Abreviaciones

Convenio de Estambul	Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GEOSTAT	Oficina Nacional de Estadística de Georgia
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
ONU-Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
PIB	Producto interno bruto
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

I.Introducción

El presente es el sexto informe periódico de Georgia sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, la Convención) presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante, el Comité) de conformidad con el artículo 18 de la Convención.

El informe se preparó en consonancia con las directrices armonizadas de las Naciones Unidas para la presentación de informes y con las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Georgia. El informe tiene por objeto suministrar al Comité información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptadas por Georgia para hacer efectivas las disposiciones de la Convención y sobre los progresos realizados en este sentido.

La primera parte del informe contiene información sobre las cuestiones relacionadas con la aplicación de las observaciones finales del Comité. El informe trata también de la aplicación por Georgia de los artículos de las partes I a IV de la Convención que no se abordan en la sección II del presente informe, con lo cual se actualiza la información relativa a anteriores informes periódicos de Georgia (CEDAW/C/GEO/4-5). En el informe también se describe la grave situación de los derechos humanos en los territorios ocupados de Georgia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Georgia y la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica han dirigido y coordinado el proceso de preparación del informe con la participación de los ministerios competentes correspondientes y de organismos del poder ejecutivo del Gobierno, así como del órgano legislativo y del organismo judicial. En concreto, en el proceso de elaboración del informe tomaron parte los siguientes organismos: la Secretaría de Derechos Humanos de la Administración del Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales, el Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte, el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y la Agricultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Estado para la Reconciliación y la Igualdad Cívica, la Fiscalía de Georgia, el Tribunal Supremo, la Escuela Superior de Justicia, el Consejo Supremo de Justicia, el Servicio de Asistencia Letrada, la Comisión Electoral Central, el Ayuntamiento de Tiflis y la Oficina Forense Nacional. La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) prestó apoyo técnico y especializado.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento de Georgia (enmendado en 2016), el proyecto de informe se presentó al Parlamento con fines de examen y aprobación. Además, tuvo lugar un proceso de consulta con la Defensoría Pública y con organizaciones de la sociedad civil internacionales y locales. En el presente informe se recogen las observaciones del examen por el Parlamento, así como las del proceso de consulta.

II.Aplicación de las observaciones finales del Comité

Párrafo 7 – Parlamento

En diciembre de 2018 se aprobó un nuevo Reglamento del Parlamento en virtud del cual se fortalecían las funciones de supervisión del órgano legislativo con respecto al poder ejecutivo del Gobierno.

Se creó el Consejo de Igualdad de Género en calidad de órgano asesor sobre la base de un decreto parlamentario de 2004. En 2010, con la aprobación de la Ley de Igualdad de Género, el Consejo de Igualdad de Género pasó a tener carácter permanente. En junio de 2017 se modificó el marco institucional del Consejo a efectos de establecerlo como órgano permanente de consulta del Parlamento de Georgia.

Según el artículo 12 de la Ley de Igualdad de Género, el Parlamento de Georgia define las directrices básicas de la política estatal en materia de género, se encarga de la elaboración y la aplicación del marco legislativo en materia de igualdad de género, examina y aprueba la estrategia de igualdad de género y supervisa el desempeño de los órganos que son responsables ante el Parlamento de Georgia en ese ámbito. Asimismo, aprueba los informes del Estado dirigidos a los órganos creados en virtud de tratados.

En 2019 el Consejo de Igualdad de Género, conforme a su estrategia y plan de acción para 2018-2020, puso en marcha investigaciones temáticas, de conformidad con el artículo 155 del Reglamento del Parlamento de Georgia, sobre la accesibilidad de las mujeres a la formación profesional y la participación de mujeres en los programas económicos estatales. El nuevo instrumento parlamentario de supervisión (la investigación temática) establece la participación activa de la sociedad civil en el proceso. A raíz de las investigaciones se prepararán recomendaciones dirigidas a fortalecer la participación de las mujeres en la formación profesional y en los programas económicos estatales. El nuevo Reglamento del Parlamento autoriza al órgano legislativo a ejercer su discreción en cuanto a la selección de las cuestiones objeto de investigación temática.

En 2017 se ensayó en el Parlamento una metodología de evaluación de las repercusiones relativas al género para determinar la repercusión de determinadas políticas e instrumentos de legislación en las mujeres y los hombres y la manera en que esta política puede contribuir a la igualdad de género. En el ámbito del ensayo de 2017, personal del órgano legislativo ha redactado un informe de evaluación de las repercusiones relativas al género con respecto a los proyectos de enmienda del Código de Trabajo en materia de estupefacientes. El informe se presentó al comité parlamentario de política en materia de drogas con fines de examen.

Párrafos 8 y 9 - Visibilidad de la Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité

Los últimos años, el Gobierno de Georgia, en cooperación con asociados internacionales, emprendió un gran número de intervenciones de sensibilización pública sobre cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la violencia contra la mujer y la violencia doméstica que iban dirigidas a diversos grupos de Georgia (puede consultarse más información en el anexo 1).

En 2018 la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica elaboró una estrategia y plan de acción nacional en materia de comunicaciones sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica que tenía por objeto promover la tolerancia cero y los servicios de que disponían las supervivientes de violencia de género. También incluía planes de acción detallados para las campañas 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género de 2018 y 2019. Está última campaña, que estuvo dedicada al acoso sexual, contó con la participación de 22 entidades estatales y tuvo más de 3.000 beneficiarios directos y muchos más beneficiarios indirectos.

La Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica prepara cada año un informe exhaustivo de sus actividades en el que se indican los progresos alcanzados por el poder ejecutivo en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica y lo presenta al Parlamento. El informe es objeto de amplia difusión entre asociados nacionales e internacionales.

La Comisión Interinstitucional también aprobó una estrategia de comunicación para 2018-2020 en la que se definía la visión y la misión del Consejo en materia de comunicaciones, así como sus objetivos, principios y cometidos, y se indicaba el público destinatario, así como las principales cuestiones de interés de las que debían ocuparse las campañas de sensibilización.

El sitio web del Ministerio del Interior ofrece información sobre los mecanismos legales disponibles contra la violencia doméstica. También contiene información sobre la línea directa 112 del Ministerio y la línea directa 116-006 de asesoramiento a las víctimas de violencia doméstica y a los ciudadanos en general.

Entre las campañas de sensibilización lanzadas por el Estado, cabe destacar aquella cuyo lema fue “¡Actúa!”, que el Ministerio de Justicia realizó de febrero a noviembre de 2017 y que tuvo como principal objetivo proporcionar información a la población y alentarla a participar en la lucha contra la violencia. Como parte de la campaña, se creó un sitio web [http://imoqmede.ge/] para facilitar la participación de la población en la campaña contra la violencia y permitir que las víctimas o los testigos de hechos violentos informaran sobre el problema, en forma de cartas anónimas al Ministerio de Justicia. En el marco de la campaña social, se organizaron actividades de capacitación gratuitas que abarcaron 78 grupos y un total de 886 participantes. El Ministerio del Interior puso en marcha el proyecto denominado Apoyo al Ministerio del Interior en la Lucha contra la Violencia Doméstica y la campaña social cuyo lema fue “Poder para confiar”. Junto con otros actos importantes previstos en el proyecto, se organizaron reuniones periódicas con representantes de diversas entidades públicas y gobiernos autónomos locales de las distintas regiones para mejorar la coordinación. A fin de concienciar y de prevenir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, la Fiscalía llevó a cabo diversas actividades en el marco de sus proyectos titulados Consejo Local y Fiscalías en todas las regiones de Georgia en 2016 y 2017. El Fondo Estatal de Protección y Asistencia de las Víctimas (oficialmente reconocidas) de la Trata (entidad jurídica de derecho público) llevó a cabo la campaña “Abre los ojos”, con el propósito de informar a la población sobre una línea directa nacional de consulta contra la violencia (116-066). En el marco del proyecto se creó un sitio web [www.sheachere.ge]. Usando cámaras web y tecnología de identificación basada en el movimiento ocular, el sitio detiene o continúa las escenas que representan violencia doméstica.

El 17 de agosto de 2015 el Gobierno de Georgia aprobó la Estrategia Estatal de Igualdad e Integración Cívicas y un Plan de Acción para 2015-2020. El nuevo documento de estrategia se basa en los principios de igualdad y en el enfoque de “mayor diversidad, mayor integración” y tiene por objeto establecer un entorno de igualdad, la plena participación de las minorías étnicas en todas las esferas de la vida social y la protección de su cultura e identidad. También incorpora la voluntad de eliminar la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres favoreciendo y alentando su participación activa en la vida social. Se han llevado a cabo diversas campañas informativas o de sensibilización en zonas donde abundan las minorías étnicas a fin de sensibilizar a la población en materia de igualdad de género.

Para incorporar el género en el sistema de educación formal se han integrado los principios de igualdad de género en el tema “La sociedad y yo” (cursos III y IV) del ciclo de enseñanza primaria.

Para el nivel de enseñanza básica (cursos VII a IX) se ha elaborado un plan de estudios en educación cívica centrado en la enseñanza de los derechos humanos, las responsabilidades de los ciudadanos y los principios de la democracia. Uno de los principios más importantes es la igualdad, conforme al cual todos los ciudadanos tienen el mismo valor y todos gozan de igualdad de oportunidades y derechos. Se eliminará la discriminación por motivos de raza, religión, sexo (género) y origen étnico. El plan de estudios abarca asimismo el matrimonio precoz. Este tema aparece representado en el contexto de la conciencia cívica, el desarrollo personal y los derechos humanos. En particular, el matrimonio precoz se presenta como violación de los derechos humanos y factor que impide el desarrollo personal. También se incorporan en el plan de estudios los principios generales de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (“las mujeres y la paz y la seguridad”).

En 2018 el Centro de Desarrollo Profesional del Profesorado, entidad jurídica conforme a derecho público, puso en marcha un programa titulado “Apoyo a la cultura democrática y la educación en derechos humanos” con el objeto de prestar apoyo a la cultura de la democracia y el aprendizaje sobre los derechos humanos en las instituciones de enseñanza general. En el ámbito del programa está previsto elaborar módulos especiales de capacitación de docentes, organizar estudios, reuniones y conferencias y elaborar material de apoyo (directrices, folletos, películas, etc.) para los docentes y otras personas que toman parte en el proceso de enseñanza.

Como consecuencia de estas gestiones, han cambiado considerablemente las actitudes públicas frente a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y ha aumentado notablemente el número de denuncias recibidas los últimos años por las fuerzas del orden, como se observa en varios estudios y en datos administrativos.

Según lo constatado en el estudio nacional sobre la violencia contra la mujer (2017), el 18 % de las mujeres que han sufrido alguna vez violencia de pareja se han dirigido a la policía en busca de ayuda, frente a apenas un 1,5 % en 2009. En el estudio se constataba también que cerca del 33 % de las encuestadas todavía seguían considerando que la violencia de pareja era un asunto privado y nadie más debería intervenir; sin embargo, en 2009 era de esa opinión el 78 % de las encuestadas. Además, el número de mujeres que piensan que está justificado que los maridos golpeen a sus esposas en determinados casos disminuyó del 34,1 % en 2009 al 22 % en 2017.

También se han dirigido a los hombres intervenciones específicas. A raíz de ello, la proporción de hombres que piensan que la principal responsabilidad de las mujeres es cuidar de su familia bajó del 93 % en 2014 al 78 % en 2017, y el número de hombres que piensan que es responsabilidad de las mujeres no quedar embarazadas bajó del 69 % en 2014 al 37 % en 2017.

Globalmente, hasta el 80 % de la población de Georgia tiene conocimiento de la existencia de leyes que protegen a las víctimas de violencia doméstica, servicios para las supervivientes de la violencia y campañas contra la violencia doméstica. Todo ello es indicio de que los esfuerzos concentrados dirigidos los últimos años a crear conciencia sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y promover la tolerancia cero frente a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica están teniendo repercusiones positivas.

Toda persona o grupo de personas puede presentar una solicitud individual o colectiva ante la Defensora Pública a efectos de que se pronuncie sobre la existencia de discriminación, recurriendo para ello al sitio web oficial de la Defensoría Pública o a cualquier otro mecanismo. La Defensoría Pública tiene seis meses para estudiar un caso de discriminación, plazo que puede prorrogarse otros tres meses en determinadas circunstancias.

Los últimos años ha aumentado la presentación de denuncias de discriminación de género. Concretamente, en 2018 la Defensoría Pública examinó, de oficio o en atención a una solicitud, 159 casos de presunta discriminación de los cuales el 16 % eran casos de discriminación de género. Según la Defensoría Pública, cabe atribuir principalmente el aumento al mayor número de denuncias de acoso sexual recibidas.

De conformidad con el programa de asociación entre Georgia y la Unión Europea, se han preparado una estrategia de cinco años y un plan de acción de dos años para el organismo judicial. El plan de acción abarca destacados aspectos como las garantías de transparencia, imparcialidad, igualdad de trato, mayor receptividad a las cuestiones de género y la conformidad de las actuaciones con las normas internacionales en la materia.

En cooperación con organizaciones internacionales y no gubernamentales, se han elaborado diversos módulos de aprendizaje y programas de capacitación dirigidos al organismo judicial, en particular en materia de igualdad de género y violencia contra la mujer y violencia doméstica, que se han incorporado en el plan de estudios de la Escuela Superior de Justicia. El módulo de capacitación sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica, elaborado en 2017 con apoyo del Consejo de Europa y ONU-Mujeres, se actualizó en 2019, y se llevaron a cabo actividades adicionales de formación de formadores y capacitación experimental. En total, durante el período sobre el que se informa se impartieron nueve cursos sobre igualdad de género en los que participaron 105 jueces; en cuanto a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, se impartieron cinco cursos en los que participaron 71 jueces. El Centro de Derechos Humanos adscrito al Tribunal Supremo ha publicado y actualizado una recopilación de decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica para que las decisiones judiciales se basen en mayor medida en normas internacionales. Como consecuencia de ello, el número de casos en los que se hizo referencia a las normas internacionales en la materia aumentó un 16 %. En 2019 el Departamento de Análisis del Tribunal Supremo llevó a cabo investigaciones sobre la práctica judicial en relación con el artículo 34 (hostigamiento criminal) del Convenio de Estambul con el objeto de ilustrar la evolución de la práctica del common law de conformidad con la nueva reglamentación legislativa y el Convenio. Según las constataciones del estudio, la aplicación de las normas internacionales en la práctica judicial ha aumentado hasta el 30 %.

El Tribunal Supremo ha analizado con detenimiento la jurisprudencia de los tribunales ordinarios en los casos de violencia contra la mujer y violencia doméstica en 2017 para determinar tendencias en la aplicación por los jueces de las normas internacionales, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando adoptan decisiones y formular recomendaciones al respecto. Según el informe, se observa una tendencia positiva en la práctica judicial en los casos de violencia de género. Los datos estadísticos indican que disminuyó el número de acuerdos de conformidad en casos de violencia doméstica (que pasaron del 42 % al 28 %). En 2019, el Departamento de Análisis del Tribunal Supremo llevó a cabo investigaciones sobre los casos de discriminación en la práctica judicial nacional (aplicación de normas internacionales a escala nacional). El estudio tenía por objeto evaluar la eficacia de la aplicación de la legislación contra la discriminación en la práctica judicial nacional. Según las constataciones del estudio, la mayoría de los casos examinados por los tribunales se referían a presunta discriminación por motivos políticos y de género (en 2017 y 2018 los tribunales examinaron tres conflictos laborales relativos a la presunta existencia de discriminación por motivos de sexo, y solo determinaron discriminación en uno de ellos), así como de afiliación a la Confederación de Sindicatos de Georgia. Según el estudio, los tribunales no determinaron en ningún caso la existencia de discriminación por motivos de orientación sexual o embarazo. Además de ello, en la práctica judicial se examinan unas cuantas demandas en materia de acoso sexual.

