33° período de sesiones
Acta resumida de la 689ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 8 de julio de 2005 a las 10.00 horas
Presidenta:Sra. Pimentel (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero, cuarto, quinto y sexto combinados de Guyana
En ausencia de la Sra. Manalo, la Sra. Pimentel, Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero, cuarto, quinto y sexto combinados de Guyana (CEDAW/C/GUY/3 a 6, CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.5 y CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.5)
Por invitación de la Presidenta, los representa n tes de Guyana toman asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Shadick (Guyana), al presentar los informes periódicos tercero, cuarto, quinto y sexto combinados de Guyana (CEDAW/C/GUY/3 a 6) dice que, en virtud de su Plan Nacional de Acción para la Mujer 2000/2004, Guyana ha promovido el crecimiento sectorial y el desarrollo sobre la base de la equidad entre hombres y mujeres y la incorporación de las cuestiones de género en la corriente principal del desarrollo, así como la plena participación de la mujer en las políticas de desarrollo. La mayor comprensión y la más profunda conciencia de la situación de la mujer por parte del Gobierno y de la sociedad en su conjunto han conducido a aprobar legislación sobre mecanismos más eficaces para eliminar la violencia contra la mujer y erradicar la feminización de la pobreza. También ha mejorado la situación de las ancianas, las campesinas y las mujeres indígenas. No obstante, la persistencia de normas patriarcales y de prácticas culturales estereotipadas y discriminatorias respecto de la mujer, sumadas a la gran carga de la deuda que agobia al país, siguen siendo obstáculos para lograr mayores adelantos.
En la Constitución enmendada de 2001 se consagró la igualdad de los derechos y de la condición de la mujer en relación con el hombre en todas las esferas de la vida política, económica y social. En virtud de la Constitución, se ha establecido dentro de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que reemplaza a la Comisión Nacional de la Mujer. La nueva Comisión se encargará principalmente de monitorear la aplicación de la Convención y las acciones para mejorar la condición de la mujer. En los últimos años se emprendieron en las 10 regiones administrativas del país varios programas de sensibilización sobre las cuestiones de género. Se están realizando otros programas para aumentar la participación de la mujer en los gobiernos locales y nacional, con miras a alcanzar el objetivo nacional de establecer un “grupo de mujeres ejecutivas de importancia crítica” en puestos clave, de índole política y ejecutiva, en todos los niveles de la sociedad. El proceso de reforma constitucional de 2001 y los adelantos educacionales de la mujer en los últimos años (en 2001, el 61% de los egresados de la Universidad de Guyana fueron mujeres) han consolidado más el papel de la mujer en la política y la adopción de decisiones. Actualmente, casi la mitad de los 65 parlamentarios de Guyana son mujeres y la representación de éstas en el Consejo Democrático Regional aumentó desde 21% en 1997 hasta 30% en 2001. La Asociación de Abogadas de Guyana y la Oficina de Asuntos de la Mujer, por conducto del Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana, coordinaron programas para fomentar la capacidad de liderazgo de la mujer. El Programa Caribeño de Igualdad entre los Géneros, de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) ha patrocinado iniciativas para fortalecer la capacidad de las mujeres en el Parlamento. Aun cuando en 2003 un 52% de los funcionarios de nivel intermedio en la administración pública eran mujeres, en comparación con 42% en 1993, las mujeres siguen predominando en los niveles más bajos de la administración pública.
En lo concerniente a las dependencias nacionales, la oradora dice que la Oficina de Asuntos de la Mujer, en el Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social, se encarga de coordinar acciones nacionales e internacionales para eliminar la discriminación contra la mujer y promover la participación igualitaria de ésta en la vida social, política, económica y cultural de Guyana. Como parte de medidas de racionalización, el Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana, responsable de fomentar la capacidad e impartir conocimientos prácticos, y el Centro Nacional de Recursos y Documentación para Cuestiones de Género y Desarrollo, se han integrado en la Oficina de Asuntos de la Mujer. Actualmente, el Centro está preparando una base de datos estadísticos integrales sobre la mujer.
Los aumentos en los recursos humanos y financieros asignados a la Oficina de Asuntos de la Mujer han guardado proporción con sus mayores responsabilidades, inclusive la de supervisar las actividades de los comités regionales de asuntos de la mujer en todo el país. El Comité Interministerial establecido por la Oficina de Asuntos de la Mujer monitoreó la incorporación de las cuestiones de género y equidad entre los géneros en los ministerios gubernamentales. El Comité Interministerial, integrado por altos funcionarios de la administración pública, ofreció asesoramiento técnico a la Oficina y contribuyó a la formulación de políticas sensibles a las cuestiones de género.
Guyana finalizó su nueva Política Nacional sobre la Mujer y está actualizando su Plan Nacional de Acción para la Mujer 2005-2007 mediante consultas de amplia base con la sociedad civil, que llegaron a mujeres en ubicaciones rurales y semirrurales. El nuevo Plan de Acción, basado en la Política Nacional sobre la Mujer, adoptará un enfoque integral respecto de temas de importancia crítica que afectan a las mujeres en cuestiones como la salud, inclusive el VIH/SIDA, la educación, el empleo, el liderazgo, la violencia por cuestiones de género y la trata de personas e incluirá estrategias para formular políticas de desarrollo sensibles a las cuestiones de género y libres de discriminación.
