42° período de sesiones
Acta resumida de la 853ª sesión
Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el martes 21 de octubre de 2008, a las 15.00 horas
President a :Sra. Simms (Vicepresidenta)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos quinto y sexto combinados de Bélgica (continuación)
En ausencia de la Sra. Šimonović (Presidenta), la Sra. Simms (Vicepresidenta) ocupa la Presidencia.
Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos quinto y sexto combinados de Bélgica (continuación) (CEDAW/C/BEL/6; CEDAW/C/BEL/Q/6 y Add.1)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de Bélgica toman asiento a la mesa del Comité.
Artículos 1 a 6 (continuación)
La Presidenta invita a la delegación a responder a las preguntas formuladas en la sesión anterior.
La Sra. Fastre (Bélgica), en respuesta a una pregunta sobre integración, dice que, en Bélgica, las mujeres migrantes pueden recibir asistencia judicial por conducto del Instituto pro Igualdad de las Mujeres y los Hombres y del Centro pro Igualdad de Oportunidades y de Lucha contra el Racismo. Dos grupos de trabajo del Centro se encargan de las cuestiones relativas a los símbolos religiosos contra los musulmanes y a la xenofobia, respectivamente, pero su labor no resulta muy visible ya que a menudo las controversias se solucionan gracias a la mediación y no a través de actuaciones judiciales.
El Sr. Peeters (Bélgica), dice que las autoridades de la Región Valona asignan gran importancia a la integración de las mujeres migrantes en el mercado de trabajo. A tal fin, han puesto en marcha programas de actualización de conocimientos y han presentado aproximadamente 150 iniciativas encaminadas a preparar a la mujer, a su propio ritmo, para una vida profesional. También se apoyan y financian un programa de alfabetización en francés y actividades culturales en beneficio de las mujeres, antes de su matriculación en programas estructurados de capacitación.
La Sra. Adriaenssens (Bélgica) dice que las iniciativas que ha puesto en marcha la Comunidad Francesa para integrar a las personas extranjeras o de origen extranjero se centran en la inserción profesional y la no discriminación. Se están adoptando medidas para mejorar las condiciones de las comunidades compuestas por una mayoría de inmigrantes, aun cuando los instrumentos normativos elaborados para abordar la exclusión, la cohesión social y la mejora de los barrios no se centran específicamente en las personas de origen extranjero. La política de integración para toda la Comunidad Francesa se basa en el principio de la igualdad de oportunidades y se aplica por conducto de medidas encaminadas a beneficiar a las escuelas que atienden a los grupos desfavorecidos, incluidos los migrantes de segunda y tercera generación. Con un presupuesto anual de 3 millones de euros, los programas fomentan la promoción social prestando apoyo escolar, ofreciendo orientación especial y clases de idioma para los recién llegados, otorgando subsidios a las asociaciones de migrantes y sensibilizando la opinión sobre las responsabilidades derivadas de la ciudadanía.
La Comisión Comunitaria Francesa de la Región de Bruselas-Capital financia también asociaciones de migrantes y establece contactos con las comunidades vulnerables de Bruselas. Su labor abarca los ámbitos de competencia de la Comunidad Francesa en general, pero incluye también componentes relativos a la vivienda, la alfabetización, los conocimientos informáticos y cuestiones sociales más generales, como el envejecimiento y la igualdad entre los géneros. La política que rige en la Región de Bruselas-Capital de habla francesa se basa en un compromiso con la cohesión social, el bienestar social, económico y cultural y la integración profesional de todos los migrantes dentro del marco de la igualdad de oportunidades.
La Sra. Franken (Bélgica) dice que el Gobierno flamenco aprobó varios decretos sobre política migratoria que se centran en la igualdad. Mediante un decreto sobre la participación de los migrantes en la sociedad flamenca, aprobado en febrero de 2003, se estableció la cooperación entre los departamentos de educación, empleo y asuntos internos de las autoridades flamencas. Se está aplicando en dos etapas: se ofrece a los nuevos ciudadanos de toda edad la enseñanza gratuita del idioma holandés y, más tarde, se les presta apoyo para que se integren en las escuelas y el mercado de trabajo. Los hombres y las mujeres migrantes participan en la misma medida en los proyectos de integración coordinados por diversos departamentos de las autoridades flamencas y la federación de las organizaciones no gubernamentales que representan a los diversos grupos étnicos en Flandes.
