AAITG

Action Aid International The Gambia

BReST

Creación de Resiliencia mediante Transferencias Sociales para la Seguridad Nutricional

CEDAW

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

CEDEAO

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental

CTIM

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

EDS

Encuesta Demográfica y de Salud

EFTP

Enseñanza y formación técnica y profesional

ESI

Educación sexual integral

FAWEGAM

Filial de Gambia de la Asociación de Mujeres Africanas Especialistas en Pedagogía

FLAG

Asociación de Abogadas de Gambia

GAMCOTRAP

Asociación sobre las Prácticas Tradicionales de Gambia

GBoS

Oficina de Estadística de Gambia

GMIS

Sistema de Información para la Gestión de las Cuestiones de Género

GRTS

Servicio de Radio y Televisión de Gambia

HMIS

Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria

ICPPED

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

ICRMW

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

IPM

Índice de pobreza multidimensional

LGBT

Lesbianas, gais, bisexuales y transgénero

MCNHRP

Proyecto de Nutrición e Indicadores de Salud Maternoinfantil

MICS

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados

NAATIP

Organismo Nacional contra la Trata de Personas

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organización no gubernamental

PIB

Producto interno bruto

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PYMES

Pequeñas y medianas empresas

SIDA

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

SIG

Subsidio para la Mejora Escolar

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VIH

Virus de la inmunodeficiencia humana

WANEP

West Africa Network for Peacebuilding

I.Proceso preparatorio

Para la preparación de este informe, el Gobierno creó un equipo de tareas en el que participaron múltiples partes interesadas, al que se denominó Equipo de Tareas Interministerial y que estuvo integrado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional y Gambianos en el Exterior, el Ministerio de Tierras, Gobierno Regional y Asuntos Religiosos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, Industria, Integración Regional y Empleo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación Básica y Secundaria, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación Superior, Investigación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, la Secretaría de la Comisión Nacional de Población, la Asamblea Nacional, y organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales con sede en Gambia.

Bajo la orientación y supervisión del Ministerio de Justicia, un equipo de redacción emprendió la tarea de preparar el informe tras celebrar extensas consultas y reuniones con las partes interesadas de los ministerios e instituciones pertinentes con el fin de obtener información sobre los avances logrados y sobre las dificultades con que se había tropezado en la implementación de la Convención desde el anterior informe, elaborado en 2015.

El informe fue sometido a una revisión interna y a un taller de validación en que además fue presentado a participantes tanto del Gobierno como de distintas organizaciones de la sociedad civil para su consideración. Sus aportaciones, sugerencias y recomendaciones fueron incorporadas a la versión final del informe para su presentación ante el Comité.

II.Información general

Geografía

Gambia está situada a medio camino de la protrusión de la costa de África Occidental. Se extiende más de 400 km hacia el interior, de oeste a este, a ambos lados del río Gambia, y su anchura varía desde unos 50 km cerca de la desembocadura del río hasta unos 24 km río arriba. El país limita al norte, sur y este con la República del Senegal y al oeste con el océano Atlántico. El río Gambia, que recorre la totalidad del país desde las tierras altas de Futa Jallon, en la República de Guinea, hasta el océano Atlántico, divide la superficie terrestre del país, que es de 10.689 km2, en dos mitades casi exactamente iguales: la Ribera Sur y la Ribera Norte (Oficina de Estadística de Gambia [GBoS], 2007) [extraído de la Encuesta Demográfica y de Salud 20132].

Población

La capital, Banjul, situada en la isla del mismo nombre, tiene una población de 31.054 habitantes, excluyendo los suburbios, pero es superada en número de habitantes por Brikama (688.744) y Kanifing (377.134) (GBoS, 2013). En 2013 la población total de Gambia era de 1.857.181 habitantes (GBoS, 2013).

El país está dividido en siete áreas administrativas (dos municipios y cinco regiones): el municipio de Banjul (sede del Gobierno), el municipio de Kanifing, y las regiones de Costa Oeste, Cuenca Inferior, Ribera Norte, Cuenca Central y Cuenca Superior. Los municipios están gobernados por alcaldes y las regiones por gobernadores. Las regiones son administradas por jefes. Los consejos de las regiones provinciales están dirigidos por presidentes elegidos. Los distritos y los municipios se dividen en circunscripciones dirigidas por concejales elegidos. A efectos de encuestas y censos, el país está dividido en ocho zonas de gobierno local: Banjul, Kanifing, Brikama, Mansakonko, Kerewan, Kuntaur, Janjabureh y Basse.

Idiomas

El inglés es el idioma nacional oficial de Gambia. No obstante, en Gambia hay una gran variedad de grupos étnicos, a saber, mandinka, wolof, fula, jola, serahule, serer, manjago y criollo (krio), cada uno de los cuales conserva su propio idioma y sus propias tradiciones. El pueblo mandinka constituye el grupo más numeroso, seguido por el fula, el wolof, el jola y el serahule.

Religión

Los musulmanes constituyen el 96 % de la población (GBoS, 2013). El resto está integrado por cristianos y tradicionalistas. Los gambianos observan oficialmente las fiestas de ambas religiones y existe un alto grado de tolerancia religiosa.

Economía

Tras 22 años de gobierno autocrático, el nuevo gobierno ha heredado una grave situación económica y social y se enfrenta a la ingente tarea de reconstruir la economía. A pesar de los esfuerzos desplegados a lo largo de los años para combatir la pobreza, los niveles siguen siendo muy altos. Según la Encuesta Integrada de Hogares, en 2010 el porcentaje de hogares que vivían por debajo del umbral de pobreza de 1,25 dólares estadounidenses por día era del 48,4 %, y en 2015 del 48,6 %. Entre 2013 y 2018, el crecimiento medio del producto interno bruto (PIB) fue del 3,1 % anual, con lo que apenas pudo seguir el ritmo del crecimiento demográfico, que fue del 3,1 % (GBoS, 2013).

El Gobierno está decidido a llevar adelante reformas económicas, y la histórica transición a la democracia abre muchas oportunidades que podrían estimular el crecimiento y restaurar la estabilidad económica del país.

Aspectos constitucionales

Gambia se independizó el 18 de febrero de 1965 e inmediatamente adoptó el sistema de democracia multipartidista, hasta que el golpe militar de julio de 1994 derrocó al gobierno democráticamente elegido de Sir Dawda Kairaba Jawara. Tras dos años de régimen militar, en 1996 Gambia retornó al régimen civil, y se promulgó una nueva Constitución, la Constitución de 1997, que entró en vigor el 12 de enero de 1997. La Constitución consagra la democracia participativa, la separación de poderes, la independencia judicial y los derechos humanos fundamentales.

Gambia tiene un órgano legislativo unicameral, la Asamblea Nacional (Parlamento), que está integrado por 58 miembros, de los cuales 53 son elegidos por sufragio universal y 5 son nombrados por el Presidente, para un mandato de 5 años.

El artículo 7 de la Constitución de Gambia dispone que las leyes de Gambia incluyen las leyes de la Asamblea Nacional y la legislación subsidiaria promulgada en virtud de dichas leyes, los decretos aprobados por el Consejo Superior Provisional de las Fuerzas Armadas, el common law y los principios de equidad, el derecho consuetudinario en lo que respecta a los miembros de las comunidades a las que se aplica, y la sharía en lo que respecta a las cuestiones relativas al matrimonio, el divorcio y la herencia entre los miembros de las comunidades a las que se aplica.

Aspectos políticos

Gambia logró la independencia en 1965. En 1994 se produjo un golpe de Estado y el teniente Jammeh tomó el poder y gobernó como líder militar durante dos años antes de pasar a gobernar bajo un régimen civil en 1996. Continuó gobernando durante 22 años, hasta el 1de diciembre de 2016, cuando perdió las elecciones presidenciales. Inicialmente aceptó el resultado de las elecciones, pero luego cambió de opinión, lo que desencadenó un impasse político al que siguió la mediación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y el despliegue de una fuerza militar en Gambia para garantizar que dejara el poder pacíficamente. El Presidente Adama Barrow sucedió a Yahya Jammeh y asumió el poder el 19 de enero de 2017.

Desde que asumió el poder en enero de 2017, el actual gobierno se ha comprometido con la plena realización de los derechos humanos fundamentales de todas las personas en Gambia. Para ello, el Gobierno está llevando a cabo reformas constitucionales y jurídicas clave con el fin de consolidar los logros democráticos alcanzados por Gambia.

Sistema jurídico

El sistema jurídico de Gambia sigue el modelo del sistema jurídico inglés, ya que incorpora el common law, las doctrinas de equidad y los estatutos de aplicación general. En Gambia, la sharía es aplicable a más del 95 % de la población en calidad de derecho de las personas para asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio y la herencia.

III.Observaciones finales sobre el informe anterior de Gambia

El Comité examinó los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Gambia (CEDAW/C/GMB/4-5) en sus sesiones 1311ª y 1312ª, celebradas el 9 de julio de 2015 (véanse CEDAW/C/SR.1311 y 1312). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/GMB/Q/4-5, y las respuestas de Gambia figuran en el documento CEDAW/C/GMB/Q/4-5/Add.1.

Avances

Reforma jurídica

Se han producido avances significativos en la situación de las mujeres gambianas desde el más reciente informe, de 2015, especialmente con la promulgación de la Ley de Enmienda a la Ley de la Mujer relativa a la prohibición de la mutilación genital femenina, en 2015, y de la Ley de Enmienda a la Ley de la Infancia relativa a la prohibición del matrimonio infantil, en 2016. En 2019 se presentó ante el Gabinete un proyecto de ley de discapacidad para su aprobación, y está en curso la revisión de la Ley del Trabajo de 2007.

Dependencia de Lucha contra la Violencia Sexual y de Género

En 2018 se creó en el Ministerio de Justicia la Dependencia de Lucha contra la Violencia Sexual y de Género, a la que se encomendó la tarea de supervisar, investigar y procesar los casos de violencia sexual y de género, muy especialmente en lo que respecta a las mujeres, las niñas y los niños, y de proporcionar apoyo para el asesoramiento a las víctimas. Asimismo, se ha creado la Red contra la Violencia de Género, integrada por los ministerios y las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, y por su intermedio se han establecido en tres hospitales —el Edward Francis Small Teaching Hospital y los hospitales de Bansang y Kanifing— centros de atención integral que brindan asistencia médica y jurídica, asesoramiento y apoyo a las víctimas de la violencia sexual y doméstica.

Reforma judicial

En 2017, 5 de los 12 nombramientos de nuevos jueces de los tribunales superiores de Gambia correspondieron a mujeres, y 4 de los 7 jueces que integran el recién constituido Tribunal de Apelaciones de Gambia son mujeres, incluida la Presidenta del Tribunal. Por primera vez en la historia de Gambia, hay una jueza gambiana en la Corte Suprema, que está integrada exclusivamente por magistrados de origen autóctono. Diez de los 20 jueces que integran los tribunales superiores son mujeres, al igual que 22 de los 42 magistrados que integran los tribunales inferiores.

Proceso de justicia transicional

En los procesos de justicia transicional emprendidos por el Gobierno de Gambia, en particular en lo que respecta al establecimiento de una gobernanza transformadora para la reconstrucción de instituciones del Estado que respeten los derechos humanos y el estado de derecho, se han tenido muy en cuenta las cuestiones de género. Por ejemplo, 6 de los 11 miembros de la Comisión de Revisión Constitucional son mujeres, incluida la Vicepresidenta; 4 de los 11 miembros de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación son mujeres, incluida la Vicepresidenta, y 2 de los 5 miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son mujeres, incluida la Vicepresidenta.

Si bien se han logrado avances considerables en lo que respecta al adelanto de las mujeres, reconocemos que aún queda mucho por hacer, sobre todo en el ámbito de la participación política. Gambia aún no ha cumplido el requisito del 30 % de representación de la mujer en todos los niveles de gobierno, y somos conscientes de esta obligación. El proceso de revisión constitucional en curso ofrece también una buena oportunidad para mejorar en este ámbito.

El Gobierno ha adoptado deliberadamente una política de consultas públicas y de inclusividad en algunas de las principales actividades de reforma en materia de gobernanza. Esto se debe a la necesidad de contar con la participación pública a fin de lograr mayor legitimidad, y al reconocimiento de que es más probable que la población acepte los resultados si se le permite ejercer la titularidad de los procesos.

Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación

La Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Reparación fue creada con el objetivo de investigar los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante los 22 años de gobierno autoritario del ex Presidente Jammeh, fomentar la cohesión social y alentar la reconciliación nacional entre los gambianos, hacer frente a la impunidad y reconocer los derechos y la dignidad de las víctimas mediante la provisión de reparaciones adecuadas. Esto proporcionará mayor legitimidad al proceso.

