluidas 42.342 causas penales. En 2016, participaron en actuaciones judiciales relacionadas con más de 23.670 causas. Entre 2007 y 2016, las organizaciones de asistencia letrada estatales intervinieron en la defensa de 51.721 casusas de personas sin recursos o miembros de minorías étnicas que residían en zonas con condiciones socioeconómicas extremadamente difíciles, u otros grupos sociales que no podían sufragar los gastos de un abogado. En particular, el personal de asistencia letrada o los abogados intervinieron en el 100% de las causas penales en las que los organismos judiciales solicitaron su intervención.

Número de causas con participa ción de abogados (julio de 2011- marzo de 2015) (Unidad: caso)

Causa penales	Otras causas
Abogados elegidos por los clientes	Abogados designados por organismos judiciales
16 786	25 556	4 262

Número de causas con prestación de asistencia letrada (2007-2016)

Asistencia letrada gratuita (causas penales)
Defensa	Mediante representación o protección de los derechos e intereses legítimos de la persona
51 721	17 343

Artículo 15

154.En Viet Nam no se aplica la ley penal en forma retroactiva. Las nuevas disposiciones legislativas solo podrán aplicarse a delitos cometidos antes de que estas entren en vigor cuando dispongan la eliminación de un delito, una pena o un factor agravante, o prevean una pena menos severa, un nuevo factor atenuante, mayores posibilidades de libertad condicional, la exención o exclusión de la responsabilidad penal, la exención de la pena, la conmutación de la pena, la libertad condicional o la supresión de la pena o favorezcan de otro modo a los infractores (Código Penal, artículo 7.3).

Artículo 16

155.El Código Civil establece que las personas tienen derecho a la inscripción de su nacimiento desde el momento mismo en que nacen. La capacidad jurídica civil de una persona es su capacidad para ejercer derechos y obligaciones civiles desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su fallecimiento. Los derechos personales son los derechos civiles de cada individuo y no pueden ser transferidos a terceros, salvo que la ley disponga lo contrario (artículos 26, 16 y 25).

156.La Ley de la Infancia establece que todo niño tiene derecho al registro de su nacimiento o fallecimiento, a tener un nombre, un apellido y una nacionalidad y a la identificación de su padre y/o madre, su etnia y su género, con arreglo a la ley (artículo 13).

157.La Ley sobre el Estado Civil dispone que los ciudadanos vietnamitas y los apátridas y los ciudadanos extranjeros con residencia permanente en Viet Nam tienen derecho al registro de su estado civil, incluido el derecho a la inscripción de su nacimiento (artículo 6).

158.La Ley sobre el Estado Civil también prevé la creación de una base de datos electrónica (además de la base de datos impresa) con información sobre el estado civil de las personas (artículo 59). Por consiguiente, los datos sobre el estado civil de las personas se integrarán, y se centralizará la gestión del archivado, la actualización de los datos y la búsqueda de información, para responder a las solicitudes de registro del estado civil y facilitar los trámites administrativos.

159.Viet Nam cuenta con un sistema de organismos de gestión del registro civil a nivel central, de distrito y de las comunas que ofrecen la fácil tramitación de la inscripción en el registro civil. Las actuales tasas de inscripción de nacimientos son del 95% al 98% en la región del delta y del 85% en las zonas montañosas.

160.El Plan de Acción Nacional sobre Registro Civil y Estadísticas para el período 2017‑2024 fue aprobado por el Primer Ministro para asegurar que los datos sobre el estado civil de los ciudadanos vietnamitas, los extranjeros con residencia permanente en el país y los ciudadanos vietnamitas que residen en el extranjero se registren en forma rápida, cabal, precisa y de conformidad con la ley; para aumentar la tasa de registro del estado civil, especialmente las tasas de inscripción de nacimientos y defunciones; y para garantizar que todos los ciudadanos tengan su documentación (en particular el certificado de nacimiento y el certificado de defunción) con la información necesaria según las prácticas internacionales.

Artículo 17

161.El derecho a la privacidad está incorporado en la Constitución, que establece el derecho inviolable a la vida privada y a los secretos personales y familiares y el derecho de toda persona a la protección de su honor y su prestigio, y dispone que la protección de la información sobre la vida personal y los secretos personales y familiares estará garantizada por la ley (artículo 21). Para tal fin, las leyes vietnamitas establecen diferentes mecanismos y la responsabilidad de las personas por las violaciones. Por ejemplo:

i)Con arreglo al Código Civil, la recopilación, conservación, utilización y divulgación de información sobre la vida personal y los secretos personales deben ser aprobadas por el interesado; la recopilación, conservación, utilización y difusión de información sobre secretos de familia deben ser aprobadas por los miembros de la familia, salvo en las excepciones previstas por la ley; la correspondencia, las conversaciones telefónicas, los telegramas y otras formas de comunicación electrónica son seguras y confidenciales; y la divulgación, el control y la confiscación de la correspondencia, las bases de datos electrónicas y otras formas de intercambio de información privada de terceros se llevarán a cabo de conformidad con lo dispuesto por la ley (artículo 38);

ii)El Código Penal tipifica como delitos la violación de la confidencialidad o la seguridad de la correspondencia, las conversaciones telefónicas y las comunicaciones telegráficas o el intercambio de información privada de terceros (artículo 159), y el suministro o el uso ilegales de la información que circula a través de las redes informáticas y las redes de telecomunicaciones, incluido el uso no autorizado de la información legal de organismos, organizaciones o personas (artículo 288);

iii)El registro, el secuestro y la recopilación de correspondencia, conversaciones telefónicas, comunicaciones telegráficas, datos electrónicos y otras formas de intercambio de información privada deben llevarse a cabo de conformidad con el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal;

iv)El Código de Procedimiento Penal de 2015 prevé las siguientes medidas especiales de investigación: a) hacer grabaciones de audio y filmar vídeos en secreto; b) escuchar conversaciones telefónicas en secreto; y c) reunir datos electrónicos en secreto (artículo 223). El Código también especifica las circunstancias en las que se puede realizar una investigación especial (artículo 224), las entidades competentes para llevarla a cabo (artículo 225) y su duración (artículo 226). La información obtenida de la aplicación de medidas especiales de investigación solo podrá ser aceptada como prueba si dichas medidas se tomaron de conformidad con la ley, y se utilizará únicamente a los efectos de luchar contra la delincuencia, sin que afecte a la vida privada de los ciudadanos;

v)La Ley de Acceso a la Información prevé los procedimientos aplicables en caso de información inexacta suministrada por las autoridades públicas (artículo 22).