La Sra. Grisard (Bélgica) explica el proceso por el que los tratados internacionales son de aplicación directa y dice que la Convención se ha incorporado plenamente en el orden jurídico nacional. Sin embargo, no existe jurisprudencia belga sobre la aplicación directa de la Convención. Los magistrados belgas tienen la libertad de decidir su aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta las disposiciones específicas invocadas. El concepto de aplicación directa no rige para el Protocolo Facultativo debido al requisito de que se agoten todos los recursos nacionales antes de presentar una denuncia ante el Comité.
Las medidas adoptadas por el Gobierno para establecer una institución nacional de derechos humanos se detallaron en la respuesta a la pregunta 7 de la lista de cuestiones y preguntas (CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1), en que se menciona la aportación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y las organizaciones no gubernamentales. Bélgica ya ha establecido otras instituciones de derechos humanos, como el Instituto pro Igualdad de las Mujeres y los Hombres, el Centro pro Igualdad de Oportunidades y de Lucha contra el Racismo y la Comisión Nacional de Derechos del Niño.
El Sr. Gazan (Bélgica) dice que, si bien no existen estadísticas específicas al respecto, es razonable suponer que ha habido varios casos de trata en los que participaron belgas en el extranjero. En 2004, en Bélgica, se identificó a 22 menores como víctimas de trata; en 2005 a 7 y en 2006 a 14. En 2005, de las víctimas a las que se otorgó protección en Bélgica, 12 provenían de Rumania, 11 de Polonia y 10 de Bulgaria.
En relación con un comentario anterior que señaló que en la legislación belga se considera al abuso sexual como un delito que atenta contra la moral en lugar de un delito violento contra la persona, un proyecto de enmienda de 2005 que tipificaba el abuso sexual como delito no prosperó debido a manifiestas complicaciones de procedimiento. Sin embargo, en 2007, tras una evaluación de las leyes relacionadas con la moral, la cuestión se planteó nuevamente y es probable que el tema vuelva a examinarse pronto. Respondiendo a una pregunta sobre el alcance de la labor del Gobierno con entidades comunitarias y regionales en materia de violencia doméstica, el orador dice que los magistrados deben, por lo menos una vez por año, celebrar consultas con los consejos de distrito sobre las políticas que rigen el tratamiento de las víctimas.
La Sra. Grisard (Bélgica) dice que la cooperación entre Bélgica y los países de origen de las víctimas de la trata se rige por tratados multilaterales y bilaterales sobre extradición y cooperación mutua. En ese contexto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos sobre la trata y el contrabando de personas son también pertinentes.
Artículos 7 a 9
La Sra. Belmihoub-Zerdani dice que es muy encomiable que, a pesar de su compleja estructura política, Bélgica haya sido uno de los pocos países que adoptó leyes sobre la paridad. Sin embargo, expresa su sorpresa de que el Gobierno se haya mostrado renuente a aplicarlas. A nivel normativo, Bélgica cuenta con todos los elementos necesarios en sus leyes y Constitución que son compatibles con la Convención, pero no ha logrado alcanzar la plena igualdad a nivel federal, comunitario o regional. Por lo tanto, insta al Gobierno a que armonice sus prácticas con las disposiciones de la legislación existente, la Constitución y los instrumentos internacionales que ha ratificado.
Alienta también a Bélgica a aceptar la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, que permitiría al Comité realizar su labor de forma oportuna.
La Sra. Tavares da Silva pregunta cuál es la razón por la que han fracasado las medidas adoptadas para aumentar la proporción de mujeres en el servicio exterior de Bélgica. Está interesada en conocer los resultados del estudio realizado sobre el género y la diplomacia, y pide a la delegación que explique los criterios de contratación de diplomáticos. El hecho de que los representantes del Gobierno flamenco en el exterior sean principalmente hombres no se ajusta al requisito de Bélgica de que sus asociados para el desarrollo incorporen la perspectiva de género como una cuestión intersectorial.
