Lista de acrónimos y abreviaciones

APNU‑AFC	Alianza por la Unidad Nacional ‑ Alianza por el Cambio
CARICOM	Comunidad del Caribe
CEDCM	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
GAWL	Guyana Association of Women Lawyers
GBTI	Guyana Bank for Trade and Industry
GRPA	Guyana ResponsibleParenthoodAssociation
GUYSUCO	Compañía Azucarera Guyanesa
IPED	Institute of Private Enterprise Development
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
ONU‑Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el-Empoderamiento de las Mujeres
ONUSIDA	Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
OPS	Organización Panamericana de la Salud
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana

Introducción

El Gobierno de la República de Guyana, como Estado parte en la Convención, tiene el honor de presentar este noveno informe periódico al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, sobre las medidas llevadas a cabo para combatir todas las formas de discriminación contra la mujer en los ámbitos legislativo, judicial y administrativo, así como sobre otras medidas clave adoptadas para dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención y los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante el período 2011‑2015. El presente informe se ha elaborado de conformidad con el artículo 18 y las directrices establecidas por el Comité relativas a la forma y el contenido de los informes presentados por los Estados partes bajo la orientación de la Dependencia de Cuestiones de Género, el Ministerio de Protección Social (anteriormente Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social). Los Ministerios de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores han proporcionado valiosos comentarios y orientaciones en la preparación del presente informe.

La preparación de este informe comenzó poco después de un cambio de gobierno tras las elecciones nacionales de mayo de 2015. El nuevo Gobierno de coalición (APNU+AFC) de Guyana tiene el firme empeño de combatir adecuadamente todas las formas de discriminación contra las mujeres y ha involucrado a un amplio abanico de partes interesadas en la preparación del informe. Se basa en la información sobre las principales medidas adoptadas y en él se indican los factores y dificultades que afectan a la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDCM), presentados por los ministerios del Gobierno competentes, por organismos públicos, instituciones, comisiones constitucionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en cuestiones relacionadas con las mujeres y los derechos humanos. El informe definitivo se ha distribuido entre las principales partes interesadas y ha sido examinado por el Ejecutivo de Guyana.

El informe consta de las siguientes tres partes principales: la parte I contiene información general y el marco nacional para la protección y promoción de los derechos humanos; la parte II incluye las respuestas a las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos séptimo y octavo (CEDAW/C/GUY/CO/7‑8), que se examinaron el 10 de julio de 2012; y la parte III presenta datos sobre los demás artículos de la Convención durante el período que se examina.

Parte I: Información y marco general para la protección y promoción de los derechos humanos

Territorio y población

Hay poca diferencia en la distribución por género de la población; las mujeres suponen el 50,2% y los hombres el 49,7%. Durante el período comprendido entre 2002 y 2012 se había producido un ligero cambio en el número de mujeres y este superaba al de hombres, en comparación con lo que había sucedido anteriormente, que era justamente lo contrario. El total de la población con menos de 15 años es del 30%; siendo los niños el 15,2% y las niñas en una proporción ligeramente menor, el 14,8%. La cohorte de edad de 15 a 64 años supone una parte bastante importante de la población (el 65%), y la proporción entre hombres y mujeres está casi igualada. Las estadísticas también indican que las mujeres tienen una mayor tasa de supervivencia que los hombres. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esperanza de vida es de 66,2 años. Los hombres alcanzan los 63,9 y mujeres llegan a los 68,5 años. La población de ancianos (de 65 años en adelante) constituye el 5% del total. Las mujeres representan el 2,8%, mientras que los hombres son el 2,3%. Una característica importante de la población es que la mayoría de los jóvenes, tanto los hombres como las mujeres, reside en las zonas rurales. El número de jóvenes de zonas rurales es considerablemente superior en la categoría de los preadolescentes (de 10 a 14 años).

En general, todos los ciudadanos gozan de reconocimiento de iure, protección y promoción de los derechos humanos en todas las zonas geográficas del país, independientemente de su origen étnico, género, edad y capacidades. Aunque se necesitan mejoras, se alienta a las mujeres y niñas a que persigan sus ambiciones y sus logros se celebran en la sociedad, las comunidades y las aldeas.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta Guyana ha sido el alto nivel de desempleo, especialmente entre los jóvenes y en las zonas rurales. Dado que los jóvenes constituyen más del 60% de la población de Guyana, el desempleo juvenil es un problema de gran importancia. Desde 2002, el desempleo juvenil ha sido sistemáticamente superior al 30% y en la actualidad se estima que está alrededor del 40% (Banco de Desarrollo del Caribe, 2015). El nivel de desempleo es una de las causas que provocan la emigración masiva a otros países de la región del Caribe, losEstados Unidos de América, el Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlandadel Norte. Entre los problemas crónicos relacionados con el mercado laboral figuran la escasez de mano de obra calificada y las desigualdades en el desarrollo dela infraestructura.

Dentro del período objeto de examen, Guyana ha experimentado un ligero cambio en la participación en la fuerza de trabajo, con un promedio mínimo del 61,3% en 2011 y 2014 y un promedio máximo del 61,4% de 2012 a 2013. Desde una perspectiva de género, la participación laboral de las mujeres aumentó desde el-41,6% en 2011 hasta el 42,9% en 2014, mientras que la participación laboral de los hombres disminuyó en un 1,2%, desde el 81,2% de 2011 hasta el 80,0% en 2014. La pérdida de mano de obra calificada debida a la emigración también reduce la capacidad institucional del Gobierno y otras organizaciones para ejecutar eficazmente sus propios programas de desarrollo. Esto es especialmente evidente en las áreas rurales y del interior, dado que las administraciones del gobierno municipal y regional han resultado particularmente debilitadas por la concentración histórica de las actividades de desarrollo, centradas en la capital y sus alrededores. Según la Oficina de Estadística, la migración dentro del país está dominada por las mujeres y su preponderancia en el proceso de migración puede explicarse por la defensa de la igualdad de género en el país, donde ha ido disminuyendo la tendencia tradicional de que las mujeres se dedicasen principalmente a las tareas domésticas, y ahora compiten con los hombres por los puestos de trabajo. Si bien la alta tasa de emigración de Guyana priva al país de profesionales en sectores clave, también contribuye a los altos niveles de remesas que se envían al país.

La condición jurídica y social de la mujer

Los derechos individuales de todos los ciudadanos, las mujeres, los hombres, las niñas y los niños con residencia permanente o temporal en la jurisdicción de Guyana, están protegidos por la Constitución. El principio de igualdad y no discriminación está consagrado en el artículo 149 de la Constitución revisada y los artículos garantizan los derechos y libertades fundamentales de las personas que viven en el Estado. Concretamente, el artículo 149E asegura la igualdad de derechos y de condición jurídica y social de las mujeres con respecto a los hombres en la vida política, económica, cultural y social; su acceso en pie de igualdad con los hombres a la formación académica, vocacional y profesional; y la igualdad de oportunidades en el empleo, la remuneración y los ascensos. Este artículo afirma de manera inequívoca que todas las formas de discriminación contra las mujeres por motivos de género y sexo son ilegales.

El artículo 11B, capítulo 1:03, de la Ley de Representación del Pueblo permite la participación inclusiva de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones y establece que al menos un tercio de la lista de representantes de cada partido político que desee presentarse a las elecciones nacionales y locales deben ser mujeres. En las elecciones municipales celebradas recientemente, las mujeres participaron activamente como votantes y se presentaron como candidatas a obtener escaños en los municipios y en los Consejos Democráticos de Barrio. Ahora las mujeres ocupan el 33% de los escaños en los municipios, en comparación con el 30% que ocupaban antes de las elecciones. El número de concejalas en los Consejos Democráticos de Barrio aumentó ligeramente hasta llegar al 30%, frente al 29% de antes de las elecciones. Las mujeres también participan activamente en la vida pública, como se detalla en las partes II y III.

En 2000, Guyana aprobó la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en 2015 se comprometió a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De conformidad con el marco de los ODM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó de que Guyana había cumplido las metas establecidas para la educación, el agua, el saneamiento y el VIH/sida. En el informe de los ODM se indicaba además que los progresos realizados por Guyana hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres han sido muy buenos. El país ha logrado la paridad entre los géneros en la educación primaria y secundaria.

Los diferentes informes de la publicación Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial proporcionan un marco útil para comprender la condición jurídica y social de las mujeres en Guyana en comparación con los países vecinos (Brasil, Trinidad y Tabago, Suriname y República Bolivariana de Venezuela). La clasificación general se obtiene a partir de cuatro subíndices que miden la brecha entre los géneros: participación en la economía y oportunidades, nivel educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político. En el cuadro 1 se muestran datos comparativos de cinco países seleccionados. La clasificación de Guyana respecto al empoderamiento político era muy buena, ya que ocupaba el lugar 28 entre 135 países en 2011, pero disminuyó lentamente hasta llegar a su nivel más bajo, el lugar 37 entre 145 países en 2015. Entre sus vecinos de América Latina y el Caribe, Guyana ocupa el primer lugar en la cuestión del empoderamiento político, situándose en el lugar 66. Pero su índice general de brecha entre los géneros en 2015 se sitúa por detrás del de Trinidad y Tabago.

Cuadro 1Clasificación de Guyana y algunos países de América Latina y el Caribe con respecto al empoderamiento político

País	2011 (1 ‑ 135)	2012 (1 ‑ 135)	2013 (1 ‑ 136)	2014 (1 ‑ 142)	2015 (1 ‑ 145)	Clasificación general de 2015
Brasil	114	72	68	74	89	85
Guyana	28	32	33	34	37	66
Suriname	95	107	110	131	90	94
Trinidad y Tabago	31	36	38	58	56	46
Venezuela (República Bolivariana de)	56	35	37	95	82	78

Fuente: Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas, Ministerio de Protección Social, 2016.

Marco general para la protección y promoción de los derechos humanos

El Gobierno de Guyana demuestra su compromiso de mantener un marco de derechos humanos sólido mediante la ratificación de los principales convenios y tratados internacionales. Además de la.CEDCM, el Estado parte ha consagrado en su Constitución los siguientes instrumentos:

•Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

•Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

•Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

•Convención sobre los Derechos del Niño;

•Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”).

Además, el Estado parte también ha firmado y ratificado los siguientes instrumentos:

•Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares;

•Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

•Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

En septiembre de 2011, el Gobierno de Guyana firmó la Declaración Universal respecto al Registro de Nacimientos y ratificó el Tratado sobre el Comercio de Armas (julio de 2013), el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (núm. 189) de la Organización Internacional del Trabajo (agosto de 2013) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (junio de 2014). Además, Guyana ha reforzado de forma continua su marco jurídico nacional para impulsar los derechos de las mujeres y de los niños a través de distintas leyes y mecanismos. Entre las leyes nacionales que son compatibles con el objeto y el fin de la CEDCM cabe destacar la Ley contra la Violencia Doméstica núm. 18 de 1996, la Ley de Interrupción Médica del Embarazo de 1995, la Ley de Prevención de la Discriminación núm. 26 de 1997, la Ley de Fin del Empleo e Indemnización por Despido núm. 19 de 1997, la Ley de Representación Popular (artículo 11B, apartados 5 a 7), la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2005, la Ley de Reforma del Matrimonio de 2006, la Ley de Protección de la Infancia de 2009, la Ley de Delitos Sexuales de 2010, la Ley de Personas con Discapacidad de 2010, la Ley de Servicios de Atención y Desarrollo Infantil de 2011, la Ley de Custodia, Contacto, Tutela y Manutención de 2011 y la Ley (de Modificación) de Uniones de Hecho de 2012. Estas leyes proporcionan un marco jurídico casi completo para la plena aplicación de los instrumentos de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado parte.

El artículo 212 de la Constitución ha establecido los siguientes mecanismos institucionales para proteger y promover los derechos humanos a nivel nacional, recibir denuncias y ejercer su defensa: la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, la Comisión de los Pueblos Indígenas, la Comisión de los Derechos del Niño y la Comisión de Relaciones Étnicas. Estas cuatro comisiones llevan tiempo funcionando y presentando informes al Parlamento. El Estado parte todavía tiene que constituir la Comisión de Derechos Humanos, la cual se pretende que sirva como entidad jerárquicamente superior para la defensa de los derechos humanos y que proporcione una secretaría para las cuatro Comisiones, según lo dispuesto en el artículo 212 J 2) e) para defender los derechos humanos e investigar los abusos, dirimir las controversias o rectificar las actuaciones u omisiones a través de la mediación, la conciliación o la negociación.

Otras instituciones importantes para la supervisión de los derechos humanos y las investigaciones sobre cuestiones relacionadas con ellos son la Dirección de Denuncias de la Policía y la Oficina de Responsabilidad Profesional con respecto a la Fuerza de Policía de Guyana y la Oficina del Ombudsman. El Estado parte se complace en informar de que en enero de 2014 se eligió a un ombudsman, después de que el puesto permaneciese vacante durante casi ocho años.

Parte II: Respuestas a las observaciones finales de los informes periódicos séptimo y octavo

El Gobierno de la República de Guyana acogió con beneplácito las observaciones y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Las recomendaciones conformaron la base de varias iniciativas encaminadas a promover el avance de la condición jurídica y social de la mujer durante el período que se examina (2011‑2015). Las secciones que figuran a continuación examinan las observaciones finales del Comité, responden a las inquietudes y determinan medidas concretas adoptadas para aplicar y promover las recomendaciones.

Principales esferas de preocupación y recomendaciones

Artículo 1: Definición de discriminación e incorporación de la CEDCM

Parlamento

El Gobierno de Guyana desea destacar que la Convención se aplica mediante disposiciones constitucionales, medidas legislativas y medidas de gestión promulgadas por el Estado parte. Las leyes de Guyana están armonizadas con la CEDCM y el poder ejecutivo, los órganos legislativos, la judicatura y las instituciones y organismos gubernamentales, así como todas las personas naturales y jurídicas allí donde sea pertinente se encargan de cumplir las obligaciones del Estado parte.

El Estado parte planteó las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos séptimo y octavo en el Parlamento en enero de 2016. Concretamente, el Ministerio de Protección Social distribuyó copias a todos los Ministerios, a las comisiones de derechos humanos y a las partes interesadas más relevantes con el objeto de permitir que los encargados de formular políticas utilicen las observaciones finales como guía para el desarrollo de programas que promuevan los derechos de las mujeres y las niñas.

Visibilidad de la Convención

El Estado parte toma nota de la recomendación del Comité formulada en el párrafo 9, relativa a la visibilidad de la Convención, y desea notificar que en los medios de comunicación locales se puso de relieve el informe del Gobierno de la República Guyana presentado al Comité en 2012 . Durante 2013, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género difundió las observaciones finales del Comité a todas las partes interesadas. La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género también celebró reuniones posteriores al examen del Comité con el Fiscal General, los magistrados y los abogados para compartir las observaciones finales del Comité. Algunas de las cuestiones presentadas giraban en torno a mejoras en el sistema de jurados, la idoneidad de las órdenes de protección, y la necesidad de reducir la acumulación de casos pendientes por delitos sexuales. Se mantuvieron reuniones con varias organizaciones de mujeres para explicar con mayor detalle las observaciones y distribuirlas.

En sus esfuerzos por promover la sensibilidad sobre la CEDCM, el Estado parte, a través de su Ministerio de Protección Social, difundió la Convención y las observaciones finales a los Ministerios, los organismos públicos y las comisiones constitucionales competentes. El Gobierno de Guyana siguió colaborando estrechamente con organizaciones de la sociedad civil, incluidas Help & Shelter, Red Thread Women’s Inc, la Guayana Association of Women Lawyers y Women Across Differences, con el fin de promover la igualdad entre los géneros mediante la celebración de consultas, talleres de capacitación relacionados con el tema, y colaboración en los programas. Diversas partes interesadas (enumeradas en el anexo A) participaron también en la preparación de este informe durante 2015.

