La alta tasa de mortalidad de menores de 1 año es el resultado de una elevada tasa de mortalidad neonatal (muerte del lactante en los primeros 28 días de vida). Las principales causas de mortandad de ese grupo de población son la prematuridad, las enfermedades respiratorias, la septicemia y las malformaciones congénitas. Los factores que agravan esas causas y que actualmente dificultan la reducción de la mortalidad son:

•El acceso a los servicios, especialmente en el interior del país, donde el transporte no es fácil de conseguir (especialmente en lugares donde no hay servicios de salud);

•La escasez de recursos humanos cualificados (insuficiente número de matronas o de obstetras-ginecólogos);

•Las prácticas culturales nocivas (por ejemplo, dar a luz en el hogar sin una partera calificada o acudir muy tarde a la consulta prenatal, o no acudir);

•Los determinantes sociales de la salud (en muchos casos, las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo no pueden acceder a los servicios debido a la falta de recursos financieros; en algunas comunidades, es más probable que las personas con menos nivel educativo sigan prácticas tradicionales; la falta de carreteras y de medios de acceso propicia que las comunidades del interior no suelan acudir a los servicios de salud); y

•La falta de medios de comunicación en algunos lugares (lo que dificulta el traslado de pacientes e incluso las solicitudes de asistencia).

Medidas adoptadas para combatir la discriminación contra las mujeres y las niñas seropositivas

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Secretaría Nacional del Sida y el Departamento de Salud Maternoinfantil, imparte a los trabajadores sanitarios capacitación en prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, en la que se incluye un módulo sobre el estigma y la discriminación. Se están llevando a cabo actividades de empoderamiento con las madres que viven con el VIH en las regiones 1, 7 y 9. Esas actividades son llevadas a cabo por el personal de los servicios de salud con el objetivo de construir relaciones más fuertes con la paciente y el profesional sanitario al mismo tiempo que se empodera a ambos. En la actualidad, el programa de salud maternoinfantil está creando capacidad en el ámbito de la mejora de la calidad con un componente incorporado que se centra en la satisfacción de las pacientes, y una de las esferas destacadas es la discriminación.

Los embarazos en la adolescencia

En 2018 se llevó a cabo un estudio, con el apoyo del UNICEF, sobre los embarazos de adolescentes. El estudio servirá de base para elaborar un plan de acción con indicación de los gastos y una estrategia nacional con miras a reducir los embarazos de adolescentes.

En 2017, el Ministerio de Salud Pública llevó a cabo una intervención denominada “Grupos de apoyo a la crianza de los hijos en las comunidades”. La intervención se centró en promover la maternidad sin riesgo, especialmente de las madres adolescentes de la comunidad, y en contribuir a la reducción de los embarazos de adolescentes en todo el país. Sus objetivos eran:

•Establecer un foro para la tutoría y el empoderamiento de las madres primerizas y las embarazadas, así como de las parejas, por medio de interacciones con el personal de los servicios de salud de la comunidad;

•Aumentar la educación sobre planificación familiar en cada centro de salud; y

•Ofrecer un ambiente seguro y agradable para el debate y el empoderamiento.

El programa sigue llevándose a cabo actualmente en los principales centros de salud de todas las regiones.

El Ministerio de Protección Social, a través del Organismo de Protección de la Infancia, puso en marcha sus programas de prevención del embarazo en la adolescencia y de mejora de las aptitudes para la crianza de los hijos en la comunidad indígena de la Misión de San Cutberto. El programa incluye debates sobre temas como la salud sexual y reproductiva, el suicidio, la presión social y la drogadicción. Las actividades para mejorar la capacidad de crianza de los hijos se centran en la comprensión del desarrollo psicológico de los niños y niñas y de los progenitores.