Se han concentrado los esfuerzos en el fomento de la capacidad de las fuerzas del orden y otros profesionales que se dedican a la prevención de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y las correspondientes actividades de respuesta. En 2018 se impartieron tres cursos de especialización en materia de violencia doméstica y delitos domésticos a los que asistieron 83 participantes (fiscales e investigadores de la fiscalía). En marzo de 2019 se impartió, con apoyo del Consejo de Europa, un curso de capacitación conjunto de tres meses a personal de la Fiscalía de Georgia y el Ministerio del Interior en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica y del Convenio de Estambul.

Un curso de aprendizaje a distancia impartido a fiscales por conducto del programa electrónico HELP del Consejo de Europa va dirigido a ayudar a las fuerzas del orden a familiarizarse con las normas europeas en materia de derechos humanos y mejorar la calidad de la respuesta a los casos de violencia contra la mujer y violencia doméstica con el objetivo ulterior de facilitar a las víctimas acceso a la justicia. El curso de capacitación también trató de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de las resoluciones ulteriores sobre las mujeres y la paz y la seguridad.

El Colegio de Abogados de Georgia elaboró un programa especial de capacitación sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica que incorporó en el programa de formación jurídica permanente obligatoria de los abogados georgianos (con apoyo de ONU-Mujeres). El Centro de Capacitación del Colegio de Abogados lo ha institucionalizado.

Un módulo de capacitación en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica forma parte del programa de capacitación de la policía de distrito y de patrullaje y está institucionalizado en la Academia del Ministerio del Interior, donde es obligatorio para todos los estudiantes. También se ofrece formación en el empleo en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica a la policía criminal, de distrito y de patrullaje.

De 2016 a 2018, el Fondo Estatal de Protección y Asistencia de las Víctimas (oficialmente reconocidas) de la Trata (entidad jurídica de derecho público) elaboró un módulo de capacitación sobre prevención de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y la correspondiente respuesta y trabajo social para las víctimas que iba dirigido a los trabajadores sociales del Organismo de la Seguridad Social (entidad jurídica de derecho público) (con apoyo de USAID). Más de 244 trabajadores sociales recibieron capacitación impartida a través del módulo.

En 2017 se elaboró un curso en línea sobre acoso sexual en el lugar de trabajo con apoyo de ONU-Mujeres. Puede accederse al curso en el sitio web oficial de la Defensoría Pública. Gracias a la promoción emprendida por la Oficina de la Administración Pública, varios funcionarios han completado el curso.

Párrafos 10 y 11 - Marco jurídico para la no discriminación y la igualdad

En diciembre de 2018 entraron en vigor los cambios en la Constitución de Georgia, con lo cual quedó ultimada la transición del país de un sistema de gobierno semipresidencial a un sistema parlamentario. Sobre todo, la nueva Constitución de Georgia contiene ahora una cláusula en materia de igualdad. En la nueva disposición constitucional se sustituye el anterior texto sobre la igualdad de jure por el concepto de igualdad sustantiva, con lo cual pasa a hacerse hincapié en la lucha contra las desigualdades estructurales y se impone al Estado la obligación de establecer y aplicar leyes, políticas y programas especiales, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para velar por que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades y de resultados.

Fueron medidas fundamentales e históricas la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) en 2017 y la armonización de la legislación de Georgia con sus requisitos, impulsada por el Ministerio de Justicia. Como consecuencia de ello, se han tipificado como delito el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, el hostigamiento criminal, el acoso sexual y la esterilización forzada.

En mayo de 2014 el Parlamento de Georgia aprobó la Ley de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, por la que se prohibía la discriminación por motivos de sexo, así como, entre otros motivos posibles, de orientación sexual e identidad de género. La definición de discriminación directa e indirecta que figura en la Ley de Igualdad de Género es consonante con la mencionada Ley de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación e introduce el concepto de discriminación múltiple. Asimismo, prohíbe expresamente todo apoyo a los actos discriminatorios o la instigación a su comisión. La Ley confiere a la Defensoría Pública la facultad de supervisar la labor del Estado dirigida a eliminar la discriminación.

Aparte de la función de supervisión, la Ley encomienda a la Defensoría Pública emprender investigaciones de oficio y en atención a las denuncias recibidas en relación con casos de presunta discriminación. La Defensoría Pública está facultada para mediar en la negociación de acuerdos entre las partes en controversias sobre discriminación. Además, toda presunta víctima de discriminación puede asimismo dirigirse a los tribunales en todo momento sin recurrir a la Defensoría Pública. En los casos de discriminación, ya se encargue de ellos la Defensoría Pública o incumban a un tribunal, cualquier persona puede presentar al Defensor Público de Georgia los hechos y las pruebas pertinentes en que se fundamenta una sospecha de discriminación, a raíz de lo cual corresponderá al presunto responsable del acto la carga de la prueba a efectos de demostrar que no se produjo discriminación.

Con las enmiendas legislativas dirigidas a mejorar la aplicación de la legislación contra la discriminación en la práctica, la Defensoría Pública tiene derecho a solicitar y recibir los documentos y materiales necesarios en relación con la presunta discriminación, y las entidades privadas y las personas están obligadas a aportar la información que se les solicite. Además, está facultada para dirigirse al tribunal como demandante si una entidad privada o una persona no aplica o adopta la recomendación del Defensor Público y existen indicios suficientes de discriminación (antes de estos cambios, las mencionadas facultades solo se referían al sector público).

En febrero de 2019 se enmendó la Ley contra la Discriminación y se agregó la definición de acoso sexual a los tipos de discriminación conforme a un proyecto de ley promovido por el Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales de Georgia.

En mayo de 2019 se aprobó a instancias del Consejo de Igualdad de Género un segundo conjunto de enmiendas en materia de acoso sexual por el que se introdujo la prohibición del acoso sexual en los espacios públicos en el Código de Infracciones Administrativas de Georgia y se asignó al Ministerio del Interior, por conducto de la policía, la responsabilidad principal en cuanto al cumplimiento. También se han incorporado enmiendas al respecto en el Código de Trabajo y la Ley de la Función Pública a efectos de prohibir el acoso sexual en el lugar de trabajo. Se ha seguido ampliando el mandato de la Defensoría Pública para que se ocupe de las denuncias de acoso sexual.

En 2013 se creó el Departamento de Igualdad de Género de la Defensoría Pública y en 2014 se creó el Departamento de Igualdad. Incumbe a ambos la supervisión de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito de la igualdad de género, así como el apoyo a la incorporación de una perspectiva de género en el funcionamiento general de la Defensoría Pública y la sensibilización pública dirigida a promover en Georgia la equidad de género. Su mandato incluye el seguimiento de la protección del derecho a la igualdad de género, así como el examen de las denuncias y solicitudes individuales relativas a violaciones de derechos conexos y la formulación de recomendaciones y conclusiones.

Para garantizar la eficiencia del desempeño de la Defensoría Pública, especialmente a la luz de la ampliación de su mandato, se ha aumentado su presupuesto un 268 % desde 2014. El presupuesto aprobado constaba de 2,380 millones de laris en 2014, 4 millones en 2015, 4,5 millones en 2016, 4,8 millones en 2017, 5,5 millones en 2018 y 6,4 millones en 2019.

Párrafos 12 y 13 - Aplicabilidad de la Convención

Pasados 12 años desde la agresión militar a gran escala dirigida por Rusia contra Georgia, la situación humanitaria y de los derechos humanos en las regiones ocupadas de Abjasia y Tsjinvali y en los territorios aledaños a las líneas de ocupación sigue siendo grave. Rusia y sus regímenes de ocupación de Sojumi y Tsjinvali siguen violando sobre el terreno los derechos humanos básicos de la población afectada por el conflicto, en particular el derecho a la vida, la libertad de circulación, el derecho a la propiedad y el derecho a la educación en la lengua materna propia.

La instalación de alambre de espino y diversas barreras artificiales, los secuestros y las detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos, las brutales violaciones de los derechos humanos y la intensificación de la discriminación de las personas de etnia georgiana que residen en los territorios ocupados siguen siendo un problema grave.

Los conflictos afectan especialmente a las mujeres y las niñas, que están expuestas a un mayor riesgo de violencia. El problema se ve agravado por la falta de verdaderos mecanismos de protección, centros de crisis y servicios de rehabilitación psicológica. El acceso a la atención sanitaria, la prohibición del aborto en cualquier fase y la deficiente atención prenatal y posnatal se cuentan entre las numerosas dificultades que encuentra la salud de las mujeres.

Además, la detención ilegal de mujeres se ha convertido en práctica habitual. El número de mujeres detenidas ilegalmente aumentó de una en 2009 a 12 en 2019.

El caso de la Sra. Tamar Mearakishvili, mujer activista de la sociedad civil del distrito de Ajalgori, sigue siendo una demostración muy vívida de las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas en la región georgiana de Tsjinvali de Georgia, ocupada por Rusia. Durante el período que abarca el informe, la Sra. Mearakishvili siguió siendo objeto de una grave discriminación étnica, opresión, persecución y restricciones de sus derechos y libertades fundamentales por parte del régimen de ocupación ruso de Tsjinvali. Lleva más de tres años privada de la posibilidad de circular libremente y de cruzar la línea de ocupación para visitar a sus familiares y obtener servicios básicos, como los de carácter médico, en el territorio controlado por el Gobierno de Georgia. Su situación se ha agravado aún más desde el cierre total de la línea de ocupación en la región de Tsjinvali en septiembre de 2019. El régimen de ocupación ruso ha hecho todo lo posible por obligar a la Sra. Mearakishvili a abandonar su hogar y convertirse en desplazada interna.

La violación o limitación de los derechos de las mujeres en las regiones de Abjasia y Tsjinvali de Georgia y en los territorios aledaños a la línea de ocupación siempre han formado parte del programa del Gobierno de Georgia.

En el marco de ambos grupos de trabajo de los Debates Internacionales de Ginebra, los representantes de Georgia subrayaron sistemáticamente las arduas condiciones de las mujeres que se ven afectadas por la actual ocupación ilegal por la Federación de Rusia de las regiones de Abjasia y Tsjinvali y subrayaron los resultados negativos de la fortificación de la línea de ocupación, el alambre de espino y otras barreras artificiales, el cierre de los denominados puntos de cruce, la restricción de la libertad de circulación, la prohibición de la educación en la lengua materna, la privación del derecho a un regreso seguro y digno al propio hogar impuesta a los desplazados internos y los refugiados y otras violaciones de los derechos fundamentales.

Durante la 46ª ronda de los Debates Internacionales de Ginebra se celebró una sesión informativa sobre el tema “Las mujeres y la paz y la seguridad”. Con el objeto de garantizar una paz sostenible e inclusiva, se puso de relieve la participación activa de las mujeres, así como la necesidad de abordar en las negociaciones de paz los problemas de las mujeres afectadas por el conflicto. Los participantes georgianos subrayaron el deseo del Gobierno de Georgia de seguir fomentando la participación genuina de las mujeres en las negociaciones de paz para garantizar un proceso de aplicación del acuerdo de alto el fuego que diera cabida a la dimensión de género.

Las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las condiciones en los territorios ocupados de Georgia se examinaron durante las reuniones del Mecanismo de Prevención de Incidentes y Respuesta (MPIR) celebradas en Gali y Ergneti. En 2016 se reanudaron las reuniones del MPIR en Gali al cabo de cuatro años de interrupción. En el verano de 2018 Rusia y su régimen de ocupación de Sojumi perturbaron las reuniones del MPIR y desbarataron las negociaciones cuestionando el programa y las normas básicas de estos mecanismos esenciales al negarse a tratar del asesinato de Giga Otkhozoria por denominados guardafronteras. Además, en agosto de 2019 el MPIR en Ergneti también se vio perturbado por Rusia y su régimen de ocupación en Tsjinvali y no se reanudó hasta julio de 2020, tras una suspensión de un año. De 2016 a 2020 se celebraron 21 reuniones del MPIR en Gali y 36 en Ergneti.

En el ámbito de todos los mecanismos internacionales bilaterales y multilaterales, Georgia ha planteado sistemáticamente cuestiones humanitarias y sobre derechos humanos y seguridad humana en relación con las acciones ilegales de Rusia en las regiones de Abjasia y Tsjinvali de Georgia y en los territorios aledaños a la línea de ocupación, así como las difíciles condiciones de las mujeres afectadas por la ocupación ilegal por Rusia de las dos regiones georgianas.

El Gobierno cooperó de forma activa con la Misión de Observación de la Unión Europea (EUMM) y prestó apoyo a la prevención de la escalada del conflicto a fin de abordar los actos de provocación de Rusia y atender las necesidades de la población local, entre ellas las mujeres afectadas por el conflicto. Georgia ha subrayado sistemáticamente la importancia del libre acceso de la EUMM a las regiones ocupadas de Abjasia y Tsjinvali y el pleno ejercicio de su mandato en la totalidad de Georgia. En consecuencia, este tema ha quedado reflejado en numerosos documentos y declaraciones internacionales.

Para promover la participación de las mujeres afectadas por el conflicto y atender sus necesidades en el proceso de paz, en el ámbito de los planes de acción nacionales de 2016 a 2020 el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina del Ministro de Estado para la Reconciliación y la Igualdad Cívica y el Servicio de Seguridad del Estado, en cooperación con ONU-Mujeres, celebraron 19 reuniones de información con mujeres y desplazados internos afectados por el conflicto, representantes de organizaciones no gubernamentales y centros de estudios. Durante estas reuniones se abordó extensamente la dinámica de los Debates Internacionales de Ginebra y el MPIR, así como los problemas de las mujeres y los desplazados internos afectados por el conflicto. Se examinaron ideas concretas en materia de protección de las mujeres y los niños afectados por el conflicto irresuelto entre Rusia y Georgia.

Se ha creado la base de datos sobre iniciativas de diplomacia pública en la Oficina del Ministro de Estado para la Reconciliación y la Igualdad Cívica. En un período de cuatro años se han aprobado 253 proyectos, entre ellos 24 relativos a temas e iniciativas sobre mujeres, presentados por ONG de mujeres. En comparación con los datos de 2015 (10 %), el apoyo prestado a iniciativas de diplomacia pública presentadas por organizaciones de mujeres ha aumentado un 21 %.

Además de asumir compromisos de alto nivel, Georgia empezó a avanzar en la localización de su tercer plan de acción nacional para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2018-2020), recomendación que también quedaba reflejada en los informes de seguimiento de la Defensoría Pública y del Centro de Información para Mujeres en 2017. Con ello se pretendía fortalecer las capacidades de las administraciones regionales y locales de 10 municipios seleccionados de Georgia (Dusheti, Gori, Kareli, Kaspi, Jashuri, Sachjere, Stepantsminda, Tsalenjija, Tskaltubo y Zugdidi) para aplicar el plan de acción nacional a escala local, así como mejorar el diálogo y la participación en estos procesos de los desplazados internos y las mujeres afectadas por el conflicto.

Como consecuencia de ello, en ocho de los diez municipios se incorporaron enmiendas en los planes de acción locales en materia de igualdad de género con respecto a los derechos de los desplazados internos y las mujeres y niñas afectadas por el conflicto. En el municipio de Zugdidi se aprobó un plan de acción aparte en relación con la resolución 1325 (2000); en el municipio de Dusheti se aceptaron las recomendaciones dirigidas a mejorar el plan de acción local; y en los municipios de Sachjere, Tsalenjija y Zugdidi se asignaron presupuestos a determinadas actividades relacionadas con el programa en materia de mujeres y paz y seguridad.

