Comité de Derechos Humanos

Tercer informe periódico que Kirguistán debía presentar en 2018 en virtud del artículo 40 del Pacto *

[Fecha de recepción: 25 de febrero de 2020]

Introducción

1.Kirguistán se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en virtud de la Resolución núm. 1406-XII del Zhogorku Kenesh, de 12 de enero de 1994.

2.El presente informe ha sido elaborado con arreglo a las directrices para la presentación de informes y basándose en la información recibida de los órganos estatales y las organizaciones de la sociedad civil, así como teniendo en cuenta las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico, aprobadas el 25 de marzo de 2014 en su 3060ª sesión (CCPR/C/SR.3060).

3.Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico fueron examinadas por representantes de los órganos estatales y de organizaciones no gubernamentales (ONG).

4.Fiel a su compromiso de seguir avanzando en la garantía de los derechos y libertades civiles y políticos, la República Kirguisa se fijó una serie de metas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos a nivel mundial, que se trataron de alcanzar mediante la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible de la República Kirguisa (2013-2017), aprobada por el Decreto Presidencial núm. 11, de 21 de enero de 2013.

5.Entre los principales objetivos de la estrategia para 2013-2017 se incluían la instauración y salvaguardia del estado de derecho, la celebración de elecciones democráticas libres, el fortalecimiento de la cohesión nacional, la resolución de cuestiones y problemas sociales, la protección del medio ambiente, el establecimiento de prioridades en materia de desarrollo económico del país, la mejora del entorno empresarial y del clima de inversión y el desarrollo de las industrias estratégicas.

6.Posteriormente, por el Decreto Presidencial núm. 221, de 31 de octubre de 2018, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo (2018-2040).

Artículo 1

7.En la Constitución de la República Kirguisa se establece que Kirguistán es un Estado soberano, democrático, de derecho, laico, unitario y social. Kirguistán ejerce plenamente el poder estatal en su territorio y aplica de forma independiente su política nacional e internacional.

8.La soberanía reside en el pueblo kirguiso, del cual emana todo el poder estatal. Estas disposiciones constitucionales se aplican íntegramente en la práctica.

9.El artículo 12 de la Constitución establece que la tierra, el subsuelo, el espacio aéreo, los recursos hídricos, los bosques, la flora y la fauna y otros recursos naturales son propiedad exclusiva de la República Kirguisa, se utilizan con fines de conservación del sistema ecológico común como medios de subsistencia y base de la actividad del pueblo kirguiso y se hallan bajo la protección especial del Estado.

Artículo 2

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Aplicabilidad del Pacto en los tribunales nacionales, párr. 5)

10.Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución, los tratados internacionales en los que Kirguistán es parte y que han entrado en vigor de conformidad con el procedimiento establecido por la legislación, así como los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional, forman parte del ordenamiento jurídico de Kirguistán.

11.Los tribunales nacionales se basaron en las disposiciones del Pacto a la hora de dictar las siguientes decisiones:

Sentencia de 31 de octubre de 2013 de la Sala Constitucional (artículo 25 b) del Pacto).

Sentencia de 27 de enero de 2016 de la Sala Constitucional (artículo 25 c) del Pacto).

Sentencia núm. 2, de 2 de septiembre de 2015, de la Sala Constitucional (artículo 14, párrafo 1, del Pacto).

Resolución de 24 de junio de 2015 del Tribunal Supremo (disposiciones del Pacto y Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990).

Resolución de 14 de marzo de 2016 del Tribunal Supremo (artículo 14, párrafo 1, del Pacto).

12.Con el fin de mejorar el grado de conocimiento por parte de los jueces, abogados y fiscales de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la aplicabilidad directa de sus disposiciones, se ha llevado a cabo la labor que se describe a continuación.

13.Por iniciativa del Consejo de Coordinación de Derechos Humanos, y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), se organizan unos talleres anuales de capacitación sobre la aplicación de las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos dirigidos a representantes de ministerios y departamentos, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Centro Nacional de Prevención de la Tortura. En 2017 y 2018 se organizaron sendos talleres de capacitación de dos días de duración a los que fueron invitados expertos independientes locales e internacionales.

14.La Escuela Superior de Justicia del Tribunal Supremo y el Centro de Formación de la Fiscalía General imparten cursos de formación específica en materia procesal a los miembros del sistema judicial (magistrados y demás personal judicial) y del ministerio público (fiscales e instructores de los órganos de la fiscalía).

15.En el marco del Plan de Acción sobre Derechos Humanos (2019-2021), aprobado por la Disposición núm. 55 del Gobierno, de 15 de marzo de 2019, se prevé:

Impartir formación a los jueces sobre la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre diversas normas internacionales, incluido el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos.

Hacer una recopilación de la jurisprudencia sobre asuntos penales relacionados con la tortura.

16.Entre 2014 y 2015, con el apoyo de diversas ONG, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el ACNUDH, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, la Embajada de los Estados Unidos en la República Kirguisa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Pública Kylym Shamy y la Embajada del Reino Unido en la República Kirguisa, el Centro de Formación de la Fiscalía General organizó e impartió más de 70 sesiones de formación y capacitación práctica en el ámbito de los instrumentos legislativos internacionales y la protección de los derechos y libertades de la persona y del ciudadano.

17.En 2016, con la ayuda de las organizaciones anteriormente mencionadas, se organizaron talleres sobre la lucha contra las actividades extremistas y el terrorismo, la lucha contra el terrorismo y el extremismo, la situación en materia de religión en Kirguistán y diversas cuestiones como las salvaguardias jurídicas para la organización de actividades religiosas, la realización de exámenes periciales de la literatura y demás productos impresos o audiovisuales de índole religiosa, las normas internacionales relacionadas con la libertad de culto y el derecho a no ser objeto de detención arbitraria.

18.En 2018 se llegó a un acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de impartir dos sesiones adicionales de formación en materia de lucha contra la trata de personas a 50 funcionarios de los órganos de la fiscalía del país.

19.Con miras a ejecutar el Plan de Acción del Programa Estatal para el Desarrollo del Sistema de Justicia Juvenil (2014-2018), en el marco de un proyecto piloto de modelización del sistema de justicia juvenil organizado conjuntamente con la Fundación Pública Generación Insan, con el apoyo del UNICEF se impartió un curso de capacitación interinstitucional de dos días de duración sobre la justicia juvenil dirigido a los órganos de la fiscalía, el sistema judicial, el Colegio de Abogados, el Ministerio del Interior, el Servicio Penitenciario Estatal y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social.

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Aplicación de los dictámenes del Comité, párr. 6)

20.Cabe mencionar que el artículo 13 del Pacto no prohíbe la extradición de nacionales extranjeros siempre que esta se lleve a cabo en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.

21.A la hora de extraditar a un nacional extranjero que haya sido acusado de un delito o condenado en el territorio de un Estado extranjero, la República Kirguisa actúa en estricto cumplimiento de lo dispuesto en su legislación nacional y en los tratados internacionales en los que es parte.

22.En lo que respecta al papel del Consejo de Coordinación de Derechos Humanos cabe señalar que esta institución, que depende del Gobierno, se creó en 2013.

23.La labor del Consejo de Coordinación tiene por objeto mejorar los mecanismos destinados a garantizar la protección de los derechos y libertades de la persona y del ciudadano y a velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

24.El Consejo de Coordinación está presidido por el Vice Primer Ministro y está compuesto por 23 miembros, entre los que se incluyen representantes de diversos ministerios y departamentos, así como de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo, el Comité Estatal de Asuntos Religiosos y el Centro Nacional de Prevención de la Tortura.

25.La elaboración de informes nacionales en materia de derechos humanos está sometida al seguimiento del Consejo de Coordinación.

26.Asimismo, el Consejo de Coordinación examina las denuncias individuales presentadas por ciudadanos de la República Kirguisa al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

27.Las actividades del Consejo de Coordinación están reguladas por los siguientes instrumentos jurídicos y normativos:

La Resolución núm. 630 del Gobierno relativa al Consejo de Coordinación de Derechos Humanos, dependiente del Gobierno de la República Kirguisa, de 18 de noviembre de 2013.

La Resolución núm. 155 del Gobierno por la que se aprueba el Reglamento del Consejo de Coordinación de Derechos Humanos, dependiente del Gobierno de la República Kirguisa, de 17 de marzo de 2014.

La Resolución núm. 731 del Gobierno relativa a la colaboración entre los órganos estatales encargados del examen de las comunicaciones y decisiones de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, de 8 de noviembre de 2017.

28.De conformidad con el capítulo 5 de la Disposición relativa a la colaboración entre los órganos estatales encargados del examen de las comunicaciones y decisiones de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, la secretaría del Consejo de Coordinación de Derechos Humanos remite las decisiones adoptadas o los dictámenes aprobados por los órganos de tratados de las Naciones Unidas al Tribunal Supremo y a la Fiscalía General para que estos los examinen de conformidad con el procedimiento establecido por la ley, es decir, con arreglo a lo dispuesto en la legislación penal y civil.

29.Las decisiones y los dictámenes que no guarden relación con ningún procedimiento penal o civil son remitidos por la secretaría del Consejo de Coordinación, en función de su naturaleza, a los órganos estatales competentes para que estos los examinen.

30.La secretaría solicita a los órganos estatales competentes información sobre las medidas que se hayan adoptado tras el examen de las decisiones y los dictámenes de los órganos de tratados de las Naciones Unidas.

31.La información acordada con la Presidencia del Consejo de Coordinación sobre las medidas adoptadas o previstas se remite al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este la transmita a su vez a los órganos de tratados de las Naciones Unidas.

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Institución nacional de derechos humanos, párr. 7)

32.A fin de aplicar las recomendaciones arriba mencionadas, se ha elaborado un nuevo proyecto de ley del Akyikatchy (Defensor del Pueblo) de la República Kirguisa, que garantizará la incorporación efectiva en la legislación nacional de los Principios de París aprobados por la Asamblea General de las Naciones y creará las condiciones necesarias para velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos, además de reforzar las posiciones del país en materia de política exterior.

33.Dicho proyecto de ley está actualmente siendo examinado por el Parlamento.

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Violencia contra la mujer, párr. 11)

Información relativa a los apartados a) y b)

34.En el marco de la ejecución de la Estrategia Nacional para Lograr la Igualdad de Género hasta 2020, aprobada por la Resolución núm. 443 del Gobierno, de 27 de junio de 2012, el Gobierno elabora cada tres años un plan de acción nacional para lograr la igualdad de género —aprobado para los períodos 2012-2014, 2015-2017 y 2018-2020, respectivamente— con el fin de reducir la discriminación y la violencia contra la mujer.

35.El Plan de Acción Nacional para Lograr la Igualdad de Género (2018-2020) fue aprobado por la Resolución núm. 537 del Gobierno, de 19 de noviembre de 2018.

36.Con el fin de reducir y erradicar la violencia contra las mujeres y los niños, el 27 de abril de 2017 se aprobó la Ley núm. 63 de Protección y Defensa contra la Violencia Doméstica, de 3 de octubre de 2017. El principal objetivo de esa Ley es prevenir y reprimir la violencia doméstica y ofrecer protección social y jurídica a las víctimas de la violencia doméstica.

37.En el marco de la aplicación de esa Ley, por resolución del Gobierno se han aprobado diversas formas de orden de alejamiento, y el Ministerio del Interior ha aprobado la Orden que regula la labor de las fuerzas del orden en materia de protección y defensa contra la violencia doméstica.

38.De conformidad con lo dispuesto en la Ley núm. 63 de Protección y Defensa contra la Violencia Doméstica, de 3 de octubre de 2017, se modificó el Código de Responsabilidad Administrativa para endurecer las sanciones por la comisión de actos de violencia doméstica y el incumplimiento de las condiciones de una orden de alejamiento (artículos 66-3 (Violencia doméstica) y 66-4 (Incumplimiento de las condiciones de una orden de alejamiento)).

39.No obstante, ese Código quedó sin efecto el 1 de enero de 2019 tras la entrada en vigor ese mismo día del Código de Faltas, en el que están tipificados la violencia doméstica (art. 75) y el incumplimiento de las condiciones de una orden temporal de alejamiento (art. 76).

40.De conformidad con el artículo 75 del Código de Faltas, la comisión de actos de violencia doméstica se castiga con una multa de categoría II o con trabajo tutelado de categoría II con retención de salario, o bien con trabajos de categoría II en beneficio de la comunidad.

41.Si antes la sanción que se imponía por ese tipo de infracciones era una multa de entre 1.000 y 2.000 soms o 15 a 30 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, en la legislación actual se prevé como sanción una multa de entre 15.000 y 60.000 soms o 30 a 60 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.

42.En el artículo 76 del Código de Faltas está tipificado el incumplimiento de las condiciones de una orden temporal de alejamiento, que se castiga con una multa de categoría II o con trabajos de categoría II en beneficio de la comunidad.

43.Si antes la sanción que se imponía por ese tipo de infracciones era una multa administrativa de entre 1.500 y 3.000 soms o 30 a 40 horas de trabajos en beneficio de la comunidad, o bien 3 a 5 días de arresto administrativo, en la legislación actual se prevé como sanción una multa de entre 15.000 y 60.000 soms o 30 a 60 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.

44.Así pues, se han endurecido las sanciones por este tipo de infracciones.

45.Como se puede observar en los datos estadísticos que figuran en el cuadro 1, el número de denuncias de violencia doméstica aumentó considerablemente entre 2014 y 2018, lo que pone de manifiesto un aumento de la confianza por parte de los ciudadanos.

Cuadro 1 Información relativa a las medidas adoptadas entre 2014 y 2018 para cumplir los requisitos de la Ley de Protección y Defensa contra la Violencia Doméstica

	2014	2015	2016	2017	2018
Incidentes de violencia doméstica constatados	3 126	3 524	7 053	7 333	7 178
Órdenes temporales de alejamiento emitidas por las fuerzas del orden	2 619	3 358	6 966	7 323	7 114
Número de documentos enviados para la emisión de órdenes judiciales de alejamiento	–	61	40	–	–
Procesos penales incoados en relación con la violencia doméstica	243	238	199	218	369
Número de personas contra las que se han incoado expedientes sancionadores por violencia doméstica	1 624	2 381	4 901	4 946	5 444
Número de personas inscritas como “individuo de conducta violenta en la familia” en el registro de las fuerzas del orden	1 776	2 003	4 111	3 712	3 260

46.El Ministerio del Interior está tomando las medidas necesarias para luchar contra el fenómeno del rapto de la novia, y se presta especial atención a que las decisiones procesales adoptadas por los departamentos de instrucción sean conformes a la legalidad y estén debidamente fundamentadas.

Información sobre las medidas adoptadas para enjuiciar a personas en aplicación de los artículos 154 y 155 del Código Penal

Año	Art ículo 154 del Código Penal (Coacción para que una persona menor de 17 años contraiga una relación matrimonial de hecho)	Art ículo 155 del Código Penal (Coacción para que una mujer contraiga matrimonio o secuestro de una mujer para que contraiga matrimonio o para impedir que lo contraiga)
Procesos penales incoados	Causas remitidas a los tribunales	Procesos penales incoados	Causas remitidas a los tribunales
2014	9	6	33	20
2015	3	3	23	23
2016	7	6	25	23
2017	7	7	31	20
2018	3	3	30	30

47.Burulai Turdaaly kyzy, de 20 años de edad, que había sido secuestrada con el fin de obligarla a contraer matrimonio, fue asesinada el 28 de mayo de 2018 por su secuestrador, M. Bodoshev, en una comisaría de policía.

48.El Tribunal del Distrito de Sverdlovsk, en Biskek, declaró culpables al Sr. Bodoshev y a A. Seiitov y condenó al primero a 20 años de privación de libertad y al segundo, a 7 años.

49.En relación con la conducta profesional indebida de los agentes del orden a la que se aludió en el marco del presunto asesinato de Burulai Turdaaly kyzy, el 28 de mayo de 2018 la Fiscalía del Distrito de Zhaiyl incoó un proceso penal en aplicación del artículo 316 (Negligencia), párrafo 2, del Código Penal, cuya investigación corrió a cargo del departamento de investigación de la Oficina del Comité Estatal de Seguridad Nacional en la Provincia de Chuy.

50.El 9 de abril de 2019, el Tribunal del Distrito de Alamudun de la provincia de Chui declaró culpables a tres funcionarios de la comisaría de policía del distrito de Zhaiyl y les impuso sendas multas de 260.000 soms. Asimismo, fueron declarados responsables solidarios del pago de 100.000 soms en concepto de indemnización por daños morales a Turdaaly Kozhonaliyev en calidad de víctima. En lo que respecta a los dos funcionarios de la Dirección de Seguridad Vial que habían sido enjuiciados, el tribunal sobreseyó la causa.

51.Se llevó a cabo una investigación oficial del presunto asesinato de Burulai Turdaaly kyzy, y por la Orden núm. 541 del Ministerio del Interior, de 4 de junio de 2018, se impusieron sanciones a 23 funcionarios de las fuerzas del orden: 5 fueron destituidos de su cargo, 8 fueron relevados de sus funciones y 10 fueron objeto de medidas disciplinarias.

Información relativa al apartado c)

52.De conformidad con la Ley de Subcontratación de Servicios Sociales, entre 2014 y 2016 se crearon 21 centros dependientes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social para prestar servicios sociales a las familias y niños en situación precaria, en los que se prestaron dichos servicios a 11.460 personas.

53.En el país hay más de 60 centros que ofrecen servicios de rehabilitación y sociales a niños y familias en situación precaria. De ellos, seis centros que prestan una asistencia integral a las víctimas de la violencia doméstica recibieron financiación con cargo al presupuesto estatal para ejecutar proyectos en el marco del Plan de Aplicación del Programa de Contratación Pública de Bienes y Servicios para 2018 por un valor total de 2,5 millones de soms. La financiación destinada a proyectos sociales en el marco de la subcontratación de servicios sociales en 2018 ascendió a un total de 36 millones de soms.

54.Por la Resolución núm. 479 del Gobierno, de 14 de agosto de 2017, se aprobó el Programa de Apoyo a las Familias y de Protección de la Infancia (2018-2028).

Información relativa al apartado d) (Organización de campañas de sensibilización)

55.En 2018, a fin de sensibilizar a la población acerca del problema de la violencia de género, se organizaron en todo el país numerosos eventos informativos y otras actividades específicas gracias a los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, los órganos de la administración pública local y de la administración autónoma local y diversas ONG y organizaciones internacionales. Se dio especial importancia a la campaña organizada en torno a la muerte de la estudiante de medicina Burulai Turdaaly kyzy en una comisaría de policía de distrito. En el marco de esa campaña se prepararon carteles sobre la violencia doméstica y los matrimonios forzados y precoces, que se colocaron en las calles de diversas ciudades. El Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior, en colaboración con ONG y organizaciones internacionales, organizaron conferencias en centros de formación profesional y otras instituciones educativas, y, en colaboración con la Corporación Pública de Radiotelevisión y el canal de televisión Piramida, algunos canales regionales emitieron programas especiales, incluida la proyección de la película Ala Kachuu (Rapto de la novia) y el videoclip de una canción sobre ese tema que lleva por título “Kyz Kadyry”.

56.Cabe señalar que, a la hora de llevar a cabo esa labor de concienciación, se emplean modalidades y métodos innovadores relacionados tanto con las nuevas tecnologías (por ejemplo, la aplicación móvil especial Salvavidas para teléfonos inteligentes, desarrollada durante el hackatón organizado por la Fundación Pública Open Line) como con formas modernas de movilización en el ámbito del activismo civil (por ejemplo, la exposición de arte callejero organizada por la asociación civil Centro de Apoyo a la Mujer en memoria de Burulai con la que se lanzó la campaña 16 Días Sin Violencia en 2018).

57.Los días 19 y 20 de abril de 2017, unos funcionarios del Ministerio del Interior impartieron conferencias sobre las consecuencias de los matrimonios precoces entre menores de edad en los centros de enseñanza general de Biskek, en el marco de las cuales se presentó un vídeo y se distribuyeron folletos sobre la gravedad de este problema.

58.Las comisarías de policía del país han recibido unos manuales metodológicos titulados “La violencia sexual es inadmisible y constituye un delito” y “Recomendaciones para especialistas de STOP a la violencia”, elaborados en el marco del proyecto titulado “Servicios integrales para las víctimas de la violencia sexual y de género”. También se ha desarrollado y distribuido un vídeo sobre los matrimonios precoces entre menores de edad.

59.Con miras a prevenir la delincuencia juvenil y aplicar la Orden Interdepartamental núm. 791 relativa al fortalecimiento de la cooperación interdepartamental en materia de prevención de la delincuencia entre los jóvenes y los menores de edad para el período 2018‑2019, de 24 de agosto de 2018, al comienzo del año académico 2018/19 se organizaron 7.400 talleres, mesas redondas, debates, encuentros y diálogos con los estudiantes y sus padres, entre ellos 1.450 sobre temas jurídicos, 832 sobre cuestiones militares y relacionadas con la patria, 1.685 sobre la prevención y la propagación del extremismo religioso entre los jóvenes y los menores de edad, 1.287 sobre estilos de vida saludables y la prevención de la adicción a las drogas, el alcohol y el tabaco y 1.685 sobre otros temas destinados a potenciar la formación de una conciencia jurídica, y se organizaron 80 jornadas de puertas abiertas.