Artículos 10 a 13
La Sra. Ar r ocha Domínguez dice que no ha entendido bien en qué medida Bélgica ha cumplido sus obligaciones en relación con el artículo 11 de la Convención. Si bien en el informe (CEDAW/C/BEL/6) se presentó mucha información sobre fondos, programas y medidas, se observan numerosas lagunas en los datos e indicadores proporcionados. El Comité no puede evaluar claramente los progresos realizados desde 2002, cuando Bélgica presentó su informe anterior (CEDAW/C/BEL/3-4).
La Presidenta, hablando en calidad de miembro del Comité, dice que sería útil recibir información y datos estadísticos sobre el resultado de los programas de educación emprendidos a nivel federal y comunitario en beneficio de las niñas y las minorías. Respecto de la cuestión de los pañuelos y los velos, entiende que el principio de neutralidad en la educación entraña la prohibición de todos los símbolos religiosos en la indumentaria escolar.
La Sra. Fastre (Bélgica) dice que tras la aprobación de las leyes sobre paridad en 2002, el aumento inmediato de la participación de la mujer en la vida política ha sido evidente. Si bien no se ha alcanzado la plena paridad, el porcentaje de mujeres candidatas en las elecciones federales, regionales y europeas ha aumentado del 20% a más del 35%. Asegura al Comité que actualmente se están realizando esfuerzos para alentar a las mujeres calificadas a presentarse como candidatas a cargos públicos.
Ocurre a menudo que una menor cantidad de mujeres que de hombres se presenten para ocupar cargos en el servicio diplomático debido a que los compromisos familiares les impiden dedicar el tiempo necesario para preparar los exámenes de ingreso del Ministerio de Relaciones Exteriores, y pocos hombres están dispuestos a seguir a sus esposas al exterior. Espera que los recientes cambios en la estructura de esos exámenes coloquen a mujeres y hombres en pie de igualdad.
La Sra. Franken (Bélgica) dice que, en las elecciones locales de 2006, las leyes de paridad dieron resultados positivos ya que la proporción de alcaldesas aumentó del 7% al 9% y su representación en los concejos municipales aumentó del 27% al 34%.
Actualmente, no hay mujeres que se desempeñen como diplomáticas de alto nivel en el Gobierno flamenco, pero las perspectivas son alentadoras. En 2005, la proporción de mujeres académicamente calificadas que ocupan cargos de alto nivel del Gobierno flamenco aumentó del 25% al 38%. Se espera que paulatinamente las mujeres ocupen cargos de nivel más alto, y esa tendencia se reflejará sin duda en el número de mujeres en el servicio diplomático.
Reconociendo la necesidad de alentar a la mujer a emprender carreras que las habiliten a ocupar cargos directivos, el Ministro Flamenco de Movilidad, Economía Social e Igualdad de Oportunidades tiene previsto establecer un equipo para estudiar las diferencias relacionadas con el género en las carreras y los salarios. Se han iniciado diversos proyectos de investigación para determinar las causas por las que las mujeres no se presentan como candidatas para ocupar cargos de alto nivel e identificar los obstáculos que encuentran para desarrollar sus carreras en el ámbito del gobierno.
La Sra. Adriaenssens (Bélgica) dice que resulta difícil reunir estadísticas sobre la identidad étnica de los hijos de inmigrantes de segunda o tercera generación que son ciudadanos belgas. Las personas extranjeras que residen en Bélgica provienen principalmente de Francia, Marruecos, Turquía, la República Democrática del Congo y los Estados miembros de la Unión Europea.
Las niñas suelen tener más éxito que los varones en el cumplimiento de las metas educacionales y superan en un 6% la matriculación de los varones en la educación superior. Entre 2002 y 2003, el 47% de las niñas que obtuvieron el certificado de educación general accedió a la educación universitaria y el 10% a los estudios de postrado.