Para los jóvenes afectados por el conflicto que residen a ambos lados de la línea de ocupación, incluidas las niñas, las oportunidades de educación son muy importantes. En el contexto del cierre de los denominados puntos de cruce, la restricción de la libertad de circulación en el ámbito de los servicios a los estudiantes pasó a ser un obstáculo considerable al acceso a la educación. Al respecto, se observan las condiciones más graves en el distrito de Gali, donde prosigue la discriminación por motivos de origen étnico y está prohibida la educación en la lengua materna georgiana. El régimen de ocupación ruso ha aplicado una política de discriminación semejante en la región de Tsjinvali.

El Gobierno de Georgia pone todo su empeño en atender las necesidades de la población de los territorios ocupados y mejorar sus condiciones de vida. El 11 de enero de 2017 se enmendó la Orden núm. 1067 del Ministro de Educación y Ciencia, de 1 de diciembre de 2009, relativa a la aprobación de las normas para el reconocimiento de la educación recibida en los territorios ocupados. Según las enmiendas, los residentes en el territorio ocupado pueden solicitar en línea el reconocimiento de su titulación de enseñanza superior.

El programa especial “1+4” permite a los residentes matricularse en instituciones de enseñanza superior de Georgia y cursar estudios en ellas conforme a procedimientos simplificados. Ejemplo de ello es el requisito de aprobar un solo examen en lugar de cuatro en idioma abjasio/osetio. En el año escolar 2016-2017 el Estado financió la educación de 91 estudiantes de la región ocupada de Abjasia (distrito de Gali y valle del Kodori).

En 2017 el Ministerio de Estado para la Reconciliación y la Igualdad Cívica elaboró, en cooperación con otras autoridades estatales, una nueva iniciativa de paz, “Un paso hacia un futuro mejor”. Una de las orientaciones de la iniciativa era el desarrollo de oportunidades de educación para la población de las regiones ocupadas, lo cual consiste en ofrecer a los residentes oportunidades de educación a partir del sistema de educación estatal, fortalecer y simplificar los procedimientos de educación, facilitar el acceso a todos los niveles de educación y facilitar el acceso a educación de calidad y de ámbito internacional. El Gobierno presentó el 4 de abril de 2018 una iniciativa de paz, y el Parlamento aprobó las enmiendas legislativas conexas.

Desde 2013 la Oficina del Ministro de Estado sigue financiando la educación de los alumnos que habitan en aldeas aledañas a la línea de ocupación. Se presta apoyo financiero por medio de una comisión gubernamental temporal a fin de atender las necesidades de la población. Se sufragó la matrícula de 846 alumnos de aldeas cercanas a la línea de separación que se matricularon en programas de licenciatura y maestría en el año escolar 2016-2017. Durante el primer semestre del año escolar 2017-2018 se aportó financiación a 1168 alumnos de aldeas cercanas a la línea de separación (989 estudiantes de programas de licenciatura y 179 estudiantes de programas de maestría).

El servicio gratuito de atención médica es uno de los logros más destacados de la estrategia estatal “Participación mediante la cooperación”. Los habitantes de los territorios ocupados pueden hacer uso de distintos tipos de programas estatales, entre los cuales el más importante es el servicio de remisión. Desde 2017 los residentes del distrito de Gali han dispuesto del programa de remisiones.

En comparación con los datos de 2012, ha aumentado el número de personas de la región de Tsjinvali dispuestas a someterse a tratamiento médico en territorio controlado por Georgia. A la vez, el número de pacientes de la región de Abjasia que toman parte en el programa de remisiones se ha multiplicado por seis. En abril de 2015 se puso en marcha el programa de eliminación de la hepatitis C. En él pudieron participar los residentes de los territorios ocupados, incluidas las mujeres y niñas.

Gracias al mecanismo de coordinación establecido en el marco del plan de acción de la estrategia estatal de participación y con apoyo del PNUD, se ha administrado regularmente a la población de la región de Abjasia medicación y vacunas de distintos tipos.

En 2017, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura ejecutaron todos los programas y proyectos en las aldeas cercanas a la línea de separación, en particular programas ejecutados por “Producción en Georgia”, entidad jurídica conforme a derecho público, proyectos agrícolas del Ministerio de Agricultura, “Plantar el Futuro”, seguros agrícolas, el programa de apoyo a las industrias agrícolas, proyectos de instalaciones de elaboración y almacenamiento y crédito agrícola en condiciones favorables. Estos programas y proyectos revisten especial importancia para el empoderamiento económico de las mujeres a escala local.

Párrafos 14 y 15 - Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

Georgia ha fortalecido su marco institucional nacional dirigido a supervisar, coordinar y promover sus actividades en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Los mecanismos nacionales de Georgia en materia de igualdad de género constan de tres órganos principales: a) el Consejo de Igualdad de Género, en el organismo legislativo; b) la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, en el poder ejecutivo del Gobierno; y c) el Departamento de Igualdad de Género de la Defensoría Pública, a título de institución nacional de derechos humanos.

Sigue correspondiendo a la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica una posición destacada a efectos de conformar la política de género del país y vigilar el grado en que el Gobierno cumple los compromisos internacionales y nacionales en el ámbito de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

La Comisión Interinstitucional coopera con consejos de igualdad de género de los consejos supremos de las repúblicas autónomas de Abjasia y Adjara y con consejos de igualdad de género de ámbito local.

Incumbe a la Comisión Interinstitucional, entre otras cosas, ayudar al poder legislativo a legislar y formular políticas en materia de igualdad de género, analizar y elaborar propuestas legislativas dirigidas a eliminar las desigualdades de género, supervisar la actuación del Gobierno a efectos de promover la igualdad de género, recibir informes de los mecanismos institucionales en materia de igualdad de género y supervisar la aplicación de la legislación y las políticas en el ámbito de la igualdad de género.

La Comisión Interinstitucional presenta al Parlamento de Georgia un informe anual sobre igualdad de género. Además, supervisa las obligaciones internacionales de Georgia en el ámbito de la igualdad de género y está autorizada para representar al órgano legislativo en las relaciones internacionales en la esfera de la igualdad de género.

En 2017, para prestar apoyo a la formulación de políticas con base empírica, se llevó a cabo, a iniciativa de la Comisión Interinstitucional y con apoyo del PNUD y de PROLoG/USAID, un estudio básico integral sobre los obstáculos a la igualdad de género en Georgia y recomendaciones al respecto. El estudio integral recopila todas las intervenciones jurídicas y sociales de ámbito nacional a efectos de reunir pruebas con fines de formulación de políticas con conocimiento de causa y dirige recomendaciones temáticas a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo.

En junio de 2017, con la creación de la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, copresidida por el Asesor del Primer Ministro de Georgia sobre Derechos Humanos y Cuestiones de Igualdad de Género y por el Viceministro de Justicia, se fortaleció en mayor medida el marco institucional en materia de igualdad de género.

El mandato de la Comisión sobre la Igualdad de Género abarca muy diversas cuestiones conexas en el ámbito de la igualdad de género. La Comisión, que depende de la Oficina del Primer Ministro de Georgia, se encarga de la coordinación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y medidas que tienen por objeto promover la igualdad de género y ejerce las funciones previstas en el artículo 10 del Convenio de Estambul.

El componente viceministerial de la Comisión sobre la Igualdad de Género está integrado por representantes de los ministerios competentes, el Servicio de Asistencia Letrada, la Radiotelevisión Pública y el Fondo Estatal de Protección y Asistencia de las Víctimas (oficialmente reconocidas) de la Trata, como miembros, y por la Defensoría Pública, el Consejo de Igualdad de Género del Parlamento y el Tribunal Supremo, como observadores. Para garantizar la participación de la sociedad civil, la Comisión sobre la Igualdad de Género crea grupos de trabajo temáticos.

En 2018 el Gobierno de Georgia aprobó el Plan de Acción Gubernamental sobre Derechos Humanos. Uno de los capítulos del Plan de Acción está dedicado a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, se aprobaron el Plan de Acción Nacional para 2018-2020 sobre las Medidas para Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y Proteger a las Víctimas y el Plan de Acción Nacional para la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 2018-2020.

Para establecer un puesto de asesor sobre igualdad de género como mecanismo institucional permanente en el ámbito de los municipios, en 2016 se incorporaron enmiendas al respecto en la Ley de Igualdad de Género y en el Código de los Órganos Locales de Autogobierno. Se han creado consejos para la igualdad de género en los gobiernos autónomos locales, y se han nombrado asesores en materia de igualdad de género en algunos municipios.

En 2015 se creó el puesto de asesor en materia de igualdad de género en el Ayuntamiento de Tiflis. En 2016 se creó un Consejo de Igualdad de Género sobre la base de la nueva composición del Ayuntamiento de Tiflis. En 2017 el Ayuntamiento aprobó el plan de acción sobre la estrategia de género, dirigido a promover la igualdad de condiciones para las mujeres y los hombres en cuanto a su participación en los gobiernos autónomos locales. La estrategia se basa en principios de igualdad de género en todos los ámbitos de la vida municipal y social y establece medidas adecuadas para la prevención y la eliminación de la discriminación de género.

Se han designado coordinadores de cuestiones de género en todas las instituciones gubernamentales, ministerios competentes y entidades subnacionales y en cada oficina de alcalde de distrito en calidad de destacados asociados para la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones estatales. A 2019, están en funcionamiento consejos de igualdad de género en los 64 gobiernos autónomos locales con el objeto de prestar apoyo a la promoción de la igualdad de género a escala subnacional.

Los equipos de igualdad de género están firmemente representados en los principales ministerios competentes. Por ejemplo, un equipo de seguimiento de la igualdad de género en el Ministerio de Defensa coordina la incorporación de la perspectiva de género y la institucionalización y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales asumidos en ese ámbito. Las funciones del equipo de seguimiento constan de la organización de consultas sobre cuestiones de género y la coordinación de los asesores en materia de género. También toma parte en la aplicación de medidas de prevención de la violencia doméstica por parte de los representantes de las Fuerzas Armadas de Georgia y en la elaboración o aplicación de módulos de educación.

Se designan asesores en materia de género en el Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas. Algunas de las principales funciones de estos asesores consisten en prestar apoyo a la estrategia de género del Ministerio de Defensa, divulgar información sobre los principios y valores de la igualdad de género, organizar consultas, prestar apoyo a las actividades de aprendizaje e investigación en el ámbito de la igualdad de género y prestar asistencia en la respuesta adecuada a los casos de discriminación de género, violencia de género y acoso sexual.

Se incorporaron enmiendas pertinentes en el estatuto disciplinario de los efectivos militares y se añadió una disposición especial sobre acoso sexual. Para mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, se llevan a cabo actividades especiales para aumentar la participación de las mujeres en las instituciones de enseñanza del sector de la defensa.

Párrafos 16 y 17 - Medidas especiales de carácter temporal

Como consecuencia de la reforma constitucional ultimada en diciembre de 2018, se ha incorporado en la Constitución texto explícito sobre la obligación del Estado de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Desde 2015 se han realizado varios intentos de aplicación de medidas especiales de carácter temporal dirigidas a aumentar la participación política de las mujeres en forma de distintas cuotas obligatorias aplicables al Parlamento y a las listas de los partidos. En junio de 2017 se recibieron 37.000 firmas de ciudadanos y peticiones de varios grupos a favor de los derechos de las mujeres con fines de imposición de una cuota de género obligatoria del 50 % en las listas proporcionales de los partidos para las elecciones parlamentarias y locales.

En 2011 el Parlamento aprobó una cuota voluntaria a efectos de participación de mujeres en las listas de los partidos políticos. La cuota voluntaria supone un 10 % adicional de financiación presupuestaria para todo partido que incluya un mínimo de tres representantes de distinto sexo por cada 10 candidatos en la lista electoral del partido.

En 2020, como consecuencia de las enmiendas del Código Electoral, por primera vez en la historia se adoptaron cuotas de género tanto a nivel nacional (Parlamento) como local (gobiernos autónomos locales). Las cuotas garantizan un mínimo de un cuarto de mujeres (actualmente, el 14 %) en el Parlamento a partir de 2020, junto con otro aumento más adelante, y un mínimo de un cuarto de mujeres (actualmente, el 14 %) en los consejos locales.

Párrafos 18 y 19 - Estereotipos y prácticas nocivas

Un elemento central de las gestiones del Gobierno dirigidas a garantizar la igualdad de género consiste en rebatir y eliminar los estereotipos de género y los prejuicios inconscientes y prácticas basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno u otro sexo.

Desde el último informe periódico, el Gobierno ha dado prioridad a una amplia gama de cuestiones, entre ellas la lucha contra la violencia doméstica, la trata, las agresiones sexuales, el acoso sexual y las prácticas nocivas, como el matrimonio precoz y la mutilación/ablación genital femenina.

Se ha creado un grupo de trabajo sobre las prácticas nocivas copresidido por la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica y el UNFPA. Aparte de la prevención de los matrimonios precoces, se encarga de la lucha contra la mutilación/ablación genital femenina. En el marco del grupo de trabajo se han llevado a cabo numerosas actividades de creación de conocimientos, en particular en colaboración con dirigentes religiosos y espirituales.

A mayo de 2017 el nuevo artículo 1332 del Código Penal prohíbe la mutilación genital femenina por cualquier motivo, ya sea de carácter forzado o consensuado. El artículo prevé la responsabilidad penal de la persona que realice la ablación, así como de toda persona que ejerza coacción sobre una mujer o una niña para que se someta a mutilación/ablación genital, con inclusión de sus familiares.

En Georgia persisten los estereotipos que consienten la desigualdad de género. Sin embargo, son patentes los cambios positivos en las percepciones sociales en materia de igualdad de género y violencia contra la mujer y violencia doméstica y en las correspondientes actitudes. El porcentaje de mujeres que consideran que la violencia doméstica es un asunto privado y que nadie debe interferir ha disminuido, pasando del 78 % en 2009 al 33 % en 2017. Las actitudes en materia de género son menos conservadoras. Los hombres y mujeres de las generaciones más jóvenes muestran una actitud menos discriminatoria. Ha disminuido la tasa de mujeres que permanecen con maridos violentos porque creen que la violencia es algo normal. Ha aumentado considerablemente el porcentaje de mujeres víctimas de violencia de pareja que han denunciado el incidente a la policía (del 1,5 % en 2009 al 18 % en 2018). Todo ello es indicio de que los esfuerzos concertados dirigidos los últimos años a crear conciencia sobre el empoderamiento y los derechos de las mujeres e impulsar su promoción están teniendo consecuencias positivas.

El marco jurídico aplicable a los medios de comunicación en el ámbito del género aparece definido en la Ley de Radiodifusión de Georgia y en el Código de Conducta de las Entidades Emisoras, aprobado por la Comisión Nacional de Comunicaciones de Georgia.

El Código de Conducta de las Entidades Emisoras aprobado por la Comisión Nacional de Comunicaciones obliga a estas entidades a acatar principios de emisión y a “dar cabida a los intereses de distintos grupos sociales, independientemente de su afiliación política, su extracción cultural, étnica, religiosa y regional y su idioma, edad o género”.

En el Código se enumeran factores que las entidades emisoras deben tomar en consideración al presentar la violencia, como por ejemplo: “violencia en la vida cotidiana: incidentes de violencia doméstica en los que son víctimas personas de edad, personas con discapacidad, mujeres y niños; agresiones verbales y físicas; no debe consentirse la violencia sexual o de ningún otro tipo”.