Actualmente se está llevando a cabo la encuesta para determinar las causas profundas del suicidio en Guyana, pero los resultados aún no están disponibles. En general, se ha observado que la presencia de muchas lesiones autoinfligidas es el mayor factor predisponente de futuros suicidios y que numerosos casos de autolesiones proceden de hogares en los que el abuso de bebidas alcohólicas y la toxicomanía son elementos de consideración, en la víctima o en los miembros de la familia. Dos estrategias importantes del Ministerio de Salud Pública para combatir los suicidios y tratar todas las enfermedades mentales comunes son 1) capacitar al 80 % del personal médico y de enfermería en el Programa de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP), programa de la Organización Mundial de la Salud que enseña al personal médico y de enfermería no especialista a tratar y manejar las enfermedades mentales más comunes, y 2) la vigilancia de las autolesiones, en la que se registra a todos los pacientes que se presentan con lesiones autoinfligidas y, posteriormente, se garantiza que vean a un psiquiatra y a un psicólogo y que sean objeto de seguimiento por un trabajador social.

De acuerdo con el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, se están poniendo en marcha distintas líneas estratégicas de acción, como la reducción de los factores de riesgo, la promoción de la salud y la prevención. La Dependencia de Salud Mental ha iniciado la institucionalización de métodos para medir la magnitud, los riesgos y las consecuencias del comportamiento suicida y para reunir información sobre el perfil y las características epidemiológicas y clínicas del comportamiento suicida. Se han elaborado distintos cuestionarios a ese fin. De esa forma, la Dependencia podrá planificar intervenciones o estrategias eficaces para obtener resultados favorables.

La Dependencia ha asignado personal técnico a los hospitales de las regiones con mayor incidencia de suicidios, a saber, un psicólogo a la región 2, dos asistentes sociales a la región 3 y un trabajador social a la región 6. Ese personal se asegura de que se aplica el protocolo a todas las personas que se presentan en los hospitales con lesiones autoinfligidas.

Desde la campaña “Hablemos de la depresión”, con motivo del Día Mundial de la Salud de 2017, la Dependencia de Salud Mental no ha dejado de difundir el reconocimiento y el manejo de la depresión en las ferias de salud, los centros de salud, los centros comerciales, las iglesias y otros lugares de culto, las escuelas, los lugares de trabajo y otros eventos y lugares públicos. Si se consigue reducir la incidencia de la depresión, se logrará reducir los suicidios. En 2017, el personal de la Dependencia de Salud Mental participó en 41 actividades de promoción y prevención de la salud mental.

Treinta y cinco trabajadores de la salud han sido capacitados como especialistas en tratamiento de la drogodependencia en una colaboración entre la Universidad de las Indias Occidentales, el Ministerio de Salud Pública y la Organización de los Estados Americanos. Las personas capacitadas en el mhGAP también están capacitadas para tratar casos de abuso de bebidas alcohólicas y toxicomanía. Un número considerable de suicidios en Guyana se cometen bajo los efectos del alcohol. También un número significativo de personas con lesiones autoinfligidas proceden de hogares en los que la toxicomanía es un factor estresante importante.

La Dependencia de Salud Mental trabaja muy activamente en la difusión del valor de la prevención de las enfermedades mentales y en el tratamiento de los trastornos psíquicos. La Dependencia aprovecha todas las oportunidades para tener expositores y mesas u ofrecer presentaciones o conferencias en las ferias de salud, las iglesias, las escuelas, los centros de salud, los centros comerciales, los lugares de trabajo, los campamentos, etc.

La Dependencia de Salud Mental, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, está preparando un cortometraje sobre el uso, la manipulación, el almacenamiento y la eliminación adecuados de los plaguicidas, así como sobre el reconocimiento de las personas en riesgo de suicidio y el asesoramiento sobre la manera de proceder en esas situaciones. El cortometraje se utilizará para la educación pública, como instrumento para reducir el acceso a los medios de suicidio.

Aproximadamente 157 personas han recibido formación en el mhGAP, entre las que había 90 médicos, 35 enfermeras, 11 asociados médicos, 15 asistentes sociales médicos y 6 psicólogos. Veintinueve personas han sido capacitadas en el programa Enfrentando Problemas Plus. Las personas, a medida que reciben capacitación, están más atentas a la detección precoz del estado prioritario de salud mental, en particular a las autolesiones y el suicidio, y a la realización de las intervenciones necesarias.

El teléfono de emergencia contra el suicidio cuenta con el apoyo de la Dependencia de Salud Mental, aunque su gestión está a cargo de la Policía de Guyana, y es atendido por personal especialmente capacitado. Está interconectado con todas las comisarías de Guyana en caso de que se necesite ayuda para acudir a una persona que llama en cualquier parte de Guyana.