Comisión de Revisión Constitucional

Actualmente se está revisando la Constitución de 1997, que, según nuestros cálculos, fue modificada al menos 52 veces con el fin de afianzar al anterior Presidente en el poder y excluir a los demás. El objetivo es redactar una nueva constitución republicana que refleje fielmente y con exactitud los deseos y aspiraciones del pueblo de Gambia sobre la base de consultas públicas con los gambianos y gambianas que viven tanto en el país como en el exterior. La Comisión de Revisión Constitucional ya ha concluido sus consultas públicas en el país y la primera fase de sus consultas externas con los gambianos y gambianas que viven en el exterior. Distintos sectores han presentado documentos de posición específicos para su incorporación a la nueva Constitución.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

El establecimiento de una Comisión Nacional de Derechos Humanos en Gambia, un hecho sin precedentes en nuestra historia que se llevó a cabo en pleno cumplimiento de los Principios de París en materia de independencia y autonomía, también fue testigo del papel central y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en la selección de los cinco comisionados. Las organizaciones de la sociedad civil fueron las exclusivas encargadas de revisar la lista completa de candidaturas, y elaboraron la preselección para la selección definitiva, que estuvo a cargo de la Asamblea Nacional de Gambia.

IV.Respuestas a las observaciones finales

El papel de la Asamblea Nacional en la tarea de garantizar la plena aplicación de la Convención

De conformidad con la Constitución de 1997 y con los reglamentos pertinentes, se crearon varios comités especiales a los que se encomendaron funciones de supervisión con el fin de garantizar la plena aplicación de los tratados, convenciones, resoluciones y otras prioridades nacionales de desarrollo. En consonancia con sus respectivos mandatos, los comités especiales de la Asamblea Nacional sobre educación, agricultura y recursos naturales, salud, mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, en consulta con los ministerios, departamentos y organismos pertinentes, examinan periódicamente la situación en lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones finales de diversos comités, incluido el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Marco legislativo

Armonice la legislación nacional, en particular la Constitución, la Ley de la Mujer y el derecho de las personas (la sharía y el derecho consuetudinario), con la Convención ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 9 a)).

El artículo 7 de la Constitución establece que las leyes de Gambia incluyen, entre otras cosas, el derecho consuetudinario en lo que respecta a los miembros de las comunidades a las que se aplica. La misma disposición prevé la aplicación de la sharía en lo que respecta al matrimonio, el divorcio y la herencia entre musulmanes. Cabe señalar que las disposiciones de la sharía en lo que respecta a las cuestiones mencionadas no se consideran discriminatorias entre quienes adhieren a la religión a la que se aplican. En consecuencia, el artículo 33 5) de la Constitución y otras leyes, como la Ley de la Mujer de 2010, están sujetas al derecho de las personas. No obstante, y con el apoyo de ONU-Mujeres, todas las leyes discriminatorias contra las mujeres están siendo revisadas en el marco del proceso de revisión constitucional. Asimismo, la Ley de Enmienda de 2015 a la Ley de la Mujer y la Ley de Enmienda de 2016 a la Ley de la Infancia prohíben la práctica de la circuncisión o mutilación genital femenina y el matrimonio infantil en Gambia.

Derogue urgentemente el artículo 33 5 ) c) de la Constitución de 1997, que dispone que la prohibición de la discriminación no es aplicable en relación con la adopción, el matrimonio, el divorcio, la sepultura y la cesión de bienes al morir ( CEDAW/C/GMB/CO/4 ‑5 , párr. 9 b)).

El artículo 7 de la Constitución establece que las leyes de Gambia incluyen, entre otras cosas, el derecho consuetudinario en lo que respecta a los miembros de las comunidades a las que se aplica. La misma disposición prevé la aplicación de la sharía en lo que respecta al matrimonio, el divorcio y la herencia entre musulmanes. Cabe señalar que las disposiciones de la sharía en lo que respecta a las cuestiones mencionadas no se consideran discriminatorias entre quienes adhieren a la religión a la que se aplican. En consecuencia, el artículo 33 5) de la Constitución y otras leyes, como la Ley de la Mujer de 2010, están sujetas al derecho de las personas.

Por otra parte, los artículos 108 a 123 de la Ley de la Infancia de 2005 regulan los procedimientos de adopción, y el Tribunal de Menores es el encargado de tomar decisiones en materia de adopción. No obstante, corresponde señalar que se está procediendo a una revisión de la Constitución de 1997, y cabe esperar que todas las cuestiones relacionadas con prácticas discriminatorias contra las mujeres sean revisadas.

Acceso a la justicia

Elabore una amplia política judicial a fin de eliminar las barreras con que se enfrentan las mujeres y las niñas en el acceso a la justicia, proporcione recursos adecuados, entre otras cosas asistencia jurídica, y establezca un mecanismo para vigilar su aplicación ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 11 a)).

El artículo 7 de la Ley de la Mujer establece que toda mujer tiene derecho a gozar de igualdad y justicia ante la ley y a ser protegida por la ley en condiciones de igualdad. En cumplimiento de este derecho, la Ley prevé la prestación de asistencia jurídica a fin de garantizar la protección y promoción de los derechos de las mujeres. El Organismo Nacional de Asistencia Jurídica de Gambia es responsable de la administración de la prestación de asistencia jurídica en los casos en que una persona está en conflicto con la ley y no puede sufragar los servicios de representación legal a que tiene derecho según la Constitución. El Organismo cuenta en diferentes partes del país con centros regionales móviles de asistencia que ofrecen a personas indigentes y a otros ciudadanos apoyo jurídico y representación legal en cualquier tribunal, comisaría o cárcel en asuntos penales limitados exclusivamente a delitos capitales. Si bien el Organismo tiene el mandato de tramitar casos civiles, debido a las limitaciones que afronta todavía no ha tramitado ningún caso civil.

El Organismo ha creado cuatro centros de asistencia jurídica en zonas rurales. Los centros de Brikama (región de la Costa Oeste), Basse (región de la Cuenca Superior) y Farafenni (región de la Ribera Norte), que fueron creados anteriormente, están materialmente equipados y cuentan con personal suficiente. Se ha iniciado el proceso para la creación de un centro en la región de la Cuenca Central. El Organismo Nacional de Asistencia Jurídica firmó recientemente con el Colegio de Abogados de Gambia y con el Servicio Penitenciario de Gambia un memorando de entendimiento para la creación de oficinas de asistencia jurídica en las cárceles en nombre del Servicio Penitenciario.

El memorando de entendimiento resume el compromiso de las tres entidades de proporcionar servicios de asistencia jurídica a hombres, mujeres y menores detenidos en las tres cárceles de Gambia. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que colaboran con el Gobierno de Gambia para la ejecución de su proyecto Estado de Derecho y Acceso a la Justicia. El proyecto tiene la intención de crear un servicio de asistencia jurídica en las cárceles (dos visitas al mes), centros móviles de asistencia jurídica en la zona del Gran Banjul, y un servicio de educación jurídica permanente y apoyo a los centros de asistencia jurídica para estudiantes de derecho de postgrado.

Además de los servicios jurídicos gratuitos que presta a mujeres y niñas desfavorecidas, la Asociación de Abogadas de Gambia (FLAG) lleva a cabo diversas actividades de formación, promoción y sensibilización sobre diversas leyes y organiza centros de asistencia jurídica y campañas de concienciación sobre diferentes cuestiones relacionadas con las mujeres y sus derechos legales. La Asociación ha emprendido iniciativas de empoderamiento jurídico que permiten que las mujeres recurran activamente al uso de la ley. Estas intervenciones incluyen la prestación de asistencia jurídica y la organización de sesiones de creación de capacidades y de concienciación sobre derechos humanos.

Con la intención de garantizar un más amplio acceso a la justicia, el Poder Judicial, con el apoyo del PNUD, elaboró un reglamento para el Panel de Apelaciones de cadíes y para los tribunales de cadíes, que hasta ahora no existía, y se impartió capacitación a los cadíes en lo que respecta a la aplicación de dicho reglamento en sus respectivos tribunales. Ahora existe en esos tribunales un procedimiento prescrito que no solo garantiza el orden en el procedimiento sino que brinda a las partes litigantes la confianza que les permite acceder a esos tribunales con la expectativa de que, al igual que en los tribunales convencionales, allí pueden obtener justicia. Los tribunales de distrito se están integrando de manera gradual en el sistema judicial formal, y se está brindando capacitación al personal administrativo y a los escribientes.

Además, como parte de sus gestiones encaminadas a garantizar el acceso continuo a la justicia, el Poder Judicial de Gambia, con el apoyo del PNUD, preparó un compendio de la sharía en lo que respecta al matrimonio, el divorcio y la herencia. El objetivo principal de este documento es garantizar que se pueda acceder con facilidad a todas las leyes relativas a los derechos de las personas consagrados en la Constitución de Gambia que se aplican a los musulmanes. Este compendio ha sido sumamente útil, en particular para las mujeres musulmanas que buscaban obtener reparaciones ante tribunales de cadíes, que se rigen por la sharía.

Promueva el nombramiento de mujeres jueces en todos los niveles de la judicatura, incluidos los tribunales de cadíes y los tribunales de distrito ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 11 b)).

El Poder Judicial está trabajando para promover el nombramiento de mujeres en todos los niveles de la judicatura. Cinco de los jueces designados como parte de los nuevos nombramientos judiciales en los tribunales superiores de Gambia son mujeres. Cuatro de los 7 jueces del recién constituido Tribunal de Apelaciones de Gambia son mujeres, incluida la Presidenta del Tribunal de Apelaciones. La Corte Suprema cuenta ahora con una jueza gambiana, un hecho sin precedentes en la historia de Gambia. Diez de los 20 jueces que forman parte de los tribunales superiores son mujeres. Veintidós de los 42 magistrados que integran el Tribunal de Primera Instancia son mujeres. No hay ninguna mujer entre los miembros de los tribunales de cadíes. Desde 2017, en Gambia las mujeres participan en la toma de decisiones a nivel administrativo local, y seis mujeres han sido incorporadas en calidad de voluntarias como miembros de tribunales de distrito.

Procure que las mujeres tomen conciencia de sus derechos y adquieran conocimientos jurídicos básicos en todos los ámbitos de la ley y la Convención a fin de que puedan servirse de los procedimientos y recursos disponibles para hacer valer los derechos que les reconoce la Convención ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 11 c)).

Las mujeres gambianas están expuestas a programas de sensibilización y concienciación que llevan a cabo distintas partes interesadas, entre ellas la Oficina de la Mujer y el Departamento de Bienestar Social, dependientes del recién creado Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Básica y Secundaria, y el Consejo Nacional de Educación Cívica, así como organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación de Abogadas, Action Aid International The Gambia (AAITG), Think Young Women, la Red contra la Violencia de Género, la filial de Gambia de la West Africa Network for Peacebuilding (WANEP – The Gambia), la Asociación sobre las Prácticas Tradicionales de Gambia (GAMCOTRAP), la filial de Gambia de la Asociación de Mujeres Africanas Especialistas en Pedagogía (FAWEGAM), The Girls Agenda, Safe Hands for Girls, The Girls Generation, TOSTAN – The Gambia, el Departamento de Desarrollo Comunitario y la Alianza para la Protección de la Infancia.

Además de las campañas de concienciación, el Gobierno y algunas organizaciones de la sociedad civil, como AAITG, Legal Aid y otras, imparten sesiones de capacitación para asistentes jurídicos.

Estas actividades de sensibilización, que se llevan a cabo en todo el país y abarcan el marco legislativo internacional y nacional (la Constitución, la Ley de la Mujer, la Ley de la Infancia, la Ley contra la Violencia Doméstica, la Ley contra la Violencia Sexual, la Ley contra los Delitos Relacionados con el Turismo y la Ley sobre Tribunales de Distrito, entre otras), están dirigidas a grupos de mujeres, jóvenes, miembros de tribunales de distrito, instituciones policiales, estudiantes y consejeras nacionales.

Intensifique sus esfuerzos por impartir capacitación sobre los derechos de la mujer y la violencia contra las mujeres a los jueces, cadíes, fiscales, agentes de policía y profesionales de la justicia ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 11 d)).