La Ley de Publicidad de Georgia establece que la publicidad no debe incitar a los ciudadanos a “la violencia, la agresión y el caos ni a ningún otro tipo de acto peligroso que pueda dañar la salud o la seguridad”.

En diciembre de 2009 cerca de 139 periodistas firmaron y aprobaron principios comunes de conducta profesional, en virtud de lo cual pasaron a ser miembros de la Carta Georgiana de Deontología Periodística, organismo que se autorregula. La Carta prevé que los periodistas comprendan la importancia de la labor periodística y “hagan todo lo posible por evitar la discriminación de cualquier persona por motivos de raza, género, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o social o cualquier otro rasgo”.

Párrafos 20 y 21 - Violencia contra la mujer

Como consecuencia de la mayor confianza en las entidades encargadas del orden público y del menor estigma que suscitan las denuncias de violencia contra la mujer y violencia doméstica, la presentación de denuncias de violencia ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. La violencia de pareja y el matrimonio precoz y forzado se cuentan entre las formas más frecuentes de violencia que sufren las mujeres en Georgia. Según el estudio nacional sobre la violencia contra la mujer en Georgia, el 6 % de las mujeres (de 15 años de edad en adelante) ha sufrido algún tipo de violencia de pareja en su vida, y casi el 3 % ha sufrido por lo menos una forma de violencia cometida por alguien que no era su pareja. El 14 % de las mujeres de 20 a 24 años de edad afirma haber contraído matrimonio antes de los 18 años.

El marco jurídico nacional se fortaleció considerablemente a raíz de la ratificación en 2017 del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). A la vez, la aprobación por Georgia de un marco jurídico histórico iba dirigida a armonizar la legislación nacional con los requisitos previstos en el Convenio de Estambul. El Ministerio de Justicia ha elaborado un conjunto de enmiendas pertinentes de hasta 25 instrumentos legislativos aprobados ese mismo año por el órgano legislativo.

Como consecuencia de la reforma legislativa, se ha ampliado el ámbito de la legislación en materia de violencia doméstica, que antes era neutra en cuanto al género, para que también se aplique a otras formas de violencia de género contra las mujeres, con lo cual se tienen en cuenta sus dimensiones de género.

Para aumentar la divulgación de los casos de violencia contra la mujer y violencia doméstica, en la nueva legislación se amplía el grupo de personas facultadas para denunciar casos de violencia doméstica. Se han establecido circunstancias excepcionales aplicables a los profesionales sujetos legalmente a obligaciones de confidencialidad (médicos, docentes, abogados) a efectos de divulgar información en caso de riesgo de repetición de la violencia.

Además de lo que antecede, se han estudiado nuevos enfoques en materia de protección y rehabilitación de víctimas. Se ofrecerá a las víctimas de violencia el derecho a consulta jurídica, un permiso de 30 días y refugio. En el caso de las mujeres extranjeras que sean víctimas de violencia, la expulsión está prohibida hasta la conclusión definitiva de las acciones judiciales. En esos casos, se les podrá expedir un permiso de residencia temporal.

En respuesta a un número de feminicidios sin precedentes en 2014, el por entonces Presidente de Georgia declaró 2015 “Año de las Mujeres” para subrayar la condena por el país de la violencia contra las mujeres y las niñas y la importancia de adoptar medidas tangibles para eliminarla.

En su informe sobre Georgia de 2016 (A/HRC/32/42/Add.3), la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias reiteró el llamamiento que había dirigido a todos los Estados para que crearan un “observatorio contra el feminicidio” o un “observatorio contra el asesinato de mujeres por razones de género” que reuniera y publicara datos anuales sobre el número de feminicidios y establecieran o designaran un órgano, nuevo o existente, encargado de analizar cada caso de feminicidio para determinar toda deficiencia en materia de protección con el objeto de mejorar las medidas de prevención del feminicidio. En abril de 2017 el Defensor Público anunció que la Defensoría Pública asumiría las funciones de observatorio contra el feminicidio en Georgia, con lo cual se convirtió en el segundo ombudsman del mundo, después del de la Argentina, en asumir la responsabilidad de vigilar los casos de feminicidio.

En el marco del proceso de vigilancia, la Defensoría Pública analiza anualmente todos los casos de feminicidio, incluidos los procesos de investigación, enjuiciamiento, juicio y condena, para determinar la prevalencia del feminicidio, el historial previo de violencia, la eficiencia de las medidas de respuesta y protección, de haberlas, la proporcionalidad de las sanciones y otras cuestiones. La Defensoría Pública prepara asimismo recomendaciones dirigidas a los organismos gubernamentales pertinentes, el órgano legislativo y el organismo judicial a fin de mejorar la prevención del problema y la consiguiente respuesta. El análisis y las recomendaciones aparecen en los informes especiales anuales de la Defensoría Pública sobre feminicidio.

En noviembre de 2018, el Parlamento de Georgia aprobó la reforma del Código Penal de Georgia impulsada por el Ministerio del Interior tras mantener amplias consultas con asociados para el desarrollo y la Defensoría Pública. De conformidad con la ley, se han incorporado los motivos de género como circunstancia agravante en relación con los delitos de homicidio intencional, incitación al suicidio, causa intencional de daños corporales graves y causa intencional de daños corporales menos graves, lo cual obedece a la recomendación del observatorio de la Defensoría Pública contra el feminicidio en relación con la regulación legislativa especial del feminicidio en virtud de su tipificación como delito de homicidio calificado. Además, la comisión de delitos por motivos, entre otros, de sexo, orientación sexual o identidad de género es un factor agravante en cuanto a la responsabilidad del delito de que se trate. Dicho de otro modo, cuando se impone una pena de encarcelamiento de duración definida por un delito cometido con alguno de los factores agravantes mencionados la duración deberá superar en por lo menos un año el plazo mínimo previsto para la sentencia en relación con el delito cometido.

A raíz de lo señalado, el número de feminicidios ha disminuido en 2014-2019 de 35 en 2014 a 17 en 2019. Según la Defensoría Pública, de 2014 a 2018 se denunciaron en total 135 asesinatos de mujeres (se instigó al suicidio a tres de las víctimas). De 2014 a 2019 se registraron 80 tentativas de asesinato (se instigó al suicidio a cinco de las víctimas de las tentativas).

En general, Georgia ha avanzado considerablemente en la respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente por lo que se refiere a la violencia de género, en particular mediante el mantenimiento del orden y la mayor notificación de incidentes por parte de víctimas o supervivientes en los últimos años, como se desprende de los datos administrativos en la materia.

En concreto, el número de inculpaciones en casos de violencia doméstica aumentó, pasando de 550 en 2014 a 3.955 (resultantes en 1.714 condenas) en 2018; en 2019 se pusieron en marcha 4.579 enjuiciamientos, mientras que el número de órdenes de alejamiento dictadas aumentó de 902 en 2014 a 8.621 en 2019 (en un plazo de apenas 10 meses). Cerca del 18 % de las mujeres que han sufrido alguna vez violencia de pareja se han dirigido a la policía en busca de ayuda, frente a apenas un 1,5 % en 2009.

Aunque es patente en general un acusado cambio positivo en las actitudes y percepciones de la sociedad respecto de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género (como se indicaba en relación con los párrafos 18 y 19, Estereotipos y prácticas nocivas), la violencia sexual sigue siendo un tema tabú y persisten las actitudes dañinas frente al problema. Según el estudio mencionado, el 50 % de los hombres sigue creyendo que no puede hablarse de violación cuando la víctima no se resiste físicamente. Con respecto a este indicador en particular, el progreso ha sido lento, en la medida en que solo ha disminuido en tres puntos porcentuales desde 2014, como se observa en el estudio del UNFPA sobre los hombres y las relaciones de género (2014).

Para seguir fortaleciendo la eficiencia de la respuesta a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, el Ministerio del Interior estableció en su estructura en 2018 el Departamento de Protección de los Derechos Humanos para supervisar las investigaciones de casos de violencia doméstica y de violencia contra la mujer (incluida la violencia sexual) y delitos cometidos por motivos discriminatorios y los correspondientes procedimientos administrativos; los delitos de odio; y los casos de trata de menores y delitos cometidos por menores o contra ellos. Corresponde al Departamento detectar las lagunas de la respuesta, analizar los datos, formular recomendaciones vinculantes dirigidas a la policía y contribuir a la formulación de políticas.

Para mejorar la calidad de las investigaciones de los delitos de ámbito doméstico y sensibilizar en mayor medida a los investigadores, en 2018-2019 se impartieron numerosos cursos. En el marco de estos cursos se volvió a capacitar a más de 600 agentes de policía. Además, en 2019 se capacitó a 125 agentes del orden en los mecanismos jurídicos en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica.

Para garantizar la uniformidad en la respuesta a los casos de violencia contra la mujer y violencia doméstica y en atención a las recomendaciones de la Defensoría Pública y de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (A/HRC/32/42/Add.3), en julio de 2018 se introdujo un instrumento de evaluación del riesgo (con apoyo de ONU-Mujeres) a título de reorientación normativa histórica en la respuesta de la policía a la violencia doméstica. El cambio obliga a los agentes de policía a verificar la situación en función de una lista de evaluación del riesgo para determinar los riesgos de letalidad y repetición del abuso por parte del autor a fin de establecer las medidas más apropiadas para la protección de la víctima. El instrumento de evaluación del riesgo permite asimismo a los agentes de policía documentar el historial de violencia sufrido y evaluar los riesgos de letalidad y repetición del delito a partir de una metodología normalizada. La reforma garantiza la mejora de la planificación de la seguridad de las víctimas con el objetivo último de salvar más vidas.

Se ha implantado en Georgia un sistema de vigilancia electrónica por GPS (mediante tobilleras) de los autores (con apoyo de ONU-Mujeres) que entró en vigor el 1 de septiembre de 2020. El uso de tobilleras electrónicas complementa el instrumento de evaluación del riesgo. Se trata de otro paso más en la prevención y la eliminación de la repetición del delito.

Otra innovación introducida por el Ministerio del Interior es una nueva función de la aplicación móvil 112, el Centro de Emergencias y Respuesta Operativa del Ministerio. La aplicación móvil 112 es un servicio gratuito e innovador de alta tecnología cuya principal ventaja es la posibilidad de detectar por GPS la ubicación del usuario. La aplicación permite funciones de SOS y chat para casos en que, cuando una usuaria no puede hablar o una llamada le resulte demasiado peligrosa, pueda servirse de las funciones de SOS o de chat. Estas funciones tienen especial importancia en los casos de violencia doméstica. Tan pronto como se aprieta el botón SOS se envían de inmediato a un operador las coordinadas de GPS de la usuaria para detectar su ubicación y enviar una patrulla policial a la dirección exacta. El menú “Consejos útiles” de la aplicación 112 ofrece ahora una nueva sección sobre violencia doméstica (con apoyo de ONU-Mujeres). La aplicación también ofrece información exhaustiva sobre los servicios públicos de que disponen las víctimas de violencia: refugios, centros de crisis y una línea directa (116 006). La información está disponible en georgiano, inglés y ruso.

La clasificación de las llamadas entrantes en el centro de emergencias 112 se basa en la información facilitada por quien llama. El operador del servicio 112 determina el tipo de incidente en el programa informático, lo cual es importante para establecer la prioridad del caso y determinar los recursos necesarios para responder. Como no siempre es posible determinar el género de quien llama, las llamadas entrantes no se desglosan por sexo. El número de llamadas al 112 por incidentes del tipo “conflicto/violencia doméstica” ha subido de 19.078 en 2016 a 20.496 en 2018.

El Ministerio del Interior implantó un mecanismo de supervisión de las órdenes de alejamiento para velar por el respeto por los autores de las condiciones indicadas en la orden de alejamiento mediante una comunicación intensa y visitas a la residencia de la víctima y del delincuente en función del nivel de riesgo determinado mediante el instrumento de evaluación del riesgo. Además, el Ministerio del Interior elaboró directrices para la investigación de casos de violencia de género o doméstica que transmitió a sus departamentos competentes.

La Fiscalía ha establecido una política de tolerancia cero para los casos de feminicidio y violencia contra la mujer y violencia doméstica. Aunque no existen leyes o protocolos escritos que impidan el recurso a acuerdos de conformidad y la derivación en estos casos, se ha encomendado a los fiscales que no ofrezcan acuerdos de conformidad. En los dos últimos años no se ha registrado un solo caso de acuerdo de conformidad en relación con casos de feminicidio. De 2014 a 2019 se ultimaron todas las investigaciones de casos de feminicidio y se llevó ante la justicia a todos los delincuentes.

En 2018, conforme a una orden del Fiscal General, se establecieron fiscales e investigadores especializados en delitos de violencia doméstica. Solo los fiscales especializados pueden encargarse de tramitar esos casos. A 2019 había en el país un total de 193 fiscales e investigadores del servicio de fiscalía especializados.

A raíz de las medidas preventivas adoptadas y de las mejoras en la calidad de la supervisión fiscal, el índice de denuncias de casos de violencia doméstica por parte de víctimas o supervivientes y el índice de puesta en marcha de enjuiciamientos penales han aumentado considerablemente, desde 550 en 2014 hasta las acusaciones penales presentadas en 2019 contra 4.579 personas.

Además, el número de peticiones por los fiscales de prisión preventiva aumentó del 14 % en 2014 al 92 % en 2019, lo cual es indicio de una reorientación normativa cualitativa de los fiscales en relación con estos delitos. La Fiscalía presta especial atención a cada caso y a todos los incidentes de violencia anteriores a efectos de detectar distintas formas de violencia y determinar pautas de violencia sistémica. Con todo, la detección de la violencia psicológica ha mejorado, si bien, pese a los considerables avances registrados en comparación con años anteriores, la cuestión de la determinación de motivos de discriminación de género en los casos de violencia contra la mujer y violencia doméstica sigue planteando problemas, con solo tres casos determinados en 2016 y 120 en 2019.

La Fiscalía dispone desde 2011 de una oficina del coordinador de testigos y víctimas. Se ha elaborado un concepto de colaboración de los coordinadores en casos de violencia doméstica con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, y se ha capacitado a 26 personas en temas relativos a la violencia doméstica, la trata y la explotación de niños. El número de beneficiarios de la oficina del coordinador de testigos y víctimas ha aumentado con los años. En 2019 utilizaron este servicio 8.348 personas.

En 2016 el Gobierno de Georgia ensanchó notablemente el alcance del plan de acción nacional sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica ampliando las obligaciones asumidas por el país y garantizando mayor protección a las víctimas o supervivientes de este tipo de violencia. Los anteriores planes de acción nacionales se centraban exclusivamente en la violencia doméstica. Los planes de acción nacionales sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica para 2016-2017 y 2018-2020 dan mayor cabida a la violencia contra la mujer y prevén actividades en materia de sensibilización, fortalecimiento y ampliación de los servicios, establecimiento de un sistema de recopilación de datos, mayor consonancia de la legislación y las políticas con las normas internacionales en ese ámbito, cooperación con los municipios locales y participación de las supervivientes en la formulación de políticas.

De conformidad con el Convenio de Estambul, en 2015 se elaboró (con apoyo de ONU-Mujeres) un curso de capacitación en materia de actitudes violentas y cambio de comportamiento dirigido a los autores del que desde 2016 se encarga el Ministerio de Justicia en el contexto de los servicios de libertad condicional. El programa se ha perfeccionado y mejorado, y desde 2019 se imparte en dos establecimientos penitenciarios. El programa se basa en el Programa de intervención para agresores de violencia de género (PRIA y PRIA-MA) de España. El programa, que tiene por objeto la reducción o eliminación de distintos tipos de comportamiento violento, la modificación de la conducta sexista y discriminatoria y la prevención de la reincidencia, contribuye asimismo a la meta de ayudar a los agresores que tienen un historial de comportamiento violento a comprender las dimensiones de género de la violencia y adquirir nuevas aptitudes de solución de conflictos mediante la elaboración de normas de comportamiento basadas en la igualdad y el respeto en las relaciones.