162.Además, la Ley de Tecnología de la Información, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Servicios Postales y la Ley de Seguridad de la Información en Internet prevén la protección de la privacidad y de los datos personales y prohíben toda violación del derecho a la privacidad en las actividades postales y de telecomunicaciones, la seguridad de la información, y la aplicación y el desarrollo de la tecnología de la información.

163.Los decretos relativos a la sanción de las infracciones administrativas en el ámbito de la prensa y las publicaciones, las telecomunicaciones, la seguridad y el orden público también contienen disposiciones específicas sobre la imposición de multas y otras sanciones para los actos de vulneración de los derechos mencionados, que no lleguen a ser actos delictivos.

164.El derecho a la inviolabilidad del domicilio también está consagrado en la Constitución. En consecuencia, toda persona tiene derecho a un lugar de residencia inviolable y nadie puede entrar en el domicilio de otra persona sin su consentimiento (artículo 22). Este principio de la Constitución se detalla en otros instrumentos legislativos, por ejemplo:

i)El Código Civil de 2005 dispone que el registro de un domicilio particular solo es posible en los casos previstos por la ley y previa decisión de un organismo estatal competente y que dicho registro se llevará a cabo de conformidad con la orden emitida y los procedimientos prescritos por la ley (artículo 46);

ii)La Ley de Infracciones y Sanciones Administrativas establece los procedimientos y la competencia para la aplicación de medidas encaminadas a prevenir e investigar las infracciones administrativas, como el registro corporal, el registro de medios de transporte y bienes de conformidad con los procedimientos administrativos establecidos, y el registro de lugares donde se oculten pruebas materiales y/o los instrumentos utilizados para la comisión de las infracciones administrativas (capítulo II). Por consiguiente, esos registros solo podrán ser realizados por las personas competentes, en presencia de testigos y deberá quedar constancia por escrito. En particular, el registro de lugares donde se oculten pruebas materiales y/o los instrumentos utilizados para la comisión de las infracciones puede llevarse a cabo únicamente cuando se haya emitido una decisión por escrito, a menos que existan motivos para creer que las pruebas materiales serán dispersadas o destruidas si no se hace un registro inmediato. Algunos funcionarios públicos especificados en la Ley pueden realizar un registro sin una decisión previa, pero deben informar directamente a la administración y asumir la responsabilidad de su decisión;

iii)El Código Penal también establece sanciones aplicables a la violación del domicilio (artículo 158);

iv)El Código de Procedimiento Penal dispone que nadie puede vulnerar un domicilio privado, la vida personal, los secretos personales y familiares, la seguridad y la confidencialidad de la correspondencia, las conversaciones telefónicas ni las comunicaciones telegráficas u otras formas de comunicación privada (artículo 12).

165.El artículo 192 del Código de Procedimiento Penal establece también los motivos para realizar el registro corporal, el registro de la correspondencia, el domicilio, el lugar de trabajo, instalaciones, instrumentos, objetos, cartas, mensajes electrónicos, paquetes, envíos postales y datos electrónicos. Dichas actividades se realizarán únicamente en los casos siguientes:

i)Si hubiera motivos para creer que las herramientas o instrumentos utilizados para la comisión del delito, o documentos, objetos y bienes adquiridos mediante la comisión del delito, o datos electrónicos u otros documentos relacionados con el caso pudieran encontrarse en la persona, su domicilio o su lugar de trabajo. El registro del domicilio, el lugar de trabajo y los instrumentos también puede realizarse cuando sea necesario para capturar a una persona buscada, o para encontrar y rescatar a una víctima;

ii)Si hubiera motivos para creer que las herramientas o los instrumentos del delito, documentos, objetos y bienes relacionados con el caso pudieran encontrarse en la correspondencia, telegramas, paquetes, envíos postales y/o datos electrónicos.

Artículo 18 (párrafos 16 y 17 de las observaciones finales del Comité)

166.Con arreglo a la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad de creencia y de religión o a no profesar ninguna religión; todas las religiones son iguales ante la ley; y el Estado debe respetar y proteger la libertad de creencias y la libertad de culto (artículo 24). Este principio constitucional se reafirma en la Ley de Libertad de Culto y Creencias. Al mismo tiempo, esta Ley establece la condición jurídica de las organizaciones y las organizaciones confesionales: una organización religiosa es una entidad jurídica sin fines de lucro a partir de la fecha de su reconocimiento por el organismo competente del Estado (artículo 30).

167.La Ley de Libertad de Culto y Creencias contiene numerosas disposiciones nuevas, por ejemplo, reduce la duración de la actividad religiosa estable e ininterrumpida de 23 a 5 años para el reconocimiento de una organización religiosa; considera que el registro de las actividades religiosas es una necesidad de las personas, pero no es necesario para el reconocimiento de las organizaciones religiosas; permite la investidura o el nombramiento de extranjeros con residencia legal en Viet Nam para ejercer un cargo jerárquico; y reconoce el derecho a la libertad de culto o creencia de los extranjeros con residencia legal en Viet Nam, y de las personas que se encuentran en detención policial o detención temporal, que cumplen penas de prisión o están internadas en instituciones correccionales o centros de tratamiento de la toxicomanía, etc.

168.La Ley de Libertad de Culto y Creencias dispone que las organizaciones y las personas que violen la Ley o hagan un uso indebido de las creencias y la religión para violarla, según sea la naturaleza y gravedad de sus violaciones, estarán sujetos a responsabilidad administrativa o penal, y si provocaran daños y perjuicios, deberán pagar la indemnización legal (artículo 64). Todo aquel que haya sido objeto de sanciones disciplinarias o sanciones administrativas por el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza o el uso de otros medios para impedir que otras personas ejerzan su derecho a la libertad de creencia y religión o para obligarlas a que profesen o no una religión, y reincida en ese comportamiento, estará sujeto a responsabilidad penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código Penal.

169.La legislación de Viet Nam establece que el servicio militar es una obligación de todo ciudadano (Constitución, artículo 45) y su incumplimiento está prohibido por ley (Ley sobre la Obligatoriedad del Servicio Militar, artículo 10). Por consiguiente, en Viet Nam nadie se niega a hacer el servicio militar por motivos de conciencia, religión o creencias.

170.En Viet Nam coexisten múltiples religiones, algunas de las cuales proceden del exterior y otras se han originado en el país. El 95% de la población participa en cultos y prácticas religiosas: hay 24,3 millones de fieles (en comparación con 20 millones en 2009) y casi 83.000 autoridades religiosas. Existen unos 27.900 centros de culto y 53 instituciones religiosas en todo el país. La libertad de las personas de practicar la religión y de participar en actividades religiosas se respeta y garantiza. Anualmente hay unos 8.500 festivales religiosos a nivel nacional y local. Se renuevan o construyen numerosos lugares de culto. En Viet Nam hay 41 organizaciones de 15 religiones reconocidas por el Estado y registradas para celebrar su liturgia.

