* El presente documento se publica sin revisión editorial.
Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Vanuatu
Adición
Información suministrada por Vanuatu sobre el seguimiento de las observaciones finales *
Las observaciones finales sobre las que se informa son las 21 a), b), c) y 37 (véase CEDAW/C/VUT/CO/4-5).
Velar por que las mujeres víctimas de la violencia doméstica tengan pleno acceso a órdenes de protección y recursos legales (párr. 21 a))
La aplicación gubernamental de la Ley de Protección de la Familia de 2008 ha progresado mediante la ejecución de la orden de protección de los tribunales y la asistencia y asesoramiento jurídicos que brinda el Vanuatu Women’s Centre (VWC).
En las provincias de Tafea y Sanma, se ha logrado la descentralización del VWC con la asistencia de los asociados para el desarrollo. Se han creado centros de asesoramiento para mujeres víctimas de la violencia doméstica en los principales centros urbanos y próximos a los tres centros provinciales.
Se ha revisado la aplicación del mecanismo de remisión previsto en la Ley de Protección de la Familia de 2008. El nombramiento de Personas Autorizadas y Asesores Registrados de conformidad con la Ley tenía como objetivo facilitar la remisión y se les daba un poder judicial para conceder órdenes de protección. El Comité en el país ha examinado estas respuestas recibidas a la lista de cuestiones.
El Gobierno ha continuado investigando y ejecutando un proyecto piloto este año con el apoyo del Gobierno de Australia.
En 2014 el Ministerio solicitó la asistencia del Programa para la ejecución de un proyecto piloto sobre las disposiciones relativas a las Personas Autorizadas y Asesores Registrados contenidas en la Ley de Protección de la Familia de 2008. En colaboración con el Ministerio, el Programa ha emprendido trabajos de evaluación y comprensión de sendas funciones.
Mediante esta alianza se han obtenido amplios conocimientos con respecto a la complejidad de las funciones del Asesor Registrado y la Persona Autorizada; los riesgos que supone toda ejecución; y los componentes esenciales del proyecto piloto.
A finales de 2016 el Ministerio confirmó su voluntad de ejecutar un proyecto piloto sobre las Personas Autorizadas y los Asesores Registrados (“el Proyecto Piloto”), y de que el Programa proporcionara una plantilla especializada y la coordinación necesaria para respaldar el proyecto piloto. En este punto, en principio se había convenido un enfoque para el Proyecto Piloto.
El Programa ha establecido ahora un equipo de dotación de personal –la Unidad de Trabajos Comunitarios y Acceso a la Justicia– para que se encargue de planificar, coordinar y dirigir la ejecución del Proyecto Piloto en nombre del Ministerio y con su colaboración. Dada la compleja naturaleza del Proyecto Piloto y el nivel de riesgo que implica, se requiere el acuerdo mutuo y una clara formulación de las responsabilidades de cada parte.
A principios de 2017 el Ministerio de Justicia y Trabajos Comunitarios de Vanuatu suscribió un memorando de entendimiento con una organización no gubernamental local, en el marco del programa de financiación australiana Stretem Rod Blong Jastis Mo Sefti, para ayudar a aplicar las disposiciones sobre Personas Autorizadas y Asesores Registrados de la Ley de Protección de la Familia de 2008. Se han comenzado a aplicar estas disposiciones por medio de un pequeño proyecto piloto muy meticuloso.
A modo de sinopsis, se han designado 12 Personas Autorizadas y 7 Asesores Registrados que dictarán órdenes de protección temporales y brindarán asesoramiento en situaciones de violencia doméstica en las siguientes seis comunidades piloto:
•Paunangisu (Éfaté del Norte);
•Tokyo Buninga (Port Vila, Éfaté);
•Ohlen Matakeru (Port Vila, Éfaté);
•Espíritu Santo del Sur (Espíritu Santo);
•Fanafo Stone-Hill (Espíritu Santo);
•Matantas y Malau (Espíritu Santo).
Debido a la compleja naturaleza que supone recurrir a personas no expertas de las comunidades (algunas de las cuales cuentan con un acceso muy restringido a los servicios de justicia estatales) para que intervengan en los momentos de crisis en los asuntos de violencia doméstica, resulta necesario favorecer un enfoque colaborativo con respecto al proyecto piloto, para lo cual los asociados clave del Gobierno y de las ONG deben asumir una responsabilidad activa en los aspectos de la ejecución.
Para lograr este objetivo, se ha establecido un Grupo de Asociados para la Ejecución conformado por los siguientes asociados clave: el Ministerio de Justicia y Trabajos Comunitarios, el programa Stretem Rod Blong Jastis Mo Sefti, el Departamento de Asuntos de la Mujer, la Fuerza de Policía de Vanuatu, el Departamento de Autoridades Locales y el Vanuatu Women’s Centre. El Grupo de Asociados para la Ejecución se reunirá mensualmente a lo largo del proyecto piloto.