Una de las principales funciones del Servicio de Asistencia Letrada financiado por el Estado es la prevención de la violencia doméstica y la protección de los derechos de las víctimas de violencia contra la mujer y violencia doméstica. El Servicio ofrece asistencia letrada gratuita a las supervivientes, con inclusión de consultas jurídicas, la redacción de documentos jurídicos y la representación ante los tribunales en los procedimientos relativos a órdenes de alejamiento, independientemente de la condición socioeconómica de la víctima. Además, las víctimas tienen derecho a asistencia jurídica gratuita en los procedimientos civiles y administrativos relacionados con la violencia doméstica.

En septiembre de 2016 se abrió en Tiflis (con apoyo de ONU-Mujeres) el primer centro estatal de crisis de Georgia, que presta servicios en régimen ambulatorio (alojamiento a corto plazo, comidas, artículos de higiene y ropa, servicios psicosociales, socioeconómicos y jurídicos y remisión a refugios y a servicios de traducción o interpretación, según proceda) a supervivientes de violencia contra la mujer y violencia doméstica. Se abrieron centros de crisis en Gori, Kutaisi, Ozurgeti y Marneuli (con apoyo de ONU-Mujeres) que ahora están en funcionamiento y se financian enteramente con cargo al presupuesto estatal. Actualmente, el Fondo Estatal tiene a su cargo cinco centros de crisis en todo el país.

En 2012 el Fondo Estatal puso en marcha una línea directa en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica que funciona 24 horas al día todos los días de la semana. A 2016 la línea directa 116-006 podía responder simultáneamente a varias llamadas entrantes, y desde 2019 está disponible en georgiano y en siete idiomas extranjeros: inglés, ruso, turco, azerbaiyano, armenio, árabe y persa.

Además, el Fondo Estatal tiene a su cargo en diversas partes de Georgia cinco refugios para supervivientes de violencia contra la mujer y violencia doméstica cuya financiación corresponde enteramente al Estado. A raíz de ello, la financiación estatal de los servicios especializados en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica aumentó un 87 % entre 2014 y 2017.

Para fomentar la descentralización de los servicios especializados en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica para las supervivientes y aumentar el acceso, en Telavi y Zugdidi se han abierto centros de crisis junto con el centro no gubernamental local de consultas para mujeres “Sajli”, en colaboración con los correspondientes municipios locales. La financiación de los centros de crisis de Telavi y Zugdidi se transferirá a los municipios locales en 2021.

En noviembre de 2017 se promulgaron normas mínimas para el funcionamiento de los centros de crisis a fin de garantizar la uniformidad en la calidad de los servicios en el país. Las normas mínimas tienen carácter obligatorio para todos los proveedores de servicios, tanto los estatales como los que corresponden a ONG.

Para garantizar la adecuación de los servicios especializados en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica a las normas y mejores prácticas pertinentes, el Departamento de Igualdad de Género de la Defensoría Pública se encarga de la supervisión periódica de los refugios y centros de crisis estatales. La Defensoría Pública formula al Fondo Estatal recomendaciones pertinentes dirigidas a seguir mejorando los servicios y subsanar las deficiencias detectadas.

El Fondo Estatal y el Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales elaboraron procedimientos operativos estándar para la respuesta del sistema de atención sanitaria a la violencia contra la mujer y la violencia doméstica de conformidad con las directrices de la OMS sobre identificación, tratamiento y remisión de víctimas o supervivientes. Estas directrices van dirigidas a que los servicios de atención sanitaria primaria y secundaria actúen con mayor eficiencia en la detección de mujeres víctimas de violencia y la prestación del correspondiente apoyo.

Las actividades de la Oficina Forense Nacional, entidad jurídica conforme a derecho público, se rigen por las leyes y los reglamentos aprobados por el Gobierno. En los casos de violencia doméstica, las fuerzas del orden, las autoridades judiciales y los particulares solicitan el examen por la Oficina.

Párrafos 22 y 23 - Trata de mujeres y explotación de la prostitución

La política nacional contra la trata se ha aplicado en torno a cuatro esferas principales: a) prevención del delito, b) protección de la víctima, c) investigación proactiva y d) enjuiciamiento penal efectivo e intensificación de la colaboración. El Consejo Interinstitucional para Combatir la Trata de Personas ha elaborado y coordinado la política. El Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas para 2017-2018 y el posterior Plan de Acción Nacional para 2019-2020 abarcan exhaustivamente cuestiones relativas a la prevención de la trata de menores y la prestación a los supervivientes de servicios adaptados a la infancia.

Según los informes sobre trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Georgia se ha mantenido sistemáticamente en puestos destacados del nivel 1 en 2016, 2017, 2018 y 2019. Según el informe de 2019 de la fundación Walk Free, Georgia ocupa el lugar 18 entre 183 países.

Una de las prioridades del Gobierno de Georgia es la determinación proactiva de los hechos en el ámbito de la trata de personas, en particular en cuanto a la trata de mujeres y niñas, y el enjuiciamiento de los responsables. Al respecto, desde 2013 están en funcionamiento en el Ministerio del Interior cuatro grupos móviles especiales encargados del examen proactivo de los lugares de alto riesgo (bares, clubes, saunas, etc.) de todo el país a fin de detectar casos de trata de personas. En 2019 el número de grupos móviles especiales aumentó de cuatro a seis.

El Gobierno tiene a su cargo dos refugios especializados en víctimas de trata en Tiflis y Batumi y seis centros de crisis para presuntas víctimas y ofrece asistencia médica y psicológica, asistencia letrada, servicios de cuidado de niños y servicios de reintegración, así como una indemnización financiera única por valor de 1.000 laris.Las víctimas pueden permanecer inicialmente tres meses en el refugio, plazo que puede prorrogarse por solicitud de la víctima. Los refugios ofrecen secciones aparte para mujeres, hombres y niños. Los servicios pueden prestarse tanto a ciudadanos georgianos como a extranjeros. Los coordinadores de víctimas y testigos de la Fiscalía General prestan a las víctimas servicios de asesoramiento durante la totalidad del proceso de investigación y las actuaciones judiciales.

En febrero de 2014, sobre la base del memorando de cooperación concertado entre el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Georgia en materia de aumento de la profesionalidad de las fuerzas del orden en el ámbito de la lucha contra la trata, se estableció un equipo de tareas integrado por investigadores y fiscales capacitados y dotados de conocimientos y competencias especiales en asuntos relacionados con la trata.

La Fiscalía aplica una política de tolerancia cero respecto de la trata de personas; se identifica proactivamente a las posibles víctimas de trata, se emprenden investigaciones de todos los hechos posibles y se garantiza una supervisión fiscal efectiva.

De 2014 a 2019 se procedió al enjuiciamiento por trata de 49 personas, se concedió a 29 mujeres y 29 niñas la condición de víctima reconocida oficialmente y se concedió a 10 mujeres y una niña la condición de víctima de trata de personas. Se declaró culpables a 24 demandados a quienes se impusieron penas de prisión de 7 a 15 años; se ha impuesto cadena perpetua a un tratante.

La legislación de Georgia hace diferencia entre la condición de “víctima de trata” y la de “víctima de trata reconocida oficialmente”. El Grupo Permanente del Consejo Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas concede a una persona la condición de víctima de trata en un plazo de 48 horas sobre la base de los cuestionarios del grupo móvil del Fondo Estatal de Protección y Asistencia de las Víctimas Oficialmente Reconocidas de Trata (en adelante, el Fondo Estatal), mientras que las fuerzas del orden conceden la condición de víctima de trata reconocida oficialmente de conformidad con el Código de Procedimiento Penal de Georgia. Las víctimas ordinarias o reconocidas oficialmente tienen acceso a los mismos servicios del Fondo Estatal (asistencia letrada y asistencia psicológica y médica gratuita, medidas de rehabilitación y reintegración, una indemnización única, refugio y centros de crisis) desde que se concede a la persona una u otra condición. Con independencia de las diferencias de procedimiento en la concesión de la condición, no existen diferencias entre sus derechos durante el proceso de investigación o de enjuiciamiento.

En 2014, para garantizar la investigación proactiva y la efectividad de las actuaciones penales en el ámbito de la trata de personas, el Consejo Interinstitucional aprobó directrices de las fuerzas del orden para la investigación, las actuaciones penales y el trato dispensado a las víctimas en el ámbito de la trata de personas, modificadas posteriormente en 2017 en respuesta a los nuevos desafíos a efectos de ofrecer orientación detallada sobre la investigación de los casos de trata.

Además, el Ministerio del Interior aprobó procedimientos operativos estándar para investigadores, agentes y equipos móviles de examen con fines de identificación de delitos de trata de personas, incluidas descripciones detalladas de señales de explotación sexual y laboral.

En diciembre de 2017 el Consejo Interinstitucional también aprobó directrices para la identificación de víctimas de trata dirigidas al personal que trabajaba en la frontera de Georgia a fin de ayudarle a detectar posibles víctimas de trata en las fronteras y garantizar su remisión efectiva.

Para proteger a los niños en situación de calle frente a cualquier tipo de violencia, incluida la trata, el Parlamento de Georgia aprobó el 22 de junio de 2016 modificaciones legislativas en la materia en hasta diez instrumentos legislativos con el objeto de 1) proporcionar a esos niños documentos de identidad gratuitos y 2) reforzar la función de los trabajadores sociales a efectos de separar al niño de la familia o alejarlo del autor. También se modificaron los reglamentos pertinentes dirigidos a crear el fundamento jurídico para suministrar a los niños en situación de calle documentos de identidad gratuitos y garantizar su participación en distintos programas estatales (educación, atención sanitaria, etc.). Además, el 12 de septiembre de 2016 el Gobierno de Georgia aprobó un nuevo mecanismo de remisión para la protección de los niños en virtud del cual se amplió la lista de entidades responsables de remitir los casos de violencia contra niños a los organismos competentes. En particular, todas las instituciones gubernamentales y sus unidades orgánicas, entidades jurídicas de derecho público subordinadas a órganos gubernamentales, jardines de infancia, instituciones de enseñanza general, escuelas de deportes y artes, proveedores de servicios médicos de todo tipo, incluidos los médicos de comunidad, y los municipios locales tienen la obligación de remitir los posibles casos de violencia contra niños tanto al Organismo de la Seguridad Social como a la policía.

En 2018 se tipificó como delito el proxenetismo y se incorporaron en el Código Penal las modificaciones pertinentes para garantizar la tipificación adecuada de los casos de trata e impedir que se obligara a los niños a ejercer la prostitución.

De conformidad con el nuevo texto del artículo 140 del Código Penal, las relaciones sexuales con menores de 16 años están sujetas a sanciones más altas. La pena prevista en el artículo es de privación de libertad por un plazo de siete a nueve años y de ocho a diez años cuando se dan circunstancias agravantes.

De 2014 a 2018 se emprendieron actuaciones penales de conformidad con el artículo 140 del Código Penal contra 478 personas y se reconoció la condición de víctima a 500 mujeres y niñas.

Desde 2015, de conformidad con el artículo 1501 del Código Penal, el matrimonio forzado se tipifica como delito de conformidad con los requisitos del Convenio de Estambul.

Para mejorar la respuesta a la trata de personas, el Ministerio del Interior creó en 2018 el Departamento de Protección de los Derechos Humanos y amplió su mandato en 2019. El Departamento se encarga ahora de supervisar la calidad de las investigaciones de delitos de violencia doméstica y violencia contra la mujer, los delitos de odio, los delitos cometidos por menores o contra ellos y la trata de personas.

Georgia presta especial atención a la cooperación con la sociedad civil a fin de garantizar su participación activa en la política contra la trata. A ese respecto, el Ministerio de Justicia organiza concursos anuales de subvenciones para ONG. De 2015 a 2017 el Ministerio de Justicia anunció tres concursos de subvenciones (cuyo presupuesto total ascendió a 89.000 laris).

En 2015 el Ministerio de Justicia concedió subvenciones por valor de 10.000 laris a dos ONG locales (el Centro Juvenil de Iniciativas Civiles “Momavali” y la Asociación de Medios de Comunicación Regionales de Georgia). Gracias a estos fondos las ONG han llevado a cabo campañas de información sobre la lucha contra la trata en las regiones de Adjara e Imereti.

En 2016 el Ministerio de Justicia prestó especial atención a los niños que vivían y trabajaban en la calle, uno de los grupos que corrían mayor riesgo de trata. Para ofrecer protección y apoyo a los niños, el Ministerio de Justicia concedió subvenciones por valor de 54.000 laris a dos ONG, “Iniciativa para el Cambio Social” y “Visión Mundial Georgia”.

Por un lado, los proyectos de subvención iban dirigidos a programas educativos, cognitivos, sociales, culturales y deportivos para niños identificados por el Organismo de la Seguridad Social que vivían o trabajaban en la calle y tomaban parte en un programa de prevención de segundo nivel del Centro de Prevención de la Delincuencia, entidad jurídica conforme a derecho público, del Ministerio de Justicia. Por otro lado, los proyectos de subvención iban dirigidos a detectar nuevas ubicaciones de niños sin hogar fuera del horario comercial y durante los fines de semana.

El concurso de subvenciones de 2017 (cuyo presupuesto ascendía a 25.000 laris) también se centró en los niños que vivían o trabajaban en la calle. El proyecto tenía por objeto crear conciencia pública sobre los riesgos relacionados con los niños en situación de calle y los mecanismos y servicios jurídicos disponibles para proteger a los niños sin hogar. El programa de subvenciones también incluía la preparación y difusión de material de información.

Según el artículo 15 de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, las víctimas de trata ordinarias o reconocidas oficialmente quedarán exoneradas de responsabilidad penal cuando hayan cometido cualquier delito mientras fueran víctimas, así como de responsabilidad administrativa por el ejercicio de la prostitución y la estancia ilegal en Georgia.

Párrafos 24 y 25 - Participación en la vida política y pública

En Georgia sigue siendo baja la participación de mujeres en los procesos decisorios. Conforme al derecho georgiano, los hombres y las mujeres gozan de igualdad de derechos en calidad de votantes y candidatos.

En 2016 se incorporaron modificaciones en la Ley de Igualdad de Género para incluir un requisito a efectos de que cada asamblea de municipio o ciudad forme un consejo de igualdad de género encargado de promover la igualdad de género y hacer frente a la discriminación de género a escala local.

Las elecciones parlamentarias de octubre de 2016 supusieron un avance en la participación política de las mujeres, en la medida en que la presencia de mujeres en el anterior Parlamento era inferior. De 2012 a 2016 solo hubo en Georgia 18 parlamentarias, cifra que apenas representaba el 12 % del total de 150 parlamentarios. Tras las elecciones de 2016 ocuparon escaños 24 mujeres que representaban el 16 % del número total de parlamentarios.

En vista de que las mujeres conforman la mayoría (52 %) de la población del país y de que hay más mujeres que hombres con título universitario, la representación insuficiente de las mujeres en los procesos decisorios, incluida la política, obedece a la desigualdad inherente derivada de muy diversas brechas en la vida económica y social, así como del bajo nivel de conciencia política. La Constitución de Georgia defiende el valor de la igualdad y exige al Gobierno garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, las desigualdades de facto siguen estando generalizadas.