171.Se imparten y desarrollan cursos de capacitación y perfeccionamiento para autoridades religiosas y monjes. Numerosos dirigentes religiosos y monjes vietnamitas han sido enviados al extranjero para su formación. Se alienta y facilita la participación de las organizaciones religiosas de Viet Nam en los sectores de la salud, la cultura, las actividades sociales y humanitarias y otras cuestiones que contribuyan a la construcción nacional y, al mismo tiempo, a ampliar las relaciones exteriores. Representantes de autoridades religiosas han participado en muchos foros internacionales y diálogos religiosos y han intercambiado información sobre las doctrinas y el derecho canónico en grandes foros, como la Reunión Asia-Europa (ASEM) y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). En el período 2004-2016, cerca de 1.500 dignatarios religiosos, monjes y adeptos viajaron al extranjero para participar en actividades de formación religiosa y participar en conferencias y seminarios con organizaciones internacionales religiosas.

172.Entre 2004 y 2016, la Editorial Religiosa produjo más de 11.000 publicaciones con una tirada de 32.711.834 ejemplares. Se publicaron ediciones bilingües de la Biblia en vietnamita y en los idiomas bahnar, ede, jarai, ko, bru y hmong para satisfacer las necesidades de las minorías protestantes. Los textos sagrados jemeres se importan para satisfacer las necesidades de las autoridades y las actividades religiosas de la etnia jemer.

173.En el caso de las minorías étnicas, la libertad de culto y la igualdad religiosa están protegidas y respaldadas por el Estado. En Viet Nam, todas las religiones son iguales y no existe ninguna religión oficial. Se han establecido instituciones de formación y fundaciones comunitarias para apoyar las actividades religiosas, como el Instituto Jemer Nam Tong, dedicado al budismo y la Fundación del Pueblo Cham, que practica el islamismo y el brahmanismo.

174.Las organizaciones religiosas pueden organizar actos de recaudación de fondos y recibir obsequios de organizaciones nacionales y extranjeras y de particulares, conforme a la ley. El Estado puede asignar tierras a las organizaciones religiosas que lo necesiten, sin que estas tengan que pagar impuestos por su uso con fines religiosos. Los gobiernos de todos los niveles han concedido grandes extensiones de tierra a numerosas organizaciones para fines religiosos, en particular, 15 ha para la construcción del Centro de Peregrinaje Vang en la provincia de Quang Tri, 7.500 m2 a la Secretaría General de la Iglesia Protestante de Viet Nam (en el Sur) para la construcción del Instituto Bíblico de Teología, y 6.000 m2 a la Misión Cristiana de Viet Nam para la construcción de su nueva sede.

Artículo 19 (párrafo 18 de las observaciones finales del Comité)

175.La Constitución dispone el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y la libertad de prensa (artículo 25). Este principio constitucional se especifica en numerosas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional, como la Ley de la Prensa, la Ley de Publicaciones, la Ley de Tecnología de la Información, la Ley de Acceso a la Información. El Gobierno también ha promulgado varios Decretos que orientan la aplicación de las disposiciones de estas leyes.

176.La prensa no se censura antes de la impresión, la transmisión o la radiodifusión. El Estado no censura las obras antes de su publicación (Ley de la Prensa, artículo 13; y Ley de Publicaciones, artículo 5). Los periodistas están obligados a asumir la responsabilidad ante la ley y los jefes de las agencias de prensa por el contenido de sus artículos (Ley de la Prensa, artículo 25). Cuando se trata de causas que se están investigando o que se resuelven sin juicio, casos negativos o denuncias de violación de la ley respecto de las cuales los organismos estatales competentes no han llegado a ninguna conclusión, la prensa tendrá derecho a informar sobre la base de sus propias fuentes y será responsable ante la ley por el contenido de la información (Ley de la Prensa, artículo 38).

177.A fin de ejercer el derecho a la libertad de prensa, los ciudadanos tienen derecho a producir obras periodísticas, proporcionar información a la prensa, hacer comentarios sobre la información publicada en la prensa, acceder a la información de la prensa, y asociarse con las agencias de prensa para colaborar con su labor. Los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente a través de la prensa sus opiniones sobre la situación del país y del mundo, a opinar sobre la formulación y aplicación de las directrices y políticas del partido y las leyes del Estado, y a comentar, criticar, hacer peticiones, exponer quejas o hacer denuncias en la prensa (Ley de la Prensa, artículos 10 y 11).

178.Los órganos de prensa serán responsables de la publicación y difusión de peticiones, críticas, noticias, fotografías y otras colaboraciones enviadas por los ciudadanos, y en caso de no publicarlas, deberán comunicárselo al interesado y explicar el motivo, si este lo solicita; serán también responsables de responder, o pedir a la organización o persona competente que responda por escrito o a través de la prensa, a las peticiones, quejas y denuncias enviadas por los ciudadanos (Ley de la Prensa, artículo 12).

179.Todos los actos de intimidación, amenaza a la vida o difamación contra periodistas y reporteros están estrictamente prohibidos. Los medios o instrumentos utilizados para obstaculizar la labor de los periodistas o reporteros serán destruidos o incautados con arreglo a la ley (Ley de la Prensa, artículo 9).

180.El Estado aplica estrategias y planes para desarrollar la red de editoriales, imprentas y establecimientos de edición, impartir capacitación en recursos humanos, aportar incentivos fiscales para realizar actividades de publicación de conformidad con la ley y formular políticas de estímulo para que las entidades no estatales participen en actividades de edición (Ley de Publicaciones, artículo 7).

181.La Ley de la Prensa prevé la corrección de la información transmitida por los medios de comunicación (artículo 42), la retroinformación (artículo 43), la protección de las emisiones de radio y los programas de televisión y el contenido de los periódicos electrónicos (artículo 47), y las actividades de la prensa, las misiones diplomáticas y las organizaciones extranjeras en Viet Nam (artículo 56).

182.Con arreglo a la Ley de Tecnología de la Información, las organizaciones y las personas tienen derecho a utilizar libremente la información digital con fines legítimos, de conformidad con la ley; los organismos estatales competentes adoptarán medidas para facilitar el acceso a la información digital y su uso; las organizaciones y las personas no deben reproducir contenidos digitales que pertenezcan a otras organizaciones o personas si el propietario no lo hubiera autorizado o si la ley estableciera que no está permitido; y cuando se permita citar la información, la organización o el particular que lo haga deberán dar a conocer su fuente (artículo 15).

