30° período de sesiones
Acta resumida de la 643ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 23 de enero de 2004, a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Açar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de Belarús
Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de Belarús (CEDAW/C/BLR/4-6; CEDAW/PSWG/2004/CRP.1/Add.1 y CRP.2/Add.1)
Por invitación de la Presidenta, la delegación de Belarús toma asiento en la Mesa del Comité.
El Sr. Ivanou (Belarús), tras presentar los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de Belarús (CEDAW/C/BLR/4-6), dice que el Gobierno de su país ha formulado y puesto en práctica una política nacional de género para el período comprendido entre 2000 y 2004 que se basa en las recomendaciones sobre el informe periódico anterior formuladas por el Comité en enero de 2000. Prácticamente todas las esferas de la vida en Belarús se han visto afectadas por las grandes transformaciones económicas y sociales que tuvieron lugar en la primera mitad del decenio de 1990, con el establecimiento de la economía de mercado, el surgimiento del sector privado y las nuevas relaciones del mercado del trabajo. Por primera vez en su historia, Belarús, un país europeo que experimenta un dinámico crecimiento económico, está clasificado en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2003 entre los Estados con un alto nivel de desarrollo.
Esas transformaciones han dado a las mujeres una mayor autonomía y aumentado su participación en el mercado laboral y en la vida política y social. Las mujeres participan mucho más a fondo en las organizaciones empresariales y cívicas. El papel activo que han venido desempeñando en la transformación del país ha reducido el nivel de estrés, la incertidumbre, la insatisfacción y la angustia que padecían a principios del último decenio. En resumen, durante el decenio de 1990 el Gobierno hizo progresos evidentes en la promoción del adelanto y los derechos de la mujer.
El Gobierno de Belarús puso en práctica el plan de acción nacional para mejorar la situación de las mujeres correspondiente al periodo 1996-2000, así como un programa nacional denominado “Mujeres de la República de Belarús”. Se han adoptado medidas para ajustar la legislación nacional, en particular el nuevo Código Civil, el Código del Matrimonio y la Familia y el Código del Trabajo, a las normas jurídicas internacionales. El orador señala con satisfacción que el Gobierno de su país ratifico el Protocolo Facultativo de la Convenci6n y promulgó, el 30 de octubre de 2003, las leyes nacionales correspondientes. También ratificó el Convenio relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952, que entró en vigor en 2002.
Se ha establecido el mecanismo nacional necesario para eliminar la discriminación. Con arreglo a la recomendación formulada por el Comité de fortalecer el mecanismo nacional, el Consejo de Ministros estableció en mayo de 2000 el Consejo Nacional sobre Política de Género, integrado por representantes de los órganos ejecutivos y legislativos del Gobierno, la sociedad civil y la comunidad académica. El Consejo organizó conferencias académicas, mesas redondas y seminarios de capacitación en los niveles nacional y local, con objeto de despertar mayor conciencia y formular estrategias dirigidas a mejorar la situación de la mujer.
Se crearon programas especiales en el nivel local para, entre otros objetivos, erradicar la discriminación de la mujer, abordar los problemas sociales que afectan a las mujeres, los niños y las familias, proporcionar asistencia para el empleo y servicios de salud y garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos. En el nivel regional, los expertos de órganos gubernamentales que se ocupan de los asuntos laborales, la educación, la salud, las cuestiones internas y otras esferas, así como las asociaciones cívicas, colaboraron con los consejos locales en cuestiones relativas a la familia, la mujer y el bienestar social.
El desarrollo de un movimiento de mujeres, la ampliación de las alianzas entre las organizaciones cívicas de mujeres y los organismos de Gobierno y el intercambio de información y la cooperación con las organizaciones internacionales de mujeres fueron factores que contribuyeron positivamente a mejorar la situación de la mujer. Las mejoras introducidas en la recopilación de datos desglosados por sexo permitió realizar análisis comparativos de la situación de los hombres y las mujeres, que culminaron con tres estudios estadísticos titulados “Las mujeres y los hombres de la República de Belarús”. Los medios de información nacionales están cobrando mayor conciencia de la situación de las mujeres, y se está elaborando un sistema de educación sobre cuestiones de género.
No obstante, existen varios factores que han obstaculizado el mejoramiento de la situación de las mujeres, como la inercia, la demora en el establecimiento de mecanismos de protección, la insuficiencia de recursos para aplicar la política nacional de género, la persistencia de estereotipos sobre la función de los hombres y las mujeres y la poca participación de los hombres en las iniciativas encaminadas a garantizar los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades. Aunque la legislación de Belarús en modo alguno discrimina a las mujeres, las disposiciones de protección contra la discriminación no siempre se aplican plenamente. Conforme a lo dispuesto en la Plataforma de Acción de Beijing y a las recomendaciones del Comité, el plan de acción nacional en favor de la igualdad de género para el período 2001-2005 abordó varias esferas prioritarias, en particular los derechos humanos, el bienestar social, la educación, la salud, la participación de las mujeres en la adopción de decisiones en todos los niveles de gobierno y la violencia contra la mujer.