La Guyana Association of Women Lawyers (GAWL) y el Colegio de Abogados de Guyana revisaron y distribuyeron en 2011 de forma gratuita el folleto “Citizen–Friendly Legal Rights and Remedies Booklet” de la serie Law and You IV”, disponible en versión impresa y electrónica y de amplia difusión. Dos ONG locales (Help & Shelter y Rainbow House) produjeron un manual sobre la Ley de Delitos Sexuales, con financiación del Fondo del Canadá para Iniciativas Locales. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) financió la elaboración del plan de acción para la puesta en marcha de la Ley de Delitos Sexuales de 2010.

Situación jurídica de la Convención

En el párrafo 11 de sus observaciones finales, el Comité instó al Estado parte a que asignara alta prioridad al proceso de plena incorporación de la Convención. Cabe señalar que Guyana suscribe la doctrina dualista del derecho internacional en virtud de la cual las convenciones internacionales deben incorporarse a la legislación nacional para ser aplicables. Con respecto a la CEDCM, no hay ninguna ley que recoja esta Convención. A través de la Ley de Reforma Constitucional núm. 5 de 2001, el Estado parte ha incorporado la CEDCM en su legislación nacional por medio del cuarto anexo de la Constitución de Guyana. De este modo, la Constitución, que es la ley suprema, consagra el compromiso de Guyana de adherirse a los artículos de la Convención; de ahí que esta deba aplicarse en su totalidad. El Estado parte señala que recientemente se han modificado leyes para eliminar la discriminación contra la mujer, como la Ley (de Modificación) de los Derechos de las Personas en Unión de Hecho de 2012 y la Ley (de Modificación) del Patrimonio Conyugal de 2014.

•La Ley (de Modificación) de los Derechos de las Personas en Unión de Hecho de 2012 permite que una mujer soltera y un hombre soltero que lleven viviendo en una unión civil de hecho durante cinco años como mínimo tengan las mismas facultades y los mismos derechos con respecto a las sucesiones intestadas que si fuesen viuda o viudo o un cónyuge supérstite. Sin embargo, para disfrutar de cualquier beneficio, tan solo contará una unión de ese tipo.

•La Ley (de Modificación) del Patrimonio Conyugal de 2014 dispone la división de los bienes de las personas casadas y el reconocimiento de las uniones de hecho y la división de los bienes entre esas uniones. Esta ley establece que las solicitudes de división de los bienes en virtud de los artículos 6 A) y 15 deberán presentarse dentro de un plazo de tres años a partir de la disolución o anulación del matrimonio o la unión de hecho. La posición anterior sostenía que las solicitudes que tuvieran su origen en un matrimonio debían presentarse antes de que se dictase una decisión firme, mientras que en lo que respectaba a las uniones civiles de hecho, no había limitaciones de tiempo.

Los otros poderes del Estado (ejecutivo y judicial) deben interpretar la legislación de conformidad con el derecho internacional y utilizar la Convención como ayuda en la aplicación. Por lo tanto, los juristas pueden aplicar los artículos pertinentes en los casos llevados ante los tribunales. Los ministerios y organismos competentes incorporan y aplican los derechos y obligaciones dimanantes de la CEDCM a través de diversas leyes y políticas.

Artículo 2: Eliminación de la discriminación contra las mujeres

En el párrafo 13 de sus observaciones finales, el Comité insta al Estado parte a incluir la prohibición de la discriminación directa e indirecta contra las mujeres y a armonizar las disposiciones constitucionales y legislativas relacionadas con la igualdad y la no discriminación. El Estado parte condena la discriminación y afirma el principio de igualdad entre hombres y mujeres, según lo dispuesto en el artículo 2 de la CEDCM.

El artículo 149 2) de la Constitución de Guyana define la discriminación en el sentido de dar un trato diferente a distintas personas, por motivos de su raza, lugar de origen, opinión política, color, credo, edad, discapacidad, estado civil, sexo, género, idioma, nacimiento, clase social, embarazo, religión, conciencia, creencia o cultura, o de sus progenitores, en virtud del cual las personas de esas características se vean sometidas a restricciones a las que otras personas no están sujetas, o bien gozan de privilegios o ventajas que no se conceden a otras personas de la misma u otra descripción.

El Estado parte se ha comprometido a armonizar diversas disposiciones constitucionales y legislativas referentes a la igualdad y la no discriminación. El Gobierno de Guyana reconoce su responsabilidad de velar por que se eliminen los vacíos legales para prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El Ministerio de la Protección Social ha iniciado un diálogo activo con las partes interesadas para que se eliminen los vacíos legales con el fin de prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

En la actualidad, se están celebrando debates sobre políticas para garantizar que las mujeres y las niñas sean objeto de una aplicación plena y efectiva de las leyes que las protegen de la violencia y todas las formas de discriminación. La Política Nacional de Guyana sobre la Violencia Doméstica (2008‑2013) se formuló como resultado de un diálogo nacional entre agentes estatales y no estatales, sobre la base de varias esferas temáticas que abarcan la prevención, los servicios para las víctimas y supervivientes, la aplicación de los recursos legales y la educación pública en los sectores sociales y de salud. Con el fin de aplicar eficazmente la Política Nacional, se creó un Comité Nacional de Supervisión de la Violencia Doméstica, formado por miembros (mujeres y hombres) de los ministerios, las instituciones estatales, la sociedad civil y expertos de otras esferas. Este proceso de aplicación se basa en la descentralización de las responsabilidades a través de los Comités Regionales de Asuntos de Mujeres, encargados de iniciar, aplicar y supervisar planes y actividades específicos para cada región. Aunque el plazo de aplicación de la política ya ha vencido, ha proporcionado la base para la formulación del proyecto de Plan de Acción Nacional para la Aplicación de las Leyes sobre Violencia Doméstica y Delitos Sexuales (2014‑2017). Un Equipo de Tareas Interinstitucional avanzó en el desarrollo del Marco Regulatorio Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres y Otras Clases de Violencia por Razón de Género, con el fin de acelerar la política y el Plan de Acción Nacional encaminados a transformar las ideologías dominantes sobre el género y fomentar un entorno propicio para que las mujeres disfruten de todos los derechos consagrados en la Convención.

Acceso a la justicia y mecanismos para presentar demandas judiciales

El Estado parte tomó conocimiento de la preocupación expresada por el Comité sobre el acceso a la justicia en el párrafo 15 de las observaciones finales y desea proporcionar más detalles a este respecto:

a)Los tribunales están en funcionamiento en las diez regiones del país. En los entornos urbanos y rurales, los tribunales son permanentes y se reúnen diariamente, mientras que en las zonas del interior hay siete juzgados de paz en funcionamiento (Región núm. 1 Noroeste: Matthews Ridge, Mabaruma, Aqueiro; Región núm. 7: Bartica y Kamarang; Región núm. 8: Madhia y Región núm. 9: Lethem) que celebran sesiones trimestralmente.

b)Se han tomado medidas para familiarizar a la judicatura con la CEDCM. Por ejemplo, la Magistrada Désirée Bernard, ex‑Presidenta del Poder Judicial de Guyana y exmiembro y ex‑Presidenta del Comité, en colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU‑Mujeres), organizó un seminario para jueces y magistrados sobre el género y la violencia doméstica en 2012. El seminario se centró en la violencia doméstica y por razón de género y trató de promover una mejor comprensión entre los miembros de la judicatura de la forma en que el contenido y los procedimientos de la ley refuerzan la relación de igualdad y desigualdad entre la mujer y el hombre.

c)En cuanto al acceso de las mujeres a la justicia, la ONG Guyana Legal Aid Clinic ha establecido centros de asistencia jurídica en 4 de las 10 regiones del país (regiones 2, 4, 5, 6 y 10). En 2011, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) colaboró con el Guyana Legal Aid Clinic para promover los derechos humanos y ampliar los servicios de asistencia jurídica dirigidos a los niños. El Ministerio de Asuntos Jurídicos y el Ministerio Fiscal proporcionan asistentes jurídicos en las zonas del interior para complementar los servicios de asistencia jurídica. El Gobierno reconoce la necesidad de ampliar los servicios de asistencia jurídica a todas las regiones del país y se están estudiando propuestas para-el establecimiento de servicios en la Región 8 (Madhia) y en la Región 9 (Lethem). En términos generales, las mujeres superan en número a los hombres en el acceso a los servicios de asistencia jurídica en las cuatro regiones anualmente. Durante el período que se examina, el Guyana Legal Aid Clinic entrevistó a 8.887 mujeres (el-67%) de un total de 13.198 clientes. El número total representa la proporción de clientes que se beneficiaron de los servicios o no podían optar a servicios de asistencia jurídica. Se consideró que solo el 2% de las personas entrevistadas en todas las regiones no reunía las condiciones necesarias para recibir asistencia jurídica. Concretamente, en la Región 2 (12%) y en la Región 4 (78%) fue donde más mujeres accedieron a los servicios, seguidas de la Región 6 (8%) y la Región 5 (2%).

d)Como se menciona en el párrafo 31, el Ombudsman fue debidamente nombrado y se le asignaron los recursos necesarios para funcionar con eficacia.

Artículo 3: Desarrollo y adelanto de las mujeres

El Gobierno de Guyana considera que, para lograr una sociedad justa, equitativa y próspera, es imperiosa la participación en pie de igualdad de las mujeres y los hombres en todos los aspectos de la vida y el desarrollo. En respuesta a la recomendación 17, el Gobierno de la República de Guyana destaca su apoyo sin reservas al mecanismo nacional encargado de poner en práctica políticas y programas en favor de la igualdad entre los géneros mediante los dos siguientes órganos: la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, que es la comisión constitucional, y la Oficina de Asuntos de Género, recientemente establecida en sustitución de la Oficina de Asuntos de la Mujer y de la Oficina de Asuntos del Hombre. Los Comités Regionales de Asuntos de la Mujer, que forman parte de la estructura de la Oficina de Asuntos de Género, pasaron a denominarse Comités Regionales de Asuntos de Género. La Oficina de Asuntos de Género es responsable de la ejecución de programas para promover la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Cada una de las diez regiones cuenta con un Comité Regional de Asuntos de Género. El Instituto del Liderazgo de la Mujer de Guyana, dependiente de la Dirección de Servicios Sociales del Ministerio de Protección Social, también pone en marcha programas para el adelanto de la mujer. En lo que respecta al fortalecimiento del mecanismo nacional, el nuevo Gobierno ha facilitado iniciativas encaminadas a formular una Política Nacional de Género, que promoverá la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas y planes de carácter público, además de crear más oportunidades de reparación de los delitos cometidos contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados.

Recursos financieros

La financiación del mecanismo nacional suponía aproximadamente el 1% del presupuesto nacional. El presupuesto público destinado a la Oficina de Asuntos de la Mujer en 2011 fue de 6.843.660 dólares de Guyana y se aumentó de forma constante durante el período hasta alcanzar los 11.545.640 dólares de Guyana en 2015, para cubrir sus programas y subvenciones a distintas ONG y a los Comités Regionales de Asuntos de la Mujer. La capacitación impartida al amparo del Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana con la financiación pública fue la siguiente: 2011 – 4.019.000 dólares de Guyana, 2012 – 2.815.000 dólares de Guyana, 2013 – 2.925.000 dólares de Guyana, 2014 – 3.398.000 dólares de Guyana, y 2015 – 728.000 dólares de Guyana. Las subvenciones públicas a las ONG han contribuido de forma esencial a promover los derechos de las mujeres y las niñas a nivel local. El funcionamiento de los centros de asistencia jurídica se beneficia de subvenciones anuales del Estado parte por valor de 147.524,00 dólares de los Estados Unidos. La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género se ha financiado principalmente a través de subvenciones del orden de 20 millones de dólares de Guyana en 2011 hasta 25 millones de dólares de Guyana en 2015.

Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género

La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género se ha comprometido a trabajar en el desarrollo de capacidades, la sensibilización y la promoción de los derechos de la mujer. Elaboró un plan estratégico quinquenal (2013‑2018) que proporciona orientación para la ejecución de su mandato. Esta Comisión debe presentar un informe anual al Presidente de la Asamblea Nacional y los informes especiales que se le soliciten. Durante el período 2013‑2014, se desarrollaron contactos y colaboraciones con el Ministerio de Asuntos Jurídicos y el Fiscal General para velar por que se apliquen las leyes relacionadas con la prevención de la-discriminación contra la mujer. Entre las actividades llevadas a cabo por la-Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género en 2011‑2015 cabe mencionar las-siguientes:

a)Convocar un diálogo entre las principales partes interesadas con la Honorable Magistrada Claire L’Heureux‑Dubé, ex‑Magistrada del Tribunal Supremo del Canadá, protagonista de una distinguida carrera en el derecho de familia y las cuestiones relativas a los derechos humanos. La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género se benefició de la celebración de un diálogo detallado sobre la aplicación de la CEDCM. También organizó una conferencia sobre la igualdad de género, el liderazgo y la participación política en colaboración con varias ONG, donde los participantes recibieron formación sobre la CEDCM.

b)Organizar una serie de seminarios parlamentarios sobre el género y el desarrollo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, con la participación de la Dra. Linda Peake de la Universidad de York como facilitadora principal. Esto ha dado lugar a aportaciones fundamentales en la planificación urbana por el Ministerio de Infraestructura Pública, que se encuentra en su etapa inicial.

c)Celebrar talleres para 30 promotores de las cuestiones de género de varias ONG y organizaciones de la sociedad civil, así como de otros órganos nacionales de asuntos de género.

d)Realizar viajes rutinarios a las diez regiones administrativas para educar a los ciudadanos sobre el acceso a la justicia. Algunos miembros de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género son responsables de programas ejecutados a nivel regional a través de Comités Regionales de Asuntos de la Mujer.

e)Proporcionar formación básica a las mujeres candidatas en las elecciones locales a nivel municipal y proporcionar capacitación a los toshaos o capitanes de aldea que prestan servicios en las comunidades del interior.

f)Forjar una alianza con la Universidad de York para el establecimiento de un Centro de Estudios de Género en la Universidad de Guyana, sobre la base de las recomendaciones del Plan Estratégico de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género. La Comisión también contribuyó al desarrollo de un plan de estudios para el programa de género en los estudios postsecundarios en dicho Centro.

g)Colaborar con las principales partes interesadas en las celebraciones anuales del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estos foros han servido para promover los derechos de las mujeres, beneficiándose de una amplia cobertura de los medios de comunicación locales.

En lo que respecta a la capacidad de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género para prestar sus servicios de supervisión sobre la aplicación de la CEDCM, según dispone la Constitución, se estableció la Secretaría de Derechos Humanos en 2013. Si bien es cierto que todavía no existe una Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría presta fundamentalmente apoyo administrativo y financiero, sirviendo de enlace principal entre la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y el Ministerio de Finanzas, que controla el desembolso de los fondos. El Gobierno proporciona una subvención anual a todas las comisiones de derechos (incluida la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género) que se debe utilizar en los gastos de administración y en los programas. En el momento de redactar el presente informe se estaban llevando a cabo en el Parlamento las deliberaciones sobre la renovación del mandato de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género.