183.El Código Penal de 2015 tipifica un nuevo delito, a saber, la violación de los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión, de prensa, de acceso a la información y de manifestación (artículo 167), con el fin de sancionar a las personas que recurren al uso o la amenaza del uso de la fuerza o a otros métodos para obstaculizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información.

184.La Ley de la Prensa también establece condiciones favorables para las actividades de cooperación de las agencias de prensa vietnamitas con países extranjeros (artículos 37 y 55). Las esferas prioritarias de cooperación son el entretenimiento, la ciencia, la educación y la infancia. Actualmente los vietnamitas tienen acceso a 75 cadenas de televisión extranjeras, como la CNN, la BBC o Bloomberg, y a la información de grandes agencias de prensa y periódicos, como Reuters, la BBC, VOA y AP, a través de Internet. Hay 20 agencias de noticias extranjeras con periodistas residentes y numerosos periódicos y revistas en lenguas extranjeras que se distribuyen ampliamente en el país.

185.Cada vez se respetan más en Viet Nam los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información. El intercambio de opiniones, los debates, las críticas, la información pluridimensional sobre todos los aspectos políticos, económicos y sociales del país en los medios de comunicación, con la participación activa de políticos, organizaciones sociales y particulares forman parte de la vida cotidiana del pueblo vietnamita.

186.La prensa se ha convertido en un foro de diálogo para las organizaciones sociales y la población, y en un instrumento importante para la protección de los intereses de la sociedad y las libertades de las personas y para el examen y la supervisión de la aplicación de las políticas y leyes del Estado, especialmente en materia de derechos humanos. Varias agencias de prensa han tomado la iniciativa de denunciar y luchar contra la corrupción, las violaciones de los derechos humanos o los derechos civiles y otras manifestaciones negativas.

187.A finales de diciembre de 2016, el sistema de prensa vietnamita, que abarca la televisión, los periódicos y las noticias digitales, tenía registrados 18.600 periodistas y decenas de miles de empleados, técnicos y profesionales que trabajaban en 826 periódicos, 162 agencias de noticias digitales, y 66 estaciones de radio y televisión con 182 cadenas de radiodifusión. Las radios llegan al 98% del territorio del país y al 99,5% de la población, y los programas televisivos cubren el 95% del territorio, en comparación con el 85% en 2008.

188.En Viet Nam hay 63 editoriales (en comparación con solo 55 en 2009), con un aumento medio anual de publicaciones del 5 al 10%. En 2016, el sector editorial de Viet Nam publicó 30.000 obras (400 millones de ejemplares en total) de contenido diverso para satisfacer las necesidades de los lectores vietnamitas.

189.A finales de diciembre de 2016, había en Viet Nam 50 millones de personas con conexión a Internet (en comparación con 39,8 millones en 2014 y 30,8 millones en 2012), cifra que equivale al 53% de la población (superior a la tasa media mundial de 46,64%). En 2015, Viet Nam ocupaba el segundo lugar en el Asia Sudoriental (después de Indonesia) y el sexto en Asia en lo que respecta al número de usuarios de Internet. En total, casi 35 millones de personas utilizan Facebook.

Artículo 20

190.En Viet Nam, todas las etnias conviven en pie de igualdad, se respetan y asisten mutuamente con miras al desarrollo común. Todos los actos de discriminación y división de las etnias están prohibidos (Constitución, artículo 5). Todos los actos de incitación a la violencia, la agresión o el odio entre etnias y pueblos de otros países y los conflictos entre etnias, razas y religiones están prohibidos y sancionados por la ley.

191.En el ámbito penal, el Código Penal tipifica el crimen contra la paz y la agresión (artículo 421). Este crimen es especialmente grave y se castiga con cadena perpetua o la pena máxima, que es la pena de muerte.

Artículo 21 (párrafo 21 de las observaciones finales del Comité)

192.La Constitución dispone que los ciudadanos tienen derecho de reunión, asociación y manifestación (artículo 25). Esta disposición constitucional se detalla en numerosos instrumentos jurídicos aprobados para promover, garantizar y proteger el derecho de reunión y manifestación.

193.De conformidad con el artículo 163 del Código Penal, todo aquel que recurra al uso o la amenaza del uso de la fuerza o a otros métodos para impedir que otras personas se reúnan o celebren reuniones ilegalmente o para obligarlas a hacerlo podrá ser objeto de sanciones penales por la violación de los derechos de los ciudadanos. Además, el Código Penal de 2015 tipifica un nuevo delito, a saber, la violación de los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y el derecho de manifestación (artículo 167), y dispone sanciones para las personas que usen la fuerza, amenacen con usarla o se valgan de otros métodos para obstaculizar el derecho de los ciudadanos a la manifestación.

194.El Decreto Gubernamental núm. 38/2005/ND-CP, de 18 de marzo de 2015, prevé la libertad de reunión en público, así como las medidas para garantizar el orden público y las autoridades competentes para aplicarlas. Las personas que, abusando de su posición o de sus facultades para garantizar el orden público, vulneren los intereses del Estado o los derechos y los intereses legítimos de las personas, serán pasibles, en función de la gravedad de su violación, de sanciones disciplinarias o enjuiciamiento penal, y si se produjeran daños o perjuicios, se pagará indemnización de conformidad con la ley (artículos 8 y 13). Se está elaborando un proyecto de ley sobre manifestaciones públicas, con el fin de detallar las disposiciones de los artículos 14.2 y 25 de la Constitución y garantizar mejor la libertad de las personas.

Artículo 22 (párrafo 20 de las observaciones finales del Comité)

195.La Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a constituir asociaciones y que el ejercicio de este derecho se regirá por la ley. Este principio constitucional se especifica y garantiza en diversos instrumentos jurídicos, entre otros, el Código Penal, el Código del Trabajo, la Ley de Sindicatos, el Decreto núm. 102/SL/L004 y el Decreto núm. 45/2010/ND-CP (modificado y complementado por el Decreto núm. 33/2012/ND-CP). Se está preparando un proyecto de ley de asociación con miras a garantizar el derecho de asociación de los ciudadanos, crear las condiciones favorables para su ejercicio de conformidad con la Constitución, y cumplir los requisitos del proceso de integración internacional.

196.El Código Civil dispone que toda persona física o jurídica tiene derecho a establecer una entidad jurídica, a menos que la ley disponga lo contrario.

197.El derecho de las personas que trabajan en organismos, organizaciones y empresas a crear sindicatos, afiliarse a ellos y administrarlos se rige por la Ley de Sindicatos (artículo 5) y el Código del Trabajo (artículo 189).