La Comisión Electoral Central lleva a cabo actividades en la materia sobre la base de los principios de igualdad. Califica la desigualdad de género en la participación política de dificultad grave para la democracia y el desarrollo a largo plazo de Georgia.

En 2011 la Comisión Electoral Central estableció un Consejo de Igualdad de Género encargado de crear y aplicar una política de igualdad de género en la administración electoral y prestar apoyo a la aplicación de las recomendaciones en materia de igualdad de género elaboradas por el Gobierno de Georgia y por organizaciones internacionales. La administración redactó un plan estratégico para 2015-2019 y planes de acción anuales. Uno de los objetivos estratégicos consistía en prestar apoyo a la creación de un entorno donde imperara más la igualdad de género mediante la aplicación de una política de igualdad de género que fomentase la participación de las mujeres en la vida política y pública.

La Comisión Electoral Central define las prioridades anuales de los proyectos de subvención. En 2016-2017 se dio prioridad al apoyo a la participación de las mujeres en las elecciones parlamentarias (2016) y a los gobiernos autónomos locales (2017). Se establecieron medidas especiales dirigidas a las minorías étnicas, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia doméstica, los desplazados internos y las mujeres de tierras altas rurales.

En las elecciones de 2016-2017 la Comisión Electoral Central y el Centro de Capacitación pusieron en marcha programas de capacitación dirigidos a posibles candidatas. En 2016 participaron en la capacitación 53 posibles candidatas que representaban a distintos partidos políticos y grupos de iniciativas. Posteriormente se eligió a una candidata mediante el sistema proporcional. En el curso de capacitación ofrecido en 2017 participaron unas 69 posibles candidatas. De estas mujeres se eligió a 16, tres de ellas por mayoría.

Partiendo de datos desglosados por sexo, la administración se esfuerza por crear un entorno electoral en el que predomine el equilibrio de género. Además, suministra información adicional a todos los participantes en el proceso electoral. Durante las elecciones a gobiernos autónomos locales celebradas en 2017, de los 3.440.123 votantes inscritos el 53,76% eran mujeres. Votaron en las elecciones (primera ronda) unas 791.993 mujeres, lo cual supuso un 49,38 % de los votantes.

En 2017, para los 970 escaños proporcionales de las asambleas los partidos designaron a 12.902 candidatos que la administración electoral inscribió. De estos candidatos, 4.755 eran mujeres (36,85 %). En el caso de los 1.088 escaños mayoritarios de las asambleas, los partidos designaron a 4.727 candidatos que la administración electoral inscribió. De estos candidatos, 780 (16,50 %) eran mujeres, y los grupos de iniciativas propusieron 16 mujeres. En total, se inscribieron 369 candidatos a alcalde para cinco ciudades y 59 comunidades (municipios) autónomas de los cuales se habían inscrito 40 candidatas (10,84 %).

En las dos rondas electorales se eligió en total para las asambleas a 2.058 personas de las cuales 277 eran mujeres (13,46 %). En comparación con los resultados de las elecciones de 2014, el número de mujeres elegidas ha aumentado un 1,7 %. De las 277 mujeres que forman parte de las asambleas, 190 se eligieron mediante un sistema proporcional, mientras que 87 se eligieron por mayoría. Una mujer fue elegida alcaldesa de una ciudad/comunidad autónoma.

En el Parlamento se observan tendencias semejantes en cuanto a la participación política de las mujeres. De los 150 parlamentarios elegidos en 2016, 23 (15,33%) eran mujeres (entre ellas seis elegidas por mayoría y 17 por el sistema proporcional), lo cual representa un aumento del 3,33 % frente a las elecciones de 2012.

En 2017, sobre la base de los resultados de las elecciones a las asambleas, 15 partidos políticos cualificados recibieron apoyo financiero adicional para equilibrar la lista de candidatos desde la óptica del género. Antes, solo 11 partidos políticos se habían acogido a esos incentivos.

El 16 de diciembre de 2018 juró su cargo la primera Presidenta de Georgia.

En cuanto al poder ejecutivo del Gobierno, actualmente son cinco las mujeres que ocupan cargos de ministra en un Gobierno de 11 ministros, incluido el Primer Ministro.

En diciembre de 2017 el Parlamento de Georgia eligió Defensora Pública de Georgia a una mujer por un mandato de cinco años.

Párrafos 26 y 27 - Educación

En Georgia están previstos 15,7 años de escolarización y se registra una media de 12,8 años de escolarización para las niñas, frente a 15,2 y 12,8 para los niños, respectivamente. La tasa bruta de matriculación escolar es de 103 en el ciclo primario, 107 en el ciclo secundario y 58 en el ciclo terciario, mientras que la tasa de alfabetización de adultos (a partir de los 15 años de edad) es de 99,6 %.

El actual gasto público en educación representa un 3,8 % del PIB. En 2019 el Gobierno de Georgia presentó al Parlamento una iniciativa legislativa especial dirigida a aumentar la financiación pública de la educación durante los tres años siguientes hasta llegar al 6 % del PIB para 2022, lo cual representa cerca de un cuarto del presupuesto estatal en su conjunto.

El principal objetivo de la reforma en curso del sistema de enseñanza es conseguir que sea más flexible y moderna y se oriente a la obtención de resultados de calidad en el ámbito de la educación. Para cumplir estos objetivos, el sistema educativo debe ser accesible para todos los ciudadanos ofreciéndoles igualdad de oportunidades para obtener resultados sostenibles de calidad.

Por lo que se refiere a las novedades y cambios importantes dirigidos a garantizar la obtención de resultados positivos a largo plazo, se ha elaborado un sistema especial de financiación para respaldar la educación inclusiva en todos los niveles y la ejecución de programas de inclusión social dirigidos a garantizar la integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Desde 2016, el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte ejecuta un programa de educación de transición, “Segunda oportunidad para la educación”, dirigido a los niños que viven y trabajan en las calles. En 2016 y 2017 el número de niños que participaban en el programa aumentó de 80 a 101. Casi el 40 % de los beneficiarios del programa son niñas, de las cuales el 40 % son representantes de minorías étnicas.

Para sensibilizar a la población sobre los niños en situación de calle y los grupos vulnerables de niños, se elaboró el módulo de capacitación en materia de determinación de las necesidades de educación de los niños y de estrategias de comunicación y cooperación al respecto. Sobre la base del módulo, el Centro de Desarrollo Profesional del Profesorado del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte organiza cursos dirigidos a los docentes y los maestros especiales de las escuelas públicas.

Para mejorar y fortalecer el mecanismo de detección de niños en riesgo de abandono, se destinaron recomendaciones y apoyo de expertos locales e internacionales al Sistema de Información para la Gestión de la Educación, entidad jurídica conforme a derecho público integrada en el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte.

La participación de los estudiantes con necesidades especiales en la educación formal va en aumento. Entre 2015 y 2018 el número de estudiantes con necesidades especiales aumentó de 5.268 a 6.841 (2.418 niñas y 4.423 niños). En 2018, en el marco del programa de apoyo al aprendizaje inclusivo, se elaboraron bases de datos con el objeto de recopilar información sobre las personas con discapacidad, incluidas las niñas con discapacidad, en el ámbito de la educación para mejorar la calidad de su participación en el sistema de educación formal.

Párrafos 28 y 29 - Empleo

El ingreso nacional bruto per cápita estimado de las mujeres (paridad del poder adquisitivo en dólares en 2011) es de 6.504 frente a 12.929 en el caso de los hombres. La parte del empleo de mujeres en sectores distintos de la agricultura es del 44,3 % del empleo total en esos sectores. La tasa de desempleo total es de 0,84 (relación entre mujeres y hombres). La tasa de participación de las mujeres (de 15 años o más) en la fuerza de trabajo es del 56 %.

La tasa de desempleo total de Georgia, del 12,87 % en 2018, fue la más baja registrada en el anterior decenio, y había disminuido casi 2 puntos porcentuales en comparación con los datos de 2014 (14,6 %). Según GEOSTAT, en 2018, la participación de mujeres y hombres en el empleo era del 49 % y el 63 %, y la correspondiente tasa de desempleo era del 11 % y el 14 %.

Asimismo, las mujeres suelen trabajar en sectores de la economía menos rentables y ocupan puestos peor remunerados que los ocupados por hombres dentro del mismo sector. La mayoría de las mujeres ocupa puestos en el ámbito de la prestación de cuidados o servicios. Las mujeres representan cerca del 75 % de los empleados de los sectores de la atención sanitaria y social, el 60 % de los empleados en el sector de la hostelería y el 84 % del personal docente. Es inferior al 10 % la proporción de mujeres que se dedican a la construcción, mientras que el 23 % se dedica al transporte y las comunicaciones. Muchas mujeres también trabajan en el sector informal y en labores de agricultura de subsistencia no remuneradas.

En los planes de acción nacionales sobre derechos humanos (2014-2016, 2016-2017 y 2018-2020) figura una sección en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres dedicada al empoderamiento económico de las mujeres, que podrá alcanzarse mediante el apoyo a la educación de las empresas y el desarrollo de la capacidad, en particular en materia de agricultura y agronegocios, el aumento de la participación de las mujeres en las cooperativas agrícolas y su contribución efectiva al desarrollo rural. Un grupo de trabajo especialmente designado en el marco de la Comisión Interinstitucional sobre la Igualdad de Género, la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica también se ocupa de cuestiones relativas al empoderamiento económico de las mujeres.

Para promover el empleo de mujeres y hombres, el Gobierno de Georgia está aplicando una política activa para el mercado de trabajo mediante un programa estatal de capacitación y readiestramiento y perfeccionamiento profesional de quienes buscan trabajo.

El programa va dirigido a elevar la competitividad de quienes buscan trabajo en profesiones objeto de demanda mediante educación y capacitación y, en última instancia, el apoyo a su empleo efectivo. Se da prioridad a las mujeres a efectos de su inscripción en el programa. En 2019 participaron en él 2.457 solicitantes de los cuales 1.679 eran mujeres. A raíz del programa, en 2019 obtuvieron empleo 478 mujeres.

En el anexo XXX del Acuerdo de Asociación figura una lista de directivas de la Unión Europea a las que debe adaptarse la legislación de Georgia en materia de trabajo y empleo. El 19 de febrero de 2019 se prepararon y aprobaron modificaciones legislativas pertinentes del Código de Trabajo de Georgia, la Ley de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, la Ley de la Función Pública y la Ley de Igualdad de Género.

La Ley de la Función Pública de Georgia se modificó en 2017 a efectos de obligar a las entidades públicas a adoptar medidas dirigidas a garantizar la igualdad de trato de las personas empleadas y a incorporar disposiciones por las que se prohíbe la discriminación en las normas internas y otros documentos y garantizar su cumplimiento.

La licencia de maternidad remunerada de carácter obligatorio es de 183 días, lo cual supone un aumento con respecto a los 126 días de 2014. La Ley de la Función Pública de Georgia permite asimismo a las empleadas ausentarse del trabajo para recibir atención prenatal, mientras que el Código de Trabajo prohíbe el despido durante la licencia de maternidad y considera inadmisible la terminación de la relación de trabajo durante el período de maternidad, la licencia por adopción de un recién nacido y la licencia adicional para el cuidado de un hijo después de que una empleada notifica de su embarazo al empleador.

En mayo de 2019 se aprobó, a instancias del Consejo de Igualdad de Género, el segundo conjunto de enmiendas en materia de acoso sexual, por el que se introdujo la prohibición del acoso sexual en los espacios públicos en el Código de Infracciones Administrativas de Georgia y se asignó al Ministerio del Interior, por conducto de la policía, la responsabilidad principal en cuanto al cumplimiento. También se han aprobado enmiendas al respecto en el Código de Trabajo y la Ley de la Función Pública a efectos de prohibir el acoso sexual en el lugar de trabajo. Se ha ampliado el mandato de la Defensoría Pública para que se ocupe de las denuncias de acoso sexual.

Párrafos 30 y 31 - Salud

La atención sanitaria gratuita en el marco del Programa de Atención Sanitaria Universal es uno de los ámbitos en los que ha surtido más efecto la estrategia estatal “Participación mediante la cooperación”. Los habitantes de los territorios ocupados de Georgia pueden beneficiarse de distritos tipos de programas estatales (puede consultarse más información en relación con los párrafos 12 y 13, Aplicabilidad de la Convención, y los párrafos 34 y 35, Grupos de mujeres desfavorecidas).

La tasa de mortalidad materna (muertes por cada 100.000 nacidos vivos) disminuyó a 27,4 en 2018 desde 32,3 en 2015, mientras que la tasa de mortalidad de niños menores de un año disminuyó de 8,6 en 2015 a 8,1 (por cada 1.000 nacidos vivos).

Para disminuir la mortalidad materna y de niños menores de un año, así como las tasas de morbilidad, y aumentar el acceso a los servicios de salud reproductiva, se ha elaborado una estrategia nacional sobre atención de la salud maternoinfantil 2017-2030 en la que se define la política del país en materia de atención de la salud maternoinfantil, planificación familiar y salud sexual y reproductiva para los próximos 14 años.

En 2015 se facilitaron gratuitamente (con apoyo de USAID) existencias de anticonceptivos para cinco años a instalaciones de atención primaria de la salud de todo el país, incluidos anticonceptivos orales, píldoras de progesterona y preservativos. Se facilitó a centros de consulta para mujeres dispositivos de Implanon e intrauterinos (diu). La prevalencia de los anticonceptivos entre mujeres casadas o en parejas de hecho en edad de procrear (15 a 49 años) es del 40,9 %.

En el Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales se ha establecido un nuevo mecanismo de reglamentación del aborto. Se han establecido consultas/entrevistas antes del aborto como proceso interactivo que comprende el suministro al paciente de asistencia, información adicional y una opinión profesional de forma comprensiva y mediante el intercambio a fin de obtener el consentimiento informado del paciente sobre la prestación de servicios quirúrgicos o de medicación con fines de interrupción artificial del embarazo.

El número de abortos disminuyó un 42 % de 2012 a 2018. Hasta la fecha, el 97 % de los abortos tiene lugar en el grupo de edad de 20 a 44 años.

Se ha adoptado una política especial dirigida a eliminar la práctica de selección del sexo del feto prohibiendo la interrupción del embarazo por motivos de selección del sexo del niño, excepto en los casos en que ello sea preciso para evitar enfermedades hereditarias relacionadas con el sexo.

En 2018 la proporción entre los sexos al nacer era de 106 varones por cada 100 hembras. La proporción media entre los sexos de los niños de cuatro años era de 108,5 niños por cada 100 niñas en 2015. Según datos de 2016, de los 56.569 nacimientos registrados, 28.887 correspondieron a varones y 27.682 a hembras, distribución que se corresponde con una proporción entre los sexos al nacer de 105 varones por cada 100 hembras.

El Ministerio de Desplazados Internos de los Territorios Ocupados, Trabajo, Salud y Asuntos Sociales ofrece una terapia de sustitución de drogas para tratar a pacientes adictos a una sustancia. El número de mujeres que participan en terapias de sustitución ha aumentado de 12 en 2012 a 69 en 2019.

En 2014 se introdujo en el sistema penitenciario un programa intensivo en 12 fases dirigido a rehabilitar a los reclusos que padecían dependencia del alcohol o de otras sustancias. De 2016 a 2019 asistieron al curso de rehabilitación 32 reclusas.

Párrafos 32 y 33 - Mujeres rurales

Según datos del censo de 2014, la población rural ha disminuido un 24 % desde 2002. Parte de la población rural migra a centros urbanos, principalmente a ciudades. Sin embargo, la mayoría de los migrantes internos se mudan a la capital. Según GEOSTAT, la tasa de migración es mayor entre los hombres que entre las mujeres.