En relación con el número de mujeres que ocupan puestos de dirección, se ha registrado un aumento en la participación de las mujeres en 1os órganos legislativos y ejecutivos del Gobierno. Por ejemplo, tras las elecciones de 2000-2001 a la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional, el Parlamento de Belarús, la proporción de mujeres diputadas aumentó en más del doble, del 4,5% al 12,7%, en comparación con las elecciones anteriores. Se aplicó un sistema de cuotas en la composición del Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento, por lo que las mujeres representan el 28,1% de sus miembros. Pese a que aumenta gradualmente el número de mujeres en los consejos locales, la proporción es menor que en el Consejo de la Federación. En cuanto al poder ejecutivo, en el Consejo de Ministros hay dos mujeres que ocupan las carteras de Trabajo y Bienestar Social y de Salud, lo que representa un aumento de una ministra respecto del año 2000. En 2003 también aumentó la proporción de mujeres que ocupaban cargos de viceministro o jefe de departamentos ministeriales.
Las mujeres representan el 46,4% de los magistrados del poder judicial y están aún mejor representadas entre los profesionales de la abogacía, pues constituyen e1 62,9% de los abogados y el 93,4% de los notarios. El número de mujeres en el Tribunal Supremo aumentó de tres en 1990 a 11 en 2003, cifra que casi duplicó la proporción de juezas, hasta el 27%. El Gobierno de Belarús considera una cuestión de prioridad lograr una mayor representación de las mujeres en puestos de adopción de decisiones y reconoce la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas de personal del Estado. A esos efectos, colaboró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Humanitaria Europea en la capacitación de mujeres para ocupar puestos directivos y de administración.
Las disposiciones legislativas de Belarús garantizan la protección de los derechos laborales y la igualdad de oportunidades en el empleo de todos los ciudadanos aptos, independientemente de su raza, género, credo religioso, edad, convicciones políticas, nacionalidad y posición social, así como los beneficios siguientes: la enseñanza técnico-profesional y el readiestramiento gratuitos; oportunidades de empleo en obras públicas e información sobre vacantes. Por recomendación del Comité, el Gobierno ha venido destinando más recursos a iniciativas para hacer frente al desempleo entre las mujeres, entre ellas, las ferias de empleo, la formación profesional para ocupaciones de alta demanda, el asesoramiento social y psicológico para ayudar a las mujeres a adaptarse a la evolución del mercado laboral, y la promoción del empleo por cuenta propia y las actividades empresariales en modalidades como la costura, la producción de tejidos, los servicios de peluquería, masajes curativos y la alteración de vestimentas. Más de 1.000 mujeres, es decir, el 55,5% de los beneficiarios, recibieron créditos para poner en marcha empresas propias.
El nuevo Código del Trabajo dispone la concesión de licencias a los padres trabajadores o a otros familiares hombres que se encarguen directamente del cuidado de sus hijos, hasta que éstos alcancen la edad de 3 años. Está en proceso de estudio un proyecto de ley para otorgar a los hombres el derecho a un día libre a la semana, que ya disfrutan las mujeres que tienen como mínimo tres hijos menores de 16 años de edad o un hijo discapacitado menor de 18 años. Las familias con hijos menores a cargo representan el 36,7% de las familias con un nivel de vida inferior al mínimo nacional. Por disposición legislativa, se conceden a esas familias facilidades en materia de impuestos y subvenciones para mantener a los niños en centros de enseñanza preescolar, para cubrir el costo de los libros de texto y el material escolar y el suministro de alimentación gratuita en las escuelas. Se han asignado fondos para pagar prestaciones a madres y padres solteros y a los que pertenecen a sectores de la sociedad particularmente vulnerables.
El Ministerio del Trabajo ha creado 121 centros de protección social en 156 regiones y ciudades para proporcionar asistencia social, económica, psicológica, educativa y de otra índole a la población. Se está haciendo todo lo posible por prestar ayuda a las personas necesitadas para que puedan vivir una vida independiente, sin extraviarse en el sistema de seguridad social. El Gobierno de Belarús también se ha esforzado por cumplir las recomendaciones del Comité relativas a la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de atención de la salud. En los últimos años se han registrado una disminución de la tasa de natalidad, una elevada tasa de mortalidad entre la población masculina, el deterioro del estado de salud de la población en su conjunto, un aumento del alcoholismo y el uso indebido de drogas y la propagación de la tuberculosis y las enfermedades venéreas, entre otras enfermedades.
Sin embargo, se produjeron algunos cambios positivos que mejoraron la atención materna y la salud reproductiva de las mujeres. La introducción de la tecnología médica moderna permitió realizar diagnósticos precoces de los trastornos ginecológicos. Para asegurar una buena atención prenatal y materna, considerada una prioridad por el Gobierno, se han adoptado medidas para mejorar la nutrición y la atención médica de las embarazadas. También se ha prestado mayor atención a la protección de la salud reproductiva y la difusión de la información necesaria sobre planificación de la familia, por lo que ha disminuido el número de abortos y ha aumentado el número de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos modernos. Se han asignado fondos presupuestarios para prevenir la transmisión del VIH/SIDA de madre a hijo, proporcionando servicios de pruebas voluntarias a todas las embarazadas. El Gobierno de Belarús colabora con organizaciones internacionales y de la sociedad civil para hacer frente al problema del VIH/SIDA. Sin embargo, al igual que muchos países de economía en transición, Belarús no dispone de fondos suficientes para resolver el problema por sí mismo y espera recibir asistencia adicional de las organizaciones internacionales.