Además, con vistas a mitigar los posibles riesgos de seguridad, el proyecto piloto tratará también de garantizar una presencia policial regular en las comunidades piloto más remotas de Espíritu Santo, en las que se pondrán a prueba las “rotaciones policiales” y se situará a agentes uniformados de policía durante aproximadamente 1 de cada 6 semanas a lo largo del proyecto piloto.
El progreso del proyecto piloto ha dado lugar este año a los siguientes logros:
•Elaboración, análisis y traducción de un manual para Personas Autorizadas;
•Finalización de la selección de Personas Autorizadas y Asesores Registrados y de sus jurisdicciones;
•Nombramiento de Personas Autorizadas por Su Excelencia el Presidente de la República de Vanuatu, tras recomendación hecha por el Consejo Superior de la Magistratura;
•Suscripción de un memorando de entendimiento con la Fuerza de Policía de Vanuatu en relación con su función en el proyecto piloto;
•Desarrollo de una labor de sensibilización comunitaria en las comunidades piloto acerca del papel de las Personas Autorizadas y Asesores Registrados, y también sobre la definición y la naturaleza de la violencia doméstica de manera más general.
Dado el impulso generado por el proyecto piloto, se prevé que su éxito y resultado se expanda rápidamente en las provincias de Vanuatu.
Proporcionar asistencia a las víctimas de la violencia de género, incluida atención médica y psicológica, así como servicios de alojamiento, asesoramiento y rehabilitación, en todo su territorio (párr. 21 b))
El estudio de prevalencia de 2010, que llevó a cabo el Vanuatu Women’s Centre en colaboración con el Gobierno, mostró que la violencia contra las mujeres y los niños está muy extendida en Vanuatu, ya que el 60% de las mujeres sufren violencia física o sexual infligida por la pareja en algún momento de sus vidas.
El Vanuatu Women’s Centre, constituido en 1994, ha colaborado con entidades públicas y no públicas, asociados para el desarrollo, organizaciones civiles y comunitarias e instituciones del sector privado, en defensa de la prevención de la violencia por razón de género en comunidades de todo Vanuatu. Mediante la iniciativa Pacific Women Shaping Pacific Development (Pacific Women), Australia ha aportado 800.000 dólares al Vanuatu Women’s Centre para prevenir la violencia contra las mujeres, mediante la cobertura de los costos de los centros de acogida, la ampliación de servicios y la investigación sobre violencia contra las mujeres.
Además del centro nacional en Port Vila y de las cuatro sedes en distintas provincias, la red nacional del VWC incluye a 42 comités contra la violencia contra las mujeres activos en las islas. Los comités llevan a cabo tareas de sensibilización comunitaria y asisten a mujeres y niños que viven en contextos de violencia en comunidades de zonas remotas. En los cuatro años que van de 2012 a 2016, se han podido apreciar los distintos servicios prestados por el VWC y sus cuatro sedes y los comités para ayudar a las víctimas de la violencia de género.
Asesoramiento y apoyo psicológico
El VWC prestó un total de 2.417 servicios de asesoramiento y apoyo psicológico a mujeres y niños —de ellos 81 a niñas menores de 17 años y 12 a niños menores de 18— en relación con casos de violencia doméstica, manutención de los hijos, manutención de la familia, abuso de menores, agresión física, agresión sexual y acoso sexual.
Considerando los casos recurrentes, se prestó un total de 4.901 servicios a mujeres y niños —de ellos 94 a niñas menores de 17 años y 6 a niños menores de 18— en relación con casos de violencia doméstica, manutención de los hijos, manutención de la familia, abuso de menores, agresión física, agresión sexual y acoso sexual.
Por tanto, se ofreció servicios de asesoramiento a un total de 15.676 personas en el transcurso de los cuatro años.
Solicitud de información sobre los servicios del VWC
Un total de 9.909 personas han solicitado información al VWC y sus redes en todas las provincias.
Casos denunciados a la Policía
El Centro y sus redes denunciaron un total de 1.809 casos.
Asistencia jurídica
El Centro asistió a un total de 720 personas y se registraron 68 casos en los tribunales.
Fondo de Costas Judiciales
A través del Fondo de Costas Judiciales se asistió a un total de 765 personas en relación con cuestiones tales como gastos médicos, acciones civiles y custodia de los hijos.
Las otras instituciones que prestan asistencia a las víctimas de la violencia por razón de género son: la Fuerza de Policía, la Unidad de Protección de la Familia, la Oficina de Antecedentes Penales, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, los Tribunales Isleños, los Juzgados de Paz y los hospitales y centros de salud.
Garantizar que los autores sean enjuiciados y adecuadamente castigados con penas que estén en consonancia con la gravedad de su delito, de conformidad con la recomendación general núm. 19 (1992) sobre la violencia contra la mujer (párr. 21 c))
El Gobierno ha modificado el Código Penal por conducto de la Ley (Enmienda) del Código Penal núm. 15 de 2016. La modificación refleja la intención del Gobierno de incrementar las penas de todos los delitos de género, en particular los delitos de motivación sexual.