En Bélgica, los libros de texto no describen a la mujer en su tradicional función relacionada con los quehaceres domésticos; su descripción estereotipada es más sutil y puede detectarse mediante instrumentos cuantitativos. Si bien la gama de profesiones en que se muestra a hombres y mujeres es más diversa que en el pasado, en los libros de texto se tiende a perpetuar la imagen de la mujer en las funciones tradicionalmente “femeninas” y a presentarla como débil y vulnerable. Sin embargo, prácticamente todos los libros de texto de los Estados miembros de la Unión Europea tienen ese tipo de estereotipos. Bélgica ha comenzado a supervisar cuidadosamente el contenido de los libros de texto de acuerdo con criterios más estrictos, con el propósito de eliminar los estereotipos de género. Ese proceso revela que los estereotipos sexistas son ahora más insidiosos. Se ha elaborado un manual para ayudar a los inspectores y maestros a identificar los estereotipos.
La Sra. Fastre (Bélgica) dice que el objetivo de cerrar la brecha de salarios entre hombres y mujeres ha sido siempre una prioridad del Gobierno. Un informe estadístico que incluye información sobre diferencias salariales en los sectores público y privado, que se publica anualmente con la participación del Instituto Nacional de Estadísticas (Statistics Belgium), el Departamento Federal de Trabajo y el Instituto pro Igualdad de las Mujeres y los Hombres, ha pasado a ser un valioso instrumento para los encargados de formular políticas. En general, se reconoce que aun cuando algunos aspectos de la diferencia salarial resulten difíciles de captar, los interesados deben adoptar una amplia gama de medidas en todos los frentes.
El Sr. Vanthuyne (Bélgica), respondiendo a las preguntas formuladas en relación con el artículo 11, dice que entre 2004 y 2007, el desempleo disminuyó un 0,8% entre los hombres y un 1,1% entre las mujeres. La tasa de empleo para el mismo período aumentó un 1,4% para los hombres y un 3,5% para las mujeres.
Reconoce que la tasa de empleo a tiempo parcial es más elevada para la mujer (43%) que para el hombre (8%). Sin embargo, esos resultados deben analizarse en un contexto más amplio y matizado. La tasa de empleo a tiempo parcial involuntario de las mujeres de Bélgica en 2003 —el 16,5%— se ajustó al promedio europeo del 16,1%. En 2007, esa tasa disminuyó al 13,6% en Bélgica, mientras que la tasa correspondiente para el resto de Europa aumentó al 20,2%. Una comparación del número de horas semanales de trabajo a tiempo parcial revela que las mujeres belgas trabajan más —aproximadamente 24 horas— que sus contrapartes de otros Estados miembros de la Unión Europea, que trabajan un promedio de 20 horas semanales.
El último estudio a fondo realizado en 2005 en que se utilizó la metodología clásica basada en el sueldo bruto del trabajo a jornada completa, reveló que la diferencia salarial es del 15%. Si bien esa diferencia no es aceptable, desde el punto de vista del empleo, Bélgica se ubicó entre los mejores países de la Unión Europea, junto con Suecia y Francia, y muy por encima de los restantes Estados miembros.
La diferencia salarial depende de alguna manera de la elección de la ocupación, el número de horas de trabajo, el estado civil y los compromisos familiares y las características personales, como la antigüedad profesional y el nivel educativo. Se han presentado algunas soluciones para el problema, como la adaptación de las clasificaciones de puestos, la segregación horizontal y la elaboración de métodos para combinar la vida profesional con la familiar y derribar los obstáculos que impiden avanzar en el lugar de trabajo. Sin embargo, es fundamental proseguir los estudios al respecto para comprender y eliminar las disparidades.
Respecto de la integración de migrantes en el mercado de trabajo, el orador dice que deliberadamente se ha adoptado la decisión de no crear programas directamente centrados en los migrantes a fin de evitar su estigmatización, pero hay mecanismos indirectos que ofrecen incentivos a los empleadores que contratan a las personas que llevan mucho tiempo desempleadas; los beneficiarios de esos planes son principalmente mujeres y migrantes. Otro esfuerzo importante a nivel federal incluye la prestación de servicios subsidiados que dan a la mujer la oportunidad de ingresar en el mercado de trabajo oficial como trabajadoras domésticas con niveles salariales normales y prestaciones de seguridad social. Actualmente, 65.000 trabajadores, de los que el 98% son mujeres, están contratados con arreglo a ese plan.