El orador señala especialmente a la atención del Comité el problema de la violencia contra la mujer, que es un grave obstáculo para alcanzar la igualdad entre los géneros. Según indican las encuestas, alrededor del 29% de las mujeres que respondieron habían sido víctimas de abusos cometidos por sus cónyuges. A fin de luchar contra esa forma de violencia, el Ministerio del Interior ha identificado a más de 17.000 personas que han cometido actos de violencia doméstica, y la policía y las organizaciones cívicas colaboran con el Ministerio para prevenir esos delitos. Las sanciones previstas contra esos infractores consisten en advertencias, medidas administrativas, internamiento en instituciones penitenciarias y revocación de la patria potestad. Belarús participó, junto con otros ocho Estados de la Comunidad de Estados Independientes en la campaña “Una vida sin violencia”, patrocinada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y dirigida a crear conciencia sobre la violencia contra la mujer. Teniendo en cuenta que una vida familiar pacífica es la base de una sociedad segura, el Gobierno ha integrado la prevención de la violencia contra la mujer en su estrategia de seguridad nacional.
Belarús, tras aceptar plenamente las recomendaciones formuladas por el Comité sobre la prostitución y la explotación de los niños y las mujeres, colabora con el PNUD y el programa TACIS (programa de asistencia técnica para la Comunidad de Estados Independientes) de la Unión Europea en el fortalecimiento de la capacidad institucional del país y el desarrollo de las relaciones de cooperación transfronteriza entre Belarús y la Unión Europea para combatir la trata de mujeres. Asimismo, se están desplegando esfuerzos para crear mayor conciencia sobre este problema a nivel de la sociedad y fortalecer la protección y rehabilitación de las víctimas de la trata. En conclusión, el orador abriga la esperanza de que el Comité reconozca los esfuerzos que ha desplegado su Gobierno por alcanzar la igualdad entre los géneros y espera con interés entablar un diálogo abierto y constructivo con los miembros del Comité.
La Presidenta felicita a la delegación de Belarús por su informe y presentación introductoria, en la que brindó más información sobre las políticas formuladas para aplicar la Convención. Acoge con beneplácito las buenas noticias relativas al proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención e insta al Gobierno de Belarús a que presente los instrumentos de ratificación para que el Protocolo pueda entrar en vigor. También alienta a la delegación de Belarús a que ratifique el artículo 20.1 de la Convención, lo que permitirá supervisar más eficazmente la aplicación de la Convención.
Artículos 1 a 6
El Sr. Melander pregunta si las organizaciones no gubernamentales de mujeres participaron en la preparación del informe. En las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.2/Add.l) se hacía referencia a la participación de las asociaciones públicas de mujeres. Sin embargo, no queda claro si éstas son también organizaciones no gubernamentales. Por ello, solicita más información sobre los trámites de inscripción de las organizaciones no gubernamentales, que al parecer son innecesariamente engorrosos y prolongados. En su opinión, la inscripción obligatoria es un obstáculo para el establecimiento de organizaciones de ese tipo e incluso podría constituir una violación del derecho a la libertad de asociación. Por último, la delegación debe indicar si la Convención es de aplicación directa en Belarús, si las autoridades judiciales están familiarizadas con ella y si se han invocado sus disposiciones en alguna causa judicial.
El Sra. Popescu celebra los progresos realizados por el Estado informante desde la presentación del tercer informe periódico. En tal sentido, observa que Belarús ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención, promulgó nuevos Códigos del Trabajo y del Matrimonio y la Familia, e incorporó en el nuevo Código Civil las definiciones de discriminación directa e indirecta por motivos de sexo. Es encomiable la intención del Estado informante de elaborar y aprobar un nuevo proyecto de ley sobre la igualdad entre los géneros. No obstante, convendría disponer de mayor información sobre los objetivos de esa ley, así como sobre las medidas prácticas adoptadas para ejecutar el plan de acción nacional en favor de la igualdad de género para el período 2001-2005.
Observa con pesar que siguen siendo válidas muchas de las preocupaciones planteadas por el Comité en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico. Por ejemplo, la legislación de Belarús sigue protegiendo excesivamente a la mujer en su calidad de madre y, en consecuencia, crea nuevos obstáculos a la participación de la mujer en el mercado de trabajo y en la sociedad, contribuyendo así a perpetuar los conceptos estereotipados de las funciones de cada sexo. Sería útil saber en qué medida esa tendencia puede atribuirse a la situación demográfica. El Estado informante también debe facilitar la información solicitada en las preguntas 28 a 32 de la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1/Add.l), relativas a la salud y a la situación de las mujeres romaníes y las mujeres inmigrantes.
La Sra. Morvai pregunta por qué el movimiento de mujeres de Belarús no es todavía un movimiento de masas que influye en la adopción de decisiones políticas (CEDAW/C/BLR/4-6, pág. 34). Aunque es meritoria la sincera admisión por parte del Gobierno, la situación por sí misma es lamentable. Convendría saber si ha aumentado el número de organizaciones no gubernamentales de mujeres desde la aprobación del plan de acción nacional en favor de la igualdad de género para 2001-2005, cómo se financian esas organizaciones, si el Gobierno tiene en cuenta sus opiniones y si participarán en la preparación del siguiente plan de acción nacional en favor de la igualdad de género. Al respecto, la oradora pregunta si las observaciones finales del Comité se reflejarán en el plan y cuál órgano se encargará de supervisar la aplicación de sus recomendaciones. Por último, observando con pesar el hecho de que el Consejo Nacional sobre Política de Género ha cesado en sus funciones, la oradora pregunta cuándo se reanudarán sus actividades, quiénes lo integran y cuáles son sus métodos de trabajo.