198.Todo aquel que recurra al uso o la amenaza del uso de la fuerza o a otros métodos para impedir que otras personas se reúnan o celebren reuniones legalmente o para obligarlas a hacerlo podrá ser pasible de sanciones penales en virtud de las disposiciones del Código Penal (artículo 163).

199.La legislación de Viet Nam especifica los actos prohibidos contra los empleadores en relación con el establecimiento de sindicatos, la afiliación a ellos y su administración (Código del Trabajo, artículo 190), así como las sanciones administrativas por los actos de incumplimiento de la normativa para garantizar el ejercicio de los derechos sindicales (Decreto núm. 95/2013/ND-CP, artículo 24, modificado y complementado por el Decreto núm. 88/2015/ND-CP).

200.En Viet Nam existen asociaciones de distintos tamaños, escalas y capacidades. En lo que respecta al número, hay alrededor de 67.627 asociaciones, 506 de las cuales tienen representación en todo el país (al mes de julio de 2016). En general, las asociaciones han hecho grandes contribuciones al proceso de consolidación y desarrollo nacional y cumplen la función de enlace entre los miembros y los organismos gubernamentales, entre otras cosas, promoviendo las aspiraciones de los miembros, apoyándolos en actividades productivas y empresariales, mejorando la competitividad, ayudando a solucionar controversias comerciales y prestando asesoramiento sobre la producción y los mercados. Las actividades de las asociaciones se centran en ámbitos sociales, humanitarios y caritativos, especialmente la prestación de servicios en diversas esferas como la educación, la capacitación, la atención de la salud, el deporte y la protección del medio ambiente. Las asociaciones también desempeñan un papel cada vez más activo en la prestación de asesoramiento y la formulación de observaciones sobre las políticas y leyes del Estado y los programas y proyectos de desarrollo socioeconómico del Gobierno central y los gobiernos locales.

201.A finales de diciembre de 2016, había en Viet Nam 710 federaciones laborales a nivel de distrito, 48 sindicatos de parques industriales, 361 sindicatos sectoriales a nivel local y 125.560 sindicatos de base con 9.636.417 miembros. En comparación con 1990, el número de miembros incrementó en más de 5 millones.

Artículo 23

202.La Constitución reafirma que los hombres y las mujeres tienen derecho al matrimonio y el divorcio. Los principios básicos del matrimonio son el libre consentimiento, la orientación progresiva y la monogamia, la igualdad entre marido y mujer y el respeto mutuo (artículo 36).

203.La Ley del Matrimonio y la Familia dispone la protección de todos los intereses de los ciudadanos en la relación matrimonial, especialmente el principio de la igualdad de los cónyuges en la creación, posesión, utilización y enajenación de bienes, y la protección de las mujeres y los niños vulnerables contra el matrimonio forzado o la violencia doméstica, así como de los niños sin familia. Si bien el Estado no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley respeta y no sanciona la convivencia. Esta Ley también reconoce la gestación subrogada con fines humanitarios.

204.Todos los ciudadanos vietnamitas, a partir de la edad legal para contraer matrimonio (20 años para los hombres y 18 años para las mujeres), tienen derecho a decidir libremente y en pie de igualdad a su cónyuge sin coerción ni obstáculos. Se han suprimido todas las prácticas matrimoniales atrasadas (como el matrimonio forzado, la falta de respeto hacia la mujer, la poligamia y la falta de respeto por los intereses de los niños). Al mismo tiempo, en el ámbito del derecho matrimonial, la ley protege a las mujeres contra el matrimonio precoz, el matrimonio forzado y la violencia en el hogar.

205.Algunas minorías étnicas siguen practicando el matrimonio precoz y el matrimonio consanguíneo. Ante esta situación, en abril de 2015, el Primer Ministro aprobó un proyecto para el período 2015-2025, cuyo objetivo principal es contener y revertir el problema del matrimonio infantil y el matrimonio consanguíneo en las minorías étnicas para el año 2025, contribuyendo así a mejorar la calidad de la población y los recursos humanos en las zonas de minorías étnicas.

206.En Viet Nam, el matrimonio, el divorcio o la anulación del matrimonio ilícito entre ciudadanos vietnamitas y extranjeros no modifica la nacionalidad vietnamita de las personas afectadas ni de sus hijos menores de edad (si procede) (Ley de Nacionalidad, artículo 9).

207.El régimen de propiedad de los cónyuges se detalla en diversos documentos jurídicos. Con arreglo a la Ley del Matrimonio y la Familia de 2014, los cónyuges pueden decidir el régimen de propiedad.

208.La Ley del Matrimonio y la Familia rige también el concubinato entre personas de distinto sexo (artículos 14, 15 y 16).

209.La Ley del Matrimonio y la Familia establece la protección del régimen matrimonial y familiar. Los organismos, las organizaciones y las personas pueden pedir a los tribunales u otros órganos competentes que apliquen medidas para la rápida prevención de los actos de violación de la legislación sobre el matrimonio y la familia y la sanción de los infractores (artículo 5).

210.La ley prohíbe que se impida o fuerce la aplicación de la planificación familiar, por ejemplo, la vulneración de la integridad corporal de los usuarios de anticonceptivos o de las personas que procrean únicamente niños o niñas, el uso forzoso de métodos anticonceptivos, el embarazo forzoso, el parto prematuro inducido, los embarazos múltiples o la selección del sexo del hijo (Decreto núm. 104/2003/ND-CP, artículo 9).

Artículo 24

211.Para el examen cabal de este artículo deben tenerse en cuenta los informes periódicos tercero y cuarto sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (2002-2007) presentados al Comité de los Derechos del Niño en 2011 y el informe nacional sobre los derechos humanos en Viet Nam presentado en el marco del segundo ciclo del mecanismo del examen periódico universal. En abril de 2014, el Primer Ministro aprobó el Plan para la Aplicación de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. En lo que respecta a la Convención, el informe destaca los elementos que se indican a continuación.

212.La Constitución dispone que los niños serán protegidos, cuidados y educados por el Estado, la familia y la sociedad y que podrán participar en las cuestiones relativas a la infancia; además, prohíbe hostigar, perseguir, maltratar o abandonar a los niños, abusar sexualmente de ellos, explotar el trabajo infantil u otros actos que violen los derechos de los niños (artículo 37). Esta disposición constitucional se ha detallado en documentos jurídicos relativos a los niños, como el Código Civil, la Ley de la Infancia, la Ley de Educación y la Ley de Reconocimiento y Tratamiento Médicos.