Con arreglo a la Constitución, todo ciudadano de Guyana, inclusive las trabajadoras del sexo, tienen derecho a atención médica gratuita. Se han mejorado los servicios de salud maternoinfantil y una reciente encuesta estadística indicó una reducción sustancial en las tasas de mortalidad de madres y niños de corta edad y en la incidencia de la malnutrición. La oradora señala el sostenido aumento de la proporción de mujeres afectadas por el VIH/SIDA y dice que el problema está en manos de un Comité Presidencial y de comités especiales sobre VIH/SIDA dentro de cada ministerio gubernamental, y también que se está aplicando el Plan Estratégico Nacional para el VIH/SIDA. En los últimos dos años, un enérgico programa de prevención de la transmisión de la madre al niño ha arrojado resultados positivos. También se está prestando especial atención al aumento de las cantidades de huérfanos a causa del VIH/SIDA y de niños vulnerables. Guyana recibe asistencia de los Estados Unidos de América, de organismos donantes internacionales y de ONG para combatir el VIH/SIDA y está preparando legislación con esos fines. Aun cuando todavía no cuenta con equipo para proporcionar atención integral a los pacientes de cáncer, el Gobierno subsidia el costo del tratamiento en el extranjero y está considerando con asociados privados la posibilidad de introducir establecimientos que ofrezcan una gama completa de tratamientos.
Un examen de la política educacional realizado en 2000 condujo a preparar un currículo más sensible a las cuestiones de género, que actualmente incluye cuestiones de salud, educación sobre vida en familia y educación sobre derechos humanos. Con la asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se ha establecido un fondo rotatorio para velar por que las niñas puedan asistir a establecimientos de tercer nivel y a cursos de enseñanza de oficios. Se ha hecho especial hincapié en programas educacionales en zonas rurales y semirrurales. Con la asistencia del Comité, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la UNESCO, se han adoptado varias medidas para reforzar los programas educacionales en zonas remotas, inclusive cursos de educación a distancia, establecimiento de dormitorios para niños procedentes de zonas remotas, mayor apoyo a maestros de zonas semirrurales que reciben capacitación fuera de sus comunidades y programas especiales para los estudiantes que desean ingresar en el nivel terciario. Dado que los maestros de las zonas semirrurales que fueron capacitados en la región costera son renuentes a reintegrarse a sus comunidades, se han establecido centros de capacitación de docentes en algunas zonas semirrurales. La oradora señala con preocupación que los jóvenes amerindios separados de sus comunidades después de recibir educación secundaria son más vulnerables a la explotación.
La oradora señala la disparidad de género en la población escolar y dice que la Dependencia de Estudios sobre la Mujer en la Universidad de Guyana ha comenzado a investigar las razones del abandono escolar precoz. Al intensificar la alfabetización durante el ciclo primario, el Proyecto de acceso a la educación en Guyana contribuye al desarrollo socioeconómico sostenible y a la reducción de la pobreza. Además, aproximadamente 300 mujeres que, en su mayoría, abandonaron la escuela secundaria, se beneficiaron con un programa titulado "Capacitación de mujeres en aptitudes no tradicionales”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Las mujeres guyanesas empobrecidas están protegidas por redes de seguridad social. La Dependencia sobre Circunstancias Difíciles del Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social entrega máquinas de coser y otros equipos a fin de que inicien pequeñas empresas para obtener ingresos. La Dependencia también ofrece ciertos medicamentos y sufraga los gastos del sepelio de familiares de mujeres pobres. Las estrategias de reducción de la pobreza se centran, en particular, en las necesidades de las mujeres en zonas semirrurales remotas. En Moruca, zona predominantemente amerindia, las mujeres pueden obtener préstamos rotatorios con mínimas tasas de interés. Asimismo, se ha otorgado asistencia financiera a grupos de mujeres y de jóvenes para que inicien y mejoren actividades de generación de ingresos, particularmente en la agricultura.
La aplicación de la Ley sobre Violencia Doméstica, aprobada en 1996, no ha satisfecho las expectativas. Desde entonces, se autoriza a los trabajadores sociales a representar a las víctimas de violencia ante los tribunales. La Oficina de Asuntos de la Mujer estableció el Equipo Nacional de Tareas sobre Violencia por Motivos de Género. A partir de la fusión del Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social con el Departamento de Seguridad Social, el Departamento de Libertad bajo Fianza y los Servicios de Bienestar de la Familia, aumentó la capacidad del Ministerio para intervenir en casos de violencia doméstica. El Ministerio colabora con Help and Shelter, una ONG local, y financia totalmente sus albergues para víctimas de violencia doméstica, además de apoyar sus programas de promoción.
Las mujeres no están aprovechando plenamente la protección brindada por la legislación existente, pese a que la Asociación de Abogadas de Guyana organiza foros públicos para que conozcan sus derechos constitucionales y jurídicos. El Gobierno considera actualmente una Ley integral de la infancia y una Ley de tribunales de familia, preparadas por la Asociación de Abogadas de Guyana. La Oficina de Asuntos de la Mujer organizó un simposio público y otras campañas para crear conciencia sobre la violencia contra la mujer.
El Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social adopta un enfoque multisectorial e intergubernamental de amplia base para combatir la trata de mujeres y niños. Formuló un cabal Plan Nacional de Acción para Combatir la Trata de Personas, realizó una intensa campaña nacional de concienciación y aprobó la Ley No. 2 de 2005, sobre trata de personas. Ofreció cursos prácticos de capacitación nacionales e internacionales sobre detección y protección de las víctimas, formuló estrategias de difusión, capacitó a funcionarios clave y aproximadamente a 300 monitores en todas las regiones, y estableció un programa de protección y un albergue de víctimas. Se ha creado una dependencia especial, supervisada por la Oficina de Asuntos de la Mujer, encargada de coordinar todas las actividades de lucha contra la trata.
Artículos 1 a 6
La Sra. Saiga solicita detalles acerca de la estructura de los mecanismos nacionales de Guyana. Pregunta si la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad entre Hombres y Mujeres está totalmente integrada y cuáles serán los nuevos cometidos en reemplazo de la Comisión Nacional de la Mujer. La iniciativa de establecer Servicios Regionales para la mujer en las 10 regiones administrativas, cuando en esas mismas 10 regiones administrativas ya hay Comités de Asuntos de la Mujer a escala regional en funcionamiento, parece algo redundante. En ese caso, y en otros, tal vez sea más eficaz fortalecer los mecanismos existentes, en lugar de crear continuamente otros nuevos. La oradora también pregunta por qué el Gobierno ha tomado posesión del Albergue Genesis para mujeres en crisis, cuando la ONG que la conducía tropezó con dificultades financieras, y luego lo cerró (CEDAW/C/GUY/3 a 6, párr. 3.15, pág. 23).
La Sra. Shin acoge con agrado el fortalecimiento de la Oficina de Asuntos de la Mujer mediante la incorporación del Centro de Documentación y el Instituto de Capacitación, así como la creación de cargos de Oficiales Regionales de Asuntos de la Mujer en las 10 regiones administrativas. Pregunta si hay un plan a largo plazo para fomentar la capacidad de los Oficiales Regionales.
La oradora señala que en su declaración introductoria, la delegación indicó que el más reciente Plan Nacional de Acción abarca de 2005 a 2007, pero en las respuestas de la delegación a la lista de preguntas (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.5, párr. 5) se indica 2006 a 2010, y pregunta por qué se cambiaron las fechas. También pregunta si hubo una evaluación del Plan Nacional de Acción 2000-2004 y si las ONG participaron en ese proceso. Con respecto a los mecanismos nacionales, la oradora pregunta si hay una posible duplicación entre las funciones de la Oficina de Asuntos de la Mujer y las de la nueva Comisión sobre la Mujer y la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Pregunta si ambas entidades tienen funciones complementarias.
La oradora menciona las estadísticas de 2002 sobre el número de mujeres muertas en incidentes de violencia doméstica y pregunta cuántas mujeres han estado a punto de perder la vida a manos de sus esposos en 2003 y 2004 y si se ha enjuiciado a los perpetradores. También desea saber cuántos albergues tiene Guyana para víctimas de violencia doméstica y agradecerá recibir información sobre qué medidas está tomando el Gobierno para abordar la violencia doméstica. El Gobierno no debería depender exclusivamente de las ONG para enfrentar ese problema.
El Sr. Flinterman destaca la importancia del artículo 2 c) de la Convención y acoge con agrado la decisión del Estado parte de velar por que las mujeres aprovechen las medidas de protección vigentes. Abriga la esperanza de que Guyana también pase a ser parte en el Protocolo Facultativo. Aludiendo a la renuencia de las mujeres guyanesas a buscar soluciones jurídicas ante los tribunales civiles, pregunta si el Gobierno tiene la intención de ampliar sus servicios de asistencia jurídica más allá de la Región Administrativa 2. Pregunta cuáles fueron los resultados de la iniciativa del Ministerio de Justicia de establecer una entidad de asistencia jurídica dotada de funcionarios permanentes para ayudar a las mujeres. También pregunta si la nueva Comisión sobre la Mujer y la Igualdad entre Hombres y Mujeres proporciona una alternativa a costosos trámites jurídicos civiles. Por último, pregunta si los miembros de las comisiones y de otras entidades integrantes del mecanismo nacional están completamente familiarizados con las disposiciones de la Convención.
La Sra. Simms , refiriéndose al artículo 6, destaca la importancia de las instituciones financiadas por el Estado en lo que respecta a la protección de la mujer y pregunta, en particular, acerca de las instituciones cuya misión es ayudar a las víctimas de la trata. Señala que la trata de mujeres es un problema de gran magnitud en toda la región del Caribe y pregunta si la prostitución es legal en Guyana. De no serlo, ¿cómo puede el Gobierno estar seguro de llegar a las trabajadoras del sexo para quienes se ofrecen servicios de salud, incluso si ellas son renuentes a poner de manifiesto su ocupación?
Por último, la oradora lamenta profundamente que la actitud de la población con respecto a la orientación sexual obstaculice la adopción de legislación para aplicar disposiciones constitucionales que proscriben toda forma de discriminación, inclusive la discriminación contra la mujer.
