Lista de cuestiones y preguntas relativa al sexto informe periódico de Gambia *

Visibilidad de la Convención

Sírvanse indicar las medidas adoptadas para que el Gobierno, los ministerios, los parlamentarios y los dirigentes comunitarios conozcan mejor y apliquen la Convención. Sírvanse también proporcionar información sobre la creación de capacidad de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales de las fuerzas del orden encargados de aplicar la Convención.

Derechos de las mujeres e igualdad de género en relación con la pandemia y las actividades de recuperación

* Aprobada por el grupo de trabajo anterior al período de sesiones el 2 de marzo de 2022.

De conformidad con la nota orientativa del Comité sobre las obligaciones de los Estados partes en la Convención en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), publicada el 22 de abril de 2020, sírvanse indicar las medidas aplicadas por el Estado parte para corregir las arraigadas desigualdades entre mujeres y hombres y dar un nuevo impulso a la aplicación de la igualdad de género centrando los esfuerzos de recuperación en las mujeres como prioridad estratégica en pro del cambio sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, satisfacer las necesidades y hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas, incluidas las pertenecientes a grupos desfavorecidos y marginados y las mujeres inmersas en conflictos u otras situaciones humanitarias, y garantizar que el confinamiento, ya sea parcial o total, y los planes de recuperación tras la crisis no releguen a las mujeres y las niñas a roles de género estereotipados. Sírvanse indicar las medidas que se aplican para garantizar que todas las actividades de respuesta a la crisis de la COVID-19 y de recuperación, incluido el plan de recuperación y resiliencia: a) afronten de manera efectiva la violencia de género contra las mujeres y las niñas y traten de prevenirla; b) garanticen la participación en igualdad de condiciones de las mujeres y las niñas en la vida política y pública, la toma de decisiones, el empoderamiento económico y la prestación de servicios, especialmente en la elaboración y ejecución de programas de recuperación; y c) se diseñen de manera que las mujeres y las niñas se beneficien por igual de las medidas de estímulo, entre ellas el apoyo financiero para las funciones de cuidado no remuneradas, que tienen por objeto mitigar los efectos socioeconómicos de la pandemia. Sírvanse indicar también cómo se asegura el Estado parte de que las medidas adoptadas para contener la pandemia, como las restricciones a la libertad de circulación o el distanciamiento físico, no limitan el acceso de las mujeres y las niñas, en particular las pertenecientes a grupos desfavorecidos y marginados, a la justicia, los centros de acogida, la educación, el empleo y la atención de la salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.

Marco constitucional y legislativo

En el informe se afirma que la Constitución garantiza los derechos humanos fundamentales (párr. 20) y que todas las leyes discriminatorias contra la mujer están siendo revisadas en el proceso de examen constitucional (párr. 38). Sírvanse informar sobre qué leyes han sido derogadas o pueden serlo por ser discriminatorias para las mujeres y las niñas. Sírvanse también proporcionar información sobre los esfuerzos realizados para adoptar una legislación amplia contra la discriminación en la que figure una definición de la discriminación contra la mujer que abarque tanto la discriminación directa como la indirecta en las esferas pública y privada y en todos los ámbitos abarcados por la Convención, de conformidad con su artículo 1. Asimismo, sírvanse informar sobre la armonización de la legislación nacional, en particular la Constitución, la Ley de la Mujer y el derecho de las personas (la sharía y derecho consuetudinario), con la Convención.

Acceso a la justicia

El informe indica que se han nombrado juezas en todos los niveles del poder judicial y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han recibido capacitación sobre los derechos de la mujer y la violencia contra las mujeres; sin embargo, no se ha nombrado a ninguna mujer en los tribunales de los qadis, y la capacitación mencionada no se ha extendido a los funcionarios de los tribunales religiosos (párrafos 49, 50, 55 y 56). Sírvanse indicar las medidas adoptadas por el Estado parte para garantizar que las mujeres no sean discriminadas por los tribunales religiosos y que tengan un acceso efectivo a la justicia y a la reparación. Sírvanse también informar sobre los casos de discriminación contra las mujeres llevados ante los tribunales, así como los resultados de cada uno de ellos. Indiquen además si se ha invocado o no la Convención ante los tribunales.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

En el informe se indica que en enero de 2019 se creó el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, encargado de coordinar los asuntos de la mujer y las responsabilidades respectivas del Consejo Nacional de la Mujer y la Oficina de la Mujer y de las redes de coordinadores en materia de género (párrs. 60 y 61). Sírvanse indicar si el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social dispone actualmente de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para coordinar sus políticas y los mecanismos y lograr la aplicación plena y uniforme de la Convención en todo el territorio. Sírvanse también informar sobre qué proporción del presupuesto nacional se ha asignado al mecanismo nacional. Sírvanse indicar si se adoptará una nueva política de género y empoderamiento de la mujer que sustituya a la anterior, que finalizó en 2020, y si se elaborará un plan de acción.