213.La Ley de la Infancia establece principios que garantizan los derechos del niño, en particular, prohíbe toda discriminación contra los niños, prioriza el interés superior del niño en la adopción de decisiones que le incumban, y dispone que las opiniones y aspiraciones de los niños deben ser respetadas, escuchadas, examinadas y tenidas en cuenta, y que las opiniones de los niños y de los organismos y las organizaciones que se ocupan de la infancia deben considerarse cuando se aprueben políticas y leyes que afecten a los niños (artículo 5).

214.La Ley de la Infancia prevé 25 grupos de derechos del niño, como el derecho a la vida, el derecho a que se inscriba su nacimiento, el derecho a tener nombre, apellido y nacionalidad, el derecho a la privacidad, el derecho a vivir con sus padres, el derecho a recibir asistencia jurídica y los derechos pertinentes en caso de ser apátridas, desplazados internos, o refugiados, etc. (artículos 12 a 36).

215.En Viet Nam, la educación preescolar para los niños de 5 años es universal, lo mismo que la enseñanza primaria y el primer ciclo de la enseñanza secundaria. La familia tiene la responsabilidad de alentar a los niños que han alcanzado la edad legal para ingresar a la escuela a matricularse y aprobar los niveles necesarios de educación universal (Ley de Educación, artículo 11). El Estado siempre ha prestado atención a la financiación de la atención de la salud de los niños (Ley de Reconocimiento y Tratamiento Médicos, artículo 4).

216.Las disposiciones del Código Civil sobre transacciones civiles realizadas por menores de edad, representación y tutela, han contribuido a la protección de los derechos e intereses legítimos de los menores. Los niños tienen derecho a poseer bienes, heredar y otros derechos de propiedad, de conformidad con la ley.

217.El Código Civil establece que los padres son los representantes legales de sus hijos menores de edad, y que se nombrará un tutor legal: i) si el menor no tuviera padres o sus padres no pudieran ser identificados; o ii) si el menor tuviera padre o madre, pero estos hubieran perdido la capacidad jurídica o tuvieran deficiencias de la capacidad cognitiva o del control de sus actos o una capacidad jurídica limitada, o si los tribunales hubieran suspendido la patria potestad, o ambos progenitores carecieran de las condiciones necesarias para cuidar y educar al niño y hubieren solicitado la tutela (artículos 136 y 47).

218.Los nuevos cambios de la política penal aplicable a los delincuentes menores de 18 años introducidos en el Código Penal del 2015 protegen el interés superior de los menores, en particular:

i)El principio de que el tratamiento de los delincuentes menores de 18 años debe garantizar su interés superior se añadió en el artículo 91. Cabe señalar que este Código restringe el alcance de la responsabilidad penal de las personas con 14 años cumplidos y menores de 16. Por consiguiente, los miembros de este grupo de edad solo están sujetos a responsabilidad penal si cometen uno de los 28 delitos muy graves o extremadamente graves;

ii)Se añadieron en la sección 2 del capítulo XII disposiciones sobre medidas de supervisión y educativas aplicables en los casos de menores de 18 años exentos de responsabilidad penal;

iii)Se especifican las condiciones para la exención de responsabilidad penal a las personas de 14 años cumplidos y menores de 16, y a las mayores de 16 años y menores de 18.

219.Además de las políticas penales humanitarias aplicables a los delincuentes menores de 18 años, el Código Penal de 2015 también prevé penas graves para los delitos de violación de los derechos de los menores de 18 años, a saber:

i)Tipifica delitos específicos contra menores de 18 años;

ii)Establece que el hecho de cometer determinados delitos contra menores de 18 años en general, y menores de 16 años en particular, se considerará factor agravante;

iii)Establece como factor agravante en general el hecho de que el delito sea cometido contra menores de 16 años.

220.El derecho del niño a la asistencia jurídica está garantizado en la práctica. Desde 2007 hasta finales de 2016, las organizaciones que prestan asistencia jurídica se ocuparon gratuitamente de 46.831 causas relacionadas con niños sin hogar. Cabe señalar que la Ley de Asistencia Letrada de 2017 dispone que todos los niños pueden recibir asistencia jurídica y no solo los niños sin hogar, e incluye entre los beneficiarios a las personas acusadas y las personas agraviadas con 16 años cumplidos y menores de 18 años que tengan dificultades financieras.

221.Cabe señalar asimismo que en 2016 se crearon los Tribunales de Familia y los Tribunales de Menores —tribunales especializados— para proteger los derechos de las mujeres y los niños menores de 18.

222.El Primer Ministro aprobó el Programa de Acción Nacional en Favor de la Infancia para el período 2012-2020 y el Programa para la Prevención y Lucha de las Lesiones en la Infancia para el período 2016-2020, el Programa para Promover el Derecho del Niño a Participar en las Cuestiones de la Infancia para el período 2016-2020, el Programa de Acción Nacional sobre el Registro Civil y las Estadísticas del Estado Civil para el período 2017-2024, el Programa de Protección de la Infancia para el período 2016-2020, y el Programa de Prevención y Reducción del Trabajo Infantil para el período 2016-2020. El objetivo general es crear un entorno de vida seguro y adaptado para el mejor goce de los derechos de los niños, reducir gradualmente la brecha entre las condiciones de vida de los distintos grupos de niños, mejorar la calidad de vida y crear oportunidades de desarrollo iguales para todos los niños.

Artículo 25

223.La Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a votar a partir de los 18 años y a presentarse a las elecciones de la Asamblea Nacional o a los Consejos Populares a partir de los 21 años, y que el ejercicio de estos derechos será prescrito por la ley (artículo 23).

224.Con arreglo a la Ley de Elección de Diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares de 2015, las personas en detención policial o detención temporal y las personas internadas obligatoriamente en instituciones educativas y centros de tratamiento de la toxicomanía también tienen derecho a votar en las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional y diputados de los consejos populares a nivel provincial. Estas personas se inscriben en el padrón electoral del lugar donde están detenidos o de las instituciones o centros.

225.Además de consagrar el derecho de voto de los ciudadanos vietnamitas, la Ley de Elección de Diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares especifica las personas que no pueden ser incluidas en el padrón electoral: las personas privadas del derecho de voto a raíz de una sentencia o decisión judicial, las personas que se encuentran en espera de la ejecución de la pena de muerte, las personas que cumplen penas de prisión sin posibilidad de suspensión y las personas que han perdido la capacidad civil.

226.Los resultados de la elección de diputados a la 14a legislatura de la Asamblea Nacional y de diputados de los Consejos Populares a todos los niveles para el período 2016-2021, en las que participaron un total de 67.049.091 votantes (equivalente al 99,35%), han demostrado que los ciudadanos manifiestan interés en la vida política y son cada vez más conscientes de su derecho de voto, su responsabilidad y el importante papel que desempeñan al ejercer su derecho a participar en la gobernanza nacional y social.