60.El Ministerio de Salud promulgó la Orden núm. 226 relativa a las Medidas de Prevención de los Matrimonios Precoces en la República Kirguisa, de 30 de marzo de 2018, y aprobó un plan de acción para aplicar dicha orden.

61.De conformidad con ese plan de acción, actualmente se están elaborando unas directrices clínicas para la gestión de los embarazos precoces y los partos prematuros (aspectos clínicos, psicológicos, médicos, sociales y jurídicos), que incluyen información y asesoramiento sobre métodos seguros de interrupción y prevención de embarazos no deseados, acceso a métodos modernos de anticoncepción y parto y otras cuestiones médicas.

62.Entre 2014 y 2018 se elaboraron:

Un manual sobre la prestación de atención sanitaria en casos de violencia sexual (2014).

Una guía práctica para la documentación eficaz de la violencia, la tortura y los malos tratos dirigida al personal médico.

Un manual sobre la prestación de asistencia psicológica a las víctimas de la violencia de género.

Un manual sobre la prestación de asistencia psicológica a los niños víctimas de violencia.

Un manual sobre la prestación de asistencia médica y social a las personas transgénero, transexuales y de género no conforme para profesionales médicos de todos los niveles de atención de la salud y otros departamentos de la República Kirguisa.

Un manual clínico sobre la gestión del embarazo, el parto y el período posnatal en el caso de mujeres consumidoras de sustancias psicoactivas.

Un manual clínico sobre la atención de la salud de los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas.

63.El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social ha grabado unos videoclips en un formato accesible y ameno sobre los siguientes temas: las particularidades de la adolescencia, la concienciación de los jóvenes sobre la cuestión del género, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la prevención de la violencia entre los jóvenes, la salud reproductiva y las relaciones sexuales, la prevención de la infección por el VIH y de infecciones de transmisión sexual, las relaciones interpersonales y la solución de conflictos y la prevención de la adicción al ordenador y la violencia en línea entre los jóvenes.

64.Por la Disposición núm. 334 del Gobierno, de 21 de septiembre de 2018, se aprobó el Plan de Acción para la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el papel que desempeñan las mujeres en la paz y la seguridad, cuya ejecución está prevista para el período 2018-2020.

Artículo 3

65.La República Kirguisa cuenta con una amplia legislación en materia de igualdad de género en lo que respecta a la participación de la mujer en la vida política. Por ejemplo, la Ley Constitucional de las Elecciones a Presidente de la República Kirguisa y a Diputados del Zhogorku Kenesh incluye cuotas de género obligatorias, lo que significa que entre los representantes del poder legislativo no puede haber más del 70 % de personas de un mismo sexo. También se ha incluido una disposición, que entrará en vigor en 2020, según la cual en caso de que una diputada del Zhogorku Kenesh cese anticipadamente en sus funciones, su mandato se transferirá a la siguiente candidata que figure en la lista. La Ley de Elecciones a Diputados de los Consejos Locales incluye esa misma disposición.

66.El 13 de agosto de 2018, el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible aprobó la Estrategia de Mejora de la Legislación Electoral (2018-2020).

67.La Estrategia de Mejora de la Legislación Electoral (2018-2020) se está ejecutando con arreglo a un plan de acción que, entre otras prioridades, prevé lograr que el proceso electoral sea más inclusivo mejorando las condiciones para el pleno ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo por los ciudadanos, incluidas las mujeres.

68.A fin de aplicar las disposiciones que figuran en esa estrategia, se ha elaborado un proyecto de ley constitucional por la que se modifican la Ley Constitucional de Elecciones a Presidente de la República Kirguisa y a diputados del Zhogorku Kenesh y la Ley Constitucional de Referendos, así como un proyecto de ley de elecciones a diputados de los consejos locales.

69.En Kirguistán hay un total de 8.384 diputados de consejos locales, de los cuales 7.456 (el 89 %) son hombres y 928 (11,0 %) son mujeres. No hay mecanismos para asegurar la representación de la mujer en los consejos provinciales. Con el fin de aumentar la representación femenina en los consejos locales, el proyecto de ley prevé la introducción de una cuota obligatoria del 30 % de representación femenina en los consejos provinciales y un procedimiento para la asignación de mandatos reservados.

70.De conformidad con el artículo 23, párrafo 4, de la Ley núm. 75 de la Administración Pública Estatal y Municipal, de 30 de mayo de 2016, en los concursos públicos para cubrir un puesto vacante se debe garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a la administración pública estatal y municipal.

71.En el Reglamento del Concurso de Ingreso y el Ascenso en la Administración Pública Estatal y la Administración Pública Municipal, aprobado por la Resolución núm. 706 del Gobierno, de 29 de diciembre de 2016, se establece que en los concursos públicos se garantiza el derecho constitucional de los ciudadanos a la igualdad de acceso a la administración pública estatal y municipal con arreglo a sus capacidades y a su formación.

72.Asimismo, en el párrafo 50 del reglamento se establece que, si dos o más aspirantes a ocupar un cargo obtienen el mismo número de puntos, el comité del concurso recomendará al aspirante cuyo origen étnico o sexo esté menos representado en el órgano estatal o de la administración autónoma local en cuestión.

73.A fecha de 1 de enero de 2018, el número total de funcionarios de la administración pública estatal ascendía a 15.838 personas: 9.064 hombres (el 57,2 %) y 6.774 mujeres (42,8 %).

74.A fecha de 1 de enero de 2018, el número total de funcionarios de la administración pública municipal ascendía a 7.976 personas, entre ellas 2.965 mujeres (el 37,2 %).

Artículos 4 y 5

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Estado de emergencia, párr. 10)

75.El estado de emergencia y la ley marcial pueden ser declarados en los casos y de la manera previstos por la Constitución y la Ley Constitucional del Estado de Emergencia.

76.El 24 de mayo de 2018 se aprobó la Ley de Protección Civil, que regula las relaciones jurídicas en el ámbito de la protección civil de la población y el territorio en situaciones de emergencia tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra.

77.En los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de la República Kirguisa sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el período 2007-2011, aprobados por la Resolución núm. 141 del Gobierno, de 20 de febrero de 2012, figura información sobre el estado de emergencia declarado en 2010.

Artículo 6

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Medidas de lucha contra el terrorismo, párr. 13)

78.La lucha contra el terrorismo está regulada por la Ley de Lucha contra el Terrorismo, la Ley de Lucha contra la Financiación del Terrorismo y la Legalización o Blanqueo del Producto del Delito y la Ley de Seguridad Nacional, así como por el Programa Estatal de Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo (2017-2022), aprobado por la Resolución núm. 394 del Gobierno, de 2 de junio de 2017.

79.De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, cuando se reprime una actividad terrorista o un acto terrorista aislado, se adoptan las medidas especiales previstas en los instrumentos legislativos correspondientes, que pueden llegar hasta la destrucción física de los terroristas.

80.No obstante, según lo dispuesto en la legislación vigente, las acciones de los agentes del orden público y de los servicios especiales durante operaciones de seguridad que hayan causado la muerte de una persona son objeto de una evaluación jurídica por parte de los órganos de asuntos internos a fin de determinar si se ha producido una violación del derecho a la vida, que está garantizado tanto por los Pactos Internacionales como por la legislación nacional. Si se confirma que se ha hecho un uso excesivo de la fuerza letal por parte de los agentes del orden o de los servicios especiales, el autor será por lo general considerado responsable penal de dicha acción.

81.De conformidad con el artículo 24 de la Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, los funcionarios del Comité Estatal de Seguridad Nacional tienen derecho a emplear medios especiales y armas de fuego en los casos previstos por esa Ley. El empleo de medios especiales o armas de fuego debe ir precedido de una advertencia de la intención de utilizarlos, con tiempo suficiente para que la persona pueda responder, a menos que la demora en el empleo de los medios especiales o armas de fuego suponga una amenaza inmediata para la vida o la salud de los ciudadanos o los miembros de las fuerzas de seguridad nacional o pueda tener otras consecuencias graves.

82.En todos los casos en que no se pueda evitar el uso de medios especiales o armas de fuego, los miembros de las fuerzas de seguridad nacional tienen la obligación de procurar causar el menor daño posible a la salud, el honor, la dignidad y los bienes de los ciudadanos y a velar por que se preste asistencia médica y de otro tipo a las víctimas.

83.Según lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de esa misma Ley, se prohíbe el empleo de medios especiales y armas contra las mujeres, en particular aquellas que estén visiblemente embarazadas, o las personas con una discapacidad aparente, así como contra los menores de edad, en particular los niños pequeños.

84.Con carácter sistemático se adoptan medidas específicas para prevenir, detectar y evitar actos extremistas y el reclutamiento de nacionales de la República Kirguisa con el fin de trasladarlos a zonas de conflicto armado.

85.Entre 2014 y 2018, las fuerzas del orden constataron 845 delitos relacionados con el terrorismo, desglosados por año como figura a continuación.

Año	Delitos constatados	Procesos penales incoados
2014	86	23
2015	266	26
2016	198	57
2017	143	61
2018	152	56

86.En 2015, nueve personas que estaban condenadas a prisión perpetua, entre otros motivos por delitos de terrorismo, asesinaron a cuatro funcionarios del centro de prisión preventiva núm. 50 en el que estaban recluidos y se dieron a la fuga.

87.El 12 de octubre de 2015, la Dirección de Investigación del Servicio Penitenciario Estatal incoó un proceso penal en aplicación del artículo 97 (Asesinato), párrafo 2 1), 6) y 10), del artículo 336 (Fuga), párrafo 3, y del artículo 172 (Robo de automóvil), párrafo 3, del Código Penal en su versión de 1997.

88.Al término de la instrucción se puso fin a las actuaciones penales incoadas contra seis personas en aplicación del artículo 28, párrafo 1 7), del Código de Procedimiento Penal en su versión de 1998, es decir, porque habían fallecido.

89.Tres personas fueron acusadas en aplicación de los artículos 30, párrafo 3, 31, párrafo 4, y 345 (Obstrucción del funcionamiento normal de las instituciones penitenciarias), párrafo 3, y de los artículos 30, párrafo 3, 31, párrafo 4, y 97, párrafo 2 4), 6), 8), 9) y 16), del Código Penal en su versión de 1997.

90.El 29 de junio de 2016, el Tribunal del Distrito de Sverdlovsk absolvió a dichas personas de uno de los cargos que se les imputaba por ausencia del cuerpo del delito, pero las declaró culpables de los delitos de asesinato y robo y las condenó a prisión perpetua.

91.Tanto el Tribunal Municipal de Biskek en pleno colegiado, en una sentencia de fecha 15 de septiembre de 2016, como el Tribunal Supremo confirmaron las condenas impuestas a dichas personas.

92.El 20 de octubre de 2015 murieron tres presos en el centro de prisión preventiva núm. 1 de Biskek.

93.El 2 de diciembre de 2015, la fiscalía encargada del control de la legalidad en los órganos y centros del sistema penitenciario incoó un procedimiento penal (con núm. 183‑15-238) en aplicación del artículo 104 (Lesiones graves premeditadas), párrafo 4, del Código Penal en su versión de 1997 a fin de esclarecer las circunstancias de lo sucedido y la causa de las muertes.

94.Cuando estas personas fueron encontradas en el centro de detención preventiva núm. 1 de Biskek, su estado de salud era grave y se negaron categóricamente a recibir asistencia médica, como consta en su historial médico.

95.Estas personas dejaron una nota manuscrita en la que afirmaban que sus lesiones corporales no habían sido ocasionadas por la policía ni por los funcionarios del Servicio Penitenciario Estatal.

96.Nueve miembros de organizaciones terroristas internacionales que ofrecieron resistencia armada durante su detención fueron objeto de una investigación en el marco de diversos procesos penales, tras lo cual, de conformidad con lo exigido por el Código de Procedimiento Penal en su versión de 1998, se decidió sobreseer las causas incoadas contra los funcionarios del Comité Estatal de Seguridad Nacional que habían participado en esa operación de seguridad.

97.En lo que respecta al asesinato de una persona se observa lo que figura a continuación.

98.El 22 de octubre de 2015, los agentes del orden iniciaron una operación de busca y captura de A. Itibayev, que se había dado a la fuga del centro de prisión preventiva núm. 50 y se había ocultado en un apartamento de la ciudad de Biskek.

99.Durante su detención, el Sr. Itibayev ofreció activamente resistencia armada. A raíz de las heridas sufridas murió en el lugar de los hechos, al igual que un miembro de la unidad especial de respuesta rápida del Ministerio del Interior.

100.El 23 de octubre de 2015, la Fiscalía Municipal de Biskek incoó un procedimiento penal (con núm. 151-15-51) en aplicación de los artículos 241 (Adquisición, cesión, venta, tenencia, transporte o porte ilícitos de armas de fuego, municiones, y sustancias y artefactos explosivos), párrafo 1, y 340 (Homicidio de un agente del orden o de personal militar) del Código Penal en su versión de 1997, cuya investigación corrió a cargo de la Dirección General de Policía de la ciudad de Biskek.

101.Al término de la investigación se puso fin a las actuaciones penales en aplicación del artículo 28, párrafo 1 7), del Código de Procedimiento Penal en su versión de 1998, es decir, en razón del fallecimiento del Sr. Itibayev.

102.En lo que respecta al proceso penal incoado en relación con la muerte de civiles en el marco de la operación organizada para detener al Sr. Itibayev, el 22 de octubre de 2015 se dio con el paradero de dicho individuo, que estaba escondido en un barrio de Biskek y ofrecía activamente resistencia con un arma de fuego.

103.En el curso de la operación de seguridad se acabó con la vida del Sr. Itibayev, y al término de la operación se registró el apartamento núm. 87, situado en un rellano del tercer piso del mencionado edificio, junto al apartamento núm. 86, donde se hallaron los cadáveres de los civiles B. Sooronbayeva y M. Kakeyev, ambos con heridas de bala en la cabeza.

104.El 23 de octubre de 2015, la Fiscalía de Biskek incoó un proceso penal (con núm. 151-15-50) en relación con estos hechos en aplicación del artículo 97 (Asesinato), párrafo 2 1), del Código Penal en su versión de 1997.

105.Al término de la investigación se concluyó que, en el marco de su actuación, la unidad especial de respuesta rápida Bars del Ministerio del Interior había cometido el delito tipificado en el artículo 101 (Homicidio involuntario por conducta profesional indebida), párrafo 2, del Código Penal en su versión de 1997.

106.En el marco de la investigación, las víctimas presentaron una petición de sobreseimiento de la causa alegando que se negaban a continuar ejerciendo la acusación por delito semipúblico.

107.En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Penal en su versión de 1997, se determinó que los agentes de la unidad especial de respuesta rápida Bars del Ministerio del Interior habían cometido el delito anteriormente mencionado, que pertenece a la categoría de delitos leves.

108.El 23 de abril de 2016 se sobreseyó la causa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 12 1), del Código de Procedimiento Penal en su versión de 1998, esto es, debido a la negativa de las víctimas a continuar ejerciendo la acusación por delito semipúblico.

109.Entre 2014 y 2018 se registraron 11 casos de personas que murieron estando en prisión preventiva por haber cometido un delito. Cuatro de ellas, que se habían dado a la fuga tras haber asesinado a varios funcionarios del centro de prisión preventiva núm. 50, murieron, después de ser detenidas, en la institución núm. 21 del Servicio Penitenciario Estatal (centro de prisión preventiva núm. 1).

110.El 2 de diciembre de 2015, la fiscalía encargada del control de la legalidad en los órganos y centros del sistema penitenciario incoó un proceso penal (con núm. 183-15-238) en aplicación del artículo 104 (Lesiones graves premeditadas), párrafo 4, del Código Penal.

111.Sin embargo, la instrucción se suspendió por la imposibilidad de identificar a los autores del delito.

112.Siete personas se suicidaron en diversas instalaciones de detención de comisarías de policía distritales y provinciales, así como de la Dirección de Policía de las ciudades de Biskek y Osh.

113.Estos hechos fueron objeto de investigaciones oficiales, y se incoaron expedientes disciplinarios a 36 agentes del orden. Asimismo, se incoaron sendos procesos penales contra dos funcionarios que trabajaban en unas instalaciones de detención, los cuales están pendientes de juicio en el Tribunal del Distrito de Tong.

114.Entre 2014 y 2019, un total de 134 personas murieron en hospitales psiquiátricos del sistema sanitario.

Nombre de la institución	Número de defunciones
Centro Nacional de Salud Mental	28
Institución de Chym-Korgon dependiente del Hospital Psiquiátrico Nacional	68
Institución de Kyzyl-Zhar dependiente del Hospital Psiquiátrico Nacional	27
Centro Provincial de Salud Mental de Osh	7
Hospital Provincial General de Talas	1
Hospital Regional de Leilek	1
Hospital Provincial General de Batkén	1
Hospital Provincial General de Narýn	1

115.A continuación se desglosan las defunciones según la causa de la muerte:

76 defunciones por insuficiencia cardíaca aguda debida a una enfermedad coronaria.

20 defunciones por insuficiencia pulmonar y cardíaca debida a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

27 defunciones por tuberculosis.

3 defunciones por cirrosis hepática.

4 defunciones por asfixia mecánica provocada por un ahorcamiento.

2 defunciones por broncoaspiración.

1 defunción por cáncer de pulmón.

Datos sobre la mortalidad en los hospitales psiquiátricos entre 2014 y 2018, expresados en cifras absolutas y porcentajes

Institución	2014	2015	2016	2017	2018
Centro Nacional de Salud Mental	6 (0,1 %)	4 (0,1 %)	4 (0,1 %)	6 (0,1 %)	8 (0,2 %)
Institución de Chym-Korgon dependiente del Hospital Psiquiátrico Nacional	8 (1,0 %)	10 (1,2 %)	15 (1,8 %)	15 (2,0 %)	20 (2,3 %)
Institución de Kyzyl-Zhar dependiente del Hospital Psiquiátrico Nacional	6 (0,3 %)	4 (0,2 %)	5 (0,3 %)	6 (0,3 %)	6 (0,3 %)
Centro Provincial de Salud Mental de Yalal -Abad	–	–	–	–	–
Centro Provincial de Salud Mental de Osh	2 (0,1 %)	5 (0,2 %)	–	–	–
Hospital Provincial General de Talas	–	–	–	–	1 (0,6 %)
Hospital Estatal de Leilek	–	–	1 (0,5 %)	–	–
Hospital Estatal de Batkén	–	1 (0,8 %)	–	–	–
Hospital Provincial General de Narýn	–	–	1 (0,4 %)	–	–
A nivel nacional	22 (0,2 %)	24 (0,2 %)	26 (0,2 %)	27 (0,2 %)	35 (0,3 %)
Total: 134

116.Entre 2014 y 2019, un total de 257 personas murieron en instituciones de atención neurológica y psiquiátrica del sistema de desarrollo social, todas ellas por enfermedad.

Datos sobre la mortalidad de beneficiarios de servicios sociales en residencias asistidas entre 2014 y 2018

2014	2015	2016	2017	2018
Residencias asistidas de atención neurológica y psiquiátrica para adultos
56	34	32	51	56
Residencias asistidas de atención neurológica y psiquiátrica para niños
2	4	6	8	8
58	38	38	59	64

Datos sobre la mortalidad del personal militar en activo entre 2014 y 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Fuerzas Armadas de la República Kirguisa (Comité Estatal de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Situaciones de Emergencia, Comité Estatal de Seguridad Nacional, Servicio Estatal de Fronteras)
Incumplimiento de las normas relativas al manejo de armas	1	–	1	1	1
Incitación al suicidio	1	–	–	–	–
Tratos antirreglamentarios	–	2	1	–	–
Suicidio	3	1	–	1	4
Accidente de tráfico	–	1	–	2	1
Enfermedad	1	2	–	–	–
Otras	–	–	–	–	1
	6	6	2	4	7
Total: 25
Departamento de Defensa de los Centros Penitenciarios y Traslado de los Condenados y Reclusos del Servicio Penitenciario Estatal
Incumplimiento de las normas relativas al manejo de armas	1	–	–	–	–
Suicidio	–	1	–	–	2
Electrocución durante el desempeño de las funciones oficiales	1	–	–	–	–
	2	1	0	0	2
Total: 5
Entre 2014 y 2018 murieron 30 miembros del personal militar

Medidas adoptadas contra los autores

117.En cinco casos de muertes de militares se impusieron las siguientes condenas a los culpables:

El Tribunal Militar de la Guarnición de Biskek condenó al alférez M. O. Babayev a 6 años y 6 meses de privación de libertad por incitar al suicidio al soldado raso E. Kamchybek uulu.

El 13 de enero de 2016, el Tribunal Militar de la Guarnición de Osh condenó al soldado raso N. Usmanov a 9 años de privación de libertad.