Institución nacional de derechos humanos

El informe indica que en 2017 se creó, en virtud de una ley parlamentaria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (párrafos 65-67). Sírvanse indicar si se han adoptado medidas para enterar a las mujeres de la existencia de ese mecanismo y si las mujeres que presentan denuncias disponen de asistencia. Sírvanse también informar sobre el número de denuncias presentadas por mujeres y sobre el resultado de esos casos. Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas para garantizar la independencia de la Comisión, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), y para solicitar la acreditación ante la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Defensoras de los derechos humanos y sociedad civil

En el informe se indica que el Estado parte ha creado un espacio propicio para que las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar su labor sin ningún tipo de obstáculo o amenaza (párr. 94). Sírvanse indicar qué medidas concretas se han adoptado para crear y garantizar un entorno propicio en el que las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos de la mujer puedan operar libremente y cuáles son los requisitos legales existentes para el registro y el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, incluidas las relacionadas con los derechos humanos de la mujer. Sírvanse indicar también las medidas adoptadas para proteger a las defensoras de los derechos humanos del acoso, los ataques, las amenazas y la intimidación, en particular a las que defienden la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos, para garantizar su protección contra la violencia y la intimidación y para investigar, enjuiciar y sancionar todos los abusos cometidos contra ellas.

Estereotipos

En el informe se indica que se han emprendido iniciativas para modificar los estereotipos de género mediante programas de sensibilización a través de los medios de comunicación, la implicación comunitaria y la capacitación (párrafos 76 y 77). Sírvanse indicar si se ha llevado a cabo alguna evaluación del impacto de dichos programas y, en caso afirmativo, cuál ha sido el resultado. Sírvanse informar sobre otras medidas adoptadas para eliminar los estereotipos que sustenten actitudes patriarcales profundamente arraigadas y refuercen la subordinación de la mujer en la sociedad. Proporcionen también información sobre las iniciativas destinadas a los líderes religiosos y comunitarios que se hayan llevado a cabo para cambiar los estereotipos, mediante campañas de sensibilización y educación.

Prácticas nocivas

Pese a la prohibición de la mutilación genital femenina, que se incluyó en la enmienda de 2015 a la Ley de la Mujer, existe una alta prevalencia de la mutilación genital femenina, que afecta al 73 % de todas las mujeres de entre 15 y 49 años de edad, si bien únicamente se ha llevado un caso a los tribunales. Sírvanse explicar por qué no se han incoado más casos penales y describir la forma en que el Estado parte está haciendo cumplir la prohibición.

A pesar de que el matrimonio infantil está tipificado en la Ley de Enmienda a la Ley de la Infancia, de 2016, en la actualidad aproximadamente una de cada cinco mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años de edad (el 19 %) está casada. En el informe se indica que para afrontar de forma amplia esta cuestión son necesarias la educación y la sensibilización (párr. 76). Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar el matrimonio infantil o forzado, lo que incluye la elaboración de una estrategia y un plan de acción integrales, campañas de sensibilización sobre su carácter delictivo y mecanismos destinados a detectar este tipo de matrimonios y asegurar que los autores sean enjuiciados y castigados adecuadamente.

Violencia de género contra la mujer

Según la información recibida, en 2018 alrededor del 10 % de las mujeres y las niñas de entre 15 y 49 años de edad denunciaron casos de violencia física o sexual perpetrados por su pareja actual o anterior en los 12 meses anteriores a los hechos. En el informe se indica que en 2018 se estableció una Dependencia contra la Violencia Sexual y de Género en el Ministerio de Justicia (párr. 28). Sírvanse proporcionar datos, desglosados por edad y relación entre la víctima y el agresor, sobre: a) el número de casos de violencia de género registrados en los últimos cinco años; b) el número de casos pendientes en las fiscalías; c) el número de casos sometidos a juicio; d) el número de casos juzgados; e) el número de condenas y absoluciones; y f) el número de casos en los que se concedió una indemnización a la víctima.

Sírvanse proporcionar más información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las mujeres y las niñas víctimas de la violencia, incluidos los grupos de mujeres desfavorecidos, tengan acceso a recursos efectivos y a la protección. Sírvanse también facilitar información sobre la asistencia jurídica, médica y psicológica y la rehabilitación de que disponen las víctimas en las zonas rurales. Sírvanse informar sobre la evaluación del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género (2013-2017) y sobre la elaboración de un nuevo plan de acción.