La Sra. Popescu solicita información sobre los principales adelantos logrados en virtud del anterior Plan Nacional de Acción 2000-2004, los obstáculos para su aplicación y los futuros objetivos. Pregunta si el actual Plan Nacional de Acción o el anterior tienen disposiciones concretas con respecto a las mujeres afectadas por tensiones raciales o las que viven en comunidades semirrurales remotas. La oradora señala con preocupación que el problema de los estereotipos sólo se aborda mediante la revisión de los libros de texto escolares y exhorta al Estado parte a adoptar medidas a fin de utilizar también los medios de difusión. Por último, dice que los diversos programas y proyectos enumerados en el informe en relación con el artículo 4 no son realmente medidas especiales transitorias y, al respecto, remite el Estado parte a la Recomendación general No. 25 del Comité, relativa al artículo 4, párrafo 1, de la Convención, sobre medidas especiales transitorias.
El Sr. Flintermas dice que, de conformidad con el artículo 2 c) de la Convención, los Estados partes están obligados a adoptar medidas para establecer protecciones jurídicas de los derechos de la mujer en condiciones igualitarias con los hombres y velar por la efectiva protección de las mujeres contra todo acto de discriminación. Al respecto, el orador destaca la importancia de aplicar localmente medidas correctivas eficaces y expresa la esperanza de que Guyana ratifique el Protocolo Facultativo, a fin de proporcionar a las mujeres la oportunidad de interponer recursos a nivel internacional. Con todo, algunas mujeres son renuentes a plantear su caso ante los tribunales civiles y, al respecto, agradecerá se suministre información adicional sobre las actividades del servicio de difusión jurídica en la Región 2. También desea saber si el Gobierno tiene la intención de llevar este servicio a las demás regiones y si el Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social ha adoptado medidas sobre la propuesta de establecer un órgano de asistencia jurídica.
Dado que las actuaciones civiles suelen ser muy onerosas, destaca la necesidad de ofrecer servicios jurídicos de bajo costo en relación con problemas de poca magnitud y pregunta si la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad entre Hombres y Mujeres tiene la intención de ofrecer esos servicios. El orador también desea saber si los miembros de esa Comisión están familiarizados con las disposiciones de la Convención.
La Sra. Simms dice que los Estados partes están obligados a establecer y financiar instituciones de asistencia a las víctimas de violencia doméstica y no deben depender de las ONG. Con referencia al artículo 6 de la Convención, dice que la trata de mujeres es un grave problema en toda la región del Caribe y pregunta si el Gobierno guyanés está adoptando medidas concretas para abordar dicho problema. La oradora también desea saber si la prostitución es legal en Guyana. De lo contrario, ¿cómo pueden estar seguras las autoridades de ofrecer a las prostitutas adecuados servicios de atención de la salud?
Por último, según el informe, el Presidente de Guyana aún no ha promulgado la ley que incorporaría en la Constitución el derecho integral a la no discriminación, debido a que algunas secciones de la sociedad expresaron preocupación acerca de la discriminación sobre la base de la orientación sexual. La oradora pregunta cómo se propone el Gobierno abordar esa situación.
La Sra. Popescu señala que, desde su adhesión a la Convención, Guyana ha formulado y aplicado varios planes nacionales de acción para la mujer. La oradora desearía conocer las opiniones del Gobierno sobre el resultado del plan más reciente, en particular sus principales éxitos y los mayores obstáculos con que ha tropezado. La oradora pregunta si el plan más reciente contiene medidas encaminadas a mitigar los efectos de las tensiones raciales sobre la mujer y a llegar hasta las mujeres vulnerables que viven en comunidades semirrurales remotas.
Preocupa a la oradora la persistencia de estereotipos de género y, al respecto, exhorta al Gobierno de Guyana a considerar la posibilidad de utilizar los medios de difusión para influir sobre las actitudes. Por último, las medidas especiales de bienestar introducidas por el Gobierno no son, estrictamente, medidas especiales transitorias dentro de la acepción del artículo 4 de la Convención. Al respecto, la oradora remite la delegación a la Recomendación general No. 25.
La Sra. Arocha Domínguez dice que todos los Estados del Caribe, en particular los que son miembros del Commonwealth, han adoptado medidas para establecer mecanismos nacionales eficaces que promueven el adelanto de la mujer. No obstante, no suele haber vínculos entre esos mecanismos y otros ministerios gubernamentales pertinentes. Por ende, la oradora agradecería recibir información adicional acerca de la estructura y las funciones del Comité Interministerial. Según las respuestas a la lista de temas y preguntas, ese Comité presta asistencia técnica a la Oficina de Asuntos de la Mujer; entonces, cabe preguntar: ¿son sus miembros meramente expertos técnicos o están facultados para adoptar decisiones que pueden influir realmente sobre las políticas? La oradora también pregunta cuál es exactamente el papel de la Oficina de Asuntos de la Mujer y solicita mayor información acerca de la manera en que el Gobierno maneja las estadísticas, habida cuenta de las medidas adoptadas en todo el Caribe para aprovechar mejor los datos desagregados por género.