La Estrategia de Desarrollo Agrícola de Georgia 2015-2020 ofrece una visión para el desarrollo del sector agrícola en Georgia sobre la base de siete orientaciones principales del desarrollo. La elaboración de bases de datos informativos y la recopilación de datos desglosados por sexo forman parte de la segunda orientación, desarrollo institucional. Igualmente, en el plan de acción nacional correspondiente a la Estrategia figuran dos referencias al género: una recomendación a efectos de recopilar datos desglosados por sexo con fines de elaboración de un sistema de información sobre mercados y una recomendación a efectos de que las mujeres participen en el desarrollo de cooperativas agrícolas.

En la Estrategia de Desarrollo Rural de Georgia 2017-2020 se enumeran tres prioridades. Se hace referencia a las mujeres en una esfera prioritaria: condiciones sociales y nivel de vida. El plan de acción correspondiente prevé la construcción o rehabilitación de 70 jardines de infancia. La disponibilidad de jardines de infancia asequibles es esencial para alentar a más mujeres a incorporarse en el mercado laboral formal.

No existen obstáculos jurídicos a que las mujeres se inscriban como propietarias de tierras; la restricción del acceso a recursos productivos como las tierras agrícolas se califica de una de las causas de las dificultades financieras de las mujeres rurales. En comparación con los hombres, la participación de las mujeres en la agricultura tiene lugar en menor escala, a menudo en calidad de trabajadoras familiares auxiliares.

La tasa de propiedad de la tierra es superior en el caso de los hombres: en el censo agrícola de 2014 se constató que el 70 % del total de las explotaciones agrícolas correspondía a hombres: 642.209, frente a solo 198.446 controladas por mujeres. Además, las parcelas de tierra de las mujeres son más pequeñas que las de los hombres. La propensión a transmitir la tierra y las propiedades a los hijos antes que a las hijas es especialmente acusada entre las familias de minorías étnicas.

De hecho, es más de dos veces más probable que los hombres estén inscritos como propietarios de tierras, en comparación con las mujeres. La tasa de propiedad de ganado entre hombres es del 41,6 %, frente al 38,6 % en el caso de las mujeres. La brecha de género es relativamente moderada en vista de que la propiedad de ganado en los hogares no es personal, pues en su mayor parte pertenece al hogar en sí.

En 2014 estaban inscritos como propietarios de tierras 694.276 mujeres y 1.328.455 hombres. En 2019 el número de propietarios de tierras había ascendido a 1.089.604 mujeres y 1.700.889 hombres.

Ningún obstáculo jurídico impide a las mujeres acceder al crédito, pero, en la práctica, las mujeres tienen más difícil el acceso a préstamos, pues muchas carecen de tierras o propiedades que puedan presentar como garantía. En Georgia lo más normal es que las mujeres sean copropietarias en lugar de propietarias en exclusiva, y, por lo general, las propiedades se inscriben a nombre de los hombres. Es más frecuente que las mujeres obtengan microfinanciación, que no exige la presentación de una garantía considerable. Resulta significativo que las instituciones de microfinanciación ofrezcan crédito relativamente caro.

El Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible, en asociación con el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura, puso en marcha el programa estatal Producción en Georgia, dirigido a promover el emprendimiento en el país, estimular la producción local, especialmente en las regiones menos desarrolladas económicamente, prestar apoyo al desarrollo de nuevas empresas, crear empleo nuevo e incrementar el potencial de exportación. En 2015-2016, el número de solicitantes en el marco del programa Producción en Georgia de promoción del microemprendimiento y el pequeño emprendimiento en el país fue de 43.885 (37,5% mujeres). En el marco del programa se capacitó a 8.880 solicitantes (36 % mujeres). El número de beneficiarios del programa fue de 4.911 (40% mujeres).

El Organismo de Innovación y Tecnología de Georgia, entidad jurídica conforme a derecho público integrada en el Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible, se propone promover la financiación de proyectos y empresas emergentes innovadores. En 2016, el 35 % de los beneficiarios de sus proyectos fueron mujeres.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura y su Organismo para el Desarrollo Agrícola y Rural, entidad jurídica conforme a derecho público, se han dedicado al fortalecimiento del papel de las mujeres en las cooperativas agrícolas. El establecimiento y el desarrollo de cooperativas agrícolas fomentarán el crecimiento económico, promoverán el empleo de la población rural e impedirán la migración rural.

En 2015-2016 el Organismo para el Desarrollo Agrícola y Rural aplicó medidas especiales, en particular de capacitación de mujeres y de fomento de las cooperativas dirigidas por mujeres. A 31 de diciembre de 2017, de un total de 13.482 accionistas en 1.352 cooperativas agrícolas registradas son mujeres 3.299. En total, 295 cooperativas agrícolas están presididas por mujeres. Se ha registrado un total de 77 cooperativas de mujeres.

Entre los proyectos puestos en marcha por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura figuran el proyecto de crédito agrícola preferencial, del cual un 7 % de los beneficiarios son mujeres; la promoción de 2016 de obras de primavera para pequeños agricultores, del cual un 34 % de los beneficiarios son mujeres; seguros agrícolas, que se concedieron a 3.129 mujeres para sufragar gastos relacionados con riesgos; y “Plantar el Futuro”, que contó con 35 beneficiarios de proyectos, entre ellos nueve mujeres.

En noviembre de 2015 el Organismo Nacional de Registro Público del Ministerio de Justicia puso en marcha un proyecto sobre género y propiedad dirigido a informar al público de los principios de igualdad de género e igualdad de derechos en la distribución de la propiedad. Las mujeres están rezagadas con respecto a los hombres en todas las regiones de Georgia en lo que respecta al registro de la propiedad; en algunos municipios la proporción de mujeres es especialmente baja.

El Organismo de Desarrollo del Servicio Público, entidad jurídica conforme a derecho público dependiente del Ministerio de Justicia, abrió centros comunitarios en todo el país para aumentar el acceso de la población rural a más de 200 servicios del sector público y algunos del sector privado. Aparte de las oficinas de la administración municipal, los centros comunitarios ofrecen espacios especiales de participación civil y acceso gratuito a Internet, ordenadores y equipo de videoconferencia y servicios bibliotecarios electrónicos modernos. Actualmente funcionan en Georgia 76 centros comunitarios.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura, con apoyo del Programa Europeo de Vecindad para la Agricultura y el Desarrollo Rural, USAID y el PNUD, ejecuta varios proyectos dirigidos a proteger los derechos de las mujeres en las zonas rurales. Se organizó una serie de cursos, seminarios y conferencias (con apoyo de Mercy Corps, People in Need, CARE, Oxfam Reino Unido, la FAO y otras organizaciones internacionales, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, el PNUD y USAID) en materia de desarrollo institucional, desarrollo de proyectos empresariales, liderazgo económico de las mujeres, las mujeres y la inocuidad alimentaria, planificación presupuestaria y aptitudes de redacción de solicitudes de beca, planificación financiera, gestión de proyectos, presupuestación y planificación empresarial y cuestiones conexas. Participaron en los cursos más de 5.000 mujeres.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Agricultura, con apoyo de Mercy Corps, ejecutó en 21 municipios varios programas de educación en principios de cooperación entre agricultores, planificación empresarial y gestión financiera, tecnologías agrícolas y protección del medio ambiente. En total, se han impartido 179 sesiones de capacitación a 1.105 participantes de los cuales un 25 % eran mujeres. Se organizó un curso de liderazgo y comunicación eficaz dirigido a representantes de municipios y de servicios de consulta e información que estuvo centrado en el empoderamiento de la mujer en los procesos decisorios. Cerca del 39 % de los participantes en cooperativas de agricultores son mujeres. De las 74 cooperativas financiadas, las mujeres eran mayoría en 18. De esas 74 cooperativas, 12 están presididas por mujeres.

El Organismo para el Desarrollo Agrícola y Rural impartió sesiones de capacitación para cooperativas dirigidas por mujeres de las regiones de Mtsjeta-Mtianeti (con apoyo de Oxfam Reino Unido y BRIDGE) en materia de gestión institucional, financiación y contabilidad, elaboración de productos forestales distintos de la madera y medidas de protección de la seguridad durante la elaboración, preparación de estrategias de comercialización, creación de marcas y certificación, liderazgo económico de las mujeres y fomento de las aptitudes de promoción, redacción de proyectos y gestión empresarial.

Además, se establecieron equipos de salvavidas voluntarios de mujeres y hombres locales en Adjara, Kajeti y Mtsjeta-Mtianeti (con apoyo de ECHO, Oxfam Reino Unido y BRIDGE) y se impartió capacitación en respuesta de emergencia a los desastres antropógenos y naturales. Se dotó a los mencionados equipos de material de seguridad.

En 2016-2017 se ejecutaron dos proyectos de apoyo al desarrollo agrícola en Adjara (con apoyo del PNUD) para promover la participación de las mujeres en distintos programas, incluidos programas de desarrollo agrícola. En el marco del proyecto 212 mujeres tomaron parte en cursos de capacitación en contabilidad específica para la agricultura.

En 2017 se pusieron en marcha programas de capacitación en producción y gestión agrícolas primarias en las regiones de Racha-Lechjumi, Kvemo Svaneti, Samegrelo-Zemo Svaneti y Samtsje-Javajeti. Cerca del 45 % de los 2.210 participantes eran mujeres.

En 2016-2017, en el ámbito de un programa de desarrollo económico (con apoyo del Gobierno de Suecia), se crearon 695 lugares de trabajo (25 % para mujeres). Cerca de 1.700 personas han mejorado su competencia profesional en materia de agricultura (30 % mujeres), mientras que 1.412 autónomos participaron en sesiones de capacitación profesional en materia de agricultura (30 % mujeres) y 14.390 personas pasaron a percibir más ingresos mediante actividades agrícolas (25 % mujeres).

Se ha puesto en marcha un programa de desarrollo de la agricultura en el que participan agricultoras y productoras en el ámbito de la agricultura y el turismo (45 % del conjunto de los beneficiarios). Se impartió a 44.260 mujeres (37 % del número total de beneficiarios) capacitación en tecnologías modernas (con apoyo de USAID). Además, se organizaron sesiones de capacitación dirigidas a jóvenes empresarios en las que participaron 115 personas, 50 de ellas mujeres.

En 2014-2017, en 25 comunidades de las regiones de Kajeti y Samegrelo se asignó un total de 10.162.944 laris procedentes del presupuesto local a la financiación de 209 de los 460 proyectos presentados a gobiernos autónomos locales por grupos de iniciativas de mujeres con el objeto de resolver problemas locales (con apoyo del PNUD). Además, el PNUD y los gobiernos autónomos locales cofinanciaron 59 proyectos de microsubvención.

En 2014-2017 se capacitó a 1.422 mujeres y se prestaron servicios de información y consulta a 1.628 propietarias de explotaciones agrícolas pequeñas y medianas en instalaciones de educación asociadas. Es práctica común que, al término de un curso de capacitación de breve duración, las mujeres se incorporen en programas estatales de formación profesional ofrecidos por las mismas instituciones de educación. Al término de los cursos, cerca del 60 % de las beneficiarias han sido empleadas de 2012 a 2017.

En 2013 se creó (con apoyo del PNUD) la Asociación de Agricultoras, integrada actualmente por 150 agricultoras de casi todos los ámbitos de la agricultura. La Asociación presta apoyo a las mujeres que se dedican a la actividad agrícola en zonas rurales.

Párrafos 34 y 35 - Grupos de mujeres desfavorecidas

El desplazamiento interno de miles de personas a raíz de los conflictos armados del decenio de 1990 y de 2008 preocupa hondamente a Georgia. Según las estadísticas oficiales, a 2014 se habían inscrito en el país 259.247 desplazados internos (88.283 hogares). Según GEOSTAT, a 2018 el número de desplazados internos ascendía a 283.000 (53 % mujeres). Cerca del 61 % vive en centros para desplazados internos, mientras que el resto vive con parientes o en alojamiento privado.

El Servicio de Asistencia Letrada ofrece asesoramiento jurídico gratuito a los desplazados internos, que tienen derecho a recibir servicios de consulta presenciales y telefónicos o en línea. El Servicio de Asistencia Letrada también presta a los desplazados internos asistencia letrada, incluida representación ante los tribunales, en los casos previstos por la legislación.

El Fondo Estatal ofrece servicios especializados a la población de edad. Concretamente, existen residencias de ancianos en Tiflis (42 beneficiarios, 22 de ellos mujeres) y en Kutaisi (93 beneficiarios, 58 de ellos mujeres).

Los hogares de ancianos son instalaciones especializadas que funcionan 24 horas al día siete días por semana para prestar servicios sociales y de alojamiento, de conformidad con la legislación en vigor, a personas en edad de jubilación cuya capacidad de cuidar de sí mismas es limitada.

El Estado presta apoyo al desarrollo de los servicios sociales, tanto residenciales como alternativos, así como a una amplia gama de servicios sociales comunitarios y de tipo familiar. En 2018 se aprobó un Programa Estatal de Rehabilitación Social y Cuidado de los Niños para prestar diversos servicios, incluidos servicios comunitarios dirigidos a las personas de edad y las personas con discapacidad (alojamiento, servicios diarios y de alimentación tres veces al día, primeros auxilios, tratamiento y rehabilitación, servicios médicos ambulatorios y de hospitalización y otros servicios).

Desde el 1 de enero de 2016 el centro penitenciario para mujeres está dotado de infraestructura y servicios para visitas de larga duración. Junto con las visitas normales de corta duración, las reclusas tienen derecho a tres visitas de larga duración y otras dos visitas al año a modo de estímulo. Las visitas de larga duración pueden durar hasta 23 horas. Además, una visita de larga duración puede prolongarse hasta 47 horas. Las reclusas también gozan del derecho a visitas familiares. Esas visitas tienen lugar en una sala acondicionada especialmente para ello y duran hasta tres horas. Las reclusas pueden recibir una visita familiar al mes y una visita más como incentivo.

Además, con sujeción al permiso del tutor del niño y a la disponibilidad de instalaciones, así como al consentimiento de la administración penitenciaria, puede permitirse que una reclusa viva junto a su hijo menor de tres años en el centro especializado para mujeres. Las presas cuyo hijo de tres años haya abandonado el centro especializado tienen derecho durante un año a salir del centro los días festivos y de permiso para relacionarse con el hijo.

En 2018 Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, elogió al Gobierno de Georgia por haber reconocido la erradicación de la violencia y la discriminación como una de sus principales prioridades y por haber declarado la orientación sexual y la identidad de género como motivos protegidos, haciendo referencia a la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género como motivos de discriminación en la Ley contra la Discriminación.

La lucha contra los delitos de odio sigue teniendo carácter prioritario para la Fiscalía. En 2017, a fin de aplicar eficazmente la recomendación para los fiscales sobre los delitos motivados por el odio, se preparó un cuestionario especial que contenía instrucciones sobre las formas de entrevistar e interrogar a posibles víctimas, acusados y testigos de delitos de odio. Se envió el mencionado cuestionario a los empleados de la Fiscalía, lo que mejoró la calidad y la eficacia de las medidas adoptadas para identificar los motivos de odio en los casos penales.

En 2016-2017 se determinaron motivos de homofobia, bifobia o transfobia en 73 causas penales, por motivos de orientación sexual (16 casos) e identidad de género (57 casos). En total, se inculpó a 12 personas imponiéndoles acusaciones en las que se mencionaban expresamente motivos de orientación sexual e identidad de género en relación con el delito cometido. En los casos mencionados se consideró víctimas a 11 hombres homosexuales y 19 mujeres transgénero. En 2018-2019 se examinaron la orientación sexual y la identidad de género en 132 casos, y se procedió al enjuiciamiento de 59 personas. Se consideró víctimas a 76 personas, entre ellas una persona jurídica.