La Sra. Begum expresa preocupación respecto de la aplicación del artículo 12 de la Convención. Pregunta cuáles son las consecuencias en la salud de las mujeres de edad ya que, de acuerdo con el informe (pág. 111), el uso de anticonceptivos por las mujeres sexualmente activas disminuye con la edad y pocas mujeres mayores de 50 años aprovechan el servicio gratuito de detección del cáncer de mama. Pregunta si se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización sobre la osteoporosis, cuántas mujeres han recibido vacunas contra el cáncer del cuello del útero y si las mujeres migrantes y las que buscan asilo reúnen las condiciones para la detección o las vacunas del cáncer gratuitas. Pide a la delegación que explique la razón por la que actualmente no existe un registro del cáncer en la Región de Bruselas-Capital.
La oradora solicita información adicional sobre el actual sistema de seguro de salud y pregunta si los migrantes y las personas que buscan asilo tienen acceso a esa cobertura. Pregunta también cuál es la prevalencia de la transmisión del VIH/SIDA de las madres a los hijos en la población de migrantes provenientes del África subsahariana, qué estrategias se han adoptado para prevenir el embarazo y reducir la tasa de abortos entre las adolescentes, y si se han establecido programas de educación sexual.
La Sra. Coker-Appiah pregunta si las mujeres que carecen de seguro de salud tienen acceso a la atención médica o reúnen las condiciones para recibir alguna forma de asistencia médica pública. Pregunta también sobre los resultados del estudio sobre la consideración del género en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que se menciona en la página 124 del informe, y si se ha adoptado alguna medida de seguimiento.
Las estadísticas sobre el aborto que se presentan en el cuadro 3.2 del informe revelan que el índice de abortos entre las adolescentes de 10 a 19 años es bastante elevado; por lo tanto, la oradora pregunta si las jóvenes tienen un acceso adecuado a los anticonceptivos. Pregunta además qué sector de la población recurre a los centros “extra-hospitalarios” en que, según se informa, se hace el 81% de los abortos de Bruselas, si los centros prestan un servicio gratuito y si están regulados por el Gobierno.
La Sra. A r rocha Domínguez pregunta cuál ha sido la evolución de la situación del VIH/SIDA desde 2004, año en que las mujeres de 25 a 29 años tuvieron la mayor incidencia de la infección. Pregunta cómo llegó el Gobierno a la conclusión de que la corriente de nuevos migrantes del África subsahariana había contribuido a la elevada incidencia de la infección del VIH/SIDA entre los inmigrantes recién llegados; expresa dudas sobre esa vinculación ya que el cuadro de la página 16 de las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas revela que la proporción de recién llegados de esa región no es particularmente elevada.
Algunos de los datos proporcionados en el informe están muy desactualizados, lo que impide al Comité supervisar la aplicación de la Convención en Bélgica; el Gobierno debe hacer lo posible para procurar que el próximo informe periódico incluya estadísticas actualizadas. Si bien se describen muchas políticas, medidas, programas y actividades del Gobierno, la falta de estadísticas y análisis recientes de los efectos de esos enfoques hace imposible comprender las tendencias.
La Sra. Fastre (Bélgica) dice que las personas clasificadas como trabajadores tienen acceso al sistema del seguro de salud, pero las personas que reciben prestaciones de desempleo tienen también derecho a la cobertura de salud. Un sistema universal basado en el estatuto de residencia proporciona también cobertura de la salud.
El Gobierno ha adoptado recientemente una serie de medidas multidisciplinarias en el marco de un plan nacional contra el cáncer, con la participación de entidades federales y federadas. La oradora aclara que el índice más elevado de abortos corresponde a las mujeres de 27 años y dice que se promueve el uso de anticonceptivos mediante campañas anuales masivas que incluyen la distribución gratuita de preservativos.
La Sra. Franken (Bélgica) dice que la proporción de mujeres que se han sometido a los análisis de detección del cáncer de mama en la Comunidad Flamenca aumentó del 35% en 2001 al nivel actual del 45%. Se prevé que el método de coordinación abierta, mencionado en la sesión de la mañana, dará lugar a un aumento en el número de mujeres que se someten al análisis de detección. El Gobierno es consciente de la necesidad de mejorar sus estrategias para incluir a las mujeres de los sectores más pobres de la sociedad y ha decidido incorporar actividades de sensibilización sobre el cáncer de mama en su estrategia de lucha contra la pobreza.