Se está capacitando al personal médico y a otros trabajadores de la salud en el mhGAP. Se están desplegando esfuerzos para aumentar el número de centros de salud que están adaptados al mhGAP. En julio de 2017, la Dependencia de Salud Mental llevó a cabo un proyecto experimental de vigilancia de autolesiones en tres hospitales de las tres regiones con mayor incidencia de suicidios de Guyana, a saber, el hospital regional de Suddie (región 2), el hospital regional de Demerara Occidental (región 3) y el hospital regional de Nueva Ámsterdam (región 6). Todas las personas que se presentan en esos hospitales con lesiones autoinfligidas deben ser derivadas al personal de la Dependencia de Salud Mental asignado estratégicamente a esos hospitales. Es obligatorio que los pacientes sean atendidos por un psiquiatra, un trabajador social y un psicólogo y que se les dé seguimiento hasta que se considere que ya no están en situación de riesgo. La Dependencia de Salud Mental está en vías de ampliar esa vigilancia a todos los hospitales públicos de Guyana.

Mujeres de las zonas rurales

Respuesta al párrafo 20 del documento CEDAW/C/GUY/Q/9

El Gobierno de Guyana desea señalar que las mujeres de las zonas rurales están recibiendo capacitación de diversas organizaciones para establecer grupos de elaboración de productos agrícolas, con miras a alentar a las mujeres a participar más en las actividades empresariales. Por ejemplo, las fábricas de harina de yuca de Wowetta y Moco están dirigidas por mujeres que participan en todas las etapas, desde la siembra hasta la elaboración de los productos. Los ingresos derivados de la venta de los productos se reparten entre las mujeres, que están en mejores condiciones de contribuir económicamente a la subsistencia de sus familias. Esos casos no son aislados; comunidades como Parishara, Shulinab, Meriwau, Karasabai y San Ignacio son también ejemplos notables de grupos de mujeres prósperas. Además, la iniciativa fomenta los vínculos entre los agricultores y los programas de alimentación escolar y de comidas calientes, de modo que los agricultores pueden vender sus productos directamente a la cocina de la escuela. En varios casos, se trata de mujeres agricultoras, entre ellas progenitoras sin cónyuge, lo que genera ingresos para ellas.

El Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Educación, a través de la Junta de Formación Industrial, promueven la formación técnica y profesional de la población de Lethem y otras zonas rurales. Esos programas promueven el emprendimiento y las oportunidades de generación de ingresos para la juventud con talentos no académicos y, en algunos casos, segundas oportunidades. Varias mujeres han sido capacitadas como operadoras de equipo pesado, ámbito que normalmente se considera dominado por los hombres.

En general, ha habido una mayor tendencia a capacitar a las mujeres para que establezcan y administren iniciativas empresariales, en particular en materia de gestión financiera y empresas emergentes. Se trata de una medida encomiable que reconoce la capacidad de las mujeres para hacerse cargo de su futuro y liberarse de los papeles asignados a cada género.

Rupununi Ventures, servicio de préstamos a bajo interés del Banco de Comercio e Industria de Guyana, fomenta activamente las iniciativas empresariales de las mujeres. Habitualmente ha sido más fácil para los hombres acceder a los préstamos, mientras que las mujeres deseosas de acceder a ellos tenían que presentar su solicitud firmada por su pareja masculina. El Banco de Comercio e Industria ha estado trabajando para dejar atrás ese requisito, al reconocer que las mujeres pueden gestionar sus propios asuntos y cuentan con la capacidad para ello.

Se está alentando activamente a que las mujeres ocupen puestos directivos, lo que se aleja de la opinión tradicional de que las mujeres son meras amas de casa. En las comunidades rurales han surgido mujeres en posiciones de liderazgo, que han pasado a ser toshaos de aldeas, consejeras regionales, concejalas a nivel municipal y jefas de instituciones educativas, entre otros cargos. El Instituto para el Liderazgo de la Mujer de Guyana está impartiendo capacitación a las mujeres en materia de liderazgo.