A continuación, se detallan los diferentes aspectos de la modificación:
•Artículo 92: La pena máxima por secuestro se eleva de 10 a 12 años de prisión y se inserta un apartado sobre el secuestro de niñas menores de 18 años en el que se establece una pena de prisión máxima de 7 años;
•Artículo 95: La pena por incesto se eleva de 10 a 15 años y se inserta un apartado sobre las víctimas femeninas o masculinas menores de 13 años en el que se dispone una pena de prisión perpetua;
•Artículo 97 1): Relaciones sexuales, en contravención de la ley, con una persona de sexo femenino o masculino menor de 13 años. Las penas máximas alcanzan la reclusión a perpetuidad;
•Artículo 97 2): Relaciones sexuales, en contravención de la ley, con una persona de sexo femenino o masculino mayor de 13 años y menor de 15. Se incrementan las penas máximas de 5 a 15 años de prisión;
•Artículo 107: Se aumentan las penas por agresiones dolosas de acuerdo con el siguiente apartado:
•En aquellos casos en que no se causen lesiones, de 3 meses a 1 año de prisión;
•En caso de lesiones temporales, de 1 a 5 años de prisión y la obligación de resarcimiento por los daños causados;
•Se inserta un nuevo apartado: En caso de lesiones permanentes, pena de prisión de 10 años y obligación de resarcimiento por los daños causados;
•En caso de lesiones con resultado de muerte, de 10 a 14 años de prisión.
La propuesta de aumentar las penas máximas de los artículos 92, 95, 97 1) y 2) y 107 remite a dos problemáticas fundamentales. En primer lugar, el papel que desempeña el Gobierno cuando eleva las penas para causar impacto y detener el crecimiento de los delitos de motivación sexual (delitos contra la moral) y las agresiones dolosas. En segundo lugar, la modificación ratifica la obligación de los órganos legislativos de asistir al poder judicial (los tribunales) para que se imparta justicia mediante la imposición de penas equitativas y adecuadas, en concordancia con los elementos constitutivos de los delitos.
Los tribunales supremos han aplicado la modificación en 2017, hecho que ha sentado un nuevo precedente y devenido en referencia obligada para la aplicación de penas para todos los delitos de motivación sexual.
El Comité recomienda que el Estado parte asegure que las mujeres, en particular las que residen en las islas periféricas, estén incluidas y puedan participar activamente en la planificación, la adopción de decisiones y los procesos de ejecución respecto de la reducción del riesgo de desastres, la gestión posterior a los desastres y las políticas de cambio climático (párr. 37)
En relación con la Política sobre Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres (2016-2030) y la Ley Nacional de Gestión de Desastres (cap. 267), las mujeres están representadas en el Comité de Gestión de Desastres y el Director del Departamento de Asuntos de la Mujer es miembro de la Junta Consultiva Nacional sobre Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres, y garantiza que todas las políticas, proyectos y programas relacionados con el cambio climático se compartan a través de las redes de mujeres y tengan en cuenta las cuestiones de género, y promueve la participación y el liderazgo de las mujeres en los procesos de ejecución de estos proyectos.
De conformidad con el procedimiento operativo estándar de la Oficina Nacional de Gestión de Desastres, el Grupo Temático de Género y Protección es un sistema de grupo temático establecido a nivel nacional desde 2016.
La presentación de proyectos comunitarios a la Junta Consultiva Nacional incluye las directrices de género delineadas por los Comités Provinciales de Gestión de Desastres.
Las mujeres están representadas en los 42 Comités Comunitarios de Gestión de Desastres Climáticos presentes en todas las provincias.
Las mujeres también están representadas en varios comités de distintos proyectos comunitarios sujetos a la supervisión de la Junta Consultiva Nacional, tales como el proyecto de aprovechamiento de aguas y los proyectos de gestión del área marina y costera.
Las mujeres representan el 30% de la delegación nacional en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde 2014.
En 2018 se crearán Grupos Temáticos Provinciales de Género y Protección en todas las provincias de Vanuatu.
La decisión del Consejo de Ministros de junio de 2017 contempla ahora la introducción de la planificación y la presupuestación basadas en consideraciones de género en el presupuesto del Ministerio de Cambio Climático de 2018.
La asignación presupuestaria de 158 millones de vatu al Grupo Temático Nacional de Género y Protección ha atestiguado el apoyo de los asociados y las partes interesadas al Gobierno a la hora de incorporar la perspectiva de género y la inclusión social en las iniciativas nacionales de recuperación y reconstrucción puestas en marcha después del ciclón tropical Pam de 2015.
El Grupo Temático de Género y Protección tiene representación en todos los equipos de evaluación multisectoriales, durante los desastres y las emergencias y después de ellos.