Entre 2014 y 2016, el Ministerio de Justicia, con el apoyo del UNICEF, impartió a nivel nacional sesiones de capacitación sobre la Ley contra la Violencia Doméstica de 2013, la Ley contra los Delitos Sexuales de 2013, la Ley de Enmienda de 2015 a la Ley de la Mujer y la Ley de Enmienda de 2016 a la Ley de la Infancia a más de 1.000 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre ellos investigadores y fiscales.

Tras las enmiendas incorporadas en 2015 y 2016, respectivamente, a la Ley de la Mujer y a la Ley de la Infancia, varias instituciones han llevado a cabo sesiones de capacitación para jueces, magistrados, fiscales y profesionales del derecho. La Oficina de la Mujer, con el apoyo del Programa Conjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destinado a acelerar el abandono de la mutilación o ablación genital femenina y de la violencia de género en el lapso de una generación, llevó a cabo sesiones de creación de capacidad en materia de género y derechos humanos para 52 fiscales y oficiales de policía, para lo que utilizó el manual revisado de formación policial. La Red contra la Violencia de Género también llevó a cabo una serie de actividades de creación de capacidad y concienciación comunitaria sobre el contenido de las leyes de enmienda a la Ley de la Mujer y a la Ley de la Infancia.

Asimismo, el Gobierno y varias organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo en distintas partes del país sesiones de formación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

V.Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

Examine sin demora el mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer, a fin de asegurar la coordinación entre las instituciones pertinentes y lograr que cada institución tenga responsabilidades claramente definidas y disponga de la capacidad, los recursos, la autonomía o la autoridad suficientes para funcionar con eficacia ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , para 13 a)).

En enero de 2019 se creó el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, al que en virtud de una resolución del Gabinete se asignó el mandato de coordinar los asuntos relativos a la mujer, la infancia y el bienestar social. La existencia del Ministerio contribuirá en gran medida a subsanar la escasa coordinación, la insuficiente capacidad y la falta de recursos del mecanismo nacional para el adelanto de la mujer y la niña. El Ministerio reconoció la lentitud de los avances registrados hasta ahora en la aplicación de la Política de Género y Empoderamiento de la Mujer 2010-2020.

El Ministerio contratará servicios de consultoría para llevar a cabo una evaluación de las necesidades del Ministerio y de sus departamentos en materia de capacidad. Posteriormente, se elaborará un plan estratégico integral, en que se especificarán las necesidades generales en materia de capacidad, y se establecerá un mandato institucional con funciones y responsabilidades claramente definidas. El Mecanismo de Género incluye el Consejo Nacional de la Mujer, la Oficina de la Mujer y la Red de Coordinación de Cuestiones de Género. El Consejo Nacional de la Mujer y la Oficina de la Mujer fueron creados en 1980 mediante una ley del Parlamento que fue derogada en 1988 y posteriormente fue modificada y pasó a ser la Ley de la Mujer de 2010. La Oficina funciona como secretaría del Consejo Nacional de la Mujer, y estableció comités directivos nacionales para complementar la labor que lleva a cabo la Oficina en lo que respecta al seguimiento y evaluación de la implementación de los tratados, convenios y protocolos pertinentes.

Institución

Funciones y responsabilidades

Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social

•Coordinar y armonizar la labor de todas las partes interesadas;

•Establecer un mecanismo adecuado para coordinar la integración de la perspectiva de género a todos los niveles;

•Abogar y presionar en favor de la aplicación de la Política de Género y Empoderamiento de la Mujer y movilizar recursos con ese fin;

•Proporcionar apoyo a las dependencias y coordinadores de cuestiones de género.

Oficina de la Mujer

•Proporcionar apoyo técnico a ministerios, instituciones, organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, así como al sector privado, en lo que respecta a la integración de la perspectiva de género;

•Coordinar, supervisar y evaluar el proceso de aplicación de la Política de Género y Empoderamiento de la Mujer;

•Proporcionar apoyo en las áreas críticas;

•Abogar y presionar en favor del proceso de sensibilización de todas las partes interesadas en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el género y las mujeres, y coordinar dicho proceso;

•Ejercer la función de Secretaría del Consejo Nacional de la Mujer;

•Establecer normas, elaborar directrices y difundir y supervisar su funcionamiento.

Consejo Nacional de la Mujer

•Asesorar al Gobierno en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el género y las mujeres;

•Supervisar la aplicación de la Política de Género y Empoderamiento de la Mujer a nivel descentralizado;

•Abogar y presionar en favor de la revisión de políticas y la promulgación de leyes;

•Llevar a cabo a nivel de las bases actividades de sensibilización y promoción en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el género y las mujeres.

Ministerios de Gobierno y entidades paraestatales (Red de Coordinación de Cuestiones de Género)

•Traducir la Política Nacional de Género y Empoderamiento de la Mujer en políticas, estrategias y programas institucionales de carácter específico;

•Evaluar las necesidades de sus respectivos ministerios en el ámbito de la planificación, la programación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación con perspectiva de género y formular las recomendaciones pertinentes con miras a la creación de capacidades;

•Apoyar a las dependencias de género y a las personas encargadas de la coordinación mediante el desarrollo de su capacidad en el ámbito del análisis y la planificación con perspectiva de género, y proporcionar partidas presupuestarias para sus operaciones;

•Supervisar y evaluar los programas sectoriales y su repercusión en la equidad de género, y proporcionar datos desglosados al respecto;

•Instituir y aplicar medidas de acción afirmativa a corto plazo para reducir las brechas existentes entre los géneros;

•Colaborar con el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social y con la Oficina de la Mujer en cuestiones relacionadas con la integración de la perspectiva de género;

•Movilizar, asignar y liberar recursos para la integración de la perspectiva de género;

•Garantizar que las políticas y programas institucionales tengan en cuenta las cuestiones de género y beneficien a mujeres y hombres.

Organizaciones de la sociedad civil

•Traducir la Política Nacional de Género y Empoderamiento de la Mujer en políticas, estrategias y programas institucionales de carácter específico;

•Elaborar e implementar programas que aborden áreas clave de intervención en materia de políticas;

•Participar en el Comité de Implementación;

•Supervisar la aplicación de la Política Nacional de Género y Empoderamiento de la Mujer;

•Compartir la información relativa a los programas institucionales con el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social y con la Oficina de la Mujer a través de la Red de Coordinación de Cuestiones de Género.

Asociados para el desarrollo

•Reconocer y utilizar la Política de Género y Empoderamiento de la Mujer de Gambia en las asociaciones de cooperación para el desarrollo;

•Colaborar con el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, con la Oficina de la Mujer y con el Consejo Nacional de la Mujer en cuestiones relativas a la integración de la perspectiva de género;

•Establecer mecanismos para garantizar la capacidad de respuesta de la cooperación para el desarrollo;

•Proporcionar apoyo financiero y técnico para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el ámbito de la cooperación para el desarrollo;

•Desarrollar y poner en práctica incentivos en materia de creación de capacidades para promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en el ámbito de la cooperación para el desarrollo.

Comité de Implementación de la Política de Género

•Identificar las prioridades en lo que respecta a las cuestiones relativas al género y a las mujeres;

•Planificar las intervenciones sectoriales pertinentes;

•Revisar los avances en lo que respecta a la aplicación de la Política;

•Asesorar a los mecanismos nacionales en lo que concierne a las estrategias para la consecución de los objetivos de la Política;

•Apoyar el seguimiento y aplicación de la Política.

Lleve a cabo un examen de mitad de período de la Política de Género y Empoderamiento de la Mujer 2010-2020 y vele por que esta aborde todas las esferas que abarca la Convención, incluya indicadores mensurables, un calendario y un mecanismo eficaz de supervisión, y tenga asignados recursos suficientes para su aplicación ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , para 13 b)).

La Política de Género y Empoderamiento de la Mujer 2010-2020 fue sometida a una revisión y evaluación de mitad de período en 2018. En las conclusiones de la revisión se señaló que se habían incluido nuevas cuestiones que dieron lugar a la creación del Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social y a la ampliación del Sistema de Información para la Gestión de las Cuestiones de Género (GMIS), que mide los avances registrados en la aplicación de la Política mediante la utilización de indicadores mensurables. Asimismo, el Comité de Implementación de la Política de Género y el Comité de Supervisión se reúnen periódicamente para revisar la implementación a nivel sectorial e informar sobre los avances, las lagunas y las recomendaciones formuladas al Ministerio para que adopte las medidas necesarias.

Institución nacional de promoción y protección de los derechos humanos

El Comité insta al Estado parte a que establezca, en un plazo claramente fijado, una institución nacional de derechos humanos independiente, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), provista de un mandato en el ámbito de las cuestiones de la mujer, estrechos vínculos con el mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer y autoridad para examinar denuncias presentadas por mujeres que aleguen violaciones de sus derechos y emitir dictámenes al respecto ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 15).

En consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos (Principios de París), en 2017 Gambia creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante una ley del Parlamento. En 2018 tomaron posesión de su cargo 5 comisionados, 2 de los cuales son mujeres, incluida la Vicepresidenta, y se estableció una secretaría funcional. La Comisión es un órgano independiente que no está sujeto a la dirección o el control de ninguna persona o autoridad y tiene un amplio mandato para promover y proteger los derechos humanos en Gambia.

El mandato de la Comisión incluye, entre otras cosas, la organización de programas educativos y de concienciación pública para promover una cultura de los derechos humanos, la realización de seminarios locales e internacionales para educar a la población en cuestiones de derechos humanos, el fomento de la revisión gubernamental de las leyes que no están en consonancia con los derechos humanos, la adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ratificación de dichos instrumentos. El mandato de protección de la Comisión incluye también, entre otras, las facultades de supervisar, recibir, investigar y examinar las denuncias de violaciones de derechos humanos en Gambia.

Asimismo, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos faculta a la Comisión para establecer comités temáticos, como un comité sobre los derechos humanos de la mujer y cualquier otro comité que la Comisión considere necesario para el cumplimiento de su mandato.

Medidas especiales de carácter temporal

El Comité recomienda al Estado parte que aplique efectivamente el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de la Mujer y aumente notablemente el uso de medidas especiales de carácter temporal, incluida la asignación de cuotas, en la educación, la salud, el empleo y todas las demás esferas pertinentes, [...] con metas y plazos concretos ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 17).

Dado que el sistema de cuotas del 30 % aún no ha sido incorporado a la legislación, el Gobierno de Gambia ha puesto en marcha mecanismos institucionales para cumplir sus compromisos en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. En 2019 se creó el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social con el objetivo de promover el adelanto y el empoderamiento de la mujer en consonancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África.

El Gobierno de Gambia ha adoptado medidas especiales en materia de educación, salud, empleo y otras esferas pertinentes. Entre ellas cabe mencionar Second Chance to Education, un programa que ofrece una segunda oportunidad para la educación formal e informal; la mejora de la calidad del aprendizaje con especial hincapié en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM); la promoción de la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) y otras iniciativas destinadas a mejorar las aptitudes y facilitar la adaptación al mercado laboral, y el otorgamiento de becas de excelencia para niñas en el ámbito de la ciencia y la formación técnica y profesional.

El Ministerio de Salud sigue garantizando la prestación de servicios gratuitos de atención de la salud maternoinfantil en todo el país y el fácil acceso a servicios asequibles de atención de la salud. El proyecto Creación de Resiliencia mediante Transferencias Sociales para la Seguridad Nutricional (BReST) proporciona transferencias en efectivo e información destinada a generar cambios en el comportamiento social a 6.176 madres con hijos menores de 2 años, con el objetivo de mejorar su situación sanitaria y nutricional.

El Proyecto de Nutrición e Indicadores de Salud Maternoinfantil (MCNHRP) colabora con el Ministerio de Salud en la tarea de aumentar la capacidad para la prestación de servicios de atención maternoinfantil de calidad a la población. El proyecto proporciona a las mujeres embarazadas transferencias en efectivo condicionadas para que acudan a los servicios de atención prenatal en una fase temprana del embarazo.

El Gobierno de Gambia ha creado en el marco de la Oficina de la Mujer una partida presupuestaria especial, el Fondo de Desarrollo Empresarial, cuyo objetivo es mejorar los medios de vida de las mujeres y las niñas. De modo similar, el Fondo de Desarrollo Social apoya a las empresarias con préstamos y sesiones de formación sobre servicios de desarrollo empresarial. En 2018, el Ministerio de Comercio, Industria, Integración Regional y Empleo, a través del Proyecto de Apoyo al Desarrollo del Sector Privado, brindó a 800 mujeres de zonas rurales sesiones de formación en microfinanzas y técnicas bancarias asociadas con el fin de fortalecer su capacidad de generación de ingresos y su empleabilidad. En la elaboración del Documento de Posición sobre Cuestiones de Género que habrá de ser examinado por la Comisión de Revisión Constitucional se contempla la inclusión del sistema de cuotas del 30 % en la nueva Constitución.