Trata y explotación de la prostitución

Se han adoptado varias medidas para hacer frente a la trata de personas (párrafos 85 a 87). Sírvanse facilitar información sobre los recursos humanos, técnicos y financieros asignados al Organismo Nacional Contra la Trata de Personas. Sírvanse también proporcionar datos actualizados sobre la trata de mujeres y niñas, desglosados por edad y nacionalidad, y sobre el número de víctimas de la trata, especificando si las víctimas fueron objeto de trata con fines de explotación laboral o sexual, e indicar el número de casos investigados, de personas procesadas y condenadas y de sentencias impuestas en virtud de la Ley sobre la Trata de Personas, de 2007, durante el período que se examina.

Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores del Comité (CEDAW/C/GMB/CO/4-5, párr. 25), sírvanse:

a)Proporcionar datos e información sobre las víctimas de la explotación de la prostitución y el abuso sexual infantil en el sector de viajes y turismo, y sobre los autores de esos delitos;

b)Indicar las medidas destinadas a hacer frente a la explotación de las mujeres y las niñas en la prostitución y el abuso sexual infantil en el sector de viajes y turismo, y a prestar asistencia a las víctimas y rehabilitarlas.

Participación en la vida política y pública

En 2021, el 8,6 % de los escaños del parlamento estaban ocupados por mujeres, y 4 de los 19 ministros del Gabinete eran mujeres, es decir, el 21 % del Gabinete. La representación de las mujeres sigue siendo muy baja entre los concejales locales, en los puestos decisorios de la administración pública y en algunos niveles del poder judicial (qadis y tribunales de distrito) (párrs. 90 a 92). Sírvanse indicar si el Estado parte tiene previsto aprobar leyes y políticas destinadas a promover la participación plena e igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones en todos los ámbitos de la vida pública, política y profesional, en particular mediante la introducción de medidas especiales de carácter temporal, como las cuotas. Sírvanse también proporcionar información sobre qué medidas se han adoptado para superar los obstáculos que impiden el adelanto de las mujeres, en particular mediante la sensibilización del conjunto de la sociedad, el fomento de la capacidad de las mujeres y la promoción de su participación en la vida política y pública.

Nacionalidad

En el informe se indica que a los niños nacidos fuera del matrimonio se les expiden partidas de nacimiento previa presentación de la tarjeta de identidad o cualquier otro documento identificativo del padre, con el fin de evitar las disputas sobre la paternidad (párr. 98). Sírvanse indicar qué medidas se han previsto para remediar tal situación.

Educación

En el informe se hace mención de las altas tasas de terminación de estudios de las niñas en todos los niveles educativos (párrs. 100 y 101), así como de las medidas adoptadas para reducir la tasa de analfabetismo (párrs. 100 a 107). Sírvanse informar sobre las medidas adoptadas para que las niñas embarazadas no abandonen la escuela y para hacer frente a su estigmatización por parte tanto de la comunidad como de sus compañeros de escuela. Con respecto a los casos de acoso sexual, que son frecuentes según la información recibida, sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas, entre ellas, las políticas encaminadas a combatir los abusos y el acoso sexuales en la escuela y a velar por que se enjuicie y castigue adecuadamente a los autores.

Empleo

Según la Encuesta de Población Activa de Gambia realizada en 2018, el desempleo entre las mujeres se sitúa en el 57,1 %, el 84,6 % de las mujeres tiene un empleo considerado vulnerable, frente al 71 % de los varones, y las mujeres constituyen solo el 14 % de los trabajadores asalariados. Las mujeres representan el 70 % de los trabajadores no cualificados, y el 42,4 % del empleo femenino es de carácter agrícola. En el sector privado, solo el 17,9 % de las mujeres ocupan puestos directivos y el 25,8 % puestos profesionales. En el informe se indica que el Estado parte se ha comprometido a redoblar sus esfuerzos para eliminar la segregación horizontal y vertical en el mercado laboral y promover el acceso de las mujeres al sector formal, por medios como el uso de medidas especiales de carácter temporal. También se hace referencia a las gestiones que se están llevando a cabo para compilar información sobre el número, la naturaleza y los resultados de las inspecciones laborales efectuadas y las denuncias de acoso sexual presentadas y para fortalecer los mecanismos destinados a vigilar el cumplimiento de la Ley del Trabajo y de las disposiciones pertinentes de la Ley de la Mujer por parte de las entidades públicas y privadas (párrs. 109 a 113). Sírvanse proporcionar información actualizada sobre los resultados de estas iniciativas. Sírvanse también informar sobre las medidas adoptadas para subsanar la brecha salarial entre hombres y mujeres, tanto en el sector público como en el privado, y precisen si se ha aprobado un nuevo proyecto de Ley del Trabajo y si en él se introduce el principio de igual remuneración para mujeres y hombres por trabajo de igual valor.