La Sra. Patten dice que las medidas indicadas en las páginas 23 a 25 del informe no encuadran en la acepción de medidas especiales transitorias según el artículo 4 de la Convención y, al respecto, señala a la atención de la delegación la Recomendación general No. 25.
La oradora recuerda que la Recomendación general No. 19 establece claramente la obligación de los Estados partes de erradicar la violencia doméstica. Si bien el informe indica que se ha emprendido una iniciativa para detectar las lagunas en la Ley sobre violencia doméstica, la oradora pregunta si el Gobierno realmente prevé la aprobación de leyes más eficaces. Dado que el número de denuncias contra perpetradores de abuso en Guyana es insignificante, la oradora pregunta qué medidas se han adoptado para velar por que las víctimas tengan acceso a recursos eficaces, inclusive asistencia jurídica de bajo costo, de modo que dichas víctimas puedan denunciar los incidentes sin correr riesgo. Además, la oradora desea saber qué medidas se han aplicado para crear conciencia sobre el problema en el personal encargado de la aplicación de la ley, los miembros del Poder Judicial, los médicos y los trabajadores sociales, entre otros.
La Sra. Shadick (Guyana) reconoce que la estructura de los mecanismos nacionales de Guyana para el adelanto de la mujer podría parecer confusa. El Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social es la principal entidad que se ocupa del adelanto de la mujer y su principal organismo es la Oficina de Asuntos de la Mujer. El Gobierno está en las etapas finales del proceso de designación de los miembros de la nueva Comisión sobre la Mujer y la Igualdad entre los Géneros, órgano constitucional responsable de proteger y promover los derechos de la mujer y remitir a los órganos competentes las denuncias relativas a la igualdad entre los géneros. El Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social ya estableció una oficina separada, que ha de coordinar su propia labor con la de esa Comisión.
En el plano regional, cada una de las 10 regiones administrativas está gobernada por un Consejo Democrático Regional y cada Consejo cuenta con un Comité Regional de Asuntos de la Mujer integrado por consejeros y miembros de la sociedad civil. Se designa a un miembro de ese Comité para que se desempeñe a jornada completa como Oficial Regional de Asuntos de la Mujer, encargado del enlace con la Oficina de Asuntos de la Mujer a nivel central. El Gobierno está elaborando planes a largo plazo con el propósito de fortalecer la labor de los órganos regionales encargados de promover los derechos de la mujer y, de ser necesario, podría disponer la contratación de más personal.
Con respecto al albergue para la mujer, fue establecido por el Gobierno y luego pasó a manos de Help and Shelter, una ONG. Sin embargo, en 2004, tras una serie de crisis de financiación, el Gobierno decidió ejercer mayor control financiero sobre la conducción del albergue y solicitó a Help and Shelter que presentara sus cuentas. Seguidamente, hace muy poco el Gabinete decidió asignar suficientes fondos para que el albergue siga abierto durante otro año y el Gobierno tiene la intención de aportar los fondos necesarios para que funcione continuamente. Se reabrirá un criadero de pollos en el recinto del albergue, con miras a generar ingresos adicionales.
En relación con la violencia contra la mujer, la oradora dice que en 2003 y 2004 aumentó el número de mujeres que perdieron la vida como resultado de la violencia doméstica; pero destaca que los perpetradores de esos actos de violencia no siempre son los esposos y que a veces los hombres también son víctimas de violencia doméstica. Todos los responsables de defunciones de mujeres fueron enjuiciados y, en muchos casos, los perpetradores se entregaron a las autoridades. Lamentablemente, los trámites jurídicos en Guyana son extremadamente prolongados y algunas víctimas de delitos violentos, particularmente violación, pierden la voluntad de dar testimonio antes de que se convoquen las audiencias de su caso. El Gobierno tiene escaso control respecto de ese problema, dado que el proceso judicial es ajeno a la incumbencia del Poder Ejecutivo. No obstante, aún siguen ofreciéndose servicios de asistencia jurídica en la Región 2 para alentar a las mujeres a buscar soluciones por vía jurídica cuando se conculcan sus derechos; además, el Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social ha designado un oficial jurídico a jornada completa, quien se encarga de las denuncias procedentes de las regiones. Después de algunos tropiezos, la clínica de asistencia jurídica en Georgetown está funcionando nuevamente y se ha preparado una lista de abogados dispuestos a prestar servicios a bajo costo.
En Guyana, las mujeres víctimas de sevicias tienen acceso a dos albergues, ambos administrados por ONG, y el Gobierno también ofrece a las víctimas de violencia doméstica alojamiento alternativo a corto plazo. Si bien los miembros de la familia ampliada de la víctima suelen ofrecerse a atenderla, es preciso que las autoridades adopten medidas más amplias para dotar a los albergues de los recursos necesarios. En relación con el mismo tema, el Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social está celebrando conversaciones con el Ministerio de Salud acerca del establecimiento de un centro que atienda a huérfanos y otras personas afectadas por la epidemia de VIH/SIDA.
En respuesta a las preguntas formuladas por la Sra. Simms, la oradora dice que en Guyana se considera que la trata y la prostitución son cuestiones conexas. Si bien la prostitución sigue siendo ilegal, se está debatiendo públicamente la cuestión de su legalización. El Gobierno está adoptando medidas para velar por que las prostitutas tengan acceso a servicios de atención de la salud y también las asesora sobre modalidades alternativas de empleo.