Oficina de Asuntos de la Mujer y Oficina de Asuntos del Hombre

Durante el período que se examina, la Oficina de Asuntos de la Mujer y la Oficina de Asuntos del Hombre celebraron varios seminarios de formación, talleres y sesiones de sensibilización para familiarizar a miembros del Gobierno y los sectores no gubernamentales con los conceptos de género, la incorporación de la perspectiva de género, el análisis de género con el objetivo de empoderar a las mujeres y fomentar la igualdad entre géneros en todos los sectores de la sociedad. Esas intervenciones se llevaron a cabo en escuelas, instituciones de formación de docentes, cárceles, diferentes ONG, organizaciones confesionales, clubes deportivos y también con miembros de las fuerzas de seguridad de todo el país. Concretamente, la Oficina de Asuntos de la Mujer realizó las siguientes actividades:

a)Se ha puesto en práctica la formación y el desarrollo de la capacidad de los miembros del personal de la Oficina de Asuntos de la Mujer mediante una serie de talleres y colaboraciones con organismos de las Naciones Unidas, a saber, el UNFPA y ONU‑Mujeres. La Oficina de Asuntos de la Mujer, junto con personal del Ministerio de Protección Social, se beneficiaron de iniciativas de formación y seminarios sobre igualdad de género, el yo y la autoasertividad para mujeres, las mujeres y la salud reproductiva y sexual, violencia por razón de género, planificación a través de la lente del género, barreras para mujeres y hombres en el entorno laboral y exploración de los vínculos entre la violencia por razón de género y el VIH/sida.

b)Posteriormente, la Oficina de Asuntos de la Mujer y la Oficina de Asuntos del Hombre celebraron sesiones de capacitación en colaboración con la Guyana Business Coalition, a través de la Guyana National Shipping Corporation y otras siete ONG con sede en las zonas rurales. Los programas de sensibilización en materia de género llevados a cabo en lugares de trabajo y cárceles abordaron la violencia por razón de género, el acoso sexual y el control de la ira. Junto con el apoyo de ONU‑Mujeres, se emprendieron varias iniciativas durante los 16 días de activismo celebrados en todo el país, incluidas actividades de proyección de vídeos, intercambio de experiencias por parte de supervivientes y eduentretenimiento, proyectos de dramatización para describir todas las formas de violencia y debates sobre las principales causas de la violencia doméstica y las violaciones.

c)En noviembre de 2013, unas 35 personas participaron en un taller de dos días de duración sobre la CEDCM y la Dimensión de Género del VIH en el Caribe. Entre los participantes figuraban representantes de organismos públicos, ONG, organizaciones confesionales y representantes de la red de los guyaneses que viven con el VIH o se ven afectados por él. Este taller fue patrocinado por ONU‑Mujeres, organización que también participó en él e hizo presentaciones junto con el Jefe de la Secretaría del Programa Nacional de Lucha contra el Sida.

d)La Oficina de Asuntos de la Mujer también llevó a cabo el taller sobre la elaboración y presentación de informes sobre la CEDCM y la importancia del informe provisional. Como parte del trabajo colaborativo con las entidades asociadas, la Oficina también amplió la última iniciativa de formación para que abarcase a los miembros de los Comités Interministeriales de los Ministerios competentes, las comunidades de las zonas del interior (especialmente las regiones 7, 8 y 9), varias ONG y representantes de comisiones de derechos humanos constitucionales. Además, en este diálogo participaron representantes del Ministerio Fiscal y la GAWL.

e)La Oficina de Asuntos de la Mujer, consciente de que los programas de empoderamiento de género deberían ampliarse hasta abarcar más allá de los centros urbanos, expandió su extensión en colaboración con los Comités Regionales de Asuntos de la Mujer para trabajar en otras regiones en 2014. En las sesiones de empoderamiento y sensibilización sobre las cuestiones de género participaron 144 mujeres, procedentes de la Región 2 (13 mujeres), la Región 3 (44 mujeres) y la Región 6 (87 mujeres). Esta última intervención se tradujo en la adquisición de utensilios agrícolas para una iniciativa empresarial en grupo que desde entonces ha creado empleo para las jóvenes y las madres de las comunidades de Belfield y Notenzuel.

f)En 2014, 35 miembros de los Comités Regionales de Asuntos de la Mujer asistieron a la reunión general anual cuyo tema central era potenciar el desarrollo de las mujeres y aceptar la igualdad entre los géneros. Han mantenido una participación constante en el diálogo sobre el papel de las mujeres y el cambio climático, las mujeres en la salud, la violencia por razón de género y sus efectos en la familia, las mujeres y el emprendimiento, la divulgación de información actualizada sobre el informe sobre la CEDCM y diferentes aspectos de la legislación laboral y el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (núm. 189).

g)Se celebraron tres sesiones con miembros de los Comités Regionales de Asuntos de la Mujer en las regiones 3, 5 y 6, donde al parecer existía un alto número de incidentes de violencia, y que recibieron formación especializada. A raíz de esas sesiones, se ha preparado aproximadamente a 60 personas, entre ellas representantes de las comunidades, para establecer redes con otros organismos. Uno de los principales logros de los conocimientos recién adquiridos y el establecimiento de redes ha sido la prestación de servicios de asesoramiento a las personas beneficiarias en determinadas comunidades de la Región 6.

h)En un esfuerzo por llegar a las mujeres y los hombres de la clase trabajadora, la Oficina de Asuntos de la Mujer amplió su colaboración con la Compañía Azucarera Guyanesa (GUYSUCO), el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Guyana y la Comisión de Geología y Minas, con el fin de realizar talleres sobre la igualdad entre los géneros, la violencia por razón de género, la prevención del suicidio, la gestión de conflictos y otras cuestiones conexas. Los resultados de la colaboración entre 2013 y 2015 han sido estos: 70 mujeres trabajadoras de la industria del azúcar de las explotaciones de Rose‑Hall, Enmore, Wales, Uitvlugt, Skeldon y Albion participaron en un taller de un día de duración de sensibilización sobre las cuestiones de género; 25 mujeres y hombres de la explotación azucarera Rose Hall participaron en una sesión de un día de duración; 34 empleados, 28 hombres y 7 mujeres procedentes de diversos departamentos de la Comisión de Geología y Minas de Guyana participaron en talleres de sensibilización sobre las cuestiones de género, la violencia por razón de género y la gestión de conflictos.

Oficina de Asuntos del Hombre

La Red de Empoderamiento del Hombre fue un organismo precursor de la Oficina de Asuntos del Hombre que se formó en 2009 y puso en marcha programas destinados a erradicar la violencia doméstica y el suicidio. La Red estaba integrada por organizaciones de hombres y líderes religiosos que trabajaban por conducto de instituciones confesionales con hombres adultos y jóvenes para mejorar sus actitudes hacia las mujeres y fomentar la paternidad responsable. Si bien el Gobierno de la República de Guyana prestó apoyo a la Red y colaboró con ella, también reconoció la necesidad de contar con un mecanismo institucional para dar respuesta a las cuestiones de los hombres a nivel nacional. Como resultado de ello, en 2010 y bajo el amparo del Ministerio de Servicios Humanos (que posteriormente pasó a denominarse Ministerio de Protección Social) se puso en marcha la Oficina de Asuntos del Hombre, pensada para trabajar de forma constante en la conciencia de las cuestiones de género y proporcionar programas de sensibilización para hombres y niños.

Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana

El Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana organizó talleres y sesiones de sensibilización, incluidas sesiones sobre la historia del movimiento de mujeres en Guyana, las perspectivas de género, la violencia por razón de género y la trata de personas. Durante el período que se examina, el Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana organizó varios talleres para las regiones 3, 4, 5, 6 y 10:

•2011 ‑ 29 estudiantes de las regiones 3, 4, 5 y 6;

•2012 ‑ 34 estudiantes de las regiones 3, 4, 5, 6 y 10;

•2013 ‑ 30 estudiantes de las regiones 3, 4 y 5;

•2014 ‑ 31 estudiantes de las regiones 4, 5 y 6;

La República de Guyana también reconoce la importancia del empoderamiento de las mujeres mediante la educación y el desarrollo de la capacidad. Entre 2011 y 2015, unas 450 mujeres participaron en programas de formación sobre conocimientos básicos de informática, preparación de alimentos, emprendimiento, tecnología de la información, procedimientos de oficina y alfabetización, todos ellos con la certificación del Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana. Algunas mujeres han continuado sus estudios en programas de educación superior, pero cada vez son más las que participan en microempresas y en pequeñas empresas una vez finalizados los programas de formación.

Equipo de Tareas Interinstitucional Nacional

En agosto de 2014, el Ministerio de Protección Social creó un Equipo de Tareas Interinstitucional Nacional sobre la Violencia Sexual, con el fin de revisar los proyectos de protocolos y un Plan Nacional para la Aplicación de las Leyes sobre Violencia Doméstica y Delitos Sexuales. El UNFPA también prestó apoyo para la celebración de las reuniones del Equipo de Tareas, así como para la elaboración del Plan de Acción sobre Delitos Sexuales. Los protocolos y el plan nacional están dirigidos a la formación y educación en materia de prevención, presentación de informes y eliminación de la violencia doméstica y sexual. La preparación del plan nacional implicó a partes interesadas clave y a grupos de mujeres que apoyan el enfoque nacional para hacer frente a la epidemia de violencia interpersonal en el país. El plan nacional propone mejorar los mecanismos en todo el país para asistir a las víctimas y ofrecer servicios de rehabilitación a los autores materiales, e incluye un componente de seguimiento y evaluación, que se aplicará en tres ocasiones durante la ejecución, la evaluación final y las etapas de conclusión.

Los gobiernos anteriores han puesto empeño en lograr una política de género plena y sólida y han dirigido a este objetivo los beneficios de múltiples iniciativas en las que participan partes interesadas clave. El Ministerio de Protección Social, en su calidad de organismo líder de los mecanismos de género y relacionados con la mujer, reafirma su compromiso de lograr resultados tangibles para las mujeres mediante esfuerzos renovados para completar una Política Nacional de Género. El proceso de formulación de la Política Nacional de Género empezó en agosto de 2015 y está previsto que concluya a finales de 2017. Aproximadamente 350 personas, entre ellas diputados parlamentarios, miembros de los consejos regionales y municipales y de la sociedad civil, representantes de organizaciones dirigidas por jóvenes, trabajadores sociales y profesionales, participaron en una conferencia nacional en la que compartieron sus opiniones y formularon recomendaciones sobre la elaboración de la política.

Evaluación de los programas de formación

La evaluación de los programas de formación puso de manifiesto que la mayoría de los participantes eran supervivientes o víctimas de la violencia doméstica. Los talleres y foros de sensibilización ayudaron a algunas personas a solicitar los servicios que se ocupan de cuestiones de violencia por razón de género o de la búsqueda de oportunidades de empoderamiento económico.

Artículo 4: Aceleración de la igualdad entre hombres y mujeres

La República de Guyana se compromete a reforzar las medidas especiales de carácter temporal tal y como recomendó el Comité en el párrafo 19, a fin de promover la participación de las mujeres en la economía.

El programa de microcréditos creado en junio de 2010 se ha mantenido durante el período que abarca el informe. Esta iniciativa se está llevando a cabo en colaboración con un banco comercial, el Guyana Bank for Trade and Industry (GBTI). A través de esta entidad, se ofrecen préstamos de 500 a 1.250 dólares de los Estados Unidos a un tipo de interés bajo, para la puesta en marcha y la expansión de iniciativas empresariales a cargo de mujeres de 18 a 58 años que son progenitoras únicas. El plazo de devolución del préstamo es de 12 a 24 meses y no se exigen garantías. El GBTI proporcionó los fondos necesarios para proseguir con los préstamos, mientras que el Ministerio pagó al personal responsable de supervisar la iniciativa.

Entre enero de 2011 y mayo de 2015, se otorgaron 3.422 préstamos a 3.296 personas (incluidos prestatarios que repitieron y tomaron varios préstamos) por valor de 1,85 millones de dólares de los Estados Unidos: 2011 ‑ 1.181 préstamos por valor de 890.000 dólares; 2012 ‑ 982 préstamos por un valor de 411.500 dólares; 2013 ‑ 700 préstamos por un valor de 314.000 dólares; 2014 ‑ 346 préstamos por un valor de 147.000 dólares; y 2015 – 213 préstamos por un valor de 89.000 dólares Las-personas beneficiarias de los préstamos proceden mayoritariamente de 8 de las 10 regiones administrativas: regiones 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Aparte del acceso a préstamos en condiciones favorables, las mujeres recibieron formación en esferas tales como los conocimientos empresariales básicos, el establecimiento de redes, contabilidad básica, publicidad y embalaje.

En 2013 se reconoció que la tasa de incumplimiento había empezado a aumentar y se encaminaron los esfuerzos a hacer un seguimiento de los prestatarios y a alentar el pago de los morosos. De este modo, el número de préstamos concedidos se redujo considerablemente durante los tres últimos años del período. Debido a la alta tasa de incumplimiento (el 85%), el programa había quedado inactivo a principios de 2015.Una evaluación del programa llegó a la conclusión de que, para que pudiera lograr altos niveles de éxito, eran fundamentales una mejor orientación, análisis y selección de los beneficiarios, la formación y la preparación individual (mentoría). Con el cambio de Gobierno en mayo de 2015, se reactivó el programa Mujeres de Valía en octubre de 2015 y proporcionó fondos que se utilizan como garantía de crédito. Las condiciones continúan siendo iguales para los prestatarios. A finales de diciembre de 2015, se habían aprobado dos préstamos por valor de 1.750 dólares de los Estados Unidos.

También se han aplicado medidas especiales de carácter temporal para hacer frente a la discriminación contra las mujeres, así como para acelerar el logro de la igualdad de facto entre mujeres y hombres por medio de programas nuevos o ampliados. En las esferas de la educación, la salud y la vivienda, durante el período que se examina, se ampliaron las redes de protección social, como el Programa de Asistencia a Progenitores Únicos, el Programa de Asistencia Pública, el Programa de Circunstancias Especiales y los vales para la compra de uniformes escolares a todos los niños de enseñanza preescolar y primaria que asisten a escuelas públicas. En el caso del Programa de Asistencia a Progenitores Únicos y el Programa de Asistencia Pública, las madres solas reciben asistencia para participar en programas de formación diseñados para mujeres empresarias. La financiación de este programa fue en total de 25 millones de dólares de Guyana al año entre 2011 y 2014. Otras iniciativas, como el Programa de Circunstancias Especiales y los programas de ayudas para uniformes escolares y de alimentación escolar, benefician directamente a los niños. Por consiguiente, esas medidas provisionales ayudan de una forma muy significativa a las mujeres y las familias vulnerables.

Además, la iniciativa acelerada de educación para todos (2003‑2015), ejecutada por el Ministerio de Educación, señaló que su principal objetivo era la conclusión de una educación universal de calidad. En cada escuela primaria dentro de la comunidad, el objetivo ha sido aumentar la asistencia escolar de todos los niños de familias de bajos ingresos. Otra medida especial de carácter temporal para acelerar la educación de las niñas ha sido el Programa de Alimentación Escolar, que constituye la principal iniciativa secundaria del componente de la Alianza para el Fortalecimiento de la Comunidad Escolar; además, creó un programa de comidas calientes, gestionado y apoyado por la comunidad, en el que trabajaban las mujeres a diario y se abastecía con productos locales de subsistencia.

En julio de 2015, el Gobierno de Guyana puso en marcha un nuevo proyecto de medida provisional especial, conocido como las 5 B —Boats, Buses, Bicycle, Books and Breakfast (barcos, autobuses, bicicletas, libros y desayuno)—, una medida concebida para aumentar la asistencia escolar y acelerar el desarrollo de las comunidades desfavorecidas en las zonas rurales y del interior. Estas iniciativas proporcionan empleo continuo a la comunidad, especialmente a las mujeres cabeza de familia, mediante la coordinación con los gobiernos locales y otras organizaciones de los sectores público y privado.

Artículo 5: Eliminación de las funciones y estereotipos característicos de cada sexo

Estereotipos y prácticas nocivas

En cuanto a la preocupación expresada por el Comité en el párrafo 21 de las observaciones finales relativa a la persistencia de normas, prácticas y tradiciones nocivas, actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados, cabe señalar que se han hecho esfuerzos sistemáticos para reducir y eliminar la persistencia de estereotipos de género, actitudes culturales negativas y otras prácticas que discriminan a las mujeres. Como se menciona en el párrafo 48, la Oficina de Asuntos de la Mujer ha participado en actividades constantes de educación pública en los medios de comunicación impresos y electrónicos, así como a través de diversos talleres, seminarios y foros públicos, con el fin de combatir la existencia de actitudes patriarcales y estereotipos discriminatorios. En colaboración con las ONG y los organismos de las Naciones Unidas, se han celebrado varias de esas sesiones de manera continuada en las comunidades, escuelas, empresas, espacios religiosos y de otro tipo, en todo el país, con el fin de cuestionar las normas y los papeles asignados a cada género y promover la igualdad entre los géneros. No obstante, existen algunas prácticas culturales que son difíciles de combatir debido al sistema de valores de algunas comunidades. Sin embargo, se está trabajando para dar respuesta a la cuestión. El Ministerio de Protección Social, los organismos estatales, las organizaciones de mujeres y otras ONG también han participado en la difusión de información a través de los medios de comunicación acerca de dónde acceder a los servicios de atención y protección a las víctimas y supervivientes y explicando dónde y cómo denunciar los casos de violencia doméstica.