El Proyecto de Empoderamiento de la Juventud ha capacitado en materia de aptitudes comerciables a más de 200 jóvenes y ha brindado posibilidades de financiación para apoyar a pequeñas y medianas empresas (PYMES). Estas iniciativas han contribuido en forma considerable a crear empleo y a frenar la migración ilegal en las comunidades rurales.

Estereotipos y prácticas nocivas

En 2015, en virtud de la Ley de Enmienda a la Ley de la Mujer, se prohibió la mutilación genital femenina. El artículo 32B de la Ley prohíbe la práctica en todas sus formas, y toda persona que sea declarada culpable puede ser condenada a una pena de tres años de prisión o una multa de 50.000 dalasis, o ambas. Si como resultado del hecho se produce la muerte de la víctima, la persona que lo haya perpetrado puede ser condenada a prisión perpetua. La Ley también impone el deber legal de denunciar que se ha cometido, se está cometiendo o se está por cometer un hecho de esa índole. Hasta la fecha, solo un caso ha llegado a los tribunales(El Estado c. Sunkaru Darboe y Saffiatou Darboe 2017) en el Tribunal Superior de Mansakonko. Sin embargo, el caso fue retirado posteriormente por el Estado, en gran parte debido a la falta de pruebas suficientes.

Por su parte, el matrimonio infantil está tipificado como delito en la Ley de Enmienda de 2016 a la Ley de la Infancia. Además de prohibir el matrimonio infantil, la Ley también prohíbe los esponsales de niños. La Ley de Enmienda de 2016 a la Ley de la Infancia prohíbe el matrimonio de cualquier persona menor de 18 años y dispone una pena de hasta 20 años de prisión para el progenitor o tutor que no cumpla con la ley. No obstante, debido a que, principalmente entre las familias rurales, existen prácticas culturales profundamente arraigadas, la intervención legislativa y el enjuiciamiento penal no serán una panacea para el problema del matrimonio infantil. Se necesitaría educación y concienciación para abordar el problema de forma integral.

El Gobierno y distintas organizaciones de la sociedad civil, como Think Young Women, GAMCOTRAP, The Girls Agenda, FLAG, la Alianza para la Protección de la Infancia, Girls Agenda, TOSTAN, Safe Hands for Girls y la Red contra la Violencia de Género, están llevando a cabo amplios programas de concienciación a través de los medios de comunicación, actividades de participación comunitaria y cursos de formación, entre otras cosas. Cabe esperar que a través de estas iniciativas la población adquiera mayores conocimientos y, por consiguiente, modifique su actitud. Se creó la Red de Periodistas sobre Cuestiones de Género, que recibió capacitación en lo que respecta a la presentación de información con perspectiva de género. TOSTAN – The Gambia y GAMCOTRAP están colaborando con antiguos especialistas en mecanismos alternativos de generación de ingresos en varias comunidades.

No existe en Gambia ninguna ley que prohíba la poligamia; la cuestión del matrimonio está sujeta al derecho de las personas. El levirato no es una práctica obligatoria, ya que una mujer tiene derecho a casarse con un pariente de su difunto marido, de conformidad con la tradición, si así lo desea, pero no está obligada a hacerlo.

Violencia contra la mujer

Con el apoyo de ONU-Mujeres, el Gobierno ha emprendido recientemente importantes reformas legislativas destinadas a derogar las disposiciones discriminatorias y a promulgar disposiciones que protejan mejor a las mujeres. En cuanto a la definición de “violencia doméstica agravada”, la definición que figura en la Ley conta la Violencia Doméstica de 2013 incluye los actos a los que se considera violencia doméstica, a saber, la agresión física, el uso de la fuerza física, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso emocional, verbal o psicológico, el acoso sexual y la intimidación. Asimismo, la Ley establece que la resolución extrajudicial de los casos de violencia doméstica debe llevarse a cabo en consulta con la parte demandante y a través de un mecanismo de solución de controversias por vías alternativas.

Desde la promulgación de estas leyes, instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo consultas con el fin de dar a conocer las leyes y de garantizar su cumplimiento y aplicación efectiva. Como consecuencia de esa labor, las leyes se aplican actualmente en todo el país. Sin embargo, reconocemos que es necesario mejorar el nivel de aplicación de las leyes. En lo que concierne a la promulgación de reglamentos, la Red contra la Violencia de Género apoya el Reglamento de la Ley contra los Delitos Sexuales de 2013.

Pese a sus limitados recursos, el Organismo Nacional de Asistencia Jurídica presta servicios jurídicos gratuitos a las personas más desfavorecidas en todo el país. Para complementar la labor del Gobierno, la Asociación de Abogadas de Gambia (FLAG) ofrece en forma gratuita asesoramiento jurídico y representación legal a las mujeres en los procedimientos civiles, además de proteger sus intereses en los procesos penales iniciados contra ellas o en los que son las víctimas. Además, la Red contra la Violencia de Género también contrata los servicios de abogados para que representen a las mujeres en los tribunales.

El Departamento de Bienestar Social continúa proporcionando servicios de rehabilitación psicosocial y reintegración a las mujeres víctimas de la violencia. Sin embargo, debido a la insuficiencia de recursos los servicios son limitados y en algunas ocasiones no están disponibles para todas las mujeres que los necesitan. Los servicios están centralizados, pero se están llevando a cabo gestiones para descentralizarlos. En la actualidad, el país cuenta con un hogar seguro para víctimas y supervivientes de la violencia sexual y la violencia doméstica. El Gobierno está trabajando en las modalidades de la puesta en funcionamiento del segundo hogar seguro, que estará situado en Basse (región de la Cuenca Superior). Las víctimas de la violencia sexual y de la violencia doméstica disponen de tratamientos y exámenes médicos gratuitos para mujeres y niñas vulnerables.

La creación de bases de datos sigue siendo un reto para el Gobierno. Pese a ello, en el marco del programa de reformas que ha emprendido el Gobierno se están estudiando medidas destinadas a fortalecer el sistema de justicia penal con miras a la adopción de prácticas que mejoren el sistema y protejan a las víctimas. La Oficina de la Mujer puso recientemente en marcha en tres comisarías un plan piloto del portal del Sistema de Información para la Gestión de las Cuestiones de Género (GMIS) con el objetivo de rastrear los casos y generar datos estadísticos sobre la violencia de género en Gambia.

Las principales formas de violencia perpetuadas contra las mujeres son la violencia doméstica y sexual, el matrimonio infantil, el matrimonio forzado y la mutilación o ablación genital femenina. Según el informe de 2018 de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 6), el 7,5 % de las mujeres se casó antes de los 15 años, en tanto que el 25,7 % se casó antes de los 18 años. No es raro escuchar historias de niñas a las que su familia saca de la escuela y obliga a contraer matrimonio. En Gambia, la prevalencia de la mutilación genital femenina sigue siendo alta, y es del 75,7 %.

Número total de casos de violencia de género registrados por las instituciones asistenciales entre 2014 y 2018 y verificados, desglosados por tipo de caso

Tipo de violencia de género

Número de casos registrados en 2016

Porcentaje

Violencia sexual

941

46 %

Violencia económica

636

31 %

Violencia psicológica o emocional

239

12 %

Violencia física

214

11 %

Total de casos de violencia de género registrados

2 030

100 %

Trata y explotación de la prostitución

Durante el periodo que se examina no se llevó a cabo ningún estudio. No obstante, el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social está decidido a iniciar conversaciones con el Organismo Nacional contra la Trata de Personas (NAATIP) y otros asociados para poner en práctica esta recomendación. La Ley sobre la Trata de Personas de 2007 codificó los delitos relacionados con la trata de personas y estableció las penas para las personas que sean declaradas culpables de dicho delito. Asimismo, la Ley proporcionó directrices y procedimientos concretos que ayudan a orientar la labor de identificación y enjuiciamiento penal de quienes cometan ese delito. Además, ha proporcionado a los diversos actores que participan en programas de lucha contra la trata de personas el respaldo jurídico necesario para llevar a cabo programas de promoción. En cuanto a la detección temprana, mediante la investigación proactiva y en colaboración con el grupo de trabajo interinstitucional se facilita la detección temprana de las víctimas.

Como parte de las medidas destinadas a contrarrestar la trata, el Organismo Nacional contra la Trata de Personas (NAATIP), con la ayuda de asociados internacionales, entre ellos el UNICEF, ha organizado una serie de actividades de formación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el fin de aumentar la capacidad en lo que respecta a la prevención y detección de la trata de personas. El NAATIP también organiza misiones de sensibilización para las comunidades cercanas a los puestos fronterizos con el fin de que cobren conciencia de los peligros que conlleva la trata de personas.

Desde 2018, el NAATIP, en colaboración con el Organismo Nacional para la Prohibición de la Trata en Nigeria, viene trabajando en pro de una cooperación bilateral que lleve a una labor conjunta de las dos naciones en la lucha contra la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños. El Departamento de Bienestar Social, en colaboración con el NAATIP, lleva a cabo en las aldeas fronterizas de Amdalie y Giboro eventos de sensibilización sobre los peligros de la trata de personas.

El Gobierno de Gambia promulgó la Ley contra los Delitos relacionados con el Turismo, de 2003, que tipifica como delito la captación de niños y niñas con fines sexuales, la pornografía infantil y todas las formas de explotación sexual de niños y niñas. A través del Poder Judicial y en colaboración con la Oficina de Turismo de Gambia, el Gobierno designó a un Magistrado para que presida los casos relacionados con delitos comprendidos en la Ley contra los Delitos relacionados con el Turismo. La Ley de Enmienda de 2016 a la Ley de la Infancia tipifica como delito el uso de hoteles, burdeles y moteles para cometer abusos sexuales contra niños o niñas.

Participación en la vida política y pública

La Ley de la Mujer de 2010 exige que el Estado garantice que las mujeres estén adecuadamente representadas en el Poder Judicial y en los órganos estatales encargados del cumplimiento de la ley. Otro principio rector de la política del Estado consiste en garantizar que las mujeres cuenten con una representación y una participación equitativas en los puestos de toma de decisiones.

Actualmente, 4 de los 22 ministros del Gabinete del Gobierno son mujeres, incluida la Vicepresidenta. En lo que respecta a la Asamblea Nacional, corresponde señalar que, si bien actualmente la Presidencia es ejercida por una mujer, solo cinco miembros de la Asamblea son mujeres. Dos de las cinco mujeres que son actualmente miembros de la Asamblea Nacional han sido nombradas por el Presidente.

En el ámbito de la administración local, de los 119 concejales elegidos, 7 son mujeres y 9 son nombrados por los alcaldes y presidentes de los distintos consejos. Una de las ocho zonas de gobierno local está gobernada por una alcaldesa.

Número de representantes locales elegidos, desglosados por género y región (Estadísticas de concejales locales)

Sexo

Región/Consejo

Indicador

Masculino

Femenino

Ambos sexos

Banju

Elegidos

8

1

9

Nombrados

2

1

3

Total

10

2

12

Kanifing

Elegidos

17

17

Nombrados

4

2

6

Total

21

2

23

Brikama

Elegidos

24

4

28

Nombrados

4

1

5

Total

2 8

5

33

Kerewan

Elegidos

16

0

16

Nombrados

4

1

5

Total

20

1

21

Mansakonko

Elegidos

11

1

12

Nombrados

2

2

4

Total

13

3

16

Janjangbureh

Elegidos

12

0

12

Nombrados

2

1

3

Total

14

1

15

Kuntaur

Elegidos

9

1

10

Nombrados

2

1

3

Total

11

2

13

Basse

Elegidos

14

0

14

Nombrados

2

1

3

Total

16

1

17

Funcionarios civiles/Empleados públicos

Sexo

Indicador

Masculino

Femenino

Total

Representación de las mujeres en la administración pública

Ministras

18

4

22

Secretarias Generales

1

0

1

Representantes Permanentes

25

11

36

Representantes Permanentes Adjuntas

27

15

42

Directoras Generales

4

1

4

Directoras Ejecutivas/Directoras

31

7

38

Directoras Ejecutivas de Organismos

3

1

4

Número de Miembros de la Asamblea Nacional (MAN) elegidos

Indicador

Sexo

Asamblea Nacional

Número de MAN

Masculino

Femenino

Total

Número de MAN

Elegidos

50

3

53

Nombrados

3

2

5

Total

58

92.En el sector judicial y jurídico, 7 de los 21 nuevos jueces nombrados para los tribunales superiores de Gambia son mujeres. Cuatro de los 7 magistrados del recién constituido Tribunal de Apelaciones de Gambia son mujeres, incluida la Presidenta del Tribunal de Apelaciones. La Corte Suprema cuenta ahora con una jueza gambiana, un hecho sin precedentes en la historia de Gambia. Siete de los 21 jueces de los tribunales superiores son mujeres. Veintidós de los 42 magistrados que integran el Tribunal de Primera Instancia son mujeres. No hay ninguna mujer entre los miembros de los tribunales de cadíes. Seis mujeres han sido nombradas miembros de tribunales de distrito. La representación de las mujeres en el sector jurídico ha aumentado considerablemente con la creación de la Facultad de Derecho de Gambia. El número de secretarias permanentes ha aumentado considerablemente en comparación con los años anteriores.