La Sra. Adriaenssens (Bélgica) dice que la Comunidad Francesa también ofrece análisis de detección del cáncer de mama a las mujeres del grupo previsto, y que las actividades de sensibilización sobre la osteoporosis están en curso.
Se ofrecen vacunas gratuitas contra el cáncer del cuello del útero a las niñas de hasta 16 años, pero debido a que el programa de vacunación es relativamente nuevo, aún no se dispone de datos estadísticos. Las autoridades promueven activamente el uso de anticonceptivos y ofrecen asesoramiento sobre planificación familiar y salud reproductiva. Además de distribuir preservativos, se ofrecen píldoras anticonceptivas a bajo costo.
Hace unos años, algunos grupos feministas crearon los centros “extra-hospitalarios” en toda Bélgica. Los centros funcionan por conducto de redes de planificación familiar y prestan servicios ginecológicos y obstétricos, asistencia psicológica y jurídica, realizan exámenes médicos, ofrecen tratamiento y asesoramiento relativos a las enfermedades de transmisión sexual y practican abortos gratuitos en condiciones seguras.
La Sra. De Ruyck (Bélgica) explica que las personas que buscan asilo, además de reunir las condiciones para recibir apoyo material, tienen acceso a la atención médica gratuita, incluida la atención preventiva. Los migrantes pueden solicitar asistencia médica por conducto de los centros de acción social y reciben tratamiento en los centros médicos y otras instituciones de salud. Todos los medicamentos se proporcionan de forma gratuita.
Artículos 14 a 16
La Sra. Tan preguntasi se han reunido datos estadísticos sobre la violencia doméstica, desglosados por sexo, edad y antecedentes étnicos en la Comunidad Francesa, la Región Valona o la Comunidad Germanófona. Pregunta también cuántas órdenes de protección se han dictado en cada entidad, si las mujeres víctimas de violencia doméstica pueden recibir asistencia jurídica y si tienen acceso a los tribunales y a la protección policial y si, de ser necesario, se proporciona alojamiento a las víctimas y a sus hijos. Resultaría útil saber cuántos centros de alojamiento existen y si éstos son administrados por el Estado o por organizaciones no gubernamentales. Respecto de los autores de violencia doméstica, pregunta si se ha ampliado el alcance de los programas de rehabilitación a las zonas rurales, cuántas personas han recibido tratamiento y si los programas han sido objeto de evaluación.
La oradora pide información adicional sobre el proyecto de decreto de la Región Valona relativo a la titularidad compartida de los derechos y cuotas atribuida a los cónyuges asistentes, que se menciona en la página 131 del informe. Pregunta si las zonas rurales de otras regiones han tenido problemas semejantes y, de ser así, en qué forma los han abordado. Está interesada en saber qué tipo de capacitación ofrece la organización AGRA de mujeres de las zonas rurales a la mujer de la Comunidad Germanófona, cuántas mujeres participan en ella y en qué medida sus vidas han mejorado gracias a esa capacitación.
Pasando a los artículos 15 y 16 de la Convención, la oradora pregunta si han tenido lugar enjuiciamientos de personas que hayan obligado a alguien a contraer matrimonio con arreglo a la legislación aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de marzo de 2006. Pide información adicional sobre el nuevo plan de acción contra la violencia conyugal para el período 2004-2007, y pregunta si en el plan se tienen en cuenta, entre otras, las cuestiones del acoso psicológico y de la vivienda alternativa. En ese sentido, pregunta sobre la evaluación del plan de acción anterior y sobre el proyecto relativo al sitio web sobre violencia doméstica.
La oradora pregunta además si el Gobierno posee datos sobre enjuiciamientos por casos de delitos de honor y mutilación genital femenina. En las páginas 135 y 136 del informe periódico combinado se enuncian una serie de enmiendas al Código Civil; pide a la delegación que explique el proyecto de ley relativo a la atribución del apellido para establecer claramente la filiación con la madre preservando a la vez la historicidad de la filiación paterna.