Con respecto a la enmienda constitucional adoptada sobre la orientación sexual, la oradora dice que la Asamblea Nacional ha revisado y anulado la disposición cuestionable. A menudo, durante las campañas electorales los políticos intensifican las tensiones raciales en Guyana; en otras épocas, los guyaneses conviven tranquilamente en sus comunidades. Los Ministerios están tratando de coordinar sus actividades en las zonas aisladas enviando, por ejemplo, un helicóptero con varios propósitos, en lugar de hacer un viaje para cada propósito.
El Comité Interministerial está integrado por altos funcionarios de los Ministerios y se reúne para debatir, entre otras cosas, los programas de la Oficina de Asuntos de la Mujer y sus efectos sobre la labor de los demás Ministerios. Además, los Secretarios Permanentes de los Ministerios de Salud, de Educación y de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social, se reúnen regularmente, en algunas ocasiones una vez por semana, para debatir cuestiones relativas a esos tres Ministerios. La Oficina de Asuntos de la Mujer carece de expertos técnicos, pero cuando es necesario, puede consultar al Instituto de Liderazgo de la Mujer de Guyana, que cuenta con una junta de expertos capaces de brindar asistencia técnica. La oradora dice que tratará de recopilar datos de población correctamente desagregados y proporcionarlos al Comité.
Las reuniones para crear conciencia sobre la violencia doméstica se celebran con mayor frecuencia y ahora la policía recibe capacitación obligatoria acerca de las disposiciones de la Ley sobre violencia doméstica. Cada comisaría de policía cuenta con un oficial responsable de los casos de violencia doméstica y esas comisarías, en su mayoría, mantienen registros separados de esos casos. También se imparte capacitación a otros trabajadores que se ocupan de violencia doméstica y cuya función es establecer enlace entre la policía y las víctimas, y prestar asistencia a las víctimas.
La Sra. Tavares da Silva dice que las medidas descritas en el informe son, en efecto, medidas especiales de bienestar y no medidas especiales transitorias, cuyo propósito es acelerar el logro de la igualdad. Por ejemplo, el informe indica que ha mejorado la proporción de mujeres en altos cargos, pero que Guyana carece de un plan oficial para promover dicha mejora. No basta con aguardar que transcurra el tiempo y tener paciencia.
La Sra. Morval observa que Guyana tiene riqueza en recursos como oro y diamantes, pero la mitad de su población vive en terrible pobreza. La oradora pregunta quién controla la extracción de aquellos recursos y las correspondientes utilidades. La oradora también desearía saber cuál es la función de la Junta Guyanesa del Oro, quiénes son sus miembros, si hay mujeres entre los miembros de esa Junta, qué procedimientos hay para supervisar las utilidades producidas por el oro y si las mujeres se benefician con el oro.
La oradora también desearía saber en qué medida las mujeres participan en la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Trata el Gobierno de lograr la participación de las mujeres mediante, por ejemplo, contactos con los grupos de mujeres? La oradora también pregunta si hay en los Ministerios coordinadores de asuntos de género y en qué medida la Oficina de Asuntos de la Mujer participa en el proceso de desarrollo. El informe sugiere que las mujeres participan sólo en las cuestiones de desarrollo que les atañen directamente, pero a juicio del Comité, las mujeres deberían desempeñar un activo papel en la conformación de su país y su sociedad.
La Sra. Khan señala que las mujeres guyanesas, en su mayoría, estudian ciencias sociales y que hay una alta tasa de abandono en la escuela secundaria y pregunta si se están adoptando medidas para mejorar los currículos escolares y si se han analizado las razones por las que las niñas abandonan la escuela. En su declaración inicial, la delegación utilizó la palabra “equidad” en lugar de la palabra “igualdad”. “Equidad” denota trato imparcial y justicia pero no es un enfoque basado en los derechos. El Gobierno guyanés debería basar su política en el artículo 1 de la Convención.
Asimismo, sería útil capacitar no sólo a los oficiales de policía sino también a los jueces y a otros funcionarios en los términos de la Convención y, en particular, en la noción de igualdad sustantiva. Por último, la oradora pregunta si en Guyana se hablan otros idiomas distintos del inglés, si se ha traducido la Convención a esos otros idiomas, y cuál fue el papel de la Oficina de Asuntos de la Mujer en cuanto a difundir la Convención en todos los idiomas.
La Sra. Zou Xiaoqiao dice que para eliminar la discriminación y lograr una plena igualdad no sólo se requiere contar con legislación, sino también aplicarla. Al respecto, la oradora desearía saber qué medidas se están adoptando para subsanar la falta de recursos para aplicar las leyes y el desinterés de los guyaneses en cuestiones de género, dos obstáculos citados en el informe. Además, desearía saber por qué la delegación de Guyana empleó la palabra “equidad” en lugar de “igualdad”. La oradora pregunta cuáles son las mayores dificultades con que tropieza la Oficina de Asuntos de la Mujer y si los demás Ministerios tienen oficinas para asuntos de la mujer.