El marco regulatorio nacional sobre la violencia contra las mujeres y la violencia por razón de género refuerza el compromiso del Estado parte de transformar las ideologías de género imperantes y fomentar un entorno que modifique los estereotipos y los valores y prácticas culturales discriminatorios, así como su compromiso de velar por que las mujeres y las niñas disfruten de todos los derechos consagrados en la CEDCM. La Política Nacional de Género, cuyo objetivo es erradicar la discriminación contra las mujeres, se ocupará de la seguridad física y de la integridad emocional y mental de las mujeres. Se pretende que sea una estrategia integral con objetivos y plazos claros, para modificar o eliminar las prácticas y los estereotipos culturales negativos que discriminan a las mujeres, de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) de la Convención.

Artículo 6: Represión de la trata y la explotación de mujeres

Examen de las causas profundas de la trata y la prostitución

La República de Guyana reconoce que tanto la prostitución como la trata de personas hunden principalmente sus raíces en la pobreza y la persistencia de las desigualdades, agravadas por los problemas en la vida familiar, los abusos, el sexismo y los prejuicios de clase. Son constantes los esfuerzos encaminados a eliminar la trata y la explotación de las víctimas de la prostitución, como se recomienda en el párrafo 25. Programas como el Programa de Becas del Interior, el programa universal de uniformes escolares, la asistencia económica a las madres solas y la formación práctica de los jóvenes están encaminados a reducir la pobreza, crear igualdad de oportunidades y permitir el acceso a la prestación de servicios para reducir la vulnerabilidad de las mujeres y los niños, tanto en general como más específicamente en el seno de las comunidades indígenas. Estos programas complementan el plan de acción contra la trata (2014) elaborado por el Equipo de Tareas Nacional para Luchar contra la Trata de Personas, centrado en la prevención (sensibilización, capacitación de representantes de la sociedad civil para detectar y denunciar la trata de personas), el enjuiciamiento (con una mayor vigilancia e investigación), la protección (servicios de apoyo a las supervivientes) y las alianzas.

Capacitación y concienciación

El Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas han llevado a cabo programas de sensibilización y capacitación. Entre estas iniciativas se incluyen la distribución de carpetas para los medios de comunicación, documentales, directrices para entrevistar a las víctimas y una guía sobre los principios subyacentes en el trabajo con las víctimas. También se ofrecieron programas de capacitación para agentes de policía del Departamento de Investigaciones Criminales de la Fuerza de Policía de Guyana sobre la identificación de las víctimas de la trata y la investigación de casos. Durante el período que se examina, esos ministerios colaboraron con el UNICEF, el UNFPA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la Oficina del Alto Comisionado del Canadá, el PNUD y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para realizar amplias sesiones de capacitación y sensibilización con las partes interesadas de las diez regiones administrativas del país.

La Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Protección Social ha llevado a cabo campañas de sensibilización pública, sesiones de concienciación y sensibilización, talleres comunitarios y cursillos de formación para coordinadores en las regiones 1, 2, 7, 8, 9 y 10. Concretamente, las actividades de capacitación y sensibilización fueron las siguientes:

•2011 ‑ Diez sesiones de concienciación y sensibilización sobre la trata de personas dirigidas a las escuelas secundarias y las comunidades ribereñas, en las que se estableció contacto con aproximadamente 1.245 personas.

•2012 ‑ Un taller sobre desarrollo de la capacidad, celebrado con la participación de aproximadamente 42 partes interesadas clave de las diez regiones administrativas.

•2013 ‑ Se capacitó a 38 personas para ser “formador de formadores” sobre la trata de personas.

•2014 ‑ Se llevaron a cabo sesiones de concienciación y sensibilización en 59 escuelas secundarias repartidas por siete regiones. Se sensibilizó a aproximadamente 8.000 estudiantes y 150 profesores sobre la trata de personas. Se llevaron a cabo 17 sesiones de concienciación y sensibilización en aldeas y comunidades.

•2015 ‑ Un total de 40 personas del Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades indígenas asistieron a los talleres impartidos. Además, la colaboración con el Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas dio como resultado un total de siete talleres de concienciación y sensibilización, con la participación de alrededor de 249 partes interesadas pertenecientes a comunidades indígenas.

Seguimiento y evaluación periódica

El Equipo de Tareas Nacional para Luchar contra la Trata de Personas hace un seguimiento de la índole y la magnitud de la trata de personas en Guyana y presenta informes al respecto, lleva a cabo actividades de educación pública y adopta medidas preventivas. Se pide al Comité que consulte los párrafos 63 y 65 del presente informe para comprobar los progresos realizados en la difusión y recepción de información sobre la lucha contra la trata de personas. Esas interacciones sirven para intercambiar información y, por consiguiente, ayudar al Ministerio a formular estrategias específicas de prevención y protección contra la trata de personas. Si bien se han llevado a cabo iniciativas de divulgación en las diez regiones administrativas del país, se hizo mayor hincapié en las regiones donde se denunciaron ante el Ministerio de Protección Social presuntos casos de trata de personas.

Datos sobre la trata de personas

Los esfuerzos del Gobierno para investigar, enjuiciar y condenar a los tratantes han sido constantes y han mejorado durante el período que se examina. De 2011 a 2015, como se indica en el cuadro 2 que figura a continuación, se recibieron 54 denuncias de trata de personas; de las 25 personas acusadas, 23 fueron enjuiciadas. Durante el período que se examina, siete personas fueron declaradas culpables, nueve casos fueron desestimados y siete están pendientes. Entre las personas acusadas había tanto hombres como mujeres. Cuando un tratante es declarado culpable, el tribunal puede condenar o no a esa persona al resarcimiento de los supervivientes o puede imponer ambas formas de pena.

Cuadro 2 Trata de personas, de 2011 a 2015

Año	Víctimas	Acusados	Hombres	Mujeres	Con cargos	Declarados culpables	Absueltos	Pendientes
2011	11	2	1	1	1	0	1	0
2012	11	6	4	2	6	3	2	1
2013	12	6	2	4	6	1	5	0
2014	3	2	1	1	2	1	0	1
2015	17	9	4	5	8	2	1	5
Total	54	25	12	13	23	7	9	7

Fuente: Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas, Ministerio de Protección Social, 2016.

Cooperación internacional, regional y bilateral

El Ministerio de Protección Social se ha beneficiado de la cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (Jamaica), el PNUD, el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado del Canadá y los Departamentos de Justicia y de Estado de los Estados Unidos de América. Además, la Fuerza de Policía de Guyana ha colaborado con los Gobiernos de Suriname y Jamaica en cuatro casos internacionales de trata con fines de explotación sexual y laboral.

Apoyo a las víctimas

La Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas y los coordinadores regionales son accesibles al público, lo que permite que las víctimas llamen por teléfono o se presenten personalmente para solicitar o proporcionar información y recibir asistencia. Los funcionarios de la Dependencia de Lucha contra la Trata de Personas han proporcionado apoyo en los tribunales a las presuntas víctimas y los testigos y han sufragado los gastos de transporte. El Ministerio de Protección Social se ha aliado con otras ONG en la prestación de apoyo y asesoramiento psicosocial a las presuntas víctimas para contribuir a su reintegración en las familias y comunidades. Cuatro ONG locales administran refugios para las víctimas de la violencia doméstica y la trata de personas , que siguen beneficiándose de las subvenciones y el apoyo gubernamentales.

Lucha contra la violencia contra las mujeres

La República de Guyana continuó aplicando su enfoque multisectorial para dar respuesta a la difícil cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas. En 2013 se propuso la revisión y modificación del capítulo 8:03 de la Ley de Delitos Sexuales de 2010 para remediar las lagunas que se detectaron durante su aplicación en los tribunales. La revisión en curso se asegurará de que la Ley de Delitos Sexuales sea coherente con lo dispuesto en los artículos 144 2) d) y e) de la Constitución de Guyana sobre los derechos fundamentales y proteja los derechos de las víctimas supervivientes de la violencia sexual. En el mismo año, se puso de manifiesto el compromiso colectivo del Parlamento con la aprobación unánime de la Resolución núm. 47 sobre la Violencia Interpersonal, que condenaba todas las formas de violencia interpersonal y ofrecía apoyo a programas nuevos y ya existentes llevados a cabo por el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a este flagelo.

Una característica fundamental de las medidas integrales para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas fue el establecimiento del Equipo de Tareas Nacional para la Prevención de la Violencia Sexual en 2010. Su objetivo general era elaborar un plan de acción nacional para la prevención de los delitos sexuales, pero se vio socavado por el número limitado de reuniones celebradas. Sin embargo, logró deliberar y elaborar un Protocolo para la Prevención de la Violencia Sexual, que finalmente recibió apoyo intersectorial en diciembre de 2016. El Protocolo tiene por objeto educar a las personas sobre la prevención, la denuncia y la erradicación de la violencia sexual y doméstica, así como preparar a esas mismas personas para pronunciarse a este respecto.

Otra medida para hacer frente a la violencia ha consistido en potenciar la capacidad de la Fuerza de Policía de Guyana para perseguir y enjuiciar de forma adecuada a los autores. El Gobierno ha invertido en la mejora de las infraestructuras físicas en varias comisarías de policía. Unas 18 comisarías fueron remodeladas para alojar salas especiales para las víctimas de la violencia por razón de género, a fin de ofrecerles un entorno más cómodo, confidencial y accesible para efectuar sus denuncias. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen denunciando que se enfrentan a problemas relacionados con la profesionalidad de los trabajadores situados en primera línea.

El Gobierno reconoció la necesidad de prestar servicios integrales y está comprometido con proporcionar unidades especiales en los hospitales y centros de salud, o bien cuando no se disponga de hospitales o centros de salud, por otros cauces e instalaciones adecuados, donde se centralicen los servicios y se centren en las víctimas, con enfermeras dotadas de formación específica para la recopilación de pruebas forenses y el tratamiento de las supervivientes de violencia sexual y violaciones, con asesores capacitados para hacer frente al trauma psicológico y físico, y con agentes de policía capacitados para tomar declaración de manera humana y profesional. Tanto el Ministerio de Protección Social como varias ONG han proporcionado asesoramiento jurídico y representantes legales para atender las necesidades de las mujeres supervivientes y de sus familias en todo el proceso judicial.

Incluso con una legislación progresista, uno de los principales retos continúa siendo la aplicación de la Ley de Delitos Sexuales a nivel policial, aunque más de 125 agentes de policía recibieron formación sobre sus disposiciones entre 2011 y 2012. La formación periódica de la policía ahora incluye un componente de cinco módulos sobre la violencia doméstica y el abuso de menores, cuyo objetivo es concienciar sobre el carácter delictivo de la violencia doméstica y sus efectos en las mujeres y los niños, así como sobre la legislación, la función de la policía en los informes de evaluación, la toma de declaración adaptada a los supervivientes, la documentación adecuada y el mantenimiento correcto de registros. A pesar de la formación continua realizada en la escuela de formación de la Fuerza de Policía de Guyana, el Estado parte reconoce la necesidad de acelerar los cursos de formación de repaso y actualización, así como de facilitar el diálogo participativo sobre la aplicación de la Ley de Delitos Sexuales entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluido el poder judicial.

El enjuiciamiento eficaz de los autores ha sido inferior a los resultados deseados, debido a los problemas para desarrollar debidamente las investigaciones de casos de delitos sexuales y para que los tribunales accedan a pruebas forenses y de ADN. Habida cuenta de que la Ley de Delitos Sexuales se aprobó en 2010, los miembros de la judicatura asistieron a cursos de formación en dos ocasiones; uno de ellos tuvo lugar en el Reino Unido. En colaboración con el UNICEF, se llevó a cabo una serie de talleres de capacitación sobre las disposiciones de la Ley de Delitos Sexuales y se desarrollaron protocolos para los agentes de policía, los fiscales, el personal judicial y los trabajadores sociales en 2011 y 2012.

En lo que respecta a la educación pública sobre el carácter delictivo de la violencia doméstica, se llevaron a cabo diversas campañas y sesiones de sensibilización para eliminar la estigmatización de las víctimas y alentar a las mujeres a denunciar los casos de violencia doméstica y sexual, como se ha explicado en detalle en los párrafos 46, 48, 49 y 50 del presente informe. Asimismo, cabe destacar que, en 2012, el Gobierno de Guyana facilitó un diálogo nacional sobre la violencia doméstica bajo el título “Es nuestro problema, resolvámoslo”, con el objetivo de dar pie a una consulta ciudadana con una base amplia sobre la respuesta nacional a este reto. Ese diálogo se apoyó en el impulso generado por la anterior campaña “Erradiquemos la violencia”, que había gozado de una amplia difusión y había dado como resultado la Ley de Delitos Sexuales.

El Gobierno de Guyana ha seguido prestando apoyo financiero a cuatro refugios gestionados por varias ONG que ofrecen alojamiento a corto plazo, servicios de asesoramiento, representación legal ante los tribunales y formación para mujeres y niñas. De 2011 a 2015, un total de 235 mujeres y 318 niños accedieron a alguno de estos refugios y se registró una disminución anual del 15% aproximadamente respecto al número de mujeres alojadas. Durante 2015, ocho de las mujeres que vivían en el refugio se beneficiaron de los cursos de formación que podrían mejorar sus oportunidades de empleo; a saber, en el cuidado de ancianos, la cosmetología y la restauración. Además, para dar respuesta al problema de la escasez de refugios, el Estado, en colaboración con organizaciones comunitarias, puso en marcha el proyecto “Zonas blancas”, que aumentó el número de espacios seguros para las mujeres y los niños que huyen de hogares en los que han sufrido abusos. El proyecto “Zonas blancas” ofreció 24 horas de alojamiento temporal y servicios diarios, que incluían comida, asesoramiento, entornos adaptados a los niños y otras formas de asistencia.

En 2011 el Ministerio de Protección Social colaboró con el UNFPA para llevar a cabo un estudio participativo sobre una encuesta de investigación acerca de la incidencia y las causas de la violencia por razón de género en Guyana, que recopiló datos de mujeres de cuatro regiones geográficas del país. Su principal hallazgo fue que, independientemente de la clase social, el grupo étnico, las creencias religiosas y el nivel socioeconómico, tres de cada cinco mujeres sufrían violencia física infligida por la pareja; una de cada dos mujeres habían sido víctimas de abusos sexuales a manos de su pareja en algún momento de su vida; y alrededor de tres de cada cuatro mujeres eran víctimas de malos tratos psicológicos por su cónyuge o pareja.