227.La elección de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares se realiza sobre la base de los principios del sufragio universal, igual, directo y secreto (Ley de Elección de Diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares, artículo 1).

228.En caso de que un votante, por enfermedad, vejez o discapacidad, no pueda desplazarse hasta la mesa de votación, la dependencia electoral local llevará una urna y las papeletas a su lugar de residencia o tratamiento para que pueda ejercer su derecho. En circunstancias especiales, cuando el momento de la votación debiera ser aplazado o anticipado con respecto al calendario prescrito legalmente, el Comité Electoral deberá presentar el caso al Consejo Electoral Nacional para su examen y adopción de una decisión (Ley de Elección de Diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares, artículos 69 y 72).

229.Los votantes que no puedan escribir las papeletas por sus propios medios podrán pedir a otras personas que lo hagan en su nombre, pero votarán libremente y la persona que los asista deberá respetar la confidencialidad del voto. Si debido a su discapacidad, un votante no pudiera introducir la papeleta en la urna por sus propios medios, podrá pedir a otra persona que lo haga en su nombre (Ley de Elección de Diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares, artículo 69).

230.La legislación vietnamita también especifica quiénes no pueden ser candidatos a diputado a la Asamblea Nacional y al Consejo Popular: las personas privadas por decisión judicial del derecho a presentar su candidatura, las personas que estén cumpliendo penas de prisión, las personas que hayan perdido su capacidad civil o tengan una capacidad civil limitada, las persona procesada, las personas que cumplan sentencias o decisiones del Tribunal Penal, las personas que hayan cumplido íntegramente las sentencias o decisiones del Tribunal Penal, pero que aún no tengan un certificado de antecedentes penales, y las personas que estén cumpliendo sentencias de internamiento en una institución educativa o un centro de tratamiento de la toxicomanía o medidas educativas en las comunas, distritos o municipios (artículo 37).

231.La Ley de Elección de Diputados a la Asamblea Nacional y los Consejos Populares dispone que las personas que cometan actos de engaño, soborno o coacción para obstaculizar la elección o la candidatura de un ciudadano o que violen la normativa sobre las campañas electorales, y las personas encargadas de la preparación de las elecciones que falsifiquen documentos o votos o utilicen otros medios para distorsionar los resultados de las elecciones o violen otras disposiciones de la legislación electoral, serán pasibles de una sanción disciplinaria, administrativa o penal, en función de la naturaleza de la infracción, (artículo 95).

232.El Código Penal prevé sanciones penales por la vulneración de los derechos de los ciudadanos a votar y presentar su candidatura y por la falsificación de los resultados electorales (artículos 160 y 161).

233.Los ciudadanos tienen derecho a participar en la administración del Estado y la sociedad, a tomar parte en los debates con los organismos estatales y a formular recomendaciones en relación con temas de interés local y nacional. Los ciudadanos que han cumplido 18 años tienen derecho a votar cuando el Estado celebre un referendo (Constitución, artículos 28 y 29).

234.Este derecho constitucional se detalla en numerosos documentos jurídicos que precisan las condiciones, formas y mecanismos para que las personas participen en las actividades de gestión del Estado, por ejemplo:

i)El Estado organiza elecciones para que los votantes de todo el territorio nacional puedan tomar decisiones directamente sobre cuestiones importantes para el país. La Ley del Referendo, aprobada en 2015, establece bases jurídicas uniformes y condiciones favorables para la democracia directa y para usar el referendo como medio para que el pueblo exprese su voluntad y ejerza su derecho sobre los asuntos importantes del país, satisfaciendo así las necesidades objetivas de la renovación nacional;

ii)Los organismos y las organizaciones con funciones legislativas y los organismos y organizaciones conexos deberán crear las condiciones necesarias para que los organismos, las organizaciones y las personas formulen observaciones sobre las propuestas legislativas y los proyectos de documentos jurídicos y para recabar las opiniones de las partes interesadas (Ley sobre la Promulgación de Documentos Jurídicos, artículo 6).

235.En los últimos años, Viet Nam ha aplicado políticas de igualdad social mediante legislación encaminada a que todos los ciudadanos se beneficien de los servicios públicos, el seguro de salud, el seguro social, la ayuda social, y las medidas de erradicación del hambre y reducción de la pobreza; mejorar las leyes y la normativa sobre las preferencias sociales de los beneficiarios y la protección del consumidor; y establecer el fondo del seguro por desempleo a fin de garantizar la seguridad social.

236.El Gobierno de Viet Nam promueve la democracia directa, entre otras cosas, a través del diálogo entre las autoridades locales y la población mediante reuniones presenciales o videoconferencias, los programas El Pueblo Pregunta, los Ministros Responden, y El Pueblo Pregunta, los Dirigentes Responden, y encuestas sobre la satisfacción de los ciudadanos con los servicios administrativos. Según el Índice de Gobernanza Provincial y Desempeño de la Administración Pública en Viet Nam (PAPI) correspondiente a 2016, las reformas en los procedimientos administrativos y los servicios administrativos públicos están avanzando a buen ritmo. Además, la calidad de la prestación de los servicios públicos y el nivel de satisfacción que suscitan, especialmente los servicios de salud pública y la educación primaria pública, la seguridad y el orden en la mayoría de las provincias y ciudades han mejorado notablemente en los últimos 5 años.

Artículo 27 (párrafo 19 de las observaciones finales del Comité)

237.En Viet Nam existen 53 minorías étnicas con una población de 13.386.330 personas, lo cual representa el 14,33% de los habitantes del país. El Gobierno de Viet Nam ha priorizado la aplicación de políticas de desarrollo socioeconómico en las zonas donde viven minorías étnicas mediante más de 154 políticas especiales definidas en 243 documentos.

238.La Constitución dispone que el Estado aplicará una política de desarrollo integral y creará las condiciones necesarias para que las minorías étnicas promuevan sus recursos internos y se desarrollen junto con el país (artículo 5). La Constitución reconoce también la igualdad, la solidaridad, el respeto y la asistencia para el desarrollo mutuo entre las minorías étnicas, prohíbe estrictamente todo acto de discriminación o división de las minorías étnicas, y reconoce el derecho de las minorías étnicas a utilizar su lengua, oral y escrita, para preservar su identidad nacional, y a promover sus buenas prácticas, costumbres, tradiciones y cultura. Se ofrecen condiciones favorables a los miembros de las minorías étnicas en sus relaciones civiles para mejorar gradualmente su vida material y espiritual. Habida cuenta de que la etnia es importante, la Constitución establece claramente que la Asamblea Nacional tiene la facultad de decidir las políticas étnicas.