La Sra. Schöpp-Schilling dice que las mujeres de Belarús seguirán enfrentando la discriminación en el mercado del trabajo mientras continúen soportando toda la carga de las responsabilidades domésticas. Exhorta a que se tomen medidas concertadas para corregir esa situación, haciendo hincapié en la necesidad de abordar la desigualdad entre los géneros como un problema social, no un problema que sólo incumbe a las mujeres. Es motivo de preocupación el hecho de que un elevado número de proyectos en favor de las mujeres sean financiados por organizaciones internacionales, pues podrían ser insostenibles a largo plazo. A ese respecto, sería interesante conocer la cuantía de los fondos asignados a la ejecución del plan de acción nacional en favor de la igualdad de género para el período 2001-2005 y la proporción de esos recursos que procede del presupuesto del Estado.
Considerando el elevado número de mujeres juristas, resulta sorprendente que se hayan llevado ante los tribunales tan pocas demandas interpuestas por mujeres víctimas de discriminación. Si las mujeres no utilizan los recursos disponibles en el país, no podrán presentar apelaciones amparadas por el Protocolo Facultativo. El Estado informante debe indicar si las mujeres bielorrusas disponen de información suficiente sobre sus derechos.
La Sra. Gabr dice que para aplicar eficazmente el Protocolo Facultativo es imprescindible disponer de un sólido mecanismo nacional para el adelanto de la mujer. Agradecería que se facilitara más información sobre la estructura y las actividades del Consejo Nacional sobre Políticas de Género. Sería especialmente interesante conocer si el Consejo puede formular estrategias de promoción de los derechos de la mujer. Tras observar el reducido número de mujeres que ocupan puestos de adopción de decisiones, pregunta si las organizaciones no gubernamentales pueden contribuir a elaborar las normativas relativas a las mujeres, y, por último, si el Gobierno ha introducido medidas especiales temporales para acelerar la instauración de la igualdad de facto entre las mujeres y los hombres.
La Sra. Shin dice que al parecer el Gobierno no reconoce que las mujeres, como individuos, tienen derechos que deben promoverse y protegerse. Su prioridad es preservar la familia, que el informe describe como el mecanismo natural de protección de sus miembros y una institución social fundamental en el marco de la cual se reconocen y hacen efectivas las funciones de ambos géneros. La oradora no está convencida de que esa escala de prioridades permita abordar la cuestión de la violencia en el hogar con la seriedad debida, aunque le complace observar que ya se considera un problema social más que un asunto privado. Sería interesante saber si los estudios sobre el tema realizados en los últimos tiempos han tratado de los malos tratos de índole psicológica, verbal y sexual, además de los actos de violencia física.
La Sra. Coker-Appiah comparte las preocupaciones expresadas por la oradora anterior acerca de la actitud que mantiene el Gobierno ante la violencia en el hogar. Observando que en la lista de delitos sexuales tipificados en el Código Penal figuran tanto la violación de una menor como la violación de una niña, pide que se aclaren los términos “menor” y “niña”.
La Sra. Šimonović dice que el Estado informante debe cumplir sus compromisos internacionales, incluso durante el difícil período de transición. Insta a Belarús a que, al reformar su legislación, utilice la Convención como un conjunto de directrices. No queda claro si la Constitución prohíbe expresamente la discriminación por razones de sexo ni si el principio de la igualdad entre los hombres y las mujeres está recogido en el derecho interno. El Estado informante también debe indicar si ha modificado sus leyes sobre violencia doméstica, según recomendó el Comité en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico. Le interesa saber, además, si el informe que se examina fue aprobado oficialmente y, en caso afirmativo, por cuál órgano. Por último, el Estado informante debe facilitar datos desglosados por sexo y origen étnico, así como información sobre la situación de las mujeres romaníes e inmigrantes.
La Sra. Kwaku dice que, según información proporcionada por fuentes independientes, hay en Belarús pocas organizaciones no gubernamentales y sus actividades están sujetas a restricciones rigurosas por las autoridades. A ese respecto, seria útil saber cuáles organizaciones no gubernamentales participaron en la redacción del informe que se examina y su grado de participación. El informe menciona 20 organizaciones nacionales de mujeres que ejecutan proyectos destinados a resolver determinados problemas que afrontan las mujeres. El Estado informante debe explicar en qué consisten esos proyectos, si se llevan a cabo en colaboración con el Gobierno y cuáles serían sus repercusiones en los derechos de la mujer.
El Sr. Ivanou (Belarús) dice que su delegación tratará de responder las preguntas de los miembros del Comité en la forma mas completa posible. Sin embargo, no dispone de todos los datos estadísticos solicitados y tendrá que referirse nuevamente a esas cuestiones en la sesión de la tarde. Según establece la legislación nacional, antes de que se haga efectiva la ratificación de los instrumentos internacionales por la Asamblea Nacional debe promulgarse una ley. En el caso del Protocolo Facultativo, ese requisito ha causado una demora en la presentación de los instrumentos de ratificación. Ese procedimiento de ratificación, aunque difiera de los procedimientos vigentes en otros países, no afecta a la primacía del derecho internacional. Los tratados internacionales en los que Belarús es parte son de aplicación directa en la República.