El Gobierno de Guyana también se beneficia de la recopilación constante de datos por parte de la Fuerza de Policía de Guyana (tal y como se indica en el anexo B) para mejorar el diseño de los programas encaminados a erradicar la violencia por razón de género. Durante el período de 2011 a 2015, las estadísticas de la Fuerza de Policía de Guyana revelan que fueron asesinadas 157 mujeres y niñas. La zona donde más incidentes se registraron fue la Región 4, seguida de la Región 3. La mayoría de las mujeres víctimas de asesinato a manos de su pareja fueron guyanesas de ascendencia india oriental y mujeres dentro del grupo de edad de 20 a 29 años y de 40 a 44 años. En lo que respecta al enjuiciamiento de los autores, se presentaron cargos penales contra 97 hombres y 10 cometieron suicidio. De entre los hombres acusados, tan solo se han originado dos condenas y 30 casos están en curso. Los 1.351 casos de violación denunciados que se produjeron durante el período que abarca el informe (esta cifra figura en el anexo B, cuadro 6) es motivo de gran preocupación para el Estado parte. Además de las actividades habituales y el tiempo adicional que se dedica a dar respuesta a las cuestiones de la violencia contra las mujeres y las niñas, el nuevo Gobierno ha aumentado los recursos en términos de personal y departamentos del Ministerio de Protección Social para realizar programas acelerados que se ocupan de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Se recomendó proporcionar una protección eficaz contra la violencia y la discriminación dirigidas hacia todos los grupos de mujeres, mediante la promulgación de una legislación antidiscriminatoria completa e integral, que incluya la prohibición de todas las formas de discriminación contra ellas y la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, según se indicó en la declaración oral de la delegación.

El Gobierno de la República de Guyana continuó aplicando su enfoque multisectorial para dar respuesta a la difícil cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas. En 2013 se propuso la revisión y modificación del capítulo 8:03 de la Ley de Delitos Sexuales (2010) para remediar las lagunas que se detectaron durante su aplicación en los tribunales. Sin embargo, el examen en curso se asegurará de que la Ley de Delitos Sexuales sea coherente con las disposiciones del artículo 144 2) d) y e) de la Constitución de Guyana sobre los derechos fundamentales. Esto tiene por objeto proteger los derechos de los supervivientes de la violencia sexual.

Artículo 7: Igualdad de derechos en la vida política y pública

Con el fin de garantizar la igualdad de derechos para las mujeres, la Ley de Gobierno Local revisada dispone que las listas de candidatos que presenten los partidos políticos deben contener al menos un 25% de mujeres elegibles.

Artículo 8: Representación y participación internacionales

Participación en la vida política y pública

El Gobierno de Guyana informa de que, en lo que respecta al párrafo 27 de las observaciones finales, en relación con los artículos 7 y 8, se están manteniendo conversaciones en consonancia con la reforma constitucional del artículo 149. No se han llevado a cabo nuevas reformas legislativas para aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública. Sin embargo, el Gobierno reconoce su compromiso constitucional con el principio de igualdad entre los sexos y ha actuado para apoyar la participación de las mujeres en pie de igualdad en los servicios públicos, la judicatura, el gobierno local, los partidos políticos, los mecanismos nacionales y la representación internacional (de conformidad con la Constitución deGuyana).

Las mujeres en la función pública

Las mujeres también han sido elegidas para ocupar carteras fundamentales implicadas en la adopción de decisiones, como estas: Directora de la Fiscalía, Directora de Presupuesto, Directora General del Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaria del Tribunal Supremo, Secretaria del Catastro, Secretaria del Registro Notarial y Secretaria General de la Oficina del Registro General. En cuanto a las comisiones constitucionales (la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género y la Comisión de los Derechos del Niño), estos organismos cuentan con un total de 18 miembros e incluyen a 17 y 13 mujeres respectivamente. Durante el período que se examina, 5 de las 14 personas elegidas para ocupar los cargos de Secretario Permanente en los Ministerios de Orden Público, Educación, Protección Social, Relaciones Exteriores y Asuntos Jurídicos fueron mujeres. Es frecuente encontrar una preponderancia de las mujeres en la función pública y el Gobierno de Guyana ha mostrado interés en asegurar que también estén representadas en los niveles intermedios y superiores de la administración. Los cargos de la Vicesecretaría de la Asamblea Nacional y la Secretaría Auxiliar Principal están ocupados por mujeres. En 2015 el Gobierno intensificó aún más la promoción de la participación plena e igualitaria de las mujeres en la adopción de decisiones mediante nombramientos a las juntas y los órganos del Estado. Como se indica en el anexo C, cuadro 7, se han elegido a mujeres para el 92% de las 26 juntas y órganos estatales de Guyana. Siete de estas juntas cuentan con un porcentaje de mujeres que oscila entre el 50% y el 64%; dos juntas incluyen entre un 45% y un 46% de mujeres; tres juntas comprenden entre un 30% y un 37% de mujeres y seis juntas tienen un porcentaje de mujeres que se sitúa entre el 25% y el 28%.

Las mujeres en la judicatura

Las mujeres ocupan cargos de juezas, comisionadas y magistradas. La Presidenta de la Corte Suprema (Interina), así como distintas Comisionadas, la Jueza Superior y la Magistrada Principal son mujeres; también hay varias juezas y magistradas en el Tribunal Superior. Por ejemplo, en 2011 las mujeres constituían el 30% del grupo de 12 jueces y en 2015, la proporción de juezas aumentó al 35%. Al mismo tiempo, el número de mujeres magistradas ascendía al 62% en 2011, cifra que disminuyó hasta aproximadamente el 50% entre 2012 y 2013, para luego aumentar constantemente en 2014 y 2015 al 61% y el 72% respectivamente.

Las mujeres en el gobierno local

La Ley Electoral de Guyana prevé una cuota de un tercio de mujeres en las listas de candidatos a las elecciones nacionales y locales. Durante el período de 2011 a 2015, las mujeres representantes fueron más del 30% en la mayoría de los Consejos Democráticos Regionales. En general, la representación de las mujeres en este primer nivel del gobierno local era del 34% en 2011 y se mantuvo constante en torno a un tercio durante los años sucesivos, para caer al 29% en 2015, como se indica en el anexo C, cuadro 8. Cuando el Gobierno de APNU+AFC convocó elecciones locales tras un paréntesis de 22 años, se añadieron tres nuevos municipios a las zonas de administración local y también mejoró la representación de las mujeres. Antes de marzo de 2016, en los municipios, las mujeres tan solo ocupaban el 30% de los cargos. Tras las elecciones locales, el 50% de los representantes son mujeres, como se indica en el Anexo c, cuadro 9. En el nivel de los Consejos Democráticos de Barrio, la representación de las mujeres aumentó ligeramente, del 41% antes de las elecciones locales hasta el 42% de todos los funcionarios por elección, como se indica en el anexo C, cuadro 10.

Las mujeres en la política

Las mujeres participan como miembros por elección del poder ejecutivo de todos los principales partidos políticos. Durante el período comprendido entre 2011 y 2015, las mujeres ocupaban el 33% de los escaños en la Asamblea Nacional y mantienen la misma proporción de escaños en el Parlamento actual, como se indica en el anexo C, cuadro 11. Dentro del 10º Parlamento, el cargo de Jefe de la bancada del partido gobernante y de la oposición fueron ocupados por mujeres. También fueron mujeres miembros del principal partido de la oposición las que ocuparon la Vicepresidencia de la cámara en los Parlamentos 8º, 9º y 10º. A nivel del Gabinete, las mujeres constituían el 33% de los miembros de 2011 a 2015. En la actualidad, el Ejecutivo cuenta con 10 mujeres como Ministras, 3 mujeres ocupan puestos como miembros del Gabinete, mientras que las otras 7 mujeres actúan como ministras de categoría menor en los Ministerios. El cargo de Jefe de bancada está ocupado por mujeres en las dos facciones de la Asamblea Nacional. Las mujeres indígenas también ocupan cargos como Ministras y participan activamente en la vida pública. Estos detalles se proporcionan al Comité con arreglo al artículo 14, párrafo 123.

Se pide al Comité que se remita a los párrafos 46, 48 a 50 y 76 de este informe para conocer los pormenores de las campañas de sensibilización dirigidas tanto a mujeres como a hombres a fin de eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos. Varias ONG de mujeres trabajan promoviendo activamente los derechos de las mujeres, alentando a las mujeres a asumir el reto del liderazgo público y las responsabilidades cívicas, defendiendo el cambio y actuando como representantes de la causa cuando se violan sus derechos. Un ejemplo de la promoción de los derechos de las mujeres fue su influencia en la decisión de destituir al Ministro de Salud después de protagonizar agresiones verbales y amenazas de violencia sexual dirigidas a una activista. La cuestión ya ha llegado al tribunal y está pendiente de resolverse.

Representación y participación internacionales

El Gobierno de Guyana se ha comprometido a aumentar la participación de las mujeres en el plano internacional. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, las mujeres superan en número a los hombres por un margen significativo; representan el 65,8% de todo el personal. A finales de 2016, el cargo de Director General y 5 de las 8 Direcciones estaban ocupados por mujeres; 2 de los 10 cargos de embajadores que representan a Guyana en el extranjero estaban en manos de mujeres, y 5 de los 6 Cónsules Generales eran mujeres. Entre 2011 y 2015, 3 de los 9 Jefes de Misiones en Cuba, Sudáfrica y el Brasil eran mujeres.

Artículo 10: Igualdad en la educación

La Constitución de Guyana garantiza el derecho a una educación gratuita desde la guardería infantil hasta la escuela secundaria, incluidas las opciones de educación no formal. En la práctica, el Gobierno ofrece educación gratuita, lo que incluye el suministro de libros de texto esenciales, en los niveles de educación primaria y secundaria de las escuelas públicas. Se remite al Comité al artículo 14, párrafos 116 a 118 para que conozca más detalles sobre las políticas y los programas públicos de enseñanza primaria, que se han centrado en mejorar el acceso de los estudiantes en las regiones del interior, así como en mejorar la inclusividad de la educación para los alumnos con discapacidades de aprendizaje.

Guyana ha logrado la paridad de género en la enseñanza primaria a nivel nacional y un acceso prácticamente universal, como se muestra en el anexo D del presente informe. De 2011 a 2015, la matriculación de niñas y niños para cursar estudios es casi igual desde las guarderías hasta la enseñanza primaria. Sin embargo, hay más chicas (el 51%) que chicos (un 49%) en edad de enseñanza secundaria que están matriculadas en las escuelas secundarias en el plano nacional. Entre 2011 y 2014, los índices de matriculación en educación y formación técnica y profesional fueron del 38% de alumnas frente al 62% de alumnos. La esperanza de vida escolar desde la enseñanza primaria hasta los estudios postsecundarios es de 13 años para los hombres y 14 años para las mujeres. El índice de deserción escolar de los niños en edad escolar es mayor que el de las niñas y protagonizan más comportamientos antisociales que las niñas.

Los Ministerios de Protección Social y Educación, a través de la Junta de Capacitación Industrial y del Centro de Capacitación de Kuru‑Kuru respectivamente, promueven programas de formación técnica y profesional para los jóvenes en las diez regiones del país, tanto en modalidad residencial como no residencial. Estos programas de segunda oportunidad son medidas complementarias para impulsar la educación formal y la formación práctica especializada, así como para promover el emprendimiento y las oportunidades de generación de ingresos para los jóvenes con talentos no académicos. De 2011 a 2015 los programas patrocinados por el Gobierno se complementaron con el proyecto Habilidades y Conocimientos para el Empleo de los Jóvenes, financiado por la Agencia de losEstados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que se concibió para expandir las oportunidades de adquisición de conocimientos, educación y empleo para jóvenes en situación de riesgo.

El Proyecto Nacional de Capacitación para el Empoderamiento de los Jóvenes ejecutado por la Junta de Capacitación Industrial proporciona información sobre la matriculación de las niñas en ámbitos no tradicionales del mundo académico. Este programa no hace ninguna distinción de género en la selección de las personas para los programas de formación. Tradicionalmente, las mujeres se han beneficiado de la formación y a menudo superan en número a los hombres, por ejemplo, el porcentaje de mujeres en los años 2011 a 2015 varió de la siguiente manera: el 65% en 2011, el-68% en 2012, el 58% en 2013, el 55% en 2014 y el 54% en 2015. El declive tan acusado de los últimos años se debió a que se centró la atención en la promoción de las necesidades de capacitación industrial y se hizo menos hincapié en programas tradicionales de economía doméstica que en los años anteriores. Si bien ha disminuido la cifra de mujeres como porcentaje de la población total, se han producido importantes avances en la promoción de las mujeres en sectores tradicionalmente dominados por los hombres, como la ingeniería, la construcción y la electricidad. De 2011 a 2013, se proporcionó formación a un pequeño número de mujeres en estos sectores (3 en 2011, 2 en 2012 y 9 en 2013, lo que representa menos del 1% del total de personas que cursaron formación). Entre 2014 y 2015 la participación de la mujer aumentó de 53 en 2014 a 53 en 2015 (lo que representa el 5% y el 4% del total de personas que cursaron formación).

En 2013 el Gobierno también puso en marcha el Programa de Aprendizaje y Emprendimiento Juvenil en todas las regiones del interior, con el fin de promover la participación de los jóvenes en el desarrollo de las comunidades y dotarles de más conocimientos y habilidades. El Programa de Aprendizaje y Emprendimiento Juvenil estaba dirigido a los jóvenes de 16 a 40 años y tenía por objeto mejorar el empoderamiento económico, la capacidad de emprendimiento, el liderazgo y el desarrollo de la comunidad. Más de 2.000 jóvenes han participado en este programa y se han beneficiado de cursos de formación basados en la experiencia en materia de-equipos informáticos, reparación de sistemas fotovoltaicos (paneles solares) y gestión empresarial.

Varias iniciativas del sector privado y de ONG han movilizado también a las escuelas en el mes de abril con motivo del Día de las Niñas en las TIC, para reconocer las capacidades de las niñas y alentar un interés renovado en las trayectorias profesionales centradas en la ciencia y las tecnologías de la información. Con el nuevo Gobierno, las alianzas público‑privadas han evolucionado hasta volverse más tangibles y han coordinado esfuerzos para fomentar entre los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas mediante campamentos de robótica y otras iniciativas.

El Estado parte no ha aplicado plenamente la recomendación 29 d de “[p]rohibir de manera explícita el castigo corporal en todos los ámbitos[...]”, pero el Ministerio de Educación ha llevado a cabo una amplia consulta sobre la cuestión de prohibir los castigos corporales en las escuelas al abordar las enmiendas al Proyecto de Ley de Educación de 2008. Los resultados de estas consultas se han remitido a una Comisión Especial del Parlamento y no se ha llegado a un consenso sobre el camino a seguir, habida cuenta de la amplia gama de perspectivas presentes en la sociedad, defendidas con vehemencia.

Un total de 1.170 instituciones educativas públicas y privadas son accesibles en todo el país desde la educación preescolar hasta los estudios postsecundarios. La Universidad de Guyana, con solo dos campus (Turkeyen y Tain) imparte programas de certificación, diploma, grado y posgrado. La mayoría de los estudiantes pueden acceder a los préstamos en condiciones favorables ofrecidos por el Gobierno de Guyana para cubrir los gastos de matrícula. La matriculación universitaria ha sido más elevada entre las mujeres, dando como resultado un porcentaje aproximado del 70% de mujeres que se han graduado y conseguido títulos universitarios de la Universidad de Guyana durante el período que se examina. Además, a nivel de enseñanza postsecundaria, también hay varias instituciones gestionadas por el Estado: tres escuelas de enfermería; siete institutos de formación técnica y profesional en seis regiones; la Facultad de Educación Cyril Potter, junto con programas de formación de docentes en servicio en cada región; la Escuela de Artes Burrowes; la Escuela de Economía Doméstica Carnegie; el Instituto de Educación Permanente y a Distancia; la Asociación de Educación de Adultos; el Colegio de Policía Felix Austin; la Escuela de Agricultura de Guyana; y el Centro de Formación de Aprendices de GUYSUCO. El Estado parte también ofrece becas nacionales e internacionales para estudiantes, basadas en la evaluación de las necesidades y el potencial académico. Los datos del Ministerio de Función Pública que figuran en el anexo E, cuadro 16, revelan que mujeres y hombres se beneficiaron por igual de las becas financiadas con fondos públicos o suministrados por subsidios internacionales.