Salud

La Encuesta Demográfica y de Salud correspondiente a 2019-20 indicó que el 19 % de las mujeres casadas utilizan al menos un método anticonceptivo, y que la demanda total de planificación familiar entre las mujeres casadas era del 43 % en 2019/2020 y el 40 % de la demanda total se cubre con métodos modernos. La tasa estimada de mortalidad relacionada con el embarazo es de 320 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para proporcionar al mayor segmento posible de mujeres, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, servicios de salud de calidad, incluidos los de salud sexual y reproductiva y el acceso a anticonceptivos modernos y de emergencia. Sírvanse también facilitar información sobre las actividades realizadas para crear conciencia acerca de los anticonceptivos y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, dirigidas a mujeres y hombres y niñas y niños, y para garantizar que se disponga de anticonceptivos modernos y que estos sean accesibles y asequibles, a fin de reducir los embarazos no deseados y los abortos en condiciones de riesgo, y sobre si se ha previsto adoptar una estrategia nacional para la prevención de los embarazos en la adolescencia (párr. 130).

Empoderamiento económico de la mujer

En el informe se indica que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2018‑2021, centrado en la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad mediante programas de creación de empleo y en la generación de condiciones propicias para el emprendimiento. El Plan incluye políticas, estrategias y programas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos la transformación estructural inclusiva, el acceso a la tierra y los recursos, la diversificación de los ingresos, la creación de empleos decentes y la consecución de la igualdad de género, así como estrategias encaminadas a fortalecer las instituciones rurales y el acceso a la protección social de las personas pobres que viven en las zonas rurales (párr. 137). Sírvanse indicar qué esfuerzos se han realizado, conforme a la recomendación del Comité (CEDAW/C/GMB/CO/4-5, párr. 39), para aprobar una estrategia de empoderamiento económico de la mujer que se integre en las estrategias generales de desarrollo del Estado parte, elaborar indicadores y un mecanismo de seguimiento en relación con la estrategia e incluir como componentes fundamentales de la misma el acceso al crédito, los mercados, la tierra y otros recursos productivos.

Mujeres del medio rural

Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para superar los obstáculos jurídicos y socioculturales que restringen el acceso de las mujeres a la tierra, como los derechos de sucesión. Sírvanse también informar sobre las medidas adoptadas para ampliar el acceso de las mujeres rurales a la microfinanciación y los microcréditos a bajos tipos de interés en todo el territorio, a fin de que puedan realizar actividades generadoras de ingresos y crear sus propias empresas. El Estado parte aprobó la Política Agrícola y de Recursos Naturales para el período 2017-2026, así como los Planes Nacionales de Inversión Agrícola. Sírvanse indicar si al aplicar estas políticas y planes se toma en consideración la perspectiva de género, y en qué medida las mujeres rurales han participado en su elaboración y están representadas en las instituciones y los órganos conexos.

Matrimonio y relaciones familiares

En el informe se afirma que el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, en colaboración con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Nacional, emprenderá un estudio sobre las buenas prácticas de otros países con población musulmana que cuentan con leyes sobre el estatuto personal no discriminatorias, en consonancia con la Convención, y organizará una reunión de expertos sobre la cuestión en la que también participarán líderes religiosos y tradicionales (párr. 159). También se señala que en un documento de posición sobre cuestiones de género remitido a la Comisión de Examen Constitucional se recomendó que se sustituyera el término “equitativo” por “igual” con respecto al acceso de las mujeres a la propiedad en la Ley de la Mujer y se velara por que en sus sentencias los jueces interpretasen la Ley en consecuencia (párr. 160). Sírvanse proporcionar información sobre estas iniciativas, incluido el plazo para su finalización. Sírvanse también indicar qué medidas se han adoptado para armonizar la ley sobre el estatuto personal con la Convención y otros instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes, teniendo en cuenta la experiencia de países con antecedentes socioculturales y religiosos y sistemas jurídicos similares.

Cambio climático y reducción del riesgo de desastres

Sírvanse describir las medidas adoptadas para integrar una perspectiva de género en las políticas nacionales sobre el cambio climático, en consonancia con la recomendación general núm. 37 (2018) del Comité, sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de desastres en el contexto del cambio climático. Sírvanse especificar las medidas adoptadas para garantizar la participación efectiva de las mujeres en los procesos de toma de decisiones sobre la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y la ordenación del suelo y los recursos ambientales.