Respecto de la cuestión de las organizaciones no gubernamentales, afirma que las asociaciones públicas son las únicas reconocidas como tal en la legislación belarusa. Sus actividades están reguladas por la Ley sobre las asociaciones públicas, que fue elaborada tras consultar a expertos del Consejo de Europa y en consonancia con la legislación equivalente de otros países de la región. La posibilidad de que el requisito de inscripción sea un obstáculo para la formación de asociaciones públicas es discutible, y cabría esperar que las organizaciones no gubernamentales, dada su naturaleza independiente, sean críticas respecto de las condiciones en las que trabajan. El número absoluto de organizaciones no gubernamentales puede inducir a error; Belarús tiene más asociaciones públicas por habitante que casi cualquier otro país de Europa, y ellas participan activamente en la vida política, económica y social. De hecho, la copresidenta de la Unión de Mujeres de Belarús es miembro de la delegación.
La atención especial que se presta a la función reproductiva de la mujer en la legislación nacional obedece a la situación demográfica. Según indican los pronósticos, la población de Belarús debe disminuir en un 10% durante los próximos diez años a causa del envejecimiento, tendencia común en toda Europa, y de las consecuencias del accidente de la central nucleoeléctrica de Chernobyl; esos pronósticos no tienen en cuenta la migración. La situación demográfica constituye un problema de seguridad nacional que debe abordarse en la legislación, las normativas y los programas.
La Sra. Chutkova (Belarús), respondiendo a las preguntas sobre los esfuerzos del Gobierno por promover la igualdad de género, dice que un componente básico del nuevo proyecto de ley sobre igualdad de género trata de los derechos humanos de las mujeres. Lamentablemente, los diversos órganos que participan en la redacción del proyecto de ley, en particular el Consejo Nacional sobre Política de Género, no han logrado ponerse de acuerdo sobre todas sus disposiciones y no estará listo para el período legislativo en curso. Cabe esperar que la reciente ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contribuya a convencer a quienes participan en la elaboración del proyecto de ley de que es indispensable proceder con premura. El proyecto de ley dedica una atención particular a la protección de los derechos de la mujer durante los períodos de embarazo y nacimiento de un hijo y en relación con la maternidad, incluidos los derechos de la mujer en el mercado del trabajo y sus derechos reproductivos de conformidad con las recomendaciones formuladas en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994. Además, la Ley sobre seguridad demográfica de 2002 establece, entre otras cosas, el derecho de todas las personas a adoptar el comportamiento reproductivo que prefieran. Se está elaborando una estrategia nacional para el desarrollo sostenible hasta el año 2020, que incluye una sección sobre igualdad de género que procura, entre otros fines, promover la función del padre en la familia y asegurar una distribución más equitativa de las responsabilidades en el hogar. También está en proceso de redacción un proyecto de ley para introducir modificaciones en el Código del Trabajo que ayuden a eliminar las diferencias en el trato de las mujeres y los hombres, manteniendo a la vez la protección de la función reproductiva especial de las mujeres.
En cuanto a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la preparación del informe, la oradora señala que todavía no existen fundamentos jurídicos para ello. No obstante, el Ministerio de Trabajo y Protección Social, órgano en el que recae la responsabilidad principal de las actividades del Gobierno para lograr la igualdad de género y erradicar la discriminación de la mujer, trabaja en estrecho contacto con las asociaciones de mujeres, y esa colaboración se va haciendo más frecuente. Cita a manera de ejemplo el proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la mujer y la violencia, los proyectos relativos a la trata de mujeres y otros encaminados a promover los conocimientos de las mujeres sobre la legislación y sus derechos, en los que han participado ampliamente las organizaciones no gubernamentales. Éstas han contribuido de manera particularmente importante a que las mujeres cobren más conciencia de sus derechos ante la ley y los hagan valer, y tengan mayor acceso a los mecanismos de recurso, y prestan asistencia al Gobierno para mejorar las leyes de manera que sean más compatibles con las normas internacionales.
Las organizaciones no gubernamentales dependen en gran medida de las donaciones, fundamentalmente procedentes del extranjero. Cabe esperar que el proyecto de ley sobre la ejecución de proyectos sociales en el marco del Programa Nacional de Seguridad Demográfica incluya mecanismos de asignación de fondos del Estado para que esas organizaciones puedan llevar a cabo proyectos sociales compatibles con el programa social general del Gobierno, como en los ámbitos de la prevención del uso indebido de drogas y la rehabilitación de los toxicómanos y de los niños con discapacidad. En cuanto al mecanismo nacional de promoción de la igualdad entre los géneros, cabe citar al Consejo Nacional sobre Política de Género, establecido en 2000, y que apenas comienza a funcionar eficazmente debido a un reordenamiento burocrático de responsabilidades derivado de la fusión de varios ministerios. Uno de los primeros temas que abordará el Consejo será el examen de las observaciones y recomendaciones que formule el Comité acerca del informe de Belarús.
El Sr. Ivanou (Belarús) explica que las disposiciones legislativas actuales no permiten que el Estado financie a las organizaciones no gubernamentales, aunque algunas actividades que cumplen determinados criterios pueden recibir, y de hecho reciben, financiación, en casos en los que, por ejemplo, se concierten arreglos de participación en los gastos y la actividad esté en consonancia con los objetivos de la política del Estado. Ratifica los ejemplos ya citados de actividades con toxicómanos y con niños que tienen necesidades especiales. En cuanto a los romaníes y el trato de las minorías nacionales, el orador indica que en Belarús los romaníes constituyen una minoría minúscula, inferior al 0,1% de la población, y que no existen datos estadísticos oficiales sobre ese grupo. En los últimos años no se han registrado casos documentados de enfrentamientos interétnicos relacionados con los romaníes en Belarús, aunque es consciente de los problemas que se han producido en otros países de Europa oriental.