El Tribunal Militar de la Guarnición de Osh condenó a Amantur Ashimbek uulu a 10 años de privación de libertad.

El 19 de abril de 2016, el Tribunal de la Guarnición de Balykchí condenó al soldado raso A. Mirlanov a 6 años de privación de libertad.

El Tribunal Militar de la Guarnición de Osh condenó a A. Shanayev a 12 años de privación de libertad.

118.Se incoaron procedimientos penales en tres casos relacionados con la muerte de miembros del personal militar.

119.En siete casos de muertes de militares se renunció al ejercicio de la acción penal.

120.En el caso de la muerte de un militar, la causa fue sobreseída.

121.En el caso de la muerte de una persona se incoó un proceso penal en aplicación del artículo 316 (Negligencia), párrafo 2, del Código Penal en su versión de 1997.

122.El Tribunal del Distrito de Nooken declaró culpables al Jefe de Estado Mayor del Ministerio de Situaciones de Emergencia, A. Asanbayev, y al comandante de compañía K. Khabibulayev, y les impuso una condena condicional de un año de privación de libertad.

123.El Departamento de Defensa de los Centros Penitenciarios y Traslado de los Condenados y Reclusos del Servicio Penitenciario Estatal incoó varios expedientes disciplinarios a funcionarios por negligencia en el trabajo.

Artículo 7

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Tortura y malos tratos, párr. 15)

124.Según lo dispuesto en la Constitución, nadie podrá ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad tiene derecho a un trato humano y al respeto de su dignidad (art. 22).

125.El 1 de enero de 2019 entraron en vigor el nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento Penal, que refuerzan las garantías fundamentales del derecho a no ser sometido a torturas durante la detención preventiva y la fase de instrucción.

126.En virtud del artículo 143 del Código Penal (Tortura), la pena máxima que podrán imponer los tribunales por la comisión de este delito se ha reducido en 5 años y ahora es de 10 años de privación de libertad.

127.En el Código Penal la tortura pasó del capítulo “Delitos en el ejercicio de un cargo público” al capítulo “Delitos contra la persona”, ya que la responsabilidad primordial del Estado es proteger los derechos y libertades de la persona y del ciudadano, en su calidad de valores supremos.

128.Cada vez que el sospechoso es trasladado a unas instalaciones de detención, así como cuando se recibe una denuncia del propio detenido, su defensor, un familiar cercano o su cónyuge del uso de violencia, torturas o malos tratos contra él por los funcionarios de los órganos de instrucción, se practica un reconocimiento médico obligatorio, que se debe documentar siguiendo el debido procedimiento. La obligación de realizar el reconocimiento médico recae en la administración de las instalaciones de detención.

129.El Código de Procedimiento Penal establece que las disposiciones sobre libertad condicional y prescripción de la responsabilidad penal no se aplicarán a los condenados por delitos de tortura.

130.Se han ampliado los derechos del sospechoso: aparte del derecho a conocer el delito o la falta que se le imputa, también tiene derecho a que se le realice un reconocimiento médico y a recibir atención médica desde el momento de su detención. La obligación de realizar el reconocimiento médico recae en la administración de las instalaciones de detención.

131.En virtud del artículo 4 de la Ley de Principios Generales de la Amnistía y el Indulto, de 14 de junio de 2002, se prohíbe conceder amnistías a las personas que hayan cometido delitos graves o muy graves, independientemente de la pena impuesta por el tribunal. El elemento constitutivo de delito tipificado en el artículo 143 del Código Penal también se considera un delito grave.

132.No obstante, en 2017 se aprobó una nueva Ley de Fundamentos de la Amnistía y el Procedimiento para su Aplicación, según la cual la ley no es aplicable a determinados procesados y condenados, en particular a los procesados y condenados por asesinato con circunstancias agravantes y especialmente agravantes y por tortura.

133.A fin de reducir los casos de violencia, tortura y tratos y penas crueles e inhumanos, desde diciembre de 2014 el Ministerio de Salud ha venido adaptando e implementando activamente la Guía práctica para la documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dirigida al personal médico de la República Kirguisa (de conformidad con los principios del Protocolo de Estambul), aprobada por la Orden núm. 680 del Ministerio de Salud, de 7 de diciembre de 2015. Los principios del Protocolo de Estambul se están incorporando de manera generalizada en los ámbitos teórico y práctico de la sanidad y en la formación de los profesionales de la salud.

134.Al mismo tiempo, la experiencia del Ministerio de Salud en la aplicación de la guía práctica indica que no basta con mantener la documentación médica exclusivamente en el sistema del Ministerio, sino que es necesario implantarla también en todos los centros médicos públicos y privados. Sigue sin haber suficientes trabajadores médicos que sepan cómo cumplimentar el formulario correspondiente y persisten las negativas a llevar la documentación médica pertinente, los casos en que esta no se cumplimenta debidamente y las dificultades para evaluar la calidad de los informes médicos y periciales.

135.En 2018, el Ministerio de Salud preparó un proyecto de resolución del Gobierno relativa a la unificación y normalización de la documentación médica de los casos de violencia, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con la intención de que fuera de obligado cumplimiento para todos los órganos estatales e incluyera las directrices y los principios del Protocolo de Estambul. Esta cuestión se incluyó en el plan de trabajo de 2019 del Consejo de Coordinación de Derechos Humanos.

136.Con objeto de prevenir la tortura y los malos tratos, en 2012 se creó un organismo estatal independiente, el Centro Nacional de Prevención de la Tortura de la República Kirguisa. Entre 2014 y 2018, el Centro Nacional de Prevención de la Tortura realizó más de 4.000 visitas de supervisión. Hasta la fecha, la mayoría de los actos de tortura se han cometido antes de llevar al sospechoso de un delito a las instalaciones pertinentes con el fin de obtener una confesión.

137.Hay una serie de problemas que obstaculizan el desempeño efectivo de la labor del Centro Nacional de Prevención de la Tortura. Por ejemplo, en los cuatro años que lleva en funcionamiento (de 2014 a 2018), el Centro ha registrado 46 casos de obstrucción, y en relación con 3 de ellos se incoaron sendos procesos procedimientos penales (en 2014, 2015 y 2017). Pese a que la prohibición de obstaculizar la labor del personal del Centro y de injerirse en ella está consagrada en la ley, esta práctica persiste.

138.En el nuevo Código Penal, que entró en vigor el 1 de enero de 2019, se ha suprimido el artículo 146-2, que tipificaba como delito la obstrucción de las actividades del Centro Nacional de Prevención de la Tortura.

139.Entre 2014 y 2018, los órganos de la fiscalía incoaron procedimientos penales en relación con tan solo 28 casos de tortura y malos tratos, lo que representa el 3 % del total de comunicaciones enviadas por el Centro Nacional de Prevención de la Tortura.

140.La tortura se tipificó como delito en 2003, pero hasta 2012 no se encausó a nadie en aplicación del artículo correspondiente.

141.Entre 2012 y 2018, 18 funcionarios fueron declarados culpables de tortura en procesos penales ante los tribunales, entre ellos 14 agentes de las fuerzas del orden y 4 funcionarios del servicio penitenciario.

142.Seis agentes de las fuerzas del orden fueron absueltos por haber prescrito su responsabilidad penal, ya que sus actos habían sido cometidos con anterioridad a julio de 2012 (antes de que se endurecieran las penas por tortura). Las 12 personas restantes fueron condenadas a entre 7 y 11 años de privación de libertad, incluidos 2 agentes de las fuerzas del orden que fueron condenados por tortura a menores.

Año	Número de denuncias de tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes registradas
2012	371
2013	265
2014	220
2015	478
2016	435
2017	418
2018	377

143.A fin de prevenir e impedir la tortura y los malos tratos contra la población civil, en los locales del Servicio de Lucha contra el Extremismo y la Migración Ilegal del Ministerio del Interior se ha habilitado un local de atención al público equipado con un sistema de videovigilancia con grabación de audio.

144.El Ministerio del Interior promulgó la Orden núm. 226, de 16 de marzo de 2017, por la que se aprueba el Reglamento relativo al sistema de videovigilancia de las instalaciones de detención de las comisarías del país.

145.A fecha de 1 de enero de 2019, en las comisarías del país había 46 instalaciones de detención, que tenían un total de 253 celdas con cabida para 1.162 camas/plazas. De ellas, disponían de sistema de videovigilancia:

295 sin equipo de grabación.

255 con equipo de grabación.

146.Se han instalado cámaras de vídeo en todas las instalaciones de detención, a las que tienen acceso los departamentos de asuntos internos de la policía. Asimismo, las cámaras de las instalaciones de la comisaría de policía del distrito de Nooken, la comisaría de policía de la ciudad de Yalal-Abad y de la provincia homónima, la Dirección de Policía de la ciudad de Osh, la comisaría de policía de la ciudad de Tokmok, la comisaría de policía de Ysyk-Atá y la comisaría de policía de Balykchí están conectadas directamente a los órganos de la fiscalía.

Provincia, ciudad, etc.	Número de instalaciones de detención	Número de celdas	Cámaras de v í deo instaladas
Ciudad de Biskek	1	14	27
Ciudad de Osh	1	11	1
Provincia de Chuy	7	52	37
Provincia de Issyk-Kul	6	46	38
Provincia de Narýn	5	34	31
Provincia de Osh	7	31	15
Provincia de Yalal -Abad	12	59	94
Provincia de Talas	2	12	6
Provincia de Batkén	5	27	8
Dirección de Policía del Ministerio del Interior	1	–	3

147.Con arreglo a lo dispuesto en la Orden núm. 226 del Ministerio del Interior, de 16 de marzo de 2017, los agentes del orden y los funcionarios del órgano estatal competente en materia de seguridad nacional tienen acceso a los datos del sistema de videovigilancia para su uso con fines oficiales. Las grabaciones de vídeo del sistema de videovigilancia no pueden ser eliminadas y tan solo se sobrescriben al término del plazo establecido a tal efecto. De acuerdo con la Ley de Videovigilancia Exterior, el material grabado por el sistema de videovigilancia se debe conservar durante tres meses.

148.Las cámaras de videovigilancia se empezaron a instalar en las instalaciones de detención de las comisarías de policía del país en 2012, y su número aumenta cada año según se va disponiendo de los fondos necesarios.

149.Entre 2017 y 2018 se renovaron y reinstalaron 80 cámaras de videovigilancia en los edificios administrativos de las instalaciones de detención del país.

150.Sin embargo, debido a la falta de fondos adicionales, los servidores para el almacenamiento de las grabaciones no se han actualizado y los plazos no han cambiado. Al mismo tiempo, actualmente se necesitan otras 258 cámaras de vídeo y 32 dispositivos de grabación de vídeo para las instalaciones de detención del país, cuya adquisición supone un costo total de 1.082.634 soms.

151.A fin de garantizar la protección de los derechos y libertades humanos, el Reglamento del Servicio de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, aprobado por la Orden núm. 980 del Ministerio del Interior, de 16 de octubre de 2018 (que sustituyó a la Orden núm. 700 del Ministerio del Interior, de 5 de septiembre de 2017), prevé, entre sus principales obligaciones, la vigilancia del respeto de la ley, la disciplina institucional y los derechos y libertades de los ciudadanos por parte de los agentes, empleados y funcionarios de las fuerzas del orden.

152.En cumplimiento de esas obligaciones, el plan de operaciones de investigación de actos delictivos y de medidas de prevención y de organización del Servicio de Asuntos Internos para el cuarto trimestre de 2018 incluye la labor de detectar y reprimir las violaciones y abusos contra los derechos de los ciudadanos por parte de agentes del orden, así como de adoptar medidas para prevenir tales casos, lo cual constituye una de las prioridades del Ministerio del Interior.

153.En el tercer informe periódico sobre la aplicación por la República Kirguisa de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes entre 2012 y 2016, aprobado por la Disposición núm. 6 del Gobierno, de 28 de enero de 2019, figura información detallada sobre las denuncias de tortura contra Azimzhan Askarov y sobre los errores judiciales cometidos en el procedimiento conexo, así como sobre la tortura y los malos tratos en general.

Artículo 8

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Trata de personas, párr. 12)

154.De conformidad con la Disposición relativa al procedimiento de retorno a la República Kirguisa de los niños de nacionalidad kirguisa privados del cuidado de los padres que se encuentran fuera del país, aprobada por la Resolución núm. 571 del Gobierno, de 21 de octubre de 2013, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social organiza el retorno o la repatriación de los niños privados del cuidado de los padres desde la Federación de Rusia.

155.Tras la llegada del niño al país, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social colabora con las oficinas de desarrollo social distritales y municipales para encontrar a sus parientes con el fin de reunir al niño con su familia biológica. En caso de que no sea posible reunir al niño con su familia biológica, se considera la posibilidad de ponerlo bajo tutela con miras a su adopción.

156.Entre 2011 y 2018 se procedió al retorno de un total de 89 niños (6 en 2011, 18 en 2012, 3 en 2013, 17 en 2014, 6 en 2015, 13 en 2016, 16 en 2017 y 10 en 2018).

157.De los 89 niños retornados, 52 fueron adoptados, 12 fueron acogidos por familias, 9 fueron puestos bajo tutela y 16 se encuentran en hogares infantiles.

158.La adopción de niños por parte de nacionales kirguisos y extranjeros, incluidos los ciudadanos de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en territorio kirguiso se lleva a cabo con arreglo a los tratados internacionales en los que es parte la República Kirguisa o que han sido ratificados por ella, así como a una serie de instrumentos jurídicos y normativos nacionales.

159.Entre 2014 y 2018 se dieron en adopción 4.063 niños a nacionales kirguisos (626 en 2014, 985 en 2015, 978 en 2016, 718 en 2017 y 756 en 2018) y 98 a ciudadanos extranjeros (17 en 2014, 27 en 2015, 22 en 2016, 12 en 2017 y 20 en 2018).

160.En la Base de Datos Estatal sobre Niños Privados del Cuidado de los Padres están registrados los historiales de 224 niños privados del cuidado de los padres que pueden darse en adopción y 280 candidatos a padres adoptivos. Hasta la fecha se han inscrito como candidatos a padres adoptivos 68 extranjeros (67 de los Estados Unidos y 1 de los Países Bajos).

161.Los niños adoptados por extranjeros se inscriben en el registro de la misión diplomática, embajada u oficina consular de la República Kirguisa acreditada en el Estado de residencia de los padres adoptivos. Las agencias de los organismos extranjeros acreditados en Kirguistán también presentan informes sobre las condiciones de vida, crianza y sustento de los niños adoptados.

162.Actualmente, en Kirguistán operan 7 agencias de organismos extranjeros acreditados para la adopción internacional (6 de los Estados Unidos y 1 de los Países Bajos).

163.Kirguistán fue uno de los primeros países de la CEI en introducir en 2004 los criterios sobre el número de niños nacidos vivos (inscripción de los bebés fallecidos a partir de las 22 semanas de gestación con un peso igual o superior a 500 g y que midan al menos 25 cm). Unos datos estadísticos fiables permitieron analizar la situación y determinar qué problemas había, y teniendo en cuenta todo ello se elaboraron unas orientaciones marco para mejorar la situación y registrar los nacimientos y defunciones de niños.

164.En todas las regiones del país se ha implantado el Registro de Recién Nacidos, que es una base de datos personalizada que contiene información sobre los recién nacidos con un peso igual o superior a 500 g, así como sobre sus madres.

165.Entre 1990 y 2016, la tasa de mortalidad nacional de niños menores de 5 años en Kirguistán se redujo en más de dos tercios (un 70 %).

166.En los últimos años, los países del Asia Central han adoptado medidas activas para combatir la trata de personas mediante la elaboración de estrategias y planes nacionales en ese ámbito, el mejoramiento del marco jurídico, el fortalecimiento de la cooperación internacional y regional y la coordinación de la labor realizada por las fuerzas del orden.

167.A fin de armonizar la legislación nacional con los instrumentos internacionales de lucha contra la trata de personas, el Ministerio del Interior llevó a cabo una evaluación de la Ley núm. 55 de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, de 17 de marzo de 2005, y un seguimiento de su aplicación basándose en la experiencia de las repúblicas de Asia Central en la detección de víctimas de la trata.

168.A raíz de ello, se aprobó la Ley núm. 2, de 11 de enero de 2018, por la que se modifica la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas.

169.En el marco del cumplimiento de la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y de la ejecución del Programa Gubernamental de Lucha contra la Trata de Personas (2017-2020), se aprobó, con el fin de crear un mecanismo de remisión de las víctimas de la trata y elaborar unos criterios para su detección, la Resolución núm. 493 del Gobierno relativa al Mecanismo Nacional de Remisión de las Víctimas de la Trata de Personas en la República Kirguisa, de 19 de septiembre de 2019.

170.Según las estadísticas del Ministerio del Interior que figuran en los cuadros 2 y 3, se incoaron un total de 45 procedimientos penales por delitos relacionados con la trata de niños, de los cuales 37 se resolvieron y 8 quedaron sin resolver.

Cuadro 2 Procedimientos penales incoados

	Art. 124 del Código Penal (Trata de personas)
2014	2015	2016	2017	2018	Total
Total	18/15/3	9/6/3	7/6/1	2/1/1	9/9/0	45/37/8

171.De los 37 procedimientos penales resueltos, 31 fueron remitidos a los tribunales y 6 fueron suspendidos.

172.En el marco de esos casos se incoaron 22 procedimientos penales por trata de recién nacidos (12 niños y 10 niñas), y todos ellos se han resuelto.

Cuadro 3 Procedimientos penales incoados

	Art. 124 del Código Penal (Trata de personas)
2014	2015	2016	2017	2018	Total
Total	7/7/0	4/4/0	1/1/0	1/1/0	9/9/0	22/22/0

173.El Ministerio del Interior colabora con las fuerzas del orden de otros países en casos de esclavitud laboral de migrantes kirguisos en el extranjero, en particular con los países de la CEI, en el marco del Programa Intergubernamental de Medidas Conjuntas de Lucha contra la Delincuencia y del Programa de Cooperación entre los Estados Miembros de la CEI en la Lucha contra la Trata de Personas. Algunos países extranjeros cuentan con oficinas de representación oficiales del Ministerio del Interior, y en la Oficina de Coordinación de la CEI para la Lucha contra los Delitos que Representan un Peligro para la Sociedad trabaja un representante del Ministerio del Interior.

174.El Ministerio del Interior ha elaborado, en colaboración con la OIM, un manual y un módulo de capacitación para los agentes del orden sobre la lucha contra la trata de personas, que contiene material didáctico, casos, instrucciones y recomendaciones prácticas para los agentes del orden.

175.Se ha preparado una conferencia sobre el marco organizativo, jurídico y estratégico para prevenir y combatir la trata de personas, la cual se ha impartido a un gran número de miembros de las fuerzas del orden (128 en 2016, 140 en 2017 y 139 en 2018).

Artículo 9

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Libertad y seguridad de la persona, párr. 16)

176.A fin de garantizar el registro de todas las diligencias realizadas en el marco de la fase de instrucción, de conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Penal se aprobó el Registro Único de Delitos y Faltas por la Resolución núm. 602 del Gobierno, de 21 de diciembre de 2018.

177.Según lo dispuesto en el reglamento conexo, todas las diligencias realizadas en el marco de la fase de instrucción de conformidad con lo previsto en la legislación se inscriben en el Registro Único de Delitos y Faltas, incluidos el apellido, nombre y patronímico y otros datos personales de la persona detenida o sospechosa, los motivos, la fecha y la hora de la detención y otra información.

178.En el capítulo 8 del reglamento se establece el procedimiento para inscribir en el Registro Único a las personas sospechosas o acusadas de un delito o una falta con arreglo a unos formularios que deben rellenarse cuando se identifica a una persona como sospechosa, cuando se adopta una decisión procesal en su contra y cuando se suspende la fase de instrucción.

179.De conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Penal, si existen pruebas suficientes para sospechar que una persona ha cometido un delito o falta, el instructor debe notificar por escrito a la persona que está bajo sospecha.

180.La fecha y hora de la notificación a la persona bajo sospecha y la calificación jurídica del delito o falta que presuntamente ha cometido, con inclusión del artículo y el párrafo correspondientes del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal, son introducidas inmediatamente en el Registro Único de Delitos y Faltas por el instructor.

181.De conformidad con el artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, el auto de detención de un sospechoso se dicta en el momento de su comparecencia ante el órgano de instrucción.

182.En el capítulo 16 del reglamento se establecen normas de control y supervisión según las cuales los fiscales, los jefes de las unidades de investigación, los órganos de instrucción y las fuerzas del orden deben velar por que la información introducida en el Registro Único de Delitos y Faltas sea correcta, objetiva, completa y oportuna. En caso de que no se rellenen correctamente los formularios introducidos en el Registro Único o se detecte un incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento, se adoptan medidas de intervención fiscal para hacer comparecer a los funcionarios en cuestión ante la justicia.

183.El 10 de agosto de 2018 se firmó un memorando de cooperación entre el Ministerio del Interior y la Oficina Regional de Penal Reform International (PRI) en Asia Central.