Número de mujeres en instituciones estatales superiores

Institución judicial estatal

Sexo

Poder Judicial

Masculino

Femenino

Total

Número de mujeres en instituciones estatales superiores

Jueces de tribunales superiores

5

4

9

Jueces de la Corte Suprema

6

1

7

Jueces de tribunales de apelaciones

3

2

5

Magistrados

20

22

42

Cadíes para confirmar

36

0

36

Consejo Económico y Social

n/a

n/a

n/a

Jefes de tribunales de distrito

48

0

48

Defensoras de los derechos humanos

93. El Comité recomienda al Estado parte que cree un entorno propicio para la participación en la vida pública de las defensoras de los derechos humanos, en particular las que trabajan en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, de conformidad con las normas internacionales, y las proteja contra el acoso, la intimidación y la violencia ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 29).

94.Las instituciones estatales no impiden que las defensoras de los derechos humanos tengan acceso a las plataformas estatales, como el Servicio de Radio y Televisión de Gambia (GRTS). Las organizaciones de la sociedad civil están colaborando con el Gobierno para legislar el acceso a la información. Con el apoyo del Sindicato de Prensa de Gambia, ya se ha redactado un proyecto de ley sobre el acceso a la información. Desde el comienzo de la nueva administración no se ha notificado ningún caso de abuso o violación de los derechos de las defensoras de los derechos humanos. El Gobierno ha creado un espacio propicio para que desarrollen sus actividades sin ningún tipo de obstáculo o amenaza.

Nacionalidad

95. El Comité recomienda al Estado parte que vele por que todos los niños que nazcan en su territorio, incluidos los nacidos fuera del matrimonio o en zonas rurales, sean inscritos inmediatamente al nacer para que puedan tener acceso a la ciudadanía, la educación y la salud, y que tome medidas orientadas a poner fin a la estigmatización tanto de los hijos nacidos fuera del matrimonio como de sus madres ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 31).

96.En la Ley de Inscripción de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios de 1990 se definen los procesos de inscripción y certificación y se indica cuáles son los documentos necesarios para la inscripción, así como el plazo legal para la inscripción y las sanciones que se imponen en caso de incumplimiento del plazo previsto. El Registro de Nacimientos y Defunciones, que depende del Ministerio de Salud, se encarga de estas inscripciones. De conformidad con la Ley de la Infancia de 2005, todo niño que nace debe ser inscrito, y, por consiguiente, en Gambia no se aplica ninguna tasa a la inscripción de niños de 0 a 5 años.

97.Con el fin de lograr una cobertura total, especialmente en las zonas rurales, se han llevado a cabo campañas de sensibilización y concienciación para informar a la población en general acerca de la importancia de la inscripción de los nacimientos y acerca de las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento de los plazos previstos. En las campañas de concienciación también se pide que se promueva la opción de que los partos tengan lugar en hospitales o centros de salud, a fin de facilitar el proceso de inscripción.

98.Los niños nacidos fuera del matrimonio y sus madres gozan de la máxima protección, y a esos niños se les expide una partida de nacimiento previa presentación del documento de identidad o cualquier otro documento de identificación del padre, con el fin de evitar disputas de paternidad. No obstante, esto sigue siendo motivo de preocupación, y se están llevando a cabo gestiones para remediar la situación.

Educación

99.Algunas de las políticas y estrategias que incorporan efectivamente la perspectiva de género en el sector educativo son el Plan Estratégico para el Sector de la Educación 2013‑2022 y la nueva política educativa 2016-2030. En el marco de la Política Educativa 2004-2015, el Ministerio de Educación Básica y Secundaria considera que la equidad de género en la educación es una prioridad clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los objetivos de Educación para Todos. En la esfera de la educación básica, Educación para Todos estableció dos metas que Gambia está tratando de alcanzar, a saber, velar por que antes de 2005 se alcance la paridad de género en la matriculación en la educación básica, y velar por que antes de 2015 todos los niños en edad escolar tengan acceso a la educación primaria y completen el ciclo (Educación Primaria Universal y Completa).

100.El Subsidio para la Mejora Escolar (SIG), iniciado en 2013, cubre los derechos de matrícula, el alquiler de libros y la cuota de desarrollo hasta el nivel superior de enseñanza secundaria para niños y niñas. Este programa tiene el objetivo de promover la reincorporación de las estudiantes que abandonan los estudios por estar embarazadas. Este programa de reincorporación ofrece a niños, niñas y jóvenes no escolarizados la oportunidad de acceder a la educación básica y el aprendizaje permanente y de adquirir aptitudes para la subsistencia. Asimismo, el Ministerio estableció centros de tutoría que están distribuidos de manera uniforme en todo el país, de la región 1 a la región 6. El objetivo de los centros consiste en que toda persona en edad escolar, independientemente de su género, edad, origen étnico, cultura o religión, tenga la posibilidad de acceder a un centro educativo.

Porcentaje de niños que completaron los grados 6º, 9º y 12º, desglosado por género

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6º grado

Niños

73,3 %

71,2 %

73,8 %

73,3 %

73,3 %

72,8 %

74,7 %

77,4 %

Niñas

73,9 %

70,5 %

71,1 %

73,4 %

73,6 %

74,4 %

76,0 %

80,0 %

Promedio

73,6 %

70,9 %

72,4 %

73,4 %

73,4 %

73,6 %

75,4 %

78,7 %

9º grado

Niños

62,7 %

64,7 %

65,1 %

66,3 %

66,0 %

66,0 %

60,8 %

57,5 %

Niñas

56,3 %

62,0 %

64,2 %

63,2 %

63,3 %

63,5 %

61,2 %

60,2 %

Promedio

59,5 %

63,3 %

64,7 %

64,8 %

64,6 %

64,7 %

61,0 %

58,9 %

12º grado

Niños

31,4 %

32,1 %

34,1 %

33,9 %

37,0 %

36,4 %

37,1 %

37,7 %

Niñas

56,3 %

62,0 %

64,2 %

63,2 %

63,3 %

63,5 %

61,2 %

60,2 %

Promedio

59,5 %

63,3 %

64,7 %

64,8 %

64,6 %

64,7 %

61,0 %

58,9 %

Figura

Porcentaje de niños que completaron los grados 6º, 9º y 12º, desglosado por género

0,0 % 10.0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 %

Los índices de finalización del sexto grado para el período comprendido entre 2010 y 2017 fueron de alrededor del 80 %, tanto para los niños como para las niñas. Sin embargo, los índices de finalización disminuían a medida que los niños pasaban a los grados superiores, ya que solo el 58,9 % de los niños completaron el 12º grado en 2017. No obstante, los índices de finalización reflejan una tendencia ascendente para todos los grados. En general, hay más niñas que niños que completan los grados 6º, 9º y 12º.

Figura

Índice de finalización por quintil de riqueza y nivel de educación

En cuanto a los índices de finalización por quintil de riqueza y nivel de educación, los índices de finalización de los niños y niñas pertenecientes a los quintiles más pobres disminuyen a medida que avanzan hacia los grados superiores, ya que en 2015 solo el 15 % de los niños y niñas pobres completaron el 12º grado, en comparación con el 67 % (más de dos tercios) de los niños y niñas pertenecientes a los quintiles más ricos. No obstante, más de la mitad de los niños y niñas pobres (51 %) completaron el sexto grado. En general, los índices de finalización son más bajos para los quintiles pobres que para los quintiles ricos en todos los niveles de educación.

Entre 2015 y 2018 se llevaron a cabo numerosas actividades, y entre los logros alcanzados figuran los siguientes:

•Se impartió orientación a maestras para que ejerzan la docencia en zonas rurales;

•Se sensibilizó a todas las maestras de las regiones 1 y 2 acerca de la importancia de ejercer la docencia en las regiones altas;

•La Dependencia de Educación sobre Cuestiones de Género organizó una campaña anual de contratación de maestras. Se sensibilizó a 6.000 niñas y 1.700 niños sobre la importancia de elegir la docencia como profesión;

•Seiscientos docentes de los niveles inferior y superior de escuelas primarias de las regiones 1 a 6 recibieron capacitación docente en materia de pedagogía sensible a las cuestiones de género;

•Todos los años, las niñas de las regiones 3 a 6 que asisten a los grados 7º a 12º reciben becas en el marco del Fondo Fiduciario de Becas para niñas. Sin embargo, a partir de la introducción del Subsidio para la Mejora Escolar (SIG), en 2013, los niños y niñas de las escuelas públicas de todo el país son patrocinados por el Proyecto del Banco Mundial sobre subsidios para la mejora escolar;

•Desde el año escolar 2010 hasta el 2018, todas las niñas de las regiones 3 a 6 que cursaban entre 7º y 12º grado recibieron anualmente compresas higiénicas. Las niñas que asistían a tercer grado o grados superiores en escuelas de educación especial también recibieron compresas higiénicas;

•Se llevaron a cabo clínicas de matemáticas y ciencias para niñas que asistían a la escuela básica superior, a las que asistieron 600 niñas de distintas partes de Gambia;

•Se fortalecieron los clubes de madres en las regiones 3 a 6 con el fin de promover la matriculación y retención de las niñas en las escuelas;

•El 80 % de las escuelas cuenta ahora con instalaciones sanitarias separadas para las niñas;

•Se suministran anualmente compresas higiénicas a más de 30.000 niñas.

En la Dirección de Programas de Educación Básica y Secundaria del Ministerio de Educación Básica y Secundaria existe una dependencia responsable de la educación especial. El sector está trabajando intensamente en el ámbito del acceso de los niños y niñas con necesidades especiales a la educación:

•Hay una nueva iniciativa cuyo objetivo consiste en identificar los casos graves con el fin de empoderar a los niños y niñas con necesidades especiales;

•Los niños y niñas con discapacidad visual aprenden mediante la utilización del sistema de braille desde el primer grado, y a partir del tercer grado comienzan a familiarizarse con la máquina de braille a fin de que puedan comenzar a leer y escribir en braille;

•A los niños y niñas con discapacidad visual leve o moderada se les ayuda situándolos en las primeras filas en el aula, en tanto que a quienes presentan casos graves y profundos se les proporcionan gafas para facilitar el aprendizaje;

•Se brindó capacitación a docentes itinerantes, a quienes les fueron asignados grupos temáticos para que se ocupen de brindar apoyo a los niños y niñas con necesidades especiales que están integrados en las escuelas convencionales de todo el país;

•En las comunidades se proporcionan carros tirados por burros a las aldeas situadas a una distancia de entre 2 y 3 km de las escuelas. Esto se hace en aras del fácil acceso y la seguridad de los estudiantes, especialmente las niñas.

Existen algunas dificultades en lo que respecta a la retención escolar de las niñas embarazadas; por eso la mayoría de las veces las niñas se reincorporan después de dar a luz. Algunas de estas dificultades son:

•Los problemas de salud materna;

•La estigmatización por parte de la comunidad y de sus pares en la escuela.

Existe el temor de que las estudiantes piensen que es normal estar embarazada y acudir a la escuela, y que eso lleve a un aumento del número de embarazos de adolescentes que asisten a la escuela.

En el Ministerio de Educación Básica y Secundaria hay un nuevo proyecto denominado Second Chance Education (2018), cuyo objetivo es que todas las personas, independientemente de su género, edad, origen étnico, cultura o religión, tengan la oportunidad de acceder a la educación. En los últimos ocho años, alrededor de 1.700 niñas y 500 niños se reincorporaron a la escuela. En su mayoría, ahora asisten a instituciones terciarias.

•Esta iniciativa ofrece a niños, niñas y jóvenes no escolarizados la oportunidad de acceder a la educación básica y el aprendizaje permanente y de adquirir aptitudes para la subsistencia.