Artículos 7 a 9
La Sra. Gaspard señala, en relación con el artículo 7 de la Convención, que el informe indica una cierta escasez relativa de mujeres en puestos de dirección en Belarús. Algunos términos empleados en el informe parecen reflejar ideas estereotipadas, al afirmar, por una parte, que las mujeres no tienen la experiencia necesaria y se muestran renuentes a participar en la competencia por ocupar cargos de dirección, mientras que otra parte del informe aparentemente contradice esa afirmación al decir que en el nivel local las mujeres participan activamente en las funciones de dirección. El problema parece agudizarse en las instancias superiores, por lo que se pregunta si se están realizando estudios para examinar esa situación. A su juicio, debería crearse una comisión parlamentaria para investigar dicho problema.
La Sra. Zerdani felicita a Belarús por el informe presentado y las respuestas a las preguntas formuladas por los miembros del Comité y por mantener su determinación de fortalecer sus políticas sociales durante el difícil período de transición política y económica y a pesar de la onerosa carga de la deuda externa y las consecuencias del accidente de Chernobyl. Observa que la proporción de mujeres elegidas a la Asamblea Nacional es tan elevada como la de varios países industrializados. Las numerosas mujeres que trabajan actualmente en la administración pública, el sistema judicial y el servicio diplomático constituirán la elite educada del futuro, plenamente consciente de los problemas del país y capaz de hacerlo progresar.
El Sr. Flinterman expresó preocupación, en relación con el artículo 7 c) de la Convención, por el papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales de Belarús y los derechos de las mujeres de participar en la vida pública en pie de igualdad. Resulta difícil justificar, por ejemplo, la prolongada demora en promulgar disposiciones legislativas que reconozcan la colaboración entre el Gobierno y ese tipo de organizaciones y ampliar su participación en los programas sociales. Además, el Comité ha recibido información sobre las dificultades con que tropiezan las organizaciones no gubernamentales de Belarús en materia de financiación y la insistencia del Gobierno en que ajusten sus programas a las normativas del Estado. En particular, algunas de ellas supuestamente se han visto afectadas por dificultades para recibir donaciones del extranjero y el Estado les ha obligado a reinscribirse, procedimiento que les ha impuesto una pesada carga financiera y administrativa y pone en peligro suindependencia. También se han recibido informes de que se ha impedido a organizaciones no gubernamentales representar a sus miembros en actuaciones judiciales. El miembro del Comité pide a la delegación que aclare la posición del Gobierno sobre las funciones de esas organizaciones, en particular de las que se ocupan de cuestiones relativas a las mujeres.
La Sra. Manalo dice que los Estados partes en la Convención tienen la obligación de adoptar medidas para fortalecer el papel de las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Convención, lo que significa que deben funcionar con autonomía y trabajar libremente sin temor a represalias. Respecto de la participación de las mujeres en la vida pública en pie de igualdad, inquiere acerca del ordenamiento vertical de los géneros en el poder judicial. ¿Qué medidas se han adoptado, por ejemplo, para alentar a las mujeres a que aspiren a cargos de jueces en los tribunales superiores, incluso al cargo de Presidente de un tribunal? Señala que el Comité pronto concluirá sus observaciones generales sobre el artículo 4.1 de la Convención relativo a las medidas temporales especiales. Insta a la delegación de Belarús a que consulte esas recomendaciones, cuyo objetivo es ayudar a los Estados a formular políticas que creen entornos propicios para el adelanto de las mujeres y para convencer a los hombres de que esas políticas son convenientes.
La Sra. Kwaku señala que el informe proporciona pocos datos sobre la participación de las mujeres en el servicio exterior y el cuerpo diplomático. Pide que se faciliten algunos datos estadísticos al respecto y se pregunta si existen restricciones, jurídicas o de otra índole, que impidan que las mujeres participen en pie de igualdad con las hombres en esos sectores. Si así fuera, ¿qué medidas está tomando el Gobierno para hacer frente a ese problema? También desea saber si las mujeres de Belarús casadas con extranjeros pueden transmitir la ciudadanía a sus esposos e hijos, ejerciendo los mismos derechos que los hombres.
La Sra. Kapalata se suma a la petición formulada por la Sra. Kwaku de recibir más información sobre las oportunidades de ascenso de las mujeres en el servicio diplomático.
El Sr. Ivanou (Belarús), respondiendo a las preguntas sobre la situación de las mujeres en el servicio exterior, informa que las mujeres representan el 12% del personal de las 40 misiones de Belarús en el extranjero y que en la cuarta parte de las misiones hay mujeres que ocupan cargos a nivel de embajador. También hay una mujer embajadora en misión especial. Las mujeres representan el 37% del personal del nivel central del Ministerio de Relaciones Exteriores. El orador asegura al Comité que en esos servicios no existe discriminación contra la mujer, ni de jure ni de facto. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a trabajar en el extranjero. En cuanto al sector empresarial, señala que alrededor del 10% de la 1.500 empresas privadas y 3.000 empresas estatales están dirigidas por mujeres. La Comisión Electoral Central también está dirigida por una mujer.
