51. Recordando su recomendación anterior, el Comité reitera que, de acuerdo con su recomendación general núm. 24 sobre la mujer y la salud y con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Estado parte debe acelerar la enmienda de la legislación contra el aborto en Irlanda del Norte para despenalizar el aborto. El Estado parte debe garantizar además que el aborto legal no abarque únicamente los casos de riesgo para la vida de la madre, sino también otras circunstancias, como las amenazas para su salud y los casos de violación, incesto y grave malformación del feto.

Actualización

La Oficina del Primer Ministro y el Viceprimer Ministro es la principal responsable en el Ejecutivo de Irlanda del Norte en materia de igualdad de género, y del desarrollo, aplicación y supervisión de la labor del Ejecutivo en la estrategia de la igualdad entre los géneros. Esta Estrategia de Igualdad entre los Géneros (2006-2016) establece un marco normativo general con arreglo al cual los departamentos, sus órganos y otras autoridades públicas pertinentes trabajan para promover la igualdad entre los géneros. En ella se presta especial atención y se otorga la máxima prioridad a superar las desigualdades de género y a promover la igualdad entre los géneros. La estrategia establece un marco de objetivos para la acción directa de los responsables de la adopción de decisiones y de formulación de políticas en el Gobierno.

La estrategia y sus planes de acción complementarios aúnan lo que el Gobierno está haciendo al respecto para promover la igualdad entre los géneros y permiten al Gobierno demostrar cómo está cumpliendo los compromisos internacionales que adquirió en la Plataforma de Acción de Beijing y en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Oficina del Primer Ministro y el Viceprimer Ministro, como departamento central del Ejecutivo de Irlanda del Norte, tiene también la responsabilidad de informar a la Ministra para la Igualdad de la Mujer, quien, por conducto de la Oficina Gubernamental para la Igualdad, informa a las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros tratados y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y lo hace estableciendo vínculos y coordinando los informes de trabajo de los otros once departamentos.

Evidentemente, muchos aspectos de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y otras cuestiones de interés para el Comité como el aborto, están relacionados con las funciones de estos departamentos. Actualmente, la labor más importante en el tema del aborto la realiza el Departamento de Justicia y la información de este informe así lo refleja.

Labor que se realiza en Irlanda del Norte

La actual ley del aborto en Irlanda del Norte considera delito que una mujer se someta a un aborto ilegal, o que cualquier otra persona practique un aborto ilegal. También es ilegal adquirir medicamentos o instrumentos quirúrgicos para practicar un aborto. Sin embargo, es la jurisprudencia sobre la interpretación de los tribunales de esta legislación la que ha creado el actual marco para el aborto. En resumen, los tribunales han dictaminado que es legal practicar una interrupción del embarazo cuando es necesario para preservar la vida de la madre, o cuando existe un peligro real y grave de que su salud física o mental resulte afectada, a largo plazo o con carácter permanente. En cualquier otra circunstancia es ilegal realizar esa operación.

El 5 de diciembre de 2013, el Ministro de Justicia confirmó que su Departamento iba a elaborar un documento de consulta sobre la modificación de la ley del aborto, que se publicaría en 2014. El Ministro dijo que sin duda había algunos casos muy difíciles en Irlanda del Norte a los que no es de aplicación la ley actual.

El Ministro de Justicia publicó, el 8 de octubre de 2014, un documento de consulta acerca de la legislación penal sobre el aborto en casos de delito sexual y anormalidad fetal mortal.

•El documento presenta propuestas para modificar la ley de forma que las mujeres puedan optar por interrumpir su embarazo en caso de que se diagnostique la anormalidad mortal del feto.

•El documento recomienda establecer leyes que permitan la interrupción legal del embarazo cuando los médicos hayan diagnosticado una enfermedad fetal que sea incompatible con la vida y se haya emitido un dictamen médico durante el embarazo que determine que no habrá intervención médica tras el parto porque no hay tratamiento que mejore las posibilidades de supervivencia.

•El documento recomienda también que este dictamen lo emitan dos médicos.

•El documento plantea un debate sobre si la interrupción del embarazo puede ser una opción para las mujeres que han quedado embarazadas como consecuencia de un delito sexual, incluidos el incesto y la violación. Sin embargo, dadas las complejas cuestiones que se plantean en el ámbito del delito sexual, el documento refleja la importancia de colaborar en la formulación de políticas con los principales interesados y otros, principalmente para pedir y escuchar opiniones sobre cómo pueden abordarse estas difíciles cuestiones, en vez de recomendar una propuesta de modificación concreta de la ley en este momento.

•Por último, el documento recomienda también que, en las propuestas legislativas derivadas de la consulta, se incluya el derecho a la objeción de conciencia. (Si se modifica la ley para permitir la interrupción del embarazo en casos en que no existe riesgo para la vida, esto es, cuando el feto no puede sobrevivir al parto o en caso de abuso sexual, es necesario considerar si en estas circunstancias debe aplicarse o no específicamente el derecho a la objeción de conciencia.)

Camino a seguir

El período de consultas públicas se prolongará hasta el día 17 de enero de 2015. Seguidamente, y tan pronto como sea posible, se publicará un resumen de las respuestas y una respuesta política. Es importante señalar que las propuestas legislativas resultantes tendrán que ser acordadas por el Ejecutivo de Irlanda del Norte antes de ser presentadas a la Asamblea de Irlanda del Norte e iniciarse el proceso legislativo en el Parlamento.