Se está promoviendo un entorno en el que las niñas estén expuestas a las telecomunicaciones mediante la creación de centros de tecnología de la información y las comunicaciones y el fomento de la participación en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Se establecieron emisoras de radio (Radio Lethem y Aishalton) que proporcionan acceso a la información, en las que las mujeres son las principales presentadoras. Las mujeres jóvenes de las zonas rurales también tienen acceso a las becas regionales de la Universidad de Guyana, la Escuela Universitaria Cooperativa de Kuru y la Escuela de Agricultura de Guyana, entre otras instituciones.

En la región de Alto Tacutu-Alto Esequibo hay cuatro autobuses en el marco del proyecto 5B, que hace posible el transporte seguro de los estudiantes a la escuela. Se utilizan en los pueblos de Awarewaunau, Annai, San Ignacio y Bina Hill. Se han distribuido 150 bicicletas a los estudiantes de San Ignacio y Yupukari. El programa se ha ampliado a todo el interior y, además, existe el programa de comidas calientes y el programa de alimentación con aperitivos, que proporciona una comida o un aperitivo a niños y niñas de diferentes edades. Se ha reconocido que esos programas contribuyen a que los niños y niñas reciban una dieta equilibrada. Hay planes en vigor para garantizar la expansión y continuidad del programa 5B en las regiones rurales y del interior.

Cada Consejo Democrático Regional tiene un Comité Regional de Asuntos de Género, comité especial del Consejo que permite a los participantes debatir temas relacionados con el género y el empoderamiento de las mujeres. Anteriormente, la Comisión de Asuntos de la Mujer tenía esas funciones; sin embargo, se reconoció que ambos sexos se ven afectados por los problemas sociales y que los hombres deberían ser parte de las deliberaciones si se producen cambios en las estrategias para frenar los males sociales. La selección de representantes femeninas para el Consejo Democrático Regional Superior de las zonas rurales ha brindado a las mujeres la oportunidad de representar a sus aldeas y de hacer aportaciones a otras cuestiones regionales y proyectos de desarrollo.

A lo largo del año se celebran varios seminarios y talleres para hacer frente a las costumbres y prácticas tradicionales negativas en las zonas rurales y del interior. Esos seminarios y talleres son dirigidos por la Oficina de Asuntos de Género, el Organismo de Protección y Cuidado de la Infancia y varias ONG.

Se realizaron dos estudios para evaluar la situación de las mujeres que viven en las zonas rurales, remotas y del interior, y de la población femenina de Guyana en general. El primero de esos estudios consistió en un análisis de la situación de los niños y niñas y las mujeres de Guyana en 2016, una colaboración entre el Gobierno de Guyana y el UNICEF cuyo objetivo principal era apoyar al Gobierno en la elaboración y la aplicación de planes y programas nacionales de desarrollo estratégico para promover la realización de los derechos y el desarrollo de los niños y niñas de Guyana, prestando especial atención a la equidad de los niños y niñas más vulnerables y sus familias.

El segundo estudio se realizó en 2017 y se centró en las mujeres y los niños y niñas indígenas de Guyana, cuestión fundamental para conocer mejor la situación de los niños y niñas indígenas y de sus familias. Ese estudio representa una alianza entre el Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas y el UNICEF. Su objetivo principal es fundamentar las estrategias, los proyectos y los programas locales, nacionales y regionales que tienen como meta la realización de los derechos de los niños y niñas y las mujeres y el empoderamiento de las mujeres, los niños y niñas y los adolescentes indígenas.