Belarús cuenta con un número muy elevado de organizaciones no gubernamentales que disfrutan de protecciones diversas. Por ejemplo, sólo se puede poner término a sus actividades mediante procedimiento judicial y es posible presentar recurso de apelación contra las decisiones de los tribunales. Esas organizaciones, al igual que los ciudadanos particulares, pueden interponer demandas en materia de protección de sus derechos y solicitar asistencia letrada. Con el propósito de proteger mejor los derechos de los particulares y las organizaciones en los tribunales, se ha sometido a revisión un decreto presidencial dictado recientemente sobre los ciudadanos y los procedimientos judiciales, que había sido objeto de fuertes críticas por parte de las organizaciones no gubernamentales. Además, en algunos procesos civiles, previstos en la legislación, las asociaciones públicas y los sindicatos sí pueden representar a particulares. Por ejemplo, se han dado casos en los que agrupaciones de consumidores y organizaciones sindicales han representado a sus miembros.
La Sra. Chutkova (Belarús) dice que sin la participación plena de las mujeres en la formulación de estrategias surgirán problemas en la elaboración de la política nacional de género. Prácticamente en todos los ministerios se han designado funcionarios encargados de supervisar la aplicación del plan de acción nacional en favor de la igualdad de género. Tras explicar los procedimientos que aplican los ministerios para asegurar la promoción de la mujer, señala que, pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno, persisten en la sociedad estereotipos y prejuicios arraigados, que atentan contra la incorporación de las mujeres, con todos los derechos, en los procesos de adopción de decisiones de Belarús. No obstante, se han venido realizando progresos graduales. La aprobación en 1999 de un programa que establece la introducción de una campaña de información sobre derechos humanos en todas las instituciones educacionales imprimó un impulso considerable al proceso. Posteriormente, se establecieron cursos que hacían especial hincapié en los derechos humanos de las mujeres. Durante el proceso de supervisión del plan nacional, el Ministerio de Educación proporcionaba periódicamente información sobre las medidas adoptadas para asegurar que los programas de estudio abordaran realmente las cuestiones de derechos humanos. Se están organizando cursos de actualización para maestros e instructores universitarios y se revisan los libros de texto.
Las mujeres están bien representadas en los órganos del poder judicial, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional; cinco de los 11 jueces del Tribunal Constitucional, el órgano supremo de justicia, son mujeres. En la Asamblea Nacional no hay una comisión dedicada específicamente a las mujeres; sin embargo, varias comisiones en distintas instancias del Gobierno se ocupan de las cuestiones sociales, aunque una comisión por separado permitiría resolver los problemas con mayor facilidad. Se están haciendo esfuerzos por convencer a los miembros de la Asamblea Nacional de la necesidad de proponer y aprobar una ley sobre la igualdad de género.
Numerosos juristas destacados consideran que es suficiente hacer las modificaciones necesarias de instrumentos jurídicos particulares, como el Código del Trabajo o el Código Civil, a fin de incorporar en ellos más plenamente las cuestiones de igualdad entre los géneros. En 2003, la Cámara de Representantes celebró dos mesas redondas para examinar la posibilidad de promulgar una ley sobre la igualdad de género. Entre las actividades realizadas para crear conciencia de la necesidad de aprobar una ley de ese tipo se cuentan una invitación al Defensor del Pueblo para la igualdad entre los géneros de Lituania y la visita realizada por un grupo de funcionarios de alto nivel del Gobierno de Belarús a Suecia para observar la forma en que se aplican las políticas en favor de la igualdad de género en ese país.
Tanto los hombres como las mujeres tienen iguales derechos de adquirir y transmitir la ciudadanía a sus cónyuges. En caso de que uno de los padres no sea ciudadano de Belarús, el hijo nacido en territorio bielorruso adquiere automáticamente la ciudadanía de Belarús. En el caso de un hijo nacido fuera del territorio bielorruso, será decisión de los padres solicitar la ciudadanía, en condiciones de igualdad. En relación con la violencia doméstica contra la mujer, los datos de que se dispone indican que la violencia psicológica está más generalizada que la violencia física; entre el 70% y el 80% de las mujeres ha sido víctima de esa forma de violencia tanto en el hogar como en la vida pública. A ese respecto, el proyecto del UNIFEM y la campaña de sensibilización “Una vida sin violencia” permitieron iniciar el debate sobre ese problema. Los resultados del proyecto demostraron también que tanto el Estado como la población en general estaban prestando mayor atención al problema.
El Ministerio del Interior sigue trabajando en la elaboración de estadísticas más precisas sobre la violencia contra las mujeres. Desde 2002, por ejemplo, ha venido presentando datos estadísticos sobre los homicidios y estableció una línea telefónica especial para los homicidios cometidos en el ámbito doméstico. Es lamentable que el proceso de establecer los servicios sociales para prestar asistencia a las mujeres y los niños víctimas de la violencia en el hogar no haya funcionado tan bien como se esperaba. No obstante, se están ampliando los servicios de consultas psicológicas y jurídicas y se establecerán servicios sociales en todas las regiones administrativas de la República. La labor de los psicólogos y juristas también puede ayudar a difundir información sobre esos problemas y motivar a las mujeres. Asimismo, cabe esperar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley registren debidamente todas las manifestaciones de violencia, lo que mejoraría los análisis estadísticos. Sin una visión correcta de la magnitud de ese fenómeno, será sumamente difícil aplicar medidas prácticas.
Para 2010 a más tardar se habrán aplicado medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y los niños. En ese sentido sería muy provechoso iniciar en las escuelas cursos especiales para inculcar y promover modelos de conducta basados en la solución de conflictos por medios no violentos. El Programa Nacional de Seguridad Demográfica también incluye actividades encaminadas a prevenir la violencia doméstica contra la mujer. Reconforta observar que las instituciones que prestan servicios sociales están ampliando la colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, los trabajadores sociales y los psicólogos que participan en la labor de prevención también ayudan a los funcionarios de esos organismos y contribuyen a que su trabajo sea más eficaz.