La Sra. Schopp-Schilling señala que Guyana está preparando informes bienales en lugar de cuadrienales y pregunta por qué los informes son presentados tarde y por qué el informe actual combina varios informes. Señala que en este informe hay evaluaciones francas de la situación en Guyana y menciona las recomendaciones formuladas al Gobierno; al respecto, desearía saber si el Gabinete de Ministros de Guyana examinó el informe presentado al Comité y consideró las recomendaciones que éste contiene.
La sección del informe dedicada a las campesinas proporciona una descripción general de la política social que no parece estar centrada en la mujer. La oradora desearía saber cuál es la focalización en la mujer y si se han asignado fondos presupuestarios a asuntos de la mujer. Además, pregunta si la carga de la deuda externa afecta desproporcionadamente a las mujeres y si Guyana, al preparar su presupuesto, utilizó un enfoque basado en las cuestiones de género. Ése es el tipo de información que debería incluirse en el informe: el Comité desea determinar los efectos de la discriminación no intencional, así como los de la discriminación intencional.
La Sra. Bokpe-Gnacadja desearía obtener detalles acerca de la composición y el propósito de los diversos órganos que integran los mecanismos nacionales para los derechos de la mujer y, en particular, si hay confusión acerca de a cuál órgano incumbe determinada función, cómo están coordinadas las diferentes dependencias y quién es responsable de la coordinación, si hay duplicación de funciones entre diferentes órganos, si las tareas se han dispersado entre los órganos, y qué se ha hecho para garantizar la visibilidad. El informe indica que no se han aprobado nuevas leyes para prohibir la discriminación y en la respuesta a la pregunta 8 de la lista de cuestiones se menciona que continúan los estudios acerca de un equipo nacional de tareas sobre la violencia; agradecería recibir más información sobre esas cuestiones.
La Sra. Šimonović desearía saber si las disposiciones de la Convención se han incorporado en la Constitución, si la Convención es aplicable directamente, si tiene el mismo estatuto que la legislación nacional, y si puede ser invocada ante los tribunales. La oradora también desearía saber si Guyana incorporó en sus políticas relativas a la mujer las observaciones finales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
La Presidenta , hablando a título personal, pregunta si se ha establecido un plan de acción a largo plazo para combatir prácticas nocivas como la violencia sexual contra mujeres y niñas y señala que ese plan podría ser útil para la creación del equipo nacional de tareas sobre la violencia contra la mujer. Es sumamente importante vigilar la eficacia de planes y estrategias, a fin de proteger a las mujeres y las niñas contra el abuso sexual, la violencia doméstica y el incesto. La oradora sugiere que Guyana establezca un diálogo con otros países de América del Sur y el Caribe relativo a las experiencias en establecer leyes que prohiban la violencia contra la mujer.
La Sra. Shadick (Guyana) dice que “equidad” significa acceso equitativo a recursos, beneficios, tribunales y cuestiones similares. “Igualdad” se refiere a la participación igualitaria. Guyana llegó a una etapa en que la proporción de mujeres integrantes de órganos ejecutivos nacionales es de un tercio o la mitad. No obstante, esas mujeres miembros de órganos ejecutivos cuando hablan no abordan cuestiones de interés para la mujer. La igualdad de trato no toma en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, que deben satisfacerse antes de que éstas puedan participar eficazmente. Por ejemplo, las mujeres que recurren a los tribunales no deberían estar obligadas a aguardar días enteros a que se resuelvan otros casos, puesto que esto podría ser una experiencia intimidatoria y menoscabar su disposición a hablar.
La oradora ocupa a partir de 2001 el cargo de Ministra de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social y desde entonces trata de subsanar el retraso en el trámite de los informes; piensa que lo ha logrado en gran medida. La oradora tiene agrado en tomar conocimiento de que los informes deben presentarse cada cuatro años; ella es responsable del malentendido con respecto a la frecuencia. Los redactores del informe presentaron el texto semifinal a un importante foro de ONG y otras organizaciones interesadas en la mujer e incorporaron las observaciones de ese foro en el informe final, que seguidamente se sometió a consideración del Gabinete.
Sobre la base de una de sus recomendaciones, se ha establecido un Fondo especial para prestar asistencia a las mujeres que viven en zonas semirrurales remotas. Las mujeres, y las mujeres jefas de familia, constituyen la mayoría de los pobres, no porque no tengan posibilidad de obtener ingresos, sino porque suelen tener muchos hijos que atender. El Gobierno ofrece asistencia de muchas maneras, inclusive la provisión de suministros escolares y de salud. Es importante prestar apoyo a las mujeres sin referirse específicamente a ellas, debido a que los hombres tienden a ser reacios a la idea de acordar un trato privilegiado a las mujeres, y esto puede generar violencia.
Si bien Guyana posee muchos recursos naturales, inclusive oro y diamantes, carece de medios de explotarlos y en consecuencia, las concesiones para la explotación se otorgan a grandes compañías extranjeras, a cambio de regalías de poca monta. Además, otras fuentes tradicionales de ingresos, como bauxita, azúcar y arroz, resultaron perjudicadas por la baja en los precios de productos básicos. Los ingresos recibidos se agotaron rápidamente al pagar la deuda exterior del país, incluso después de iniciativas de cancelación de la deuda. Además, el Gobierno tiene grandes gastos de reparación de infraestructuras en ruinas y, debido a las continuas inundaciones costeras, debe construir reparos contra el avance del agua y prestar asistencia a las poblaciones afectadas. Cabe señalar que en las acciones de socorro cuando hay inundaciones, se presta especial atención a las mujeres, puesto que las madres tienen el más importante papel en la recuperación de sus familias.