184.Con arreglo a este memorando se están aplicando propuestas de medidas conjuntas entre el Ministerio del Interior y PRI, incluidas siete fases para mejorar la actuación de las fuerzas del orden en el ámbito del procedimiento penal.

185.En el marco de las actividades conjuntas entre el Ministerio del Interior y PRI se llegó a un acuerdo sobre la ejecución de un proyecto piloto en la Dirección General de Policía de la ciudad de Biskek y la Dirección de Policía de la provincia de Osh. El proyecto tendrá por objeto mejorar la manera en que el personal de las fuerzas del orden realiza las diligencias procesales de conformidad con los nuevos códigos que entraron en vigor en 2019. Concretamente, el proyecto pondrá a prueba la aplicación de tecnologías inteligentes en los órganos regionales de orden público, lo que permitirá mejorar la labor del personal de las unidades de investigación y operaciones en esta esfera.

186.El 26 de diciembre de 2018, la Dirección de Policía del distrito de Sverdlovsk, en la ciudad de Biskek, habilitó y presentó unas salas especiales con un sistema automatizado conectado con el Registro Único de Delitos y Faltas y el Registro Único de Alteraciones del Orden Público.

187.En la Constitución se establece que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad y que todo detenido debe ser llevado sin demora, y en cualquier caso antes de que transcurran 48 horas desde el momento de su detención, ante un tribunal para que este decida sobre la legalidad de su detención. Todo detenido deberá ser informado sin demora de las razones de su detención y de sus derechos, que deberán garantizarse, incluido el derecho a que se le realice un examen médico y a recibir asistencia médica (art. 24).

188.De conformidad con los artículos 99, 103 y 104 del Código de Procedimiento Penal, el auto de detención de un sospechoso se dicta en el momento de su comparecencia ante el órgano de instrucción. En el momento de la detención del sospechoso, se le debe comunicar el delito que se le imputa y explicar el derecho que lo asiste a no declarar en su contra y a disponer de un abogado o de asistencia letrada de oficio.

189.El instructor deberá, a petición de la defensa, garantizar el acceso en el plazo establecido (12 horas como máximo) al sospechoso que se encuentre en unas instalaciones de detención para que sea sometido un reconocimiento médico y, de ser necesario, reciba asistencia médica.

190.Las denuncias de sospechosos detenidos contra acciones, omisiones o decisiones del órgano de instrucción son transmitidas directamente por el responsable de las instalaciones de detención al fiscal o a un tribunal.

191.La denuncia es examinada por el tribunal junto con la solicitud de imposición de medidas cautelares o de verificación de la legalidad de la detención presentada por el instructor, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal.

192.Los sospechosos detenidos permanecen recluidos en instalaciones de detención. La comunicación entre un sospechoso detenido y el personal encargado de las operaciones de investigación de actos delictivos está permitida siempre que se cuente con una autorización escrita del instructor y únicamente en presencia de un defensor.

193.Justo después de que se produzca la detención de un sospechoso, el instructor deberá notificarlo a un pariente cercano de este, su cónyuge o un defensor y permitir que el sospechoso informe de ello a alguien personalmente y de forma gratuita.

194.Cuando se detiene a un menor sospechoso de haber cometido un delito o falta, se informa inmediatamente a sus representantes legales y al órgano estatal competente en materia de protección de la infancia.

195.Según lo dispuesto en el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, un sospechoso tiene derecho, entre otras cosas:

A disponer de un defensor desde el momento en que se le notifica que es sospechoso de un delito o falta y a contar, desde el momento de su detención, con asistencia letrada de oficio en caso de no disponer de un defensor de su elección; a disponer de un defensor, incluso durante el examen por el juez de instrucción de la solicitud de imposición de medidas cautelares; y a recibir asistencia letrada de oficio en los casos previstos por la ley.

A que se le realice un examen médico y a recibir asistencia médica desde el momento de su detención.

196.Se nombrará a un defensor para los sospechosos, acusados, testigos, sus representantes legales u otras personas, así como para otras personas, a petición o con el consentimiento del sospechoso, el acusado o el testigo en cuestión. El instructor y el tribunal garantizan el derecho del sospechoso y del acusado a contar con un defensor durante las actuaciones penales. La remuneración del abogado con cargo al presupuesto del Estado se abonará con arreglo al programa de asistencia letrada de oficio.

197.En 2012 se abonó a los abogados un total de 1.648.800 soms con cargo al presupuesto del Estado: en 2013, 4.732.800 soms; en 2014, 10.552.500 soms; en 2015, 18.322.076 soms; en 2016, 19.240.068 soms; en 2017, 20.837.000 soms; y en 2018, 16.981.631 soms.

198.La participación de un defensor en el procedimiento penal es obligatoria en aquellos casos en que a un sospechoso o acusado le resulte difícil ejercer personalmente su derecho a la defensa debido a un impedimento significativo del habla, la audición, la visión, una enfermedad grave prolongada, demencia, una discapacidad mental aparente u otras discapacidades físicas o mentales; lo solicite el sospechoso o el acusado; el sospechoso o el acusado no domine o conozca suficientemente el idioma en que se desarrolla el procedimiento penal; el sospechoso o el acusado sea menor de edad; la persona sea sospechosa o esté acusada de un delito muy grave; el sospechoso o el acusado sea un recluta; haya un conflicto de interés entre los sospechosos o los acusados y al menos uno de ellos disponga de un defensor; un representante de la víctima participe en el procedimiento penal como acusador privado; un caso penal se someta a un juicio con jurado; se impongan medidas de tratamiento médico obligatorio o se decida que se van a imponer, a partir del momento en que se establece que la persona tiene una enfermedad mental o se dispone de otra información que suscite dudas sobre su cordura; o se presente una solicitud en la que se exprese la intención de llegar a un acuerdo de conformidad y concluir dicho acuerdo.

199.La participación de un defensor es obligatoria durante el examen por el tribunal de la solicitud de imposición de medidas cautelares a un sospechoso o acusado presentada por el fiscal. Este requisito se aplica también al procedimiento de prórroga de las medidas cautelares (art. 52 del Código de Procedimiento Penal).

200.El 16 de diciembre de 2016 se aprobó la Ley de Asistencia Jurídica Garantizada por el Estado.

201.Tienen derecho a asistencia jurídica cualificada en los procedimientos civiles, administrativos y penales las personas constituidas en parte civil, los responsables civiles, los sospechosos, los acusados, los condenados, las personas absueltas, las víctimas y los menores de edad que participen como testigos cuyos ingresos anuales no superen 60 veces el salario mínimo establecido en la Ley del Presupuesto Nacional.

202.Se presta asistencia jurídica cualificada, independientemente de los ingresos anuales, entre otros, a los menores en su nombre, a sus padres, tutores o curadores en interés de los niños, a las madres solteras con uno o más hijos menores de edad a cargo y a las personas con uno o más hijos menores de edad a cargo que no tengan madre, en asuntos relacionados con la salvaguardia y la protección de los derechos e intereses legítimos de los niños.

203.De conformidad con el artículo 22 de la Ley anteriormente mencionada, el defensor es designado por el coordinador competente nada más recibir la solicitud correspondiente. El órgano de enjuiciamiento penal asigna un defensor a los sospechosos de un delito detenidos desde el momento de su detención.

204.Actualmente existen 25 centros que prestan asesoramiento jurídico gratuito tanto a particulares como a personas jurídicas con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y salvaguardar sus intereses legítimos. Los centros cuentan con abogados cualificados que prestan asesoramiento jurídico gratuito a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, en todos los ámbitos, incluidos la igualdad de género y el liderazgo de la mujer.

205.Además, el Ministerio de Justicia ha elaborado un proyecto de procedimiento para la supervisión del ejercicio de la abogacía en lo relativo a la prestación de asistencia jurídica garantizada por el Estado.

206.En el marco de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Garantizada por el Estado, el Colegio de Abogados de la República Kirguisa ha elaborado y aprobado unos criterios de selección de los abogados que forman parte del sistema de asistencia letrada de oficio. Entre dichos criterios se incluye el requisito de disponer de un certificado de estudios en materia de legislación.

207.El formulario normalizado para los reconocimientos médicos fue aprobado por la Orden núm. 49 del Ministerio de Salud, de 20 de agosto de 2013, según la cual todos los casos de reclusos que hayan sufrido lesiones corporales se registran en unos formularios normalizados específicos. Una vez que el Gobierno apruebe el manual de documentación médica, el departamento médico del Servicio Penitenciario Estatal empezará a utilizar el formulario unificado para la documentación médica.

208.De conformidad con el Procedimiento para la Prestación de Asistencia Médica en las Instituciones Penitenciarias y los Centros de Prisión Preventiva, aprobado por la Resolución núm. 696 del Gobierno, de 9 de octubre de 2015, todas las personas son sometidas a un reconocimiento inicial a su llegada a un centro de prisión preventiva. En el caso de que en el establecimiento ingrese una persona con lesiones corporales, se levanta un acta del caso y se cumplimenta el formulario médico normalizado a fin de documentar hechos previos de violencia.

209.De conformidad con el artículo 17 de la Ley núm. 150 por la que se regula la prisión preventiva de personas sospechosas o acusadas de un delito, de 31 de octubre de 2002, el personal de los lugares de reclusión permite a los sospechosos, acusados y procesados entrevistarse con sus defensores en privado, sin limitación en cuanto al número de entrevistas o su duración y, de ser posible, en condiciones que permitan al personal verlos pero no oírlos, siempre que exista un documento que confirme que el abogado en cuestión defiende al sospechoso, acusado o procesado recluido en el marco de un procedimiento penal.

210.Los centros de tratamiento y prevención del Ministerio del Interior disponen de protocolos clínicos sobre la organización y la prestación de atención médica a las víctimas de violencia sexual, dirigidos al personal médico.

211.Con arreglo al acuerdo firmado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, a fin de velar por el desarrollo profesional de los médicos y el personal de enfermería, con carácter anual se les imparten cursos gratuitos de reciclaje profesional y formación continua.

212.De conformidad con la Orden núm. 279 del Ministerio del Interior de Adscripción del Personal del Ministerio del Interior, de 6 de mayo de 2016, se organizaron cursos para instructores de primeros auxilios en el marco de la colaboración entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

213.Los inspectores expertos en psicología han recibido capacitación en la realización de entrevistas de investigación —cuyo objetivo es prevenir la violencia y el uso de la tortura contra acusados y sospechosos—, a raíz de lo cual obtuvieron un certificado de la Delegación de la Unión Europea en la República Kirguisa y la Oficina Regional de PRI en Asia Central.

Artículo 10

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Condiciones de la prisión preventiva, párr. 17)

214.La Ley por la que se regula la prisión preventiva de personas sospechosas o acusadas de un delito establece la obligación de ofrecer a los sospechosos y acusados unas condiciones de reclusión acordes con las normas de higiene, saneamiento y prevención de incendios y de proporcionarles un lugar individual para dormir, ropa de cama, platos y cubiertos. Todas las celdas deben estar provistas de dispositivos de radiodifusión y, de ser posible, de televisores, refrigeradores y equipos de ventilación. Según la legislación, el espacio vital mínimo por recluso en una celda es de 3,25 m2.

215.En el sistema penitenciario estatal, a la hora de colocar en celdas a sospechosos y acusados se tienen en cuenta sus características personales y su compatibilidad psicológica. En la medida de lo posible se intenta separar a los fumadores de los no fumadores.

216.A la hora de distribuir a los acusados y condenados en las celdas, se elabora una lista de personas que estarán recluidas por separado.

217.Los acusados y condenados menores de edad de diferente sexo se mantienen separados en el centro de prisión preventiva tanto entre sí como de los adultos, y, si las condiciones lo permiten, son colocados en celdas calculadas como máximo para entre 4 y 6 personas, ubicadas en distintos edificios y secciones o en pabellones de seguridad de los edificios, teniendo en cuenta la edad, el desarrollo físico y el nivel de retraso escolar del recluso menor de edad.

218.En la ciudad de Biskek y la provincia de Chuy, los menores únicamente son recluidos en las instalaciones de prisión preventiva de la colonia correccional núm. 14, y en la zona meridional del país todos los menores son recluidos en el centro de prisión preventiva núm. 53.

219.A fecha de 1 de enero de 2019, el número de presos condenados y preventivos en los establecimientos del Servicio Penitenciario Estatal alcanzaba solo el 65,37 % del límite máximo de plazas.

220.En cumplimiento de la Resolución núm. 42 del Gobierno, de 8 de febrero de 2008, por la que se aprobaron la dieta diaria y las reglas de aplicación y sustitución de la dieta diaria de los reclusos condenados a privación de libertad y las personas recluidas en instalaciones de prisión preventiva del sistema penitenciario, la dieta diaria se estableció con arreglo a una lista de 21 productos alimenticios, financiados al 100 % con cargo al presupuesto nacional.

221.Con el apoyo de las organizaciones internacionales, el Servicio Penitenciario Estatal sigue impartiendo capacitación a los reclusos en diversos oficios (como confección de ropa y cerámica, entre otros). Dado el activo desarrollo de la producción en el sistema penal, el Servicio Penitenciario Estatal proporciona empleo a los reclusos en instalaciones de producción tanto dentro de las colonias penitenciarias como en las colonias residenciales en régimen abierto.

222.Por ejemplo, en 2018, el número de reclusos que trabajaban en instituciones penitenciarias ascendía a 1.074, de ellos:

756 trabajaban en mantenimiento.

318 trabajaban en producción.

En los primeros seis meses de 2019, esa cifra ascendía a 909 reclusos, de los cuales:

619 trabajaban en mantenimiento.

290 trabajaban en producción.

223.En 2015, en el marco de la colaboración entre el Servicio Penitenciario Estatal y el CICR, se llevó a cabo una renovación integral del hospital para tuberculosos del centro núm. 31.

224.En el centro núm. 31 se presta un amplio conjunto de servicios de salud a 197 enfermos con un enfoque centrado en el paciente que ofrece un tratamiento integral de la tuberculosis y todas las enfermedades conexas e incluye asimismo medidas para mejorar el bienestar psicosocial, las condiciones nutricionales y sanitarias y el tratamiento de la drogodependencia.

225.El 26 de junio de 2016 entró en funcionamiento en la zona meridional del país un nuevo centro de prisión preventiva (el centro núm. 53 de la ciudad de Yalal-Abad), con capacidad para 60 menores y mujeres. El centro fue construido con el apoyo de los donantes (la OSCE y el CICR) y cumple con todas las normas internacionales. No obstante, no hay ningún centro de prisión preventiva para hombres en toda la provincia de Yalal‑Abad, lo cual es contrario a la legislación relativa al plazo que pueden permanecer recluidas las personas en instalaciones de detención policial de dicha provincia.

226.En 2016 entró en funcionamiento un complejo especial para reclusos que cumplen penas de prisión perpetua en el centro núm. 19.

227.Cabe señalar que, en el centro núm. 47, los condenados a prisión perpetua estaban recluidos en celdas situadas en sótanos. Con el apoyo del CICR, en ese centro se creó un área específica para esos reclusos y para los reclusos con diversas enfermedades. Esa área cumple con las normas internacionales y cuenta con todos los servicios necesarios, incluido un patio de recreo.

228.Dado que se está renovando íntegramente la unidad núm. 2 para personas condenadas a prisión perpetua en la colonia penitenciaria núm. 19, estas personas permanecen actualmente recluidas en el semisótano del centro de prisión preventiva núm. 1 del Servicio Penitenciario Federal. Cuando termine la renovación, estos condenados serán transferidos a la colonia penitenciaria núm. 19.

229.En el marco de la colaboración con distintas organizaciones internacionales y ONG, el Servicio Penitenciario Estatal ha realizado diversas obras de renovación y reacondicionamiento en 15 instituciones penitenciarias.

230.De conformidad con la Resolución núm. 2669-VI del Zhogorku Kenesh, de 25 de octubre de 2018, relativa el informe especial del Defensor del Pueblo sobre el respeto de los derechos de los niños en conflicto con la ley, el grupo de trabajo interinstitucional establecido para supervisar el funcionamiento del centro núm. 14 del sistema penitenciario constató una serie de infracciones.

231.Cabe señalar, sin embargo, que en el centro núm. 14 se han adoptado las siguientes medidas:

Se lleva a cabo una labor de concienciación y prevención con los menores condenados.

Se ha realizado una renovación integral y se han adquirido equipos conformes a las normas nacionales e internacionales.

Se han instalado cámaras de seguridad.

Se ha reacondicionado el centro.

Se ofrece la posibilidad de hacer educación física.

Se han habilitado murales de información con la dirección del sitio web donde se pueden denunciar los casos de corrupción y el número telefónico de la línea de asistencia de la Oficina Ejecutiva del Gobierno y la Dirección Central del Servicio Penitenciario Estatal.

Se han habilitado buzones de quejas y denuncias para que los presos preventivos y condenados puedan denunciar cualquier violación de sus derechos.

Se ha habilitado un teléfono gratuito de ayuda a los niños en el número 115.

El centro núm. 14 recibe visitas periódicas de representantes del Centro Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo y los órganos de la fiscalía especializados en la detección de violaciones de los derechos de los menores y de intentos de impedir o limitar el acceso a la línea telefónica 115 y a los buzones de denuncias. A raíz de la adopción de todas estas medidas, no se ha registrado ninguna denuncia.

Asimismo, en el centro se ha instalado una computadora con acceso a Internet para fines educativos, así como para que los alumnos puedan hablar con sus padres por videoconferencia a través de Skype.

232.En 2018 se llevaron a cabo las siguientes visitas de seguimiento a instituciones del sistema penitenciario:

El Centro Nacional de Prevención de la Tortura realizó 237 visitas preventivas.

La Defensoría del Pueblo realizó 118 visitas.

233.Asimismo, en 2018, el Centro Nacional de Prevención de la Tortura realizó 14 visitas preventivas y la Defensoría del Pueblo, 8 visitas a raíz de denuncias presentadas por reclusos.

234.El 2 de marzo de 2017, cuatro funcionarios del Servicio Penitenciario Estatal fueron condenados en aplicación del artículo 305-1 (Tortura), párrafo 2 2), del Código Penal a 7 años de privación de libertad en una colonia penitenciaria de máxima seguridad (el delito se había cometido el 29 de enero de 2014).

235.A fin de mejorar las condiciones de reclusión, el Comité Estatal de Seguridad Nacional lleva a cabo una actividad de planificación y mantiene una estrecha cooperación con organizaciones internacionales como la Oficina del Programa de la OSCE en Biskek y el CICR. Los lugares de reclusión del Comité Estatal de Seguridad Nacional son visitados periódicamente por representantes de la OSCE, el CICR, la Defensoría del Pueblo y el Centro Nacional de Prevención de la Tortura.

236.Cabe señalar que cada vez que un sospechoso es trasladado a unas instalaciones de detención del Comité Estatal de Seguridad Nacional, este es sometido a un reconocimiento médico por un profesional de la salud, que elabora el informe correspondiente. Cuando se recibe una denuncia de un detenido, su defensor o sus familiares sobre el empleo de violencia física contra él por parte del instructor, el detenido debe ser sometido a un reconocimiento médico que puede ser llevado a cabo por un médico independiente. En caso necesario, se practica un examen medicoforense.

237.En las celdas de las instalaciones de detención del Comité Estatal de Seguridad Nacional hay información sobre los derechos de los detenidos en sus respectivos idiomas, incluido el derecho a presentar denuncias contra las autoridades pertinentes en caso de violación de los derechos previstos en el marco de la detención.

238.Cuando un preso preventivo es llevado ante el instructor para ser interrogado, se rellena un acta de entrega en la que se indica la fecha, la hora, el cargo y el nombre del instructor en cuestión, la cual debe ser firmada por este último a la llegada del acusado o detenido.

239.Para que un abogado pueda entrevistarse con su cliente en un centro de prisión preventiva del Comité Estatal de Seguridad Nacional, deberá presentar una orden de representación y un documento de identidad. No se requiere un permiso especial del instructor.

240.Si los funcionarios vulneran los derechos de los detenidos o el ordenamiento jurídico vigente, se les exigirán responsabilidades de conformidad con la legislación vigente y se podrá incoar un expediente disciplinario o un procedimiento penal contra ellos.

241.Las instalaciones de detención y los centros de prisión preventiva del Comité Estatal de Seguridad Nacional cumplen todas las normas legales relativas a los detenidos, y el número de personas por celda no supera el límite establecido.

242.Gracias a la colaboración con las organizaciones internacionales anteriormente mencionadas se han logrado resultados positivos concretos en la mejora de las condiciones de reclusión. Entre 2014 y 2016 se realizaron obras de renovación en todas las celdas y demás instalaciones de seguridad de las instalaciones de detención y los centros de prisión preventiva del Comité Estatal de Seguridad Nacional de las ciudades de Biskek y Osh, se reacondicionó el patio de recreo del centro de prisión preventiva de la ciudad de Biskek y se cambió toda la ropa de cama y mobiliario conexo (incluidos los colchones, las mantas, las sábanas, las fundas para las mantas y las mesillas de noche), y los utensilios de cocina.