La Sra. Fastre (Bélgica) explica que el nuevo proyecto de plan de acción contra la violencia conyugal, que aún no se ha adoptado, ampliará el alcance del plan original para incluir otras formas de violencia. Se espera que en la conferencia interministerial prevista para noviembre de 2008 se examine pormenorizadamente el nuevo plan. Respecto del crimen de honor mencionado en la página 9 de las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas, en que intervino el Instituto pro Igualdad de las Mujeres y los Hombres, la oradora asegura al Comité que el Gobierno ha adoptado una estricta legislación en que se imponen severas sanciones a los delitos de honor y los matrimonios forzados.
La Sra. Grisard (Bélgica) dice que la ley de 25 de abril de 2007, que se examina en la página 50 de las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas, ha fortalecido considerablemente a la legislación belga sobre los matrimonios forzados. Antes de la aprobación se reunieron numerosas estadísticas, pero aún es demasiado pronto para presentar datos sobre su aplicación.
El Sr. Gazan (Bélgica) asegura al Comité que en las leyes existentes sobre violencia doméstica se tiene en cuenta las amenazas psicológicas y también se garantiza la seguridad financiera de las víctimas. Con arreglo a la legislación belga, se puede procesar a los padres de las víctimas de la mutilación genital femenina.
La Sra. Grisard (Bélgica) dice que, actualmente, el apellido del padre es el que se transmite al hijo. Se están examinando diversas propuestas para enmendar esa práctica, pero no se ha alcanzado aún acuerdo alguno.
La Sra. Adriaenssens (Bélgica) dice que, si bien en Bélgica no hay estadísticas sobre la frecuencia de los matrimonios forzados, los resultados de un estudio preliminar revelan que el 7% de las personas entre 12 y 18 años tienen conocimiento de matrimonios forzados en el seno de sus propias familias y el 16% conocen la existencia de matrimonios forzados en su círculo de amistades. A nivel federal, comunitario y regional, se realizan esfuerzos para reunir datos sobre diversos aspectos de los delitos de honor en Bélgica.
La Sra. Franken (Bélgica) dice que en Flandes hay 7 centros de alojamiento para mujeres en crisis y que, en conjunto, Flandes y Bruselas tienen 18 centros semejantes para mujeres, todos ellos administrados por organizaciones no gubernamentales. Puesto que Flandes está densamente poblada, ya casi no quedan zonas rurales.
El Sr. Peeters (Bélgica), haciendo un comentario sobre la situación en la Región Valona, dice que en los últimos cuatro años ha comenzado a formularse una política sobre la igualdad entre los géneros y la violencia conyugal. El Gobierno ha adoptado numerosas medidas para proteger a la mujer de la violencia doméstica y ha establecido una estrecha coordinación con el poder judicial. Las autoridades Valonas financian centros de alojamiento de emergencia y asistencia médica y general para las personas que entablan acciones legales.
La Sra. Fastre (Bélgica) expresa la esperanza de que el debate haya alejado las dudas iniciales del Comité respecto del compromiso de Bélgica con la Convención. Su Gobierno seguirá haciendo lo posible para aplicar sus disposiciones de manera uniforme, a pesar de la compleja estructura administrativa del país. Todas las entidades federadas procurarán adoptar medidas e instrumentos encaminados a combatir la discriminación contra la mujer dentro de sus ámbitos de competencia, guiadas por el respeto compartido de los principios establecidos en la Convención. Reitera la promesa de su delegación de velar por la amplia difusión de las observaciones y recomendaciones del Comité.
La Sra. Weerts (Bélgica) agrega que el seguimiento concertado garantizará una mayor visibilidad de la Convención. Su delegación espera con interés las recomendaciones del Comité y confía en que éstas contribuirán a redoblar los esfuerzos de su Gobierno por promover la protección de los derechos con arreglo a la Convención. Las recomendaciones se examinarán con las organizaciones no gubernamentales de mujeres y de derechos humanos en general y en el seno de los órganos ejecutivos en todos los niveles del Gobierno.