•Es un proyecto dirigido y gestionado por el Ministerio de Educación Básica y Secundaria;

•Cuenta con centros de tutoría que están distribuidos de manera uniforme en todo el país, de la región 1 a la región 6.

En 2017 se elaboró un marco curricular de educación sexual integral. Se desarrollaron ocho áreas temáticas que abarcan todos los aspectos de la educación sexual integral y se imparten desde el 4º hasta el 12º grado. Estas áreas son: 1. el cuerpo: pubertad y reproducción; 2. comunicación y relaciones interpersonales; 3. sociedad y cultura; 4. factores de vulnerabilidad; 5. salud sexual y reproductiva; 6. género; 7. derechos humanos para el bienestar y la salud sexual y reproductiva, y 8. orientación y asesoramiento.

•Se elaboró y validó el manual de formación sobre educación sexual integral (ESI). Está previsto llevar a cabo una sesión de formación de formadores sobre la ESI y sesiones ulteriores de formación para docentes y para todas las partes interesadas pertinentes. Se está elaborando una política sobre educación especial que habrá de tener en cuenta las necesidades de todos y que se incorporará a la política nacional de educación;

•Existen recursos para el Subsidio para la Mejora Escolar, y se capacita al cuerpo docente acerca de la manera de utilizar dichos recursos;

•En casi todas las escuelas del país se dispone de máquinas de braille para las personas con discapacidad visual y de audífonos para las personas sordas o hipoacúsicas;

•Asimismo, se evalúa e identifica a los niños y niñas con necesidades especiales en colaboración con el personal sanitario y el personal docente itinerante. (Directrices contra el abuso sexual en las escuelas de Gambia; directrices contra el castigo corporal en las escuelas de Gambia).

Empleo

El Departamento de Trabajo, que depende del Ministerio de Comercio, Industria y Empleo, está revisando actualmente la legislación laboral de Gambia y se ha comprometido a redoblar sus esfuerzos para eliminar la segregación horizontal y vertical en el mercado laboral y promover el acceso de las mujeres al sector formal, entre otras cosas mediante el uso de medidas especiales de carácter temporal. Gambia ha ratificado e incorporado a la legislación nacional todos los convenios fundamentales, entre ellos el Convenio sobre la igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), y el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111). El Convenio núm. 111 está recogido en el artículo 83 (1 y 2) de la Ley del Trabajo de 2007. En lo que atañe a la promoción del empoderamiento de las mujeres y los hombres, el artículo 20 (1 y 2) de la Ley de la Mujer de 2010 (2016) incluye el derecho de mujeres y hombres a gozar de licencia de maternidad y paternidad en el empleo.

En virtud de los programas de protección social, las mujeres que trabajan tanto en el sector formal como en el informal reciben el apoyo necesario para mitigar su vulnerabilidad ante los desastres. Los programas nacionales de protección social que se implementan en los ámbitos de la salud, la educación, la agricultura, el medio ambiente, el cambio climático, la energía, la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión de catástrofes y la reducción de riesgos, entre otros, tienen el objetivo de aumentar la resiliencia de los grupos vulnerables. El Banco Mundial apoya los programas de protección social mediante un proyecto de red de protección social con el fin de fortalecer la coordinación y aumentar la inclusión de las personas que viven en situación de pobreza extrema en el programa de red de protección social.

El UNICEF brinda su respaldo para la contratación de un asistente técnico que colabore en la creación de programas de protección social. El proyecto BReST proporciona transferencias mensuales en efectivo a madres de bebés en situación de vulnerabilidad en la zona de captación de diez centros de salud en que se registran las más elevadas tasas globales de desnutrición aguda. El Proyecto de Nutrición e Indicadores de Salud Maternoinfantil (MCNHRP), que utiliza el enfoque de financiación basada en los resultados, tiene como objetivo aumentar la utilización de los servicios comunitarios de nutrición y atención primaria de la salud maternoinfantil y proporcionar a las mujeres embarazadas transferencias en efectivo condicionadas que están vinculadas a indicadores de salud específicos. Asimismo, el MCNHRP proporciona transferencias en efectivo a hogares vulnerables en determinados distritos. (Adquisición de tierras; mujeres agricultoras; apoyo a la comercialización de productos elaborados por mujeres a través de la agricultura por contrato).

En Gambia se ha tipificado como delito el acoso sexual en los lugares de trabajo públicos y privados. En la Ley contra los Delitos Sexuales de 2013 se tipifica como delito el acoso sexual en el lugar de trabajo, se incluye una definición amplia de acoso sexual en el lugar de trabajo que abarca las conductas que crean un entorno de trabajo hostil, de conformidad con la recomendación general núm. 19 del Comité sobre la violencia contra la mujer, y se adoptan medidas eficaces para prevenir, vigilar y sancionar adecuadamente el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Se están llevando a cabo gestiones para compilar información sobre el número, la naturaleza y los resultados de las inspecciones laborales efectuadas y las denuncias presentadas y para fortalecer los mecanismos destinados a vigilar el cumplimiento de la Ley del Trabajo y de las disposiciones pertinentes de la Ley de la Mujer por parte de las entidades públicas y privadas.

Salud

Haga un mayor esfuerzo por reducir la mortalidad materna prestando servicios apropiados de salud sexual y reproductiva, con inclusión del acceso a los servicios previos al parto, de parto y posteriores al parto, y de prevención y tratamiento de la anemia ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 37 a)).

Los servicios de salud materna son gratuitos en todos los centros sanitarios y hospitales del gobierno. Asimismo, se ha ampliado considerablemente la atención primaria y secundaria de la salud. Se han registrado grandes logros en lo que atañe al acceso a la atención sanitaria básica; no obstante, en lo que respecta a la atención primaria de la salud en los últimos cinco años se carece de la capacidad adecuada para brindar servicios de atención sanitaria en las aldeas. El gráfico siguiente muestra la tasa de mortalidad materna, y toma como denominador el total de niños nacidos vivos según las estimaciones de población de mitad de año de 2015.

Tasa de mortalidad materna (Informe de referencia de 2017 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible)

El número de mujeres que murieron como consecuencia de complicaciones sufridas durante el embarazo o la maternidad disminuyó de 1.050 por cada 100.000 niños nacidos vivos en 1990 a 433 por cada 100.000 en 2013 (Gambia, Encuesta Demográfica y de Salud (EDS) 2013).

En el informe de referencia de 2017 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha fijado a más tardar para 2030 la meta de poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años y de lograr que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

El siguiente gráfico presenta la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. Para calcular la tasa, se toma el número de niños que murieron en un año determinado antes de cumplir 5 años, se lo divide por el número de nacidos vivos en ese año, y se multiplica el resultado por 1.000. Los datos disponibles muestran que entre 2009 y 2013 la tasa de mortalidad fue de 54 por cada 1.000 nacidos vivos (Gambia EDS 2013), actualización de MICS 6.

Figura 5

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

El número de niños que murieron antes de cumplir los 5 años disminuyó de 89 por cada 1.000 nacidos vivos en el período comprendido entre 1998 y 2003 a 54 por cada 1.000 nacidos vivos en el período comprendido entre 2009 y 2013.

En el informe de referencia de 2017 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha fijado a más tardar para 2030 la meta de poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años y de lograr que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos.

Actualización de la tasa de mortalidad neonatal según MICS 6

Definición: Probabilidad de que un niño nacido en un año determinado muera durante los primeros 28 días de vida según las tasas de mortalidad específicas por edad correspondientes a ese periodo, expresada por cada 1.000 nacidos vivos. Los datos disponibles muestran que es de 22 por cada 1.000 nacidos vivos. La cifra se obtiene dividiendo el número de niños que mueren durante los primeros 28 días de vida por el total de nacidos vivos y multiplicando el resultado por 1.000.

Figura

Mortalidad neonatal por cada 1.000 nacidos vivos

Según las cifras proporcionadas, la mortalidad infantil es relativamente baja en Gambia en comparación con otros países de la región subsahariana. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años para los cuatro años previos a la Encuesta Demográfica y de Salud de 2013, que corresponden aproximadamente a los años naturales 2009-2013, es de 54 muertes por cada 1.000 nacimientos.

En consonancia con el patrón habitual, la mayoría de los casos de mortalidad en la primera infancia se producen durante el primer año de vida; la mortalidad de niños menores de 1 año es de 34 muertes por cada 1.000 nacimientos, en tanto que la mortalidad de niños de entre 1 y 5 años es de 20 muertes por cada 1.000 nacimientos. Como cabía esperar, la mortalidad neonatal (mortalidad durante el primer mes de vida) es más elevada que la mortalidad posneonatal (22 muertes por cada 1.000 nacidos vivos frente a 12 muertes por cada 1.000), y representa el 65 % del total de casos de mortalidad de niños menores de 1 año.

Los datos proporcionados por la Dependencia de Registro de Nacimientos y Defunciones muestran que según el informe de 2018 del Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria (HMIS), la tasa de mortalidad de niños menores de 1 año es del 1,95 % y la tasa de mortalidad materna es del 2,38 %.

Reducción de los embarazos en la adolescencia

El Gobierno garantiza el acceso a información y educación adaptada a la edad sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva para las niñas y los niños, y en particular para los niños, niñas y adolescentes sin escolarizar. El Centro de Planificación Familiar de Gambia ofrece al público en forma gratuita métodos anticonceptivos y asesoramiento sobre educación en materia de salud sexual y reproductiva. Las medidas contempladas para aumentar la disponibilidad y accesibilidad de una educación integral y adaptada a la edad en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, así como sobre planificación familiar y uso de anticonceptivos, son las siguientes:

a)Elaboración de manuales de servicios de planificación familiar y atención de la salud de los adolescentes destinados a los proveedores de tales servicios;

b)Sensibilización de las comunidades a través de emisoras de radio comunitarias y comunicadores tradicionales;

c)Ampliación del número de puntos de prestación de servicios (servicios de divulgación, dispensarios y centros de salud) existentes en las comunidades para mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar y atención de la salud de los adolescentes;

d)Mantenimiento de un suministro constante de métodos anticonceptivos combinados en diversos ámbitos de atención, incluida la atención comunitaria;

e)Aumento de la operatividad de los principales centros de salud a través de la prestación de servicios integrales de atención obstétrica de urgencia;

f)Formación de los proveedores de servicios en tecnología anticonceptiva;

g)De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales;

h)Proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos;

i)El 7,1 % de las mujeres en edad de procrear cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos anticonceptivos modernos;

j)De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales.

Según la EDS de 2013, el 7,1 % de las mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos.

Proporcione un acceso adecuado a métodos anticonceptivos económicos y modernos, incluidos anticonceptivos de emergencia, a todas las mujeres y niñas ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 37 d)).

Despenalización del aborto

Modifique cuanto antes su legislación para despenalizar el aborto, eliminar todas las medidas punitivas, especialmente para las mujeres que se someten a un aborto, ampliar los motivos de aborto legal a los casos de violación, incesto y graves impedimentos del feto y garantizar la disponibilidad de servicios de aborto sin riesgo y servicios posteriores al aborto ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 37 e)).

En Gambia el aborto se sigue considerando un delito en todos los casos, excepto si están en peligro la salud o la vida de la madre. A pesar de ello, se continúan practicando abortos clandestinos, lo que constituye un problema y una preocupación, ya que conllevan consecuencias adversas para la salud de las mujeres y las niñas. Debido a la prohibición casi total del aborto, escasean los datos fiables sobre la magnitud del aborto a nivel nacional. Según el informe de 2015 del HMIS, en un año se trataron casi 1607 casos de posaborto (Ministerio de Salud y Bienestar Social, 2016). Sin embargo, es probable que haya habido muchos más casos que fueron tratados en la clandestinidad y no fueron denunciados, lo que impide conocer la verdadera magnitud de la situación.

Debido a que la opinión pública continúa apoyando la prohibición casi total del aborto, el Gobierno aún no ha adoptado medidas concretas para revisar la legislación que lo penaliza. No obstante, a través de la labor del Centro de Planificación Familiar de Gambia y de organizaciones no gubernamentales como Think Young Women y Action Aid The Gambia se siguen llevando a cabo campañas de concienciación sobre la provisión de métodos anticonceptivos y sobre los peligros de los abortos clandestinos.

VIH/SIDA

Intensifique los esfuerzos por prevenir y tratar el VIH/SIDA en las mujeres, así como la transmisión maternoinfantil del VIH, y vele por la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales para las mujeres que viven con el VIH ( CEDAW/C/GMB/CO/4-5 , párr. 37 f)).