243.Hasta el 2018, en el sistema de las fuerzas del orden había 46 instalaciones de detención, que tenían un total de 253 celdas con cabida para 1.162 camas/plazas.

244.En 2018 había únicamente 8.735 personas recluidas en las instalaciones de detención policial del país (9.431 en 2017), de las cuales 7.750 eran hombres (8.450 en 2017), 799 eran mujeres (746 en 2017) y 186 eran menores de edad (207 en 2017).

245.Todas las instalaciones de detención del país se encuentran en edificios de las fuerzas del orden y cuentan con un servicio de vigilancia las 24 horas. La mayoría de las instalaciones de detención del país se construyeron en los años 60 a 80 y no cumplen las normas internacionales, ni las normas de higiene y saneamiento; asimismo, la capacidad de los detenidos para mantener una higiene personal y un aspecto decente se ve considerablemente restringida debido al mal funcionamiento de las cabinas de ducha, la falta de calefacción y agua caliente, las restricciones en el suministro de agua fría, así como la falta de accesorios de higiene y de un espacio cerrado para el retrete. El hacinamiento en las instalaciones de detención sigue siendo un gran problema, y no todos los detenidos tienen un espacio individual para dormir.

246.Las razones de la gran concentración de detenidos en las celdas de las instalaciones de detención de las fuerzas del orden son las siguientes:

No hay ningún centro de prisión preventiva en las provincias de Yalal-Abad, Batkén y Talas.

La gran distancia entre las instalaciones de detención de las fuerzas de seguridad situadas en la región meridional y el centro de prisión preventiva núm. 25 del Servicio Penitenciario Estatal dificulta el traslado de los detenidos dentro de los plazos establecidos, puesto que tanto por la ruta de Toktogul y Osh como por la de Chatkal y Osh hay más de 800 km en ambos sentidos, lo que requiere unos gastos financieros considerables y, por lo tanto, los detenidos permanecen en las instalaciones de detención de las fuerzas del orden hasta el final del proceso judicial.

Las demoras en el examen de las causas en los tribunales distritales y provinciales y el alargamiento de algunos juicios, lo que hace que los detenidos permanezcan recluidos en instalaciones de detención por un período prolongado.

247.Solo se han reformado las instalaciones de detención de la Dirección General de Policía de Biskek y las de las fuerzas del orden de la ciudad de Tokmok.

248.Cabe señalar que las instalaciones de detención de la ciudad de Biskek se reformaron a pesar de que una comisión interdepartamental concluyó en 2014 que se debían clausurar las instalaciones de detención de la Dirección de Policía de la ciudad de Biskek debido al mal estado del edificio y de las instalaciones de detención que no habían sido objeto de reforma y no se seguían utilizando.

249.En las demás instalaciones de detención no se hicieron reformas importantes. Debido a las condiciones extremadamente malas de las instalaciones de detención del distrito de Kadamzhay, en el que aparecieron grietas en las paredes de la comisaría y de las instalaciones de detención a raíz del terremoto de 2014, dichas instalaciones se clausuraron en septiembre de 2018.

250.Hasta la fecha se siguen utilizando las celdas de las instalaciones de detención que se encuentran en los sótanos y semisótanos. De las 45 instalaciones que siguen en uso, 10 están situadas en sótanos o semisótanos.

251.El artículo 16 de la Ley por la que se regula la prisión preventiva de personas sospechosas o acusadas de un delito establece el derecho de los sospechosos y acusados a recibir atención médica, entre otros contextos durante su participación en las actuaciones de instrucción y en las audiencias judiciales. Si se enferma una persona detenida o acusada de un delito, se llama a una ambulancia de un centro de medicina familiar desde las instalaciones de detención y, en caso necesario, se hospitaliza a la persona, para lo cual se organiza un convoy.

252.Desde 2014 hasta la fecha se ha venido ejecutando, en colaboración con representantes del CICR, un proyecto de prestación de servicios médicos en diez instalaciones de detención de las fuerzas del orden del país.

253.En 2016, se solicitó asistencia al CICR para reformar otras cinco instalaciones de detención de la República. En 2018 comenzaron las obras en las unidades médicas de las instalaciones de detención de los distritos de Sokuluk y Zhaiyl.

254.En 2018, unos representantes del CICR iniciaron la construcción de unas instalaciones de detención en el distrito de Batkén, que estarán terminadas, según la previsión, en 2019 y cumplirán las normas internacionales relativas a las condiciones de reclusión en los centros de detención.

255.Con el fin de prevenir la tortura y los malos tratos de las personas recluidas en las instalaciones de detención de las fuerzas del orden, en 2014 se aprobó el Plan de Medidas de Lucha contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes por la Disposición núm. 469 del Gobierno, de 23 de octubre de 2014. El Ministerio del Interior promulgó la Disposición núm. 601, de 25 de diciembre de 2014, y la remitió a los órganos regionales de orden público para que la aplicasen.

256.Según lo dispuesto en esa disposición:

En todas las celdas se han instalado tablones de anuncios en kirguís y ruso sobre los derechos y las normas aplicables a las personas recluidas en los centros de detención.

Con el fin de mejorar el sistema de educación y formación jurídica de los agentes del orden, en particular de los agentes de la policía criminal, las unidades de instrucción y los servicios que garantizan las condiciones de reclusión de las personas detenidas y recluidas, en los planes de estudios se ha incluido formación en materia de observancia de la legalidad en la prestación del servicio y el uso de las armas dirigida a los agentes del orden. Asimismo, se hace especial hincapié en los valores morales y las competencias profesionales que deben tener los agentes.

257.El Ministerio del Interior promulgó la Orden núm. 131 por la que se regula el funcionamiento de las instalaciones de detención de las fuerzas del orden en el país, de 20 de marzo de 2014, en la que se establece el objetivo de que los representantes de la Defensoría del Pueblo y del Centro Nacional de Prevención de la Tortura puedan visitar dichas instalaciones sin trabas, siempre que dispongan de los documentos necesarios.

258.Las instalaciones de detención de las fuerzas del orden son inspeccionadas diariamente por los órganos de supervisión y otras entidades: en 2018 las instalaciones de detención del país fueron sometidas a un total de 7.883 inspecciones, entre ellas 5.010 por la dirección de las fuerzas del orden, 2.226 por la Fiscalía, 193 por el Defensor del Pueblo, 292 por el Centro Nacional de Prevención de la Tortura y 99 por ONG.

259.Todas las instalaciones de detención del país cuentan con salas para que se practiquen diligencias de instrucción. Con el fin de prevenir la tortura, el Ministerio del Interior promulgó la Disposición núm. 562, de 24 de agosto de 2015, para instalar más cámaras de videovigilancia en todas las instalaciones de detención del país.

260.Entre 2014 y 2018, las cifras de menores de edad recluidos en instalaciones de detención fueron las siguientes: 283 en 2014, 298 en 2015, 215 en 2016, 215 en 2016, 209 en 2017 y 186 en 2018.

261.En la República Kirguisa, junto con las nuevas versiones del Código Penal, el Código de Faltas, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario, el 1 de enero de 2019 entró en vigor la Ley de Libertad Condicional. Durante el período sobre el que se informa, se adoptaron las primeras medidas para implantar la figura de la libertad condicional.

262.En virtud de la Resolución núm. 666 relativa al Establecimiento de un Órgano Competente en materia de Libertad Condicional en la República Kirguisa, de 31 de diciembre de 2018, el 1 de septiembre de 2019 se creó el Departamento de Libertad Condicional, que depende del Ministerio de Justicia y se encarga de velar por la ejecución de condenas penales no privativas de libertad y otras medidas de seguridad y de vigilancia y control en el caso de las personas que salen de las instituciones penitenciarias en libertad condicional.

Información relativa al sistema sanitario

263.Las condiciones en los hospitales psiquiátricos son aceptables, excepto en la Unidad núm. 8 del Hospital Psiquiátrico Nacional, situada en la aldea de Kyzyl-Zhar, en la provincia de Yalal-Abad.

264.Gracias a la labor realizada en 2018 por una comisión del Ministerio de Salud se detectaron varias irregularidades en la Unidad de Custodia núm. 8 del Hospital Psiquiátrico Nacional, situada en la aldea de Kyzyl-Zhar, a raíz de lo cual se está llevando a cabo una labor de optimización y reorganización de la actividad del centro.

265.Tras la visita efectuada a ese centro en 2018 por representantes del Ministerio de Salud y del Servicio Penitenciario Estatal con el fin de evaluar y calcular los gastos necesarios para la renovación de las instalaciones de las unidades especializadas y el mantenimiento del sistema de seguridad (muros, rollos de alambre de púas, sistema de videovigilancia, etc.), se estimó que se requerían 12,7 millones de soms para renovar y mantener el sistema de seguridad de las unidades especializadas de la red del Hospital Psiquiátrico Nacional para pacientes recluidos por orden judicial y sometidos a tratamientos obligatorios con régimen estricto y reforzado de vigilancia en Kyzyl-Zhar y Chym-Korgon.

266.Está previsto que los gastos de la renovación de las unidades de custodia se sufraguen con cargo al presupuesto destinado a las actividades previstas en el marco de la reforma judicial y jurídica. Se prevé asignar 10,3 millones de soms adicionales a la partida presupuestaria del Fondo del Seguro Médico Obligatorio prevista por el Ministerio de Finanzas para mantener la seguridad en las unidades de custodia de la red del Hospital Psiquiátrico Nacional situadas en Kyzyl-Zhar y Chym-Korgon.

267.Asimismo, el Ministerio de Salud tiene previsto adaptar y aplicar las recomendaciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 70/175, de 17 de diciembre de 2015. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), en particular las relativas a la reclusión de menores y la reforma del sistema de atención sanitaria en los centros penitenciarios, se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar las medidas del Plan del Consejo de Coordinación de Derechos Humanos para 2019.

268.Además, se están elaborando unas normas médicas para proteger de la violencia a los niños en situación precaria, incluidos los niños en conflicto con la ley. En el informe del Centro Nacional de Prevención de la Tortura de 2017 figura información detallada sobre los derechos de los pacientes a no sufrir malos tratos en los hospitales psiquiátricos.

Artículo 11

269.Según la Constitución, nadie puede ser privado de su libertad por el solo hecho de no poder cumplir una obligación derivada del ámbito del derecho civil (art. 24). La legislación penal no contempla la privación de libertad para las personas que no puedan cumplir una obligación contractual.

270.El incumplimiento de las obligaciones contractuales da lugar a responsabilidad civil. En el artículo 356 del Código Civil se establecen los fundamentos de la responsabilidad civil derivada de un incumplimiento contractual.

Artículo 12

271.Según lo dispuesto en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos en los que es parte la República Kirguisa y que han entrado en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación, todo ciudadano de la República tiene derecho a circular libremente por el territorio de Kirguistán y a elegir libremente en él su lugar de residencia permanente o temporal.

272.Sin embargo, de conformidad con el artículo 20 de la Constitución, los derechos y libertades de la persona y del ciudadano pueden ser restringidos por la Constitución y las leyes para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros.

273.Así pues, de conformidad con la Ley de Migración Interna, se prevé la posibilidad de imponer restricciones a la libertad de circulación y de elección de la residencia permanente o temporal en interés de la seguridad estatal, el orden público y la salud pública.

274.El procedimiento para cruzar la frontera estatal está regulado por la Ley de Fronteras Estatales de la República Kirguisa y la Ley de Migración Externa.

275.El Servicio Estatal de Fronteras ejecuta las decisiones de expulsión administrativa y forzosa del país dictadas contra ciudadanos extranjeros y apátridas haciendo entrega de la persona en cuestión a un representante de las autoridades del país extranjero a cuyo territorio esté siendo expulsada o verificando que la persona abandona el país por sus propios medios.

Artículo 13

276.La República Kirguisa se adhirió en 1996 a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y a su Protocolo, de 1967.

277.Desde entonces, Kirguistán ha proporcionado protección internacional a más de 20.000 refugiados en el marco del cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

278.Un estudio de la situación actual revela que en los últimos años ha habido un flujo constante de entrada de solicitantes de asilo a la República, lo que pone de manifiesto el atractivo de Kirguistán como país de acogida.

Número de personas que han presentado una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado

	2014	2015	2016	2017	2018
Número de personas que han presentado una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado	229	176	190	125	73
Número de personas a las que se ha reconocido la condición de refugiado	42	24	24	15	28

279.A fecha de 1 de noviembre de 2018 había 94 solicitantes de asilo. Cabe señalar que entre 2014 y 2018 no se expulsó a ningún solicitante de asilo.

280.La solicitud de extradición de un extranjero acusado o condenado por un delito en el territorio de otro Estado es examinada por el Fiscal General o sus adjuntos de conformidad con el tratado internacional pertinente o con arreglo al principio de reciprocidad (art. 521 del Código de Procedimiento Penal en su versión de 2017).

281.Las extradiciones y las prohibiciones de extradición se ejecutan de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal en su versión de 2017.

Artículo 14

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Independencia del poder judicial, párr. 18)

282.En el marco de la reforma judicial, en el Decreto Presidencial núm. 147 de Medidas de Mejora de la Administración de Justicia en la República Kirguisa, de 8 de agosto de 2012, se aprobaron recomendaciones básicas para seguir reformando el sistema judicial y se definieron las principales metas conceptuales, objetivos y orientaciones de dicha reforma.

283.En virtud de ese decreto presidencial se creó el Consejo de Reforma Judicial, dependiente de la Presidencia y dirigido por el Jefe de Estado, que aprobó el Plan de Acción para Reformar el Sistema Judicial (2012-2014) con el fin de determinar las medidas que se debían adoptar para resolver los problemas existentes en el ámbito de la administración de justicia.

284.A raíz de la labor realizada por el Consejo, el 1 de enero de 2019 entraron en vigor las nuevas versiones del Código Penal, el Código de Faltas, el Código de Alteraciones del Orden Público, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario.

285.La nueva legislación prevé una humanización del derecho penal, en virtud de la cual se pondrá en libertad a 470 presos.

286.También se reducirán las condenas de otros presos.

287.Los nuevos códigos prevén la introducción de nuevas figuras, entre ellas el registro único, el Registro Único de Delitos y Faltas, el Registro Único de Alteraciones del Orden Público, el juez de instrucción, la digitalización de las salas de instrucción y las salas de audiencia, la libertad condicional y la mediación.

288.El 24 de febrero de 2017 se aprobó la Ley de Libertad Condicional, que tiene por objeto garantizar la seguridad de la sociedad y del Estado, crear condiciones para la reeducación y la reinserción social de las personas en libertad condicional y evitar que estas cometan más delitos.

289.La principal tarea del órgano competente en materia de libertad condicional consiste en ayudar al delincuente a retomar una vida normal. Los agentes de libertad condicional participan en las actuaciones desde el momento de la detención de un ciudadano y lo acompañan en todas las etapas, velando por su seguridad cuando está siendo investigado y, posteriormente, cuando es condenado.

290.La prestación de toda una serie de servicios sociales y de otro tipo de asistencia contribuye así a reducir la tasa de reincidencia y a estimular la recuperación de los condenados tanto en lo que respecta a su bienestar material y económico —por el que se vela con la concesión de ayudas sociales— como en el plano psicológico.

291.Asimismo, se aprobó la Ley núm. 161 de Medicación, de 28 de julio de 2017, que tiene por objeto establecer un marco jurídico que permita emplear en el país la mediación como mecanismo para resolver controversias, ayudar a proteger los derechos, las libertades y los intereses legítimos de los ciudadanos, desarrollar unas relaciones comerciales basadas en la colaboración y una ética de los negocios y armonizar las relaciones sociales. La ley regula el uso de la mediación para resolver litigios del ámbito del derecho civil, familiar y laboral. La mediación se aplica a los litigios del ámbito del derecho penal en los casos previstos expresamente por la legislación.

292.En la versión de 2017 del Código de Procedimiento Civil se introdujeron las siguientes mejoras en materia de administración de justicia civil en el país:

Se acortaron los plazos de apelación y se revisó el procedimiento de apelación de las sentencias a fin de mejorar la eficacia de la labor de los tribunales y la uniformidad de la jurisprudencia. La figura del procedimiento de casación que existía antes constituía una duplicación del procedimiento de revisión, ya que el objeto del recurso era la sentencia definitiva.

A fin de evitar que se presentaran demandas y denuncias injustificadas, se introdujo la obligación de abonar una tasa estatal para presentar una demanda o denuncia ante un tribunal.

Con el fin de reforzar la importancia de la etapa de preparación del caso en las actuaciones judiciales, se está introduciendo en la legislación procesal la figura de la audiencia preliminar, en la que los participantes en el proceso están obligados a presentar de manera oportuna sus objeciones, peticiones y pruebas antes de que se celebre el juicio.

En aras de la concreción y a fin de evitar interpretaciones demasiado amplias, se revisó la lista de motivos que justificaban la reapertura de la causa por la aparición de hechos nuevos o desconocidos y se incorporaron a la lista de hechos nuevos las decisiones de tribunales internacionales u órganos de tratados internacionales, así como las resoluciones del Pleno del Tribunal Supremo sobre casos concretos.

Con el fin de ampliar los principios dispositivo, de contradicción y de igualdad de las partes, se revisaron las funciones y facultades de los jueces, las partes, los fiscales y terceras personas en los procedimientos civiles, teniendo en cuenta la necesidad de incluir a las partes en la mayor medida posible en los procedimientos judiciales y de endurecer la responsabilidad procesal por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. La figura de la mediación se está introduciendo en todas las etapas del procedimiento civil.

A fin de evitar dilaciones indebidas en el examen de los casos, si se retira una denuncia, esta no se puede volver a presentar.

A raíz de la aprobación en 2012 de la nueva versión del Código de la Infancia, según la cual los casos relacionados con la adopción de niños, el establecimiento de una tutela o curatela o el internamiento de niños en instituciones en régimen residencial son examinados por un tribunal, se introdujeron disposiciones específicas que regulan cómo se deben examinar este tipo de casos.

A fin de velar por que las personas que participan en el proceso se ajusten al procedimiento durante la audiencia judicial, se está introduciendo la figura de la responsabilidad procesal en forma de multas por violaciones reiteradas e incumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal.

293.Se han adoptado medidas importantes para reforzar la independencia del poder judicial y el papel de los tribunales; por ejemplo, se ha llevado a cabo una labor destinada a establecer un marco legislativo para las actividades de los tribunales que regule las cuestiones relacionadas con el sistema y el procedimiento judiciales y con la condición jurídica y social de los jueces y a reforzar las garantías de su independencia, inmunidad e inamovilidad en el cargo. El aumento anual del número de casos examinados por los tribunales es sin duda indicativo del incremento de la reputación del poder judicial y del respeto de las garantías constitucionales para asegurar la protección judicial de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como los derechos de las personas físicas y jurídicas en el ámbito empresarial y en otras esferas económicas.

294.Prosigue la labor destinada a establecer un marco legislativo para las actividades de los tribunales que regule las cuestiones relacionadas con el sistema y el procedimiento judiciales y con la condición jurídica y social de los jueces, a reforzar las garantías de su independencia y a mejorar su rendición de cuentas.

295.Se definió la condición jurídica del Consejo de la Judicatura como órgano de autogobierno judicial, al que, de acuerdo con la Constitución, se encomienda el examen de cuestiones del poder judicial tan fundamentales como la elaboración del presupuesto del sistema, la formación continua de los jueces y la incoación de expedientes disciplinarios contra los magistrados.

296.En la Constitución está consagrado el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia como miembros de jurados. Actualmente, el ejercicio de este derecho está suspendido en la práctica por un período de tiempo indefinido debido a la insuficiencia de recursos materiales para su aplicación.

297.De conformidad con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos, la facultad de autorizar las actuaciones de instrucción destinadas a decretar la prisión preventiva como medida cautelar se ha transferido de las autoridades fiscales a los tribunales. Además, a fin de proteger de forma efectiva los derechos de los ciudadanos y de las personas, se ha transferido a los tribunales la competencia sobre otras actuaciones de instrucción que anteriormente eran competencia de la fiscalía, como el registro, la incautación y las escuchas, entre otras.

298.La legislación nacional estableció la reasignación de los jueces en activo mediante un concurso público organizado por el Consejo de Selección de Jueces, órgano constitucional creado especialmente para ese fin e integrado por representantes del sistema judicial, juristas en activo y representantes de la sociedad civil. Cualquier persona que cumpla los requisitos para ocupar el puesto de juez puede participar en ese concurso público. Es importante señalar que toda la información relativa a la selección de los magistrados es de dominio público.

299.En virtud de la nueva versión de la Constitución, aprobada recientemente, se creó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, órgano que ejerce el control constitucional, en sustitución del Tribunal Constitucional, que fue suprimido.