En algunos lugares de las zonas del interior, el acceso a la educación para las niñas puede resultar difícil debido al nivel socioeconómico de las familias y a las oportunidades de empleo imperantes en la región. El Estado parte ha demostrado su compromiso de asegurar la igualdad de acceso de todas las niñas a través de una serie de servicios de apoyo ofrecidos por la Iniciativa acelerada de educación para todos y el Programa de Becas del Interior descritos en el artículo 4 sobre la aceleración de la igualdad entre hombres y mujeres, párrafo 59, y el artículo 14 sobre la promoción de la igualdad de acceso y la participación de las mujeres rurales, párrafos 116 y 117, respectivamente.

Artículo 11: Eliminación de la discriminación en el empleo

La Ley de Igualdad de Derechos de Guyana, en su capítulo 38:01, prevé el pago de la misma remuneración por el mismo trabajo o un trabajo de la misma naturaleza tanto para las mujeres como para los hombres. Este principio se aplica y garantiza a través de la negociación colectiva y los procesos de negociación. En julio de 2013 el Gobierno anterior promulgó la Ordenanza Nacional sobre el Salario Mínimo para las horas de trabajo ordinarias de conformidad con el artículo 8 de la Ley del Trabajo, capítulo 98:01. El Parlamento aprobó un salario mínimo nacional y una semana laboral de 40 horas para los empleados de los sectores privado y público. La ordenanza especifica que se aplicará un salario mínimo, pero no se limita a los trabajadores empleados en todos los sectores, y se aplicará a todos los trabajadores de categorías similares. De conformidad con la Ley del Trabajo, se efectúan inspecciones de los lugares de trabajo con regularidad. Esta disposición también ha sido ampliamente discutida y publicada en los medios de comunicación en todo el país.

En la actualidad, tanto las mujeres integradas en el mercado laboral formal como en el informal contribuyen al Régimen de Seguridad Social Nacional, en cuyo informe anual se indica que el número de contribuyentes por cuenta propia es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Esta situación está relacionada con el componente de género en el mercado laboral, por el cual hay más mujeres que se dedican a trabajos no remunerados. Actualmente, el Gobierno de Guyana celebra consultas con las principales partes interesadas para oficializar el acceso de las mujeres del sector informal a las prestaciones de la seguridad social. El Régimen de Seguridad Social Nacional tiene en marcha un programa televisado de educación pública que ofrece información sobre las prestaciones disponibles en el marco de ese régimen.

Se pide al Comité que consulte el artículo 10 sobre la educación, párrafos 89 a 92, donde se detallan los esfuerzos concertados por el Estado parte para intensificar la formación técnica y profesional de las mujeres, incluso en ámbitos tradicionalmente dominados por los hombres y en el sector agrícola. El Estado parte facilita el desarrollo de medios de subsistencia alternativos, con los siguientes objetivos: mejorar la formación práctica especializada, crear oportunidades para las actividades económicas mediante el autoempleo y prestar apoyo a pequeñas y medianas empresas de nueva creación, con especial énfasis en los servicios de apoyo específicos para los sectores emergentes.

En general, las mujeres constituyen la mayor parte de la población en edad de trabajar (50,9%). Sin embargo, se estima que la proporción de mujeres en la fuerza de trabajo es del 34,6%, mientras que el 65,4% no participa en la economía formal. De hecho, el censo nacional señaló que la mayoría de ese último grupo de mujeres (48,6%) realiza trabajos no remunerados, como las tareas domésticas, mientras que otras buscan avanzar por medio de la educación (8,0%) y el resto (7,1%) representa a las mujeres jubiladas. En consonancia con esta perspectiva, la Encuesta de Empresas del Banco Mundial (2010) también llegó a la conclusión de que las mujeres están insuficientemente representadas entre el personal directivo superior de las empresas del sector privado, donde se registra tan solo un 17% de mujeres en cargos de dirección o gerencia. Sin embargo, la participación de la mujer en la propiedad de empresas privadas es considerablemente superior, con un 58%.

Durante el período que se examina, se modificó la trayectoria del desarrollo económico de Guyana, pasando de la tradicional dependencia de la exportación de productos básicos como la bauxita y el azúcar a otros ámbitos de crecimiento, concretamente las industrias extractivas y especialmente la extracción de oro, la agricultura y los servicios. El oro representa alrededor del 50% y la industria agrícola representa alrededor del 40% de los ingresos de exportación. La prestación de servicios es el mayor sector económico del país. Dichos servicios abarcan el comercio al por mayor y al por menor, el transporte y el almacenamiento; los servicios financieros y la tecnología de la información y las comunicaciones; y la contratación externa de los procesos. Durante el período que se examina, Guyana comenzó a alojar centros de llamadas y a sacar provecho de la educación de su fuerza de trabajo cuya lengua materna es el inglés.

En 2012 mujeres propietarias de empresas de minería (de oro) fundaron la Asociación de Mujeres Mineras de Guyana para representar sus propios intereses y, al mismo tiempo, ser miembros de la Asociación de Mineros de Oro y Diamantes de Guyana. Un informe elaborado por este grupo desveló que había 700 mujeres empleadas en este sector. Esta evolución ilustra el movimiento de las mujeres, que acceden a áreas de actividad económica donde su presencia no es tradicional y participan en una mayor proporción en la vida económica. Las mujeres que trabajan en empleos sindicados del sector de la producción agrícola constituyen el 20% de la fuerza de trabajo. La mayoría trabaja en la Compañía Azucarera Guyanesa (GUYSUCO). Las mujeres también trabajan en la producción agrícola cultivando sus propias parcelas o parcelas de propiedad familiar. También se solicita al Comité que se remita a los párrafos 121 y 122 para conocer las medidas encaminadas a mejorar las perspectivas económicas de la mujer en la agricultura.

El Estado parte ha adoptado varias medidas para integrar a las mujeres en los niveles básicos en el empleo productivo y para potenciar al máximo su contribución al desarrollo sostenible. Estas medidas se han descrito en el artículo 4 sobre la aceleración de la igualdad entre hombres y mujeres del presente informe.

Artículo 12: Igualdad de acceso a la asistencia sanitaria

En respuesta a la preocupación expresada por el Comité en el párrafo 33 de las observaciones finales sobre el acceso a una asistencia sanitaria y unos servicios conexos de calidad y a establecimientos de salud adecuados, Guyana desea informar de que las iniciativas llevadas a cabo de conformidad con el artículo 12 siguen siendo una prioridad nacional. Hay varios establecimientos de asistencia sanitaria que prestan servicios primarios y secundarios de salud a las mujeres y las niñas. Durante el período que se examina, estos establecimientos se han reforzado con los suministros y el personal necesarios para prestar servicios de seguimiento, incluidos servicios de emergencia para las mujeres y las niñas. También se ha puesto en marcha una gama más amplia de servicios de obstetricia y ginecología, incluidos servicios clínicos de alto riesgo, tratamientos y pruebas de inspección visual con ácido acético (VIA) y otras consultas de obstetricia y ginecología. Con el apoyo del UNFPA, se establecieron casas maternas para alojar a las mujeres embarazadas procedentes de las zonas del interior y a sus familias antes y después del parto. Se afirma que en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guyana y en las escuelas de enfermería, los programas de estudios de los trabajadores sanitarios incluyen cursos amplios, obligatorios y que tienen en cuenta las cuestiones de género sobre los derechos de salud y los derechos humanos de las mujeres y también sobre la violencia de género, desde la educación formal para la obtención de diplomas hasta los niveles de postgrado. Además, el Ministerio de Salud organiza ocasionalmente seminarios y cursos especializados para los profesionales de la salud.

El Gobierno de Guyana se complace en observar que se ha producido un impulso sostenido para educar al público sobre la planificación familiar y la anticoncepción por parte del Ministerio de Salud Pública y, más concretamente, a través de los Departamentos Regionales de Salud de las regiones del interior 1, 7, 8 y 9. Habida cuenta de la tasa de embarazos en la adolescencia, inaceptablemente alta, así como de los embarazos de alto riesgo y de las complicaciones de la maternidad que se registran en las regiones del interior, estas intervenciones han comenzado en el ámbito de las escuelas, los consejos de las aldeas y las organizaciones basadas en la comunidad. Para las mujeres que solicitan atención prenatal y posnatal, se ponen a su disposición servicios de anticoncepción y educación en el paquete de los servicios de salud maternoinfantil. Por ejemplo, en 2014 un total de 24 médicos y enfermeras de las diez regiones administrativas recibieron formación en el uso de anticonceptivos y regresaron a sus regiones con kits de dispositivos intrauterinos. Una vez más, se pide al Comité que se remita al artículo 16 sobre el matrimonio y relaciones familiares, párrafos 126 y 127, para informarse más detalladamente.

De acuerdo con los compromisos de la CEDCM y de Beijing+20 con el objeto de eliminar las barreras sociales y regulatorias a la información sobre salud reproductiva y atención para adolescentes, el Estado parte ha tomado medidas para asegurarse de que los proveedores sanitarios no restrinjan el acceso de las adolescentes a la información y el asesoramiento sobre salud reproductiva. A través del Fondo Temático para la Salud Materna que gestiona el UNFPA se prestó apoyo para la prevención y la reducción de las muertes maternas y el embarazo en la adolescencia. A través del programa de Salud Maternoinfantil (MCH), se han promocionado los métodos anticonceptivos (que incluyen las colocaciones de dispositivos intrauterinos, píldoras, preservativos e inyecciones, entre otros) entre las mujeres y hombres que viven en comunidades aisladas, así como en todos los establecimientos de salud pública en las cuatro regiones del interior. Además, mediante el Programa de Extensión Quirúrgica se ha facilitado el acceso a otros métodos y se han proporcionado métodos permanentes a las mujeres. Estos servicios se han reforzado mediante el desarrollo de la capacidad de 30 trabajadores sanitarios especializados en asesoramiento sobre anticonceptivos. El UNFPA también ha proporcionado apoyo al desarrollo de la capacidad para el Ministerio de Salud en la esfera de los métodos de planificación familiar.

También ha sido necesario desarrollar la colaboración interinstitucional entre los Ministerios de Salud Pública y Educación para el diseño conjunto de los materiales de información, educación y comunicaciones para su distribución en las escuelas, que incluyesen contenidos educativos sobre salud sexual y reproductiva destinados a los adolescentes varones y mujeres, prestando especial atención a la prevención de los embarazos en la adolescencia. Esto ha sido complementario al Programa de Educación sobre la Salud y la Vida Familiar en todas las escuelas de enseñanza secundaria, que incorpora la prevención del embarazo en la adolescencia en el plan de estudios y métodos de prevención de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida. La Guyana Responsible Parenthood Association (GRPA), un grupo de promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, también se ha esforzado por educar a las comunidades sobre la planificación familiar y su importancia en nueve de las regiones administrativas del país. A través de la colaboración del UNFPA con la ONG Women Across Differences, se puso en marcha un programa de empoderamiento integral para reducir los embarazos en la adolescencia, en el que inicialmente participaron más de 500 adolescentes, con una tasa de éxito del 90% en la prevención de un segundo o tercer embarazo.

Otro proyecto de colaboración con el UNICEF se concretó en el desarrollo de la Iniciativa de Empoderamiento Juvenil, diseñada para las comunidades carentes de servicios adecuados y las áreas aisladas de las zonas del interior. Esta iniciativa cuenta con un amplio componente de salud sexual y reproductiva que también aborda los embarazos en la adolescencia. El Gobierno de Guyana consideraba que la salud de los adolescentes era una prioridad nacional y estableció una Dependencia de Servicios de Salud de los Adolescentes dentro del Ministerio de Salud Pública y tomó medidas concretas que dieron como resultado beneficios para los jóvenes, especialmente las niñas. Como proyecto experimental, la dependencia puso en marcha los Clubes de Salud Escolares en la Región 10, para después organizar clubes similares en otras tres regiones, que se pusieron en marcha en 2016.

El suicidio es una epidemia importante y el Gobierno de Guyana, en particular el Ministerio de Salud Pública, sigue combatiéndola como una prioridad sanitaria nacional y es muy receptivo a las alianzas para superar el déficit de establecimientos adecuados y profesionales cualificados. Según la OMS, hay 44,2 suicidios por cada 100.000 guyaneses, con un promedio de 200 muertes anuales a causa del suicidio en los últimos cinco años. Según un estudio reciente sobre los comportamientos suicidas en Guyana, entre 2010 y 2012 se produjeron 673 muertes por esta causa. Los guyaneses con orígenes en las Indias Orientales representan el 80% de los casos de suicidio y la mayoría de estos casos se concentran en las zonas costeras del país (regiones 2, 6, 3, 4 y 5). La tasa más alta de suicidios entre los guyaneses de ascendencia india oriental se detectó en la Región 2 (52,7%), seguida por la Región 6 (50,8%), y la Región 3 (37,3%). Las regiones 7, 9 y 10 informaron de casos aislados de muertes por suicidio. Las tasas de suicidio anuales han sido sistemáticamente más elevadas en la Región 2 (52,7-muertes por cada 100.000 personas) y la Región 6 (50,8 suicidios por cada 100.000 personas). A continuación, seguían la Región 3 (37,3 muertes por cada 100.000 personas), la Región 4 y la Región 5, que están situadas en las zonas costeras del país.

La prevalencia de este fenómeno también es evidente desde el punto de vista geográfico para los casos de intentos de suicidio. Los informes estadísticos desvelaron una relación estimada de 20 a 25 casos de intentos por cada muerte por suicidio. La información seleccionada de un estudio nacional también puso de manifiesto que los grupos de edad más afectados son aquellos compuestos por personas de 12 a 18 años (el 30%) y de 19 a 25 años (el 20%), lo cual está en consonancia con la mayoría de los informes epidemiológicos a nivel mundial. Las mujeres intentan suicidarse con más frecuencia (el 75%), con una proporción de casi 3 a 1. Los guyaneses de ascendencia india oriental representaron el 50% de los casos (una proporción menor en comparación con los fallecimientos por suicidio) y los guyaneses de ascendencia africana representaron el 25,9% de casos. La alta incidencia de los intentos de suicidio se concentra en las regiones 6, 5, 4, 3 y 2, y en el resto de las regiones se producen casos aislados. Los datos revelan también que los casos de intentos de suicidio se produjeron en los siguientes grupos de personas: personas solteras (el 60%), personas sin hijos (el 68%) y personas que viven con familiares.

En general, se dispone de servicios de salud mental en todo el país, pero el servicio no es de calidad óptima debido a la falta de profesionales cualificados y que trabajen a tiempo completo. En las comunidades de las zonas del interior y en otras zonas aisladas, los servicios se prestan dependiendo de la extensión, durante períodos de tiempo limitados. En los últimos cinco años, la insuficiencia de los servicios de salud mental ha planteado un reto para reducir la prevalencia del suicidio. El Gobierno de Guyana está preocupado por su capacidad para atender a las personas afectadas por enfermedades mentales de una forma adecuada y oportuna. Se están tomando medidas para poner en práctica el Plan de Acción Nacional de Salud Mental (2015‑2020), en consonancia con los marcos globales y regionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS para la salud mental y con las prioridades definidas en la Estrategia Nacional para el Sector de la Salud (2013‑2020), prestando especial atención a los resultados, los indicadores y las metas.

Artículo 13: Igualdad de acceso a las prestaciones sociales y económicas

El principal objetivo del Gobierno de Guyana para garantizar la igualdad de acceso a las prestaciones sociales y económicas quedó reflejado en los presupuestos nacionales durante el período que se examina, que garantizan prestaciones para todos los ciudadanos. La filosofía del anterior Gobierno consistía en que las asignaciones que beneficiasen a la familia redundasen en beneficio de las mujeres. Por ejemplo, gracias a las inversiones en infraestructuras que ayudan a acceder a la atención sanitaria y a las escuelas se pueden reducir los costos de acceso a las familias; las inversiones en infraestructuras de apoyo al suministro de agua potable mejoran el saneamiento, reducen las enfermedades y reducen el número de horas dedicadas a la atención de los niños y el hogar. El sector social sigue siendo una prioridad en los presupuestos nacionales y en los programas de planificación del desarrollo a mediano plazo, como se indica en las respuestas que figuran en el artículo 4, párrafos 55 a 58, y en el artículo 14, párrafos 120 a 125.