239.Con arreglo a la estructura orgánica del Estado, el Consejo Étnico es elegido por la Asamblea Nacional. Este debe hacer recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con los asuntos étnicos y supervisar la aplicación de las políticas étnicas y de los programas y planes de desarrollo socioeconómico en las zonas montañosas y las zonas de minorías étnicas. El Consejo Étnico está facultado para formular observaciones sobre la promulgación de normativa sobre la aplicación de la política étnica del Gobierno. En el seno del Gobierno, existe un organismo de nivel ministerial, a saber, el Comité de Asuntos de las Minorías Étnicas, que se encarga de defender y proteger los intereses de las minorías étnicas.

240.Las personas pertenecientes a minorías étnicas tienen derecho a estudiar en su propio idioma, de conformidad con el Decreto núm. 82/2010/ND-CP sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral y escrita de las minorías étnicas en los establecimientos de enseñanza general y los centros de educación regular, y el Decreto Gubernamental núm. 05/2011/ND-CP, de 14 de enero de 2011, sobre el trabajo de las minorías étnicas. En el año académico 2015/16, había en Viet Nam 314 internados étnicos en 50 provincias y ciudades con 91.193 alumnos (un aumento de 6 escuelas y 2.946 alumnos en comparación con el año académico 2013/14). Además, Viet Nam ha mantenido la enseñanza de ocho idiomas de minorías étnicas, a saber, cham, jemer, ede, bahnar, jarai, hmong, tailandés y chino, en las escuelas de 20 provincias.

241.La aplicación efectiva de numerosos programas y proyectos de desarrollo socioeconómico en las zonas de las minorías étnicas ha generado resultados positivos, contribuyendo a la erradicación del hambre y la reducción de la pobreza y a mejorar el nivel de vida de la población. Las políticas de desarrollo agrícola y rural en las zonas de minorías étnicas y las zonas montañosas, incluida la política de asignación de tierras y asignación de bosques para el cultivo y la ganadería, también han beneficiado a las minorías étnicas, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las provincias montañosas, atrayendo inversiones y creando empleos, y apoyando al mismo tiempo el ejercicio del derecho al desarrollo de los propios grupos étnicos. En 2015, por cada 100 familias de minorías étnicas, 46,7 tenían viviendas permanentes, 43,7 viviendas semipermanentes y 9,6 viviendas temporales. La tasa de hogares pobres en las zonas de minorías étnicas y las zonas montañosas a finales de 2015 era del 16,8%. En 2016, según el enfoque multidimensional, la tasa se redujo un 2% con respecto a 2015, y en los distritos pobres se redujo un 4%.

242.El Gobierno aprobó dos proyectos, en 2011 y 2016 respectivamente: Preservación y Fomento de la Cultura de las Minorías Étnicas en Viet Nam hasta 2020 y Conservación y Promoción del Valor de las Obras Literarias y Artísticas de las Minorías Étnicas de Viet Nam. En la actualidad, el 90% de los hogares tienen acceso a la radio y más del 80% tienen acceso a la televisión. Las minorías étnicas de todas las regiones han participado en actividades culturales provistas de una identidad étnica, y muchas de ellas son accesibles en idiomas de las minorías étnicas, como el hmong, el ede, el cham y el jemer. Los bienes culturales de las minorías étnicas son patrimonio cultural nacional. La UNESCO ha reconocido algunos elementos culturales de las minorías étnicas de Viet Nam como patrimonio mundial, por ejemplo, el espacio de la cultura de los gongs en las montañas centrales y el santuario de My Son.

243.Hay miembros de minorías étnicas en puestos políticos clave, desde el nivel central hasta el nivel local, como el ex Secretario General del Partido Comunista de Viet Nam (2001-2011), el actual Vicepresidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Consejo Étnico de la Asamblea Nacional. El Ministro del Comité de las Minorías Étnicas es miembro de una minoría étnica, lo mismo que cuatro de los cinco Viceministros y la mayoría de los altos funcionarios que ocupan puestos directivos.

244.El número de minorías étnicas que participan en la vida política es cada vez mayor. Los miembros de minorías étnicas elegidos a la Asamblea Nacional para la legislatura 2016-2021 representan el 17,4% del total de los diputados (cerca de un 2% más que en el período 2011-2016). Al 30 de junio de 2014, el número de funcionarios de minorías étnicas que trabajaban en organismos públicos, desde el nivel central hasta el nivel local, se elevaba a 18.116 (alrededor del 5%). En marzo de 2016, el Primer Ministro aprobó el proyecto Desarrollo del Contingente de Directivos y Funcionarios Públicos de las Minorías Étnicas en el Nuevo Período (2016-2020), cuyo objetivo es aplicar efectivamente la Estrategia de Minorías Étnicas hasta 2020, con miras a mejorar gradualmente el sistema jurídico y normativo para convertirlo en un sistema uniforme, y contribuir a aumentar la calidad y garantizar una proporción razonable de personas de minorías étnicas en los organismos estatales y las organizaciones públicas estatales, desde el nivel central hasta el nivel local.

245.Las consultas con las personas y los grupos afectados son necesarias para la preparación, la redacción y la promulgación de instrumentos jurídicos y políticas de desarrollo socioeconómico. En lo que respecta a las políticas y leyes relativas a las numerosas minorías étnicas que habitan en zonas aisladas y montañosas, sus opiniones deben recogerse en persona o a través de las organizaciones de los gobiernos locales.

246.Se han observado cambios positivos en la divulgación de información y la educación en materia jurídica en las zonas de minorías étnicas y las zonas montañosas, y los servicios de asistencia jurídica se están dando a conocer. El 100% de las provincias y ciudades han establecido centros de asistencia jurídica estatales con 201 sucursales que se ocupan de uno o varios distritos y 424 organizaciones registradas para la prestación de servicios de asistencia jurídica. Estas organizaciones proporcionan servicios jurídicos gratuitos, entre otros, asesoramiento jurídico, participación en procedimientos judiciales y representación en procedimientos extrajudiciales, a fin de ayudar a las minorías étnicas que viven en zonas donde las condiciones son difíciles y otros grupos vulnerables a resolver los problemas jurídicos. Entre 2007 y finales de 2016, las organizaciones de asistencia jurídica prestaron asistencia a casi 308.722 miembros de minorías étnicas, y suministraron y distribuyeron alrededor de 1,3 millones de folletos en los idiomas de las minorías étnicas para difundir información y educar sobre la legislación y el derecho a la asistencia jurídica de los miembros de las minorías étnicas.