300.Se modificó el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo y los jueces de los tribunales locales, con arreglo al cual los jueces de los tribunales de primera y segunda instancia son nombrados por el Presidente de la República por un período inicial de cinco años y, transcurrido este, hasta cumplir la edad de jubilación, pero los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos por el Parlamento hasta cumplir la edad de jubilación. También se ha modificado el procedimiento de elección y nombramiento de los presidentes de los tribunales a todos los niveles. Ahora, los presidentes de los tribunales, incluidos los del Tribunal Supremo y la Sala Constitucional, son elegidos en las asambleas de magistrados de los respectivos tribunales por un período de tres años. Asimismo, el mandato de presidente solo se puede renovar una vez.

301.Una de las medidas importantes adoptadas en este sentido fue la elaboración y aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (2013-2017), que sentó las bases para seguir mejorando el sistema judicial.

302.Las medidas previstas en la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible se han aplicado en el marco del Decreto Presidencial de Medidas para Mejorar la Administración de Justicia en la República Kirguisa, de 8 de agosto de 2012, y el plan de acción estatal titulado “Desarrollo del sistema judicial (2014-2017)”, aprobado por la Resolución núm. 4267-V del Zhogorku Kenesh, de 25 de junio de 2014.

303.Además de los medios tradicionales de publicación de las resoluciones judiciales, cada vez es más común el uso de métodos alternativos basados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, principalmente Internet.

304.Como avance cabe señalar la implantación en los tribunales del portal de Internet “sot.kg”, desarrollado por el Tribunal Supremo.

305.Ese sitio web incluye información sobre el sistema judicial del país, los asuntos judiciales, la hora y el lugar de celebración de las audiencias judiciales y las resoluciones judiciales dictadas.

306.Ciertas categorías de resoluciones judiciales en casos penales, civiles, administrativos y de otra índole están sujetas a publicación obligatoria, salvo en los casos en que su publicación esté prohibida por ley. A raíz de esta labor se ha creado la primera base de datos electrónica de resoluciones judiciales.

307.La posibilidad de consultar las decisiones judiciales incrementará el sentido de responsabilidad de los jueces y permitirá comparar y analizar las decisiones, lo que, sin duda, redundará en una mejora de la calidad de la administración de justicia.

308.Se están adoptando medidas para implantar la práctica de grabar en audio y vídeo los procedimientos judiciales en las salas de audiencia. Este sistema está actualmente en vigor en el Tribunal Supremo y en algunos tribunales locales. La grabación en audio y vídeo de los juicios ayudará a garantizar la integridad y la objetividad de los procedimientos judiciales y hará que tanto los participantes en el proceso como los propios jueces guarden la disciplina correspondiente.

309.El sitio web ofrece también a las personas físicas y jurídicas la posibilidad de presentar en línea quejas y denuncias, lo que también redundará positivamente en una mejora de la transparencia de las actividades de los tribunales.

310.Cabe señalar también que se han implantado la asignación automática de casos y la sede electrónica de la administración de justicia.

311.Teniendo en cuenta las particularidades de las tecnologías de la información y la comunicación, se elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo de las Tecnologías de la Información en el Sistema Judicial hasta 2018, que fue aprobado por decisión del Consejo de la Judicatura de 12 de marzo de 2015, y en el que, además de garantizarse la transparencia del sistema judicial, se desarrollan en detalle cuestiones relacionadas con la seguridad de la información, la actualización del parque informático y la habilitación de sistemas de grabación de audio y vídeo en las salas de audiencia.

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Tribunales de ancianos ( aksakals ), párr. 19)

312.En Kirguistán, las costumbres y tradiciones populares que no vulneran los derechos y libertades humanos están amparadas por el Estado. El respeto a los ancianos y el cuidado de la familia y demás personas allegadas son responsabilidades de todas las personas. Hay una disposición constitucional que establece eso mismo. Según lo dispuesto en el artículo 59 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a formar tribunales de ancianos ( aksakals ). El procedimiento para la formación de los tribunales de ancianos, sus facultades y sus actividades se establecen la Ley de Tribunales de Ancianos. Esos tribunales pueden examinar los casos de disputas familiares y sobre la propiedad que surjan entre los ciudadanos, así como la documentación presentada por los tribunales, los fiscales y los instructores en aquellos casos en que se haya sobreseído la causa con el fin de imponer sanciones comunitarias de conformidad con la legislación procesal penal. Sus decisiones pueden ser recurridas ante los tribunales.

313.Los tribunales de ancianos son una manera de descargar a los órganos de orden público y judiciales de toda una serie de casos que no entrañan un riesgo criminal. Además de aliviar la carga del sistema judicial, las instituciones alternativas de solución de controversias, como los tribunales de ancianos, pueden tener un efecto positivo en la cultura jurídica de los ciudadanos (por ejemplo, al otorgarles una función preventiva y de concienciación).

314.Por consiguiente, la existencia de los tribunales de ancianos no puede, por sí misma, poner en peligro el disfrute del derecho a un juicio imparcial sobre la base del supuesto de que las decisiones son adoptadas por personas sin formación jurídica con arreglo a una serie de normas culturales y morales y de que las decisiones sobre asuntos familiares podrían afectar negativamente a las mujeres.

Artículo 15

315.De conformidad con los artículos 2 a 12 del Código Penal en su versión de 2017, el carácter delictivo de un acto y su punibilidad, así como otras consecuencias penales, están determinados únicamente por el Código Penal.

316.La seguridad jurídica significa que el Código puede establecer con precisión los fundamentos para la incoación de un proceso penal por un delito, así como todos los elementos constitutivos del delito.

317.La legislación penal no puede ser objeto de interpretaciones amplias. Asimismo, se prohíbe la aplicación del derecho penal por analogía.

318.Una persona solo será responsable penalmente por los actos u omisiones y las consecuencias que de ellos se deriven y respecto de los cuales se haya establecido su culpabilidad. Nadie puede ser declarado culpable de un delito y sometido a una sanción penal hasta que su culpabilidad no se haya demostrado según el procedimiento previsto en la legislación y no se haya establecido en una sentencia condenatoria definitiva.

319.Las condenas y otras medidas de seguridad que se impongan a una persona que haya cometido un acto tipificado en el Código Penal deben ser coherentes con la gravedad del delito y las circunstancias en que se cometió. Nadie puede ser enjuiciado dos veces por un mismo delito o falta.

320.Al decidir si se incoa un proceso penal y se impone una condena, el tribunal debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad del delito cometido, sus motivos y objetivos, la identidad del autor, la magnitud del daño causado, las circunstancias atenuantes y agravantes y la opinión de la víctima y motivar la elección de la condena impuesta en la sentencia.

321.El carácter delictivo y la punibilidad de un acto están determinados por la legislación que estuviera en vigor en el momento en que se cometió el acto. El momento de la comisión de un delito es el momento en que una persona incurre en un acto u omisión tipificados como tales en la legislación.

322.Toda ley por la que se anule el carácter delictivo de un acto o se atenúen sus consecuencias penales tendrá efecto retroactivo, es decir, se aplicará a las personas que cometieron el acto en cuestión antes de la entrada en vigor de dicha ley, incluidas las personas que estén cumpliendo condena o ya la hayan cumplido. Toda ley por la que se tipifique un acto como delito o se agraven las consecuencias penales de un acto delictivo no tendrá efecto retroactivo. Toda ley por la que se atenúen ciertas consecuencias penales y se agraven otras de un mismo acto tendrá efecto retroactivo solo en lo referente a las consecuencias penales atenuadas. Si la legislación penal se modifica en reiteradas ocasiones desde el momento en que se cometa el delito hasta el momento en que se dicta la sentencia, se aplicará la versión menos severa.

Artículos 16 y 17

323.En la versión de 2017 del Código de Procedimiento Civil, el capítulo “Privación parcial o total de la capacidad jurídica” incluye una nueva disposición relativa al nombramiento por el juez de un representante oficial o abogado.

324.Tras recibir la solicitud de privación parcial o total de la capacidad jurídica a un ciudadano, si este carece de representante, el juez nombrará un a representante oficial o abogado para que represente a dicho ciudadano y defienda sus intereses durante el proceso.

325.El representante oficial o abogado tendrá las mismas facultades que un representante legal. Según lo dispuesto en la legislación, la asistencia jurídica prestada por el abogado es gratuita.

326.También se ha introducido una nueva disposición según la cual, si la presencia física de un ciudadano en una audiencia judicial celebrada en el tribunal entraña una amenaza para su vida o su salud o para la vida o la salud de las personas de su entorno, el caso será examinado por el tribunal en el lugar donde se encuentre el ciudadano y en su presencia (art. 294).

327.Además, según el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil, la decisión judicial por la que se priva a un ciudadano de capacidad jurídica sirve de fundamento para que el tribunal le asigne un tutor legal. Antes, era la dependencia de apoyo a la familia y a la infancia la que asignaba por orden judicial un tutor a las personas privadas de capacidad jurídica.

328.La nueva versión del Código Penal que entró en vigor el 1 de enero de 2019 endureció las penas por invadir la privacidad de una persona (art. 186); por violar el secreto de la correspondencia (art. 189); por transgredir la inviolabilidad del domicilio (art. 190); y por divulgar un secreto médico (art. 160).

329.A este respecto, cabe señalar que la legislación ha endurecido las penas por los delitos cometidos contra los derechos y libertades de la persona y del ciudadano consagrados en la Constitución mediante la imposición de importantes multas y trabajo tutelado con retención de salario, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de proporcionalidad y de humanidad de la pena.

Artículo 18

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Libertad de conciencia y de religión, párr. 22)

330.La actividad misionera en la República Kirguisa está regulada por la Ley de Libertad de Religión y Organizaciones Religiosas, cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento para las organizaciones religiosas activas en el país o por los representantes de las organizaciones religiosas de países extranjeros llegados al país con el fin de propagar sus creencias. No se permite operar en el territorio del país a aquellas misiones que no se hayan inscrito en el registro de conformidad con el procedimiento establecido.

331.Al mismo tiempo, con el fin de atender las necesidades religiosas de los creyentes, difundir la religión, impartir educación religiosa, celebrar cultos y reuniones de oración, predicar, formar a teólogos y a miembros del clero y organizar actividades misioneras y de otra índole destinadas a prestar apoyo organizativo y material para la celebración de cultos por una organización religiosa, se permiten la publicación y distribución de literatura religiosa que no esté prohibida ni propugne la alteración del orden constitucional, la intolerancia religiosa o la erosión de los fundamentos morales de la sociedad.

332.A fin de eliminar las restricciones incluidas en la legislación vigente que son incompatibles con las disposiciones del Pacto, en particular en lo que respecta a las actividades misioneras y al procedimiento de registro y difusión de las publicaciones religiosas, se ha elaborado un proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Libertad de Religión y Organizaciones Religiosas en la República Kirguisa, en el que se han armonizado las disposiciones de los artículos 10 y 12 de dicha Ley con la sentencia de la Sala Constitucional de 4 de septiembre de 2014 y con las disposiciones del Pacto; concretamente, se ha eliminado el requisito de presentar una lista de ciudadanos firmada por un notario para el registro y la difusión de las publicaciones religiosas.

333.Asimismo, en el proyecto de ley se ha optimizado el procedimiento de registro de los misioneros extranjeros. Según las modificaciones que se prevé introducir, si un misionero permanece en el país por un período no superior a diez días, no necesita inscribirse en el registro, sino únicamente contar con el consentimiento del órgano estatal competente en materia de asuntos religiosos, y la organización religiosa que lo haya invitado debe facilitar información detallada sobre las actividades que prevea realizar y asume la responsabilidad de las actividades del misionero.

334.El período de actividad de un misionero que viene al país por una temporada más larga con el fin de realizar actividades religiosas se ha reducido de tres años a uno, lo que coincide con el plazo de inscripción obligatoria en el registro (según la ley en vigor, los misioneros están obligados a volver a inscribirse cada año, tras lo cual reciben un certificado de inscripción en el registro con una validez máxima de un año). No obstante, siempre y cuando el misionero extranjero no haya infringido la legislación, el órgano estatal competente en materia de asuntos religiosos prorroga cada año su período de actividad, que no se tiene por qué limitar a tres años. Esto elimina el problema de que los misioneros que llevan más de tres años en Kirguistán sin infringir la legislación tengan que volver a inscribirse en el registro.

335.Si así lo solicitan, las personas que están cumpliendo una condena de privación de libertad pueden recibir la visita de representantes de asociaciones religiosas que estén inscritas en el registro siguiendo el procedimiento establecido. En los centros penitenciarios se permite a los presos a celebrar ritos religiosos, así como servirse de objetos de culto y literatura religiosa. A tal fin, la administración del centro pone a su disposición un local apropiado (art. 13 del Código Penitenciario).

336.Desde 2014, los órganos estatales organizan sistemáticamente actividades de información y sensibilización, entre ellas conferencias y talleres sobre la política estatal en el ámbito religioso, la legislación de la República Kirguisa, la prevención del radicalismo y el extremismo, diversas cuestiones relacionadas con la garantía de los derechos y libertades humanos y la prohibición de la discriminación. Sobre estas cuestiones se han publicado diversos manuales, que están siendo distribuidos a los representantes de los órganos estatales y a la población del país.

337.El artículo 14 de la Ley de Libertad de Religión y Organizaciones Religiosas en la República Kirguisa prevé la posibilidad de disolver una organización religiosa, misión o institución educativa religiosa y de prohibir sus actividades por orden judicial en caso de que vulnere la legislación.

338.En ese mismo artículo se enumeran también los motivos por los que se puede disolver una organización religiosa y prohibir las actividades de una organización religiosa o misión por orden judicial.

339.A fecha de 1 de enero de 2019 se habían prohibido por orden judicial las actividades de 21 organizaciones religiosas que estaban activas en el país (en el sitio web oficial del Comité Estatal de Asuntos Religiosos (http://religion.gov.kg/ru/) figura un listado de estas organizaciones).

340.Según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Servicio Militar Obligatorio y del Servicio Militar o Alternativo, los ciudadanos varones de entre 18 y 25 años que no tengan derecho a solicitar una prórroga o que hayan perdido ese derecho y no hayan hecho el servicio militar obligatorio son convocados para hacer un servicio alternativo si son miembros de una organización religiosa inscrita en el registro cuyo credo no les permita emplear armas ni servir en las fuerzas armadas.

341.Entre 2014 y 2018, tan solo 144 ciudadanos fueron convocados para hacer el servicio alternativo por sus creencias religiosas: 12 en 2014, 22 en 2015, 35 en 2016, 49 en 2017 y 26 en 2018.

Artículo 19

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Libertad de expresión, párr. 24)

342.De conformidad con el artículo 20 de la Constitución, el derecho a la libertad de pensamiento y de opinión no puede ser objeto de ninguna restricción.

343.En el artículo 8 de la Ley de Protección de las Actividades Profesionales de los Periodistas se prevén garantías para proteger las actividades profesionales de dichos trabajadores.

344.Al mismo tiempo, la ley protege los derechos profesionales, el honor y la dignidad del periodista. En el desempeño de sus funciones profesionales, los periodistas gozan de la garantía de la inviolabilidad de su persona. Se prohíbe perseguir a periodistas por publicar material crítico. El Estado garantiza a los periodistas la libertad de recibir y difundir información, así como su protección en el desempeño de sus actividades profesionales.

345.Además, se prohíben la injerencia en la actividad profesional de los periodistas y la violación del carácter confidencial de toda información obtenida en el desempeño de sus obligaciones profesionales.

346.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Ley, los periodistas extranjeros acreditados en la República Kirguisa tienen los mismos derechos y deberes que los periodistas nacionales.

347.Asimismo, de conformidad con la Ley de los Medios de Comunicación, los periodistas pueden ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión.

348.Al mismo tiempo, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente, las amenazas y los actos de intimidación y violencia contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas son investigados por las autoridades estatales competentes, los autores rinden cuenta de sus actos y, si se les declara culpables, son sancionados y se indemniza a las víctimas.

349.De conformidad con la Ley de Garantías y Libertad de Acceso a la Información, los medios de comunicación estatales, públicos y privados garantizan la plena transparencia de la información que se difunde a todas las personas y organizaciones, sin distinguir ninguna categoría particular de usuarios.

350.La transparencia informativa incluye el libre acceso a publicaciones periódicas y a programas informativos de radio y televisión, así como la posibilidad de conocer las fuentes de información en los casos previstos por la ley. Ese requisito no se aplica a la información confidencial, ni tampoco a la información que sea un secreto de Estado, comercial o profesional.

351.Los medios de comunicación extranjeros tienen derecho a acreditar a sus corresponsales en el territorio de la República Kirguisa y a abrir oficinas de corresponsalía previo acuerdo con los órganos de la administración estatal.

352.Durante el período sobre el que se informa no se registró ningún caso de intimidación, agresión o violencia contra defensores de los derechos humanos o abogados.

353.No obstante, las fuerzas del orden de la provincia de Osh registraron dos casos relacionados con periodistas. En el tercer informe periódico de Kirguistán sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes durante el período 2012-2016, aprobado por la Disposición núm. 6 del Gobierno, de 28 de enero de 2019, figura información detallada sobre esos casos.

Artículo 20

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Tribunales militares, párr. 20)

354.En el artículo 10, párrafo 2, de la Ley Constitucional núm. 216, de 23 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Ley Constitucional del Estatuto de los Jueces de la República Kirguisa se establece que a los jueces de los tribunales militares que tienen rango de oficiales en el Ejército no se les reconoce una categoría adicional y se suprime la remuneración que percibían como complemento a su sueldo de oficial.

355.La Ley núm. 217, de 23 de diciembre de 2016, por la que se modifican algunos instrumentos legislativos de la República Kirguisa eliminó las disposiciones relativas a los tribunales militares.

356.Estas modificaciones son necesarias porque se está procediendo a la supresión de los tribunales militares y los puestos de jueces militares.

357.Esa Ley se aprobó tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Encargada de Formular Propuestas para la Reforma Judicial, una recomendación directa aprobada en una sesión plenaria sobre el Plan de Acción de Estambul contra la Corrupción y las grandes diferencias existentes entre los presupuestos de los tribunales.

358.La Ley prevé que el personal de los tribunales militares sea transferido a los tribunales locales con más carga de trabajo del país. En la actualidad, los asuntos penales en los que están implicados militares únicamente o militares y civiles son examinados por los tribunales ordinarios.

Artículo 21

359.En el artículo 34 de la Constitución se reconoce a todas las personas el derecho a la libertad de reunión pacífica. Nadie puede ser obligado a participar en una reunión. Con el fin de garantizar la protección durante la celebración de una reunión pacífica, todas las personas tienen derecho a presentar una notificación a las autoridades. No se puede prohibir ni restringir la celebración de una reunión pacífica ni negar la protección necesaria para su correcto desarrollo por falta de notificación o por incumplimiento de lo dispuesto en el formulario de notificación o del plazo para su presentación.

360.No se puede exigir responsabilidad alguna a los organizadores o participantes de las reuniones pacíficas por falta de notificación de una reunión pacífica ni por incumplimiento de lo dispuesto en el formulario de notificación o del plazo para su presentación.

361.La Ley de Reuniones Pacíficas regula las relaciones civiles relativas al ejercicio del derecho de toda persona a reunirse pacíficamente.

362.Según lo dispuesto en el artículo 2 de esa Ley, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica no puede ser restringido salvo en los casos previstos por la ley para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros. Las restricciones impuestas al ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica deben ser proporcionales a los objetivos anunciados para dicha reunión.

363.Está prohibido aprobar reglamentos que restrinjan el derecho a la libertad de reunión pacífica.

364.Según lo dispuesto en el artículo 4 de esa Ley, los órganos estatales y los órganos de la administración autónoma local están obligados a respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, idioma, origen étnico, religión, edad, opinión política o de otra índole, origen, posición económica u otra condición, así como cualquier otra circunstancia.

365.En el artículo 88 del Código de Faltas se establece que la obstrucción ilícita de la celebración o participación en una reunión pacífica y la coacción para participar en una reunión pacífica se castigan con una multa de categoría II.

Artículo 22

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Libertad de asociación, párr. 25)

366.En el artículo 35 de la Constitución se reconoce a todas las personas el derecho a la libertad de asociación.

367.De conformidad con el artículo 4 de la Constitución, en Kirguistán se reconocen la diversidad política y el pluripartidismo. Los ciudadanos pueden crear partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones civiles sobre la base de la libre expresión de la voluntad y los intereses comunes con el fin de ejercer o proteger sus derechos y libertades y satisfacer sus intereses políticos, económicos, sociales, laborales, culturales y de otra índole.

368.Según la Ley de Organizaciones Sin Fines de Lucro, con objeto de coordinar sus actividades y representar y proteger sus intereses comunes, las organizaciones sin fines de lucro pueden establecer, de mutuo acuerdo, alianzas en forma de asociaciones o uniones sin fines de lucro.

369.Las asociaciones y uniones están sujetas a las disposiciones generales de dicha Ley, así como a las disposiciones que regulan las asociaciones civiles.