El Gobierno de Gambia continúa emprendiendo iniciativas con perspectiva de género que abordan las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva, como la prestación de servicios gratuitos de atención de la salud materna en todo el país. La ampliación de los servicios y centros de atención de la salud ha tenido un impacto significativo que se manifiesta en la baja tasa de prevalencia del VIH, así como en el descenso de la tasa de mortalidad infantil y materna, que responde también a la existencia de servicios de salud reproductiva eficaces, eficientes, accesibles y asequibles. En el marco del Fondo Mundial, el Banco Mundial continúa proporcionando financiación para las estrategias de desarrollo de recursos humanos en el ámbito de la salud con el fin de apoyar la lucha contra la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas conexas. Estas son tres esferas principales de las que tanto las mujeres (las principales víctimas) como los hombres de Gambia podrían seguir beneficiándose hoy en forma directa, a la vez que pueden repercutir en logros futuros.

Los programas de apoyo a las mujeres que viven con el VIH o están afectadas por el virus no se ejecutan de manera aislada, sino que forman parte de intervenciones más amplias de lucha contra el VIH y de los servicios de salud sexual y reproductiva. La Secretaría Nacional de Lucha contra el SIDA ha actualizado tanto la Política Nacional de Lucha contra el VIH como el Plan Estratégico Nacional para el período 2015-2019, con el objetivo general de alcanzar las cifras de cero nuevas infecciones por el VIH, cero muertes relacionadas con el SIDA y cero estigma y discriminación en Gambia.

Actualmente se está aplicando el Marco Nacional de Políticas de Salud 2007‑2020. Esta política tiene el objetivo de “promover la equidad (tanto de género como territorial) en lo que respecta al acceso a servicios sanitarios de calidad y a la asequibilidad de dichos servicios, mantener la ética y los estándares, promover reformas del sistema de salud y mejorar el nivel de retención de personal y satisfacción de los clientes”. Otras políticas del sector sanitario que se están implementando actualmente son la Política Nacional de Salud Reproductiva, la Política Nacional sobre el VIH/SIDA, la Política Nacional de Nutrición y la Política y Plan de Acción Nacional sobre Población. Las políticas y programas de salud han contribuido a las bajas tasas de prevalencia del VIH/SIDA en Gambia. Asimismo, se ha promulgado la Ley sobre el VIH y el SIDA con el fin de garantizar que el Gobierno se ocupe adecuadamente del VIH y el SIDA.

Prevalencia de las infecciones por el VIH desglosadas por sexo, edad y grupos de población clave

Características

Mujeres

Hombres

Total

Edad

1519

0 , 4

0 , 3

0 , 4

2024

0 , 3

0

0 , 1

2529

2 , 5

0 , 6

1 , 7

3034

2 , 5

3 , 9

3 , 1

3539

5 , 9

5 , 9

5 , 9

4044

4 , 9

3 , 2

4 , 1

4549

3 , 4

2 , 7

3 , 1

50 – 59

n . a .

3 , 3

n . a .

Total

2 , 1

1 , 7

1 , 9

Urbana

2 , 4

1 , 3

1 , 9

Rural

1 , 8

2 , 3

2

La Secretaría Nacional de Lucha contra el SIDA es el organismo responsable de coordinar y gestionar de manera global los mecanismos nacionales de respuesta ante el VIH. La Secretaría Nacional de Lucha contra el SIDA continúa cumpliendo su mandato de coordinación y supervisión de los mecanismos nacionales de respuesta, además de cumplir su responsabilidad como Receptor Principal de la octava ronda de la subvención del Fondo Mundial para la lucha contra el VIH, y el Gobierno proporciona una financiación de contrapartida que equivale a más de 2,5 millones de dalasis por trimestre para sufragar los gastos operacionales de la Secretaría como condición para la subvención del Fondo Mundial. La financiación total recibida de la subvención para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 para la lucha contra el VIH y la tuberculosis y para la construcción de sistemas resilientes y sostenibles para la salud asciende a 12.270.208 dólares estadounidenses.

Empoderamiento económico de la mujer

Gambia lleva adelante programas para reducir la pobreza desde 1994, cuando lanzó su primera Estrategia de Mitigación de la Pobreza. En el pasado la pobreza había mostrado signos de disminución, y la proporción de personas que vivían en la pobreza se había reducido levemente. En 2010, y como parte del Informe sobre desarrollo humano 2010, se elaboró un índice de pobreza multidimensional (IPM) que utilizó diez indicadores para medir la pobreza en tres esferas: educación, salud y nivel de vida. Según el índice, que refleja tanto la incidencia de la pobreza como la intensidad media de las privaciones, el 34 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza de 1,25 dólares al día y el 57 % vivía por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares al día. Asimismo, según el índice en 2010 el umbral de pobreza nacional era del 61 %. Por su parte, la Encuesta Integrada de Hogares 2015/16 reflejó pocos avances en la disminución de la pobreza en general; de hecho, mostró un ligero aumento de la pobreza en las zonas rurales.

La consecución de la meta de erradicar la pobreza extrema, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), podría constituir una tarea ingente para el país, ya que casi la mitad de la población (48,6 %) vive actualmente por debajo del umbral de pobreza. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND), que está en vigor desde enero de 2018, se centra en la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad a través de la creación de empleo y de condiciones propicias para el emprendimiento. El PND incluye políticas, estrategias y programas de carácter empírico para alcanzar los ODS, entre ellos la transformación estructural inclusiva, el acceso a la tierra y a los recursos, la diversificación de los ingresos, la creación de empleos decentes y la consecución de la igualdad de género, así como estrategias encaminadas a fortalecer las instituciones rurales y el acceso a la protección social para las personas pobres que viven en las zonas rurales.

A pesar de que la inflación interna es relativamente elevada, en términos generales la situación macroeconómica es estable; está en vigor un marco normativo que promueve una mayor eficacia del sector productivo, y la inversión privada ha comenzado a cobrar importancia en la economía, lo que genera oportunidades de expansión del empleo e importantes beneficios derivados de las grandes inversiones públicas en los ámbitos de la educación y la salud. La educación en todos los niveles representa el 22 % del presupuesto nacional consolidado de gastos, en tanto que la salud representa el 7,1 %.

Figura 1

Porcentaje de población que vive por debajo del umbral de pobreza (1992 - 2015) actualizado por GBoS

90

80

79

70

60

57,9

58

50

48,1

48,6

40

30

31

20

10

0

1992

1998

2003

2008

2010

2015 / 16

En 2015-2016, alrededor del 48,6 % de la población vivía por debajo del umbral internacional de pobreza. Hay esperanzas de que se registre una mejora en las condiciones de vida de los gambianos, ya que la pobreza muestra una tendencia descendente en términos porcentuales. En ese sentido, el Gobierno de Gambia reitera el compromiso de erradicar la pobreza que asumió en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021.

Figura 2

Situación de pobreza en todas las dimensiones según la percepción de pobreza del encuestado

Se preguntó a los encuestados con qué frecuencia en los últimos 12 meses habían tenido dificultades en su hogar para satisfacer las necesidades en materia de alimentos, gastos de escolaridad, atención de la salud, alquiler de la vivienda y servicios públicos. Las cuestiones relacionadas con el alquiler de la vivienda fueron las más mencionadas (86,3 %) en los hogares que no experimentaron dificultades para pagar, seguidas de los servicios públicos (73,4 %), los gastos de escolaridad (70,4 %), la atención de la salud (63,5 %) y los alimentos (57,4 %). Con referencia al gráfico anterior, la tasa de percepción de 2015 descendió significativamente, tanto entre los hombres como entre las mujeres, en comparación con los informes de 2010.

El Gobierno se ha comprometido a mejorar las condiciones de vida de las personas más pobres y vulnerables y a proporcionarles con ese fin el apoyo y las herramientas necesarias para que puedan mejorar sus condiciones de vida y convertirse en miembros productivos de la sociedad. Se elaboró una Política Nacional de Protección Social 2015-2025, acompañada de un plan estratégico y un plan de ejecución, que fue aprobada por el Gabinete. La Política establece una agenda integral y transversal de protección social y propone un conjunto de medidas prioritarias en pro del establecimiento gradual de un sistema de protección social integrado e inclusivo en Gambia. En la Política se expone detalladamente la visión y el compromiso del Gobierno de modernizar el sistema de protección social, así como las medidas que adoptará para ampliar la cobertura a las personas que necesitan apoyo.

Se ha analizado la situación en lo que atañe a la protección social y se ha creado una secretaría que depende de la oficina de la Vicepresidenta y se ocupa de coordinar todos los programas de protección social del país. Se ha creado un sistema de registro único con el fin de contar con una plataforma única en que se almacene, analice y comunique la información común y esencial de los distintos programas de protección social en beneficio de las partes interesadas. Se ha llevado a cabo un estudio sobre la creación de margen fiscal para determinar cómo se puede crear espacio para la protección social en el presupuesto nacional, así como una forma nueva e innovadora de financiar la protección social y un análisis de la relación costo-beneficio de las comidas en las escuelas.

El Proyecto de Nutrición e Indicadores de Salud Maternoinfantil (MCNHRP), que utiliza el enfoque de financiación basada en los resultados, y el proyecto Creación de Resiliencia mediante Transferencias Sociales para la Seguridad Nutricional (BReST) proporcionan asistencia a 2.400 hogares vulnerables y a 6.000 mujeres con niños de 0 a 2 años que viven en distritos con inseguridad alimentaria, respectivamente. Asimismo, próximamente se pondrá en marcha el programa de transferencias en efectivo no condicionadas conocido como “NAFA”, que estará dirigido a más de 6.000 hogares vulnerables y tendrá el objetivo de aumentar la cobertura de la asistencia social para quienes viven en situación de pobreza extrema. El Banco Mundial ha aprobado 30 millones de dólares para el fortalecimiento del sistema de protección social en Gambia, y el Gobierno de Gambia aportó una financiación de contrapartida de 1 millón de dólares.

En 2019 el Gobierno de Gambia aprobó la asignación de 6 millones de dalasis para la creación del Fondo de Desarrollo Empresarial para la Mujer, con un apoyo presupuestario de 3 millones de euros por parte de la Unión Europea. Es probable que la implementación de este fondo se vea dificultada debido a los escasos conocimientos financieros de las mujeres y a las limitaciones que enfrentan en materia de aptitudes laborales, capital y oportunidades de acceso al mercado y a la propiedad de la tierra, principalmente debido a las barreras socioculturales y tradicionales intrínsecas que continúan impidiendo que las mujeres salgan de la pobreza. Las elevadas tasas de interés, de entre el 8 % y el 50 % en el sector formal, no permiten que las mujeres tomen préstamos para efectuar inversiones que les permitan generar riqueza. Con el fin de hacer frente a estas dificultades, el Gobierno de Gambia, con el apoyo de los asociados para el desarrollo y mediante un proceso participativo, elaboró un sólido conjunto de documentos orientativos en materia de protección social. Dichos documentos incluyen la Política Nacional de Protección Social (2015‑2025), el Plan de Implementación de la Protección Social (2015-2020), el Análisis del Margen Fiscal para la Protección Social, la Revisión Funcional del Sistema de Protección Social, el Análisis de la Protección Social, el Diseño de la Protección Social y el Registro Social, así como el Programa Nacional de Transferencias en Efectivo.

Mujeres de zonas rurales

Con el fin de encarar los problemas relacionados con el limitado acceso de las mujeres y las niñas a las oportunidades de generación de ingresos, al crédito y a la tierra, entre otros, el Gobierno de Gambia se ha comprometido a facilitar a las mujeres de zonas rurales el acceso a los recursos productivos (tierra, crédito, insumos e implementos), el control de dichos recursos, el acceso a oportunidades de generación de ingresos, el acceso a la justicia, la salud y la educación, y la participación en los procesos de toma de decisiones.

Desde 2015, Action Aid The Gambia, en colaboración con la Unión Europea, brinda apoyo a entidades de microfinanciación vinculadas a las mujeres para que proporcionen créditos y otros servicios a mujeres en la región de la Cuenca Central/Sur. Estas entidades ya han movilizado importantes sumas de dinero para quienes están registradas como miembros.