En respuesta a otras preguntas, la oradora dice que el Gobierno estableció un equipo nacional de tareas sobre violencia por motivos de género. La Comisión Constitucional es esencialmente un órgano de vigilancia, pero tiene considerable autoridad. La oradora participó en las reuniones de la Comisión Interamericana de la Mujer, de la Organización de los Estados Americanos, que inició un estudio sobre países caribeños en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones. Guyana comparte sus planes y experiencias para combatir la trata de personas y adopta medidas respecto de la emigración de maestros y enfermeras. El Consejo de la Comunidad del Caribe para el Desarrollo Humano y Social también realiza actividades al respecto. El proyecto iniciado en 2003 sobre “Niños y violencia” produjo un informe, promovió la conciencia pública y está creando una base nacional de datos para encontrar a los niños víctimas de abuso.
La Sra. Gaspard dice que es necesario involucrar a los hombres en la lucha por lograr la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, solicitando que haya hombres como miembros de las delegaciones. Pregunta si el reciente aumento en el número de mujeres parlamentarias es resultado de una cuota establecida por ley; de ser así, desea recibir más información al respecto. Finalmente, pregunta si las leyes de naturalización de Guyana son igualitarias para hombres y mujeres.
La Sra. Belmihoub-Zerdani señala que la deuda de Guyana, de 1.500 millones de dólares en un país con sólo 777.125 habitantes, representa una enorme carga económica y obstaculiza el progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres. En el mundo en desarrollo, tanto los hombres como las mujeres deben luchar por la mitigación de la deuda. Las mujeres diputadas deben adoptar posiciones activas sobre la mitigación de la deuda durante los debates parlamentarios y, si sus partidos políticos les fallan, esas representantes deben formar asociaciones, como la constituida en Costa Rica. La oradora desea saber cuántas mujeres amerindias son miembros del Parlamento y si se las incluyó expresamente en un sistema de cuotas. Finalmente, pregunta qué hicieron los hombres y mujeres de Guyana para obtener la mitigación de la deuda.
La Sra. Shadick (Guyana) explica que algunas circunstancias inesperadas y las limitaciones financieras impidieron que hubiera hombres en la delegación, pero que varios hombres participan en su labor. Con respecto a las cuotas, la Constitución requiere que una tercera parte de las listas partidistas para elecciones parlamentarias esté constituida por mujeres, de manera que actualmente, un 30,7% de los parlamentarios son mujeres. De las 65 parlamentarias, tres son mujeres amerindias, así como la Ministra de Asuntos Amerindios. La legislación sobre naturalización otorga la nacionalidad guyanesa a cónyuges nacidos en el extranjero, hombres y mujeres por igual, y a los hijos de esos matrimonios. La deuda externa del país es actualmente de 1.100 millones de dólares y un 20% del presupuesto nacional se destina al pago de la deuda. El Presidente de Guyana es un economista que presta gran atención a la situación financiera y económica del Estado y despliega grandes esfuerzos por negociar la cancelación de la deuda. Los recursos así liberados se destinarán a servicios sociales.
La Sra. Popescu señala que, según el informe de Guyana, hay disparidades de género en la educación secundaria y las universidades. Pregunta cuál es la tasa de analfabetismo, en particular entre las mujeres; qué medidas se adoptan para que las madres adolescentes sigan asistiendo a la escuela; y cuáles son las medidas para alentar a las jóvenes a optar por estudios en ciencia y tecnología, tema dominado por los hombres.
La Sra. Patten manifiesta su preocupación por la ausencia de datos sobre discriminación en el empleo, cosa que obstaculiza la evaluación de la eficacia de las leyes pertinentes, como la Ley de 1997 sobre prevención de la discriminación. Pregunta si existe algún mecanismo para vigilar el cumplimiento de esas leyes y también cuál es la naturaleza de las inspecciones laborales y cuáles son las sanciones en casos de incumplimiento. Además, pregunta si el Poder Judicial está familiarizado con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en particular sus disposiciones relativas a las leyes laborales, y si hay tribunales laborales especiales. La oradora pregunta qué medidas se han adoptado para facilitar el acceso de las mujeres al sistema judicial y también si las mujeres que padecen discriminación debido al embarazo tienen otros recursos, además del defensor público (ombudsman). Pregunta si hay leyes contra la discriminación por motivos de género en el empleo y cuál es la situación de la licencia obligatoria por maternidad, según lo estipulado en el párrafo 2 b) del artículo 11 de la Convención, así como cuáles son las medidas gubernamentales para abordar la situación. La oradora desea saber qué medidas se adoptarán para incorporar la perspectiva de género en respuesta a la difícil situación del empleo y las condiciones de trabajo, que afectan desproporcionadamente a las mujeres.
La Sra. Zou Xiaoqiao pregunta qué medidas concretas relativas a la mujer se han adoptado en respuesta a las altas tasas de desempleo que la afectan.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.