370.Según la Ley de Sindicatos, en la República Kirguisa los sindicatos son asociaciones civiles voluntarias que aúnan a ciudadanos con intereses comunes en función del tipo de actividad que realizan, tanto en el sector productivo como en otros ámbitos, y que se crean para proteger los derechos e intereses laborales y socioeconómicos de sus miembros.

371.Los sindicatos actúan con absoluta independencia y están sujetos únicamente a la ley. No rinden cuentas a los órganos estatales, a las autoridades, a los empleadores, a los partidos políticos ni a otras asociaciones civiles ni están controlados por ellos. Se prohíbe toda injerencia que pueda restringir los derechos de los sindicatos u obstaculizar las actividades previstas en sus estatutos, a menos que la ley disponga otra cosa.

372.Todos los ciudadanos que hayan cumplido 14 años y estén trabajando o estudiando en un centro de enseñanza, así como todos los pensionistas, tienen derecho a formar sindicatos por iniciativa propia y a afiliarse a ellos, siempre y cuando acaten sus estatutos.

373.Los sindicatos pueden crearse en empresas, instituciones y organizaciones, independientemente de su régimen de propiedad, siempre que estén integrados por un mínimo de tres trabajadores. Estarán representados por comités sindicales u organizadores sindicalistas elegidos en asambleas o conferencias sindicales.

Artículo 23

374.En la Constitución se establece que la familia es el pilar de la sociedad. La familia, la paternidad, la maternidad y la infancia son cuestiones que preocupan a toda la sociedad y que la ley debe proteger con carácter prioritario (art. 23 del Pacto).

375.Las relaciones familiares se regulan de conformidad con los principios de igualdad de derechos y deberes de los cónyuges en el matrimonio y en la familia, la resolución de los problemas familiares por consentimiento mutuo, la garantía del interés superior del niño, la prioridad de la educación familiar de los niños, el cuidado de su bienestar y desarrollo y la protección adecuada de los derechos e intereses de los miembros de la familia que son menores de edad y/o tienen una discapacidad.

376.El Código de la Infancia establece las garantías básicas de los derechos e intereses legítimos de los niños previstos en la Constitución y tiene por objeto velar por que el Estado ofrezca un nivel de vida necesario para el correcto desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social de los niños y proteger y prestar especial atención a los niños en situación precaria.

377.En el capítulo 28 del Código Penal en su versión de 2017 se tipifican determinados delitos que atentan contra las relaciones familiares y los intereses de los menores, como el secuestro con fines de matrimonio (art. 175), la coacción para contraer una relación matrimonial de hecho (art. 176), la coacción para contraer matrimonio (art. 177), el incumplimiento de la legislación relativa a la edad para contraer matrimonio en el marco de un rito religioso (art. 178), la bigamia o la poligamia (art. 179), la incitación de menores de edad a cometer un delito (art. 180), la incitación de menores de edad a cometer actos antisociales (art. 181), el traslado de menores de edad a zonas de conflicto armado o de hostilidades en el territorio de un Estado extranjero (art. 182), la sustitución de un niño por otro (art. 183) y la revelación del secreto de la adopción (art. 184).

378.En general, en la legislación se han endurecido las sanciones por delitos contra las relaciones familiares y los intereses de los menores.

379.Si antes la pena por secuestrar a una persona para obligarla a contraer matrimonio era de 5 a 7 años de privación de libertad, desde el 1 de enero de 2019 esa pena es de 2 años y 6 meses a 4 años de privación de libertad para los menores de edad, y de 5 años a 7 años y 6 meses para las demás personas.

380.Si antes la pena por secuestrar a una persona menor de 18 años para obligarla a contraer una relación matrimonial de hecho o a contraer matrimonio era de 5 y 10 años de privación de libertad, desde el 1 de enero de 2019 esa pena es de 4 a 6 años de privación de libertad para los menores y de 7 años y 6 meses a 10 años y una multa de entre 80.000 y 220.000 soms para las demás personas.

381.Estos actos delictivos están calificados como delitos graves.

382.Eso quiere decir que el proceso penal puede incoarse sin que medie denuncia de la víctima; asimismo, la negativa de esta a sustentar la acusación no libra al acusado de la pena ni da lugar al sobreseimiento de la causa.

383.En el artículo 75 del Código de Faltas se prevén sanciones para la violencia en el hogar: según lo allí dispuesto, los actos intencionales de un miembro de la familia contra otro miembro o equivalente que vulneren los derechos o libertades constitucionales o de otra índole de la víctima o perjudiquen su desarrollo físico o mental se castigan con una multa de entre 15.000 y 60.000 soms, con 2 a 6 meses de trabajo tutelado con retención de salario o con 30 a 60 horas de trabajos comunitarios.

384.De conformidad con el artículo 78 del Código de Faltas, el incumplimiento por parte de los padres de la obligación establecida por orden judicial de pagar una manutención a menores de edad, adultos incapacitados para el trabajo o niños necesitados de asistencia material se castiga con una multa de entre 5.000 y 30.000 soms.

Artículo 24

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Inscripción de los nacimientos, párr. 26)

385.Según lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, de la Ley de Registro Civil, la documentación necesaria para inscribir los nacimientos en el registro estatal es la siguiente:

La partida de nacimiento.

Los documentos de identidad de los padres del niño (o, al menos, de uno de los dos padres).

Un documento (el certificado de nacimiento que proporciona el hospital, el extracto del registro, la partida de nacimiento, etc.) expedido por los órganos competentes de países extranjeros que dé fe del nacimiento en dicho país de un niño de padres de nacionalidad kirguisa.

386.Según lo dispuesto en el artículo 16 de esa Ley, los progenitores (o, al menos, uno de los progenitores) deben anunciar por escrito el nacimiento del niño en la oficina del registro civil.

387.En caso de que los padres no puedan anunciar personalmente el nacimiento del niño, la solicitud de inscripción puede ser presentada por un pariente cercano de uno de los progenitores u otra persona autorizada por ellos, por un trabajador de un centro médico o por un trabajador de cualquier otro centro en el que se encontrara la madre en el momento del parto o en el que se encuentre el niño.

388.De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Ciudadanía de la República Kirguisa, la nacionalidad se adquiere:

Por nacimiento.

Por naturalización.

Por recuperación de la nacionalidad.

Por los motivos o el procedimiento establecidos en los acuerdos internacionales suscritos por la República Kirguisa que hayan entrado en vigor según el procedimiento previsto en la legislación.

389.En la Conferencia de Ministros celebrada en noviembre de 2014 en el marco de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) se propuso con carácter prioritario que se asumiera un compromiso político de alto nivel para mejorar los sistemas de registro civil y de estadísticas vitales y para lograr que en 2024 la tasa de nacimientos inscritos alcanzara el 100 %.

390.El 1 de noviembre de 2014, en el registro civil se puso en funcionamiento un sistema informatizado para las inscripciones relativas al estado civil, que constituye uno de los elementos más importantes del Registro Estatal Unificado de Población.

391.El 11 de febrero de 2014, en colaboración con el Centro Nacional de Información Médica del Ministerio de Salud y el Comité Nacional de Estadística, se puso en marcha un sistema informatizado para los certificados médicos en el marco de la ejecución del plan de acción interdepartamental elaborado con el apoyo de la oficina de la Organización Mundial de la Salud.

392.A fin de velar por la completitud y la exactitud de la información relativa a los registros de nacimientos y defunciones, se está introduciendo en paralelo un sistema automatizado de registro de partidas de nacimiento y certificados de defunción, el cual estará integrado con el Ministerio de Salud. El sistema informatizado para los certificados médicos permitirá crear una base de datos centralizada y automatizará la emisión de certificados médicos de nacimiento y defunción para poder tramitar las inscripciones correspondientes en el registro civil. En este contexto se prevé integrar el sistema informatizado para las inscripciones relativas al estado civil con el sistema que se está desarrollando en el marco del proyecto del Ministerio de Salud para la automatización de los centros sanitarios.

393.Teniendo en cuenta las sugerencias y observaciones formuladas por la Sede Electrónica del Ministerio de Salud, se han modificado los sistemas informatizados para las inscripciones relativas al estado civil y para los certificados médicos y se ha introducido la posibilidad de que las mujeres tramiten la inscripción en el registro indicando únicamente los datos personales (nombre, apellido y patronímico, fecha de nacimiento, nivel de instrucción, domicilio y situación familiar), sin necesidad de presentar un documento de identidad.

394.El 1 de abril de 2018 entró en vigor la nueva versión de la Ley de Prestaciones Estatales en la República Kirguisa, en la que se prevé el pago de una suma fija ( balaga sujunchu ) de 4.000 soms por el nacimiento de cada hijo, lo que constituye una motivación adicional para que los ciudadanos inscriban a su debido tiempo el nacimiento del niño y obtengan una partida de nacimiento.

395.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Faltas, cualquier acto intencional de un miembro de la familia contra otro miembro o equivalente que vulnere los derechos o libertades constitucionales o de otra índole de la víctima o perjudique su desarrollo físico o mental se castiga con una multa de entre 15.000 y 60.000 soms, con 2 a 6 meses de trabajo tutelado con retención de salario o con 30 a 60 horas de trabajos comunitarios.

396.Según lo dispuesto en el artículo 81 del Código de Faltas, el uso intencionado de la tutela o la curatela en detrimento del tutelado privándolo de supervisión y de la asistencia material necesaria se castiga con una multa de entre 5.000 y 30.000 soms.

397.En diciembre de 2018, de conformidad con las instrucciones del Primer Ministro de la República Kirguisa, se reanudó la labor de las oficinas de distrito para prevenir los malos tratos y la violencia contra los niños. A este respecto, en los distritos y ciudades se hacen visitas a las familias para identificar a los hijos de los trabajadores migrantes.

398.A raíz de las visitas realizadas a nivel provincial se identificaron un total de 85.954 hijos de padres migrantes. Las visitas se siguen llevando a cabo.

399.A fin de reforzar y proseguir la labor destinada a prevenir los malos tratos y la violencia contra los niños, se ha elaborado un proyecto de disposición del Gobierno por la que se aprueba el Plan de Emergencia para la Prevención de los Malos Tratos y la Violencia contra los Niños (2019-2020).

400.Desde 2015 existe un mecanismo público dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social denominado “111, el teléfono de asistencia para niños”, que está disponible las 24 horas del día y al que se puede llamar de forma gratuita desde cualquier región del país. En 2018, ese teléfono de asistencia recibió 745 llamadas, de las cuales 84 fueron de niños.

401.En esas 745 llamadas se ofreció asesoramiento y se dieron recomendaciones a 262 personas, se prestó asesoramiento psicológico por teléfono a 47 personas y se remitieron 159 consultas, en función de su naturaleza, a las subdivisiones regionales correspondientes de los órganos estatales competentes en la materia. De las 745 llamadas recibidas, 174 (el 23,4 %) fueron hechas por hombres; 571 (el 76,6 %), por mujeres; y 84 por niños y niñas, entre ellas 24 (28,6 %), por niños y 60 (el 71,4 %), por niñas.

402.Con el apoyo técnico del UNICEF, se han creado varios centros de asistencia psicológica y jurídica para niños víctimas de violencia y malos tratos en la ciudad de Karakol, la aldea de Tyup en la provincia de Issyk-Kul y la ciudad de Talas en la provincia de Talas, en las que se ofrecen estos servicios a más de 1.000 niños.

403.El personal de las oficinas distritales y municipales de desarrollo social, en colaboración con las autoridades locales, también lleva a cabo una labor de concienciación con los padres que tienen la intención de marcharse a trabajar al extranjero sobre la necesidad de nombrar un tutor para sus hijos en caso de que abandonen el país.

404.Además, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social ha elaborado el Plan de Acción para Prevenir los Malos Tratos contra los Niños (2019-2024), que actualmente se está ultimando.

405.Se está estudiando la posibilidad de crear de una base de datos de niños en situación precaria y se ha elaborado una descripción técnica de la base de datos.

406.Asimismo, a fin de prevenir los malos tratos y la violencia contra los niños, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social:

Ha aplicado el Plan de Medidas para Prevenir los Malos Tratos y la Violencia contra los Niños (2015-2017), aprobado por la Disposición núm. 125 del Gobierno, de 25 de marzo de 2015.

Ha implantado un mecanismo para detectar de forma temprana casos de niños en situación precaria, incluidos los niños víctimas de violencia y malos tratos, y para prestarles apoyo social (Resolución núm. 391 del Gobierno, de 22 de junio de 2015).

Por la Resolución núm. 479 del Gobierno, de 14 de agosto de 2017, se aprobó el Programa Gubernamental de Apoyo a la Familia y Protección de la Infancia (2018‑2028) con el fin de apoyar, fortalecer y desarrollar la institución de la familia, mejorar el bienestar familiar y garantizar la protección de los derechos e intereses de los niños.

Artículo 25

407.Por el Decreto Presidencial núm. 11, de 21 de enero de 2013, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (2013-2017).

408.Uno de los principales objetivos de la estrategia es velar por la celebración de elecciones democráticas libres.

409.En el marco de los objetivos fijados para la celebración de elecciones democráticas libres se obtuvieron los resultados que se describen a continuación.

410.En 2014, el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible aprobó un nuevo modelo electoral, que prevé la elaboración de los censos electorales con arreglo a lo dispuesto en el Registro Estatal Unificado de Población, la identificación de los electores mediante la utilización de datos biométricos y el recuento automático de los votos mediante el uso de urnas automáticas como mecanismo de control del escrutinio manual.

411.El 30 de junio de 2014 se aprobó la Ley del Registro Biométrico de los Ciudadanos de la República Kirguisa, en virtud de la cual se empezó a elaborar el Registro Estatal Unificado de Población, basado en datos personales y biométricos, y se puso en marcha la recopilación de datos biométricos de los ciudadanos.

412.El 9 de abril de 2015 se aprobaron varias modificaciones a la Ley Constitucional de las Elecciones a Presidente de la República Kirguisa y a Diputados del Zhogorku Kenesh, por las que se estableció un nuevo procedimiento de participación ciudadana en las elecciones basado en la identificación por datos personales y biométricos y se introdujo un sistema de recuento automático de los votos en las elecciones a Presidente y a diputados del Parlamento. Las elecciones a diputados de 2015 se organizaron según el nuevo modelo electoral.

413.El 21 de enero de 2016 se introdujeron las modificaciones pertinentes en la Ley de Elecciones a Diputados de los Consejos Locales, y el 31 de octubre de 2016, en la Ley Constitucional de Referendos de la República Kirguisa, según las cuales se introdujo un nuevo modelo electoral para el proceso de elección de los diputados de los consejos locales y para la celebración de referendos.

414.A fin de velar por la transparencia de las elecciones se habilitó el sitio web http://ess.shailoo.gov.kg, en el que todo el mundo puede consultar en línea los resultados de la votación de cada colegio electoral, el porcentaje de participación del electorado y los resultados de las elecciones.

415.Tras analizar las campañas electorales realizadas entre 2015 y 2016, un grupo de trabajo, miembros del Parlamento y la Comisión Electoral Central han elaborado y aprobado una serie de modificaciones de la legislación electoral a fin de resolver ciertos problemas relacionados con los censos electorales y velar por que las listas electorales se mantengan iguales después de las elecciones y respeten las cuotas de género, étnicas y de discapacidad correspondientes.

416.Gracias al nuevo modelo electoral, los resultados preliminares se conocieron con una precisión del 95 % dos horas después de que cerraran los colegios electorales, lo que hizo posible que las elecciones transcurrieran de forma pacífica. Se ha logrado el principal objetivo de la reforma, que consistía en mejorar la confianza de los ciudadanos en los resultados de las elecciones, lo que se refleja en los resultados de los comicios nacionales de 2015 y 2017 y en el número prácticamente nulo de denuncias relacionadas con los resultados de las elecciones. La reforma del sistema electoral tenía asimismo por objeto incrementar la fiabilidad, la transparencia y la competitividad de las elecciones, aumentar su nivel de inclusividad y mejorar las condiciones jurídicas y prácticas para la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos, para lo cual:

Se ha aplicado el principio “un elector, un voto”, que impide falsear el número de electores.

Se ha logrado que el escrutinio sea fiable y totalmente transparente gracias a la ampliación de los instrumentos de control externo y de análisis de la actuación de las comisiones electorales de distrito en materia de cómputo de los votos, como la posibilidad de cotejar los resultados del sistema automático con los del escrutinio manual y la introducción de la función de publicar en el sitio web una copia de los informes del escrutinio manual y de los informes del Servicio Estatal de Registro sobre la identificación de los electores inscritos en cada colegio electoral inmediatamente después de la realización del recuento manual, lo que hace que sea imposible falsear los resultados de la votación.

Se ha introducido un mecanismo de envío instantáneo por red inalámbrica de los resultados del sistema automático de los colegios electorales al servidor de la Comisión Electoral Central y de recopilación automática en el servidor de los resultados del escrutinio manual de los votos en los colegios electorales y se han creado las condiciones necesarias para garantizar un control efectivo por parte de la sociedad civil (mediante la publicación sin demora de los resultados de las elecciones y la entrega a todos los observadores de las comisiones electorales regionales y de distrito de copias de los informes del Servicio Estatal de Registro sobre la identificación, los resultados del sistema automático y las copias de las actas de las comisiones electorales regionales y de distrito sobre los resultados de las elecciones).

Se ha logrado velar por la fiabilidad y transparencia de la participación en las elecciones y de sus resultados, que, sumadas a unas medidas eficaces para respetar el principio de la votación secreta, han mejorado las condiciones para la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos y han servido de base para incrementar progresivamente la competitividad electoral durante los comicios celebrados entre 2015 y 2017.

El Gobierno y la Comisión Electoral Central han aprobado medidas sistemáticas para crear el Registro Estatal Unificado de Población, mejorar el registro de direcciones y velar por la transparencia y la accesibilidad del portal para el electorado, lo cual ha incrementado la inclusividad del censo electoral: el número de personas que fueron incluidas en el censo y que ejercieron su derecho de voto durante el período en que se llevó a cabo la reforma aumentó considerablemente.

Otra de las novedades ha sido la identificación de los electores mediante un sistema de biometría facial para aquellos casos en que un votante no puede ser identificado por sus huellas dactilares.

417.En la Ley Constitucional de las Elecciones a Presidente de la República Kirguisa se describen en detalle los derechos y deberes de los observadores seleccionados por los candidatos, los partidos políticos y las organizaciones civiles y de los representantes de los medios de comunicación, así como el procedimiento para su nombramiento y acreditación.

418.Las organizaciones sin fines de lucro tienen derecho, según el procedimiento establecido en sus estatutos, a tomar una decisión sobre la participación en la observación de las elecciones y sobre el envío de observadores procedentes de la sociedad civil.

419.Habida cuenta de la importancia de los observadores procedentes de la sociedad civil, se ha simplificado en la mayor medida posible el procedimiento de acreditación de estos observadores y se ha enviado una circular a todas las comisiones electorales con información sobre los observadores procedentes de la sociedad civil acreditados por la Comisión Electoral Central y una recomendación relativa a la acreditación de dichos observadores de conformidad con el procedimiento establecido a tal efecto.

420.El 15 de octubre de 2017, día en el que se celebraron las elecciones presidenciales, supervisaron el proceso de votación 19.596 observadores: 9.599 procedentes de la sociedad civil, 9.224 seleccionados por los candidatos a la Presidencia y 773 observadores internacionales acreditados.

421.A fecha de 26 de diciembre de 2018, el número de partidos políticos ascendía a 243.

Artículo 26

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (No discriminación e igualdad, párr. 8)

422.La Constitución incluye varias disposiciones sobre la no discriminación, que se han concretado en diversas leyes.

423.La Constitución establece que:

Nadie puede ser discriminado por motivos de sexo, raza, idioma, discapacidad, origen étnico, religión, edad, opinión política o de otra índole, educación, origen nacional, posición económica o de otro tipo, así como de otras circunstancias (art. 16, párr. 2).

Los tratados internacionales en los que Kirguistán es parte y que han entrado en vigor de conformidad con el procedimiento establecido por la legislación, así como los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional, forman parte del ordenamiento jurídico de Kirguistán (art. 6, párr. 3, de la Constitución). Esta disposición cobró especial importancia a raíz de la ratificación por la República Kirguisa de una serie de tratados y convenciones internacionales de derechos humanos.

Se prohíben las actividades de partidos políticos, así como de asociaciones civiles y religiosas y sus oficinas de representación y filiales que persigan fines políticos, cuya labor esté destinada a alterar de forma violenta el orden constitucional, a socavar la seguridad nacional o a incitar al odio por motivos sociales, raciales, nacionales, étnicos o religiosos (art. 4 de la Constitución).

Se prohíbe la apología del odio nacional, étnico, racial o religioso, así como la propaganda a favor de la desigualdad de género u otra supremacía social que incite a la discriminación, hostilidad o violencia (art. 31, párr. 4, de la Constitución).

El Estado debe crear las condiciones previstas por ley para que los diferentes grupos sociales estén representados en los órganos estatales y de la administración autónoma local, en particular en los cargos decisorios (art. 2 de la Constitución).