Hasta ahora, más de 1.500 mujeres han recibido información adecuada en lo que respecta a productos y servicios relacionados con la microfinanciación y 420 grupos de mujeres han adquirido conocimientos sobre conceptos relacionados con las cooperativas de crédito, y en su mayoría están operando con cooperativas de crédito. Un total de 78 parcelas han sido oficialmente registradas a nombre de 78 grupos de mujeres con el fin de autentificar su propiedad y, posiblemente, como condición para que puedan recibir cualquier tipo de ayuda. Se han creado tres huertos que cuentan con vallas, suministro de agua, cobertizos, instalaciones sanitarias y plataformas multifuncionales y generan beneficios para más de 200 mujeres. Un total de seis mujeres son ahora miembros de los tribunales de distrito de la región de la Cuenca Central/Sur y han recibido sesiones de formación en cuestiones jurídicas y en cuestiones relacionadas con el liderazgo para que puedan participar en forma productiva y proactiva en su nuevo cometido. Se han construido dos cámaras frigoríficas en Brikamaba y Kundang “Mayo” (región de la Cuenca Central/Sur) para la conservación de aves de corral y de pescado, respectivamente.

Asimismo, se ha brindado apoyo a tres comunidades mediante la provisión de herramientas e insumos para la producción de hortalizas, y 50 mujeres han mejorado la producción y la productividad. Se ha creado un vivero de especies arbóreas autóctonas y se trasplantarán 8.390 plantones.

En lo que respecta al empleo, 15 niñas de la región de la Cuenca Central y 5 de la región de la Ribera Norte están recibiendo en Fandema (MBOLO) sesiones de formación sobre instalación y gestión solar, procesamiento de alimentos y gestión empresarial. Estas niñas regresarán a sus respectivas comunidades para ayudar a la población a promover la comercialización y a crear nuevos mercados para productos elaborados por mujeres. Durante los últimos cinco años las mujeres han recibido apoyo para participar en ferias comerciales.

Con el fin de fortalecer las iniciativas económicas de las mujeres y aumentar su resiliencia, se brindó apoyo a 53 mujeres para la cría de pequeños rumiantes, a 22 para la cría de aves de corral y a 35 mediante la provisión de insumos e implementos agrícolas. La asociación de avicultores de la región de la Cuenca Central/Sur también recibe apoyo mediante la provisión de una cámara frigorífica para facilitar el almacenamiento de pollos. Tras haber recibido formación intensiva en teñido y batik, diez mujeres recibieron 15.000 dalasis cada una para expandir sus actividades en ese rubro. Otras diez mujeres recibieron sesiones de formación sobre servicios de extensión hortícola con el fin de que proporcionen servicios de extensión a otras mujeres en sus respectivos huertos. Cuarenta y cinco mujeres recibieron formación para la mejora de la producción de hortalizas, y 60 recibieron formación para la gestión de aves de corral y la preparación de piensos. Se han llevado a cabo varios debates radiofónicos sobre temas relacionados con el empoderamiento de la mujer, la justicia, la educación de las niñas, el derecho de las mujeres a los recursos productivos y la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

Se brindó formación a 4.340 mujeres pertenecientes a 120 grupos de mujeres distribuidos en los distritos de Niamina Oriental, Niamina Occidental y Dankunku, y el principal resultado de estas sesiones de formación es que las mujeres están más informadas, conocen mejor sus derechos de acceso a los recursos económicos, y tienen mayores conocimientos sobre la manera de gestionar sus actividades comerciales y de relacionarse con las instituciones de microfinanciación.

El Ministerio de Educación Básica y Secundaria, en colaboración con FAWEGAM y con la financiación del UNICEF, apoya la educación y la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Como parte de esa tarea conjunta, creó clubes de madres en todas las escuelas, llevó a cabo sesiones de formación en actividades generadoras de ingresos y aportó capital inicial (el UNICEF aportó 6.000 dalasis y el Ministerio aportó 5.000 dalasis), que es administrado por los propios clubes de madres. Por su parte, la Dependencia de Educación para Adultos y Educación No Formal, en colaboración con las partes interesadas encargadas de proveer alfabetización, garantiza que las personas adultas de 15 años o más que no recibieron educación formal en el momento oportuno y las personas jóvenes sin escolarizar, tanto hombres como mujeres, adquieran algún tipo de alfabetización y conocimientos de aritmética, así como aptitudes para la vida y la subsistencia. Para ello se utilizan los idiomas locales codificados de conformidad con la ubicación geográfica y la preferencia de las personas destinatarias.

En la actualidad hay en el país más de 200 centros de alfabetización, que son gestionados por diferentes entidades proveedoras de servicios de alfabetización de adultos, como la Asociación Nacional de Agricultoras, la Cruzada Mundial de Evangelización, la Asociación de Bautistas para la Evangelización Mundial, y TOSTAN. Asimismo, se están utilizando en forma experimental enfoques de aprendizaje familiar e intergeneracional en las zonas rurales. En estos casos, los niños y niñas en edad preescolar o escolar y sus progenitores están en la misma clase de alfabetización y aprenden juntos. Esto ofrece la oportunidad de que adultos y niños se involucren en el aprendizaje permanente y adopten la cultura de la lectura temprana.

Cada estudiante recibe un capital inicial como estímulo para que ponga en práctica sus aptitudes en materia de alfabetización y aritmética elemental emprendiendo actividades generadoras de ingresos con el fin de mejorar su situación socioeconómica. Por otra parte, la meta 4.6 de los ODS se refiere a la necesidad de asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

Las mujeres con discapacidad

El Proyecto de Ley de Discapacidad será sometido a la aprobación del Gabinete en 2019. Este proyecto de ley cumplirá con el compromiso del Gobierno de garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso efectivo a la educación inclusiva, la salud, la justicia, el empleo y la participación en la vida política y pública, entre otros. El Departamento de Bienestar Social, en colaboración con la Federación de Personas con Discapacidad de Gambia, llevó a cabo programas de sensibilización sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad; proporciona gratuitamente sillas de ruedas, muletas, bastones y otras ayudas para la movilidad y material ortopédico a personas con discapacidad, incluidos niños y niñas; llevó a cabo numerosas actividades de divulgación a nivel regional para brindar servicios de rehabilitación a personas con discapacidad, entre ellas mujeres y niñas; otorgó subvenciones a escuelas para niños y niñas con necesidades especiales; proporciona patrocinio educativo a niñas y niños con discapacidad o cuyos progenitores tienen una discapacidad, y ofrece servicios de asesoramiento a las familias que tienen niños con discapacidad con el fin de promover su inclusión social. Se ha elaborado un proyecto de ley de discapacidad y un documento del Gabinete sobre el tema, pero no hay leyes específicas para mujeres y niñas con discapacidad.

Mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero

La cuestión del colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) no se considera un problema en Gambia porque, aunque la práctica de la homosexualidad está penalizada, la comunidad LGBT no está sometida a ninguna forma de discriminación o acoso. Hasta este momento de la historia de nuestra nación, el pueblo de Gambia no ha aceptado la homosexualidad como un estilo de vida, por lo que el Gobierno, como representante del pueblo, no tiene previsto despenalizar la práctica de la homosexualidad.

Mujeres reclusas

En lo que respecta al Programa de Reforma Penitenciaria, las 12 reclusas gozan de condiciones de vida adecuadas, y se está procediendo a la revisión de la Ley de Prisiones con el fin de adaptarla a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok).

Como parte del reciente proceso de reforma, las mujeres están bajo la supervisión de guardias mujeres y disponen de mecanismos de denuncia que tienen en cuenta las cuestiones de género; y todos los casos de violencia cometida contra mujeres detenidas se investigan con eficacia y se procesan. Gambia aún no ha llevado a cabo un estudio sobre el fenómeno del infanticidio, pero las mujeres acusadas por este delito tienen acceso a evaluaciones y atención psicológicas.

Igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares

El Gobierno de Gambia ha asignado a la salud y el bienestar de las mujeres, las niñas y los niños una prioridad clave en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021 y ha promulgado leyes que garantizan la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares y garantizan que los niños y las niñas estén protegidos de prácticas nocivas. El Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, en colaboración con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Nacional, llevará a cabo un estudio sobre las buenas prácticas de otros países con poblaciones musulmanas que cuentan con leyes no discriminatorias relativas al estatuto personal que están en consonancia con la Convención, y organizará una reunión de expertos sobre el asunto en la que también participarán líderes religiosos y tradicionales.

Las conclusiones del reciente estudio sobre las leyes de Gambia reflejaron la existencia de leyes contradictorias, y el Ministerio constituyó un Comité Técnico con el fin de identificar los ámbitos de la legislación, con inclusión de la Constitución, la Ley de la Mujer y el derecho de las personas (la sharía y el derecho consuetudinario), que deben ser armonizados con la Convención y derogar todas las disposiciones discriminatorias, con el fin de garantizar que las mujeres disfruten de los mismos derechos que los hombres en el matrimonio, el divorcio, la herencia, los bienes gananciales, la adopción, la sepultura y la cesión de bienes al morir. En el documento de posición complementario sobre cuestiones de género remitido a la Comisión de Revisión Constitucional ya se recomendaba que se sustituyese el término “equitativo” por “igual” en la Ley de la Mujer en lo que respecta al acceso de las mujeres a la propiedad y se velase por que en sus sentencias los jueces interpretasen la Ley en consecuencia.

De conformidad con las directrices de la sharía que rigen la distribución de los bienes durante la sucesión, a las mujeres les corresponde un tercio de los bienes que forman parte de la herencia, en tanto que los hombres reciben dos tercios. El término “equitativo” en referencia a esta práctica significa que las mujeres deben recibir el tercio destinado a ellas. Asimismo, cabe señalar una vez más que las disposiciones de la sharía en lo que respecta a las cuestiones mencionadas no se consideran discriminatorias entre quienes adhieren a la religión a la que se aplican. En consecuencia, el artículo 33 5) de la Constitución y otras leyes, como la Ley de la Mujer de 2010, están sujetas al derecho de las personas. Vele por que la edad mínima para contraer matrimonio se fije en 18 años para niñas y niños, el matrimonio infantil sea tipificado como delito y sancionado adecuadamente, y los matrimonios polígamos y el levirato estén prohibidos sin excepción.

La Ley de Enmienda de 2016 a la Ley de la Infancia fija la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años para niñas y niños. La poligamia es una práctica sociocultural y religiosa arraigada en Gambia. La práctica de la poligamia está avalada por religiones como el Islam y las religiones tradicionales. Dado que el Islam es la religión dominante, a los musulmanes generalmente se les permite practicar la poligamia de conformidad con su religión. En relación con la protección de las mujeres en los matrimonios polígamos, el Estado ha promulgado disposiciones legislativas, entre ellas la Ley de la Mujer y la Ley contra la Violencia Doméstica, que tienen el objetivo de proteger a todas las mujeres, incluidas las que forman parte de matrimonios polígamos.

En lo que respecta al levirato, en Gambia la mujer no está obligada en modo alguno a contraer matrimoniocon un pariente de su difunto marido. Es una práctica tradicional en virtud de la cual una mujer puede optar por casarse con un pariente de su difunto marido, pero solo si así lo desea. En la actualidad, los matrimonios celebrados en el país pueden ser inscritos en la institución religiosa donde se celebra el matrimonio o en el registro civil en el caso de los matrimonios civiles.

Protocolo Facultativo y enmienda del artículo 20, párrafo 1, de la Convención

Gambia ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la pena de muerte, y ha aceptado la enmienda al artículo 20, párrafo 1, de la Convención, relativa al tiempo asignado a las reuniones del Comité.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Gambia ha armonizado e incorporado la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en sus planes de desarrollo nacional y ha creado mecanismos para la implementación de las disposiciones de la Convención. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021 y la Política de Género y Empoderamiento de la Mujer 2010‑2020 constituyen esfuerzos destinados a implementar la Plataforma de Acción de Beijing.

Objetivos de Desarrollo del Milenio y marco para el desarrollo después de 2015

En consonancia con las disposiciones de la Convención, el Gobierno de Gambia continúa integrando la perspectiva de género, como cuestión transversal o elemento clave de sus planes de desarrollo, en todos los esfuerzos encaminados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y también en el marco para el desarrollo después de 2015, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asistencia técnica

El Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social se compromete a vincular la implementación de la Convención con sus iniciativas de desarrollo y a recabar asistencia técnica regional o internacional a este respecto. La asistencia para el desarrollo que proporcionan los organismos de la Unión Europea y de las Naciones Unidas se centra principalmente en la implementación de la Convención.

Anexo

Lista de tratados firmados y ratificados por Gambia en los últimos dos años

1.Gambia firmó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares el 20 de septiembre de 2017 y lo ratificó el 26 de septiembre de 2018.

2.Gambia firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 2017 y la ratificó en 2018.

3.Gambia firmó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW) en 2017 y la ratificó en 2018.

4.Gambia firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED) en 2017 y la ratificó en 2018.

5.Gambia firmó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la pena de muerte en 2017 y lo ratificó en 2018.