Para mejorar la respuesta a los delitos de odio, entre otros, el Ministerio del Interior estableció en 2018 el Departamento de Protección de los Derechos Humanos y amplió su mandato en 2019 asignándole la función básica de investigar los delitos relacionados con la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, delitos cometidos por motivos de discriminación, delitos de odio, trata y delitos cometidos por menores o contra menores. Tras el establecimiento del Departamento ha mejorado la investigación de los delitos cometidos contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, como se observa en el mayor número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas.

Párrafos 36 y 37 - Matrimonio y relaciones familiares

El 14 % de las mujeres de 20 a 24 años de edad afirma haber contraído matrimonio antes de los 18 años, mientras que la tasa de natalidad en adolescentes es de 46,4 (nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad). La lucha contra el matrimonio infantil y las prácticas nocivas es una de las prioridades estatales. Por conducto del Sistema de Información para la Gestión de la Educación, el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte recopila desde 2016 datos sobre el abandono escolar de niñas por motivos de matrimonio precoz.

Se han organizado en Georgia varias campañas de sensibilización de ámbito estatal en torno a la cuestión del matrimonio infantil. Por ejemplo, en 2015-2016 el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte ejecutó un subprograma sobre educación para padres y participación de estos dirigido a sensibilizar a los padres sobre los riesgos derivados del matrimonio infantil. Se celebraron sistemáticamente reuniones y conferencias públicas en las regiones, donde a menudo se observaban casos de matrimonio infantil. Participaron en las reuniones representantes del Ministerio, psicólogos, agentes de policía locales y trabajadores sociales.

Desde el 1 de enero de 2017 el matrimonio está permitido en Georgia a partir de los 18 años de edad, y los cónyuges gozan de igualdad de derechos personales y a la propiedad y asumen la igualdad de responsabilidades en las relaciones domésticas. Las últimas modificaciones del Código Civil de Georgia eliminaron todas las excepciones a la edad mínima para contraer matrimonio, fijada en 18 años, y se modificó el Código Penal para tipificar como delito el matrimonio forzado.

El artículo 172 del Código de Infracciones Administrativas prevé imponer multas a los progenitores que desatiendan a sus hijos o no asuman sus “obligaciones de criar y educar a un menor y facilitarle alojamiento, alimentos y otras condiciones necesarias para un desarrollo normal”. Además de la obligación de notificación prevista en el Código Penal, el artículo 1726 establece sanciones administrativas para situaciones en que no se detectan y notifican casos de maltrato infantil.

El artículo 30 g) de la Ley de Educación faculta además a las autoridades de los gobiernos autónomos locales para “adoptar medidas determinadas por la legislación a fin de garantizar la asistencia escolar de los alumnos”. El artículo 5, párrafo 10, de la Ordenanza núm. 437 autoriza a las instituciones de enseñanza a remitir a las autoridades competentes los casos de maltrato infantil, incluidos los casos de matrimonio precoz e infantil. El recién aprobado “Código de Derechos del Niño” establece garantías adicionales para mejorar el marco de protección de los derechos del niño, incluida la protección frente a la violencia.

Párrafo 38 - Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Georgia ha ultimado el examen nacional de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Beijing+25, en el contexto del 64º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

El examen nacional exhaustivo de los progresos y obstáculos encontrados al aplicar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General incluyó una evaluación de las actuales dificultades que afectaban a la aplicación de la Plataforma de Acción y al logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y su contribución a la plena realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible desde una perspectiva de género. El examen servirá de base a los ulteriores esfuerzos del Gobierno de Georgia dirigidos a aplicar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Párrafo 39 - Objetivos de Desarrollo del Milenio y marco para el desarrollo después de 2015

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas son un componente esencial de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El Gobierno de Georgia expresó apoyo político de alto nivel a la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las prioridades nacionales, y en 2016 presentó en Nueva York un examen nacional voluntario de los ODS con ocasión del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible.

El Gobierno de Georgia puso en marcha el proceso de nacionalización de los ODS y dio prioridad al Objetivo 5, Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Actualmente, Georgia se rige por una combinación mundial y local de metas (véase el anexo 2, Indicadores mundiales de género de los ODS que están disponibles en Georgia) e indicadores (véase el anexo 2, Indicadores de género adicionales específicos para el país) para los 17 ODS.

El Gobierno de Georgia estableció, como organismo coordinador de los procesos nacionales relativos a los ODS, un grupo de trabajo técnico conjunto integrado por expertos de distintos ministerios competentes y GEOSTAT para facilitar la incorporación de los ODS en el plano nacional. A mayo de 2017, el Consejo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible facilitaba la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Los ODS han quedado recogidos en las políticas nacionales y se han incorporado en un documento estratégico general, el Plan de Trabajo Gubernamental Anual, así como en otros planes de acción y estrategias multisectoriales de ámbito nacional.

El Gobierno de Georgia veló por que en los indicadores nacionalizados se tuviera en cuenta la dimensión de género. De los 54 indicadores de género de ámbito mundial, 30 (el 56 %) se han adoptado en su forma original.

En 2017, para remediar la falta de datos nacionales sobre violencia contra la mujer y violencia doméstica y generar datos de referencia en relación con el ODS 5, GEOSTAT (con apoyo de ONU-Mujeres) emprendió la primera investigación de ámbito nacional sobre la violencia contra la mujer en Georgia desde 2009. El estudio se centró en la incidencia de la violencia de pareja, la violencia doméstica, la violencia física y sexual ejercida por personas que no son pareja de la víctima y las percepciones y la conciencia de las mujeres y los hombres en materia de género y violencia. Por primera vez en Georgia, el estudio también generó datos sobre la incidencia a escala nacional del acoso sexual y el hostigamiento criminal.

Además, GEOSTAT (con apoyo de ONU-Mujeres) puso en marcha a fines de 2018 un portal de datos electrónicos sobre género. Puede accederse a este portal bilingüe (en inglés y en georgiano) desde la página web oficial de GEOSTAT (geostat.ge). El portal, junto con la última publicación estadística “Las mujeres y los hombres en Georgia”, se hace eco de las observaciones y recomendaciones de los usuarios de los datos sobre género recopilados por GEOSTAT en una serie de reuniones de consulta. El portal de datos sobre género ofrece estadísticas de género esenciales en materia de atención sanitaria, educación, dinámica poblacional, empleo y desempleo, ingresos y gastos, delincuencia, influencia y poder, tecnologías de la información y las comunicaciones, agricultura, seguridad social y hogares. En la página también figuran publicaciones estadísticas sobre género, así como leyes en la materia y otros enlaces útiles. Por primera vez, en la última publicación de “Las mujeres y los hombres en Georgia” se establecían conexiones entre sus datos sobre género y los indicadores de género pertinentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Párrafo 40 - Difusión

Véase la sección sobre los párrafos 8 y 9, Visibilidad de la Convención.

Párrafo 41 - Ratificación de otros tratados

En 2017 Georgia pasó a ser el 23º país en ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que es el tratado internacional más completo en materia de lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Se ha puesto en marcha el proceso previo a la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares y de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Los organismos gubernamentales competentes están examinando la cuestión.

Párrafo 42 - Seguimiento de las observaciones finales

A modo de seguimiento de las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Georgia (CEDAW/C/GEO/4-5), en julio de 2016 se presentó por escrito al Comité información sobre el cumplimiento de las recomendaciones que figuraban en los párrafos 21 y 25.

Párrafos 43 y 44 - Preparación del próximo informe

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha coordinado la elaboración del sexto informe periódico que debía presentarse en julio de 2018 al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de conformidad con las directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos. Han contribuido al informe todos los ministerios y organismos competentes, así como el órgano legislativo, mientras que se han mantenido consultas con organizaciones de la sociedad civil. El presente informe está disponible en georgiano y en inglés.

III.Información relativa a los artículos de las partes I, II, III y IV de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Artículo 13. Vida económica y social - c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural

En 2016 el Gobierno de Georgia aprobó la estrategia cultural 2025 mediante un proceso transparente y participativo. Uno de los objetivos de la estrategia es la incorporación de los principios de igualdad de género en el proceso de planificación y elaboración de políticas culturales, así como el aprovechamiento del potencial cultural a favor de la igualdad de género, entre otras cosas mediante el apoyo prestado por el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte a proyectos sobre igualdad de género.

De 2014 a 2016 el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte y sus 86 entidades ejecutaron 137 proyectos cuyo presupuesto total ascendió a 2.450.559 laris. De estos proyectos, 76 guardaban relación con principios de igualdad de género, mientras que 26 prestaban apoyo a la participación de las mujeres en la vida cultural.

Uno de los aspectos destacados de los proyectos se refería a las mujeres en la literatura. Las escritoras georgianas han adquirido gran popularidad en ferias del libro locales e internacionales. La diversidad de géneros literarios y temas, como cuestiones sociales, religiosas y relativas al género, suscitó interés público.

Los premios literarios concedidos a escritoras en diversos concursos son indicio del éxito de las mujeres en la literatura. Con apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte y del Centro Nacional del Libro de Georgia, editoriales georgianas y extranjeras han traducido y publicado varias obras de escritoras, muchas de las cuales también asistieron a la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, donde Georgia fue invitado de honor en 2018.

En el marco de festivales de literatura locales e internacionales se organizaron conferencias, debates especiales y exámenes temáticos sobre temas vinculados con la igualdad de género. Los autores georgianos toman parte activa en esos actos. En 2014, el Centro Nacional de Filmografía de Georgia y ONU-Mujeres produjeron en colaboración un documental sobre la violencia doméstica en el país,Speak Out.

Las directoras de cine georgianas han conseguido captar la atención del público local e internacional mediante obras centradas en los derechos de las mujeres, el papel de las mujeres en la sociedad, cuestiones de género, etc. Se han publicado artículos sobre directoras georgianas en medios de comunicación internacionales.

El teatro cumple un importante papel de sensibilización pública y cuestionamiento de las normas y estereotipos sociales. De 2014 a 2017 se pusieron en escena varias obras sobre el tema de la desigualdad de género, en particular en algunos de los principales teatros académicos de Georgia, como el Teatro Dramático Nacional Kote Marjanishvili y el Teatro Dramático Nacional Rustaveli (con apoyo de ONU-Mujeres), que fueron acogidas positivamente por la crítica en la medida en que marcaban diferencias en la lucha contra las normas de género nocivas.

Solo en 2017 varios centros de arte organizaron 176 proyectos artísticos dirigidos a disolver los estereotipos de género en los que participaron distintos grupos de edad, entre ellos seminarios, debates públicos y conferencias, exposiciones y actos educativos en materia de igualdad de género. Los proyectos tenían por objeto crear conciencia sobre el tema entre los profesores, los docentes y las nuevas generaciones. Además, los museos han organizado diversos debates, seminarios y proyectos a favor del empleo y la actividad creativa de las mujeres y en torno a proyectos puestos en marcha por mujeres.

El Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte también ha centrado sus esfuerzos en grupos de minorías étnicas mediante proyectos diversos dirigidos a mujeres, como el proyecto del Museo Cultural Estatal Mirza Patali Akhundovi dedicado a la preservación de la tradición azerbaiyana de fabricación manual de alfombras y la artesanía kist y georgiana tradicional.

La participación de desplazados internos y de población afectada por el conflicto en la vida cultural tiene prioridad para el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte. Se han adoptado varias medidas, entre ellas el apoyo a la enseñanza de artes en zonas donde predominan los desplazados internos. Se organizan distintos tipos de actos culturales en Samtsje-Javajeti, Kvemo-Kartli y el valle de Pankisi y en aldeas ubicadas cerca de la línea de separación (Shida Kartli y Samegrelo-Zemo Svaneti), como encuentros con escritores, artistas y científicos, cursos de capacitación y seminarios, exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones de películas, debates y conciertos.

La artesanía tradicional georgiana es otra esfera prioritaria del Ministerio. Se trata de un ámbito dominado por mujeres. De 2014 a 2017 se organizaron 18 exposiciones en Georgia, así como en el extranjero. Cerca del 80 % de los artesanos que participaron en estos actos eran mujeres.

Georgia es el primer Estado de los países de la Asociación Oriental que se ha incorporado en el programa Europa Creativa de la Unión Europea. Por lo que se refiere a la estrategia cultural, para fomentar la industria creativa y el emprendimiento en ese ámbito en todo el país en 2016 se elaboraron directrices para el fomento de la industria creativa en Georgia.

En mayo de 2016 se celebró en Tiflis la primera conferencia internacional sobre “Las mujeres y las artes en pro del desarrollo económico”. Organizó el acto la Art International Women’s Association (AIWA). Además de dar a conocer las artes georgianas, el acto se centró en la demostración de las artes y puso de manifiesto el papel de las mujeres en la economía.

Para fomentar la industria creativa, en enero de 2017 el Gobierno estableció “Georgia creativa”, entidad jurídica conforme a derecho público centrada en la creación de capacidad de la industria creativa, el desarrollo institucional de los emprendedores del ámbito creativo, el apoyo a la exportación de bienes del sector creativo y, en general, la internacionalización de la industria creativa local.

En 2015, el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte introdujo criterios de evaluación aplicables a las organizaciones deportivas (federaciones, asociaciones, sindicatos, comités, etc.) entre los que cabe destacar la igualdad de género y el equilibrio de género. El desempeño de las organizaciones deportivas se determina en función de estos criterios.

En 2017, HealthyGen, asociación integrante de la Federación Nacional de la Infancia y los Deportes Escolares de Georgia, puso en marcha un programa de igualdad de género en los deportes y la actividad física de ámbito escolar (con apoyo de la UNESCO) en cooperación con el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte. El proyecto se propone dar prioridad a la promoción de un estilo de vida saludable, garantizar la participación en condiciones de igualdad de niñas y niños en la actividad física y el deporte de ámbito escolar, crear conciencia y cualificaciones para los docentes y entrenadores que se dedican a la educación física y los deportes, mejorar la práctica de la educación física en las escuelas y prestar apoyo a la incorporación de los principios de igualdad de género.

En 2017 el Ministerio, en cooperación con el Ayuntamiento de Tiflis (con apoyo de ONU-Mujeres), tomó parte activa en actos organizados en el marco de la campaña “Participación de las mujeres en los deportes”. Al término de la campaña se prepararon carteles y vídeos con la participación de famosos deportistas en activo, veteranos y jóvenes a fin de promover la igualdad de género en los deportes. En el ámbito del proyecto se han emprendido campañas de comunicación en televisión y en Internet.

En junio de 2017, en el ámbito del Campeonato mundial de rugby para menores de 20 años, el equipo femenino de rugby de la aldea de Darcheli, en el municipio de Zugdidi, se enfrentó en partido amistoso al equipo de menores de 20 años del Reino Unido. El acto giraba en torno a la promoción y el desarrollo de los deportes de mujeres en Georgia.

En 2017, el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte acogió en Georgia a una de las principales organizaciones deportivas internacionales, Coaches across Continents. En el curso de una visita de cinco días los expertos impartieron capacitación a más de 100 entrenadores de 20 deportes distintos. El proyecto tenía como principal objeto ofrecer a los entrenadores locales información sobre la importancia de la inclusividad en el deporte, especialmente a efectos de la participación de las mujeres en las actividades deportivas, y promover su cualificación.

En conjunto, el número de mujeres que participaban en deportes aumentó de 19.432 a 26.761 en 2016-2017.