Artículo 14: Promoción de la igualdad de acceso y la participación de las mujeres rurales

Salud

Las familias del interior y las zonas ribereñas tienen acceso a servicios de salud en 188 puestos sanitarios, 136 centros de salud, 18 hospitales de distrito y 6 hospitales regionales. La prestación de servicios de salud se ve reforzada por un Coordinador del Interior del Departamento de Servicios Regionales de Salud del Ministerio de Salud Pública. Además de la infraestructura sanitaria, el Gobierno de Guyana ha prestado especial atención a la mejora de las competencias de los profesionales de la salud que prestan servicios a las comunidades rurales y del interior. Los equipos de respuesta inicial, como los trabajadores sanitarios de la comunidad, han recibido la formación en técnicas microscópicas para analizar las manchas de la malaria, ya que esta enfermedad ha sido un importante problema de salud pública en las comunidades del interior.

Algunos de los principales desafíos para la prestación de servicios en estas áreas son el equilibrio entre las inversiones en infraestructuras de salud en las aldeas con la cultura de asentamientos transitorios de los pueblos indígenas y también encontrar a profesionales cualificados dispuestos a trabajar fuera de los centros urbanos. En algunos casos, se han asignado médicos a los centros de salud con recursos limitados para el tratamiento de los pacientes o centros totalmente equipados se han infrautilizado debido a la escasez de personal médico y doctores. En otras palabras, no es raro encontrar escuelas o centros sanitarios perfectamente equipados en aldeas que la mayoría de la población indígena ha abandonado para trasladarse a otra aldea carente de esas instalaciones. Por otra parte, para los sucesivos gobiernos ha sido un reto seguir estableciendo nuevos servicios de salud y otros servicios sociales en las comunidades consideradas aisladas. Se trata de comunidades con una población total de hasta 250 personas y situadas a más de ocho horas de distancia (en tiempo de viaje contado desde el centro de la comunidad) de localidades con 1.000 habitantes o más.

En respuesta a la demanda de servicios de salud en las comunidades aisladas, el Gobierno de Guyana ha venido ejecutando un programa itinerante de difusión de las intervenciones quirúrgicas y negoció acuerdos sanitarios bilaterales con los países vecinos, el Brasil y Suriname, con los que comparte frontera. En primer lugar, la mejora de la prestación de servicios de salud en las comunidades aisladas entrañaba una alianza público‑privada para establecer un programa itinerante de difusión de las intervenciones quirúrgicas, que viajó a comunidades aisladas para practicar intervenciones de cirugía general, así como para prestar servicios de ortopedia y ginecología. En segundo lugar, gracias al acuerdo alcanzado entre Guyana y el Brasil sobre la prestación de servicios de salud a las comunidades fronterizas, las poblaciones del interior que viven cerca de la frontera con el Brasil pueden acceder a los servicios básicos, aunque debe iniciarse un procedimiento de derivación del paciente desde un hospital regional en Guyana. Del mismo modo, el Acuerdo de Cooperación Sanitaria alcanzado entre Suriname y Guyana incluye el acceso de las personas itinerantes y las poblaciones móviles a los establecimientos y los servicios de salud, así como a campañas de salud y planes conjuntos para la difusión de vacunaciones.

Educación

El acceso a la educación de los pueblos indígenas que viven en las zonas del interior y ribereñas ha mejorado gracias a la construcción de escuelas de enseñanza preescolar y primaria y de 13 escuelas secundarias que cuentan con residencias para más de 5.500 estudiantes en las regiones del interior. El acceso a becas de estudios locales e internacionales para facilitar que los estudiantes residentes en el interior prosigan su formación en la educación secundaria y los estudios postsecundarios en diversas disciplinas también ha mejorado el empoderamiento de las niñas. Los docentes que trabajan en zonas remotas reciben también incentivos y pueden participar en el Programa de Certificación de Formación de Docentes mediante la educación a distancia. Con arreglo al Plan de la Población Amerindia, se ha hecho mayor hincapié en las matemáticas, la ciencia y la tecnología, con el fin de proporcionar a los jóvenes graduados instrumentos suficientes para que se incorporen de forma productiva a la economía y disfruten de medios de vida sostenibles. El Ministerio de Educación reconoció la necesidad acuciante de ampliar los planes de estudios del sistema educativo para incluir los deportes y las artes creativas, haciendo hincapié en habilidades y conocimientos culturales específicos, como las técnicas de tejido y la cestería en las comunidades del interior. El resultado previsto es que estas nuevas materias incrementen el atractivo de la escuela para los jóvenes, contribuyan a aumentar la asistencia y reduzcan la tasa de deserción escolar.

El Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas, que gestiona el Programa de Becas del Interior para la educación secundaria y los estudios postsecundarios, también ha alentado a los estudiantes a dedicarse a estudios no tradicionales y profesiones en demanda para el desarrollo de las zonas del interior, como la enfermería y la docencia. Entre 2011 y 2015, la mayoría de estudiantes que se beneficiaron del programa (el 57%) eran mujeres y entre quienes se beneficiaron de las becas para estudios postsecundarios a nivel nacional, el 42% eran mujeres, como se muestra en el anexo E.

Desde que asumió el poder en mayo de 2015, el Gobierno de APNU+AFC ha reconocido que, en las zonas del interior y las comunidades rurales y aisladas, los servicios de transporte escolar inadecuados suponen una gran barrera. Por eso ha diseñado la Iniciativa 5 B, descrita en el artículo 4, párrafo 60, con el fin de mitigar este problema.

Servicios de agua limpia y saneamiento

Los pueblos indígenas y los residentes de las regiones interiores y ribereñas han sido vulnerables a los efectos negativos provocados por las actividades de la minería y por el cambio climático. Guyana prohibió la extracción de oro directa de los ríos en un intento por dar respuesta a las crecientes denuncias por casos de agua potable contaminada. A pesar de esta prohibición, en algunas partes del país siguen dándose casos, que afectan a las principales fuentes de agua de las comunidades indígenas. A través de la Comisión de Geología y Minas y de la Agencia de Protección Ambiental, el Gobierno de Guyana ha ido ampliando la prevalencia de la vigilancia y ha sancionado las violaciones y los incumplimientos cometidos por inversionistas privados infractores y por grandes empresas mineras.

Proyectos de generación de ingresos

La minería es una de las principales actividades económicas en las zonas del interior. El auge de los precios del oro a nivel mundial durante el período que se examina atrajo a Guyana tanto a inversionistas extranjeros como a grupos de personas dedicados a la minería artesanal. Los pueblos indígenas titulares de tierras comunitarias tienen derecho, tanto por ley como en la práctica, a beneficiarse de la minería comercial o a otorgar permisos a los prospectores. Este proceso ha sido gestionado por el Consejo de Aldeas Amerindias y se convierte en una fuente de ingresos para las aldeas, que les permite participar en los proyectos de desarrollo comunitario que determinen.

Las mujeres rurales desempeñan un papel importante en la agricultura, que es esencial para el desarrollo de la economía. Se han establecido programas especiales para erradicar la discriminación contra la mujer y, en consecuencia, ha aumentado el número de mujeres reconocidas como agricultoras por derecho propio. Además, cada vez son más las mujeres que se asocian con hombres en granjas familiares y son las principales cultivadoras de los huertos. Su participación en la producción alimentaria doméstica es particularmente importante y desempeñan un papel clave en la contribución a la autosuficiencia alimentaria.

Durante el período que se examina, una nueva cartera del Fondo de Desarrollo Amerindio dentro de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono proporcionó financiación para apoyar el desarrollo socioeconómico de aproximadamente 180 comunidades o aldeas amerindias. En la primera etapa de financiación, 26 comunidades y aldeas del interior se beneficiaron de hasta 5.000.000 de dólares de Guyana para proyectos de generación de ingresos aprobados por la comunidad o aldea. La ejecución de varios de estos proyectos se tradujo en mejoras para la infraestructura de las aldeas, el turismo, la producción, las empresas, la minería y los servicios de transporte. La financiación adicional asignada a las comunidades rurales y del interior se ha canalizado a través de subsidios presidenciales destinados a mejorar sus perspectivas de desarrollo económico. Entre 2011 y 2014, el Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas concedió 736.600 dólares de Guyana en forma de subsidios presidenciales. Estos subsidios financiaron proyectos como la creación de tiendas para las aldeas, la construcción de embarcaciones de pasajeros, carga y pesqueras, la adquisición de minibuses, tractores y vehículos todo terreno, entre otras iniciativas para mejorar la calidad de vida en las aldeas.

El Estado parte sigue haciendo frente a las costumbres y prácticas tradicionales negativas en las zonas rurales y del interior, que impiden que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos, mediante medidas encaminadas a empoderar a todas las mujeres. Además, la participación política de la población rural y los pueblos indígenas en la vida pública se ha reforzado mediante la visibilidad de las mujeres que ocupan cargos públicos en los planos nacional, regional y comunitario. En la actualidad, dos mujeres de ascendencia amerindia ocupan carteras ministeriales en el Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas y el Ministerio de las Comunidades. Tras el cambio de Gobierno en 2015, de los siete -diputados amerindios del Parlamento, cinco son mujeres. El Gobierno anterior (de 2011 a 2015) también contó con dos ministras amerindias que ocuparon carteras en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Asuntos Amerindios, hoy denominado Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas.

El Gobierno de Guyana ha facilitado el aumento de la participación de las mujeres indígenas mediante la creación de un Consejo Nacional de Toshaos (el órgano representativo jerárquicamente superior de las comunidades amerindias con arreglo a la Ley de los Amerindios de 2006, parte IV, artículo 41) para la planificación del desarrollo en las comunidades del interior. Durante el mismo período, el Consejo Nacional de Toshaos eligió a una mujer como presidenta por primera vez entre 2007 y 2012. El Consejo está compuesto por 186 toshaos por elección y altos consejeros, de los que el 10% eran mujeres (el porcentaje ascendió al 15% en 2015). En el nivel del gobierno local, también se ha ampliado la representación de las mujeres en los Consejos de Aldeas Amerindias. En junio de 2016, de los 116 toshaos por elección, el 25% eran mujeres.

Las mujeres amerindias ocupan los cargos de Presidenta y Vicepresidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas, cuyo mandato de promover los derechos de los amerindios está establecido en la Constitución de Guyana. De los 10 comisionados, 4 son mujeres. Esta proporción cumple la disposición constitucional según la cualde los tres candidatos propuestos por el Consejo Nacional de Toshaos“uno debe ser mujer” y de los dos candidatos de las organizaciones amerindias, uno debe ser mujer (Constitución, artículo 212, párrafo b) para conformar la Comisión de losPueblos Indígenas.

Artículo 16: Matrimonio y relaciones familiares

Asegurar la criminalización de facto del matrimonio infantil

El Código Civil (la Ley de los Derechos de las Personas en Unión de Hecho) de 2012 se promulgó en julio de 2012. El artículo 2 1) establece que cuando una mujer soltera y un hombre soltero han vivido juntos en una relación de hecho por un período no inferior a cinco años inmediatamente anterior al fallecimiento de uno de ellos y la persona fallece sin haber dejado testamento, el hombre o mujer supérstite tendrá derecho a las mismas facultades y derechos en materia de sucesión intestada que una viuda o un viudo o un cónyuge supérstite de conformidad con el Derecho Civil de la Ley de Guyana de Sucesión de Personas Fallecidas o cualquier otra ley relativa a la sucesión intestada. Por consiguiente, para que una persona tenga derecho a solicitar cartas de administración en virtud de la ley, se deben cumplir dos condiciones: a) ambas partes deben estar solteras en el momento de la cohabitación, y b) la cohabitación debe perdurar por un período no inferior a cinco años e inmediatamente anterior al fallecimiento de una de las partes.

Entre 2011 y 2015, las ONG que colaboran con el Ministerio de Salud Pública intensificaron las campañas de sensibilización orientadas a mejorar la educación de las mujeres acerca de sus derechos en virtud de la Convención, en lo que respecta a los estereotipos negativos tradicionales que impiden su libre elección en relación con la salud reproductiva. En particular, la Guyana Responsible Parenthood Association (GRPA) ofreció una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva, orientación y educación, además de asesoramiento para los defensores de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Proporcionaron 135.009 servicios en nueve regiones administrativas del país. Durante 2014, con el apoyo del UNFPA, la GRPA puso en marcha una iniciativa nacional de planificación familiar en las regiones costeras de Guyana, con el fin de reducir las lagunas en esa esfera y atender las necesidades insatisfechas. Los componentes del proyecto abarcaban la prestación de servicios, la educación de las comunidades sobre la planificación familiar y su importancia para lograr una vida familiar equilibrada, la comunidad y la sociedad, y fomentar la confianza entre las mujeres y los hombres en el uso de anticonceptivos. En total, 3.649 personas se beneficiaron directamente, incluidos trabajadores sanitarios de la comunidad y matronas. La ONG Women Across Differences, en colaboración con el UNFPA, puso en marcha intervenciones para reducir los embarazos en la adolescencia y también promocionó la planificación familiar entre las madres jóvenes en varias comunidades. Un resultado de la iniciativa fue el establecimiento de “Madres Jóvenes del Cambio”, donde las madres jóvenes eligen a escuelas y comunidades para interactuar con sus pares sobre el tema de la reducción de los embarazos en la adolescencia.

En 2014, el Ministerio de Salud Pública colaboró con la GRPA, con la International Planned Parenthood Federation y con la Corporación del Hospital Público de Georgetown para realizar un curso de formación de formadores de los profesionales de la medicina para 20 médicos y 16 enfermeras que prestan servicios de aborto. Al año siguiente, la GRPA añadió un taller de formación contra la estigmatización del aborto, en el que participaron 30 jóvenes y 5 adultos. Los jóvenes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales y las personas transgénero también han sido poblaciones destinatarias de las campañas. Solamente en el último año, 5.974 jóvenes se beneficiaron directamente del Centro de Adolescentes y Jóvenes, que ofrece un entorno, servicios, educación, formación y asesoramiento adaptados a las necesidades de los jóvenes.

Otras observaciones finales

Recomendación 41: Reunión de datos

Guyana no ha establecido aún un conjunto básico de indicadores nacionales para supervisar el progreso de la igualdad entre los géneros, como se indica en el párrafo 41 de las observaciones finales, pero tiene la intención de trabajar en esta iniciativa en un futuro próximo. A pesar de esta laguna en el seguimiento y la evaluación, el Gobierno de Guyana utiliza indicadores relacionados con la consecución de los ODM para evaluar y presentar informes sobre los progresos realizados. En la actualidad, los datos se recogen en los departamentos de estadística de los Ministerios de las Comunidades, Finanzas, Educación, Salud, Protección Social y Orden Público y en diversas instituciones en el ámbito de competencia del Ministerio de Asuntos Jurídicos, así como en el Régimen de Seguridad Social Nacional, la Comisión Electoral de Guyana, la Oficina del Registro General, donde se inscriben los nacimientos, las defunciones y los matrimonios, y la Autoridad Fiscal de Guyana.

En los últimos cinco años, la Oficina de Estadística de Guyana ha venido realizando esfuerzos para invertir en la reunión de datos y los sistemas de gestión de datos en el sector social, de la seguridad y financiero, y funciona como archivo central de estadísticas nacionales. La colaboración entre el UNFPA y la Oficina de Estadística en la formación llevada a cabo para el desarrollo de la capacidad tenía como objetivo dotar al personal de la Oficina de los conocimientos necesarios del software del Sistema de Procesamiento de Censos y Encuestas, como parte de los preparativos para la revisión y la limpieza de los datos del censo durante la etapa de verificación de la fase de procesamiento de datos suministrados para el análisis específico de género del Censo Nacional de 2012. En 2013, el UNICEF ayudó al Ministerio de Salud, el PNUD, el UNFPA, la OPS y la OMS y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) en la realización de la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados. Además, el UNICEF ha apoyado el fortalecimiento de los sistemas de reunión de datos para la educación, la salud y la protección de la infancia.