Artículos 10 a 14
La Sra. Saiga dice que el hecho de que las mujeres se jubilen antes que los hombres indica discriminación, pues la jubilación anticipada afecta a las pensiones de las mujeres. Se pregunta si esta cuestión figura en el proyecto de modificaciones del Código del Trabajo o en otra disposición legislativa. Las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas no abordaron varias cuestiones. Por ejemplo, el Comité hizo una pregunta sobre las trabajadoras inmigrantes, pero en su respuesta el Gobierno se refirió a los refugiados. Por ello se pregunta si a los trabajadores inmigrantes se les concede el estatuto de refugiados. De no ser así, agradecería que se presentaran algunos datos sobre esos trabajadores.
La Sra. Achmad dice que son dignas de elogio las medidas adoptadas en la esfera de la educación, en el contexto del plan de acción nacional en favor de la igualdad de género para el período 2001-2005, para eliminar los estereotipos de género entre los jóvenes mediante los programas de estudio; no son muchos los países que han tenido esa iniciativa. Sin embargo, agradecería que se facilitara más información sobre las actitudes y el comportamiento de los jóvenes de ambos sexos, que debe ser objeto de supervisión. De hecho, se pregunta si se ha establecido un sistema de vigilancia con indicadores apropiados. También desea recibir información sobre la maestría en materia de liderazgo de la mujer, especialmente su contenido, objetivos y principios, así como el número de mujeres y hombres matriculados en el programa. En tal sentido, se remite a las recomendaciones formuladas por el Comité en su período de sesiones anterior de que las iniciativas en favor de la igualdad de .género deben dirigirse tanto a las mujeres como a los hombres. Por último, destaca la importante función de las organizaciones no gubernamentales en la revisión de los programas educacionales.
La Sra. Popescu-Sandru solicita información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para alentar a las mujeres a que busquen empleo en esferas menos tradicionales, así como sobre las tasas de deserción escolar, sobre todo entre las jóvenes. Ha observado con bastante preocupación que el aborto sigue siendo el principal método anticonceptivo y pide aclaraciones al respecto. El Estado parte también debe proporcionar datos desglosados por sexo sobre el número de personas que padecen el VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual y sobre las medidas terapéuticas que se han adoptado para prestarles asistencia.
La Sra. Patten se interesa por las medidas que ha venido adoptando el Gobierno para hacer frente a las desigualdades y la forma en que se aplica el principio de la igualdad de remuneración entre el hombre y la mujer por un trabajo de igual valor. Dada la vulnerable situación de las mujeres en el empleo, desea conocer las medidas que se están adoptando para hacer frente al hostigamiento sexual en los lugares de trabajo y si el proyecto de código del trabajo incluye cláusulas específicas sobre el hostigamiento sexual.
La delegación de Belarús debe indicar si se ha realizado un estudio para determinar los impedimentos que se presentan en la aplicación de disposiciones legislativas de ese tipo y los obstáculos que enfrentan las mujeres. ¿Conocen las mujeres cuáles son sus derechos y tienen acceso a la asistencia letrada? Sería interesante saber si el Estado contempla la posibilidad de examinar las funciones de la fiscalía que comprenden no sólo la supervisión de las leyes laborales, sino también la detección de violaciones de los derechos laborales de la mujer. Finalmente, pregunta si se han tomado medidas concretas para facilitar el acceso de las empresarias al crédito y agradecería que se facilitaran datos que indicaran en qué medida las mujeres se benefician del sistema de cuotas en los puestos de trabajo, así como la situación de las mujeres empleadas en el sector público.
La Sra. Kapalata dice que las mujeres de Belarús son ahora más susceptibles a contraer el VIH/SIDA y que la pobreza parece ser un factor sumamente perjudicial en la prestación de servicios a las personas afectadas por el SIDA, especialmente las mujeres. Se pregunta si existen programas dirigidos a sensibilizar a las mujeres sobre los riesgos concretos que corren en relación con el VIH/SIDA. Debería facilitarse información sobre los servicios disponibles para las mujeres a las que se ha diagnosticado la infección por VIH y los programas y planes establecidos para prevenir la transmisión de madre a hijo. También sería interesante saber por qué, pese a la ausencia de discriminación, hay tan pocas mujeres en el servicio diplomático.
La Sra. Šimonović solicita información sobre el nuevo programa de licencias especiales para los padres, específicamente el número de hombres y mujeres que se han acogido a él y el tipo de prestaciones que reciben. También solicita más información sobre los tipos de medidas que se aplicarán en virtud del Programa Nacional de Seguridad Demográfica y si se han tomado en cuenta las perspectivas de género en esa esfera.
El Sr. Melander señala que será muy difícil lograr cambios en las actitudes a menos que se permita a las organizaciones no gubernamentales realizar su labor sin restricciones.
La Sra. Kwaku, tras señalar que no se habían respondido varias preguntas hechas por el grupo de trabajo previo al período de sesiones, solicita información sobre la planificación familiar y las enfermedades de transmisión sexual, así como sobre las repercusiones del desastre de Chernobyl y del VIH/SIDA en la salud de las mujeres. Le interesaría conocer en particular el estado de salud de las mujeres de edad.