Grupos de mujeres desfavorecidas

Respuesta a los párrafos 21 y 22 del documento CEDAW/C/GUY/Q/9

El Gobierno de Guyana desea señalar que la Política Nacional contra el Estigma y la Discriminación se elaboró en 2010 y se revisó en 2018. La Política fue fruto de los informes del Centro Nacional de Atención y Tratamiento en que se señalaba que miembros de los grupos de población clave (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales y mujeres transgénero) estaban siendo discriminados al acceder a la atención de la salud. Posteriormente, se celebró una reunión entre los grupos y los trabajadores sanitarios y se tomó la decisión de impartir formación sobre el estigma y la discriminación. Los trabajadores sanitarios y los miembros de los grupos de población clave recibieron capacitación sobre cómo eliminar el estigma y la discriminación. La capacitación se titulaba “La relación define la calidad del servicio”. Como resultado de la capacitación se establecieron una política, un código de conducta para las personas que acceden a los servicios de atención y tratamiento, una declaración de política contra el estigma y la discriminación, un buzón de sugerencias y un libro de registro para recibir denuncias de discriminación. La capacitación se extendió a otras regiones. Además, se celebraron varias sesiones sobre el estigma y la discriminación, la orientación sexual y la identidad de género y los derechos humanos con profesionales sanitarios, agentes de libertad vigilada, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y miembros de los grupos de población clave. Las organizaciones de base comunitaria también han estado llevando a cabo sesiones internas sobre el autoestigma con sus miembros.

Las directrices nacionales para los grupos de población clave también abordan el estigma y la discriminación. En las secciones sobre los elementos catalizadores críticos y el entorno estructural se tratan la reducción del estigma y la discriminación, la lucha contra ellos y la prevención de la violencia. El Manual del Programa de Educación por Pares también se refiere al estigma y la discriminación. Los grupos vulnerables reciben constantemente sensibilización sobre el estigma y la discriminación y sobre las vías de reparación existentes.

En junio de 2018, los consultorios con horario ampliado (fuera del horario de atención habitual) comenzaron a prestar servicios a los trabajadoras sexuales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las mujeres transgénero. Se contrató a dos personas de los grupos de población clave como defensores de los grupos de población clave para proporcionar servicios orientativos en materia de prevención, atención y tratamiento a sus pares.

Se ha redactado y presentado un mandato para publicitar en los periódicos locales un puesto de consultor con el fin de que elabore un plan de estudios y prepare instrumentos de capacitación para la formación previa al empleo de los profesionales sanitarios sobre el estigma y la discriminación y las minorías sexuales. Se trata de una recomendación formulada en una evaluación rápida realizada en 2014 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Advancing Partners & Communities sobre cómo encarar el estigma y la violencia por razón de género para mejorar la prestación de servicios a los grupos de población clave. El estigma y la discriminación también se incluyen en la capacitación nacional sobre asesoramiento y análisis voluntarios para asesores y evaluadores. Las sesiones sobre el estigma y la discriminación se celebran en los lugares de trabajo de todo el país.

En el reciente caso Quincy McEwan and others and the Society Against Sexual Orientation Discrimination v The Attorney General of Guyana, la Corte de Justicia del Caribe dictaminó que la Ley de Travestismo de Guyana, que tipifica como delito penal la comparecencia de un hombre o una mujer en un lugar público vestido del sexo opuesto con un “propósito indecente”, es inconstitucional. La histórica decisión conlleva que ahora sea aceptable que los hombres se vistan de mujer en Guyana. La apelación fue presentada por personas transgénero y otros defensores de los derechos de las lesbianas, los gais y las personas bisexuales.

En los últimos meses, Guyana ha registrado un aumento en la afluencia de venezolanos que cruzan las fronteras para escapar de la agitación socioeconómica y política de su país de origen. Se estableció un comité interinstitucional, que incluye a la Comisión de Defensa Civil, la Fuerza de Policía de Guyana, el Departamento de Ciudadanía y los Ministerios de Asuntos de los Pueblos Indígenas, de Salud Pública, de Comunidades y de Protección Social, para dar respuesta a la afluencia de venezolanos en las regiones fronterizas de Guyana. A través de la Comisión de Defensa Civil, el comité ha estado proporcionando ayuda a los migrantes en las regiones fronterizas. La misión del comité interinstitucional es coordinar los esfuerzos para estructurar la respuesta del Gobierno a la llegada de venezolanos a Guyana.

El Gobierno también está colaborando con los organismos de las Naciones Unidas para atender las necesidades de los migrantes venezolanos y determinar cuáles son sus vulnerabilidades. Los organismos como la OIM siguen prestando apoyo al Gobierno de Guyana para facilitar alojamiento temporal a las mujeres y los niños y niñas vulnerables. Entre otros servicios, se proporcionan alimentos, kits de higiene personal y asesoramiento.