424.Las leyes constitucionales, las otras leyes y demás instrumentos jurídicos y normativos que se aprueban tienen que estar en conformidad con la Constitución.

425.A este respecto, diversos instrumentos legislativos nacionales promulgados de conformidad con la Constitución contienen disposiciones sobre la no discriminación y la igualdad.

426.En el Código de Faltas se establece que las personas que hayan cometido actos tipificados en dicho código son iguales ante la ley y pueden ser enjuiciadas por la vía penal independientemente de su sexo, raza, idioma, discapacidad, etnia, religión, edad, convicciones políticas o de otra índole, nivel de instrucción, origen, posición económica o cualquier otra condición o circunstancia (art. 4).

427.El Código de Faltas prevé sanciones por la obstrucción ilícita de la actividad de las organizaciones religiosas o de la celebración de ritos religiosos y por la violación del derecho de los ciudadanos a elegir libremente su idioma.

428.Actualmente, la legislación penal reconoce que la comisión de un delito por motivos de odio o discordia raciales, étnicos, nacionales, religiosos o interregionales es una circunstancia agravante (art. 75 del Código Penal y art. 53 del Código de Faltas).

429.En el Código Penal están tipificados la incitación al odio o la discordia raciales, étnicos, nacionales, religiosos o interregionales (art. 313); los atentados contra la igualdad humana, a saber, la restricción directa o indirecta de algún derecho o la concesión de privilegios directos o indirectos por motivos de sexo, raza, etnia, idioma, discapacidad, religión, edad, convicciones políticas o de otra índole, nivel de instrucción, origen, posición económica u otra condición que ocasionen un daño importante por imprudencia (art. 185); y la creación y gestión de una organización extremista cuyas actividades estén relacionadas con la incitación al odio o la discordia nacionales, étnicos, raciales, religiosos o interregionales, el menoscabo de la dignidad nacional o la promoción de la exclusividad, la superioridad o la inferioridad de los ciudadanos por su actitud hacia la religión, su origen étnico o racial o su lugar de residencia.

430.En el Código Penal también están tipificados la expulsión ilegal del país, la reclusión ilegal, la esclavitud, las ejecuciones sumarias masivas o sistemáticas, las agresiones deliberadas y sistemáticas a gran escala contra civiles, el desplazamiento forzado, el secuestro, la tortura o los actos de persecución cometidos con el fin de discriminar por motivos de sexo, raza, idioma, discapacidad, etnia, religión, edad, convicciones políticas o de otra índole, nivel de instrucción, posición económica o cualquier otra condición de la población civil.

431.Por la Disposición núm. 7 del Gobierno, de 28 de enero de 2019, se aprobó el Plan de Acción Interinstitucional para Aplicar las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el que se prevé llevar a cabo un análisis de la legislación a fin de determinar la necesidad de modificarla o, en su defecto, de elaborar una nueva ley contra la discriminación racial.

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (No discriminación e igualdad, párr. 9)

432.En lo que respecta a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), la legislación vigente prevé un enfoque no discriminatorio y la posibilidad de que estas personas ejerzan activamente sus derechos como ciudadanos.

433.En efecto, existía un problema latente en la sociedad, así como entre los agentes estatales y no estatales, en relación con la estigmatización generalizada de las personas LGBT, que se refleja en los casos de violencia que estas personas sufren a manos de su entorno más cercano. En el pasado se produjeron algunos casos de trato discriminatorio de personas transgénero por parte de funcionarios de los órganos estatales, el personal de los centros médicos y los agentes del orden debido a una mentalidad anticuada, al insuficiente conocimiento de las normas modernas de atención médica y a la falta de interacción interdepartamental con el Servicio Estatal de Registro. En el caso de las personas transgénero, es responsabilidad de todo país en que se respeta el estado de derecho garantizar que estas personas puedan tener un documento de identidad que refleje su identidad de género. En este sentido, cabe señalar que uno de los logros del país en la esfera de los derechos humanos es que el ordenamiento jurídico del Estado prevé un sistema para modificar el sexo en el pasaporte sin discriminación, con dignidad y sin requisitos ni condiciones adicionales que atenten contra los derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales en materia de asistencia y derechos humanos.

434.Desde entonces, la situación de las personas LGBT ha cambiado gracias a numerosos programas de reducción del daño, el Programa Antidrogas de 2014 y el programa nacional de lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida (que se ha actualizado como Programa Estatal núm. 852 para Erradicar la Infección por VIH (2017-2021), de 30 de diciembre de 2017), que prevén intervenciones no discriminatorias y de acceso a servicios médicos adaptados, incluidas normas para la prestación de atención médica a las categorías de población vulnerables al VIH/sida, la tuberculosis, la hepatitis viral, las infecciones de transmisión sexual, etc.

435.La asistencia médica y social a las personas transgénero, transexuales y de género no conforme se presta en los centros de salud de conformidad con el procedimiento definido por el Ministerio de Salud e incluye asistencia médica y psicológica especializada, un reconocimiento o evaluación médicos, la elaboración de un informe médico que sirve de base para la decisión relativa al cambio del sexo (marcador de género) en los documentos de identidad para el reconocimiento legal del género de la persona y asistencia en materia de rehabilitación social. Todos estos tipos de asistencia son componentes de la transición o el “cambio de sexo” que figuran en la legislación vigente (por ejemplo, en la Ley de Protección de la Salud de los Ciudadanos, de 2005, y en la Ley de Registro Civil, de 2005).

436.La República Kirguisa viene adoptando medidas sistemáticas para adecuar la legislación nacional a las normas internacionales sobre los derechos de las personas que viven con el VIH y las personas LGBT. Entre las innovaciones positivas cabe mencionar principalmente el nuevo trámite —fruto de una esmerada labor— para la corrección del sexo consignado en el registro civil y el cambio de los datos del pasaporte. No menos importante fue la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que distingue entre la responsabilidad por la transmisión involuntaria y la transmisión intencional del VIH, y también suaviza el castigo correspondiente. Las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo no están tipificadas como delito.

437.En la República Kirguisa, todas las personas tienen derecho a someterse a una reasignación de sexo. Ese derecho se establece en la Ley de Protección de la Salud de los Ciudadanos de la República Kirguisa. La primera operación de reasignación de sexo para 15 personas transgénero se llevó a cabo en Biskek a finales de 2013. En el artículo 38 de esa Ley se establece que los cambios y la reasignación del sexo se llevan a cabo en los centros de salud mediante una intervención médica, a petición de un paciente adulto, de conformidad con las instrucciones médicas, biológicas y socio-psicológicas y con arreglo al procedimiento previsto por el órgano estatal competente en materia de atención de la salud.

438.En enero de 2017, el Ministerio de Salud aprobó un manual para la prestación de asistencia médica y social a las personas transgénero, transexuales y de género no conforme dirigido al personal sanitario de todos los niveles de atención de la salud y a otros departamentos del país. Aparte de recomendaciones relativas a la prestación de asistencia médica y social, en dicho manual se establecen procedimientos para la realización de un reconocimiento y la elaboración de un diagnóstico a fin de modificar el marcador de género y el nombre en los documentos de las personas trans* sin necesidad de someterse a una intervención quirúrgica o a un internamiento no voluntario, con arreglo a un listado claramente definido de evaluaciones médicas. Para el cambio del marcador de género en el pasaporte basta con que se cumplan los criterios que figuran en la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en vigor actualmente. Tras el examen ambulatorio y la observación del paciente, se emite un informe médico con el formulario núm. 048/u, que sirve de base para efectuar los cambios necesarios (nombre y marcador de género en el pasaporte) y expedir los documentos pertinentes (reconocimiento legal) en las oficinas del registro civil del lugar de residencia. Este procedimiento está regulado por el artículo 72 de la Ley de Registro Civil y la Instrucción relativa al Procedimiento de Inscripción de los Actos del Estado Civil, en cuyo párrafo 155 se prevé la posibilidad de modificar los datos que figuran en el registro civil.

439.Entre 2014 y 2018, 15 ciudadanos solicitaron la modificación de su sexo en el registro civil. Ocho ciudadanos cambiaron oficialmente el sexo consignado en sus pasaportes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Registro Civil, y el Servicio Estatal de Registro les expidió nuevos pasaportes tras la recepción de los certificados médicos correspondientes.

440.En la República Kirguisa no existe ninguna ley que prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

441.Los miembros del Parlamento han elaborado recientemente un proyecto de ley de garantía de la igualdad, que ha sido examinado por la coalición contra la discriminación, así como por diversos expertos. El proyecto de ley abarca todos los ámbitos de la vida en sociedad y tiene por objeto prevenir, combatir y eliminar todas las formas de discriminación por parte de los órganos estatales, los órganos de la administración autónoma local, sus funcionarios y las personas tanto jurídicas como físicas.

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán, aprobadas por el Comité en su 110º período de sesiones, celebrado del 10 al 28 de marzo de 2014 (Violencia interétnica, párr. 14)

442.Los tribunales examinaron 325 asuntos penales incoados contra un total de 638 personas en relación con los acontecimientos de junio.

	Tribunales de la provincia de Yalal ‑ Abad	Tribunales de la provincia de Osh	Tribunal Militar de la Guarnición de Osh	Total
Personas condenadas a privación de libertad	33	139	6	178
Personas condenadas a prisión permanente	27	17	–	44
Personas condenadas a una pena de ejecución condicional	92	82	4	178
Personas obligadas al pago de una multa	4	10	9	23
Total de personas condenadas	156 (63 asuntos)	248 (133 asuntos)	19 (5 asuntos)	423 (201 asuntos)
Personas absueltas	7 (5 asuntos)	7 (5 asuntos)	–	14 (10 asuntos)
Personas cuyos asuntos fueron objeto de un auto de sobreseimiento	14 (7 asuntos)	14 (7 asuntos)	19 (15 asuntos)	47 (29 asuntos)
Personas exentas del cumplimiento de la pena	–	–	1	1
Personas cuyos asuntos fueron objeto de una devolución al fiscal para colmar lagunas en la instrucción	57 (24 asuntos)	59 (26 asuntos)	–	116 (50 asuntos)
Personas cuyos asuntos fueron objeto de una devolución al fiscal por otros motivos	17 (12 asuntos)	18 (13 asuntos)	–	35 (25 asuntos)
Personas internadas en hospitales psiquiátricos	–	8 (8 asuntos)	–	8 (8 asuntos)

443.De las causas examinadas por los tribunales de primera instancia, 92 (incoadas contra un total de 161 personas) fueron recurridas en apelación y casación, a raíz de lo cual:

Se modificaron las sentencias dictadas contra 54 personas.

Se revocaron las sentencias dictadas contra 27 personas.

Se confirmaron las sentencias dictadas contra 63 personas.

444.De las causas examinadas por los tribunales de segunda instancia, 44 (incoadas contra un total de 91 personas) fueron recurridas en régimen de revisión (control de las garantías procesales), a raíz de lo cual:

Se modificaron las sentencias dictadas contra 4 personas.

Se revocaron las sentencias dictadas contra 36 personas.

Se confirmaron las sentencias dictadas contra 46 personas.

445.Desde 2010, en la Fiscalía de la República se han registrado 18 casos de denuncias de tortura y violencia por agentes del orden contra ciudadanos, presentadas por estos o sus representantes. Asimismo, el 30 de septiembre de 2010 se publicó un artículo en Internet a favor de los acusados y sobre el uso de la violencia contra ellos escrito por representantes de las víctimas en los procesos penales relativos a los sucesos de junio de 2010.

446.Los órganos de la fiscalía examinaron las alegaciones de A. Askarov, Kh. Shermatov, D. Raimzhanov, Sh. Yuldashev y M. Maksudov, A. Tashirov, Sh. Iminov, U. Kholmirzayev, M. Bizurukov, J. Amanbayev, Y. Bazarov, Sh. Osmonov, Kh. Kadyrov, R. Zheenbekov, M. Soliyev, E. Talant uulu, A. Atazhanov, Y. Gulyamov y F. Aliyev y varios artículos de Internet.

447.A raíz del examen de las alegaciones de Sh. Yuldashev y M. Maksudov, U. Kholmirzayev, M. Amanbayev, Kh. Kadyrov, y R. Zheenbekov se incoaron 5 procesos penales: en 3 de ellos se enjuició a 7 funcionarios de las fuerzas del orden, que fueron absueltos por los tribunales; quedó en suspenso la instrucción de 1 proceso penal incoado a raíz de la denuncia presentada por Kh. Kadyrov en aplicación del artículo 221, párrafo 1 3), del Código de Procedimiento Penal; y fue sobreseído 1 proceso penal incoado a raíz de la denuncia presentada por R. Zheenbekov en aplicación del artículo 28, párrafo 1 2), del Código de Procedimiento Penal.

448.En las restantes denuncias se decidió no iniciar actuaciones penales debido a la falta de hechos constitutivos de delito, esto es, por falta de pruebas de los denunciantes.

449.El capítulo 46 del Código de Procedimiento Penal en su versión de 1999 (que dejó de tener vigencia el 1 de enero de 2019) incluía varias disposiciones relativas a la indemnización por los daños causados por los actos ilícitos de un tribunal o de los órganos encargados del proceso penal. En otras palabras, se preveían mecanismos para el pago de una indemnización a las personas cuyos derechos habían sido vulnerados según lo dispuesto en una sentencia judicial.

450.Según lo dispuesto en el artículo 6 de la nueva versión del Código de Procedimiento Penal, que entró en vigor el 1 de enero de 2019, uno de los objetivos de los procedimientos penales es que se indemnicen los daños materiales y morales ocasionados.

451.En el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal se establece el principio de la protección de los derechos y libertades de la persona y del ciudadano en los procedimientos penales, según el cual el daño ocasionado a un ciudadano como resultado de una violación de sus derechos o libertades debe ser indemnizado en el marco de un procedimiento penal por los motivos y según el procedimiento establecidos por la ley.

452.En el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal se definen las personas a las que se puede reclamar una indemnización por daños materiales y/o morales.

453.De conformidad con el artículo 99 del Código Penal, las indemnizaciones por daños materiales y morales son determinadas por el tribunal.

454.Una persona que haya sufrido daños a la propiedad tiene derecho a constituirse en parte civil en la fase previa al juicio en un proceso penal o en un caso de faltas. La reclamación como parte civil no puede ser contraria a los propósitos establecidos en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal ni a los principios del procedimiento penal.

455.El derecho procesal penal prevé la posibilidad de constituirse en parte civil no solo contra un sospechoso, un acusado o la persona sobre la que recaiga la responsabilidad material por los actos del sospechoso o del acusado, sino también contra el Estado en casos relacionados con consecuencias derivadas de la conducta indebida de miembros de la función pública.

456.Cuando el sospechoso, acusado o condenado no pueda indemnizar los daños materiales y/o morales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 del Código de Procedimiento Penal, la indemnización correrá a cargo de un fondo especial de conformidad con el procedimiento establecido por la ley.

457.De conformidad con el párrafo 12 del Plan de Acción para la Aplicación del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y la Ley del Estatuto de los Actuarios Judiciales y de Juicio Ejecutivo, aprobado por la Disposición núm. 120, de 14 de abril de 2017, el Ministerio del Interior ha elaborado un proyecto de ley del fondo especial para la indemnización de las víctimas, que está siendo examinado por el Gobierno.

458.En el tercer informe periódico de Kirguistán sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes durante el período 2012-2016, aprobado por la Disposición núm. 6 del Gobierno, de 28 de enero de 2019, figura información sobre las agresiones sufridas por los defensores T. Tomina y otros y sobre las amenazas proferidas en los procesos judiciales de las causas relacionadas con los sucesos acaecidos en Osh en 2010.

Artículo 27

Comentarios acerca de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el segundo informe periódico de Kirguistán (Derechos de las minorías, párr. 8)

459.Hoy en día, la necesidad de seguir promoviendo la educación multilingüe cuenta con el apoyo activo de los maestros y los padres, sobre todo de los propios representantes de las minorías étnicas.

460.Durante la reciente visita del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, Lamberto Zannier, a Kirguistán, se reconoció que los esfuerzos del país en materia de política lingüística eran eficaces y los únicos posibles y adecuados para el contexto de Kirguistán.

Número de escuelas de enseñanza general	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Total	2 207	2 205	2 218	2 236	2 262
Con un solo idioma de instrucción (total)	1 714	1 698	1 692	1 685	1 689
Desglosadas por idioma:
K irguiso	1 443	1 434	1 439	1 423	1 427
R uso	203	203	198	216	226
U zbeko	65	58	52	43	33
T ayiko	3	3	3	3	3
Con dos o más idiomas de instrucción (total)	493	507	525	551	573
Desglosadas por idiomas:
K irguiso y ruso	346	360	369	397	409
K irguiso y uzbeko	60	54	54	49	52
K irguiso y tayiko	2	2	3	2	2
U zbeko y ruso	46	49	52	48	54
U zbeko y tayiko	–	–	1	1	1
K irguiso, uzbeko y ruso	35	38	43	50	51
R uso, uzbeko y tayiko	4	4	3	3	3
K irguizo, ruso, uzbeko y tayiko	–	–	–	1	1

461.En 2018, la población del país era de 6.256.730 habitantes. La población indígena del país es de etnia kirguisa y asciende a 4.587.430 habitantes, es decir, el 73,3 %. Los kirguisos están presentes en todo el territorio nacional y son mayoría en las zonas rurales. El segundo lugar en número de habitantes lo ocupan los uzbekos, con 918.262 representantes, que constituyen el 14,7 % de la población y se concentran en las regiones meridionales del país, en las zonas que lindan con Uzbekistán. Los habitantes rusos, que suman un total de 352.960, constituyen el 5,6 % de la población y se concentran principalmente en las ciudades y aldeas del norte del país. La población está integrada también por miembros de otras etnias, a saber: 70.534 dunganos, 57.002 uigures, 54.976 tayikos, 43.411 turcos, 35.541 kazajos, 27.200 tártaros, 20.406 azerbaiyanos y 17.074 coreanos.

462.La población del país es relativamente joven, con una proporción significativa de niños y personas en edad de trabajar. Los jóvenes de entre 14 y 28 años representan el 25,7 % de la población total de Kirguistán.

463.La Compañía Pública Regional de Radio y Televisión Yntymak se estableció de conformidad con la Resolución núm. 742 del Gobierno, de 29 de noviembre de 2011. Su principal objetivo es reforzar la armonía interétnica, la interacción intercultural y la unidad entre los habitantes del país, satisfacer las necesidades de la población en materia de información independiente y objetiva y de programas educativos, infantiles, culturales y de entretenimiento y realzar el papel de la radiodifusión pública. Ese canal de televisión transmite programas en tres idiomas: kirguiso, uzbeko y ruso.

464.Actualmente, la Compañía Pública Regional de Radio y Televisión Yntymak tiene canales de televisión y emisoras de radio en tres regiones de la República (Osh, Batkén y Yalal-Abad), que son de acceso gratuito.

465.El Reglamento del Concurso de Ingreso y el Ascenso en la Administración Pública Estatal y la Administración Pública Municipal, aprobado por la Resolución núm. 706 del Gobierno, de 29 de diciembre de 2016, establece en su párrafo 50 que, si dos o más aspirantes a ocupar un cargo reciben la misma puntuación, el comité del concurso recomendará al aspirante cuyo origen étnico o sexo esté menos representado en el órgano estatal u órgano de la administración autónoma local de que se trate.

466.Actualmente, según datos del Servicio de Administración de Funcionarios del Estado, las comunidades étnicas están representadas en las administraciones públicas estatal y municipal de la siguiente manera:

A fecha de 1 de enero de 2018 había 15.838 funcionarios administrativos, de los cuales 855 pertenecían a diversos grupos étnicos. Entre los cargos públicos políticos había 20 representantes de diferentes grupos étnicos.

El número de funcionarios municipales que ocupaban cargos políticos ascendía a 517, de los cuales 15 pertenecían a diversos grupos étnicos. Había 7.976 personas que ocupaban puestos administrativos, de las cuales 834 pertenecían a grupos étnicos.

467.La representación étnica en los consejos locales varía considerablemente de una región a otra. Los consejos locales están integrados por diputados de muy diversas etnias, entre ellos kirguisos (el 86,7 %), uzbekos (el 7,2 %) y miembros de otros grupos étnicos (el 6,1 %).

468.A fecha de 20 de febrero de 2018, los consejos locales estaban integrados por un total de 8.384 diputados: 7.296 kirguisos, 134 rusos, 610 uzbekos, 41 tayikos, 34 kazajos y 269 representantes de otras comunidades étnicas (7.456 hombres y 928 mujeres).

469.La composición de los diputados por sexo, edad y origen étnico cambia constantemente. Si se nombra a varios diputados para ocupar cargos públicos, estos son reemplazados por los siguientes candidatos de la lista, con otras características demográficas y, en consecuencia, varía la composición por sexo, edad y origen étnico.

Siglas

CICR	Comité Internacional de la Cruz Roja
LGBT	lesbianas, gais, bisexuales y transgénero
ONG	organización no gubernamental
ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OSCE	Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
OIM	Organización Internacional para las Migraciones