Además, el uso de DevInfo en Guyana se inició en 2006 y se revitalizó en 2012 para actualizar la adaptación del programa DevInfo para Guyana con datos del país disponibles y procedentes de todas las principales fuentes desde el 2002 (el censo, la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, la Encuesta Demográfica y de Salud y la Encuesta de Indicadores sobre el Sida), desglosados por edad, sexo, ubicación geográfica y origen étnico. Se llevó a cabo un programa de formación de usuarios para 61 personas de los Ministerios del Gobierno, la secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Oficina de Estadística, la Universidad de Guyana (en los campus de Turkeyen y Tain), organizaciones de la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas (UNICEF, PNUD, ONUSIDA y OIM), para que el país contara con la capacidad necesaria para la utilización de GuyD_Info.

Además, en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Orden Público ha establecido un Sistema Integrado de Información sobre Delitos para recopilar información relacionada con la seguridad y la delincuencia. Cuando este proyecto se encuentre en pleno funcionamiento, los encargados de formular políticas y otras partes interesadas que ejecuten programas para las mujeres y las niñas podrán evaluar las tendencias de la violencia por razón de género y los avances conseguidos por los programas de empoderamiento de las mujeres.

En el ámbito de la planificación nacional, el Ministerio de Finanzas ha llevado a cabo actividades de formación en materia de seguimiento y evaluación para funcionarios de los Ministerios y organismos públicos, a fin de facilitar la mejora del seguimiento y la evaluación de los programas que se ejecuten en diversos sectores, como la educación, la salud y los servicios sociales. Uno de los principales desafíos que hay que afrontar es la colaboración interinstitucional y la reunión normalizada obligatoria de datos utilizando instrumentos estandarizados en todos los sectores, para agregar los efectos de la incorporación de la perspectiva de género desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional. El Gobierno se ha comprometido a implantar sistemas que podrían facilitar el almacenamiento electrónico y la catalogación de la información relevante para ayudar con el acceso a los datos a nivel nacional. Todavía se necesitan esfuerzos considerables para desarrollar la capacidad de la Oficina de Estadística de dirigir y coordinar las actividades de reunión de datos, a fin de reorientar y trabajar eficazmente con otros ministerios, la sociedad civil y las comunidades locales.

Recomendación 42: Ratificar el Protocolo Facultativo

El Gobierno de Guyana todavía está considerando la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención.

Recomendación 43: Enmienda al Artículo 20

El Estado parte sigue considerando la aceptación de la enmienda al artículo 20 1) de la Convención, relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité.

Recomendación 44: Plataforma de Acción de Beijing

El Estado parte tiene la intención de reforzar 11 esferas críticas de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+20) para facilitar y acelerar aún más la aplicación de la Convención. Durante el período que se examina, el Gobierno de Guyana incorporó muchas esferas críticas en los planes de desarrollo, con distintos grados de éxito. Las esferas críticas que estaban más en consonancia con los ODM acabaron por cobrar más impulso que otras. En este sentido, se ha implicado a la población mediante constantes programas de educación pública, formación y sensibilización.

Muchas partes interesadas de diversos sectores se han beneficiado de sesiones de educación pública y de concienciación sobre el género, con especial referencia a la Declaración de Beijing, realizadas entre organizaciones de mujeres y hombres, trabajadores de los sectores público y privado, diversas ONG, y organizaciones comunitarias y confesionales. La concienciación y la sensibilización sobre las cuestiones de género reforzaron las disposiciones de Beijing+20 mediante prioridades y objetivos nacionales.

Recomendación 45: Objetivos de Desarrollo del Milenio

El Gobierno de Guyana buscó establecer alianzas estratégicas con asociados internacional para el desarrollo, con el fin de traducir eficazmente los ODM en políticas concretas, en consonancia con el párrafo 45 de las observaciones finales para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de Guyana. El Estado parte también reconoció que la integración de la perspectiva de género en las principales políticas era imprescindible para el éxito de los ODM en 2015, concretamente en las esferas del empoderamiento de las mujeres, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza primaria universal, la reducción de la mortalidad en la niñez, la salud materna, el VIH/sida y también la sostenibilidad ambiental.

Guyana ha avanzado en la consecución del primer Objetivo (erradicar la pobreza extrema y el hambre), pero la proporción de personas que viven en la pobreza extrema debe reducirse aún más si se pretende alcanzar un nivel sustancial de igualdad entre los géneros y empoderamiento de las mujeres. En lo que respecta al segundo Objetivo, la meta de la enseñanza primaria universal se logró al conseguir la igual representación de niños y niñas en ese nivel educativo, a pesar de que el número de niños que han completado la enseñanza secundaria fue inferior al de niñas. Del mismo modo, se consiguieron avances respecto al tercer Objetivo, que consiste en promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Por lo general, las mujeres están bien representadas en la vida pública y continúan aspirando a ocupar puestos de categoría superior en los sectores público y privado. La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo aumentó desde el 33% en 2006 al 42% en 2011. El país también avanzó en la consecución de las metas del cuarto Objetivo mediante la reducción en dos terceras partes de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años y la universalización de la cobertura vacunal. La salud materna se ha visto reforzada por la mejora de la cobertura de la atención prenatal universal y un mayor acceso a mejores instalaciones, factores que han contribuido a progresar hacia la consecución de este objetivo. La prioridad clave para avanzar en el quinto Objetivo ha sido mejorar la calidad de la atención que ofrecen los profesionales de la asistencia sanitaria para alcanzar por completo la meta. Uno de los desafíos detectados ha sido la falta de autorización para que las matronas ejecuten ciertas funciones básicas de urgencia durante los partos. Esto requiere ajustes en la política y los programas. A este respecto, la revisión de la legislación de las matronas (alcance de su práctica) en consonancia con los estándares de la Confederación Internacional de Matronas y del plan de estudios de formación se benefició del apoyo fundamental del UNFPA y de la OPS y la OMS. Como se indica en el Informe de 2011 de los ODM, ha habido un progreso constante hacia el logro del sexto Objetivo (combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades). A finales de 2011, la prioridad clave para el Gobierno de Guyana era intensificar las actividades relativas al VIH/sida a fin de concienciar, aumentar la prevención y mejorar el tratamiento de los grupos de población clave. Guyana ha mostrado interés en integrar los principios del desarrollo sostenible en la planificación nacional. Por lo tanto, se han alcanzado éxitos notables en el logro del séptimo Objetivo (reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico), aunque ha planteado importantes desafíos debido a la geografía y los costos de las infraestructuras.

En 2011, gracias al seguimiento de los progresos de los ODM se reorientaron las prioridades de programas, recursos y asistencia técnica, para que el Gobierno pudiese acelerar los avances en los objetivos relacionados con el género, más concretamente el Objetivo 5. Guyana presentó tanto el informe sobre los progresos realizados como el informe final en relación con los ODM a la sesión del examen ministerial anual del Consejo Económico y Social en julio de 2011 y julio de 2016.

Recomendación 46: Difusión del informe

El Gobierno actual se compromete a mejorar los mecanismos de participación ciudadana, como recomendó el Comité (párrafo 46) para la divulgación y la difusión de futuras observaciones finales y de los resultados de los documentos de los foros conexos. Desde que asumió sus funciones, uno de los principales retos había sido la localización de un archivo central de programas y evaluaciones sobre el número de las iniciativas llevadas a cabo durante los últimos cinco años e impulsadas por el país para empoderar a las mujeres, los hombres y los niños. Junto con este desafío también está el enfoque coordinado entre las partes interesadas, que permite el intercambio de información, la labor de promoción debidamente fundamentada en datos, la presupuestación con perspectiva de género y un liderazgo nacional y local firme para difundir los debates en torno a la CEDCM, Beijing+20, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las obligaciones conexas. Véase también la sección relativa a la visibilidad de la Convención en el párrafo 34 de este mismo informe, que detalla los pormenores del enfoque de difusión durante el período que se examina.

Recomendación 47: Ratificación de otros tratados

La ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas sigue siendo objeto de examen por el Gobierno de Guyana. Sin embargo, el Estado parte se complace en señalar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada el 25 de junio de 2015.

Recomendación 48: Asistencia técnica

En respuesta a la recomendación del Comité (párrafo 48), el Gobierno de Guyana se complace en informar de que ha mantenido contactos constructivos con asociados multilaterales y bilaterales para consolidar los logros y acelerar los programas y planes en consonancia con los objetivos nacionales y con las obligaciones internacionales para promover los derechos de la mujer y la igualdad entre los géneros. Guyana ha logrado progresos considerables en la mejora del derecho de la mujer mediante el apoyo a los programas de ONUSIDA, el PNUD, el UNFPA, el UNICEF, el UNIFEM (ahora ONU‑Mujeres), la OPS y la OMS, la CARICOM y acuerdos de cooperación para programas por países del Banco Interamericano de Desarrollo, programas de apoyo e intervenciones sobre la violencia por razón de género, la protección de la infancia, la salud, la educación, el medio ambiente y la promoción de los derechos humanos en colaboración con varios Ministerios y ONG. Los acuerdos de cooperación multilaterales, entre los que figuran el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2012‑2016), el Plan de Acción para el Programa del País del UNICEF (2012‑2016) y la Estrategia de Cooperación Nacional de la OPS y la OMS (2010‑2015), han sido mecanismos para mantener el apoyo de los donantes internacionales y la planificación nacional con respecto a la aplicación de las recomendaciones del Comité. La asistencia técnica de los asociados bilaterales, como el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, UK Aid (anteriormente, DFID), la Unión Europea y USAID, también ha contribuido a mejorar el marco jurídico, fortalecer los mecanismos institucionales, dotar a los profesionales cualificados con conocimientos conexos y mejorar los programas y los servicios relacionados con las mujeres y las niñas víctimas de la violencia por razón de género, los derechos sexuales y reproductivos, la salud, la economía, el medio ambiente, la seguridad y la trata de personas.

Recomendación 49: Seguimiento de las observaciones finales

El Gobierno de la República de Guyana ha cumplido su obligación de presentar un informe provisional al Comité sobre las medidas destinadas a aplicar las recomendaciones contenidas en los párrafos 13 y 15 de las observaciones finales de 2012, así como de responder al Comité sobre los párrafos 11 y 17 en julio de 2014. Esta última información, no obstante, fue enviada el 29 de septiembre de 2015.

Parte III: Disposiciones específicas para promover la CEDCM

Artículo 9: Igualdad de derechos para adquirir, cambiar o conservar la nacionalidad

El Gobierno de Guyana, a través de la Oficina del Registro General, garantiza el derecho a un nombre y a una identidad o el reconocimiento por nombre y nacionalidad, previsto en la Constitución y la ley. En virtud de la Ley de Nacimientos y Defunciones, capítulo 44:01, el registro de los nacimientos es gratuito, pero se paga una tasa para obtener el certificado. Este es un esfuerzo por garantizar que las niñas y los niños tengan una nacionalidad desde el nacimiento. Según el informe de evaluación, política y práctica del registro de los nacimientos de octubre de 2011, elaborado por el UNICEF y la Comisión de los Derechos del Niño, se había registrado el 91% de los nacimientos de los niños menores de 5 años. El informe no encontró disparidad entre los géneros en lo que respecta al registro de los nacimientos, ya que se constató un registro de niñas del 51%. A fin de lograr el registro universal de los nacimientos, se han creado alrededor de 200 oficinas de inscripción descentralizadas en todo el país y el personal de la Oficina del Registro General debe también visitar aldeas ribereñas y del interior y velar por que se registren todos los nacimientos. La Oficina del Registro General de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios trabaja específicamente con los Funcionarios de Desarrollo Comunitario del Departamento de Bienestar del Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas para facilitar a los pueblos indígenas el registro tardío de nacimientos que nunca se habían registrado y que no poseen un certificado de nacimiento. El registro tardío de los nacimientos es un mecanismo para garantizar que puedan inscribirse con la ayuda del Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas aquellos niños nacidos antes de 2000 y que nunca se habían registrado. Los certificados de nacimiento son esenciales para que los ciudadanos puedan acceder a otros servicios sociales y para ejercer su derecho de voto.

A través de la Oficina de Inmigración y Pasaportes, el Gobierno de Guyana sigue cumpliendo su compromiso de otorgar a las mujeres igualdad de derechos con respecto a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Las mujeres casadas pueden conservar su apellido de soltera, asumir el de su marido o utilizar una combinación de su apellido de soltera y del apellido de su marido. Una mujer divorciada tiene derecho a seguir utilizando el apellido de su marido o recuperar su apellido de soltera.

Artículo 15: Igualdad ante la ley y en materias civiles

El Estado parte desea informar al Comité de que no existe ninguna restricción a la circulación de personas en la legislación ni en la práctica. Las mujeres disfrutan de igualdad ante la ley, como los hombres (de conformidad con la Constitución), y pueden firmar contratos y administrar bienes en igualdad de condiciones en todas las etapas de los procedimientos en los tribunales y en las operaciones civiles y comerciales.

De conformidad con el artículo 148 1) de la Constitución, todas las personas tienen derecho a circular libremente en Guyana y a residir en cualquier parte del país. No existe ninguna distinción por motivos de sexo. La Constitución no impone restricciones sobre la residencia; por lo tanto, el matrimonio no limita el derecho de la mujer a elegir su lugar de residencia. El domicilio de una mujer no depende del de su esposo, dado que tiene derecho a la ciudadanía guyanesa en virtud de su nacimiento o ascendencia. También pueden obtener la ciudadanía, si así lo desea, al registrarse como ciudadana con motivo de contraer matrimonio con un ciudadano de Guyana. La mujer mantiene su domicilio de origen, es decir, cuando es ciudadana guyanesa por nacimiento o conforme al principio del domicilio de elección, a menos que renuncie a su ciudadanía.

Referencias

1.PNUD, 2015. Informe sobre Desarrollo Humano 2015: Trabajo al servicio del - desarrollo humano. Versión en línea. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 14 de diciembre. Consultado el 22 de junio de 2016. Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2015‑human‑development‑report.html.

2.Fondo Monetario Internacional, 2016. Base de Datos de las Perspectivas de la Economía Mundial, 30 de junio.

3.Oficina de Estadística de Guyana, 2007, Censo de Población y Vivienda de Guyana. Oficina de Estadística, Agencia del Gobierno de Guyana. 19 09. Consultado el 25 de junio de 2016. Disponible en: https://www.statisticsguyana.gov.gy/census.html.

4.Organización Mundial de la Salud, 2014, “Esperanza de vida mundial”, Clasificación de la salud de la OMS. 0 0. Esperanza de vida.

5.Agencia Central de Inteligencia, 2017. The World Factbook, Central Intelligence Agency Library: Guyana, 12 de enero. Consultado el 15 de enero de 2017. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the‑world‑factbook/geos/gy.html.

6.IPED, 2015, Institute of Private Enterprise Development Reports. IPED Guyana, 30 de septiembre. Consultado el 30 de julio de 2016.

7.Ministerio de Finanzas, 2011, “Millennium Development Goals: Guyana Progress Report 2011”. Ministerio de Finanzas, Gobierno de la República de Guyana. 0 0. Consultado el 30 de julio de 2016. Disponible en: http://finance.gov.gy/images/uploads/documents/mdg_report_2011.pdf.

8.Foro Económico Mundial, 2016, The Global Gender Gap Index 2015Consultado el 2 de marzo de 2017. Disponible en: reports.weforum.org.

9.Gobierno de la República de Guyana, 2015, “Social Inclusion in Isolated Areas of Guyana. An Assessment”, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Ministerio de Relaciones Exteriores, Georgetown: no disponible.

10.Gobierno de la República de Guyana, 2014. Examen nacional de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Informe nacional, Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social, Georgetown: ONU‑Mujeres.