El acceso universal a los servicios de salud se ofrece a través de equipos de salud móviles, y se realizan exámenes médicos a las mujeres y los niños y niñas venezolanos en todas las regiones. Se alienta a los migrantes que entran en el país a que reciban atención médica y vacunas gratuitas. Aproximadamente 30 médicos que dominan el español han sido enviados a puestos sanitarios en las regiones fronterizas, a los que los migrantes que entran en Guyana tienen acceso regularmente.

Aunque la barrera del idioma es un obstáculo, Guyana se ha mostrado dispuesta a apoyar a los venezolanos concediéndoles acceso a la educación. El UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) prestan apoyo, y las ONG locales y la Iglesia Católica Romana ofrecen clases de inglés gratuitas. También están trabajando con profesores guyaneses para enseñar inglés como lengua extranjera a fin de dotar a los estudiantes extranjeros de un nivel de inglés suficiente. Más de 850 estudiantes venezolanos asisten a distintas escuelas en todas las regiones de Guyana, y más de la mitad de ellos son mujeres.

Se están llevando a cabo actividades relacionadas con los medios de vida, como la agricultura y el apoyo al emprendimiento, en forma de pequeñas subvenciones para microempresas. La OIM y otros organismos de las Naciones Unidas buscan continuamente alianzas con ONG locales y han contratado a varias empresas privadas para ofrecer oportunidades de empleo a las mujeres venezolanas.

Matrimonio y relaciones familiares

Respuesta al párrafo 23 del documento CEDAW/C/GUY/Q/9

El Gobierno de Guyana desea señalar que la Ley de Protección de la Infancia de 2009 prevé la protección de los niños y niñas en situación de riesgo, en circunstancias difíciles y en general, así como otras cuestiones conexas.

Toda persona que, por acción u omisión, contribuya deliberadamente a que un niño sea un niño necesitado de protección comete un delito y puede ser sancionada sumariamente al pago de una multa de 200.000 dólares o a una pena de prisión de seis meses.

Emplear a un niño o una niña en un establecimiento para que participe en actos de prostitución puede conllevar una sanción sumaria de 200.000 dólares o a una pena de prisión.

La Ley de Protección de la Infancia establece la obligación de notificar las sospechas de abuso de menores, es decir, una persona tiene la responsabilidad moral y legal de presentar una denuncia ante el Organismo de Protección y Cuidado de la Infancia o la Policía y el hecho de no denunciar un presunto incidente de abuso de menores constituye un delito. El Organismo de Protección y Cuidado de la Infancia responde a los casos de abuso de menores a través de las siguientes modalidades:

•Admisión sin cita previa (en las diversas oficinas en Guyana);

•Admisión con cita previa (de lunes a viernes entre las 8.00 y las 16.30 horas y los viernes entre las 8.00 y las 15.30 horas);

•Teléfono de asistencia con horario ininterrumpido; y

•Derivación (asistentes sociales médicos u otros órganos).

Todos los informes se tramitarán con la más absoluta confidencialidad.

Es muy infrecuente que se reciban denuncias de matrimonios infantiles y de menores. Si un niño tiene que casarse, es obligatorio que obtenga la autorización de un juez de una de las salas del Tribunal Superior del Tribunal Supremo de la Judicatura. Es decir, un abogado presenta una solicitud al tribunal en nombre del niño en la que solicita permiso para casarse (véanse las secciones 32 1) y 2) del capítulo 45:01 de la Ley de Matrimonio).

Durante los últimos uno o dos años (2016 a 2018) no ha habido un número significativo de matrimonios infantiles notificados al Organismo de Protección y Cuidado de la Infancia. Sin embargo, si el Organismo recibe una denuncia de matrimonio infantil, presumiblemente tendría un significado sexual que ahora justifica la intervención del Organismo en relación con él, puesto que la actividad sexual con menores es un delito penal. Es decir, debe notificarse a la Policía, con el concurso del Organismo y del Centro de Defensa de la Infancia. Por lo tanto, es responsabilidad de la Policía hacer cumplir todas las leyes relativas a los matrimonios infantiles y de menores. El Organismo de Protección y Cuidado de la Infancia no participa de manera específica y directa en la prevención de los matrimonios infantiles y de menores de edad. Se trata de una responsabilidad compartida entre la Iglesia, el Organismo, la Policía y la comunidad en general.